En el más reciente informe trimestral del secretario general de Naciones Unidas sobre la Misión de Verificación en Colombia, que abarca el periodo comprendido entre el 27 de diciembre de 2025 y el 26 de marzo de 2026, y que será presentado ante el Consejo de Seguridad en Nueva York el próximo 21 de abril, António Guterres advirtió sobre los riesgos que enfrenta el país de cara a las elecciones presidenciales, en medio de un contexto de persistencia del conflicto armado y avances desiguales en la implementación del Acuerdo de Paz.
En sus observaciones, el jefe de la ONU reconoció que las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo se desarrollaron “en gran medida de forma pacífica”, pero dejó claro que el panorama sigue siendo preocupante. “Sigo preocupado por los incidentes de violencia que se produjeron durante la campaña y por la influencia que los grupos armados siguen ejerciendo en las zonas afectadas por el conflicto”.
Además, advirtió que, de cara a las presidenciales, “sigue siendo esencial garantizar la seguridad de los candidatos y los votantes” y llamó a promover “un entorno de campaña libre de violencia y estigmatización”.
“A medida que se acercan las elecciones presidenciales, sigue siendo esencial garantizar la seguridad de los candidatos y los votantes. Es imperativo que las autoridades adopten todas las medidas necesarias para garantizar el desarrollo ordenado del proceso electoral. Insto a todas las partes implicadas a que contribuyan a crear un entorno de campaña libre de violencia y estigmatización, y acojo con satisfacción la iniciativa liderada por la Defensoría del Pueblo en este sentido”.
Elecciones en calma, pero con alertas en territorios
El informe señala que más de 41 millones de colombianos estaban habilitados para votar en las elecciones legislativas, con una participación superior al 50 %, lo que representa un leve aumento frente a 2022.
Aunque la jornada transcurrió sin mayores alteraciones del orden público, con solo dos puestos de votación trasladados por motivos de seguridad, el contexto previo estuvo marcado por altos riesgos en al menos 185 municipios, especialmente en zonas rurales con presencia de grupos armados.
“Las elecciones legislativas se desarrollaron en gran medida de forma pacífica, sin que se produjeran graves alteraciones del orden público. Solo 2 de los 13.746 puestos de votación fueron trasladados de forma preventiva por motivos de seguridad. Según el Gobierno, se desplegaron unos 246.000 miembros de la Fuerza Pública para garantizar la seguridad física el día de las elecciones en todo el territorio nacional”.
Entre los hechos más graves se registraron ataques contra esquemas de seguridad, la desaparición de un candidato, la retención de lideresas indígenas y el asesinato de soldados en operativos relacionados con la logística electoral.
Publicidad
“Se produjeron incidentes significativos que afectaron a varios candidatos y congresistas: un ataque mortal contra el equipo de seguridad de un senador en el departamento de Arauca, la desaparición de un candidato al Senado en el departamento del Cesar, la retención durante varias horas de una senadora indígena por un grupo armado en el departamento del Cauca, y un incidente similar en el mismo departamento contra una candidata indígena a las circunscripciones transitorias especiales de paz. Además, tres soldados fueron asesinados durante un ataque perpetrado cuando prestaban servicios de seguridad para la instalación de un puesto de votación en el departamento del Caquetá”.
Además, el informe señala que estas fueron las primeras elecciones en las que el partido Comunes participó sin la garantía de los 10 escaños asignados tras el Acuerdo de Paz, sin lograr representación en el Congreso ni alcanzar el umbral necesario para mantener su personería jurídica.
Recrudecimiento del conflicto y crisis humanitaria
El informe advierte que el conflicto armado sigue impactando gravemente al país. Tras los ceses al fuego de fin de año, los enfrentamientos entre grupos armados se reactivaron desde enero, incluyendo el uso de drones y su expansión a nuevas regiones.
También señaló que la situación humanitaria continúa deteriorándose, ya que más de 8.400 personas fueron desplazadas y cerca de 23.000 permanecieron confinadas en distintas zonas del país en solo tres meses. Además, se reportaron asesinatos de líderes sociales, masacres y hechos de alto impacto como el hallazgo de 26 cuerpos, incluidos niños indígenas, en el departamento del Guaviare.
Publicidad
“Siguió habiendo enfrentamientos armados en zonas históricamente afectadas por el conflicto, como Antioquia, Arauca, Bolívar, el Caquetá, el Cauca, el Cesar, Guaviare, La Guajira y Norte de Santander. La violencia entre grupos armados se intensificó en enero, cuando se encontraron 26 cuerpos, incluidos los de 4 niños indígenas del pueblo nasa, al borde de una carretera en una zona de conflicto entre el EMBF y el EMC FARC-EP en el departamento de Guaviare. El caso está siendo investigado”.
Según el informe, estos hechos reflejan que la presencia de grupos armados ilegales y sus disputas territoriales siguen siendo el principal factor de afectación a la población civil, además de las economías ilícitas, como el narcotráfico y la minería ilegal, que continúan siendo el principal motor de la violencia.
Paz total: avances limitados y diálogos sin consolidarse
En cuanto a la política de negociación con grupos armados, el balance es mixto. La ONU señala que los diálogos con el ELN no muestran señales de reactivación, mientras que otros procesos, como el de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, han logrado avances puntuales en temas como la erradicación voluntaria de cultivos y la concentración de combatientes.
Tierras, reincorporación y deudas estructurales
En la implementación del Acuerdo de Paz, el informe reconoce avances en la entrega de tierras, con más de 323.000 hectáreas adjudicadas, pero alerta por problemas de seguridad para los beneficiarios y retrasos en la puesta en marcha de la Jurisdicción Agraria.
En cuanto a la reincorporación, señala que más de 11.000 excombatientes continúan en el proceso, aunque enfrentan dificultades en acceso a vivienda, empleo y sostenibilidad económica.
Adicionalmente, subraya que la situación de seguridad sigue siendo crítica. Desde la firma del Acuerdo, 491 excombatientes han sido asesinados.
El informe advierte que continúan los asesinatos, amenazas y desplazamientos forzados contra excombatientes, líderes sociales y comunidades, en medio de enfrentamientos entre grupos armados ilegales.
También señala que, entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, se registraron más de 8.400 personas desplazadas y más de 23.000 confinadas, así como denuncias de homicidios de defensores de derechos humanos y masacres en distintas regiones del país.
Un momento decisivo para el futuro del país
En sus conclusiones, Guterres subraya que Colombia “se encuentra en una coyuntura política importante” y que el actual ciclo electoral será determinante para consolidar los avances en paz.
Publicidad
“Colombia sigue siendo hoy un país más pacífico en general que durante los años más críticos previos a la firma del Acuerdo Final de Paz. No obstante, la seguridad se ha deteriorado considerablemente en determinadas zonas, tras las mejoras registradas durante los primeros años de implementación. El Acuerdo ofrece un marco integral para abordar muchos de estos retos persistentes y constituye un componente clave de una estrategia general de seguridad. Sus disposiciones se centran en la prevención, la protección y el desmantelamiento de los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales, así como en abordar el problema de las drogas ilícitas”.
El secretario general insiste en que es necesario fortalecer la implementación del Acuerdo, especialmente en las zonas más afectadas por el conflicto, donde persisten los mayores niveles de violencia.
“Es precisamente en las zonas donde el Acuerdo no se ha implementado de manera suficiente donde persisten hoy muchos de los problemas más graves”, advierte el informe.
Publicidad
El mensaje final es que garantizar elecciones seguras, avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz y proteger a las comunidades serán claves para evitar un retroceso en la estabilidad del país en esta nueva etapa política.
“Aliento firmemente al Gobierno a que trabaje para lograr la implementación rápida y plena de dichas medidas e insto a las instituciones estatales competentes a que garanticen la protección de las comunidades. Reconozco asimismo que el diálogo, llevado a cabo en paralelo y conjuntamente con dicha estrategia de seguridad, también puede contribuir a la reducción de la violencia. Hago un llamado a todos los grupos armados para que actúen de buena fe en aras de la paz y cesen de inmediato todas las acciones que causan daño y sufrimiento a la población civil. Deben poner fin al reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, así como a la violencia contra las lideresas, los excombatientes y los miembros de las comunidades étnicas”.
Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.