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El incremento del impuesto predial en diferentes regiones de Colombia ha generado protestas de ciudadanos, especialmente en zonas rurales donde algunos propietarios aseguran que los valores de sus recibos se han multiplicado hasta siete u ocho veces. Frente a estas denuncias, el director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Gustavo Adolfo Marulanda, explicó que existe una diferencia clave entre el avalúo catastral y el impuesto predial, y aseguró que los municipios tienen la responsabilidad final sobre el monto que pagan los contribuyentes.
Durante la conversación con Néstor Morales en Mañanas Blu, Marulanda explicó que el país arrastra un rezago histórico en la actualización de los valores catastrales, lo que ha generado distorsiones entre el valor real de los predios y el registrado en las bases oficiales.
“Tenemos municipios con más de 30 años sin actualización catastral. Había predios cuya relación entre el avalúo catastral y el comercial era apenas del 3 o 4%”, explicó Marulanda.Según el funcionario, la política actual busca reducir ese rezago para acercar el valor catastral al valor comercial, aunque aclaró que la ley establece límites para evitar que el impacto en el impuesto predial sea excesivo.
Uno de los puntos centrales de la explicación del IGAC es que el incremento del avalúo catastral no significa automáticamente un aumento equivalente en el impuesto predial. De acuerdo con la normativa vigente, existen topes que protegen a los contribuyentes.
Marulanda detalló que para la mayoría de los predios —especialmente los de menos de 100 hectáreas— el impuesto predial no puede aumentar más del 50% frente a lo pagado el año anterior. En el caso de predios de mayor tamaño, el aumento no puede superar el doble del valor previamente pagado.
“Si una persona pagó 300.000 pesos el año pasado por un predio menor de 100 hectáreas, lo máximo que podría pagar este año son 450.000 pesos. No puede pagar un peso más”, afirmó el director del IGAC.El funcionario insistió en que la determinación de la tarifa del impuesto predial corresponde a las administraciones municipales, que son las encargadas de calcular el cobro final, aplicar descuentos y establecer las condiciones de pago.
Las quejas ciudadanas han sido particularmente visibles en municipios como Lebrija (Santander) o en zonas cercanas a La Calera, donde habitantes han denunciado aumentos desproporcionados en sus facturas del predial.
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Ante estas denuncias, Marulanda aseguró que el IGAC revisará los casos y se comunicará con las autoridades locales para verificar cómo se está realizando la liquidación del impuesto.
“Puede ser verdad lo que dicen los ciudadanos. Tenemos que hablar con la administración municipal para verificar cómo están calculando y cobrando el impuesto predial”, señaló. De acuerdo con el funcionario, si se comprueba que los cobros superan los límites legales, los municipios deberán ajustar las liquidaciones para cumplir con la normativa vigente.
El director del IGAC también reconoció que en ciertos casos se han detectado inconsistencias en los avalúos catastrales, lo que ha llevado a revisar algunos valores. Estas correcciones se aplicarán mediante resoluciones específicas en municipios donde se identifiquen errores.
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Un ejemplo mencionado es el de zonas con restricciones ambientales o de riesgo, como rondas de río que no estaban correctamente registradas en los planes de ordenamiento territorial. En estos casos, el valor del predio puede ajustarse porque el uso del suelo está limitado.
“Cuando encontramos que hay zonas de riesgo o restricciones que no estaban registradas, el valor del predio no puede ser el mismo. Allí ajustamos el avalúo”, explicó Marulanda. Según el IGAC, las revisiones detectadas hasta ahora abarcan alrededor de 600 predios dentro de un universo de cerca de dos millones evaluados en los procesos recientes de actualización.
La actualización catastral se basa en criterios establecidos por la legislación colombiana, que consideran factores como la vocación productiva del suelo, su capacidad agrícola o ganadera y las condiciones físicas del terreno. Marulanda explicó que el IGAC ha desarrollado estudios durante varios años para identificar las características productivas de las diferentes zonas del país. Estos análisis permiten diferenciar el valor de los terrenos según su uso potencial y condiciones geográficas.
“No es lo mismo un suelo altamente productivo en la sabana de Bogotá que uno en zonas montañosas o en la Amazonía. Cada región tiene características diferentes”, afirmó el director. Estos estudios, agregó, también sirven como base para políticas públicas relacionadas con la reforma agraria y la planificación del uso del suelo.
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