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Corte fija plazo para solucionar hacinamiento carcelario en el país

Un plazo máximo de tres años dio la Corte Constitucional al Ministerio de Justicia y al Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) para que adopten...

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Un plazo máximo de tres años dio la Corte Constitucional al Ministerio de Justicia y al Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) para que adopten medidas de carácter urgente frente a la grave situación humanitaria que se presenta en seis centros carcelarios del territorio colombiano donde se están vulnerando los derechos fundamentales de miles de reclusos, de lo contrario, asegura la Corte, los centros de reclusión deberán ser cerrados.

 

Se trata de los penitenciarios Tramacúa en Valledupar, la Modelo en Bogotá, Bellavista de Medellín, San Isidro de Popayán, la cárcel de Barrancabermeja y la cárcel de Cúcuta.

 

La Corte advirtió que en estos centros carcelarios, según los tutelantes, existen no sólo problemas estructurales sino también graves falencias en la prestación de los servicios básicos como agua y alimentación.

 

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Reprocha la corporación judicial que los centros penitenciarios no tengan como prestar una adecuada alimentación, que los internos no puedan asearse de forma adecuada sino que tenga acceso limitado a las duchas y que en cambio tengan que a acudir a baldes sucios.

 

Critica el alto tribunal que las personas que están privadas de su libertad no tengan ni siquiera una celda o un colchón y una sábana que permita un debido descanso.

 

Aseguró la Corte que la solución no está en la construcción de más cárceles sino por el contrario, en descongestionarlas otorgando la libertad, a aquellos presos que cumplan con los requisitos para acceder a ella.

 

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"En cualquier caso, si dentro de tres años contados a partir de la notificación de la presente sentencia no se han adoptado las medidas adecuadas y necesarias para los establecimientos penitenciario y carcelario dejen de ser estructuralmente, en su diseño, y en su funcionamiento, contrarios a la dignidad humana y a los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad estos deberán ser cerrados”, advierte el alto tribunal.

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