Luego de que el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, anunciara un grupo élite de investigación para “barrer con la corrupción que hay en la administración de Medellín” y otros municipios de Antioquia, se conocieron las primeras capturas de varios funcionarios de la administración de Caucasia y de un exalcalde.Y es que, aunque los operativos están en ejecución, ya se conocieron los primeros nombres relacionados con uno de los contratos, a los que hacía referencia Barbosa. En este sentido, se ejecutaron seis capturas por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en el municipio de Caucasia.En la investigación se pudo determinar un detrimento patrimonial por más de $ 66.000.000 por 07 contratos de prestación de servicios.Los funcionarios son:Félix olmedo Arango Correa, exalcalde encargado.Ana Rita Núñez Miranda, contratista y actual funcionaria del hospital.Humberto Antonio Carmona López, exsecretario de Hacienda y actual secretario de Hacienda de San Andrés de Cuerquia.Manuel Rafael Arrieta Viloria, exsecretario general y de gobierno y actual jefe de talento humano de la administración. María Alejandra Martínez Contreras, exsecretaria de educación, cultura y deporte. Vladimir Arteaga Correa, exsecretario de tránsito.Óscar Luis Rodríguez Álvarez, secretario de gobierno.Por ahora los capturados se encuentran pendientes de audiencias preliminares.Le puede interesar. Escuche el podcast Historias detrás de la historia:
Además de la investigación y noticia criminal que abrió la Fiscalía, la Fuerza Aérea también comenzó su propia indagación para determinar las circunstancias de la emergencia sufrida el pasado jueves con el avión que transportaba al fiscal Francisco Barbosa y otros funcionarios de la entidad.Cabe recordar que el avión, que cubría la ruta Bogotá - Medellín, tuvo que aterrizar de emergencia en la base aérea de Palanquero, en Puerto Salgar (Cundinamarca), luego de que el sistema de presurización sufriera averías.Según Diego Molano, ministro de Defensa, a esa base ya se desplazó un equipo especial para recolectar las pruebas necesarias.“Lo que se definió desde la Fuerza Aérea fue el desarrollo de un equipo que llegó a Palanquero para hacer una investigación de incidentes aéreos para saber qué le sucedió al avión”, agregó Molano.Le puede interesar. Escuche el podcast Prueba Beta:
El avión de la Fiscalía General de la Nación, que transportaba al fiscal Francisco Barbosa Delgado, la vicefiscal Martha Janeth Mancera, la directora de comunicaciones y la secretaria privada, aterrizó de emergencia en la base aérea de Palanquero, en Puerto Salgar (Cundinamarca), luego de que el sistema de presurización sufriera averías.El avión, que se dirigía de Bogotá a Medellín, sufrió varios daños de consideración, los pilotos de la aeronave realizaron una maniobra de aterrizaje que permitió evitar un accidente grave.Lea también:“El avión sufrió varios daños de consideración, los pilotos de la aeronave realizaron una maniobra de aterrizaje que permitió evitar un accidente grave”, reveló la Fiscalía General.Tras el incidente el fiscal indicó que presenta un trauma en el tímpano del oído izquierdo, por lo que, en el momento, él y el equipo que lo acompañaba están recibiendo servicios básicos de salud por parte del personal médico del dispensario de la brigada.Escuche la noticia en Voz Populi:
Durante la conmemoración de los 30 años de la Fiscalía, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, habló de varios procesos que adelantan ante los recientes hechos noticiosos en el país. Entre ellos está el caso del incendio en la cárcel de Tuluá, Valle del Cauca, donde fallecieron 52 personas, en su mayoría internos.El fiscal Barbosa señaló que, desde un principio, enviaron un equipo de investigadores y fiscales para los actos urgentes.“Esos actos ya terminaron y ahora se avanza, por parte de Medicina Legal, con las inspecciones técnicas de los cadáveres. Esto nos permitirá tener una certeza sobre lo que ocurrió en tiempo, modo y lugar y cuáles serían las responsabilidades, si las hubo, por parte de la guardia del centro”, detalló Barbosa.El fiscal aseguró que esperan dar un dictamen lo más pronto posible a las autoridades, familias y opinión pública.
El presidente Iván Duque premió con una medalla "al mérito" al fiscal Gabriel Jaimes, en quien recayó el caso del expresidente Álvaro Uribe por supuesto fraude procesal y soborno de testigos y que decidió, en vez de procesarlo, pedir la preclusión, lo que un juzgado rechazó este año.Duque, junto al fiscal general, Francisco Barbosa, le entregó este miércoles a Jaimes la condecoración Enrique Low Murtra, que se da en reconocimiento a las virtudes y servicios de los funcionarios y empleados de la Fiscalía, en un acto en el que se conmemoraba el trigésimo aniversario de la institución.A Jaimes, quien es coordinador de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, le han sido reconocido "los años de servicio que ha dedicado a la Fiscalía General de la Nación" y "su consagración al trabajo y aportes en beneficio de la entidad que han contribuido con el compromiso de administrar justicia en el país".También fueron condecorados la actual vicefiscal general, Martha Janeth Mancera, y el director nacional del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Alberto Acevedo.Jaimes, designado por Barbosa, quien es un cercano a Duque, fue el encargado de recibir el caso por el que actualmente está imputado Uribe cuando este decidió dejar su curul en el Senado, por lo que dejó de estar aforado y su caso pasó a manos de la Fiscalía.EL CASO URIBEEl caso de Uribe comenzó en 2012 cuando la Corte Suprema de Justicia, por una denuncia del exmandatario contra el senador Iván Cepeda, del partido Polo Democrático Alternativo, decidió no abrir investigación contra el senador de izquierdas y, en cambio, inició un proceso a Uribe por manipulación de testigos.Más adelante, a mediados de 2018, la Corte llamó a Uribe a indagatoria por fraude procesal y soborno, pues las pesquisas de ese alto tribunal apuntaban a que el expresidente, a través de terceros como el abogado Diego Cadena, al parecer intentó manipular las versiones de varios exparamilitares para que declararan contra Cepeda.Uno de los puntos más álgidos del proceso fue el 4 de agosto de 2020, cuando la Sala de Instrucción del alto tribunal ordenó la detención domiciliaria del expresidente, que permaneció 67 días en detención domiciliaria en su finca de El Ubérrimo, en el departamento de Córdoba Uribe renunció el 18 de agosto de ese año a su escaño en el Senado perdiendo su condición de aforado, por lo que la Corte Suprema de Justicia, donde decía que no tenía garantías, perdió su competencia en el caso, que pasó a la Fiscalía, que lo delegó en Jaimes.Jaimes, junto con la Procuraduría y la defensa del expresidente, solicitaron a la jueza ordinaria precluir el proceso al considerar que las pruebas no demostraban que Uribe hubiera participado activamente o dado la orden para buscar testigos falsos contra Cepeda.Sin embargo, finalmente el 27 de abril de este año, la jueza 28 de Conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz, anunció su decisión de no precluir el proceso y ordenó a la Fiscalía, en una decisión que decidieron no apelar, que Uribe vaya a juicio.
Este domingo, 19 de junio, Gustavo Petro fue elegido nuevo presidente de Colombia tras una larga contienda electoral. En su primer discurso, el representante del Pacto Histórico pidió al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, liberar a los jóvenes de Primera Línea detenidos durante las protestas en el país. El fiscal no tardó en responder.“(…) Cuánta gente que está presa en estos momentos, cuántos jóvenes encadenados, esposados, tratados como bandoleros, simplemente porque tenían esperanza y amor. Yo le solicito al fiscal general de la nación que libere a nuestra juventud, liberen a los jóvenes”, dijo Petro mientras la gente que estaba en el Movistar Arena, donde dio sus declaraciones, gritaba “libertad, libertad”.Justamente, en un operativo desplegado por las autoridades en todo el país, fueron capturadas más de 40 personas señaladas de pertenecer a la Primera Línea, en acciones que se desarrollaron en ciudades como Bogotá, Bucaramanga, Cali, Medellín y los departamentos de Atlántico y Casanare.Pues Francisco Barbosa, fiscal general, no tardó en responder a Petro y fue enfático en su afirmación.“Si el presidente electo quiere buscar la liberación de jóvenes que cometieron delitos, debe pedirle el favor al Congreso que cambie la ley y no al fiscal general. Lo invito a que tramite sus debates institucionalmente y no de manera personal, teniendo en cuenta en la colaboración armónica de los poderes públicos (art. 113 de la CP). La ley en Colombia se cumple conforme a los artículos 6 y 29 de nuestra carta política”, dijo Barbosa.Sobre estas personas capturadas, el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, afirmó que han cometido hechos violentos, agresiones a servidores públicos, daño en bienes ajenos, además de torturar y generar secuestros en algunas zonas del país.Le puede interesar. Escuche el podcast Prueba Beta:
Para este viernes estaba convocada la comisión de garantías electorales convocada por el Gobierno nacional, sin embargo, esta no se pudo realizar debido a que el ministro del Interior y de Defensa no pudieron llegar por problemas de agenda y el avión al despegar desde la ciudad de Cali presentó problemas.Sin embargo, desde el Pacto Histórico pidieron que se adelante la comisión para este sábado, pero con la presencia del fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, ya que consideran que es grave que se inicie investigación de la campaña y de Gustavo Petro faltando unas horas para que se abran las urnas."Porque adicionalmente queremos pedirles explicaciones a las autoridades judiciales, si en este momento tienen algún tipo de investigación frente a la campaña del Pacto Histórico, en un medio de comunicación se mencionó que habían abierto investigaciones. Es muy importante para las garantías electorales saber si tenemos algún tipo de investigación en curso frente a nuestro candidato, a nuestra campaña, porque a 24 horas, prácticamente, de que se abran las urnas, debemos tener todas las garantías", señaló Alfonso Prada, jefe de debate del Pacto Histórico.Ante la denuncia hecha, la viceministra del Interior, María Paola Suárez, se pronunció diciendo que la campaña de Gustavo Petro tiene plenas garantías y advirtió que, pese a la ausencia de los funcionarios, toda la institucionalidad estuvo presente y presta para escuchar a la campaña.“Por la Fiscalía, habla la Fiscalía, pero nosotros como Gobierno nacional damos las garantías para que en un espacio concertado como ha sido este, las dialoguemos. Aquí está la institucionalidad, aquí está la viceministra del Interior, el subdirector de la Policía, el defensor del Pueblo y las demás instancias para escuchar los requerimientos de las dos campañas”, dijo la viceministra del Interior.La reunión de la comisión de seguimiento electoral se realizaría este sábado, 18 de junio, faltando pocas horas para que se abran las urnas.Le puede interesar. Escuche el podcast Prueba Beta:
Los asesinos confesos del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci rastrearon su ubicación a través de las publicaciones de su esposa en redes sociales, en un complot planeado durante días en Colombia, según detalles de la investigación revelados este martes.Las personas que "participaron" en el ataque, en su mayoría detenidos el viernes, "se reunieron para concertar el crimen con diferentes funciones dentro de la operación" desde el 5 de mayo en la ciudad de Medellín, dijo el fiscal colombiano Francisco Barbosa en una rueda de prensa.De 45 años, Pecchi fue ultimado a tiros el 10 de mayo en la isla de Barú, próxima a Cartagena, donde celebraba su luna de miel.Cinco de los implicados fueron detenidos el viernes en Medellín y cuatro de ellos se declararon culpables, añadió Barbosa. Un sexto responsable sigue fugado, al parecer en Venezuela.La "estructura criminal" estaba lideraba por Francisco Correa, quien contactó al sicario que le disparó a Pecci desde una moto acuática en frente de su esposa, Claudia Aguilera.Otros dos involucrados, identificados por el fiscal como Cristian González y Marisol Londoño, estaban encargados del "seguimiento y ubicación" de la pareja."Los delincuentes manifestaron que en muchas ocasiones estuvieron perdidos, pero gracias a las redes sociales lograron la ubicación" del fiscal hasta matarlo en un hotel, agregó Barbosa.Videos de las cámaras de seguridad compartidos por la fiscalía muestran a Pecci y la viuda tomando el sol en sillas de playa cuando aparece el pistolero junto al conductor del vehículo. Tras un corte en la secuencia, emprenden la huida.Las autoridades no han determinado a los autores intelectuales del homicidio.Según la fiscalía de Colombia, los agresores se repartieron un botín de unos 530.000 dólares.Por su parte, el director de la policía, general Jorge Luis Vargas, dijo tener información de un antiguo plan del grupo narco brasileño PCC (Primer Comando Capital) para que un atentado contra Pecci "fuera cometido" en Paraguay, pero finalmente no se llevó a cabo.Pecci, especializado en crimen organizado, narcotráfico, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, había investigado a bandas de Brasil, además de lavadores de dinero libaneses de la Triple Frontera de Paraguay, Brasil y Argentina.También estuvo a cargo de casos sonados como el secuestro y asesinato en 2005 de la hija del expresidente paraguayo Raúl Cubas (1998-1999), y el enjuiciamiento en 2020 del astro del fútbol Ronaldinho, detenido en Asunción por falsificación de documentos.Le puede interesar. Escuche el podcast Prueba Beta:
En medio del proceso de judicialización que se adelanta en contra de los cinco implicados en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en la isla de Barú, y en el cual cuatro de los cinco procesados ya aceptaron los cargos, el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, confirmó que el ente acusador no le cierra la puerta a eventuales preacuerdos que permitan identificar a los autores intelectuales de este crimen.¿Implicados en caso Marcelo Pecci podrían tener preacuerdo?“Una segunda etapa en donde estas personas que aceptaron cargos, y una que no aceptó cargos, pues también tienen abiertas la puerta para todos los procesos atados a la negociación propia de la ley 906 del año 2004, que en nuestro sistema acusatorio plantea diversas posibilidades, unas son los preacuerdos, en donde terminamos con unas sentencias anticipadas, y otros son los mecanismos de negociación en caso de que existan elementos que nos permitan unos resultados concretos en torno a los principios de oportunidad (…) todo eso por supuesto está abierto”, detalló el fiscal Barbosa desde Cartagena.El fiscal señaló, además, que con estas estas eventuales negociaciones se busca “lograr elementos materiales probatorios y evidencia física que nos conduzca a la confirmación de cualquiera de la hipótesis”.¿Quién es la única persona que no aceptó cargos en caso Marcelo Pecci?Francisco Correa, quien es señalado por la Fiscalía como el coordinador y el articulador de este plan criminal para asesinar al fiscal paraguayo el pasado mes de mayo en la isla de Barú, fue el único de los cinco procesados que no aceptó los cargos por los delitos de homicidio agravado y porte y fabricación de armas agravado.Lea también:De acuerdo a la Fiscalía, Correa, de 43 años, tiene un amplio recorrido criminal, recluido en dos oportunidades en la cárcel y además hizo parte de la estructura criminal 'Los Paisas'.“Ha estado en el mundo de la acción criminal, por eso muy seguramente dentro de su conocimiento decidió no aceptar cargos y muy seguramente él continuará en el ejercicio de la acción penal hasta un eventual juicio (..) sabemos que no es la primera (vez) que ha desempeñado una actividad de esta naturaleza, y por lo tanto, tiene una experiencia ya acumulada”, describió la vicefiscal general, Marta Mancera.BLU Radio conoció que durante la audiencia de imputación de cargos se reveló que Correa era el único de estas cinco personas que, al momento de asesinar al fiscal, sabía quién era la víctima. A los otros procesados se le habría dicho que se trataba de un empresario extranjero.¿Grupo delincuencial organizado estaría tras crimen de Marcelo Pecci?Sumado a lo anterior, días atrás, la Alcaldía de Medellín negó que las personas vinculadas al asesinato del fiscal antimafia de Paraguay pertenezcan a un grupo delincuencial organizado, hipótesis que en algún momento manejaron las autoridades.¿Dónde capturaron a los implicados en caso Marcelo Pecci?Cabe recordar que estas cinco personas fueron capturadas en Antioquia tras un basto operativo de las autoridades y que, posteriormente, las trasladaron a Cartagena y bajo un estricto esquema de seguridad.Escuche más noticias:
El fiscal general, Francisco Barbosa, anunció desde Washington que designó a dos fiscales especializados y un grupo de investigadores especializados en sicariato, para dar con los responsables del crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.A esto, se suma la labor de apoyo que prestarán un grupo de investigadores que llega de Asunción (Paraguay) y Estados Unidos.Barbosa explicó que el caso se ha priorizado y la coordinación de las labores investigativas estará en cabeza de la vicefiscal general, Martha Janeth Mancera, quien evaluará las pruerbas y determinará las labores a seguir."Envié a la ciudad de Cartagena de Indias un equipo conformado por dos fiscales y un grupo de investigadores expertos en homicidios tipo sicariato de la policia judicial del CTI y de la Policía Nacional, quienes están trabajando inicialmente los actos urgentes", indicó barbosa.Agregó que esta solidaridad con Paraguay no solo se materializa con este hecho, sino en muchos otros en los que se trabaja conjuntamente en el marco de un proceso que fue refrendado la semana pasada en Paraguay. "Ese trabajo se ha extendido a otras fiscalías en el continente y hoy se lo hemos manifestado a EE. UU. La cooperación internacional de las fiscalías son las que nos permitirán luchar juntos contra expresiones criminales, contra quienes, equivocadamente, creen que pueden doblegar el imperio de la justicia, no nos doblegamos", enfatizó el fiscal Barbosa.Le puede interesar: escuche el podcast El Mundo Hoy
Blu Radio conoció el decreto 1694, por el cual se nombra a William Camargo Triana como nuevo presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en reemplazo de Manuel Felipe Gutiérrez. Camargo es muy cercano al presidente Gustavo Petro desde la época de la Alcaldía de Bogotá, en ese entonces se desempeñó como director del Instituto de Desarrollo Urbano.Camargo iniciará su gestión con varios asuntos pendientes por resolver, entre otros, la adjudicación del proyecto del canal del Dique que no alcanzó a dejar el anterior Gobierno, además de apoyar los principales proyectos en las ciudades, como el Metro de Bogotá, del cual ha sido muy crítico.Camargo en su tiempo en el IDU trabajó en el proyecto de metro subterráneo que proponía la Alcaldía de Petro en Bogotá y, por supuesto, ha sido muy crítico de que la primera línea se haga elevada. Durante los últimos años cuestionó en diversas oportunidades el proyecto.Por ejemplo, señaló que el metro elevado tiene menor capacidad de operación, requiere mayor cantidad de predios, mayor costo por kilómetro ofrecido, mayor impacto urbano, entre otros.Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy:
El contundente material de prueba presentado por un fiscal de la Unidad Especializada Gaula, entre el que se encuentra las grabaciones de las cámaras de seguridad de un bus de la empresa Transmecar, fue determinante para lograr enviar a la cárcel a Diego Andrés Noriega Ortiz, alias ‘Minimí’, quien estaría involucrado en el asesinato del conductor de servicio público John Pardo Castillo, ocurrido el pasado 31 de julio, en Barranquilla."En videos de cámaras de seguridad dan cuenta de que la víctima, que cubría una ruta en el sector de Manuela Beltrán, en Soledad (Atlántico), detuvo el vehículo para recoger a un pasajero y de inmediato fue atacada con arma de fuego. Al parecer, ‘Minimí’ le propinó dos disparos y escapó en una motocicleta. Esta persona también estaría implicada en el asesinato y posterior desmembramiento de un hombre”, expresó el director de la seccional Atlántico de Fiscalía, Justino Hernández.El procesado fue capturado en el municipio de Ciénaga, Magdalena, y en el procedimiento le incautaron dos granadas de fragmentación, dos armas de fuego, 12 cartuchos, tres celulares y 17 panfletos extorsivos alusivos a los Rastrojos Costeños.La Fiscalía le imputó a este hombre los delitos de homicidio, fabricación, tráfico, porte de armas, municiones de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos. Por su parte, un juez con funciones de control de garantías dictó medida de aseguramiento intramural.Escuche y siga el podcast El Mundo Hoy
Decenas de combatientes pertenecientes a las disidencias de las Farc, fuertemente armados, patrullaron por el centro poblado de Santo Domingo, municipio de Tame, Arauca, en donde detuvieron los vehículos, descendieron a los pasajeros y, acto seguido, alias ‘Antonio Medina’, cabecilla del Frente 28, hizo una intervención ante la comunidad.Las Farc de alias ‘Iván Mordisco’ o disidencias del proceso de paz se enfrentan al ELN en el departamento de Arauca desde el pasado 2 de enero, situación que registra más de 250 muertos en este territorio.Esta es la primera vez que aparece un gran número de combatientes de esta estructura adelantando este tipo de patrullaje, en oportunidades anteriores, lo habían hecho sus rivales, el ELN, en el centro poblado de la Esmeralda, municipio de Arauquita, y el casco urbano de Fortul.En esta zona, el ELN ha secuestrado a seis integrantes de la fuerza pública: cinco militares y un policía; los últimos dos, soldados profesionales, el pasado sábado cuando viajaban a reintegrarse a su unidad militar luego de pasar vacaciones con sus familias.Por ahora, las autoridades no se han pronunciado sobre el tema.
Por fin iniciaron las obras finales para intervenir los gigantescos huecos de la avenida Regional a la altura del centro comercial Mayorca, que por años causó varios accidentes viales y muertes.La intervención comprende dos fases de operaciones: la primera consistió en los estudios y los diseños necesarios para garantizar que las obras respondan a las exigencias de este corredor estratégico para la movilidad del Valle de Aburrá, de la subregión suroeste de Antioquia y del sur y suroccidente del país.Desde este martes, 16 de agosto, y después de siete años en no realizarse una intervención integral a este importante corredor vial, comienzan las obras de la estructura de pavimento, las cuales consisten en el retiro del material de la vía que se encuentra en mal estado, mientras que, en los sectores más críticos, retirarán totalmente la capa asfáltica.Posteriormente, la pavimentación completa de los tres carriles en este tramo, donde eliminarán por completo los huecos y grietas, que se habían convertido en un viacrucis para cientos de conductores que a diario transitan por este corredor nacional.Por años, esta vía ha sido catalogada como huérfana desde su construcción al no estar en el inventario de ninguna entidad. Ahora, el municipio de Sabaneta será el responsable de hacer mantenimiento a esta vía.Por otro lado, quienes celebran este importante hecho son los motociclistas que les ha tocado del bolsillo propio tapar estos huecos y realizar protestas hasta que por fin dieron fruto y llevaron a darle un doliente, quedando finalmente en manos de la Alcaldía de Sabaneta.Las obras de intervención de este corredor, que además conecta a Antioquia con las vías de cuarta generación Pacífico 1, tendrán una duración aproximada de seis meses siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan, teniendo en cuenta que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) anunció el incremento de las temporadas de lluvias en el territorio nacional para el resto de año.La Gobernación de Antioquia, Invías y el área metropolitana sumaron recursos por más de $11.650 millones y el municipio de Sabaneta asumirá el mantenimiento de la vía que, por años, estuvo a la deriva, donde no se sabía quiénes iban a asumir los costos del proyecto.Escuche y siga el podcast El Mundo Hoy
En el departamento del Atlántico el río Magdalena sigue metiéndose a las comunidades. Esta vez la emergencia se presenta en la vereda Caimital, ubicada en el municipio de Malambo, donde funcionarios de la oficina de gestión del riesgo alertaron del rompimiento de un jarillón.En esta vereda la mayoría de sus habitantes son campesinos cuya actividad agrícola está en riesgo y la vida de sus animales.Iván Escorcia, coordinador de la oficina de gestión del riesgo municipal, hizo un llamado urgente para que les envíen sacos de arena para poder cerrar el boquete y prevenir que toda la población sea inundada.“Hizo una ruptura el río con la vereda caimital y empezó a entrar el agua. Necesitamos que la oficina de gestión del riesgo departamental nos ayude con el envío de sacos con arena, pero estos deben llegar por vía fluvial. De no ponernos las pilas a cerrar el boquete, en menos de 12 horas toda la vereda estará inundada”, advirtió el funcionario.Ante esta situación, el alcalde de Malambo, Rumenigge Monsalve, declaró la calamidad pública tras un consejo extraordinario de gestión del riesgo y desastre desarrollado la tarde de este martes, con el fin de poder sacar un recurso del municipio para reubicar a algunas familias de forma temporal.Al mismo tiempo pidió al Gobierno nacional soluciones definitivas para evitar desaparición de la vereda Caimital. El mandatario recordó que esta problemática de socavación del río viene desde el 2002 y solo hasta ahora se avanza con estudios y diseños para la construcción de un dique carreteable.En Malambo también se encuentran en emergencia por el invierno habitantes de los barrios Mesolandia, Marquetalia, Morrito, Pasito, y la vereda Espinal.Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy:
