El ente de control no está convencido de los resultados del Censo Poblacional del 2018. Por eso inició una actuación especial para verificar los datos del estudio que se realizó durante el gobierno Santos y que tuvo un costo de más de $ 350.000 millones con 45,5 millones de personas como resultado del conteo.
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La Contraloría va a verificar los contratos y a investigar el papel del Fonade, la Registraduría Nacional, el propio Dane, y el Departamento Nacional de Planeación.
En esa misma línea, la Contraloría va a revisar los datos exactos del censo. Hay que recordar que en el 2006 se creía que la población iba a crecer para consolidarse en unos 50 millones de habitantes.
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El censo tuvo varias dificultades en regiones como San Andrés, Cali y Barranquilla. También tuvo problemas con los indígenas y, de hecho, en su momento tuvo que adicionarse $ 15.000 millones para completar el censo.
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