Las medidas fueron reveladas en Quibdó, luego de una reunión estratégica liderada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, junto a la cúpula militar, autoridades policiales y representantes regionales.Dentro de los anuncios más relevantes se encuentra la creación de “burbujas de inteligencia” interinstitucionales, un mecanismo que busca fortalecer las labores de inteligencia militar y policial para enfrentar con mayor contundencia el delito de la extorsión, uno de los fenómenos que más golpea a comerciantes, transportadores y comunidades del departamento.El ministro confirmó, además, que antes de finalizar mayo llegarán 130 policías adicionales al territorio chocoano. A este grupo se sumarán 120 soldados del Ejército Nacional especializados en operaciones terrestres contra estructuras criminales. Los uniformados serán desplegados en puntos estratégicos, incluyendo la capital departamental y corredores priorizados por las autoridades.Otro de los compromisos adquiridos durante la reunión fue la realización de un encuentro entre mandos de la Séptima y la Quinta División del Ejército Nacional, con el objetivo de diseñar nuevas estrategias de seguridad para proteger la vía que conecta al Eje Cafetero con Chocó, considerada clave para el desarrollo económico y social de ambas regiones.Las autoridades también anunciaron operaciones sostenidas contra el narcotráfico y el microtráfico en municipios como El Cantón de San Pablo y Río Iró, donde las Fuerzas Militares buscarán atacar las fuentes de financiación de los grupos armados ilegales.En materia fluvial, el Gobierno informó que ya entraron en operación ocho botes y dos pelotones de la Infantería de Marina de la Armada Nacional, encargados de fortalecer el control y la presencia institucional en los principales ríos del departamento.En paralelo, se impulsarán inversiones en infraestructura policial. El Departamento de Policía Chocó adelantará gestiones con Fonsecon para intervenir estaciones en municipios como Bajirá y Lloró. Además, el ministro confirmó que ya está disponible el terreno, donado por la SAE, donde se construirá el futuro Distrito de Policía de Quibdó, proyecto que contará con apoyo de la Gobernación y la Alcaldía.Durante el balance de seguridad, las autoridades destacaron una reducción significativa en varios indicadores delictivos. Según las cifras entregadas, Chocó cerró 2025 con la tasa de homicidios más baja de los últimos siete años y, en lo corrido de 2026, este delito presenta una disminución adicional del 22 %.
La habilitación de 36 nuevas camas hospitalarias en el departamento de Chocó llega como una bocanada de aire ante la sobreocupación que afronta el Hospital San Francisco de Asís, en Quibdó, luego de varios días con una alta demanda en el servicio de urgencias que obligó a declarar la alerta hospitalaria.Según la Superintendencia de Salud, las camas fueron gestionadas tras una articulación liderada por la Superintendencia Delegada para Prestadores de Servicios de Salud con otras instituciones médicas del territorio.De ese total, 17 fueron habilitadas por la Clínica Vida IPS S.A.S., entre ellas 7 pediátricas y 10 para adultos, mientras que la ESE Hospital Local Ismael Roldán Valencia dispuso otras 7 camas, distribuidas en 4 pediátricas y 3 para adultos. A estas se sumaron 12 camas pediátricas que habían sido puestas a disposición desde el inicio del plan de contingencia.La medida se adoptó luego de que el San Francisco de Asís reportara niveles de ocupación superiores al 100 % durante la última semana. Aunque inicialmente se habló de una sobreocupación del 340 %, visitas técnicas realizadas por el ente de control los días 6 y 7 de mayo determinaron que el indicador real alcanzó el 138 %, tras evidenciarse que la ESE no había incluido en sus reportes la capacidad instalada temporal habilitada durante la contingencia.Además de la ampliación de camas, las autoridades sanitarias coordinaron acciones para descongestionar el servicio de urgencias. Entre ellas, la remisión de 15 pacientes a otras instituciones, especialmente menores de edad, y la agilización de egresos hospitalarios mediante interconsultas y valoraciones con especialistas en medicina interna, pediatría, ortopedia y cirugía general, lo que permitió concretar 19 altas médicas.Como parte del plan de respuesta, la Supersalud anunció que también fueron trasladados cuatro menores al Centro de Recuperación Nutricional del ICBF para continuar tratamiento especializado por desnutrición, contribuyendo así a liberar capacidad en hospitalización pediátrica.Tras las medidas implementadas, destacaron las autoridades, el nivel de ocupación del hospital descendió progresivamente hasta ubicarse en el 72 %, mientras continúan las acciones de seguimiento por parte de las instituciones de salud para estabilizar la prestación del servicio.
Ante el grave panorama financiero, de infraestructura y la sobreocupación en el hospital Francisco de Asís de Quibdó, en el Chocó, anuncian mesa de concertación con la Supersalud para agilizar pagos por parte de las EPS que le adeudan, como la intervenida Nueva EPS.La situación actual del hospital más importante de segundo nivel del departamento de Chocó sigue siendo grave, casi inhumano, debido no solo a la infraestructura, en donde la edificación reporta daños que no se han podido reparar, además el atraso en el pago de los salarios a los empleados y el no pago a proveedores, todo originado por la falta de pago de las EPS.Por tal motivo, luego de una reunión el superintendente de salud, Daniel Quintero, aseguró que ya se buscan acuerdos: “La superintendencia de salud va a ser una mesa de conciliación entre la nueva EPS y el hospital San Francisco de Asís de modo que esos pagos se agilicen, se prioricen la red y además vamos a hacer gestiones para que eh desde el gobierno nacional se hagan los pesos e inversiones en el hospital”, aseguró el funcionario.La Gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, afirmó que debido a la saturación desbordada, con un 340 % de sobreocupación en el San Francisco de Asís, se hará un esfuerzo presupuestal.“Para el Hospital San Francisco de Asís contar con los pagos y ojalá el respaldo de la nueva EPS, la Gobernación de Chocó va a invertir 1200 millones de pesos en la adecuación del área de urgencia pediátrica”, afirmó la gobernadora Córdoba.Según el Ministerio, actualmente el hospital San Francisco de Asís tiene una ocupación que ronda el 31% en el servicio de hospitalización general, 40% en Unidades de Cuidados Intensivos y 86% en camillas.
La compleja situación en materia de salud que atraviesa el departamento del Chocó con dificultades para la atención en el único hospital con urgencias de segundo nivel, el San Francisco de Asís, podría convertirse en motivo de discordia entre los gobiernos nacional y departamental.Esto, por cuenta de un reciente pronunciamiento del Ministerio de Salud frente a la realidad del centro asistencial, donde no solo reportaron un panorama diferente al entregado por autoridades locales, sino que también señalaron posibles fallas en su administración como el orígen de sus dificultades.Esa cartera del Gobierno desmintió que la situación en el hospital pase por falta de recursos, pues aseguraron que, durante la presidencia de Gustavo Petro han destinado casi 283.000 millones de pesos para la institución y que más bien todo obedece a “fallas en la gestión y gobernanza del territorio”.El Ministerio recordó que tras la intervención del hospital en 2020, finalmente en 2025 fue devuelta su administración al territorio, pero en ocho meses las condiciones que dieron origen a la actuación de las autoridades nacionales “se replicaron exponencialmente”.Sobre este punto la gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, ha explicado que “para desescalonar la medida, se asumieron meses de deuda en los salarios del personal nombrado, asistencial y contratado; y se partió de una facturación inferior a los gastos ordinarios del hospital, cuyo principal fuente de recursos son los Pagos de la Nueva EPS, a la que pertenece casi todo el aseguramiento departamental”, dijo la mandataria en su cuenta de X.También en el extenso pronunciamiento, el Ministerio de Salud indicó que las cifras que actualmente poseen del seguimiento en tiempo real de la capacidad instalada de todos los prestadores en el país, no corresponde a las entregadas por parte de la Gobernación de Chocó con un 340% de sobreocupación en el San Francisco de Asís. La gobernadora advirtió sobre un panorama crítico agravado también por filtraciones de agua en las instalaciones del centro asistencial."Hoy la gente está en los pasillos, los niños están de a tres en una camilla, la gente está literalmente en el piso, y esto todo tiene que ver con el hospital no da más, no da abasto al momento de atender. El personal está colapsado, está fatigado, pero lo más importante, la gente está en condiciones inhumanas", declaró Córdoba.Según el Ministerio, actualmente el hospital San Francisco de Asís tiene una ocupación que ronda el 31% en el servicio de hospitalización general, 40% en Unidades de Cuidados Intensivos y 86% en camillas.“Mientras la Gobernación emite alertas en medios de comunicación y redes sociales sobre lo que sería una sobreocupación, no se reporta oportunamente la situación en los sistemas oficiales del sector, lo que limita la capacidad de respuesta institucional y evidencia desarticulación y desorden en la gestión de la red”, se lee en el pronunciamiento.Finalmente, la entidad junto a la Superintendencia de Salud anunciaron la implementación de un plan de contingencia para atender el panorama y que según explicaron, implica la articulación del hospital de baja complejidad Ismael Roldán Valencia con la red privada a través de la Sociedad Médica Vida .Esto, según el Ministerio permitirá ampliar la capacidad instalada, especialmente en camas pediátricas y procesos de referencia y contrarreferencia de pacientes.
El sacerdote Antún Ramos expuso en entrevista con Mañanas Blu 10:30 su visión sobre las causas estructurales del conflicto en el departamento del Chocó, así como los efectos que ha tenido el proceso de paz firmado en 2016 y los desafíos que persisten en la región. Sus declaraciones se dieron en el marco de la presentación de su libro sobre los hechos ocurridos en Bojayá, un episodio que marcó uno de los momentos más críticos del conflicto colombiano.Ramos señaló que la ubicación geográfica del Chocó ha influido directamente en la dinámica de la confrontación. “El hecho de estar en una posición geoestratégica cerca al Pacífico y de alguna manera también al Atlántico, cerca a Panamá incluso, eso se haya convertido en una situación compleja”, afirmó, al explicar que diferentes actores armados han buscado control territorial en la zona. Según indicó, esta disputa ha tenido como consecuencia que “la población es la que sufre las consecuencias de todas estas confrontaciones”.El sacerdote recordó que la presencia de estos grupos se intensificó desde la década de 1990, particularmente a lo largo del río Atrato, donde comunidades rurales han quedado expuestas a las dinámicas del conflicto. En ese contexto, hizo referencia al impacto que tuvo el acuerdo de paz firmado durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos con la entonces guerrilla de las FARC, proceso reconocido internacionalmente y respaldado por el Premio Nobel de Paz.De acuerdo con Ramos, el cambio tras la firma del acuerdo fue significativo. “La diferencia antes del proceso a después del proceso fue del cielo a la tierra”, aseguró. En su relato, destacó que comunidades desplazadas regresaron a sus territorios, se reactivaron actividades productivas y se restablecieron dinámicas cotidianas. “Los campesinos volvieron a sembrar la tierra, las lanchas volvieron a circular… y sobre todo podíamos dormir tranquilos”, señaló.Sin embargo, también advirtió que la falta de continuidad en la implementación de los acuerdos ha permitido el regreso progresivo de actores armados a la región. “Si quien sucede al presidente hubiese tenido la claridad de que eso es un proyecto de Estado, la situación hoy sería distinta”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que la ausencia de acompañamiento institucional facilitó que grupos retomaran presencia en territorios previamente desocupados.El sacerdote describió además las condiciones actuales en el Chocó, donde, según su testimonio, persisten restricciones derivadas de la presencia de estructuras armadas. Aunque mencionó avances puntuales, como reducciones en indicadores de violencia en algunas zonas, señaló que la población civil continúa expuesta. “Los que sufren las consecuencias de cualquier tipo de confrontación, en gran mayoría somos la población civil”, indicó.En relación con su libro, Ramos explicó que comenzó a escribirlo poco después de los hechos ocurridos en 2002, pero decidió publicarlo años más tarde tras un proceso personal. “Si hubiese escrito el libro en ese momento, hubiese hecho mucho daño”, expresó, al señalar que con el paso del tiempo logró abordar los hechos desde otra perspectiva.El sacerdote también se refirió a la importancia de los actos de reconocimiento por parte de las instituciones. Recordó que comunidades afectadas han solicitado la presencia directa del Estado en procesos de reparación simbólica. “Nosotros hicimos 10 alertas tempranas… y no se atendieron”, afirmó, al insistir en la necesidad de un reconocimiento que involucre a las más altas autoridades.Finalmente, reiteró que la situación del Chocó refleja una realidad más amplia del país, donde el conflicto ha tenido impactos diferenciados según el territorio. Sus declaraciones se suman a las discusiones actuales sobre la implementación de políticas de paz y la necesidad de institucional en regiones históricamente afectadas.
La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, lanzó un llamado contundente tras los recientes ataques del ELN en la estación de Policía de Santa Rita, en Río Iró. En entrevista con Mañanas Blu, de Blu Radio, pidió que cualquier intención de diálogo se traduzca en acciones reales.Durante su intervención en Mañanas Blu, Córdoba fue enfática: “Si hay voluntad de paz, los chocoanos vamos a decir que sí, pero que sea fidedigna y con hechos”. La mandataria insistió en que el cese de la violencia debe reflejarse en el fin de prácticas como el reclutamiento forzado y los ataques armados.Las declaraciones se dan en medio de una escalada violenta marcada por ataques con explosivos y drones. Según explicó, solo en la cabecera municipal de Río Iró se han registrado al menos seis atentados con este tipo de tecnología, lo que ha incrementado el miedo entre la población civil.La gobernadora advirtió que el uso de drones por parte del ELN representa un cambio en las dinámicas del conflicto. “Este tipo de tecnología termina atemorizando a todo mundo”, aseguró, al describir el impacto psicológico que generan estos ataques en comunidades vulnerables.Córdoba también denunció que ha sido objeto de amenazas directas por parte de ese grupo armado ilegal. “Me han sacado en panfletos por denunciar. Tienen sometida a la comunidad con temor”, afirmó, reiterando que no existe justificación para la violencia en el territorio.En contraste, destacó que durante las recientes elecciones no se registraron hechos violentos en el departamento. Sin embargo, subrayó que el cansancio social frente al conflicto es evidente y que la paz sigue siendo una exigencia urgente de la ciudadanía.“Estamos fatigados de tanta guerra”, expresó, al insistir en que los gestos de paz deben ir acompañados de decisiones concretas como el desminado del territorio y el respeto por la democracia en las regiones afectadas.Crisis de salud en ChocóLa mandataria también alertó sobre la crisis humanitaria derivada de los ataques, especialmente en el sistema de salud. La declaratoria de alerta roja hospitalaria evidencia el colapso de los centros médicos en el departamento.“La atención es indigna, con ocupaciones superiores al 300 %, con pacientes en el piso”, denunció. En ese sentido, confirmó que ya solicitó una reunión urgente con las autoridades nacionales para enfrentar la emergencia sanitaria.Finalmente, Córdoba advirtió que el Hospital San Francisco de Asís arrastra problemas estructurales desde hace años. Aunque reconoció algunos avances del Gobierno, insistió en que la respuesta debe ser integral para garantizar condiciones dignas en medio de la crisis.
La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, denunció la crisis y pidió un plan de choque urgente para estabilizar la atención y proteger la vida de los pacientes.“En los últimos días el hospital ha tenido que declarar la alerta roja hospitalaria por una sobreocupación del 340%, con el servicio de urgencias colapsado. El hospital está intervenido por la Superintendencia de Salud. Es necesario un plan de choque urgente que permita estabilizar el servicio y salvaguardar la vida y la dignidad de sus usuarios”, señaló la gobernadora en su cuenta de X.La mandataria advirtió que el hospital, que es el único de segundo nivel en todo el departamento y que está intervenido por el Gobierno nacional, ha tenido que declarar alerta roja hospitalaria en los últimos días.La administración departamental extendió la declaratoria de emergencia sanitaria ante el colapso de la red y, dentro de los límites que impone la intervención, ofreció sumar esfuerzos en las obras necesarias para ampliar la capacidad del centro médico.El hospital está intervenido por la Superintendencia de Salud desde el 28 de noviembre de 2025, tras ocho meses de vigilancia especial (1 de marzo de 2025).La Supersalud confirmó fallas graves en la atención, la gestión administrativa y las condiciones de seguridad para los pacientes. La entidad removió a la gerente y a la junta directiva, y designó a Osiris del Carmen Casas Mena como agente especial interventora.La crisis del San Francisco de Asís tiene un problema estructural, donde la oferta de servicios especializados es limitada. Las deudas de las EPS, la escasez de medicamentos y la dificultad para remitir pacientes a centros de mayor complejidad agravan la congestión. Según un reporte del 10 de agosto de 2025, el hospital ya enfrentaba una sobreocupación cercana al 200%, el doble de su capacidad instalada.
Un nuevo hecho de violencia sacude al departamento del Chocó. La gobernadora Nubia Carolina Córdoba denunció a través de su cuenta de X que la guerrilla del ELN atacó con drones la estación de Policía del corregimiento de Santa Rita, cabecera municipal de Río Iró, dejando al menos dos patrulleros heridos y daños en la infraestructura.De acuerdo con la mandataria, en las últimas horas se han registrado seis ataques con cinco detonaciones, en lo que calificó como una arremetida reiterada contra la fuerza pública, las autoridades locales y la población civil. La funcionaria advirtió que esta modalidad de ataque se ha vuelto frecuente en esa zona del departamento.“Las medidas ordinarias ya no dan abasto frente a esta arremetida criminal”, señaló Córdoba, quien además alertó que la situación está poniendo en riesgo la seguridad y la tranquilidad de las comunidades.La mandataria informó que en este caso, el ataque no solo dejó uniformados heridos, sino que también comprometió la estructura de la estación de Policía en Santa Rita.La denuncia se conoce en medio de un contexto complejo de orden público en el Chocó, donde el ELN mantiene presencia activa y ha intensificado sus acciones en varias subregiones.La gobernadora ya había advertido en marzo sobre el deterioro de la situación de seguridad, especialmente en el Bajo Baudó, tras el anuncio de un constreñimiento armado ilegal por parte del ELN; un paro armado de 72 horas que dejó más de seis mil personas confinadas. Según explicó entonces, estas acciones suelen coincidir con movimientos estratégicos ligados a economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.Según le dijo la gobernadora a Blu Radio en esa ocasión, estos confinamientos buscan restringir la movilidad de la población civil para facilitar operaciones del grupo armado, una práctica que se ha repetido en múltiples ocasiones durante su administración.Frente a los recientes ataques en Río Iró, la gobernadora insistió en la necesidad de tomar medidas más contundentes para frenar la escalada violenta en el departamento. La situación, según indicó, supera la capacidad de respuesta de las acciones ordinarias de seguridad y requiere una intervención más robusta del Estado.
En el marco del aniversario número 24 de la masacre de Bojayá, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Defensa, realizará un acto oficial de reconocimiento de responsabilidad y excusas públicas a las víctimas de esta tragedia ocurrida en el departamento de Chocó.El evento se llevará a cabo este sábado 2 de mayo en Bellavista, cabecera municipal de Bojayá, y será presidido por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. La conmemoración tendrá lugar en un territorio que aún guarda las cicatrices de lo ocurrido el 2 de mayo de 2002, cuando más de un centenar de personas murieron en medio de enfrentamientos entre integrantes de las Farc y las AUC.Sobre la masacreHay que recordar que, en aquel entonces, y en medio del fuego cruzado, la población civil buscó refugio en la iglesia del pueblo que terminó siendo impactada por un cilindro bomba lanzado por la guerrilla, causando una de las peores masacres registradas en el país.Los hechos también afectaron a comunidades cercanas, como las del municipio de Vigía del Fuerte en el departamento de Antioquia, donde la confrontación armada causó temor y el desplazamiento forzado en decenas de familias.Este acto de perdón se enmarca en los compromisos adquiridos por el Estado colombiano en materia de verdad, justicia y reparación, especialmente frente a las víctimas del conflicto armado. Según voceros oficiales, la ceremonia incluirá espacios de memoria, intervenciones de líderes comunitarios y actos simbólicos.
Momentos de temor se vivieron en el municipio de Bagadó, Chocó, cuando un acto público en zona rural en el que participaban autoridades locales por poco termina en tragedia tras el colapso de un puente colgante.Se trata de una infraestructura de 86 metros de longitud ubicada en el corregimiento de San Marino e inaugurada el 2 de marzo de 2025, que cedió justo cuando la alcaldesa, Marinela Palomeque, pretendía cruzarlo junto a varias personas de la comunidad.Videos ciudadanos dieron cuenta de la angustia de los testigos del hecho, también en medio de los esfuerzos que varias personas realizaban para evitar que otras cayeran al río Churina, que cruza el puente.Como consecuencia de la inesperada situación resultaron afectadas ocho personas, seis de ellas fueron dadas de alta en el lugar, mientras que las otras dos fueron remitidas a un centro asistencial en la ciudad de Quibdó para recibir atención médica de mayo complejidad.La Alcaldía de Bagadó lamentó lo sucedido y también indicó que ya iniciaron las investigaciones sobre lo ocurrido requiriendo información al contratista del puente para activar, en caso de ser procedente, todas las garantías a las que haya lugar.De igual manera, la administración señaló que también pusieron en conocimiento de la Fiscalía General lo ocurrido, pues hay información de la comunidad sobre una presunta manipulación en los cables de suspensión del puente."Presenta una corrosión que no es usual. Podemos decir que hay un tipo de manipulación o alguna sustancia. Vamos a hacer las averiguaciones pertinentes. Todo esto va a quedar como en materia de investigación para los procesos administrativos que se dieron", adviritó un funcionario que corroboró la pieza averiada.Tras el colapso del puente las autoridades confirmaron que no hay personas fallecidas o desaparecidas en el afluente de la zona.
A través de un comunicado oficial, Venezuela lamentó los hechos violentos de los últimos días que han dejado víctimas mortales y graves afectaciones para la población civil en el Catatumbo, según indican en el texto,En el documento, difundido por el canciller Yván Gil en su cuenta de la red social X, el país vecino asegura haber sido “sorprendido” por los recientes acontecimientos y rechazó cualquier acción armada que ponga en riesgo la paz, la estabilidad y la seguridad de las comunidades fronterizas.El pronunciamiento se conoce en medio del deterioro de la situación de orden público en el Catatumbo colombiano, después de que el ELN incendiara un bus en la vía Málaga–Pamplona, un ataque que se suma a otros dos casos registrados durante el último mes en corredores viales estratégicos que conectan a los departamentos de Arauca, Santander y Norte de Santander.Hay que recordar que esta es una región estratégica, considerada uno de los principales corredores del narcotráfico y de operaciones de grupos armados ilegales.“El país ha sufrido históricamente las consecuencias del conflicto interno colombiano y observa con preocupación cómo esta nueva escalada vuelve a impactar la vida de los pueblos de ambos lados de la frontera”, señala el comunicado.El Gobierno venezolano insistió además en que la paz y la estabilidad regional solo podrán preservarse mediante “mecanismos de entendimiento y respeto mutuo”, evitando acciones que puedan profundizar las tensiones o aumentar los riesgos para las poblaciones fronterizas.
La investigación por la muerte de una madre y su pequeña hija de tres años tomó un rumbo inesperado luego de que las autoridades determinaran que existen serias inconsistencias en la versión entregada por el esposo de la mujer, quien inicialmente aseguró que todo se trató de un accidente.Las víctimas fueron identificadas como Iria Djanira Roman Costa Talaska, de 36 años, y María Laura Roman Talaska, de apenas tres años. Sus cuerpos fueron encontrados dentro del automóvil de la familia, que terminó sumergido en el río Paraná, en el municipio de Puerto Rico, en el estado de Paraná, en Brasil.Por estos hechos fue detenido Márcio Talaska, de 38 años, esposo de Iria y padre de la menor. La Policía Civil de Paraná lo considera el principal sospechoso, luego de contrastar su testimonio con imágenes de cámaras de seguridad y con los resultados de la reconstrucción del recorrido realizado la noche de la tragedia.De acuerdo con las autoridades, Márcio aseguró en un primer momento que su esposa era quien conducía el vehículo y que habría perdido el control antes de caer al agua. Sin embargo, la evidencia recopilada apunta a que era él quien estaba al volante.Las grabaciones de seguridad muestran que el trayecto hasta la rampa desde donde el automóvil se precipitó al río duró cerca de ocho minutos. Según los investigadores, durante ese recorrido no hubo señales de desorientación ni indicios de que la familia estuviera perdida, lo que debilitó la hipótesis de un accidente fortuito.Los cuerpos de Iria y de la niña fueron localizados por los bomberos en la madrugada del 3 de mayo. El informe forense concluyó que ambas murieron por ahogamiento, lo que indica que seguían con vida en el momento en que el vehículo cayó al río.Otro elemento clave en la investigación es el comportamiento del sospechoso después del hecho. Según la Policía Civil, Márcio logró salir rápidamente del automóvil y tardó alrededor de un minuto y medio en solicitar ayuda.Horas antes, la familia había asistido a una reunión social. Testigos afirmaron que el ambiente entre la pareja era tenso y que Iria eligió una canción relacionada con una traición amorosa, situación que habría provocado incomodidad y pudo desencadenar una discusión.Aunque no existían denuncias previas por violencia intrafamiliar, las autoridades analizan si la muerte de Iria puede ser tipificada como feminicidio, mientras que la de la menor es investigada como homicidio.La defensa de Márcio Talaska indicó que sus familiares se encuentran conmocionados por lo sucedido. Entretanto, la Policía continúa reuniendo pruebas para establecer si la caída del vehículo al río fue un acto intencional y no un accidente, como se creyó en un principio.
Habitantes del sector de Colina Campestre y del barrio Santa Helena, en la localidad de Suba, realizaron un plantón para denunciar el presunto relleno ilegal de un predio con escombros y residuos biológicos, situación que, según la comunidad, estaría generando graves afectaciones ambientales y de salud en la zona.La protesta se llevó a cabo en el Bosque Urbano Santa Helena, el martes 12 de mayo, donde vecinos bloquearon el paso de las volquetas que, según denunciaron, ingresan constantemente al terreno para depositar residuos de construcción y demolición.“Todo el tiempo hay polvo, hay olores horribles, todo el tiempo se puede ver cómo se mueven las casas por el paso de volquetas totalmente llenas de escombros”, denunció Laura una de las habitantes del sector.La comunidad afirmó que el terreno lleva cerca de un año siendo intervenido y que inicialmente las personas encargadas de las obras aseguraron que únicamente realizarían labores de limpieza y retiro de maleza. Sin embargo, los residentes denuncian que posteriormente excavaron varios metros de profundidad y comenzaron a rellenar el lugar con basura y escombros.Según los vecinos, al sitio ingresarían incluso hasta dos volquetas por minuto durante gran parte del día. Además, denunciaron presuntas agresiones por parte de trabajadores y contratistas cuando intentan impedir el paso de los vehículos.“Agredieron a una señora de la tercera edad que intentó bloquear el paso de las volquetas y también golpearon a un vecino”, agregó Laura.Ante las denuncias, el alcalde local de Suba, César Salamanca, aseguró que la actividad no cuenta con licencia y anunció medidas contra quienes estarían realizando el relleno del predio.“El lote es privado, pero lo están rellenando sin licencia. La curaduría nos confirmó que no existe permiso para esta actividad”, señaló el mandatario local.Salamanca explicó que actualmente existen 10 expedientes abiertos por este caso y anunció que la Alcaldía Local adelanta el proceso para realizar el sellamiento definitivo de la actividad.Además, indicó que también se revisará la situación de los permisos de movilidad para las volquetas y el impacto que estas han generado sobre las vías del sector.“Esperamos que la comunidad pueda ver la restauración de las vías afectadas y que todo quede como estaba antes de que comenzara esta actividad”, agregó.Salamanca también aseguró que, aunque los responsables del predio argumentaban tener permisos ambientales, la Secretaría de Ambiente habría aclarado que únicamente se emitió un PIN informativo, documento que no autoriza el ingreso, ni disposición de residuos de construcción y demolición en el lugar.
A pocas semanas del cierre de la legislatura, organizaciones feministas, defensoras de derechos humanos y lideresas indígenas encendieron las alarmas por el riesgo de que se hunda el proyecto de ley que busca prevenir, atender y erradicar la mutilación genital femenina (MGF) en Colombia.La iniciativa ya superó tres debates en el Congreso y solo le falta una última discusión en la plenaria del Senado. Sin embargo, la congestión legislativa y la prioridad que han tomado otros proyectos, como el de jurisdicción agraria, tienen en vilo su aprobación antes del 20 de junio, fecha en la que termina el actual periodo legislativo.Ante este panorama, catorce organizaciones enviaron una carta urgente a la Mesa Directiva del Senado solicitando que el proyecto sea priorizado en el orden del día de la plenaria de niñez para evitar que se archive por falta de trámite.En la carta, las organizaciones advirtieron que “nos queda poco tiempo” y señalaron que la protección de niñas y adolescentes no puede seguir aplazándose. También recordaron que la mutilación genital femenina constituye una grave violación de derechos humanos y una forma de violencia basada en género que deja consecuencias físicas y psicológicas permanentes.El proyecto de ley busca llenar el vacío jurídico que existe actualmente en Colombia frente a esta práctica, reconocida oficialmente por el Estado desde hace casi 20 años. De acuerdo con cifras citadas por las organizaciones, entre 2020 y 2025 se documentaron al menos 204 casos, de los cuales 177 corresponden a niñas indígenas, especialmente en departamentos como Risaralda y Chocó.Especialistas y defensoras de derechos humanos aseguran que las cifras podrían ser mucho más altas debido al subregistro, especialmente en territorios apartados y comunidades donde la práctica persiste por razones culturales y tradicionales.La iniciativa legislativa propone una política pública integral basada en prevención, atención y producción de información. Entre las medidas contempladas están estrategias pedagógicas en las comunidades, fortalecimiento de los sistemas de registro y creación de rutas claras de atención en salud para niñas y mujeres en riesgo.Uno de los puntos que destacan las organizaciones es que el proyecto tiene un enfoque no punitivo e intercultural, construido con participación y liderazgo de mujeres indígenas. El objetivo, aseguran, es promover el diálogo comunitario y proteger a las niñas sin estigmatizar a los pueblos indígenas ni afrodescendientes.El pasado 7 de abril, la Comisión Primera del Senado aprobó por unanimidad la iniciativa, liderada por la senadora Clara López Obregón. Durante ese debate se reveló que el 56 % de las víctimas registradas son niñas entre los 0 y 5 años de edad y que también se han identificado casos en población afrodescendiente.Las organizaciones firmantes, entre ellas Equality Now, Profamilia, Fundación Plan, la Red Nacional de Mujeres y la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, insistieron en que la aprobación de esta ley representaría un hecho histórico para la región, pues podría convertirse en la primera legislación específica contra la mutilación genital femenina en América Latina.Además, recordaron que en noviembre de 2025 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó por primera vez una audiencia pública temática sobre esta práctica en las Américas y pidió a los Estados adoptar marcos normativos sólidos para enfrentarla.“El Senado tiene hoy la oportunidad histórica de convertir el reconocimiento del problema en una respuesta legal efectiva”, señalaron las organizaciones en la carta enviada al Congreso.Si el proyecto no alcanza a ser debatido y aprobado antes del cierre de la legislatura, deberá iniciar nuevamente todo su trámite desde cero en el próximo periodo legislativo.
En un operativo adelantado en el municipio de Buriticá, Occidente de Antioquia, la Policía Nacional capturó a seis personas señaladas por el porte ilegal de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas, en medio de una redada contra la minería ilegal.Durante el procedimiento fueron incautados un arma de fuego tipo revólver, 26 cartuchos, 21 kilogramos de explosivos, 200 detonadores, 20 metros de cordón detonante y un cilindro de gas acondicionado con explosivo que, según las autoridades, representaba un grave riesgo para la población y podría ser utilizado para acciones criminales y terroristas. "Esta actividad operacional se da en el marco del amparo y la protección a un título minero que está siendo presuntamente perturbado por personas que se dedican a la minería ilegal en nuestro país", indicó el brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, director de Carabineros y Protección Ambiental.El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, destacó que este resultado evidencia la capacidad operativa y violenta de estas estructuras ilegales, así como la importancia de anticiparse a las amenazas para proteger a las comunidades y la infraestructura del territorio.“Mi reconocimiento a nuestros policías y militares que, con valentía y compromiso, continúan protegiendo a Colombia”, expresó.Golpe a la minería ilegal en CaracolíEn otro operativo realizado en Caracolí, en la subregión del Magdalena Medio, uniformados de la Policía lograron inhabilitar un yacimiento minero ilegal y destruyeron maquinaria utilizada para la extracción ilícita de minerales, afectando de manera directa las capacidades logísticas de estas redes ilegales.Durante la operación fueron destruidas cuatro dragas tipo buzo, una retroexcavadora, ocho motobombas y tres motores generadores de aire, equipos cuyo valor aproximado asciende a 420 millones de pesos.De acuerdo con el ministro Sánchez esta acción impacta las finanzas de quienes buscan enriquecerse mediante actividades ilícitas que destruyen los recursos naturales y afectan la seguridad de las comunidades.“La minería ilegal no solo financia el crimen; también deja graves daños ambientales y sociales. Seguiremos actuando con contundencia para proteger el territorio y defender la legalidad”, afirmó, al tiempo que reiteró su reconocimiento a policías y militares por sostener esta ofensiva.