La directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, Catalina Ortiz, afirmó que uno de los grandes retos que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz es lograr que los desmovilizados de las Farc reconozcan sus delitos relacionados a la violencia sexual.
“No sé del todo por qué, pero atenta tanto contra el honor y la mayoría de los casos son hombres, de honor masculino, es muy difícil y por eso justamente que es al final de investigación y acusación de la Justicia Especial para la Paz que tenga un equipo técnico especial sobre violencia sexual”, expresó.
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Agregó que “solo pensar en el reconocimiento o fincar las esperanzas que se haga justicia sobre eso en el reconocimiento voluntario de responsabilidad pues es una…, ya perdimos eso no es suficiente”.
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La funcionaria indicó que se tienen casos recaudados tras la desmovilización de grupos paramilitares de Justicia y Paz donde se evidenció la dificultad de que los excombatientes digan que si están involucrados o participaron en crímenes de abuso sexual contra mujeres y menores de edad.
“En violencia sexual contamos con la experiencia de Justicia y Paz donde hemos visto que un excombatiente reconozca violencia sexual es muy difícil. La gente reconoce todo, desaparición forzada, ejecuciones, torturas, practicas realmente brutales, las masacres”, señaló.
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Aseguró que “tendrá que haber una acción importante de esa unidad técnica del equipo de investigación y acusación para violencia sexual” y que será uno de los temas más importantes para esclarecer.
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"La jurisdicción penal para la paz es un hito histórico porque se pensaba que solo era un supuesto teórico pero no viable en la práctica y Colombia ha demostrado que sí es posible en la práctica y esto hace que Colombia se haya ganado un lugar especial a nivel internacional al momento de hablar de justicia transicional".
La directora de Justicia Transicional, Catalina Díaz dio estas impresiones durante una capacitación de funcionarios en la Fiscalía General de la Nación en las generalidades de los acuerdos a los cuales ha llegado el Gobierno Nacional y las Farc en La Habana. Y en particular lo relacionado con los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
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