El presidente Gustavo Petro pidió este jueves en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas un plazo suplementario de siete años para implementar los Acuerdos de Paz en sus tres vertientes principales: reforma agraria, inclusión territorial y unificación del sistema judicial de verdad y reconciliación.
Petro dijo que esa triple reforma requerirá un pacto de Estado en Colombia, pero ante todo un decidido apoyo de la comunidad internacional, principalmente para financiar el costo que ha calculado en 50.000 millones de dólares, una cantidad que Colombia no tiene porque se encuentra endeudada.
Durante su intervención, el mandatario habló del estado del cumplimiento de los acuerdos de paz y reveló que propondría al Congreso y a la sociedad colombiana un ‘fast track’ para aprobar varios puntos que buscan acelerar la implementación de lo pactado.
La propuesta ha causado todo tipo de comentarios y reacciones sobre lo que propondría el mandatario.
En diálogo con Mañanas Blu, Luis Guillermo Guerrero, expresidente de la Corte Constitucional, habló sobre la viabilidad de la propuesta del presidente Gustavo Petro y a calificó como una “propuesta improvisada”.
“Pensaría que se trata de una propuesta bastante improvisada. Para darle vía a un procedimiento de esa naturaleza se requeriría una reforma constitucional”, sostuvo.
En ese sentido, explicó que “tendrían que presentar un proyecto de reforma constitucional en el que primero se diga cuál sería la naturaleza de ese 'fast track'”, sobre el acuerdo de paz y su implementación, destacó que “las circunstancias hoy no son las mismas que justificaron en el año 2016 al optar una medida de esta naturaleza”.
Explicó que el ‘fast track’ fue aprobado en 2016 debido a la urgencia de ejecutar e implementar el proceso de paz firmado con las Farc. En ese momento, se creó el Acto Legislativo 01 de 2016, que estableció el 'fast track' como un procedimiento especial legislativo para adoptar medidas inmediatas para la implementación del acuerdo. Esta medida fue estudiada y avalada por la Corte Constitucional en 2017.
Para ello, se requeriría una reforma constitucional que implicaría dos periodos legislativos para modificar el procedimiento de implementación del acuerdo de paz. Además, el experto destaca la importancia de buscar consensos políticos y tramitar las reformas necesarias por las vías ordinarias establecidas en el Congreso.
En cuanto a la modificación de la Constitución para apoyar el proceso de paz, Guerrero considera que sería muy difícil. La Corte Constitucional fue muy exigente al avalar las normas del 'fast track' en 2016 y señaló que debían tener una vinculación directa con la ejecución del acuerdo. Por lo tanto, modificar aspectos como las normas de vigencia futura o la distribución del Sistema General de Participaciones requeriría una reforma constitucional que no se justifica en la actualidad.
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