Siguen las tensiones entre el Gobierno nacional y el Congreso de la República, específicamente entre el presidente Gustavo Petro y el senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador, por cuenta del debate de la ley de financiamiento y la situación económica del país.El senador conservador le respondió al presidente, quien en un encuentro con gobernadores el pasado viernes en Cartagena, acusó a Cepeda de querer llevar al país a un default. Cepeda le recordó a Petro que antes de acusar al Congreso de no aprobar reformas tributarias o presupuestos sin fundamentos, debería ejecutar los recursos que hoy muestran las cifras, son paupérrimos.“Se ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, ahí están los números, las tributarias son 12 billones y ellos seguramente aspiran que se les aprobaba por seis o siete; mientras que ellos no fueron capaces de recaudar 15 billones de pesos que se comprometieron, que cayó el resto del recaudo tributario, por eso un recorte de 28 y medio, y no ejecutan 97; no hablemos de cinco o seis de la tributaria frente a los números que acabo de mencionar", señaló Cepeda.Para el senador, el panorama financiero en el país es complejo por lo que pasa con la reforma tributaria. "Los ponentes no se han puesto de acuerdo después de muchas sesiones, y hoy que era la definitiva, no hubo acuerdo, no hay ponencia. No sé si habrá mañana, esperemos que tengamos y se anuncie mañana y votemos el miércoles", insistió Cepeda.Frente a si las nuevas revelaciones y actuaciones de la justicia en torno al escándalo de corrupción de la UNGRD, el senador conservador señaló que casa rama del poder es independiente y que no afectará los proyectos que están tramitándose, dejando claro que el Congreso es una entidad independiente del ejecutivo.“Un tema es el accionar del congreso que seguirá trabajando, llueve, truene o relampaguee, y el otro es los temas de la justicia colombiana que es una rama independiente del poder público que tomará sus propias decisiones. Somos una rama independiente del poder público, que no somos notarios de los proyectos gubernamentales, nos corresponde seguir trabajando por el bienestar de los colombianos”, concluyó Cepeda.
El Gobierno y los congresistas acordaron una serie de modificaciones a la reforma tributaria en su primer debate que reducirán el recaudo de la iniciativa e implican una moderación en varias de las propuestas que hizo el Ministerio de Hacienda.Por ejemplo, se eliminó el IVA a los vehículos híbridos, no se cambiará la base gravable del impuesto al patrimonio y el impuesto a las ganancias ocasionales solamente aumentará para los ganadores de juegos de azar. El impuesto al carbono ya no subirá de la forma en que propuso el Gobierno inicialmente, sino de una forma más moderada, y finalmente el IVA a las apuestas en línea aumentará de manera gradual en los próximos años."Yo creo que 8, máximo 10 billones, entre 8 y 10 billones", respondió la representante a la Cámara Olga Lucía Velásquez, cuando se le preguntó sobre el recaudo de la reforma tras las modificaciones. La reforma, inicialmente, buscaba cubrir un hueco de 11.8 billones de pesos en el presupuesto del año 2025.Otro de los ejes de la reforma que se mantiene es la reducción gradual del impuesto a la renta para las compañías y el establecimiento de una tarifa marginal del impuesto a la renta, que implica tarifas reducidas para pequeñas y medianas empresas.El punto de honor para el Gobierno es el artículo que permite adelantar el periodo de transición de la regla fiscal, que por sí solo implica un recaudo de seis billones de pesos. Sin ese artículo la reforma no tiene sentido.Velásquez espera que se incluya en la ponencia definitiva su propuesta de una nueva jornada de normalización para los morosos de la Dian.El texto para primer debate debería anunciarse a los congresistas este martes 3 de diciembre, de modo que el debate pueda arrancar el miércoles.El difícil panorama de la tributariaEl Gobierno necesita convencer a los congresistas que hundieron la ley de presupuesto, de que le den su aval a la reforma tributaria y el camino no luce nada fácil."Nosotros de Centro Democrático nos mantenemos en que presentaremos ponencia negativa. Hemos estado asistiendo a las reuniones de ponentes. Llama la atención que no logra el Gobierno tener acuerdos con la mayoría de los ponentes. Muy poca asistencia a las reuniones", explicó el representante Christian Garcés.Por su parte, el senador Carlos Abraham Jiménez, de Cambio Radical, aseguró: "Hay una improvisación. El Gobierno de querer cerrar la caja como de, así sea que en el 2026 esta reforma, aún espante más inversión en el país. Lo que estamos viendo es que la gente no quiere invertir en el país y que por eso se están cayendo los impuestos".A las críticas contra la reforma se suman el ambiente de mala relación entre el Gobierno y el Congreso. El fin de semana el Gobierno acusó a los congresistas de tener actitudes extorsivas hacia su ministro de Hacienda y de pedir cupos indicativos a cambio de los votos. Petro también acusó al presidente del Senado, Efraín Cepeda, de llevar al país a un riesgo de default.La hora de la verdad será este miércoles 4 de diciembre cuando se sabrá si el Gobierno tiene la fuerza suficiente para impulsar la reforma tributaria en tiempo récord.
Con 89 votos a favor, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley del divorcio unilateral o "divorcio exprés". Esta iniciativa, liderada por la representante Katherine Miranda, permitirá a los colombianos disolver su matrimonio civil sin el consentimiento de la otra parte. El proyecto, que ha generado amplio debate, ahora espera la sanción presidencial del mandatario Gustavo Petro para convertirse en ley.Una nueva causal para simplificar el divorcioEn diálogo con Mañanas Blu, Katherine Miranda explicó los cambios fundamentales que introduce esta legislación. “Incluimos una nueva causal en el artículo 154 del Código Civil: la libre voluntad de cualquiera de los cónyuges para divorciarse”, destacó la representante.Actualmente, las causales de divorcio incluyen temas como la infidelidad, la violencia intrafamiliar o el alcoholismo, pero en los casos en que no se cumpla alguna de estas, la ley obliga a demostrar dos años de separación para iniciar el trámite. Miranda enfatizó que este periodo de espera ha generado problemas graves en muchas familias. “Durante esos dos años se incrementa la violencia intrafamiliar; lastimosamente, en muchos casos el hombre se cree dueño de la mujer. Esto llega incluso a casos extremos como feminicidios”, afirmó.¿Cómo será el trámite del divorcio unilateral?Una vez sancionada la ley, el proceso será más ágil. Si uno de los cónyuges decide unilateralmente terminar el matrimonio, deberá presentar una propuesta sobre la distribución de bienes, la custodia de los hijos y otros temas relacionados. Si ambas partes están de acuerdo, el trámite podrá realizarse ante un notario. En caso de desacuerdo, el caso será resuelto por un juez.Miranda aclaró que, a pesar de la simplificación, el proceso no excluye la necesidad de resolver aspectos fundamentales antes de formalizar el divorcio.Protección a los vulnerables y compensación económicaUno de los puntos clave del proyecto es la protección de las personas más vulnerables en el matrimonio, especialmente las mujeres. Según Miranda, esta ley contempla una compensación económica para víctimas de violencia intrafamiliar. “Hay una indemnización simbólica y económica que será determinada por un juez. Esto aplica para cualquier tipo de violencia: física, psicológica o económica”, explicó.La representante recordó que en países donde ya se ha implementado una legislación similar, como Argentina y España, se han observado beneficios significativos. “Los procesos de divorcio más simples reducen el estrés emocional, especialmente en los niños, y ayudan a que las personas puedan reconstruir sus vidas más rápidamente”, aseguró.Controversias en torno a la leyEl proyecto no ha estado exento de polémicas. Sectores conservadores han argumentado que esta legislación desincentivará el matrimonio en Colombia. Frente a estas críticas, Miranda fue contundente: “Legislamos con la Constitución en la mano, no con la Biblia. Esta ley no desincentiva el matrimonio; protege la libertad y los derechos de las personas”.También subrayó que el concepto de familia debe replantearse bajo un enfoque más moderno y equitativo. “La familia es un espacio donde todos sus miembros deben crecer de manera feliz y plena, no una imposición basada en un contrato perpetuo. Mantener un matrimonio infeliz por obligación solo genera entornos dañinos para todos, especialmente para los hijos”, puntualizó.Según cifras de Medicina Legal, entre enero y septiembre de este año más de 26,000 mujeres y 3,000 niños han sido víctimas de violencia intrafamiliar en el país. Miranda destacó que muchos de estos casos están relacionados con matrimonios donde no se puede avanzar hacia el divorcio por barreras legales y sociales.
Claudia Dangond, excandidata a magistrada de la Corte Constitucional, quien fue candidata a ser magistrada de la Corte Constitucional, y quien tuvo la segunda votación más alta después de Miguel Efraín Polo, habló sobre el proceso de elección que se llevó a cabo en el Congreso. En diálogo con Mañanas Blu, Dangond, reflexionó sobre su experiencia durante las votaciones y las tensiones políticas que rodearon su intento de acceso a una de las posiciones más importantes del país. Sin embargo aseguró que no sintió presión, pese a la ajustada votación, que en un inicio estuvo atropellada. A pesar de haber logrado 50 votos en la primera ronda, Dangond vio cómo su apoyo se redujo a 47 votos en la segunda ronda, pero confesó que de eso se trataba y que debía haber un ganador. "Creo que pues se jugaron las cartas políticas, los políticos y pues los candidatos estuvimos ahí, atentos a responder todas las preguntas, a conversar con todos. Y bueno, pues finalmente tomaron una decisión por mayoría, que es lo que ordena la ley colombiana", aseguró.Y agregó, "Es una sensación ambivalente, porque evidentemente había que tener un ganador. Antier estábamos empatados, y aunque el resultado pudo haber sido diferente, llegó un momento en que los votos se transformaron", comentó. Al ser preguntada sobre sus tendencias políticas, aseguró que no le gustan lo extremos, "no soy de extrema derecha. Soy una defensora de la Constitución y siempre he tratado de mantenerme independiente en mis opiniones", aclaró. Además, se reafirmó como una figura académica con una perspectiva equilibrada.Tras su intento fallido por llegar a la Corte Constitucional, Claudia Dangond vuelve a su vida académica en la Universidad Javeriana. Confesó haber intentado acceder a la Corte en tres ocasiones, logrando esta vez llegar a la terna. Escuche aquí la entrevista:
El concejal Daniel Briceño presentó una denuncia por el presunto aporte de Daily Cop a la campaña del 2022 del presidente Gustavo Petro, entonces candidato. En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, explicó qué pruebas o argumentos nuevos hay y en qué va la investigación.Cabe recordar que el jefe de Estado le respondió al concejal, vía X: “Pobre Daniel, un hombre despistado en la vida”.En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, Briceño mencionó que, luego de conocerse las investigaciones del Consejo Nacional Electoral y las otras denuncias por dicha financiación, “puede haber una conducta de carácter penal”, puesto que la ley y el código penal prohíben que tanto el gerente de campaña como el candidato respectivo financien su campaña “con fuentes de carácter prohibido”.La denuncia se centra en cómo se habría destinado esos recursos a través de actividades delictivas o no permitidas, lo cual podría implicar no solo al gerente de campaña, el ahora presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa; sino directamente al presidente Petro."Cuando nosotros revisamos y decimos: 'cuáles son las fuentes de carácter prohibido', vamos al estatuto anticorrupción y son todas aquellas que se deriven de actividad ilícitas como esta, como la captación ilegal de recursos. Cuando un candidato y un gerente permiten que ingresen o le donen miembros o recursos que vienen de actividades ilícitas, pues aquí se confirmó una responsabilidad de carácter penal", indicó.Con el objetivo de avanzar en esta investigación, Briceño solicitó a la Comisión de Acusaciones que recoja todas las pruebas disponibles, tanto del CNE como de la Fiscalía y que se contemple el testimonio del testigo principal relacionado con Daily Cop."Entendemos que puede haber unas consecuencias en el Consejo Nacional Electoral de carácter administrativo, de allá nadie va a sacar al presidente, como está diciendo él, pero nosotros dijimos en la Comisión de Acusaciones, que es la competente, tiene que comenzar a investigar, se tiene que traer todo el expediente de Daily Cop, que además está cursando la Fiscalía con un principio de oportunidad y tiene que comenzarse a investigar tanto al gerente, pero aquí la responsabilidad del presidente", añadió.Recalcó que "es crucial entender cómo operaron buscando ocultar estas transacciones". El concejal Briceño señaló que la responsabilidad directa del presidente se debe a la naturaleza uninominal de su cargo en la campaña. Esto significa que, en caso de pruebas concretas, tanto el candidato como su equipo pueden enfrentar cargos penales.
Sigue la polémica por la canción +57, que unió por primera vez a los más importantes exponentes del reguetón colombiano. Los reclamos por el contenido sexual vinculado a menores de edad han sido el tema de discordia desde diferentes sectores, incluso políticos.Es por eso que durante la Plenaria de este martes 12 de noviembre en el Senado de la República, las senadoras Karina Espinosa (Liberal) y Sonia Bernal (Pacto Histórico) anunciaron que presentarán un proyecto de ley llamado Letras Decentes, con el que buscan regular a la industria musical para que no se promuevan canciones que promuevan la misoginia, la explotación sexual y la violencia de género.“Tiene sanciones, pero también obliga a sus cantautores y autores a reparar el daño y promocionar música decente donde se haga respetar a la mujer, a los niños y adolescentes, y también radicamos una proposición para un debate de control político. Esta música proporciona la evidencia que escuchar letras de canciones de contenido sexual está asociado con futuras conductas de sexting entre adolescentes varones. Estos resultados sugieren que los chicos pueden ser especialmente susceptibles a mensajes líricos sobre sexualidad, lo que puede deberse en parte a expectativas sexuales de género”, señaló la senadora Espinosa.Esto mientras son varios los proyectos de ley que buscan una mayor protección de los menores de edad en el país y que están olvidados en el Congreso de la República, como por ejemplo el proyecto de prohibición del matrimonio infantil que desde el mes de agosto espera su último debate en la Plenaria del Senado.“Nos ha mostrado es lo normalizada que está la pedofilia en nuestra cultura colombiana y es tan crítico que hasta está escrito en la ley porque así nadie lo crea Colombia hoy es uno de los pocos países que permite el matrimonio infantil en el mundo ocupamos el puesto número 20 en la tasa de matrimonio infantil y somos uno de los pocos en los que este fenómeno no se ha reducido en las últimas décadas en parte porque ni siquiera nos lo proponemos”, señaló la representante Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso).
La canción +57 sigue generando polémica, no solo diversas figuras de todos los sectores se han pronunciado en rechazo. Ahora se sumó la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, donde se pide al instituto Colombiano de Bienestar Familiar convocar a los autores y las autoras e intérpretes de la canción a una capacitación sobre derechos de niños, niñas y adolescentes y sobre prevención de violencias en esta población.“El objetivo de este espacio será generar concientización sobre la importancia y preponderancia del bienestar de los niños y la necesidad urgente de erradicar cualquier manifestación pública que menoscabe sus derechos, en concordancia con el artículo 44 de la Constitución Política”, aseguraron.Dicha proposición la impulsa la representante Carolina Giraldo: “los invitamos a que acepten esta capacitación. (…) Muchos de ellos no son conscientes del daño que estos mensajes pueden estar causando en la sociedad y en particular a los niños y adolescentes”.La polémica surge por la frase “Una mamacita desde los fourteen”, ya que muchos aseguran que pone de manifiesto que la protagonista de la canción, sobre la que se hacen varios comentarios sexualizantes, es una menor de edad.A eso se le añade el contexto actual de la ciudad de Medellín que enfrenta una epidemia de extranjeros que llegan allí para explotar sexualmente a niños, niñas y adolescentes. Es por lo anterior que argumentan que dicha canción incita no solo a la sexualización de menores de edad, sino que también aumenta la vulnerabilidad de esta población que a diario se ve expuesta a esta problemática.Además, representantes como Alexandra Vásquez impulsan la recolección de firmas para que la disquera de la que hace parte la cantante Karol G retire la canción."Comprometidos con la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, nos permitimos solicitarles amablemente el retiro de plataformas de streaming de música y redes sociales oficiales de la canción +57. Este producto musical, como ha sido señalado por múltiples voces de medios, organizaciones de la sociedad civil, entidades del Estado y de expertos en el análisis cultural, entre ellos el ICBF, perpetúa estereotipos de la narcocultura y hace una preocupante apología a la sexualización de menores", señaló Vásquez.En el mismo sentido, los senadores y representantes firmantes invitaron respetuosamente, a Maluma, Karol G, J Balvin, Feid, Blessd, Ovy On The Drums y Ryan Castro a utilizar sus plataformas para transmitir mensajes que promuevan la igualdad, el respeto y la protección de los menores de edad en lugar de reforzar narrativas que indirectamente validan la explotación infantil.
La incertidumbre por el impacto fiscal de la reforma al sistema general de participaciones que se discute en el Congreso fue clave en la decisión del Banco de la República de bajar las tasas de interés 50 puntos básicos y no en 75 puntos como deseaba el Gobierno, así quedó consignado en las minutas de la última reunión de la junta directiva.El Congreso aprobó en el sexto de ocho debates una reforma que establece un aumento significativo de las transferencias que el Gobierno nacional tendrá que hacer a alcaldías y gobernaciones a pesar de las advertencias de varios centros de estudios como Fedesarrollo, Anif e, incluso, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, quienes aseguran que el proyecto podría dejar al Gobierno central sin presupuesto de inversión y al borde de la quiebra.Para el Banco de la República es evidente que la aprobación de esa reforma fue clave en la disparada del precio del dólar en Colombia, en especial porque no está claro que el aumento de las transferencias vaya a darse al mismo ritmo al que se redefinen las competencias de los gobiernos locales y el Gobierno nacional."La fuerte devaluación de la tasa de cambio observada durante las últimas semanas, que si bien ha sido un fenómeno común para otras economías latinoamericanas en un contexto de incertidumbre sobre las condiciones financieras globales, en el caso colombiano se ha visto acentuada por la notable caída de los precios internacionales del petróleo, la creciente preocupación por el financiamiento del presupuesto de 2025 y la incertidumbre por las perspectivas fiscales de mediano plazo asociadas al proyecto de Acto Legislativo sobre las transferencias a los entes territoriales. Despejar estas dudas es un requisito indispensable para serenar los mercados y mantener la estabilidad macroeconómica del país. Destacaron que el debilitamiento del peso y de otras monedas de la región se ha dado a pesar de la importante reducción de la tasa de interés de la Reserva Federal en su reunión de septiembre. Ello reduciría el margen de maniobra para continuar con el relajamiento de la política monetaria al ritmo que se ha venido llevando a cabo hasta el momento", indicó el documento.Quienes votaron por una reducción más agresiva de las tasas dijeron estar confiados en que, como se ha logrado en el pasado, "las instituciones y la voluntad lograrán alcanzar un consenso para encontrar una fórmula que evite el deterioro fiscal y disipar los temores en los mercados".Sin embargo, el grupo mayoritario teme que el nerviosismo del mercado siga aumentando el precio del dólar y eso termine impactando a la inflación, pero también dijo estar preocupados por la posibilidad de que el salario mínimo suba por encima de las proyecciones del equipo técnico del banco (6.3 %) y que la inflación en servicios y comidas fuera del hogar continúa siendo elevada.
En una histórica votación, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes confirmó el avance del proyecto que busca la creación de un nuevo departamento en Colombia, denominado Sur Caribe. Liderado por la representante Cha Dorina Hernández Palomino, la iniciativa busca unir 28 municipios actualmente distribuidos entre los departamentos de Bolívar, Cesar, Magdalena y Norte de Santander.La propuesta surge en un contexto de reclamos históricos de abandono institucional en estas localidades. Según Hernández, el objetivo es mejorar la eficiencia en la administración pública y proporcionar una atención más cercana y eficaz a los más de 600.000 habitantes que residen en estas localidades.“Un nuevo departamento de la región #SurCaribe avanza su trámite para concentrar 28 municipios. Vamos a fortalecer la descentralización y garantizar mayor autonomía a las regiones. Estamos trabajando incansablemente para lograr un país con un #ordenjusto”, publicó la congresista en su cuenta de X.El núcleo administrativo del nuevo departamento sería el municipio de Aguachica, actualmente parte de Cesar. Este paso, según el proyecto, permitiría una reducción significativa de los costos y tiempos de desplazamiento para acceder a servicios institucionales, algo que ha sido una demanda constante de estas regiones."Revitalizaría un antiguo departamento (Banco) que existió entre 1859 y 1885", destaca el documento presentado por los promotores de la ley.El legado histórico también juega un papel fundamental en esta propuesta, al incorporarse como parte de un proyecto de desarrollo orientado especialmente por el concepto de agua, promovido por el presidente Gustavo Petro. Hernández aseguró, en declaraciones a Red+ Noticias, que la propuesta "se alinea con propuestas de desarrollo territorial alrededor del agua” y busca “atender el rezago histórico” de la región.La bandera del nuevo departamento está prevista para simbolizar su identidad y recursos: el verde simboliza los recursos naturales, el azul representa la ecorregión acuática y el cielo, mientras que el blanco refleja la esperanza acompañada de un sol naciente, según detalles este emblemático diseño busca resaltar las riquezas no aprovechadas del área.La iniciativa avanza con una ponencia positiva y sin impacto fiscal negativo para la nación, lo que contribuye a un sistema de asignación de transferencias más justo. En total, cubriría una extensión de 21.885 kilómetros cuadrados (aproximadamente 8.451 millas cuadradas), abarcando una población considerable en áreas urbanas y rurales. Hernández subraya la importancia de esta medida:."Este acto legislativo no solo favorecería a los municipios involucrados, sino que también establecería un piloto de descentralización", se mencionó en la declaración.El proyecto ha despertado interés también por las implicaciones culturales que puede permitir al recordar la lucha de líderes africanos como Benkos Biohó, quien fundó Los Palenques y se destacó por su defensa de la libertad de los esclavos en el siglo XVII.“Hoy hemos dado un paso histórico al radicar el proyecto que busca la creación del nuevo departamento Sur Caribe en el Congreso de la República. Este proyecto es una respuesta a las necesidades de autonomía y desarrollo de los municipios del Magdalena Medio, que han sufrido durante mucho tiempo el abandono estatal y la violencia”, agregó la congresista del Pacto Histórico.Finalmente, el posible surgimiento de Sur Caribe no solo buscaría beneficios económicos y administrativos, sino que también abre una puerta para el reconocimiento cultural y etnográfico de estas regiones. El proyecto de ley continúa su trámite en el Congreso, y su posible aprobación supondría una evolución significativa en el panorama administrativo del país.
Hay una reforma en el Congreso a la que el Gobierno le ha puesto toda la artillería y es la de la Ley de Transferencias o sea la posibilidad de reformar el actual sistema de transferencias que el gobierno central traslada a los entes territoriales aumente, para que estos atiendan las obligaciones que los gobiernos locales han venido asumiendo como producto del proceso de descentralización.En diálogo con Mañanas Blu, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se refirió al acalorado debate en torno al proyecto que busca profundizar la autonomía territorial en Colombia. En un contexto donde las finanzas del país son noticia constante, Cristo aclaró que este proyecto cuenta con el respaldo del presidente Gustavo Petro, quien ha comprometido su apoyo a la iniciativa. "El gobierno apoya el proyecto que se está tramitando y no solo el Ministerio del Interior", afirmó Cristo. Cristo destacó que la discusión no se limita a si se apoya el proyecto, sino que el enfoque se centra en cómo este se implementará. Aseguró que el presidente ha mantenido su compromiso desde hace años para fortalecer la autonomía territorial, un tema que ha sido atendido de manera recurrente en sus propuestas y campañas. A pesar de la oposición que surgió en el pasado contra reformas anteriores, el actual gobierno busca una transformación profunda que beneficie a los departamentos y municipios. "Es un momento crítico para debatir la autonomía territorial. Este no es solo un tema de recursos, sino de competencias y de evaluar si el centralismo ha sido capaz de reducir las brechas territoriales en el país", comentó. La propuesta que ha sido discutida en la Comisión Primera del Senado plantea que la entrada en vigencia del nuevo acto legislativo dependa de la aprobación de una ley de competencias. Esta ley, que se espera sea concertada con distintos sectores de la sociedad, definirá las responsabilidades que asumirán los niveles regionales y cuáles corresponderán al Estado central. "Si no logramos un acuerdo en la ley de competencias, el acto legislativo no podrá entrar en vigencia", advirtió el ministro. En ese sentido, subrayó la importancia de que esta iniciativa no implique un aumento del gasto público, sino más bien una redistribución de los recursos existentes, brindando un claro ejemplo sobre la educación. Escuche la entrevista aquí:
