El terremoto que se registró el 10 de agosto no solo dejó una emergencia humanitaria en el Chocó que desborda las capacidades financieras y operativas de sus municipios, también agudizó los problemas en su infraestructura vial.El movimiento sísmico de hace tres meses, cuyo epicentro estuvo en el municipio de San José del Palmar, dejó afectaciones en 30 de los 32 municipios del departamento, 13 personas fallecidas, 348 lesionadas y más de 45.000 damnificadas.Según cifras de la Gobernación, aproximadamente 3.200 viviendas quedaron completamente destruidas y más de 19.000 resultaron averiadas. A esto se suman daños en cerca de 300 establecimientos educativos y más de un centenar de centros de salud, lo que compromete tanto las condiciones de habitabilidad como la prestación de servicios esenciales, a lo que se suma que de los 2,7 billones que necesita el país para reconstruir las vías afectadas por el sismo, el 37% debe ser destinado solo al Chocó, según confirmó la Ministra de Transporte, Elsa Noguera."De esos 2.5 billón corresponde al Plan Marshall de las cinco vías que van a transformar el Chocó. Allá no se sabe si fue el terremoto o es el estado de las vías, porque son vías completamente destruidas, pero no sabemos bien si fue el terremoto", indicó. Ahora los problemas no solo son en Quibdó, su capital, también en municipios de quinta y sexta categoría presupuestal, como Istmina, donde su alcalde Jaison Mosquera pidió al Gobierno nacional que vuelque sus ojos en todos los territorios afectados, reporta 1.700 familias afectadas y cerca de un centenar de viviendas averiadas, de las cuales apenas 17 han podido ser intervenidas con recursos propios."Hacemos el llamado al Gobierno nacional de que se presente acá al departamento en Chocó y sobre todo en Mina porque a veces fijamos nuestra atención únicamente en Quibdó, que es la es la la capital del departamento, pero hay municipios que son fueron muy afectados por este sismo del del del 10 de agosto y necesitan la presencia efectiva del gobierno nacional", indicó.Volviendo a las viviendas, vale la pena mencionar que la entrega de soluciones habitacionales comenzó en septiembre. El pasado 7 de ese mes fue asignada la primera vivienda modular del proyecto denominado Casas Pacífico, en el barrio Medrano de Quibdó.Las autoridades departamentales proyectan que varios frentes de construcción permitirán realizar una entrega más amplia de viviendas entre diciembre de 2026 y enero de 2027. No obstante, el cumplimiento de ese cronograma dependerá de la disponibilidad de recursos y de la superación de los obstáculos que todavía afectan la ejecución.
A tres meses del terremoto de magnitud 7,4 que ocurrió el 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, la Defensoría del Pueblo advirtió que persisten barreras para garantizar los derechos de las comunidades afectadas y avanzar en la recuperación de los territorios.De acuerdo con el Registro Único de Damnificados, con corte al 3 de noviembre, 363.791 familias, equivalentes a 776.119 personas, resultaron afectadas por la emergencia. Además, 104.049 viviendas están inhabitables y 19.149 fueron destruidas. Otras 119.748 presentan daños. El balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con corte al 27 de octubre, también reporta 334 personas fallecidas, 4.516 heridas y 102 desaparecidas. La emergencia dejó afectaciones en 406 centros de salud, 4.438 establecimientos educativos y 6.087 centros comunitarios, además de daños en vías, acueductos y puentes.Uno de los principales problemas identificados por la Defensoría está en el Registro Único de Damnificados. La entidad advierte que no existe una ruta general para incluir nuevos registros, corregir inconsistencias o reportar daños que se hayan presentado después del cierre del registro. Esto puede dejar a familias por fuera de las ayudas, debido a que la inscripción es un requisito para acceder a los beneficios.También hay dificultades para reclamar los apoyos económicos. En Risaralda se reportan más de 70.000 inconsistencias y, con corte al 7 de octubre, 3.098 familias de Pereira aún no habían cobrado el beneficio.En cuanto al subsidio de arrendamiento, fijado en $1.050.000 mensuales durante tres meses, la Defensoría considera que resulta insuficiente frente a los tiempos estimados de reconstrucción, que pueden extenderse entre 12 y 18 meses. Además, la escasez de viviendas disponibles ha llevado a algunas familias a regresar a lugares que no ofrecen condiciones adecuadas de seguridad.A esto se le suma la identificación de la falta de protocolos para el cierre de 15 alojamientos temporales activos en Buenaventura, Quindío y Risaralda y de esta forma alternativas habitacionales dignas para quienes deben salir de ellos.Las dificultades también se mantienen en la prestación de servicios esenciales. Aunque se habilitaron sedes transitorias y se anunciaron planes de reconstrucción hospitalaria, las verificaciones de la Defensoría evidenciaron reducción en la capacidad de atención y demoras en consultas especializadas, medicamentos y autorizaciones.En educación, la entidad señala que no todos los estudiantes han regresado a clases presenciales ni cuentan con instalaciones seguras. Un ejemplo de esto es en el Valle del Cauca, en donde con corte al 15 de octubre, 69.106 de los 121.175 estudiantes afectados continuaban en modalidades no presenciales.Uno de los principales llamados de la Defensoría está relacionado con la financiación de la recuperación, señalan que el costo estimado del Plan de Acción Específico asciende a $58,29 billones, pero solo $8,21 billones corresponden a recursos inicialmente identificados. Esto deja una brecha de financiación de $50,08 billones.La entidad advierte que los recursos identificados incluyen anuncios de entidades públicas, cooperantes y empresas, pero no todos tienen claridad sobre su disponibilidad, apropiación o ejecución. Además, señala que incluir recursos en el plan no significa que ya estén asignados en el presupuesto. La única fuente con monto y cronograma ciertos corresponde a una adición al Presupuesto General de la Nación por $624.656 millones, proveniente de un crédito contingente con el Banco Mundial.Ante este panorama, la Defensoría pide establecer mecanismos para actualizar el registro de damnificados, garantizar los subsidios de arrendamiento, asegurar alternativas habitacionales antes de cerrar los albergues y recuperar la infraestructura educativa y hospitalaria.También insiste en que el proceso debe incluir recursos para restablecer las actividades económicas de campesinos, trabajadores informales y pequeños emprendimientos, así como medidas diferenciales para mujeres, niños, comunidades étnicas, personas mayores y población con discapacidad.
La crisis humanitaria en Nuquí, en el departamento de Chocó, continúa generando preocupación por el desplazamiento de comunidades indígenas que han tenido que abandonar sus territorios debido a los enfrentamientos entre grupos armados ilegales.De acuerdo con John Jaramillo Pandales, personero municipal de Nuquí, más de 300 personas permanecen actualmente en la cabecera municipal, luego de salir de la comunidad indígena de Villa Nueva. Según explicó, las familias tuvieron que abandonar sus hogares con lo que llevaban puesto y necesitan atención humanitaria urgente. El funcionario aseguró que la capacidad de respuesta de la administración municipal está desbordada, por lo que solicitó la intervención de otras entidades para atender a la población afectada.“Por eso la personería municipal ha solicitado la intervención de otras autoridades como competentes para que nos ayude a hacer digamos todo el tema de intervenciones para poder ayudar a esta comunidad indígena”, señaló Jaramillo.Frente a esta situación, el personero hizo un llamado a la solidaridad de los ciudadanos y pidió donaciones de alimentos, ropa para bebés, niños y adultos, kits de aseo, sábanas y toldillos.“Necesitamos kit de aseo, necesitamos ropa para bebés, ropa para adultos, ropa para las mujeres, ropa general, necesitamos lo que es sábana, toldillo”, dijo.La necesidad de estos elementos también está relacionada con las condiciones de salud de la zona. Según Jaramillo, hay una alerta por la presencia de zancudos y los riesgos de enfermedades como el paludismo y el dengue.La Unidad para las Víctimas ya activó su ruta de atención y, según la información que recibió la Personería, se esperaba la llegada de ayudas humanitarias durante el fin de semana. Sin embargo, el funcionario insistió en que se requiere una respuesta más amplia y sostenida.Desde la Personería señalan, además, que esta emergencia también ha afectado la educación de la comunidad, debido a que 65 niños y niñas tuvieron que interrumpir sus clases, mientras las autoridades locales buscan alternativas para que puedan terminar su jornada escolar de fin de año.Asimismo, la entidad pidió que se garantice acompañamiento psicosocial permanente para las familias. El funcionario advirtió que la atención no debería limitarse a una intervención temporal, sino que debe incluir seguimiento a las afectaciones emocionales de la comunidad.“El llamado que hacemos es que eso no sea solamente de manera provisional, sino es que hay un tema emocional con esta comunidad y que la intervención no sea solamente 15 días, sino es que sea, digamos, se haga un seguimiento frente a estas situaciones”, pidió el personero Jaramillo.Finalmente, desde la Personería de Nuquí reiteran el llamado al Gobierno nacional y a las autoridades competentes para que aumenten su presencia y atención en el municipio, con el fin de garantizar asistencia humanitaria, protección y acompañamiento a las comunidades afectadas.
Un grave accidente se registró en la vía a Buenaventura. Este lunes, un bus chocó con un vehículo tipo niñera en el tunel #6 de la carretera, sector Los Naranjos, entre Loboguerrero y el puerto sobre el Pacífico.De manera preliminar se habla de varios fallecidos, entre ellos estaría el conductor del bus.
Un total de 16 indígenas provenientes de Nuquí, Chocó, llegaron a Medellín, ocho de ellos menores de edad, luego de verse obligados a abandonar sus territorios por cuenta de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales en esta zona del departamento.Las familias arribaron al aeropuerto Olaya Herrera, donde fueron recibidas por el Equipo de Atención y Reparación a Víctimas de la Alcaldía de Medellín. Según informó la Secretaría de Paz y Derechos Humanos, se trata de cuatro grupos familiares afectados por la situación de orden público en esa zona.La Administración Distrital confirmó que estas personas ya rindieron declaración ante la Personería de Medellín y actualmente se encuentran en albergues de la ciudad, donde reciben acompañamiento y atención humanitaria. "Debido al conflicto armado en Nuquí, habían asesinado dos indígenas y secuestrado uno y la Alcaldía de Medellín les hace toda la atención en coordinación con la Personería de Medellín donde declaran que se les brinda toda la ayuda humanitaria de albergue de protección a a esta población que viene amenazada y desplazada", indicó el secretario de Paz y Derechos Humanos, Carlos Arcila, en diálogo con BLU Radio.Este nuevo desplazamiento ocurre en medio de la grave situación humanitaria que enfrenta Nuquí. El pasado primero de noviembre, la Defensoría del Pueblo alertó sobre el desplazamiento forzado de aproximadamente 500 indígenas de la comunidad de Villa Nueva, en el corregimiento de Jurubidá, quienes abandonaron sus territorios por temor a las disputas entre el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, y el ELN.El organismo advirtió que la comunidad permanecía temporalmente en Jurubirá, sin haber podido completar su traslado hasta la cabecera municipal. Además, señaló que cerca de 300 habitantes de Puerto Indio también estarían evaluando desplazarse por las condiciones de inseguridad.La Defensoría había advertido sobre el agravamiento del riesgo en la zona tras el asesinato de dos personas y el presunto secuestro de una tercera, hechos que precedieron la salida de las familias indígenas de sus territorios.
El Chocó Biogeográfico enfrenta un deterioro en sus ecosistemas que compromete su capacidad para almacenar carbono y regular el ciclo del agua. De acuerdo con datos de Monitoring of the Andean Amazon Project, cerca del 60 % de la vegetación del centro de esta ecorregión se ha deteriorado, una situación que reduce su capacidad para absorber dióxido de carbono (CO₂).Ante este panorama, la compañía Trulab propone movilizar inversión de impacto para financiar proyectos productivos que contribuyan a la conservación de los bosques y generen oportunidades económicas para las comunidades que habitan el territorio.La ecorregión comprende más de 187.400 kilómetros cuadrados y se extiende por Colombia, Panamá y Ecuador. Sus bosques húmedos y manglares participan en la regulación del ciclo del agua, almacenan carbono y albergan especies endémicas.¿Qué actividades amenazan los ecosistemas del Chocó Biogeográfico?Entre las principales presiones sobre este territorio están la deforestación, la minería ilegal, la extracción insostenible de madera y la expansión de la frontera agrícola.Las cifras del Ministerio de Minas señalan que, durante 2025, se identificaron 41.493 hectáreas con evidencia de explotación ilícita de oro de aluvión en tierra en el departamento del Chocó. Estas actividades afectan los bosques y los ríos, además de comprometer los medios de vida de las comunidades que dependen de los recursos naturales.La pérdida de vegetación también tiene efectos sobre la capacidad de la región para absorber CO₂ y participar en la regulación climática.¿Qué medidas proponen para proteger el Chocó?La iniciativa de Trulab busca conectar inversionistas, empresas y organizaciones locales con proyectos de bioeconomía, restauración ecológica y aprovechamiento sostenible. Entre las alternativas planteadas están las cadenas productivas de cacao agroforestal, la extracción de componentes naturales, la pesca artesanal y el turismo de naturaleza.La propuesta contempla identificar iniciativas con viabilidad económica, necesidades de financiación definidas y compromisos ambientales medibles, para que las actividades productivas generen ingresos sin depender de la degradación del territorio.“Conservar el Chocó Biogeográfico requiere recursos de largo plazo y alternativas económicas que permitan a las comunidades generar ingresos sin comprometer los ecosistemas”, afirmó Santiago Gómez, cofundador de Trulab.La compañía también plantea la participación de entidades públicas, organismos de cooperación, empresas privadas e inversionistas. Para dar continuidad a los proyectos, señala que deben establecerse metas ambientales, mecanismos de seguimiento y una distribución clara de los beneficios para las comunidades.
¡Repudiable! Buscan a un hombre señalado de abusar sexualmente de un cerdo en una finca de El Carmen de Atrato, Chocó. La senadora Andrea Padilla pidió dar con el paradero del supuesto agresor del animalUn presunto caso de abuso sexual contra un animal generó indignación en el municipio de El Carmen de Atrato, luego de que las cámaras de seguridad de una finca captaran a un hombre que habría abusado de un cerdo que permanecía encerrado en un corral.El caso tomó mayor relevancia luego de que la senadora animalista de Alianza Verde, Andrea Padilla, difundiera las imágenes a través de su cuenta en la red social X. La congresista solicitó la intervención de las autoridades para esclarecer lo sucedido y dar con el paradero del hombre que aparece en el video.A través de sus redes sociales, la senadora hizo un llamado a la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, y a la Policía Nacional para que se adelanten las acciones necesarias frente a este presunto caso de maltrato animal.Según se ha podido conocer y luego de las denuncias, las autoridades avanzan en la búsqueda del hombre, incluso con labores en las zonas aledañas a El Carmen de Atrato en donde el repudio crece con el paso de los días.Por su parte, hay que recordar que los actos sexuales contra animales pueden generar penas de prisión de cuatro a cinco años y medio, además de multas de hasta 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.De momento, se espera que las investigaciones permitan establecer las circunstancias del hecho e identificar formalmente al presunto responsable de esta lamentable situación ocurrida en el departamento de Chocó.
En una embarcación abandonada en el Litoral de San Juan, Chocó, autoridades hallaron nueve artefactos explosivos y elementos para drones. Según la Armada Nacional, el material estaría destinado a atentados contra la fuerza pública en la zona.En medio de las acciones violentas de las últimas semanas por parte de grupos armados en el departamento de Chocó, las autoridades propinaron un nuevo golpe a las capacidades logísticas y terroristas tras la incautación de material de guerra.Le puede interesar: Ataque con explosivos contra el peaje de Media Canoa, en la vía Cali-BugaSe trata de nueve morteros adaptados para su lanzamiento mediante drones que fueron descubiertos por tropas del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 24 en una embarcación abandonada en la zona conocida como Munguidó del municipio de Litoral de San Juan.Según el coronel Edmar Rodríguez, comandante de esta unidad militar, en el lugar también se encontraban cuatro baterías y dos pares de hélices para drones, un cargador de baterías y una antena Starlink mini con seis cables de conexión."Es importante destacar que este resultado se produce en un contexto reciente de acciones terrorista contra la fuerza pública, lo que reafirma la necesidad de mantener una ofensiva militar permanente y contundente, sostenida para anticipar y neutralizar cualquier tipo de amenaza", aseveró.Todo el material incautado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales, quienes avanzan en las investigaciones para determinar el grupo armado al que pertenecían estos elementos con los que posiblemente se perpetrarían atentados contra la fuerza pública y la población civil.En la zona, la Defensoría del Pueblo ha identificado dos estructuras armadas que disputan el control territorial: el Frente de Guerra Occidental Che Guevara, del ELN, y el Frente Jaime Martínez, perteneciente al Bloque Occidental Jacobo Arenas de las disidencias de las Farc.Según la Alerta Temprana 010 de 2026, la confrontación gira alrededor del dominio de la quebrada Munguidó, un corredor estratégico para las rutas del narcotráfico hacia el Pacífico y para economías ilegales como la minería y la extracción de madera.
En Nuevo Belén de Bajirá, Chocó, murió una niña indígena de 8 años tras un supuesto ataque de un felino. La menor estuvo desaparecida varios días y fue encontrada desmembradaLa comunidad indígena del Bajo Atrato chocoano está de luto luego de que una niña de 8 años fuera encontrada sin vida y con graves lesiones tras estar desaparecida por varios días en jurisdicción de Nuevo Belén de Bajirá en el departamento de Chocó.De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, la integrante de la comunidad Uradá Jiguamiandó fue encontrada sin vida, el cuerpo tenía graves lesiones en la cabeza y uno de sus brazos estaba desmembrado.Aunque la hipótesis principal tiene que ver con el ataque de un felino, la Alcaldía de Nuevo Belén de Bajirá aclaró que no hay testigos ni elementos suficientes para confirmar que se haya tratado de un jaguar u otra especie.De momento, el cuerpo de la menor permanece en la morgue municipal y se adelantan las gestiones para trasladarlo a Medellín, donde Medicina Legal realizará los estudios forenses que permitirán establecer las causas del fallecimiento.Por su parte, la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó -Codechocó- anunció el desplazamiento de un equipo técnico hasta la zona para verificar las circunstancias del caso.“En donde presuntamente hay un ataque de jaguar hacia una menor. Eh en estos momentos nuestro equipo técnico en campo está en articulación con la Alcaldía Municipal y otras instituciones para la verificación de los hechos. Además estamos a la espera de los resultados de Medicina Legal que pueda confirmar qué fue lo que realmente sucedió”, indicó Germán Córdoba, subdirector de Desarrollo Sostenible de Codechocó.Mientras avanzan las investigaciones, Codechocó hizo un llamado a la comunidad para evitar posibles retaliaciones contra la fauna silvestre y reportar cualquier situación de riesgo.
El expresidente Juan Manuel Santos, durante su intervención en el foro “A diez años del Acuerdo de Paz: balance, implementación y perspectivas”, lanzó una fuerte crítica al presidente Abelardo De La Espriella por la manera en que, según dijo, está mostrando los resultados de las operaciones militares en el país.El exmandatario manifestó su preocupación por lo que considera un posible regreso a prácticas del pasado. “Me preocupa y tengo que decirlo aquí delante de ustedes, que diez años después estamos viendo a un presidente pasearse entre cadáveres, mostrándolos con orgullo o firmando bombas como si fueran un regalo. Espero que eso no dé un mensaje para volver al pasado”, afirmó Santos. Las declaraciones se dieron en medio del balance de la implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y las antiguas Farc, que el próximo 24 de noviembre cumplirá diez años. En su intervención, el exmandatario defendió los resultados de su Gobierno en materia de seguridad y aseguró que durante su administración se promovió un cambio en la manera de desarrollar las operaciones militares, con respeto por los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.Santos recordó que cuando llegó al Ministerio de Defensa no se habían producido capturas de integrantes del secretariado de las Farc y sostuvo que durante su gestión se adelantaron operaciones contra sus principales comandantes, pero también se trabajó para conseguir la dejación de armas mediante la negociación de paz.El expresidente insistió en que el cambio de enfoque de las Fuerzas Militares también implicó reconocer la condición humana de los integrantes de la guerrilla, incluso en medio del conflicto armado.En el mismo foro, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Danilo Rojas, explicó cuáles son los plazos que tiene la justicia transicional para avanzar en el esclarecimiento de los crímenes cometidos durante el conflicto armado.El magistrado anunció que en diciembre de 2026 se realizará la última imputación de la Sala de Reconocimiento de Verdad, con la que se completaría la atribución de responsabilidades a los máximos responsables dentro de los 11 macrocasos que investiga la jurisdicción.Según explicó, durante 2027 se espera avanzar en los reconocimientos de responsabilidad de los comparecientes para dar paso a los juicios dialógicos y, posteriormente, a la imposición de sanciones propias, de carácter restaurativo, para quienes reconozcan su responsabilidad.En los casos de quienes no acepten los hechos y las responsabilidades atribuidas, los procesos continuarán por la vía de los juicios adversariales.Rojas agregó que en marzo de 2028 la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP realizará su última imputación para estos procesos y que, a partir del 14 de marzo de ese año, comenzará a correr el plazo constitucional y establecido en el Acuerdo de Paz para culminar los juicios, previsto en cinco años.
Paola Jara y Jessi Uribe conquistaron al público latino en Estados Unidos con un concierto de lleno total en el Ritz Theatre, donde el pasado sábado 7 de noviembre presentaron su espectáculo Despecho a 2 Voces. La presentación, que logró un sold out, reunió a colombianos y latinos en una noche dedicada a la música regional colombiana.El éxito del espectáculo ratifica la conexión de los artistas con el público colombiano en el exterior y el crecimiento de este género musical entre las audiencias latinas de Estados Unidos. A través de sus canciones, Paola y Jessi llevaron al escenario una propuesta que combina el despecho, el romanticismo y los sonidos populares que han marcado sus carreras.El concierto hizo parte de una semana de intensa actividad internacional para la pareja artística, que apenas dos días antes había participado en los Premios HEAT 2026, celebrados en Puerto Vallarta, México. Ambos hicieron parte de la programación musical de esta importante celebración de la música latina, sumando así otra aparición destacada en escenarios internacionales.De esta manera, Paola Jara y Jessi Uribe pasaron de los Premios HEAT a encontrarse con miles de seguidores en el área metropolitana de Nueva York, demostrando el alcance de su música más allá de las fronteras colombianas.El lleno total en el Ritz Theatre representa un nuevo impulso para Despecho a 2 Voces, un espectáculo que consolida su presencia internacional y evidencia cómo la música regional colombiana continúa ganando espacios, conectando generaciones y fortaleciendo su lugar dentro de la industria musical latina.
En Puerto Gaitán, municipio petrolero del Meta, concejales y líderes sociales denunciaron presuntas irregularidades en la compra de un predio de nueve hectáreas, ubicado en zona rural del municipio, que pretende hacer la Alcaldía Municipal, para la construcción de una ciudadela universitaria.De acuerdo a las denuncias, dicho predio en 2025 estaba avaluado en 180 millones de pesos, sin embargo, sin una justificación técnica ni jurídica, ahora la Alcaldía busca comprarlo por más de 12.000 millones de pesos.Por esa razón, presentó al Concejo Municipal un proyecto de acuerdo que busca tener la aprobación de esta corporación para poder adquirir el predio. Pese a las denuncias y las alertas que se han presentado, el proyecto ya fue aprobado en primer debate y será presentado en los próximos días en la plenaria para su discusión.Diana Carolina Pérez, concejal por el Partido Liberal, manifestó su preocupación por esta situación, y denunció que, además del exagerado aumento del valor comercial del predio, Puerto Gaitán no cuenta con un plan básico de ordenamiento territorial, por lo que no existe tampoco un estudio técnico que indique que el uso del suelo de este predio sea para la construcción de una infraestructura educativa.Le puede interesar: Santander, segundo en competitividad de educación superior; con retos para retener talentoLa concejal advirtió, además, que no hay certeza de la demanda que el municipio tiene en materia de educación superior y señaló que actualmente no se cuenta con ofertas de universidades públicas ni privadas y cuestionó que esta obra pueda convertirse en un elefante blanco.“En este momento no tenemos ningún convenio con ninguna universidad que garantice asumir directamente el sostenimiento de una ciudadela. Por ejemplo, aquí tenemos también el SENA, que es una gran infraestructura que nadie sostiene en este momento. No se usa el 100%. Entonces, qué nos garantiza que construir una ciudadela, que es algo tan grande, se le vaya a garantizar el sostenimiento”.A través de un comunicado, Jhon Payares, líder social del municipio, mostró su preocupación y pidió a la Alcaldía explicar cómo se realizó el avalúo, y si existen documentos técnicos que respalden este nuevo valor comercial.“Nos dieron una evidencia de un avalúo que se hizo hace un año y medio en un predio colindante con ese, y fue de 300 millones de pesos, no entendemos de dónde sale para que el predio termine costando 1.400 millones de pesos cada hectárea para la Alcaldía. El descontento es total en el municipio. Se ve raro y huele mal”, dijo a Blu Radio.Por ahora, la ciudadanía espera el segundo debate en el Concejo Municipal, donde se discutirá si se otorga o no el permiso a la Alcaldía Municipal la compra del cuestionado predio.
La sultana del Valle se prepara para vivir la mayor fiesta: la 69ª Feria de Cali, que se celebrará del 25 al 30 de diciembre de 2026 y reúne a los más grandes exponentes de la salsa y la música colombiana para recordarle al mundo por qué la sucursal es epicentro de talento.Los caleños poco a poco se van preparando para este evento y se va conociendo la programación de cara a esta fiesta. Ahora, se confirmó uno de los conciertos que se llevará a cabo que tendrá a referentes como Eddie Santiago, Víctor Manuelle, Luis Enrique, Rey Ruiz y Grupo Niche que se reunirán en el Diamante de Béisbol para protagonizar Cali se viste de salsa el sábado, 26 de diciembre.Más de 15.000 personas disfrutarán de los más grandes exponentes de la salsa en el Diamante de Béisbol de uno de los conciertos más importantes en la ciudad durante la feria. Cinco nombres esenciales de la salsa compartirán una misma noche, en un cartel que reúne el romanticismo, el son y la tradición salsera que han acompañado a distintas generaciones.Sin duda la Feria de Cali es uno de los eventos culturales y turísticos más importantes de Colombia, pues representa la identidad, la tradición y la alegría de la capital del Valle del Cauca. Cada año reúne a miles de visitantes alrededor de la salsa, la música, el baile y las expresiones artísticas de la región.Precios para Cali se viste de salsa 2026Palcos Patrocinador: $9.900.000 (para 10 personas). Precio por persona: $990.000. En etapa 2 sube a $12.100.000.Palcos Alfombra Roja: $8.420.000 (para 10 personas). Precio por persona: $842.000. En etapa 2 sube a $9.900.000.Palcos Diamante: $6.550.000 (para 10 personas). Precio por persona: $655.000. En etapa 2 sube a $7.700.000.Palcos Oro: $4.680.000 (para 10 personas). Precio por persona: $468.000. En etapa 2 sube a $5.500.000.Palcos Plata: $3.740.000 (para 10 personas). Precio por persona: $374.000. En etapa 2 sube a $4.400.000.VIP de pie: $146.000 por persona. En etapa 2 sube a $171.000.Gradería: $146.000 por persona. En etapa 2 sube a $171.000.
La Asociación Colombiana de Gas Natural, Naturgas, celebró la elección de luz Stella Murgas en la ANDI, quien estuvo al frente de ese gremio durante los últimos cinco años. La organización destacó su papel en el fortalecimiento de la industria del gas natural, así como su capacidad de interlocución con las autoridades y distintos actores de la cadena."Luz Stella ha sido una lider determinante para la industria del gas natural. Con rigor técnico, capacidad de diálogo y una profunda convicción sobre el papel de este energético en el desarrollo del país, logró que la voz del sector fuera escuchada en los momentos más decisivos para el abastecimiento. Su gestión deja un gremio más fuerte, más cohesionado y mejor preparado para los retos que vienen", dijo Juan Manuel Rojas, presidente del Consejo Directivo de Naturgas.Finalmente, Naturgas señaló que la elección de Murgas representa “acontecimiento significativo para las mujeres que ejercen posiciones de liderazgo en la industria energética”.Asimismo, le deseó éxitos en esta nueva etapa y reiteró su compromiso de continuar trabajando por la seguridad energética, la competitividad y el desarrollo sostenible de Colombia.Las reacciones tras la elección de Murgas en la ANDIBruce Mac Master, expresidente de la ANDI, felicitó a Luz Stella Murgas por su elección como nueva presidenta del gremio, cargo que él ocupó hasta el pasado primero de octubre.“Mis más sinceras felicitaciones para Luz Stella Murgas, muy buena amiga y gran profesional”, expresó Mac Master, quien además le deseó éxitos en su gestión y aseguró: “Su éxito será el éxito de todos”.Por su parte, Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería y quien también participó como finalista en la elección, agradeció a los integrantes de la junta directiva que respaldaron su candidatura y le deseó éxitos a Murgas.“Participar en el proceso de selección del nuevo presidente de la ANDI, ha sido un verdadero honor. Gracias a los miembros de junta que respaldaron mi nombre”, manifestó Nariño.Además, se refirió a Murgas como una gran amiga y profesional, le deseó éxitos y expresó su disposición de trabajar conjuntamente por el fortalecimiento del sector empresarial y la construcción de acuerdos que contribuyan al desarrollo del país.Entre tanto, Carlos Suárez Rojas también reaccionó a la designación de la nueva presidenta de la ANDI y la felicitó. “Inteligente, Caribe, mujer con una nueva visión de la relación gremio/gobierno”, escribió Suárez, quien agregó que “La independencia no es incompatible con romper lo de SIEMPRE para construir lo que NUNCA se había intentado: un nuevo orden de la mano del ciudadano”.A estas reacciones se sumó Mauricio Gómez Amín, Ministro de Comercio, destacó el hecho de que, por primera vez, una mujer asuma la dirección del gremio empresarial.“Desde el @MincomercioCo reiteramos nuestra disposición de trabajar articuladamente con el sector empresarial para impulsar la inversión, la competitividad, la generación de empleo y el crecimiento de Colombia”, señaló Gómez Amín.
