El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, habló en Mañanas BLU sobre varios temas de actualidad relacionados con la seguridad de colombianos. El funcionario se refirió a las acciones de las autoridades contra alias 'Otoniel', fumigación de cultivos ilícitos, el nuevo protocolo del Gobierno para las protestas pacíficas y el papel de la fuerza pública, así como los rumores que aseguran que saldría del cargo para aspirar a la Presidencia. De acuerdo con el ministro, avanzan las investigaciones por las muertes de ciudadanos en la noche del 9 de septiembre de 2020 durante las protestas por el asesinato del abogado Javier Ordóñez. "Todas las investigaciones van avanzando, hay determinaciones que han tomado ya las autoridades competentes. Lo que se hace desde un principio es poner en marcha los procedimiento internos y apoyar en lo que corresponda a las autoridades competentes", dijo. Sobre alias 'Otoniel', el funcionario aseguró que es un objetivo prioritario y con todos los medios al alcance se está a la ofensiva. "Está prevista una acción muy intensa (contra 'Otoniel'), no solamente con lo que tiene que ver con ese criminal, sino con todos los grupos armados organizados, el ELN, los grupos de exintegrantes de las Farc. Esos son algunos de los objetivos prioritarios 2021", aseguró. Según Carlos Holmes Trujillo, las capturas de 2020 contra el Clan del Golfo mostraron la efectividad de la estrategia contra la organización ilegal. De acuerdo con el ministro, se presentará próximamente, ante el Consejo Nacional de Estupefacientes, la solicitud para el reinicio de fumigaciones aéreas contra cultivos ilícitos. "Tenemos la fundada esperanza de que este 2021 se retome la aspersión", indicó. En cuanto al nuevo protocolo del Gobierno para las protestas pacíficas y el papel de la fuerza pública, Carlos Holmes Trujillo habló del refuerzo de pedagogía para que los derechos sean protegidos y los ciudadanos conozcan sus deberes. "El Esmad surgió para evitar que los policías en servicio ordinario tuvieran que acudir al uso de las armas en casos de manifestaciones o en casos de protestas", aseguró. "El uso de las armas menos letales está contemplado en las normas internacionales, que han sido recogidas en la legislación interna y permanentemente hay un proceso de entrenamiento, reentrenamiento y capacitación", agregó. "Solamente las autoridades competentes pueden juzgar y tipificar la conducta de un miembro de la Policía, de un agente del Esmad", complementó. Sobre los rumores sobre su próxima salida del Ministerio de Defensa para aspirar a la Presidencia, Carlos Holmes evitó pronunciarse y aseguró que de momento está volcado a las funciones del cargo. Escuche al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en Mañanas BLU:
El protocolo, designado "Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana", se expidió en respuesta a la orden de la Corte Suprema de Justicia de adoptar acciones para garantizar las manifestaciones pacíficas en el país.En el documento, de 38 páginas, se resalta como medida primordial, que las autoridades están obligadas en dialogar y buscar siempre mediación en el desarrollo de las manifestaciones que se generen.Advierte que los responsables ante cualquier orden serán: “El gobernador y el alcalde son las primeras autoridades de Policía en el departamento y el municipio respectivamente, la Policía cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que estas le impartan por conducto del respectivo”. La normatividad, además, plantea la conformación de una Mesa Nacional de Evaluación de las Garantías para las manifestaciones públicas. Dicha instancia sesionará al menos una vez al año y de manera extraordinaria cuando se considere necesario.El uso de la fuerza, según el decreto, será la última opción que tendrán las autoridades, así mismo “La Policía solo podrá hacer uso de las armas, dispositivos y elementos menos letales, entregados como dotación por parte de la institución”. Las armas de fuego están prohibidas.En caso de presentarse alteraciones y que se llegue a este último recurso, “el medio elegido por parte de la autoridad de policía para su aplicación debe ser el que menos lesione e interfiera en la efectividad de los derechos fundamentales de todas las personas.”El Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, será la última opción para controlar los actos de violencia que cometan personas. En caso de intervenir, deberán presentar un informe de su actuar durante los hechos descriptivo y con detalles de sus actos.Conozca la normatividad:
La Fiscalía citó a audiencia de imputación de cargos por homicidio a tres policías, dentro de las investigaciones por la muerte de cuatro personas durante los disturbios registrados el 9 de septiembre de 2020, en las protestas por el homicidio del estudiante de Derecho Javier Ordóñez. De acuerdo con el ente investigador, los uniformados estarían relacionados con los asesinatos de un menor de 17 años y un joven de 23, en inmediaciones del CAI de Verbenal. Las otras dos víctimas son una mujer de 27 años y un hombre de 29 que recibieron impactos de arma de fuego en los barrios Aures y Rincón, en la misma localidad La audiencia de imputación de cargos se programó para el próximo 18 de enero. En octubre de 202o, la Alcaldía de Bogotá entregó material fílmico que busca aportar a las investigaciones por exceso de fuerza durante el 9 y 10 de septiembre donde hubo muertos y heridos de bala.Las imágenes fueron captadas en barrios como el Rincón, Verbenal, la Gaitana y Aures II (Suba), Arborizadora Alta (Ciudad Bolívar), Galán (Puente Aranda), Villa Luz (Engativá), La Soledad (Teusaquillo) y en las localidades de Usaquén y Fontibón.
Lejos de sus familias y en una protesta pacífica que completa 42 días, así recibirán el 2021 los cuatro exagentes de tránsito que siguen acampando en la entrada principal de la Alcaldía de Medellín. Los exservidores públicos se unieron para reclamar la recuperación de sus puestos de trabajo, luego que sus contratos no fueran renovados con el cambio de administración en la ciudad.Desde La Alpujarra, los guardas pidieron ayuda económica, en especie, o en alimentación para pasar el Año Nuevo, pues recordaron que se aproxima un toque de queda desde las 8:00 de la noche de este 31 de diciembre, hasta las 6:00 de la mañana del domingo 3 de enero, por lo que estarán solos en el centro administrativo.Los manifestantes, que también pasaron la noche de velitas y de Navidad en la portería de la Alcaldía, aseguraron que seguirán a la espera de un encuentro con el alcalde Daniel Quintero para avanzar en una solución a sus necesidades laborales.“Estamos escaseando de alimentos y pasaremos Año Nuevo en este lugar, con el agravante del toque de queda durante tres días. Agradecemos cualquier donación monetaria a la cuenta de ahorros Bancolombia 31152100101 o Nequi al número 3114080911. Las donaciones en especie nos las pueden hacer llegar a la entrada de la Alpujarra", manifestaron desde la denominada 'Huelga Azul'.
Desde la madrugada de este domingo, las comunidades negras pertenecientes al Consejo Comunitario de Pedeguita Mancilla en Riosucio, comenzaron un paro con fecha indefinida donde cerraron la vía que conecta a la cabecera municipal con el corregimiento de Belén de Bajirá y el Urabá antioqueño.La razón de paralizar la movilidad se debe al mal estado de las vías terciarias, por ello exigen a la Alcaldía de Riosucio y a la Gobernación de Chocó la intervención de las mismas.Ante la situación el alcalde de Riosucio, Conrad Valoyes Mendoza, manifestó que ya se ha invertido en estos proyectos de movilidad y que próximamente se continuará con las demás vías.Otra de las solicitudes de la comunidad es la reapertura del centro de salud de Belén de Bajirá que se encuentra fuera de servicio y sin médicos desde hace 1 mes y medio.Por ahora las autoridades municipales de Riosucio harán presencia en la zona para reunirse con la población y llegar a un acuerdo.
Alrededor de 300 trabajadores de establecimientos nocturnos de Cali realizaron un plantón al frente del Centro Administrativo Municipal, CAM, pidiéndole al alcalde Jorge Iván Ospina que se siente con ellos para mirar cómo se puede salvar económicamente este sector.Dicen que han sido bastante afectados por las medidas con las que se busca frenar los contagios de COVID-19 en la ciudad.Además, indican que perdieron la esperanza de salvar algo del año en esta temporada decembrina con la declaratoria de alerta roja.Entre tanto Carlos Paz, gerente de la Carpa La 50, indicó que así como no están recibiendo ingresos por las restricciones debería eximirlos de obligaciones económicas como servicios públicos e impuestos.De los 1.500 establecimientos nocturnos de Cali que estaban activos antes de la pandemia en este momento, solo están funcionando 400, además, de más de 53.000 empleos que generaba este a la fecha solo 11.000 están activos.
El Gobierno nacional a través de la Policía de Tránsito y Transporte compró cuatro vehículos blindados tipo Kronos 4X4 Roads, con un costo aproximado de 2 millones de dólares, las cuales operarán en zonas del país con mayores dificultades de alteraciones de orden público, como la vía Panamericana.El director de la Policía de Tránsito y Transporte, general Carlos Rodriguez, le contó a BLU Radio que en total serán seis los vehículos que se tendrán en el país. “Son fundamentalmente para el acompañamiento a toda la caravana logística, especialmente en los departamento de Arauca, Norte de Santander, Cauca y se tiene previsto para el sector del César", dijo el oficial. Con los vehículos se busca proteger la vida de los uniformados y apoyar a los ciudadanos, afirmó el general Rodríguez. “Los vehículos llevan una pala que permiten retirar obstáculos de las vías. Es un blindaje que garantiza la seguridad de nuestros uniformados y permite el traslado de cerca de 15 personas dentro del vehículo en condiciones confortables y seguras", indicó el director de la Policía de Tránsito. Las autoridades tienen registro, en cuanto a uniformados de la Policía de Tránsito, de 6 muertes de 2018 a 2020 y ocho heridos durante protestas. “Tenemos incidencias y lo podemos observar, las afectaciones especialmente de orden público en Arauca, Norte de Santander, Cauca y César. Desafortunadamente es en donde más han fallecido por causa de armas de fuego uniformados de la dirección de tránsito", declaró el oficial.
Centenares de habitantes del municipio de Puerto Wilches, Santander, realizaron una marcha carnaval para decirle no a los proyectos pilotos de investigación integral, o de fracking, que Ecopetrol realizará en el denominado proyecto Kalé.Según lo explicó Ecopetrol en el concejo municipal de Puerto Wilches, el piloto se realizaría en el predio conocido como La Belleza, en una plataforma de 5 hectáreas y contaría con una inversión de 110 millones de dólares.Entre otras cosas, el colectivo Alianza Libre de en Colombia y el Comité AguaWil, han venido explicando que la realización de este tipo de proyectos en la región puede ocasionar problemas graves al medio ambiente y a las fuentes de agua de la zona.Ecopetrol explicó que en enero iniciará el estudio de impacto ambiental y llegará a la zona rural del municipio para instalar equipos y hacer encuestas a los habitantes sobre la calidad del agua antes y después de los proyectos pilotos de fracking en Santander.
Yesid González, profesor y directivo del Sindicato ADE (Asociación Distrital de Educadores), rechazó en Mañanas BLU 10:30 la divulgación en Twitter del presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, que mostró la imagen de quien sería una menor de edad que supuestamente transportaba “bombas incendiarias, pintura y varias papeletas de perico” durante las protestas del sábado."Eso es totalmente irresponsable. Mataron a dos maestros, uno en Tumaco, otro en Risaralda y esto que dice este señor por redes sociales y lo que dice el señor Álvaro Uribe del adoctrinamiento nos tiene la lápida en el cuello. Sectores de la ultaderecha que están armados creen eso que está diciendo este señor y convierten a los maestros sindicalizados y estudiantes líderes en objetivos militares", declaró. Según el profesor, José Félix Lafaurie y el expresidente Álvaro Uribe con sus publicaciones en redes sociales tienen en riesgo a los docentes. “Los invito a que fuéramos a una escuela a ver si es que los estudiantes son tan obedientes que el profesor dice: “Voy a ir a una marcha”, y los estudiantes: ‘Sï profe, vamos con usted’. Eso le ha hecho mucho daño a la educación. Ese es el discurso del señor Álvaro Uribe y del señor (José Félix) Lafaurie que nos está poniendo la lápida en el cuello”, reiteró. El directivo de ADE dijo que no es cierto que los profesores estén "implantando el castrochavismo", como se sostiene desde la extrema derecha. González dijo que las protestas que se adelantan en varias partes del país en conmemoración al asesinato de Dilan Cruz buscan respaldar la lucha jurídica para que el caso no quede en la impunidad.“La familia está al frente del proceso judicial, pero esa lucha jurídica debe ser apoyada por una lucha en las calles para que este evento no quede en el olvido”, indicó.Según el profesor, no se puede estigmatizar a la fuerza pública, porque ellos también salen de los colegios donde los maestros ejercen la docencia.“Aquí tenemos es un problema de la juventud contra la juventud. Lo que nosotros queremos es que, además que haya justicia para Dilan, exista también un gran diálogo nacional en donde de verdad planteemos los puntos que se necesitan para reformar las Fuerzas Armadas y militares de este país, que en realidad protejan al ciudadano”, opinó González.Escuche al profesor Yesid González en entrevista con Mañanas BLU:
Este fin de semana se conmemoró un año de un ciclo de protestas en el que coincidieron sindicatos, sectores sociales, estudiantiles y partidos políticos opositores al gobierno del presidente Iván Duque.Las manifestaciones comenzaron con una concentración masiva y pacífica de todos los grupos mencionados y tras llegar a la Plaza de Bolívar de Bogotá, grupos violentos y vándalos desataron una batalla campal que dejó múltiples destrozos y varios lesionados.Durante esos días, los ánimos se caldearon hasta el punto de que el viernes 22 de noviembre, ante los actos de vandalismo contra buses y estaciones de Transmilenio, el alcalde Enrique Peñalosa decretó toque de queda y hubo mucha zozobra por las noticias falsas sobre supuestos asaltos a conjuntos residenciales.El hecho más doloroso de ese ciclo de protestas fue la muerte del joven estudiante Dilan Cruz por un disparo de un artefacto lanzado por un capitán del Esmad, en la calle 19 con carrera cuarta, en pleno corazón de la ciudad.Para conmemorar el primer aniversario de estos hechos, se convocaron cuatro jornadas de protesta por parte de sindicatos y sectores sociales, de las cuales ya se cumplieron las dos primeras: una el jueves pasado y otra el sábado anterior.El común denominador es una disminución en el número de personas que han salido a las calles a manifestarse, en comparación con lo sucedido el año pasado, seguramente como consecuencia entre otras cosas, de la pandemia.Aunque la mayoría de las manifestaciones fueron pacíficas y con relativamente pocos manifestantes, el lunar se presentó el sábado en inmediaciones de la Universidad Nacional en Bogotá, en donde una patrulla de la policía fue atacada y varios buses y estaciones cercanas de Transmilenio fueron atacadas a piedra.Este lunes se espera una nueva manifestación, cuando se cumple exactamente un año del doloroso episodio de Dilan Cruz, que permanece sin definición en materia judicial.Tras este ciclo de protestas, quedan varias reflexiones sobre si un sector de la población que apoya los reclamos de quienes las convocan, considera que puede ser un mecanismo desgastado, o si la pandemia ha mermado el ímpetu de las marchas; en todo caso, el escenario de conflictividad social persiste, entre otras cosas, por la complicada situación económica del país, marcada por altos índices de desempleo juvenil, en tiempos de coronavirus.Escuche la opinión y el análisis de Ricardo Ospina en Mañanas BLU:
A través de sus redes sociales el Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, informó que se extiende el toque de queda nocturno en todo el departamento aunque con algunas modificaciones.Esta nueva restricción comenzará a regir desde el miércoles 27 de enero e irá hasta el 2 de febrero entre la medianoche y las 5:00 de la mañana de cada día.Cabe recordar que este lunes, 25 de enero, y mañana, 26 de enero martes, sigue vigente el toque de queda que comienza a las 10:00 de la noche.Según el mandatario, los cambios en la medida se dan porque se ha evidenciado una leve disminución en los contagios de COVID-19.
Defensores de derechos humanos en Antioquia confirmaron la desaparición de estos dos hermanos que fueron bajados a la fuerza de un bus en el sector El Doce en Tarará en la noche de este domingo.Los jóvenes identificados como Juan Camilo Taborda, de 23 años de edad y Andrés Felipe Quintero, de 17 años, habían tomado el transporte en ese municipio y se dirigían a Medellín.Según Yesid Zapata, del proceso social de garantías, las autoridades deben tomar cartas en el asunto pues los jóvenes están en grave peligro, pues al parecer, habrían sido retenidos por presuntos integrantes del Clan del Golfo.“Probablemente integrantes de las AGC están detrás de esta desaparición. Ojalá den con el paradero de estos jóvenes que están en muy alto riesgo”, manifestó Zapata.Hasta el momento los familiares desconocen su paradero.
Para el 2 de febrero a las 9:00 a.m. fue convocada la primera audiencia pública dentro del procedimiento de revocatoria del mandato del alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey."Ese día el alcalde debe presentarse o enviar a su representante legal a la audiencia pública, allí vamos a demostrar los errores que ha cometido la administración local", aseguró el abogado Pedro Nilson Amaya, director del movimiento ciudadano Sáquele Roja, que impulsa la revocatoria del alcalde de Bucaramanga. "Nosotros tenemos un plan de desarrollo desde el primer día de gobierno, hay que saldar deudas históricas que tiene la ciudad en seguridad, movilidad, salud y vivienda, esa es nuestra hoja de ruta", aseguró el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, cuando se le preguntó sobre el proceso de revocatoria en su contra. Esta es la carta del Consejo Nacional Electoral que confirma la audiencia pública de revocatoria del alcalde de Bucaramanga:
Esperanza, oyente de BLU Radio, quien al parecer quedó con la duda por leer o conocer noticias falsas, pregunta: "¿Es cierto que las personas de raza negra no necesitan vacuna porque a ellos no se les da COVID-19?". Andrés Felipe Estupiñán, médico epidemiólogo clínico de la Universidad del Norte, contestó a la duda."No hay ninguna evidencia de que ninguna población étnica o racial tenga algún factor étnico o genético que haga menos vulnerable al ser afectada por a COVID-19. De tal manera que no es cierto que las personas de raza negra no necesiten la vacuna", contestó el experto. Escuche al epidemiólogo Andrés Felipe Estupiñán en Mañanas BLU:
De acuerdo a la versión de la reconocida modelo y empresaria Elizabeth Loaiza, en días pasados, mientras se encontraba disfrutando de un viaje por el Cabo de la Vela, en La Guajira, fue víctima de extorsión y secuestro junto a sus acompañantes.Según la modelo, las personas que les pedían 15 millones de pesos o entregar una moto de más de 200 millones de pesos, los estaban extorsionando. No obstante, y de acuerdo a la información dada a conocer por las autoridades, Elizabeth Loaiza junto a sus acompañantes se encontraban en un territorio considerado sagrado para los wayúu.Ante esto, se presentó un enfrentamiento que dejó como resultado a un miembro de esta comunidad indígena herido en la cabeza, razón que desencadenó que se hiciera un cobro como compensación para reparar el derramamiento de sangre.“Tuvimos que arreglar y darles 6 millones de pesos, para que nos dejaran salir del hotel”, expresó Elizabeth Loaiza haciendo mención a ese pago de reparación.Aunque las partes llegaron a un acuerdo y la Policía Nacional hizo el acompañamiento a la modelo junto a su grupo de viaje, la comunidad indígena manifestó que instaurará una denuncia oficial contra la empresaria por considerar que no hubo extorsión ni secuestro. Esta fue la publicación con la que Elizabeth Loaiza hizo la denuncia: