Desde Norte de Santander, el fiscal Francisco Barbosa informó que la entidad trabaja en tres hipótesis para esclarecer el homicidio de la fiscal seccional Esperanza Navas, perpetrado el pasado 8 de junio.“Tenemos varias hipótesis que están siendo evaluadas por el equipo técnico y pronto tendremos resultados. Hipótesis atadas a que su muerte pudo ser ocasionada por su función de fiscal; una segunda relacionada a unos patrones de muertes de mujeres en el municipio de Tibú, que son anómalas y no las habíamos tenido en esta zona de esta manera, y una tercera que tiene que ver con la conflictividad que hemos venido observando de forma muy violenta entre el ELN y las disidencias de las Farc", señaló el fiscal Barbosa desde Cúcuta.Por otro lado, anunció que para esclarecer los hechos relacionados con 8 homicidios de mujeres ocurridos en Tibú, entre el 5 de abril y el 5 de junio, se destacó un equipo de fiscales del Grupo Nacional de Género y de la Seccional Norte de Santander, con el fin de caracterizar a las víctimas, identificar posibles patrones comunes de violencia, así como coincidencias a nivel de heridas, tipo de arma y lugar de ocurrencia.“El fiscal general de la Nación reportó que, por dos de estos homicidios, un juez emitió orden de captura en contra de un cabecilla del frente 33 de las disidencias de las Farc. El primer caso se registró el 14 de abril en la vereda La Libertad de Tibú y el segundo hecho sucedió el 1 de mayo en la vereda Campo de Yuca, de la misma población. Incluso, según las indagaciones, este hombre también estaría involucrado en la muerte de dos policías en Tibú, el pasado 7 de mayo”, informó la Fiscalía a través de un comunicado.Finalmente, informó el ente acusador que este año han sido capturadas 122 personas señaladas de pertenecer a grupos armados con influencia en esa zona, como el ELN, Clan del Golfo, Los Rastrojos, disidencias de las Farc y Los Pelusos. De estas personas, 84 fueron cobijadas con medida de aseguramiento en centro carcelario.
El fiscal Francisco Barbosa reveló que dos civiles que dispararon contra la multitud en las marchas del pasado 9 de mayo, en Ciudad Jardín, en Cali, quienes fueron plenamente identificados y serán llamados a interrogatorio en los próximos días para vincularlos formalmente a un proceso penal por delitos como la usurpación de funciones de la fuerza pública, entre otros, que podrían desprenderse de esa conducta.De otro lado, Barbosa confirmó que fue capturado el mayor de la Policía, Jorge Molano Bedoya de Ibagué, que estaría involucrado en muerte de Santiago Murillo Meneses, de 19 años, en hechos ocurridos durante movilizaciones del pasado 1° de mayo.El fiscal reveló que fueron encontradas 328 personas, de más de 500 reportadas como desaparecidas, por la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía investiga 21 muertes relacionadas directamente con las protestas, así se lo hizo saber a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con los que se reunió en las últimas horas.Al revelar el balance de los casos conocidos por el Puesto de Mando Unificado, el fiscal indicó que 224 personas capturadas en flagrancia por hechos delictivos en las protestas fueron imputadas por cargos de terrorismo, daño en bien público y privado entre otros.También destacó que se han presentado 194 ataques a la CIA de la Policía, 203 vehículos oficiales fueron destruidos, 62 estaciones de servicio atacadas, 242 sedes bancarias, 107 cajeros automáticos, 318 entidades públicas, 38 peajes destruidos y 364 almacenes saqueados.Finalmente, el fiscal indicó que 4 hombres fueron cobijados con medida de aseguramiento por ser responsables de los ataques a entidades financieras en Cali y otras 14 personas capturadas por ser presuntamente responsables de incendios a tres CAI y dos motocicletas de la Policía.
En entrevista con Noticias Caracol, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, se refirió a las recientes protestas y manifestaciones en el país en el marco del paro nacional y se refirió a la aparición de civiles disparando contra manifestantes en Cali.Según el fiscal, los policías que permitieron estos hechos tendrán que responder ante la justicia, serán imputados por prevaricato y tendrán que responder ante la jurisdicción ordinaria. "La fuerza pública cuando la acompaña un civil armado es un delito, es paramilitarismo".Además, el fiscal hizo un balance de las personas que han muerto en el marco del paro nacional y las manifestaciones violentas en el país. "Desde que iniciaron las protestas se han constatado 50 fallecimientos. De los cuales, 21 tienen relación con manifestaciones violentas, 10 están en verificación y 19 se presentaron en otras circunstancias".
El pasado 4 de junio, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, expidió una directiva en la cual establece lineamientos para la investigación y judicialización de delitos cometidos en el marco y con ocasión de la protesta social.En el documento, la entidad, dice que estos lineamientos se enfocan en la investigación por contextos y situaciones, que permitan identificar realmente la gravedad de las conductas y no su consideración aislada. Es decir, dirigir los esfuerzos investigativos hacia el territorio para comprender el contexto de la ciudades y municipios del país y las zonas, comunas o barrios en donde se propician actividades delictivas que afectan el derecho a protestar pacíficamente.El objetivo, según la Fiscalía, es recordar la protección constitucional de la protesta social, exponer lineamientos generales para la investigación de delitos ocurridos en el marco y evento de protesta social, especificar lineamientos con respecto a actos de exceso en el derecho a la protesta pacífica y, finalmente, dar lineamientos sobre la investigación y judicialización de las conductas ilícitas no relacionadas con la protesta social que pueden tener ocasión en el marco de las marchas, paros, plantones y otros.Para esto, la Fiscalía les pide a sus funcionarios diferenciar actos de protesta de excesos y delitos que solo tienen una relación eventual con la protesta. Es decir, les dice que los actos propios de la protesta pacífica no deben ser penalizados. Sobre ese punto, dice el fiscal, se deben inadmitir la denuncia, disponer al archivo de la investigación o solicitar su preclusión por la tipicidad, según corresponda.Añade que la presencia y concentración pacífica en espacios públicos, vías, plazas, entre otros, es legal, según la Corte Constitucional. “Es legítimo que un acto de protesta se de en estos escenarios del foro público y, en principio, la presencia de manifestantes en tales lugares no da lugar a una investigación penal”.En este punto, el fiscal explica que las expresiones verbales que ofendan, chocan, inquietan o perturbar al Estado también son legales en medio de la protesta pacífica y hacen parte de la libertad de expresión, incluso, la quema de banderas en medio de este tipo de manifestaciones.Sin embargo, la Fiscalía también les dice a sus funcionarios que deben tener presente que los excesos en el ejercicio del derecho a la protesta pacífica no están exentos de sanción penal. Es decir, todo aquello que incluye acciones de violencia debe ser considerado un exceso en el ejercicio del derecho. Algunos ejemplos son abusos sexuales, homicidios, hurtos, porte y tráfico de estupefacientes, porte de armas o elementos peligrosos, entre otros.
En una carta de dos páginas, el fiscal general Francisco Barbosa le pidió al ministro de Defensa, Diego Molano, que, en el menor tiempo posible, se le brinde información “detallada y precisa” sobre las investigaciones que adelanta la Justicia Penal Militar contra miembros de la fuerza pública por presuntos excesos en medio de la protesta social.El jefe del ente acusador pide información sobre los casos que se relacionen con presuntos homicidios, lesiones personales dolosas y delitos sexuales por parte de uniformados. Incluso, solicita que se indique el lugar, la fecha de los hechos investigados y los nombres de los posibles indiciados.En un segundo punto, la Fiscalía pide que se les informe de las actuaciones que haya adelantado la Justicia Penal Militar en relación con la posible participación de particulares armados en las acciones que ha adelantado la Policía Nacional en el barrio Ciudad Jardín, en el sur Cali, hechos sobre los cuales -aclara- ya hay una investigación desde el pasado 9 de mayo que asumió un fiscal de esta institución.“Lo anterior con miras a que la Fiscalía cumpla con las competencias constitucionales y legales que le correspondan”, explicó el fiscal Barbosa.En la misiva, recuerda la Fiscalía que, según la ley, la competencia de la justicia ordinaria es la regla general que prevé el ordenamiento jurídico colombiano, más allá de que los hechos investigados se cometan en el marco de una operación policial o militar. Es decir, que la justicia penal militar debe ser excepcional, de interpretación restrictiva y está diseñada para proteger bienes jurídicos propios de la institución castrense, de orden eminentemente militar.“En ningún caso la justicia penal militar conserva competencia para investigar posibles violaciones a los derechos humanos consagrados en la convención americana sobre derechos humanos (...) Según precedente de la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia, los excesos de la Policía, en el marco del control de disturbios y despeje de vías con ocasión de la protesta social Son competencia de la justicia ordinaria”, argumenta el jefe de la Fiscalía.
El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, anunció que, según las primeras pesquisas, pudieron establecer que un funcionario del CTI fue quien disparó contra manifestantes en el sector de la Luna, en Cali, ocasionando la muerte de dos de ellos y posteriormente, habría sido linchado por la comunidad.“La Fiscalía General de la Nación lamenta y se solidariza con los familiares de las víctimas del hecho ocurrido en el sector de la Luna en la ciudad de Cali. Freddy Bermúdez Ortíz, hoy muerto en los hechos, era un funcionario adscrito al CTI quien, de acuerdo con la información recopilada hasta este momento, disparó hacia varias personas ocasionando la muerte de unos civiles (...) asimismo, el señor Bermúdez, con ocasión de lo sucedido, terminó muerto a manos de personas que se encontraban en el sector”, dijo el fiscal Barbosa.Asimismo, dijo el fiscal, el funcionario Bermúdez ingresó en el 2012 a la entidad y este viernes no se encontraba en cumplimiento de sus funciones porque se encontraba de descanso.Finalmente, anunció que se destacó un equipo criminalístico y forense liderado por una fiscal delegada ante el tribunal experta en derechos humanos para esclarecer lo más pronto posible cómo fueron los hechos y dar con el paradero de los responsables.
Desde Tuluá, el fiscal general Francisco Barbosa anunció la captura de nueve personas que estarían involucradas en los actos vandálicos ocurridos el pasado miércoles 25 de mayo. Tres de los detenidos habrían participado en la quema y ataque terrorista contra el Palacio de Justicia.“Quiero decirles a los vallecaucanos y a los tulueños que la Fiscalía General de la Nación capturó, con la Policía Nacional, a nueve personas. Tres de ellas implicadas en la quema y ataque terrorista contra el Palacio. Se les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario por parte de juez de garantías”, afirmó Barbosa.Los tres capturados como presuntos responsables de la quema de la sede judicial son: Hugo Ferney Carrión Trejos, Jhon Jairo Toro Méndez y José Mauricio Ramírez Lozada, a quienes les imputaron cargos por los delitos de terrorismo, hurto calificado y asonada.Incluso, según la investigación, también habrían participado en el saqueo a un establecimiento comercial de motocicletas. En el momento de la captura se logró la recuperación de cinco de los vehículos que habrían sido hurtados del lugar.De otra parte, fueron capturadas seis personas que, presuntamente, estuvieron vinculadas a ataques a entidades públicas y sedes bancarias del municipio, ocurridos el pasado martes.“Las otras seis personas restantes se presentaron ante juez de garantías por cuenta de los saqueos que se vivieron en el centro Tuluá, cuando atacaron al comercio y a las personas que trabajan todos los días en esta zona. También atacaron las sedes de la Alcaldía, la Fiscalía y parte del mobiliario público de este municipio”, informó el jefe del ente acusador.Las audiencias contra estas seis personas se encuentran en curso y la Fiscalía les imputará los delitos de terrorismo, amenazas, obstrucción y daño en bien ajeno.
El fiscal Francisco Barbosa se reunió con varios representantes de organismos internacionales para darles a conocer las acciones investigativas y judiciales desarrolladas frente a los hechos ocurridos con ocasión a las diferentes manifestaciones que se llevan a cabo en el país desde el pasado 28 de abril.En la reunión, Barbosa mencionó los casos que fueron priorizados en la entidad.Reveló que destacaron fiscales con dedicación exclusiva para las investigaciones priorizadas que son tres.En primer lugar, el caso de Alison Meléndez, la menor de edad que murió Popayán en cuyo proceso se adelantan las labores para establecer la posible comisión de un delito sexual por parte de miembros de la fuerza pública.En segundo lugar, los 15 homicidios en los que se determinó que tienen relación directa con las protestas, entre ellos, el de Lucas Villa, en Pereira (Risaralda), y finalmente, los 7 casos registrados en Cali (Valle del Cauca), en uno de los cuales se logró la judicialización de un patrullero por la muerte de un menor de edad, entre otros.Además, destacó la aplicación de la perspectiva de género en la investigación de las agresiones sexuales que se habrían cometido en el marco de la protesta y reveló que, entre las estrategias implementadas, se conformará el Grupo de Trabajo Nacional de Violencia de Género para la Atención de Delitos que Afectan a la Mujer, Niños, Niñas y Adolescentes.Esto se hace con el fin de hacer seguimiento a las denuncias, investigar, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra esta población.“El día de hoy (19 de mayo) se creará una comisión especial con enfoque de género para darles una hoja de ruta a las mujeres que se están manifestando en las calles, para que puedan reportar las agresiones”, señaló el Fiscal General.Las diferentes reuniones fueron con el delegado del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Héctor Schamís; el jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (Mapp) de OEA, Roberto Menéndez; el representante especial del secretario general y jefe de la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Carlos Ruiz Massieu; y el director de verificación de la Misión de la ONU en Colombia, Raúl Rosende.Igualmente, el jefe del ente acusador se reunió con la representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero; y finalmente con los embajadores de la Unión Europea, España, Ecuador, Italia, Alemania y Países Bajos, entre otros.El pasado 18 de mayo el ente acusador había informado a través de sus redes sociales que en la con Juliette de Rivero, el jefe del ente acusador reveló que tras los desmanes en Popayán contra la sede de la fiscalía, perdieron los registros de las entrevistas que se le habían hecho a los niños accedidos carnalmente desde el año 2010.“En Popayán perdimos los registros de las entrevistas que se le habían hecho a los niños accedidos carnalmente desde el año 2010, todo fue quemado por este grupo de personas”, informó la fiscalía a través de su cuenta de Twitter.Además, dijo que tienen avances en las 8 líneas de investigación definidas en marco de las protestas.Por otro lado, contó que en el caso del joven Sebastián Quintero Múnera, de 23 años, asesinado en Popayán durante las manifestaciones, no tenían a donde llevarlo para hacerle los exámenes médico forenses porque habían destrozado la sede de Medicina alegal.“Yo tengo de la irrestricta defensa a los Derechos Humanos. Hemos esclarecido 4 homicidios, en 3 hemos imputado a miembros de la Policía Nacional. Las manifestaciones han estado marcadas por actos de terrorismo, actos de violencia inadminisbles”, dijo el Fiscal Barbosa.Finalmente, reiteró que, en marco de protestas, 261 personas han sido localizadas y que se mantiene mecanismo de búsqueda urgente en 134 casos.Frente a las muertes que tienen relación directa con manifestaciones, se han esclarecido 4, de las cuales 3 son atribuibles a la fuerza pública y una a particulares.
En una reunión entre el fiscal Francisco Barbosa y la representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de ONU, Juliette de Rivero, el jefe del ente acusador reveló que, tras los desmanes en Popayán contra la sede de la Fiscalía, perdieron los registros de las entrevistas que se le habían hecho a los niños accedidos carnalmente.“En Popayán perdimos los registros de las entrevistas que se le habían hecho a los niños accedidos carnalmente desde el año 2010, todo fue quemado por este grupo de personas”, informó la Fiscalía a través de su cuenta de Twitter.Además, dijo que tienen avances en las 8 líneas de investigación definidas en marco de las protestas.Por otro lado, contó que en el caso del joven Sebastián Quintero Múnera, de 23 años, asesinado en Popayán durante las manifestaciones, no tenían a donde llevarlo para hacerle los exámenes médico-forenses porque habían destrozado la sede de Medicina Legal.“Hemos esclarecido 4 homicidios, en 3 hemos imputado a miembros de la Policía Nacional. Las manifestaciones han estado marcadas por actos de terrorismo, actos de violencia inadmisibles”, dijo el fiscal Barbosa.Finalmente, reiteró que, en el marco de protestas, 261 personas han sido localizadas y que se mantiene mecanismo de búsqueda urgente en 134 casos. Frente a las muertes que tienen relación directa con manifestaciones, se han esclarecido 4, de las cuales 3 son atribuibles a la fuerza pública y una a particulares.
Durante su paso por el municipio de Popayán, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, reveló las afectaciones registradas en la URI, luego se ser vandalizada e incinerada en medio de fuertes disturbios este viernes.Pérdidas de más de 20 mil millones de pesos, nueve vehículos y seis motocicletas incineradas, el almacén de evidencia destruido y el robo de marihuana y cocaína que había sido incautada en operativos, es parte del panorama."El terrorismo urbano con la delincuencia organizada, saquearon de la manera más salvaje la administración de justicia del Cauca", dijo Barbosa.Adicional a ello, 51 armas de fuego fueron robadas, 15 de ellas fusiles. Igualmente, fueron destruidas las oficinas de atención a víctimas."Estamos hablando al mismo tiempo de la pérdida de información muy importante, de archivos en donde reposaban las entrevistas que desde el año 2010, se había hecho a niños violados", agregó Barbosa.Las autoridades reiteraron que esta no es la manifestación pacífica a la que tienen derecho los colombianos y ofrecieron hasta 50 millones de pesos como recompensa por información que conduzca al paradero de los responsables.Igualmente, el fiscal anunció que se han priorizado las investigaciones sobre la muerte de Alison Meléndez de 17 años, quien había denunciado abusos sexuales por parte de integrantes de la fuerza pública y de Sebastián Quintero de 22 años, quien resultó impactado en el cuello por una granada aturdidora.“Frente al caso de la menor de edad fallecida, cuya denuncia se hizo pública ayer, la Fiscalía envió dos fiscales a esta ciudad. Una de ellas experta en temas de género y con enfoque de niños, niñas y adolescentes, así como un equipo de Medicina Legal que recuperó la evidencia biológica para realizar y esclarecer lo denunciado por la comunidad. Asimismo, se ordenó una autopsia psicológica con el fin de determinar el contexto en el que ocurrieron los hechos”, agregó Barbosa.“La muerte del joven Sebastián Quintero también será priorizada en las investigaciones, pero quiero recordarle a la ciudadanía de Popayán que no en este momento un Instituto Forense para poder hacer análisis sobre ese cadáver ni determinar ni esclarecer lo que ocurrió producto de la salvajada que se produjo el día de ayer en esta ciudad”, concluyó.Las autoridades también manifestaron que la principal hipótesis apunta a que los responsables serían integrantes de las disidencias de las Farc.Vea el video aquí:
Este viernes 18 de junio, se realizaron los sorteos de las loterías de Santander, Medellín y Risaralda.Estos son los resultados con el respectivo número de serie:Lotería de Santander: 5536 serie 254Lotería de Medellín: 6418 serie 225Lotería de Risaralda: 0164 serie 197Estos son los resultados del chance del 18 de junio:Dorado mañana: 0964Dorado Tarde: 9381Culona: 3235Astro sol: 1035 EscorpiónPijao de oro: 4142Paisita día: 2399Paisita noche: 4917Chontico día: 4361Chontico noche: 3611Cafeterito tarde: 1091Cafeterito noche: 4871Sinuano día: 7341Cash three día: 592Cash three noche: 516Play four día: 8253Play four noche: 2064Saman día: 9376Caribeña día: 0080Motilón Tarde: 8630Motilón Noche: 9024Fantástica Día: 9682Fantástica Noche: 1036Antioqueñita Día: 7239Antioqueñita Tarde: 3327Culona noche: 0466
El presidente Iván Duque visitó San Andrés este viernes para revisar el proceso de vacunación y desde allí se refirió a la reconstrucción de Providencia tras el paso del Huracán Iota; reconoció que hay retrasos y en una declaración a medios dijo que el 100% de las viviendas que necesitaban reparación ya fueron terminadas, además de trazar una nueva meta para la construcción de viviendas nuevas con la entrega de 80 por mes.Sin embargo, en un evento que tuvo lugar momentos después de esta declaración, Susana Correa, la directora de Prosperidad Social y gerente para la reconstrucción del archipiélago lo corrigió, precisando que las casas que necesitan reparación serán terminadas el próximo mes de julio.Esto dijo el presidente Duque en la declaración inicial:“Para mí Providencia es un reto personal en todo el sentido de la palabra. Hemos tenido que enfrentar muchas dificultades, pero miren cosas que son importantes, decirlas ya hemos llegado al 100% de las viviendas reparadas, tenemos el reto de avanzar con velocidad en las viviendas nuevas, hemos tenido retrasos hay que reconocerlo”, expresó el mandatario de los colombianos. Esto fue lo dicho en la declaración posterior durante la entrega de una vivienda a una familia de San Andrés:Presidente Iván Duque: “Nosotros ya hemos, en este momento en el caso de Providencia, entregado el 100% de las viviendas reparadas, era nuestra meta ¿no Susana?Susana Correa: “en julio terminamos”.Presidente Iván Duque: “En julio terminamos el 100% de las viviendas reparadas, en el mes de julio, es decir, estamos a pocas semanas y estamos avanzando con las viviendas nuevas”.Según el reporte que consultó BLU Radio a la Financiera de Desarrollo Territorial Findeter, al 17 de junio, el 57% de las viviendas en Providencia habían sido reparadas o reconstruidas. Hay 136 casas nuevas y hay 695 cubiertas instaladas.Según el mandatario, las dificultades que han tenido durante la reconstrucción de la isla están relacionadas a la tardanza que hubo en el proceso de concertación acerca de los materiales y el diseño de las viviendas con la población, así como algunas dificultades logísticas.
Este viernes en Blu 4.0 hablamos con Sara Trejos, cofundadora de 'Podcastinación', sobre el festival de podcast y su historia."Llevo tres años en esto y creo que el éxito está en lo nuevo que se ofrece y en cómo desde el comienzo empieza a generar conversaciones con su audiencia", afirmó.Además, Pablo Mondragón, gerente general de DiDi en Colombia, habló sobre los cambios en los hábitos de los ciudadanos con las plataformas de movilidad."Tenemos ya una serie de productos y servicios establecidos y ya cuando vamos llegando a los diferentes países identificamos esas necesidades de los usuarios", dijo.Vea la entrevista: Escuche el programa completo de Blu 4.0:
En medio de fuertes combates registrados en el departamento de Arauca fue asesinado un militar y otro resultó herido. Los militares habrían sido atacados por presuntos integrantes de la guerrilla del ELN.El enfrentamiento armado ocurrió en la vereda Santa Isabel, zona rural del municipio de Arauquita. De acuerdo a la información, en la zona un grupo especial de combate terrestre adelantaba una misión.Producto del ataque, un suboficial murió luego de que fuera impactado por un francotirador mientras resultó herido, además un soldado profesional, el cual fue trasladado hasta un centro médico donde recibe atención.Las autoridades aún no han entregado un reporte oficial de lo ocurrido, aunque inteligencia militar no descarta que la guerrilla del ELN sea la responsable del ataque.
Beta comenzó con victoria un nuevo ciclo en la competencia luego de ganar el Desafío de sentencia y hambre, en la que los participantes hicieron la prueba con las manos esposadas.De esta manera, Alpha, que todavía siente la salida de ‘Olímpico’, se quedó sin comida, pese que al principio tomó ventaja sobre Beta en la prueba.De hecho, Beta comentó que las debilidades de Morales los benefició para lograr un nuevo triunfo. “Morales es muy bueno, pero se acelera mucho”, señaló Madrid.Vea aquí el Desafío de sentencia y hambre:Además, Alpha recibió la dura noticia que ‘Mono’ deberá competir en el Desafío a muerte su permanencia en la competencia.Vea aquí la sentencia de Beta a Alpha:Vea aquí el capítulo completo del Desafío:
