Dentro de su agenda se reunió con los integrantes del Comité Nacional del Paro. Aseguró que ellos le expresaron su deseo del diálogo.“Lo más importante es el diálogo y debería ser regional y nacional”, dijo.Además, se mostró preocupado por los enfrentamientos durante las manifestaciones en el marco del paro nacional.“Estamos muy preocupados por el abuso de las fuerzas en algunos de estas protestas, nosotros estamos muy alarmados porque las personas están participando en una protesta pacífica y hay varias personas que han sido asesinadas y también heridas”, agregó.También se refirió a la implementación del proceso de paz asegurando que es consciente de los avances en el proceso y que, a propósito del aniversario de este, debería ser la oportunidad para acelerar la implementación de los puntos pendientes.
En medio de la entrega del informe trimestral sobre la Misión de Verificación al proceso de paz en Colombia y luego de que la comunidad internacional manifestara preocupación por el aumento de la violencia y las fallas en la implementación del acuerdo de paz en el país, la canciller Claudia Blum le pidió a la ONU que no solo se reconozca al Estado como responsable del proceso.“El informe no puede solamente referirse a las acciones del Gobierno como una de las partes firmantes, debe considerar la existencia de disidencias de Farc como un incumplimiento justamente de la antigua guerrilla convertida ahora en partido político”, aseguró la canciller.Así mismo y ante la ola de violencia que se viene presentando en el país, Blum argumentó que “el acuerdo del 2016 se firmó sabiendo que la antigua guerrilla de las Farc no era el único generador de violencia en el país, por ende, resultaba ilusorio pensar que su implementación por sí misma, sería suficiente para alcanzar una inmediata y absoluta paz estable y duradera”.A esto, se sumaron reacciones como la de Carlos Lozada, miembro del Partido Comunes, quien aseguró en su cuenta de Twitter que “las palabras de la Canciller ante el Consejo de Seguridad de la ONU responsabilizando a Comunes de violar el acuerdo por la existencia de las disidencias son perversas”.
Durante un conservatorio organizado por la JEP sobre la justicia transicional, el expresidente Juan Manuel Santos reveló que así como hizo un acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc, lo quiso hacer con el ELN empezando con un cese al fuego.“Infortunadamente con el ELN no se logró lo mismo. Estuvimos a punto de firmar un cese al fuego antes de salir del gobierno, infortunadamente hubo un muy importante vocero del actual gobierno que fue a decirle a los del ELN que no firmaran el cese al fuego con este gobierno, sino con el próximo, y el ELN se creyó ese mensaje y no firmó conmigo, y mire en lo que estamos”, explicó Santos.Santos también se refirió a la importancia de cumplirles a los campesinos para restituir los cultivos ilícitos como política que pide la administración del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.“Ese es un cambio muy importante y el gobierno del presidente Biden ha entendido perfectamente y están diciendo allá directa y abiertamente que la implementación del proceso de Paz es la prioridad en la relación con Estados Unidos, porque ellos participaron muy activamente en todo el proceso”, narró el exjefe de Estado.El expresidente defendió la legitimidad de la JEP, explicó que la elección de los magistrados se hizo de manera transparente y que no es falso que tengan ideología de izquierda “eso lo dicen par a hacer politiquería”.Santos aseguró que el próximo mes asistirá a otro conversatorio en la Comisión de la Verdad como invitado para hablar de la necesidad de cumplirles a las víctimas.
Pediré investigar al hacker, a Uribe y a Granados por montaje en mi contra: exfiscal MontealegreEl exfiscal dijo que durante la campaña de Óscar Iván Zuluaga existió una estrategia coordinada para sabotear el proceso de paz.En diálogo con BLU Radio, el exfiscal Eduardo Montealegre reaccionó a la declaración del hacker Andrés Fernando Sepúlveda, en la cual, asegura que declaró en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por presiones de su administración.En primer lugar, el exfiscal dijo que durante la campaña de Óscar Iván Zuluaga existió una estrategia coordinada para sabotear el proceso de paz, de la cual hizo parte la sala de interceptaciones ‘Andrómeda’ y que la información recolectada era trasladada al expresidente.“Durante la campaña de Óscar Iván Zuluaga a la Presidencia de la República existió una estrategia muy bien coordinada para sabotear el proceso de paz. De esta estrategia formaron parte grupos políticos, medios de comunicación pagados por la ultraderecha y también hizo parte una estructura de inteligencia del estado que se conoció como Andrómeda. Ahí con un lugar, con fachada legal, se hicieron interceptaciones por parte de miembros de la inteligencia del estado a las negociaciones de paz, interceptaciones ilícitas y esa información fue a parar a manos de Álvaro Uribe Vélez, ese grupo Andrómeda trabajaba con el hacker Sepúlveda, entonces está probada la relación entre Uribe y el hacker Sepúlveda y el factor bisagra que contribuyó a la unión de Uribe con el hacker fueron las actividades ilícitas del grupo Andrómeda. El objetivo de la campaña de Zuluaga era hacer trizas el acuerdo de paz y por eso acudieron a maniobras delictivas, como la contratación del hacker Sepúlveda que tenía como misión espiar y obtener ilícitamente información sobre las negociaciones”, dijo.Añadió que las declaraciones del hacker son falsas y que es muy conveniente que lleguen “a días de que se presente la preclusión” del proceso contra el expresidente, por parte de la Fiscalía. Incluso, dice que hace parte del mismo “modus operandi”: falsos testigos que llegan –según él- a través del abogado Jaime Granados. Por esto, dijo Montealegre, pedirá a la justicia que investigue al hacker, a Uribe y a Granados por el supuesto montaje en su contra.“Las declaraciones del hacker Sepúlveda, según las cuales, la Fiscalía lo presionó en su momento para que declarara en contra de Álvaro Uribe Vélez, son falsas. El hacker Sepúlveda tuvo un proceso transparente, fue condenado en primera y segunda instancia por decisiones de jueces de la república, nunca durante su largo proceso y durante los últimos 7 años se había escuchado una versión de tan naturaleza”, manifestó.“¿Por qué faltando uno o dos días para que la Fiscalía anuncie la preclusión de Álvaro Uribe presentan un testimonio falso como el del hacker Sepúlveda, el propósito es muy claro, es deslegitimar a los testigos, a las víctimas. Uribe, con la presentación de este testigo falso está incurriendo una vez más en el modus operandi que ha caracterizado su defensa durante más de 20 años de ejercicio abusivo y autoritario del poder. Un modus operandi que se caracteriza con la presentación de testigos falsos, de fraudes procesales de amenazas, testigos como el hacker Sepúlveda y curiosamente, son testigos que presenta el mismo abogado, Jaime Granados. Le voy a pedir a la justicia que investigue los delitos de fraude del hacker Sepúlveda y que investigue la incidencia de Uribe y Granados en el montaje que me están haciendo y en el fraude procesal que se está preparando”, concluyó.La declaración del hackerSe trata de una declaración tomada por el abogado Carlos Julián Quintana y en la cual el hacker Sepúlveda dice que no conoce al expresidente Álvaro Uribe y que fue obligado a declarar en su contra, específicamente, a decir que Uribe era el receptor de la información de las chuzada al proceso de paz.Dice que mencionó a Uribe porque “estaba siendo sometido por la Fiscalía General y funcionarios a intimidaciones, presiones, amenazas contra mi persona por las condiciones de privación de libertad a que pudiera exponerme y contra mis familiares".También, dice que se enteró por un miembro de la Fuerza Aérea de las actividades ilegales que se estarían realizando en la sala de interceptación 'Andrómeda' y que fue ese miembro de la armada quien lo abordó para venderle información sobre lo que sucedía en La Habana dentro del proceso de paz.Por eso, dice Sepúlveda, su caso "fue fruto de un entrampamiento, de un gran fraude político y publicitarioEsta declaración fue adjuntada por la defensa de Uribe a la Fiscalía, a este nuevo proceso que le llevan al expresidente por soborno a testigos y fraude procesal.
Luego de conocer la certificación que dio Estados Unidos a Colombia por su lucha contra las drogas en 2020, el ministro de Defensa, Diego Molano se refirió a reconocimiento que hizo el Departamento de Estado asegurando que esta certificación otorgada por el secretario Antony Blinken demuestra el compromiso que tiene el actual Gobierno en su lucha contra el narcotráfico.Aseguró que esta certificación resalta que Colombia avanza en la meta a 2023 de reducir en 50% las áreas de cultivos ilícitos y la producción de cocaína. Agregó el ministro Molano que esto demuestra que la política contra las drogas de la actual administración no afecta la implementación del proceso de paz y que establece, con apoyo de Estados Unidos, que debe regresar la aspersión aérea con glifosato.“Señala el estudio que este proceso y la política antidrogas no afecta la implementación del proceso de paz y también establece que deben utilizarse otros mecanismos como la aspersión con precisión que ha señalado la Corte Constitucional de acuerdo con los requisitos establecidos”, afirmó.Dijo también que esta certificación destaca que Colombia avanza en la meta a 2023 de reducir en un 50% las áreas de cultivos ilícitos y la producción mundial de cocaína.
El consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio José Archila, junto al director General de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), Andrés Stapper, hablaron en Mañanas BLU 10:30 sobre los avances del Gobierno de Iván Duque en el cumplimiento de los acuerdos de paz. De acuerdo con Emilio José Archila, se le ha cumplido a los desmovilizados y desde la Justicia Especial de Paz (JEP), no ha habido presiones. "La JEP no ha tenido que estar encima nuestro, la JEP nos llamó para que hiciéramos una explicación de lo que estábamos haciendo", declaró el funcionario. "Al presidente Duque lo apoyaron distintos partidos, pero él es el jefe de Estado, es él el que da la líneas y directrices sobre la aproximación a los acuerdos", aclaró. Según el director de la ARN, el Gobierno ha hecho un esfuerzo significativo por dar estabilidad económica a lo desmovilizados a través de la capacitación y financiación de proyectos productivos sostenibles. "Es un reto de dimensiones muy grandes, estamos aprobando entre tres o cuatro proyectos productivos por día", indicó. "Tenemos más de 8.800 personas generando un ingreso", destacó.Escuche a Emilio José Archila y a Andrés Stapper en Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire:
El padre Francisco de Roux defendió la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. En su intervención ante el parlamento europeo, el presidente de la Comisión de la Verdad señaló que “la justicia penal no resolvió el problema de la impunidad en Colombia que alcanza más del 90 % en crímenes de guerra y de lesa humanidad”.Añadió que, por eso, “al lado de la fuerza de la JEP que es tan importante para el país, era necesario poner la verdad histórica para que Colombia conociera las razones políticas y de ética política por las cuales se llegó a una victimización tan profunda”.Manifestó que están preparando un informe final sobre los testimonios de las víctimas y documentos entregados por organizaciones de derechos humanos.Señaló que en medio de la situación de asesinatos de líderes sociales y de los excombatientes existe una “especie de pérdida de confianza en el proceso de paz en Colombia por las realidades que hemos estado viviendo. Esperamos que la llegada de (Joe) Biden a la presidencia de Estados Unidos (…) y que la puesta sobre los ojos de lo que está pasando en Venezuela y en Cuba para incorporar eso dentro del proceso colombiano nos puedan ayudar a abrir nuevos espacios”, dijo.Por su parte, el consejero para la Estabilización, Emilio Archila, señaló que se están haciendo planeaciones sobre la implementación del acuerdo para resolver tantos temas “que el gobierno y el Estado colombiano debió haber resuelto hace décadas con o sin acuerdos”.Archila dijo que la seguridad de los excombatientes es importante, pero que hay que tener en cuenta que existían organizaciones armadas y ahora se suman las disidencias.“Tener 13.000 excombatientes en proceso de reincorporación ha tenido un efecto positivo, tenemos que trabajar en los otros frentes. No puede pensarse que esas otras violencias son atribuibles a la falta de implementación”, dijo y defendió la labor sobre la seguridad a excombatientes. También señaló que han trabajado para que los excombatientes entreguen el 100% de los bienes mal habidos y vayan a la reparación de las víctimas.Por su parte Eduardo Cifuentes, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, hizo un balance ante el parlamento europeo de la labor en tres años de ese tribunal. Manifestó que se han abierto siete macro casos, que luego “van a ser incrementados con otros”.Explicó que en el caso 001 sobre retención ilegal de personas por parte de las Farc se tienen 2440 víctimas; en el caso 2 sobre la situación en los municipios de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas, existen 105.000 víctimas; caso 3 sobre falsos positivos, 1.179; caso 4, situación territorial de la región de Urabá, 787.000 víctimas; caso 5, situación territorial en el norte del Cauca, 164.301 víctimas; caso 6, exterminio del partido político, 8196 hechos victimizantes, caso 7 sobre reclutamiento en caso de menores, existen unas 7.000 víctimas.Por su parte, Luz Marina Monzón Cifuentes, directora general de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, dijo que en el 2020 se hallaron tres personas con vida que lograron reunirse con sus familiares y que se encontraron cuerpos de personas que no habían sido identificadas.“La unidad espera que ustedes como comunidad internacional mantengan el interés y apoyo y seguimiento al proceso de paz en Colombia que puede contribuir a procesos similares en el mundo”, le dijo Monzón al parlamento.
El representante especial del secretario general y jefe de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, presentó el informe trimestral al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la Misión de Verificación en Colombia.En su intervención, enumeró varios de los asesinatos de excombatientes de las Farc y señaló que “ha llevado a algunos a pedir una revisión de qué es lo que va a ocurrir para que se eviten circunstancias en el futuro, dado los numerosos asesinatos de excombatientes en las zonas de reinserción o cerca de las mismas. Hay que desarrollar una estrategia de seguridad, tanto en estas zonas como en las comunidades aledañas”, dijo.También señaló se debe avanzar en la sostenibilidad de la reinserción y en que el Gobierno apoye institucionalmente y con oportunidades productivas a los excombatientes. “Como informa el secretario general, algunas zonas de reinserción nuevas y antiguas en los proyectos de los excombatientes se han tenido que trasladar por las amenazas de grupos armados ilegales, es crucial que estos traslados se hagan de manera ordenada para que las condiciones sean las apropiadas para que los excombatientes se puedan asentar allí”, dijo el representante.Instó al Gobierno para que las comunidades sigan recibiendo el apoyo institucional y consolidar la presencia del Estado.En la presentación del informe, varios países destacaron el acuerdo de paz y el avance en la implementación, pero expresaron su preocupación por los asesinatos de excombatientes y de líderes sociales, defensores de derechos humanos y las amenazas a esos grupos y a líderes afrocolombianos, indígenas y mujeres.Los países que participaron en la exposición del informe concuerdan en que el Estado colombiano debe hacer presencia en los territorios y en la implementación del enfoque de género del acuerdo. Dicen que hay carencias en la implementación del acuerdo.También pidieron que se inviertan mayores recursos para la consolidación de la paz y para que los avances se den de manera rápida. La canciller Claudia Blum dijo que el Gobierno agradece el informe y que “reconoce la disminución general de la violencia en el país durante los últimos cuatro años”.De acuerdo con Blum, los logros en el avance de la reincorporación demuestran el compromiso del Gobierno en la implementación del acuerdo.La canciller manifestó que “el mayor reto” sigue siendo la seguridad de las comunidades, los defensores de derechos humanos y los excombatientes.Dijo que la Fiscalía evidenció que los grupos armados, en especial las disidencias, son los principales victimarios de excombatientes de las antiguas Farc. Manifestó que la fuerza pública ha reforzado las acciones en los territorios. Además, dijo que el número de excombatientes asesinados en 2020 fue 12 % menor a los casos que se evidenciaron en 2019.“A pesar de los retos de la pandemia, el Gobierno sigue cumpliendo sus compromisos, incluso más allá de lo pactado”, dijo la canciller. Respondió que Colombia sí ha avanzado en el enfoque de género.Añadió que las víctimas están en el centro del proceso y que por eso se prorrogó la ley de víctimas por 10 años más.Por su parte, el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, dijo que “es claro que se está cumpliendo en todos los frentes: víctimas, excombatientes, sustitución de cultivos ilícitos, programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET), desarrollo rural y las particularidades trasversales de mujer y género, étnico y desminado”.Según el consejero, la ONU reconoció los avances en las obras PDET “ya terminadas, el cumplimiento del 97% de las familias comprometidas con la sustitución de cultivos ilícitos y la tasa del 0.2% en la resiembra, lo que demuestra el apoyo a las comunidades que le apostaron a la legalidad”.
Uno de los aspectos fundamentales en el proceso de reincorporación de los excombatientes comprometidos con una paz con legalidad es el de vivienda. En ese aspecto, la ARN ha cumplido y superado los compromisos adquiridos, con la entrega de subsidios y soluciones de vivienda a miles de reincorporados, así como con la compra de varios terrenos por $16.000 millones para la consolidación de los 24 antiguos ETCR, yendo más allá de lo pactado.El objetivo de esta inversión adicional para la transformación de los antiguos espacios territoriales es garantizar vivienda y tierras para la productividad, en estas zonas donde actualmente habitan cerca de 2.700 excombatientes; así lo reveló Andrés Stapper, director general de la ARN. En total, han sido más de $26.000 millones en subsidios de vivienda los entregados a personas que han decidido dejar las armas y vivir en legalidad.En un conversatorio en alianza con BLU Radio, la ARN reveló, junto al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, cómo se han venido adelantando esos acuerdos de soluciones habitacionales, incluso para excombatientes que han decidido asentarse en suelos urbanos, para quienes se han realizado ferias especiales que han permitido acercar la oferta institucional, de apoyos y subsidios, a esta población, según reveló Felipe Walter, director del Sistema Habitacional del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.Y es gracias a la inversión para la consolidación de soluciones habitacionales y adquisición de tierras, es que la ARN ha logrado asentar la base estructural de los proyectos productivos que caracterizan al proceso de reincorporación. En total, son más de 1.800 proyectos productivos individuales y colectivos los que se han incubado en esta estrategia de la Agencia para garantizar la sostenibilidad económica de más de las personas en reincorporación.Frente a este compromiso por brindar soluciones de vivienda digna a mujeres y hombres que dejaron las armas, la ARN ha enfocado esfuerzos importantes. A diciembre de 2020 se tiene como meta la compra de cerca de 9 predios para la consolidación de los antiguos ETCR.Reviva este conversatorio de BLU Radio sobre vivienda y territorios en el proceso de reinserción en el siguiente video:
Dentro de los pilares del proceso de consolidación de una política de paz con legalidad, tal vez uno de los más fundamentales ha sido el de la educación. Desde la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, se ha fijado a este aspecto como una de las columnas vertebrales a la hora de construir una política de oportunidades, de crear escenarios productivos para los excombatientes y sus familias.Ese será el tema central del próximo conversatorio ‘Una oportunidad lo cambia todo’, desarrollados entre BLU Radio y la ARN, en el que estarán Andrés Stapper, director general de la ARN; Ariel Rivera Solari, director de Programas del Consejo Noruego para Refugiados; Sol Indira Quiceno, directora de Cobertura y Equidad del Ministerio de Educación Nacional, y Yorleni Casas Castillo, persona en proceso de reincorporación; para dar a conocer cómo ha impactado, positivamente, el desarrollo educativo, personal y productivo de los excombatientes, en los dos años de implementación de la política de Paz con Legalidad.Proyectos de la ARN como ‘Arando la educación’ y ‘Maestro itinerante’, han evidenciado importantes logros y avances para la población excombatientes, familiares y comunidad, gracias además a la articulación interinstitucional y al aprovechamiento efectivo de recursos por parte de la cooperación internacional.Han sido casi de 10.000 personas, entre excombatientes, familias y habitantes de las comunidades la que se han beneficiado de los programas educativos, gracias al liderazgo de la ARN, el Ministerio de Educación Nacional y el Consejo Noruego para los Refugiados, entre otros aliados.También se ha realizado una apuesta por la formación y aprovechamiento de saberes de los mayores a través de iniciativas como ‘Tejiendo saberes’, que apropian las particularidades de trabajar con comunidades diversas e impactadas por distintas de violencia.En este conversatorio se analizarán los programas para facilitar el acceso de los excombatientes, sus familias y comunidades a educación superior, como parte de alianzas establecidas con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD; la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP; la Universidad Distrital, de Nariño y de Córdoba, por mencionar algunas.Los esperamos este miércoles 9 de diciembre en un conversatorio más de ‘Una oportunidad lo cambia todo’ por Bluradio.com a partir de las 11:00 a.m. y Meridiano Blu.
Una mujer de Singapur que golpeó, hizo pasar hambre y mató a su empleada doméstica, de nacionalidad birmana, fue condenada a 30 años de cárcel este martes por un juez, que describió el caso como "uno de los peores tipos de homicidio voluntario".En la rica ciudad-Estado del sureste asiático viven unas 250.000 empleadas del hogar, la mayoría procedentes de países empobrecidos de Asia, y muchas de ellas sufren malos tratos.El juez See Kee Oon, que criticó la "crueldad atroz de la espantosa conducta de la acusada", decidió condenar a Gaiyathiri Murugayan, una singapurense de 41 años, a una larga pena de prisión.Los ataques contra la joven empleada birmana, Piang Ngaih Don, de 24 años, especialmente violentos, fueron grabados por las cámaras de vigilancia colocadas en la vivienda de sus jefes y se producían casi a diario.La trabajadora fue pisoteada, estrangulada, asfixiada, golpeada con escobas y quemada con una plancha, según los documentos aportados en el juicio.La joven birmana murió en julio de 2016, tras haber sufrido ataques durante horas, lo cual dio lugar al arresto de su jefa.En febrero, la singapurense se declaró culpable de 28 cargos, incluyendo el de homicidio voluntario.Este martes, la acusada compareció ante el tribunal con gafas y mascarilla negra. Permaneció sentada en silencio, con los ojos cerradas, e inclinó la cabeza cuando el juez dictó sentencia.El juez tuvo en cuenta que la acusada padecía un trastorno obsesivo-compulsivo y depresión desde que dio a luz y por ello no ordenó cadena perpetua, una pena que no habría sido "ni justa ni adecuada".La empleada fue contratada en 2015 por Gaiyathiri Murugayan y su esposo, un policía, para cuidar a su hija, de cuatro años, y a su hijo, de un año.La joven birmana solo tenía derecho a dormir unas cinco horas por noche, y debía ducharse e ir al lavabo dejando la puerta abierta.Estaba mal alimentada y cuando murió solo pesaba 24 kilos.
Este lunes en Bla Bla BLU, hablamos con el cantante Luis Alberto Posada, quien se refirió a su carrera profesional, su vida personal y recordó anécdotas de lo vivido en el mundo de la música."Miro hacia atrás y veo la vida tan linda que he tenido. Me tocaron cosas lindas en el camino, tuve muchas enseñanzas", dijo.Además, hablamos con Chalmy, el músico que logró melodías para la comunidad con discapacidad auditiva.Escuche el programa completo en Bla Bla BLU aquí:
Las autoridades colombianas investigan el asesinato de un joven, que fue decapitado y cuya cabeza fue hallada en una zona rural del municipio de Tuluá, en el departamento el Valle del Cauca (suroeste). La cabeza de Santiago Ochoa fue encontrada dentro de una bolsa plástica en el caserío Aguaclara, de Tuluá, indicó la Policía en un comunicado.El cuerpo del joven no ha sido encontrado. De acuerdo con versiones en redes sociales, el joven supuestamente integraba el grupo de manifestantes que, con la cara cubierta y escudos artesanales, están en la primera línea en las protestas que suceden en el país desde el pasado 28 de abril. No obstante, la familia del joven negó en entrevista con Noticias Caracol que el joven hiciera parte del movimiento primera línea, como se divulgó inicialmente. El comandante de la Policía del Valle, el coronel Jorge Urquijo Sandoval, dijo en una declaración que no es cierto que efectivos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), perteneciente a la Policía, estén relacionados con el hecho porque esa unidad no ha realizado procedimientos durante los últimos días en ese municipio."Desde hace aproximadamente un mes no existe ningún procedimiento por parte de uniformados del Esmad en este municipio. Rechazamos contundentemente los señalamientos irresponsables que se están haciendo a través de redes sociales vinculando a nuestros uniformados con estos lamentables hechos", aseguró el alto oficial.El Gobierno informó que la Fiscalía y la Policía investigan el crimen y ofreció una recompensa de hasta 10 millones de pesos a quienes ayuden a encontrar a los culpables. La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, anunció por su parte 100 millones de pesos más. Por su lado, el presidente colombiano, Iván Duque, rechazó el crimen y dijo que "como país nos duele la muerte de todo colombiano, pero el atroz crimen del joven Santiago Ochoa en la ciudad de Tuluá merece todo nuestro rechazo".Tuluá fue una de las ciudades donde más hechos violentos se produjeron durante las últimas protestas del paro nacional, con represión policial y la quema del Palacio de Justicia por un grupo de gente sin identificar.Esta ciudad del convulso suroeste colombiano fue una de las paradas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante su visita de trabajo hace un par de semanas."No es posible que este tipo de barbaries, de atrocidades que conmueven a la opinión pública nacional e internacional sigan sucediendo", dijo Luz Marina Hache, vocera del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).Agregó que "no puede ser que ante la demonización de jóvenes de la primera línea se quiera acallar sus voces con este tipo de escabrosos hechos".
Este lunes 21 de junio, se realizaron los sorteos de las loterías de Cundinamarca y Tolima.Estos son los resultados de las loterías de Cundinamarca y Tolima. con el respectivo número de serie:Lotería de Cundinamarca: 4356 serie 092Lotería de Tolima: 2318 serie 059Estos son los resultados del chance del 21 de junio:Dorado mañana: 9546Dorado Tarde: 7569Culona: 8528Astro sol: 2838 TauroPijao de oro: 1987Paisita día: 4363Paisita noche: 7734Chontico día: 0792Chontico noche: 6930Cafeterito tarde: 1045Cafeterito noche: 0723Sinuano día: 1904Cash three día: 144Cash three noche: 283Play four día: 7338Play four noche: 9247Samán día: 8029Caribeña día: 0006Motilón Tarde: 6791Motilón Noche: 7983Fantástica Día: 1709Fantástica Noche: 6151Antioqueñita Día: 4882Antioqueñita Tarde: 5784Culona noche: 0966
La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley de sobretasa a la gasolina, en sesiones extra del Congreso, que busca esta iniciativa es definir la base gravable de liquidación de la sobretasa.Lo que estipula este proyecto de ley es definir los precios de la sobretasa a la gasolina corriente en su tarifa general para que en municipios y distritos sea de $940 y la gasolina extra de $1.314, mientras que en Bogotá, la gasolina corriente tendría una sobretasa de $1.270 y la extra de $1.775La tarifa de la sobretasa al ACPM será de $301 pesos por galón. La sobretasa al ACPM para consumo en municipios zonas de frontera se liquidará con una tarifa de $204 por galón para el producto nacional y $114 por galón para el producto importado, sin embargo esto no se aplicará a Bogotá.Las regalías de esta sobretasa, será cobrada por la Nación y distribuida en un 50% para los departamentos, incluida Bogotá, y el otro 50% se destinará para el mantenimiento de la red vial nacional.Sin embargo, este punto generó un largo debate, puesto que se había mencionado que la mayoría del dinero recaudado sería para Bogotá, además que esto subiría los precios del galón, según dijo el representante Alejandro Carlos Chacón, del Partido Liberal.“Esto no aumenta el precio de la gasolina, pero el Congreso si tiene la oportunidad de atender una queja nacional sobre los altos costos del combustible en Colombia”, mencionó Chacón.Por otra parte, la Representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, hizo un llamado a buscar otras soluciones y recursos, tal como sucedió con la Reforma Tributaria, ya que, por ejemplo, un gremio como el de los camioneros no quería que se eliminara la sobretasa a la gasolina.Afirma que ellos querían que se les diera un plazo de dos años para poder sobrepasar los efectos negativos que ha dejado esta pandemia.“¿Por qué no encontrar fuentes de financiamiento a estas (Sobretasa a la gasolina), o por lo menos dar la posibilidad de quienes estén en contra y a favor determinen esto?”, explicóA su turno, el ponente de esta iniciativa, Jhon Jairo Cárdenas, del Partido de la U, dijo que no era cierto que se fuera a crear un impuesto nuevo y que además esto favoreciera a Bogotá exclusivamente.Sobre el punto del representante Chacón, en el que decía que Bogotá recibiría la mayoría de estos recursos, el ponente Cárdenas lo rectificó y lo invitó a leer el articulado.“Al colega que decía que todos estos recursos se van para Bogotá, lo estoy invitando para que lea el articulado, porque lo que el articulado lo que dice es, que lo recursos del ACPM, el 50% para los municipios y el otro 50% es para los departamentos, incluyendo el Distrito Capital, esto es algo en usual en casi todas las definiciones, porque el Distrito Capital se sube su estatus casi a un departamento”, puntualizó.Finalmente, cabe señalar que con este proyecto de ley se busca cumplir con el mandato de la Corte Constitucional (Sentencia C-030 de 2019) y definir la base de liquidación de la Sobretasa a la Gasolina y al ACPM, ahora esta iniciativa pasará a la conciliación de textos entre lo aprobado en Senado y Cámara y posteriormente irá a sanción presidencial.
