Durante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que buscaba definir la situación de la misión de verificación en Colombia, el embajador Mauricio Gaona cuestionó que el acuerdo de paz firmado en 2016 con las antiguas Farc sea presentado como un modelo para el mundo. Durante su intervención, aseguró que, diez años después de su firma, el país sigue enfrentando graves consecuencias del conflicto armado y que los resultados no corresponden a lo que se prometió con ese proceso.“Quisiera desmantelar las falsas narrativas y las falacias que han podido escuchar de aquellos que se han beneficiado más de este proceso de paz. En particular, los que abogan que el acuerdo de paz de 2016 es un modelo para el mundo. Pues no para nuestro mundo”, afirmó el diplomático.El representante sostuvo que el acuerdo no ha sido final, estable ni duradero y señaló que miles de colombianos han seguido siendo víctimas de homicidios, secuestros, extorsiones, desplazamientos y reclutamiento de menores después de la firma.Para respaldar sus cuestionamientos, presentó cifras sobre el crecimiento de los grupos armados ilegales. Según los datos expuestos, Colombia pasó de tener 20.420 integrantes de organizaciones armadas ilegales en 2016 a 29.004 en 2026, un aumento cercano al 42 %.También aseguró que las disidencias de las Farc pasaron de 1.050 integrantes a 10.517 en ese mismo periodo, mientras que entre 2022 y 2026 se registraron 452 masacres, con 1.579 víctimas. A esto sumó 2.852 secuestros y un incremento del 68 % en las personas afectadas por desplazamientos forzados masivos entre 2024 y 2025.Otro de los puntos centrales de su intervención fue el cumplimiento de los compromisos de reparación. El diplomático aseguró que, de los bienes reportados por las antiguas Farc, el 43 % no podía utilizarse para reparar a las víctimas y que el 82,7 % del dinero en efectivo nunca fue entregado.Según las cifras que presentó, con los recursos reportados por la antigua guerrilla únicamente se ha logrado reparar a 2.356 víctimas.“El verdadero sacrificio en cualquier proceso de paz lo hacen las víctimas, no los victimarios. La paz no la hacen quienes firman y aparecen en las fotos. La paz la hacen las víctimas”, manifestó.El embajador también insistió en que el Gobierno colombiano no está en contra de la paz, sino de la impunidad, y aseguró que el país enfrenta actualmente organizaciones criminales, carteles del narcotráfico, corrupción y desplazamiento forzado.El diplomático concluyó su intervención defendiendo que la construcción de paz debe estar acompañada de justicia, seguridad, reparación y presencia del Estado en los territorios.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó por unanimidad la renovación del mandato de la Misión de Verificación en Colombia hasta el 31 de octubre de 2027. Sin embargo, la resolución incorporó un cambio en sus funciones: la misión dejará de hacer seguimiento a la implementación de la reforma rural integral del acuerdo de paz de 2016, una labor que pasará a estar en manos de las instituciones del Estado colombiano.La decisión fue respaldada por los 15 integrantes del Consejo de Seguridad y responde a una solicitud del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, que el pasado 12 de octubre había planteado revisar el alcance del trabajo de la misión y que la reforma rural fuera asumida como una responsabilidad nacional.Con esta modificación, la Misión de Verificación concentrará sus labores en dos funciones principales: verificar la reincorporación de los exintegrantes de las Farc y las garantías de seguridad.Durante la sesión, la representante de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Tammy Bruce, celebró que el Gobierno colombiano solicitara limitar el alcance de la misión y aseguró que el organismo debe concentrarse en sus objetivos principales.“Colombia ha pedido al Consejo de Seguridad que se limite el ámbito de esta misión, volviendo a su función central: garantías de seguridad y de reintegración. Hemos apoyado esa solicitud y nos complace verla plasmada en el texto convenido”, afirmó.La diplomática también defendió que los gobiernos asuman directamente sus responsabilidades nacionales y que las misiones internacionales concentren sus esfuerzos en objetivos de paz y seguridad.Por su parte, el representante de Colombia ante Naciones Unidas, el embajador Mauricio Gaona, defendió la modificación del mandato y sostuvo que responde a los cambios que ha tenido el conflicto armado en el país.Durante su intervención, aseguró que la decisión no significa que el Gobierno esté en contra de la paz, sino que busca adaptar el acompañamiento internacional a las actuales condiciones de seguridad.“Lo que hemos hecho hoy aquí no va en contra de la paz. Simplemente es entender cuáles son las circunstancias en el país y entender cómo han evolucionado la guerra y el conflicto. Y, por lo tanto, las Naciones Unidas también tienen que evolucionar con su mandato para ser más eficaz”, señaló.El embajador también afirmó que Colombia enfrenta problemáticas como el crecimiento de las organizaciones criminales, el desplazamiento forzado, los secuestros y el reclutamiento de menores, y defendió que la paz debe estar acompañada de seguridad, justicia y presencia estatal en los territorios.La Misión de Verificación de Naciones Unidas fue creada en 2017 para supervisar el cumplimiento de algunos compromisos del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno colombiano y las antiguas Farc en 2016.Sin embargo, su mandato ya había tenido modificaciones. El año pasado, el Consejo de Seguridad retiró de sus funciones la verificación de las sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el seguimiento al capítulo étnico del acuerdo.Con la nueva resolución, la misión continuará en Colombia hasta octubre de 2027, pero tendrá un alcance más reducido, enfocado en la reincorporación de los excombatientes y las garantías de seguridad.
Hoy se cumplen diez años de una de las votaciones que cambió el rumbo político del país. El 2 de octubre de 2016, 13 millones de colombianos acudieron a las urnas para decidir si aprobaban el acuerdo de paz negociado durante cuatro años entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc. El No ganó con 6.431.376 votos, frente a 6.377.482 del Sí: una diferencia de 53.894 sufragios.El resultado obligó a modificar el acuerdo que había sido negociado en La Habana. El Gobierno abrió conversaciones con los sectores que promovieron el No y, el 24 de noviembre de ese año, Santos y las Farc firmaron en el Teatro Colón de Bogotá una nueva versión del acuerdo, que posteriormente fue refrendada por el Congreso.Desde entonces comenzó una nueva etapa, con la entrega de las armas, la reincorporación de los excombatientes y la puesta en marcha de compromisos sobre tierras, desarrollo rural, participación política y reparación de las víctimas.Pero la salida de las Farc de las armas no significó el fin de la violencia en todas las zonas donde había operado la guerrilla. Desde 2016 comenzaron a aparecer disidencias, primero con el Frente Primero comandado por alias 'Iván Mordisco', que se apartó del proceso antes de la firma del acuerdo. Con el tiempo surgieron nuevas estructuras y alianzas, entre ellas el Estado Mayor Central y los Comandos de la Frontera en Putumayo, mientras otros antiguos mandos retomaron las armas. El resultado fue una nueva configuración del conflicto, con grupos que disputan territorios y rentas ilegales como el narcotráfico, la minería y la extorsión.El acuerdo también creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, integrado, entre otras instituciones, por la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.Uno de los principales debates diez años después del plebiscito está en la Jurisdicción Especial para la Paz, la justicia creada por el acuerdo para investigar y juzgar los delitos más graves cometidos durante el conflicto armado y establecer responsabilidades.La discusión actual tiene tres frentes y pasa por los resultados que ha entregado, el dinero que necesita para continuar y el tiempo que debe seguir funcionando. En estos diez años, el acuerdo cambió la política, permitió la desmovilización de las Farc y abrió una etapa de implementación que todavía tiene asuntos pendientes en tierras, desarrollo rural, participación política y reparación de las víctimas.En algunos de los procesos más importantes, las primeras sanciones ya fueron impuestas, pero su ejecución apenas comienza. En julio de este año, el Ministerio de Justicia informó que había 19 comparecientes con sanciones propias y que se habían asegurado recursos para poner en marcha los primeros proyectos restaurativos.Ese ritmo es precisamente uno de los argumentos de quienes cuestionan la continuidad de la jurisdicción. Señalan que, diez años después de la firma del acuerdo, todavía hay investigaciones abiertas, procesos en juicio y decisiones pendientes sobre responsables de graves violaciones cometidas durante el conflicto.La JEP, por su parte, sostiene que se trata de investigaciones complejas, que requieren establecer responsabilidades individuales, contrastar miles de testimonios y documentos y garantizar los derechos tanto de las víctimas como de los comparecientes.En Bogotá, durante el evento América Latina Lidera, en la Universidad del Rosario, el expresidente Juan Manuel Santos pidió a la JEP acelerar sus procesos y cumplir el mandato para el que fue creada. Santos reconoció los cuestionamientos por la demora y sostuvo inicialmente que la jurisdicción debía terminar su cometido en 2028, incluso antes si era posible.Sin embargo, Santos hizo una precisión sobre el alcance de su posición y señaló que garantizar el funcionamiento de la JEP durante los 15 años previstos, hasta 2033, es fundamental para cumplir plenamente con los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.En el Congreso, el senador y director de Salvación Nacional, Enrique Gómez, impulsa precisamente el cierre de la JEP en marzo de 2028. Presentó un proyecto de acto legislativo para establecer que ese plazo no pueda ampliarse y que los procesos que queden pendientes pasen a la justicia ordinaria, es decir, a los jueces y tribunales que atienden normalmente los procesos penales en Colombia.El debate sobre el financiamiento de la JEP llegó al presupuesto nacional. El Congreso discute cuánto dinero tendrá la JEP en 2027 y sobre la mesa está una reducción de unos 170.000 millones de pesos frente a los recursos solicitados por el tribunal.De ese monto, 100.000 millones serían trasladados a la justicia ordinaria y otros 70.000 millones tendrían otro destino dentro del presupuesto. La propuesta ha sido presentada como parte de una discusión más amplia sobre el uso de los recursos públicos y las prioridades de la justicia.El presidente Abelardo de la Espriella respalda el traslado de 100.000 millones de pesos a la justicia ordinaria y sostiene que los recursos deben concentrarse en las necesidades más urgentes de la rama judicial. El Gobierno presenta el ajuste como una decisión de responsabilidad fiscal y ha cuestionado el costo que ha tenido la JEP desde su creación.La JEP y sectores que defienden la justicia transicional sostienen una posición diferente. Advierten que una reducción importante de recursos podría afectar la investigación de los casos, la práctica de pruebas, la protección de víctimas y testigos y el avance de los procesos que están llegando a una etapa de decisiones judiciales.La propia jurisdicción sostiene que está trabajando para cerrar sus investigaciones, pero que todavía debe avanzar en juicios, definir la situación jurídica de comparecientes y ejecutar las sanciones que ya han sido impuestas.
El expresidente Juan Manuel Santos hizo un llamado a todos los colombianos a defender el proceso de paz en Colombia. El pronunciamiento lo hizo durante durante un evento en la Universidad Javeriana el pasado viernes 11 de septiembre.“Hoy la paz nos necesita a todos y a todas. Por eso los invito a subirse en este barco y a remar juntos en la misma dirección: la paz de Colombia”, dijo el exmandatario.El expresidente recordó el primer encuentro que sostuvo con Rodrigo Londoño, conocido entonces como alias Timochenko, en medio de las negociaciones de paz con las extintas Farc.El relato se dio a conocer luego de que se cumplieran diez años del inicio del camino hacia la implementación del Acuerdo de Paz que puso fin al conflicto entre el Estado y esa guerrilla.A través de su cuenta en X, el expresidente aseguró que Colombia comenzó hace una década un proceso de reconciliación y llamó a los ciudadanos a continuar trabajando por la paz.Según recordó, en ese primer encuentro con Rodrigo Londoño le planteó al entonces jefe guerrillero una comparación sobre el proceso que estaban a punto de iniciar.Santos explicó que ambos habían estado enfrentados durante 35 años y que ahora tenían que trabajar juntos para alcanzar un acuerdo de paz.La metáfora que utilizó fue la de una canoa: mientras uno remaba por un lado, el otro debía hacerlo por el lado contrario, pero ambos tenían que avanzar hacia el mismo objetivo.“Es como si usted y yo nos montamos en una canoa, y usted rema por un lado, y usted y yo remo por el otro, y vamos a seguir remando hasta lograr nuestro objetivo, que es la paz. ¿Está de acuerdo? Y me dijo, sí, y nos dimos la mano”, recordó el expresidente durante el evento.Finalmente, Santos invitó a los colombianos a “remar” en la misma dirección para avanzar en la construcción de paz.También le puede interesar:
Tras la alocución nacional del presidente Abelardo De La Espriella sobre la reestructuración del orden público y el levantamiento de tres mesas de diálogos de paz, el exjefe negociador de la delegación gubernamental, Armando Novoa, cuestionó con dureza los argumentos oficiales que justifican la terminación del espacio de diálogo con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.Para Novoa, la decisión del Ejecutivo no solo incurre en contradicciones jurídicas y fácticas, sino que además se tomó sin un empalme formal con los ministerios, lo que podría acarrear graves consecuencias de seguridad para las comunidades locales.Avances concretos que desmienten la "falta de voluntad"El exjefe negociador lamentó que el presidente de la República haya fundamentado el levantamiento de la mesa bajo la premisa de que no existían muestras de voluntad de paz por parte del grupo armado.Novoa calificó la justificación del acto administrativo como una "falsa motivación" y enumeró logros tangibles que demuestran lo contrario. “¿Cómo puede afirmarse con algún con alguna base de realidad que no hay voluntad de paz? Y en este momento en Putumayo, en una zona de ubicación temporal, hay 99 personas que dejaron las armas, los uniformes y suscribieron acuerdos individuales para hacer tránsito a la vida civil”, argumentó el exnegociador en diálogo con Mañanas Blu 10:30.A estos hechos sumó otras muestras significativas de paz ocurridas bajo el marco de esa negociación. Detalló que en noviembre del año anterior el grupo entregó 15 toneladas de material explosivo para su destrucción, y que unas 15,000 familias en el departamento de Putumayo firmaron acuerdos voluntarios de sustitución de cultivos ilícitos con el apoyo directo de la mesa.Según Novoa, el impacto en la vida de los habitantes fue directo y cuantificable: “¿Cómo se puede argumentar que no hay voluntad de paz cuando en los departamentos de Nariño y Putumayo, no lo digo yo, lo dice la Fiscalía y los gobernadores de ambos departamentos, registran una disminución de la tasa de homicidios de más del 60 %?”.Inexistencia legal previa y la falta de un empalme institucionalEl exnegociador también reveló que la revocatoria de las delegaciones era jurídicamente innecesaria. El equipo negociador ya había renunciado a su encargo el pasado 16 de julio. Adicionalmente, la mesa carecía de vigencia legal debido a que el Consejo de Estado suspendió provisionalmente, el 1 de julio, la resolución 064 de febrero de 2024 que habilitaba su creación.A este escenario se suma la preocupante falta de comunicación con las nuevas autoridades nacionales. Novoa denunció que no se ha realizado ningún proceso de empalme formal en ningún ministerio para transferir la información de los diálogos.“La falta de un empalme puede estar llevando al nuevo gobierno a errores que pueden tener unas consecuencias muy perturbadoras en los territorios. No solamente son errores terminológicos o legales, sino que pueden tener unas implicaciones en los territorios significativos”, advirtió Novoa.Novoa concluyó haciendo un llamado al gobierno nacional para que escuche a los gobernadores de Nariño y Putumayo, así como a alcaldes de municipios vulnerables como Barbacoas, quienes han demandado masivamente la continuidad de las conversaciones. Escuche aquí la entrevista:
Un grupo de 99 personas, habitantes de la Zona de Capacitación Integral y Ubicación Temporal del Valle del Guamuez, en Putumayo, envió una carta al presidente electo, Abelardo De La Espriella, en la que le solicita dar una oportunidad al diálogo.“En este país estamos acostumbrados a pensar nuestras diferencias como si fuéramos enemigos. Solicitamos que se dé una oportunidad al diálogo y ver que aquí muchos hemos sido víctimas, antes y después de los procesos de paz, la invitación es a que el país conozca y sea consciente de que por haber sido partícipes de un grupo armado no merecemos ser excluidos o discriminados”, señala la comunicación.En el documento, los firmantes aseguran que dejaron las armas, cumplieron con el proceso de desmovilización y hoy le apuestan a la legalidad, la educación y la reconciliación con las comunidades.“Reconocemos que en el pasado se cometieron errores; sin embargo, con sentido de humanidad y convicción política, entendemos que la vía de la violencia nunca será la solución para transformar a Colombia”, agregaron.En la comunicación también invitan al presidente electo a visitar el territorio para dialogar y conocer los avances y los retos del proceso de reincorporación.“Señor presidente, le invitamos respetuosamente a que el Gobierno mire los logros, la voluntad y lo bueno que se está construyendo en esta región. Lo invitamos cordialmente a visitar nuestro territorio, compartir con nosotros y la comunidad, y dialogar respetuosamente para que conozca de primera mano los avances y retos de este proceso”.Finalmente, piden que durante el próximo Gobierno se fortalezca la inversión social, los proyectos productivos y las oportunidades de formación y empleo para los jóvenes, al considerar que esas alternativas son fundamentales para evitar que nuevas generaciones opten por la violencia.“Nuestro deseo es que durante su gobierno se apoye nuestro compromiso de paz. La paz como política de Estado y como derecho fundamental, nos alienta a que lo acordado siga adelante”.
La concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, denunció el posible traslado de Sebastián Murillo Echeverry, más conocido como alias 'Lindolfo', de la cárcel de Itagüí en el Valle de Aburrá, a la cárcel de la Tramacúa, cerca a la capital de Cesar.Carrasquilla, recalcó que la información fue suministrada por fuentes del Inpec quienes le información que ya estaba todo dispuesto para el traslado de alias “Lindolfo” a Valledupar."Se nos va a alias 'Lindolfo', de viaje para Valledupar, y no es propiamente a conocer el río Guatapurí. Resulta que me llegó una información por las fuentes que tengo en el Inpec, donde se dispuso el traslado a la cárcel de la Tramacúa", dijo la corporada.Le puede interesar: Juez de Medellín negó libertad condicional a alias 'Lindolfo', recluido en cárcel de Itagüí La concejal Carrasquilla también advierte que buscó en la hoja del Consejo Superior de la Judicatura, específicamente en los jueces de ejecución de penas de Medellín, que son los que le vigilan la pena, y encontró que el 17 de julio alias 'Lindolfo' pidió nuevamente la libertad por haber cumplido las tres quintas partes de la pena, pero le fue negada."Entonces, la suspicacia está en por qué ha pedido el traslado para la cárcel de Valledupar. Y aquí dejo la pregunta, ¿será que tiene algún negocio? Como hicimos la denuncia con una juez que ya fue condenada por otorgarle la libertad a alias 'Carlos Pesebre'", añadió Carrasquilla.Carrasquilla recalcó que se debe impedir el traslado de alias “Lindolfo” a Valledupar, para que obtenga la libertad en esa ciudad que los jueces de ejecución de penas le han negado en Medellín.Cabe recordar que alias 'Lindolfo' está condenado a 17 años de prisión por homicidio, por secuestro, por extorsión y concierto para delinquir.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dará inicio el próximo 22 y 23 de julio al juicio adversarial transicional contra el exrepresentante a la Cámara Luis Fernando Almario Rojas, señalado por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de haber participado, presuntamente, en un plan criminal coordinado con las extintas Farc para perseguir y exterminar al grupo político de la familia Turbay Cote en el departamento del Caquetá.De acuerdo con la acusación, Almario sería coautor del crimen de lesa humanidad de persecución, dentro de una estrategia que buscaba consolidar el control político de esa región mediante asesinatos y secuestros de dirigentes, simpatizantes y colaboradores del movimiento político de la familia Turbay Cote.La investigación señala que el presunto plan dejó al menos 30 víctimas, entre ellas seis alcaldes, un concejal, un congresista, una diputada y un gobernador.Uno de los hechos centrales del proceso es la masacre del 29 de diciembre de 2000, atribuida a la Columna Móvil Teófilo Forero de las extintas Farc. En ese ataque fueron asesinados Diego Turbay Cote, quien presidía la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes; su madre, Inés Cote de Turbay; además de Jaime Peña Cabrera, Edwin Amir Alarcón Angarita, Hamil Bejarano Martínez, Dagoberto Samboní Uni y Rafael Ocasiones Llanos.En las próximas jornadas del 22 y 23 de julio, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad resolverá aspectos probatorios del proceso y, posteriormente, le dará al excongresista la oportunidad de definir si realiza un reconocimiento tardío de responsabilidad o si continúa el trámite del juicio adversarial. Si decide mantener su defensa y posteriormente es declarado culpable, podría enfrentar una pena ordinaria de hasta 20 años de prisión. La JEP explicó que este proceso avanza después de que fueran rechazadas, en primera y segunda instancia, varias solicitudes de nulidad y de prescripción presentadas por la defensa del excongresista. El tribunal reiteró que no permitirá actuaciones dirigidas a dilatar el avance del proceso judicial.Este será el primer Juicio Adversarial Transicional dentro de la JEP relacionado con conductas atribuidas a las extintas Farc. Una modalidad que aplica para los comparecientes que no aceptan responsabilidad y optan por defenderse durante el juicio oral.
El Gobierno nacional emitió una resolución con fecha de abril de 2026 que oficializa la petición de suspensión de las órdenes de captura de 29 cabecillas del Clan del Golfo. Esta medida busca facilitar el avance de un proceso de "conversación sociojurídica" con la organización, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia. Entre los beneficiados por la medida destaca 'Chiquito Malo', quien asumió el mando de la organización tras la extradición de alias 'Otoniel'.La resolución también incluye a otras figuras como Tatiana Andrea Correa Jaramillo, José Francisco Peña y Luis Enrique Martínez Cogollo. Es relevante señalar que la suspensión abarca incluso aquellas órdenes con fines de extradición, permitiendo que estos líderes se movilicen hacia puntos específicos de concentración.Zonas de ubicación y carácter restrictivoEl objetivo principal de esta resolución es permitir el reagrupamiento de los integrantes del grupo en las denominadas Zonas de Ubicación Temporal. De acuerdo con el documento, se han definido dos puntos geográficos para este fin: Tierraalta, en el departamento de Córdoba, y Belén de Bajirá, en el Chocó.El proceso de traslado se ha programado para iniciar el próximo 25 de junio de 2026 de manera gradual y progresiva.La resolución tiene un carácter territorial, restringido y finalista, lo que significa que el levantamiento de las órdenes de captura solo es válido para el desplazamiento hacia las zonas de ubicación mencionadas. Clan del GolfoLa decisión gubernamental se produce en un contexto de preocupante fortalecimiento del grupo armado. Según datos de la Fundación Ideas para la Paz citados en el informe, el Clan del Golfo ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años.Mientras que en mayo de 2022, al momento de la extradición de Otoniel, el grupo contaba con aproximadamente 4,099 integrantes, para el año 2025 la cifra ascendió a 9,840 hombres en armas.Finalmente, el cronograma establecido genera interrogantes en el ámbito político. Dado que la concentración en las zonas de ubicación comenzará a finales de junio de 2026, el proceso entrará en su fase más crítica cuando resten apenas seis semanas para que finalice el mandato del gobierno de Gustavo Petro.Escuche aquí la entrevista:
Por cuarta vez en 18 meses de diálogos de paz, el jefe de la delegación del Gobierno, Armando Novoa, se levantó de la mesa de manera unilateral luego de calificar como insatisfechas las propuestas del grupo ilegal Coordinadora Ejército Bolivariano, que pedía un mes para realizar un informe sobre las transformaciones que han hecho en las zonas donde tienen injerencia en Nariño y Putumayo.Según conoció Blu Radio, en medio de las discusiones que tenían como objetivo cerrar el séptimo ciclo, realizado en la laguna de Chimbuza, zona rural de Roberto Payán, y en el resguardo indígena de Inda Sabaleta, en la zona rural de Tumaco, Nariño, el jefe negociador del Gobierno aseguró que los tiempos solicitados por los voceros de la delegación del grupo ilegal no se ajustaban y pidió un mayor compromiso en la búsqueda de la paz.Sin embargo, horas antes de llegar al resguardo indígena de Inda Sabaleta, el mismo jefe negociador del Gobierno, Armando Novoa, confesó públicamente que el Gobierno no tiene los recursos para cumplir con los compromisos del programa de sustitución de cultivos de hoja de coca, porque las demoras en los desembolsos han sido uno de los mayores problemas para ejecutar dicho programa.Esta confesión del jefe negociador del Ejecutivo produjo un cruce de palabras entre las delegaciones, que fue zanjado horas antes de llegar a Inda Sabaleta.Transcurrían las horas y la discusión subió de tono luego de que la delegación de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano manifestara su preocupación después de que el jefe negociador del Gobierno afirmara en público que los guerrilleros son los dueños del territorio y que, por ende, deberían hablar con las comunidades “para que se cumpla con la sustitución de las 30 mil hectáreas que el presidente Petro ofreció en su diálogo con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump”.La propuesta de la delegación del grupo ilegal de una semana para socializar con las comunidades y convencerlas de vincularse al programa del Gobierno de sustitución voluntaria no le gustó al jefe negociador del Gobierno, quien de inmediato dio la orden de levantarse de la mesa. Pese a que Blu Radio intentó hablar con el negociador del Gobierno, este se marchó sin dar ninguna declaración.Mientras tanto, Walter Mendoza, jefe de la delegación de la Coordinadora Ejército Bolivariano, visiblemente molesto, dijo que la mesa no se acaba y aseguró que se había llegado, en un comienzo, a la validación de las hectáreas que ya se han sustituido y de las otras que están listas para arrancar, pero que la decisión de este monitoreo está en manos del Gobierno nacional.“Los cultivos son de los campesinos y no de la coordinadora”, dijo Mendoza, quien aseguró que los cultivadores de hoja de coca no tienen confianza en el Estado colombiano y ahora menos luego de que el mismo jefe negociador del Gobierno admitiera públicamente que no hay recursos.“La Coordinadora Ejército Bolivariano está apoyando ese proceso de sustitución de economías ilegales, pero no podemos obligar a los campesinos a que dejen el sustento de años. Por eso se ha planteado la conformación de una comisión que haga ese monitoreo e incentive a las comunidades para que dejen la ilegalidad”, agregó.
El Senado de Paraguay aprobó este lunes el nombramiento del economista Jorge Luis Schreiner como presidente del Banco Central (BCP), propuesto por el nuevo mandatario del país, Pedro Alliana, para sustituir a Carlos Carvallo, quien renunció al cargo en medio de la crisis por la intervención de Ueno bank.En una sesión extraordinaria, los senadores también aprobaron por unanimidad la designación de Fernando Rivarola como miembro titular del directorio del BCP, también a propuesta de Alliana, quien este lunes cumple su tercer día en el poder, tras la destitución de Santiago Peña en un juicio político. El expresidente se encuentra actualmente en prisión preventiva, acusado de tener vínculos con Ueno bank.Paraguay quedó sumido en una crisis después de que el BCP comunicara, el martes pasado, el inicio del proceso de resolución de Ueno bank, una entidad privada que recibió cerca de 800 millones procedentes de instituciones públicas durante la Administración de Peña.En medio de la intervención, Carlos Carvallo, quien estuvo al frente de la Financiera Ueno -convertida actualmente en Ueno bank- antes de encabezar el BCP, renunció a su cargo y fue reemplazado de forma interina por Pedro de Jesús Acosta, integrante del directorio del banco emisor.Carvallo también se encuentra en prisión preventiva, acusado de lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio, en calidad de autor, dentro del caso que investiga la caída de Ueno.Peña, acorralado por el escándalo, anunció el miércoles pasado la designación del economista y exministro Raúl Vera Bogado como nuevo jefe del banco emisor, para sustituir a Carvallo, pero el Senado rechazó entonces la propuesta del ahora exmandatario.Economista y abogado de profesión, Schreiner fue miembro titular del Directorio del BCP entre 1997 y 1999 y se desempeñó como asesor de la Superintendencia de Bancos entre 1999 y 2003. Además, presidió la Comisión Nacional de Valores (CNV) durante una década (2003-2013).
Las amenazas contra medios de comunicación en Colombia encendieron las alarmas sobre la seguridad de quienes trabajan en el periodismo. Esta vez, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se pronunció para rechazar las advertencias de posibles atentados contra Caracol Televisión, Caracol Radio y Canal RCN, y le pidió al Estado tomar medidas para evitar que estas intimidaciones terminen silenciando a la prensa.La preocupación aumentó durante el fin de semana, luego de que se conocieran alertas sobre posibles ataques contra medios de comunicación en el país. Una de las situaciones más delicadas se presentó en Bogotá, donde fue necesario evacuar de manera preventiva las instalaciones de Caracol Televisión. Por su parte, Caracol Radio reforzó sus medidas de seguridad para proteger a sus periodistas, colaboradores y visitantes. Las advertencias también alcanzaron al Canal RCN.Frente a estos hechos, la SIP, una organización internacional que trabaja por la defensa de la libertad de prensa y de expresión en las Américas, pidió una respuesta inmediata de las autoridades y advirtió que estas amenazas no solamente ponen en riesgo la vida de los periodistas y demás trabajadores, sino también el derecho de los colombianos a recibir información libre e independiente.Su presidente, Carlos Jornet, señaló que “ninguna organización criminal ni grupo violento puede decidir qué se publica, qué se investiga o quiénes pueden expresarse”. Además, mencionó que el Estado colombiano tiene la obligación de impedir que el miedo termine convirtiéndose en una forma de censura.La organización también reconoció los pronunciamientos de rechazo y las medidas preventivas anunciadas por las autoridades, pero recalcó que no son suficientes si no van acompañadas de investigaciones que permitan establecer de dónde vienen las amenazas, quiénes son los responsables y evitar que estos hechos queden sin castigo.En ese sentido, pidió mantener medidas de protección efectivas y coordinadas con los propios medios de comunicación y sus trabajadores mientras continúen los riesgos.Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, advirtió que “cuando un periodista tiene que preguntarse si informar puede poner en peligro su vida o la de sus compañeros, la libertad de prensa ya está siendo afectada”. También señaló que estas intimidaciones terminan perjudicando a toda la ciudadanía, porque limitan el acceso a información importante y debilitan la democracia.La preocupación también está respaldada por las cifras. De acuerdo con la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI), entre agosto de 2022 y julio de 2026 se registraron más de 2.000 ataques contra periodistas en Colombia. Dentro de ese balance se encuentran diez asesinatos, cuatro de ellos ocurridos durante 2026.La SIP también hizo referencia al Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa, que ha registrado un retroceso en las garantías para ejercer el periodismo en el país.Finalmente, la organización insistió en que proteger a la prensa no puede ser una tarea que se cumpla solamente cuando aparecen amenazas o situaciones de peligro. Por el contrario, pidió que la seguridad de los periodistas sea una responsabilidad permanente del Estado, con acciones para prevenir los ataques, investigar los hechos y sancionar a quienes estén detrás de ellos.El llamado es a que ningún periodista tenga que poner en riesgo su vida por cumplir con su trabajo y que los colombianos puedan seguir informándose sin miedo, presiones ni amenazas.
El técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, salió al paso de las versiones sobre un supuesto enfrentamiento con Jorge Carrascal durante el Mundial, luego de que medios de comunicación brasileños difundieran información sobre una presunta discusión entre ambos. En entrevista con Gol Caracol, el entrenador argentino negó categóricamente que hubiera tenido algún altercado con el futbolista y aseguró que nunca existió una pelea que provocara un distanciamiento con el jugador."Es mentira, mentira absoluta que discutimos, que nos peleamos, nada", afirmó.El argentino también explicó que Carrascal ha hecho parte de su proceso al frente del combinado nacional y recordó que el mediocampista estuvo presente tanto en la Copa América como en el Mundial 2026, desde el comienzo hasta el final de la competencia. Además, destacó que el futbolista atraviesa un buen momento deportivo y dejó abierta la posibilidad de que vuelva a integrar las convocatorias de la tricolor."La selección está abierta para todos, así que no pasó nada", manifestó el seleccionador, descartando cualquier problema personal con el jugador.Llamado de atenciónEl entrenador también aclaró de dónde surgieron estas versiones. Según su explicación, después del compromiso frente a Ghana se presentó un llamado de atención a algunos integrantes de la delegación que no habían disputado el partido y que inicialmente no querían atender a los medios de comunicación. Lorenzo señaló que la situación se produjo durante la mañana en Vancouver, después del partido pues el equipo había regresado al hotel alrededor de las 2:00 de la mañana.Por otra parte, Lorenzo se refirió al regreso de la Selección Colombia a Cali, ciudad que volverá a recibir al combinado nacional después de casi 30 años. El técnico manifestó su alegría por disputar un compromiso en una plaza que considera fundamental para el fútbol colombiano y resaltó la oportunidad de contribuir con los damnificados del terremoto del 10 de agosto, pues parte de los recursos de la boletería estarán destinados a esta causa."Es una alegría muy grande para nosotros poder colaborar con esta causa", expresó, al destacar también la pasión y el aporte de los caleños al fútbol nacional.Finalmente, el seleccionador habló sobre la presencia de futbolistas jóvenes en el equipo y resaltó la importancia de contar con jugadores que hayan recorrido previamente los procesos de las categorías juveniles.Todos los convocados Colombia vs. ChileLos partidos contra los australes serán el 13 y 17 de noviembre.Aldair Quintana – Independiente del Valle (ECU)Camilo Vargas – Club Atlas (MEX)Devis Vásquez – AS Roma (ITA)Camilo Durán – Celtic F.C. (SCO)Juan Arizala – Udinese Calcio (ITA)Daniel Arcila – Club León (MEX)Daniel Muñoz – Nottingham Forest F.C. (ENG)Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)Édier Ocampo – Vancouver Whitecaps F.C. (CAN)Gustavo Puerta – Olympiacos F.C. (GRE)Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)Jhon Arias – Palmeiras (BRA)Jhon Lucumí – Juventus F.C. (ITA)Juan Cabal – Juventus FC (ITA)Juan Manuel Rengifo – Atlético Nacional (COL)Kevin Andrade – Zenit F.C. (RUS)Jhon Solis – Birmingham City Football Club (ENG)Jefferson Lerma – Crystal Palace F. C (ENG)Nelson Deossa – Real Betis Balompié (ESP)Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)Matías Orozco – C.D. Castellón (ESP)Óscar Perea – Club América (MEX)Camilo Mena– Korona Kielce (POL)Daniel Mosquera – Hellas Verona (ITA)Samuel Velásquez – Atlético Nacional (COL)Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP)
El Juzgado Sexto Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá resolvió amparar los derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y a la rectificación de la excanciller Laura Camila Sarabia, frente a las afirmaciones realizadas por la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Angie Lizeth Rodríguez Fajardo.La decisión judicial está relacionada con los señalamientos hechos por Rodríguez sobre una presunta organización o facilitación de encuentros de contenido sexual para el presidente Gustavo Petro, así como con afirmaciones sobre el supuesto uso de información de carácter íntimo para presionarlo, chantajearlo y obtener o conservar cargos públicos. De acuerdo con la decisión, el despacho judicial ordenó a Angie Lizeth Rodríguez Fajardo realizar una rectificación frente a esas afirmaciones. Para cumplir con la orden, deberá, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia, firmar un texto de rectificación y leerlo íntegramente en su voz a través de una grabación en video.La orden establece que la grabación podrá realizarse con asistencia técnica y que Rodríguez Fajardo no tendrá la obligación de mostrar su rostro durante el procedimiento dispuesto por el juzgado. Tras conocerse la decisión, Laura Sarabia se pronunció a través de su cuenta de X y aseguró: “Siempre he respetado el derecho a denunciar, pero no voy a permitir que se creen historias con mi nombre. Hoy la justicia me dio la razón y ordenó la retractación”.
La Alcaldía de Cali continúa adelantando acciones para atender las afectaciones registradas en el sector de Chiminangos tras el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. La situación ha generado preocupación entre los habitantes, quienes precisamente hoy salieron a protestar para exigir respuestas y soluciones frente a las problemáticas que enfrentan.Al respecto, Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo, explicó que se realiza una evaluación detallada de las fases uno y dos, con ingenieros de la dependencia y expertos de Propacífico, para determinar el estado de las estructuras y las intervenciones necesarias. Estas deberán contar con estudios y diseños técnicos que cumplan con la normatividad vigente."Lo hemos explicado desde el primer momento, son estructuras que fallaron en sus escaleras y algunos bloques tienen desplazamiento laterales, aquí que hemos hecho es una revisión muy minuciosa en fase uno y fase dos por parte de los ingenieros de la Alcaldía y también con Propacífico, hemos hecho una revisión integral. Estos arreglos no se hacen de manera ligera, tienen que ser sometidos a unos diseños estructurales", dijo Peñuela.Por otra parte, frente a la suspensión del servicio de gas natural domiciliario, la Administración Distrital solicitó a Gases de Occidente los soportes técnicos que justificaron la interrupción. Esta información será analizada en una mesa técnica para definir alternativas que permitan garantizar la continuidad del servicio y reducir las afectaciones a la comunidad."Hemos estado trabajando desde el primer momento para que esto no suceda, le hemos pedidos aspectos técnicos a Gases De Occidente que nos digan por qué y cuál es la base con la que ellos determinan esto. Nosotros como Secretaría sabemos que ese suministro es importante", expresó el funcionario.
