A través de una sentencia proferida por la Corte Constitucional con el objetivo de proteger el Río Atrato en el departamento del Chocó, y a las comunidades étnicas que habitan la cuenca del río; el alto tribunal dio un plazo de 6 meses al Gobierno Nacional para erradicar definitivamente las actividades de minería ilegal que se realicen en el río, sus afluentes y en todos los nacimientos hídricos el departamento.
Esta sentencia busca reiterar la obligación del Estado de erradicar toda actividad de este tipo, para así garantizar derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la salud y al agua.
Así mismo, la corporación declara la vulneración de estos derechos fundamentales a las comunidades étnicas que habitan la cuenca del Río Atrato, siendo completa responsabilidad de las entidades del Estado por su conducta omisiva al no proveer respuestas idóneas a dicho problema de contaminación en este importante afluente hídrico.
De igual manera, la sentencia, con ponencia del magistrado Jorge Iván Palacio, reconoció al Río Atrato, como "una entidad sujeta de derechos" a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las comunidades étnicas.
Por esto mismo, la Corte ordenó al Gobierno Nacional a ejercer tutoría y representación legal de los derechos Del Río, a través de una institución que designe el Presidente. Esta tutoría deberá ejercerse en conjunto con las comunidades étnicas que habitan la cuenca del río.
Adicionalmente y con el propósito de "asegurar la protección, recuperación y debida conservación, los representantes legales deberán diseñar y conformar dentro de los tres (3) meses siguientes a la notificación una comisión de guardianes del Río Atrato"
Finalmente, la Corte ordenó poner en marcha un plan para descontaminar la cuenca del río, los territorios ribereños y evitar daños adicionales al medio ambiente de la región.