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Contraloría advierte que implementación de acuerdo de paz es lenta en materia fiscal

El órgano de control señala que la asignación de recursos a la Reforma Rural es baja y que habría un déficit de más de 54 billones adicionales.

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BLU Radio, foto: Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño 'Timochenko' /AFP

La Contraloría General, en su cuarto informe de seguimiento a los recursos destinados para el posconflicto, dio a conocer que con excepción a lo dispuesto en el presupuesto general de la Nación, las demás fuentes de financiación previstas para el acuerdo final ejecutaron recursos menores a lo que estaban estipulados en el marco fiscal de mediano plazo, por lo que advirtió que se puede retrasar la ejecución de la implementación de lo pactado.

Según reveló la Contraloría, se logró apreciar una asignación del gasto concentrada en los puntos 2 al 6 del acuerdo, pero no se ha tenido en cuenta que debiera ser de más inversiones, con base en el Plan Marco de Implementación, que es la Reforma Rural Integral.

Vea aquí: En Colombia es un pecado querer hacer la paz: defensor Carlos Negret

Son más los detalles que están plasmados en el informe. Por ejemplo, menos del 1% de la ejecución en 2019 ha sido financiada con recursos del Sistema General de Participación, sin cumplir las expectativas del Marco Fiscal de Mediano Plazo ni del Plan Plurianual de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Asimismo, como una ausencia de normatividad y lineamientos que permitan el uso de esa fuente en la implementación.

El órgano de control va más allá: se observó que podría presentarse un déficit en la financiación para implementar la Reforma Rural Integral, pues de los más de $110 billones del Marco Fiscal que se requieren, serían necesarios más de $54 billones adicionales, sin ahondar en las demoras en procesos para que sean adjudicadas las tierras para el desarrollo de programas y proyectos con fines de reincorporación.

A esto se le suma que, dice la Contraloría, durante todo 2019 y lo corrido de 2020 no hay evidencia de que alguna entidad de derecho público solicitara la adjudicación de tierras para el desarrollo de dichos programas.

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“Prevalece el retraso de la aprobación y adopción del Plan Nacional de Educación Rural (PERR); se reitera el riesgo de planeación y sostenibilidad financiera de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), toda vez que el proceso de formulación de iniciativas de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) se surtió sin la aprobación de la mayoría de los Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS); se evidencia ausencia de recursos para la implementación de los mecanismos de participación electoral”, señala la Contraloría.

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En el informe entregado por el máximo órgano de control fiscal de Colombia, se resumió que los riesgos en fuentes de financiación corresponden a:

“La ejecución de la implementación del Acuerdo Final de Paz inferior a la prevista; Debido a la no aprobación y cuantificación de los Planes Nacionales Sectoriales, se puede presentar el riesgo de que no haya cuantificación de la totalidad de los recursos necesarios para cumplimiento del Acuerdo Final; Puede existir un déficit de financiación para la implementación de la Reforma Rural Integral RRI. Del costeo de $110,6 billones del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2017/2018, la CGR calcula un requerimiento adicional de aproximadamente $54,5 billones; La no adjudicación de tierras con fines de reincorporación y la inestabilidad jurídica de algunos de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación (ETCR), deben ser de especial cuidado, de acuerdo con el Decreto 902 para la implementación e inversión de los diferentes procesos de reincorporación” (sic).

“Se mantienen compromisos del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) para 82.240 familias inscritas en el programa; En materia de reincorporación social y económica, se destaca el cumplimiento de las metas del Conpes 3931 de 2018, correspondiente a la política de reincorporación, la destinación de recursos para la aprobación y viabilización de proyectos productivos, los avances en la acreditación de los excombatientes, y la definición y aprobación de la Ruta de la Reincorporación aprobado por el Consejo Nacional Reincorporación”(sic), destaca el informe.

 

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