La propuesta del presidente Abelardo De la Espriella, dada a conocer recientemente durante una alocución, busca establecer un marco de actuación para que la Policía Nacional intervenga dentro de las universidades cuando existan evidencias de flagrancia, violencia o preparación de actos vandálicos y terroristas. Ante este escenario, el rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, planteó reparos sobre la eficacia de estas medidas operativas directas dentro de los campus.Según explicó el directivo en diálogo con Mañanas Blu, los recintos universitarios cuentan con miles de personas a diario y el ingreso de vehículos o tanquetas de la fuerza pública no frena las acciones de los delincuentes, quienes —según indicó— se escudan en la comunidad estudiantil. Como alternativa, Peña propuso enfocar los esfuerzos en labores investigativas coordinadas con los organismos competentes.Autonomía universitaria y actuación ante delitosDurante la entrevista, el debate se centró en los límites entre la autonomía universitaria y la competencia del Estado para restablecer el orden público. El rector de la Universidad Nacional recordó que la autonomía consagrada en la Constitución no exime el cumplimiento de la ley, y detalló cómo se ha procedido en situaciones pasadas donde se han cometido delitos penales al interior de la institución.“En el caso de septiembre que usted menciona, la policía entró, la vicerrectora Carolina Jiménez los atendió en el edificio de Ciencias Humanas porque hubo un herido, o sea, una persona lastimada. En ese caso, la policía entra sin pedirle permiso a nadie porque hay un crimen.”Adicionalmente, el académico señaló que se han implementado medidas de control en los accesos de la sede en Bogotá mediante la exigencia de documentos de identificación a los visitantes, con el propósito de mitigar la filtración de personas ajenas a la comunidad académica que participan en disturbios.Por su parte, el rector de la Universidad del Valle, Guillermo Murillo Vargas, se sumó a la discusión señalando que los hechos de violencia y los ataques con artefactos explosivos registrados en los alrededores de su institución suelen perpetrarse en vías públicas y zonas externas, y enfatizó que la comunidad universitaria es habitualmente víctima de dichos episodios. Murillo Vargas recalcó la necesidad de realizar investigaciones rigurosas y desvinculó a la dinámica institucional interna de los actos vandálicos ocurridos en el entorno.
En un intento por frenar los desmanes y el vandalismo durante las movilizaciones sociales en Colombia, los representantes Julio César Triana y Jaime Arizabaleta presentaron una iniciativa legislativa que busca establecer sanciones específicas contra quienes utilicen capuchas, máscaras o cualquier elemento para ocultar su identidad mientras cometen delitos en el marco de una protesta.La propuesta, construida por un grupo interdisciplinario de congresistas, no busca prohibir la protesta social, un derecho fundamental amparado por la Constitución, sino endurecer las medidas contra grupos minoritarios que, según el legislador, se infiltran en las marchas para destruir bienes públicos y privados.¿Qué busca sancionar el proyecto de ley sobre encapuchados?El objetivo principal de la iniciativa es tipificar una nueva conducta en el Código Penal. Según explicó el representante Triana, el proyecto pretende crear un "tipo penal especial y a la medida de quienes se ponen una capucha, no para marchar, ni para protestar, sino para adelantar actos delictivos".Para el legislador, la existencia de encapuchados que atacan a miembros de la fuerza pública, lanzan bombas incendiarias o dañan infraestructura crítica requiere una respuesta estatal contundente. "Este proyecto busca modificar el Código Penal para sancionar a quienes, ocultando su identidad, ejecutan actos vandálicos en el marco de las manifestaciones o de las protestas pacíficas", señaló Triana.¿Cuáles son las penas propuestas para quienes utilicen capuchas?Uno de los puntos más críticos de la propuesta es la duración de la pena. El representante Triana argumenta que, aunque actualmente los actos violentos son delitos, el sistema judicial suele imponer sanciones excarcelables, lo cual genera una percepción de impunidad."En este delito hemos creado y vamos a promover que la pena sea de cuatro años a ocho años, buscando que no sea excarcelable", afirmó el congresista, destacando que el propósito es que el operador judicial tenga una herramienta clara para procesar a los responsables de estos actos.¿Por qué el proyecto no considera que se limita el derecho a la protesta?Ante las críticas sobre si esta medida podría coartar el derecho a la manifestación pacífica, el representante Triana fue enfático en desmarcar su iniciativa de cualquier intención de criminalización. Aclaró que el uso de capuchas por sí mismo no constituye el delito, sino el hecho de ocultar el rostro con el fin deliberado de cometer un ilícito."En ningún momento aquí estamos buscando criminalizar la protesta, porque el tipo penal se aplicará siempre y cuando quien oculte su identidad, sea con una máscara, un pasamontañas o lo que sea, incurra en la comisión de un acto vandálico y esté inmerso en una protesta o en una marcha", explicó.¿Qué elementos se consideran "capucha" según la propuesta?La iniciativa es amplia en cuanto a la definición del ocultamiento de la identidad. De acuerdo con el ponente, el articulado pretende cubrir cualquier mecanismo que impida el reconocimiento físico del individuo."El ocultamiento de la identidad puede ser con una máscara, con un pasamontañas o con un trapo cubriendo la cara. Aquí lo que buscará este tipo penal es que quien oculta la identidad tenga unos elementos que agraven la pena para que el operador jurídico tenga un tipo penal para echarle mano", indicó Triana durante la entrevista en Mañanas Blu.¿Qué agravantes contempla el proyecto de ley?Además de la penalización por el uso de elementos para ocultar la identidad, el proyecto establece agravantes punitivos basados en el contexto y los medios utilizados. El representante mencionó que la ley contempla sanciones más severas cuando el vandalismo se comete en lugares específicos o con herramientas peligrosas."Estamos poniendo unos agravantes cuando se utilizan artefactos peligrosos diseñados artesanalmente, pero también cuando se hace en instituciones de salud, instituciones de educación, instituciones que prestan socorro o cuando se afecta infraestructura pública", puntualizó.
El Gobierno de los Estados Unidos decidió revocarle la visa de ingreso a ese país a la activista política Viviana Marín. La medida fue adoptada por el Departamento de Estado tras las declaraciones públicas realizadas por Marín contra la administración del presidente Abelardo De La Espriella.La confirmación del retiro del visado la hizo pública el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, a través de sus canales oficiales.El subsecretario Landau explicó la postura de la administración norteamericana frente a los pronunciamientos de la activista tras los resultados electorales."Esta es Viviana Marín, una activista política de Colombia. Poco después de que Abelardo de la Espriella fuera elegido presidente en junio pasado, exhortó públicamente al pueblo colombiano a tomarse las calles para hacer 'invivible' el país bajo el nuevo gobierno. Si bien sin duda tiene derecho a sus opiniones políticas, no tiene derecho a ingresar a los EE. UU. No damos la bienvenida a quienes ejercen la oposición política mediante la violencia o la intimidación. En consecuencia, el Departamento de Estado, bajo el mando del secretario Marco Rubio, le ha revocado la visa", señaló el alto funcionario estadounidense.Las declaraciones de Viviana MarínLa decisión del Departamento de Estado de EE. UU. se da como respuesta a las intervenciones públicas formuladas por la activista luego de la elección presidencial.En sus declaraciones, Marín instó a sectores afines a movilizarse en las vías públicas de forma permanente contra la nueva administración nacional."Lo que se viene es calle. Así que compren zapatos porque va a tocar gastar sueldos. Esa es nuestra tarea: hacer invivible este país a Abelardo De La Espriella. Decirle a la derecha pues que sí, somos una plaga y somos una plaga que les va a salir a la calle todos los días de su vida a decirles ni mierda, aquí estamos y no nos vamos a mover un solo paso", afirmó en su momento la activista colombiana.
Una protesta en el kilómetro 55, que bloqueaba el flujo vehicular a la altura del puente La Barra, en la carretera que comunica a Barranquilla y Santa Marta, y que generó un enorme trancón por la operación retorno que se da hoy entre las dos capitales, fue levantada luego de una orden dada a la Policía Nacional por el presidente Abelardo De La Espriella.Dijo el mandatario en su cuenta de X que el bloqueo, a la altura del puente La Barra, ocurrió porque la comunidad llevaba cuatro días sin servicio de energía eléctrica. Señaló que entendía su preocupación, pero que en Colombia los problemas no se arreglan bloqueando las vías, "sino a través de soluciones respetuosas".“La comunidad estaba protestando porque llevaba cuatro días sin servicio de energía eléctrica. Entiendo su preocupación, pero en Colombia los problemas no se solucionan bloqueando las vías. Aquí se hacen las peticiones respetuosamente y el Gobierno soluciona”.Añadió el mandatario que se comunicó con la ministra de Minas y Energía, María Noemí Arboleda, para resolver el problema del servicio eléctrico en la zona y se dispondrá de un nuevo transformador este mismo lunes que lleve el fluido eléctrico a las comunidades aledañas afectadas.Agregó que también le reiteró al director de la Policía, el general Jesús Alejandro Barrera, que en su Gobierno los bloqueos están prohibidos y que existe orden presidencial de intervenir inmediatamente cuando se presenten.“Esto es con gerencia: autoridad para garantizar el orden y gestión para resolver los problemas de los colombianos”, concluyó el mandatario.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció sobre la controversia generada por la decisión de la Fiscalía General de trasladar a la Unidad Nacional de Justicia Restaurativa el proceso contra 11 presuntos integrantes del grupo PPP (Por el Pueblo y para el Pueblo), investigados por una serie de ataques violentos y actos de terrorismo ocurridos en la capital durante jornadas de protesta social. El mandatario distrital sostuvo que la investigación es sólida, ha sido respaldada por decisiones judiciales y advirtió que no debe confundirse el ejercicio legítimo de la protesta con conductas delictivas como el terrorismo.La reacción del alcalde se produjo luego de que la Fiscalía reasignara el expediente a la Unidad Nacional de Justicia Restaurativa, decisión que aplazó la audiencia de acusación, ahora prevista para el próximo 12 de agosto de 2026. Según explicó el ente acusador, la medida fue adoptada con fundamento en las resoluciones 170 y 171, que crean un grupo especializado para revisar investigaciones relacionadas con hechos ocurridos en escenarios de protesta social, con el propósito de individualizar responsabilidades, fortalecer las investigaciones y evaluar, cuando sea jurídicamente procedente, mecanismos restaurativos sin criminalizar la protesta pacífica.Frente a ese panorama, el alcalde Galán destacó los graves hallazgos de la investigación “Estas 11 personas que fueron capturadas en diciembre pasado, según la investigación de la Fiscalía y de la Policía, habrían cometido actos de terrorismo, usando, por ejemplo, explosivos para atacar a miembros de la fuerza pública, utilizando bombas incendiarias para atacar el transporte público, por ejemplo, que, obviamente, es usado por muchísimos habitantes de Bogotá y para poner en peligro la vida de muchos habitantes de la ciudad.”El mandatario destacó que el proceso penal ya ha sido avalado en dos oportunidades. En ese sentido señaló “Esta es una investigación muy sólida, avalada ya por dos jueces de la República que autorizaron la captura, por una parte, y luego legalizaron la captura, y avanzaron en la imputación de cargos y en la detención de estas personas. Por eso es preocupante que una investigación tan sólida pueda estar en peligro.”El alcalde Galán insistió en que los hechos atribuidos a los procesados no pueden ser entendidos como una manifestación legítima del derecho a la protesta y consideró indispensable que el proceso judicial continúe hasta establecer las responsabilidades penales correspondientes. “Es fundamental que esta gente pague por lo que hizo según la investigación. Nosotros en Bogotá tenemos la obligación de garantizar el ejercicio de la protesta pacífica, de la manifestación, y lo haremos.”No obstante, el alcalde marcó una diferencia entre las movilizaciones ciudadanas protegidas por la Constitución y las conductas investigadas por la Fiscalía. “Pero no podemos permitir que disfracen de protesta pacífica o de manifestación hechos que, según la misma investigación de la Fiscalía, serían concierto para delinquir y terrorismo. Eso no puede pasar en Bogotá.”La nueva audiencia dentro de este proceso fue fijada para el 12 de agosto de 2026, fecha en la que la Fiscalía continuará con el trámite del caso bajo la competencia de la Unidad Nacional de Justicia Restaurativa, mientras persiste el debate sobre el alcance del nuevo enfoque adoptado por el ente acusador y la forma en que deberán investigarse los hechos violentos ocurridos durante las jornadas de protesta social.
Habitantes de siete comunidades del Bajo Rionegro, en Santander, mantienen un bloqueo indefinido sobre la vía La Lizama – San Alberto (antigua Ruta del Sol), a la altura del sector conocido como El Taladro, para exigir el cumplimiento de compromisos relacionados con infraestructura vial y servicios públicos.La protesta afecta el corredor que comunica el Magdalena Medio con el sur del Cesar. Los manifestantes anunciaron que el cierre será por tiempo indefinido y que únicamente permitirán el paso de vehículos cada hora durante 10 minutos, lo que ya genera afectaciones en la movilidad de transportadores y viajeros.Las comunidades de San José de los Chorros, Montañitas, Los Socorranos, Papayal, San Rafael, Salinas y 20 de Julio aseguran que no levantarán el bloqueo hasta obtener respuestas concretas por parte de la Gobernación de Santander.Entre las principales exigencias se encuentran la aplicación de dos kilómetros de cemento asfáltico natural, la construcción de 500 metros de placa huella para cinco comunidades, la ejecución del proyecto de acueducto para Papayal, el restablecimiento del servicio de gas domiciliario en cuatro sectores, la inclusión de cinco comunidades de San Rafael en el proyecto de alcantarillado y la implementación de una recolección semanal de residuos sólidos en Papayal y San Rafael.Los líderes de la movilización señalaron que recientemente fueron informados de que las obras comenzarían solo en diciembre del próximo año, un plazo que consideran inaceptable porque, aseguran, representa un nuevo incumplimiento y podría incluso superar el actual periodo de Gobierno.Además, manifestaron sentirse "engañados, utilizados y manipulados" por la Gobernación de Santander, liderada por el gobernador Juvenal Díaz Mateus, y afirmaron que también han sido olvidados por las administraciones municipales, los concejos y otras entidades gubernamentales.Mientras no se instale una mesa de diálogo con compromisos concretos, las comunidades advirtieron que mantendrán el cierre sobre este importante corredor vial, permitiendo únicamente aperturas parciales para el paso de vehículos.
A las 4:00 de la mañana de este martes, 14 de julio, comenzaron los bloqueos de las comunidades campesinas y pequeños mineros del Norte y Nordeste antioqueño con el propósito de exigir respuestas a un pliego de peticiones que, según los convocantes, ha sido presentado previamente a las autoridades y a Empresas Públicas de Medellín.La concentración estará en los sectores de Puente El Machete y Puente Acacia, con una participación estimada de 500 personas, mientras que aseguran que la protesta será pacífica y que busca ejercer el derecho constitucional a la protesta.No obstante, EPM denunció que estas acciones podrían afectar la operación de centrales hidroeléctricas como Porce II, Porce III, Guadalupe III, Guadalupe IV y Troneras. Las cinco centrales hidroeléctricas representan el 16 % de la demanda energética nacional, y de presentarse los bloqueos, advierte EPM que podría poner en riesgo la energía del país.Alberto Mejía Reyes, gerente Generación Energía EPM, explicó la situación que hoy tiene en máxima alerta a las autoridades en el departamento de Antioquia."En esta zona tenemos, entonces, más de 1600 megavatios de capacidad de generación hidroeléctrica, que es infraestructura crítica para el país, y es una zona que enfrenta unos desafíos importantes. Tenemos unos temas asociados a minería ilegal, a una serie de presiones que enfrentan nuestras operaciones en esta zona", aseguró el funcionario.A pesar de las advertencias, las comunidades de seis veredas de los municipios de Guadalupe y Carolina del Príncipe siguieron en firme e, incluso, emitieron un pliego y entre las principales exigencias figuran el reconocimiento de la minería artesanal y atención a las familias afectadas por la destrucción de maquinaria.Además, se ha pedido inversiones en agua potable, alcantarillado, electrificación, infraestructura comunitaria, salud, proyectos productivos, contratación de mano de obra local, legalización de predios y mayor inversión social."Están en unas áreas a donde sí son territorios de EPM, pero que no tienen ninguna afectación, y, entonces, ellos les hacen quemar la maquinaria por el Ejército a esas personas que se está rebuscando el día a día, que no tienen otras cosas qué hacer porque la empresa no les brinda las garantías y la seguridad alimentaria que necesita el territorio", explicó.Asimismo, los manifestantes solicitaron la instalación de una mesa interinstitucional de concertación con participación de EPM, autoridades locales y representantes comunitarios para acordar un cronograma de cumplimiento.Ante esta situación y la preocupación por los posibles riesgos para la generación de energía de Antioquia y Colombia, el secretario de Seguridad, Luis Martínez, aseguró que se han creado las estrategias para evitar alteraciones y afectaciones de consideración."No nos podemos dejar coger desprevenidos, y ahí tenemos un problema de minería ilegal bien delicado, como lo hay a lo largo y ancho del departamento. Cada que hay una intervención de la fuerza pública de cara a la minería ilegal, hay una respuesta por parte de los mineros ilegales", aeguró Martínez.Finalmente, los convocantes respondieron en el documento de pliegos que “en ningún momento” pretenden poner en riesgo la generación de energía, afectar la infraestructura eléctrica o promover actos de violencia o vandalismo, insistiendo en que la movilización tendrá un carácter pacífico.
Una protesta que adelantan cuatro comunidades ubicadas en zona rural en Maicao han mantenido durante cuatro días a unas 20.000 personas sin el servicio de agua potable.Quienes participan de la protesta se tomaron las instalaciones de la planta de captación y tratamiento de agua potable del afluente conocido como Jordán, del cual se abastece todo el municipio de Maicao.“La emergencia por agua en Maicao se agrava. El municipio completó este sábado 96 horas sin servicio de acueducto debido al bloqueo que mantiene paralizada la operación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, PTAP El Jordán”, dijo la empresa Aguas de la Península, encargada del suministro en Maicao, a través de un comunicado de prensa.Las comunidades indígenas que se han tomado la planta de tratamiento de agua manifiestan que necesitan energía eléctrica y agua potable al interior de sus territorios.“Se restringió el acceso a la infraestructura y se cerraron las válvulas en el punto de captación. Estas condiciones impiden que el personal operativo ingrese a la planta y reactive la producción de agua potable”, dijo la empresa antes mencionada.Dicha empresa activó el plan de contingencia y manifiesta haber entregado más de 50.000 litros de agua a sectores esenciales en medio de la grave crisis hídrica en Maicao.Por su parte las autoridades han hecho un llamado al diálogo en zonas seguras, esto debido a que el afluente Jordán está ubicado sobre la Serranía del Perijá donde existe una fuerte presencia del ELN.
Tras una jornada electoral que alcanzó una participación superior al 60%, la ciudad de Cali vivió momentos de tensión concentrados en puntos específicos del oriente de la ciudad. El alcalde Alejandro Eder entregó un balance de seguridad en el que, si bien destacó el carácter pacífico de la gran mayoría de la ciudadanía, fue enfático en las acciones legales contra un grupo reducido de "desadaptados" que intentaron desestabilizar el orden público. Justicia y recompensas: El cerco a los violentosEl mandatario confirmó que las autoridades ya han dado los primeros resultados en materia de judicialización tras los incidentes en sectores como Puerto Rellena y la Autopista Suroriental. "Anoche capturamos a dos inicialmente. Aparentemente ya tenemos a dos más. Estoy esperando que me confirmen", aseguró Eder en diálogo con Mañanas Blu. Para acelerar la identificación del resto de los responsables de los daños a bienes públicos, el gobierno local activó un plan de choque económico y de inteligencia. "Desde anoche mismo, anunciamos una bolsa de recompensas por 200 millones de pesos y esperamos en las próximas horas estar publicando fotos y afiches de las personas que estamos buscando", puntualizó el alcalde, dejando claro que no habrá impunidad para quienes vandalizaron la infraestructura de la ciudad.Vandalismo focalizado y control policialA pesar de la magnitud de la concentración en Puerto Rellena, donde se reunieron cerca de 4.000 personas, el alcalde aclaró que la inmensa mayoría se comportó adecuadamente. Sin embargo, un grupo de aproximadamente 100 a 150 personas inició ataques contra el mobiliario urbano."Fueron 15 cámaras afectadas en distintos puntos... solo tres fueron derribadas, pero en general ya están recuperadas", explicó el mandatario.Asimismo, informó que tres estaciones del sistema MIO resultaron afectadas y un bus sufrió la rotura de su parabrisas. Eder aprovechó para resaltar la labor de la fuerza pública, calificando a los agentes como "unos berracos, la verdad, muy valientes, muy en la jugada", destacando que su intervención rápida evitó que la situación se propagara a otras zonas de Cali. "No es un nuevo estallido social"Frente a las comparaciones con los disturbios de años anteriores, Alejandro Eder fue tajante al afirmar que la situación actual es radicalmente distinta. "Esto no se puede comparar con lo que pasó hace 5 años en Cali. Son dos fenómenos muy distintos. Esto fue algo muy concentrado en un sector muy puntual... con un grupo relativamente pequeño de vándalos", afirmó.El alcalde concluyó con un mensaje de firmeza democrática, asegurando que se han reforzado los ocho puntos críticos de la ciudad con 1,000 policías adicionales y centenares de soldados. Escuche aquí la entrevista:
La jornada electoral vivida en Bogotá, que superó el 70% de participación ciudadana, se vio empañada en las horas de la noche por focos de violencia registrados en sectores específicos de la capital. El alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, realizó un balance de la seguridad tras los comicios, destacando el éxito del proceso institucional, pero confirmando que hubo una coordinación organizada detrás de los desórdenes que afectaron la tranquilidad en las localidades de Usme y Kennedy.Durante su intervención, en Mañanas Blu, con Néstor Morales, el alcalde Galán enfatizó que el proceso de elección se desarrolló con normalidad. Según el mandatario, Bogotá vivió una fiesta democrática con una afluencia superior al promedio nacional, logrando que el material electoral estuviera custodiado en Corferias antes de las 7:30 p.m. “Es primero una gran noticia que se pudo desarrollar así la jornada electoral. Yo creo que es importante destacar la labor de la Registraduría. Esto es confianza, confianza en la institucionalidad, de un sistema que funciona bien”, aseguró Galán.Desmanes en Bogotás luego de las elecciones presidencialesPese al éxito del preconteo, al cierre de la jornada se identificaron 11 situaciones de aglomeración. Mientras que la mayoría se disolvieron sin mayores contratiempos, dos puntos críticos presentaron alteraciones al orden público: el sector de Marichuela en Usme y las inmediaciones del Portal Américas en Kennedy.En estas zonas, grupos violentos procedieron a realizar quemas de llantas e intentos de vandalismo contra la infraestructura del sistema de transporte. Ante esto, la respuesta de la administración fue inmediata. “Nosotros vamos a respetar la protesta, obviamente pacífica, pero cuando sea necesario actuar pues vamos a hacerlo. Y así lo hicimos ayer, teníamos 31 secciones del ESMAD dispuestas en diferentes puntos de la ciudad para proteger y para actuar en caso de necesidad”, afirmó el alcalde.Respecto a los actos vandálicos, el mandatario fue enfático: “En el sector de Marichuela, de Yomasa, en Usme, fue necesaria la intervención de la fuerza pública. Hubo una afectación a un comercio y hubo algún ataque a algún bus del sistema de transporte. También fueron capturadas 5 personas, 3 adultos y 2 menores de edad”.¿Existe una mano negra tras los disturbios?Al ser cuestionado sobre si existe un organizador único detrás de estos grupos, Galán confirmó que se han detectado canales de comunicación que sugieren una intención premeditada para transformar la protesta en disturbios.“Sí tengo información de que hay alguna coordinación entre ellos. Nosotros vamos a pedir que las investigaciones avancen para determinar quién está detrás de llamar a la violencia con un hecho como este”, sostuvo el alcalde. Sobre la participación de menores de edad en estos hechos, el mandatario no descartó la instrumentalización, señalando que es una posibilidad que las autoridades están analizando, junto con la posible vinculación de actores políticos o grupos ilegales en la orquestación de estas alteraciones.
Una escena registrada durante la madrugada está llamando la atención de miles de usuarios en redes sociales. En las imágenes, dos hombres aseguran haber encontrado a una niña aparentemente sola en un parque y, pocos segundos después, la figura deja de verse en medio de la oscuridad. Algunos indicaron que pudo haber sido contenido generado con inteligencia artificial.La grabación fue difundida en redes y rápidamente comenzó a generar comentarios de personas que intentaron encontrar una explicación a lo que quedó registrado por la cámara.Aterrador video de una niña en un columpioSegún lo que se observa en el video, los dos hombres caminaban por una calle cerca de las 00:54 de la madrugada cuando dirigieron su atención hacia un parque infantil que parecía encontrarse prácticamente vacío.En la zona de juegos alcanzaron a distinguir a una menor de edad que llevaba un vestido blanco y estaba sentada en uno de los columpios. La iluminación era escasa, pues únicamente algunas luces cercanas permitían observar parcialmente el lugar.La presencia de la niña llamó la atención de los hombres, quienes decidieron acercarse para preguntarle si necesitaba ayuda. “Niña, niña, ¿te llevamos a tu casa?”, se escucha decir a uno de ellos mientras se dirige hacia la zona de juegos.La menor aparentemente reaccionó al llamado, bajó del columpio y comenzó a correr hacia el sector donde habían algunas viviendas. Los hombres intentaron seguirla, pero la figura dejó de ser visible poco después.Ante la posibilidad de que se hubiera escondido detrás de alguno de los árboles, los testigos permanecieron en el lugar y comenzaron a llamarla; sin embargo, la menor no apareció. La situación terminó generando temor y ambos decidieron alejarse rápidamente del parque.Frente a esto, algunos internautas consideraron que las imágenes podrían mostrar un supuesto fenómeno paranormal e incluso hablaron de la posible aparición del espíritu de una niña. Otros, en cambio, cuestionan esa interpretación y plantean que la grabación podría tener una explicación convencional relacionada con la oscuridad, la distancia o la calidad de las imágenes e, incluso, que el video pudo haber sido creado con inteligencia artificial.
El Deportivo Cali se impuso 2-0 ante Águilas Doradas y protagonizó uno de los movimientos importantes en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II. El conjunto verdiblanco consiguió el triunfo en Palmaseca y llegó a 21 puntos, ubicándose en el segundo lugar de la clasificación.El equipo caleño volvió a sumar de a tres después de un partido en el que consiguió imponerse ante Águilas Doradas. Con este resultado, Cali aparece detrás de América, que continúa en la primera posición con 24 puntos.¿Qué otros resultados dejó la jornada?Además del triunfo del Deportivo Cali, la fecha dejó varios resultados que modificaron la clasificación. Atlético Bucaramanga derrotó 3-1 a Once Caldas, resultado que cobró el puesto de Hernán Dario Herrera, que dejó el banquillo del Blanco Blanco. Cúcuta también consiguió una victoria al imponerse 2-1 sobre Llaneros, mientras que Junior derrotó 2-0 a Medellín.Otro de los encuentros terminó con igualdad. Deportivo Pereira e Internacional de Bogotá empataron 0-0, por lo que ambos equipos sumaron un punto en la jornada.Por su parte, Alianza consiguió un triunfo como visitante al superar 2-1 a Jaguares, mientras que Fortaleza y Tolima terminaron empatados 2-2.Con estos resultados, América continúa en la cima, pero el triunfo del Deportivo Cali le permitió al conjunto verdiblanco escalar hasta la segunda posición de la tabla de la Liga BetPlay II.¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay?Tras los partidos disputados, América mantiene el liderato con 24 unidades: América — 24 pts | DG: +16Deportivo Cali — 21 pts | DG: +9Bucaramanga — 20 pts | DG: +8Millonarios — 20 pts | DG: +7Atlético Nacional — 19 pts | DG: +9Medellín — 19 pts | DG: +4Tolima — 18 pts | DG: +2Santa Fe — 16 pts | DG: +5Llaneros — 14 pts | DG: 0Once Caldas — 12 pts | DG: -1Internacional — 12 pts | DG: -4Cúcuta — 12 pts | DG: -8Águilas Doradas — 11 pts | DG: -3Boyacá Chicó — 11 pts | DG: -8Alianza — 11 pts | DG: -10Junior — 9 pts | DG: 0Fortaleza — 9 pts | DG: -5Deportivo Pereira — 8 pts | DG: -5Pasto — 8 pts | DG: -9Jaguares — 7 pts | DG: -7
La opositora venezolana Claudia Macero, jefa de prensa de la líder María Corina Machado, regresó este domingo a Venezuela, de donde salió en el primer semestre de 2025 tras permanecer asilada junto a otros cinco compañeros en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas por acusaciones de supuesta conspiración y traición a la patria."Vuelvo a Venezuela para darme confianza a mí y para darle confianza a otros (...) es el momento de volver. Yo estoy aquí abriendo camino como me lo abrieron a mí otros", dijo Macero a medios en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas.Macero, que lleva las comunicaciones del partido Vente Venezuela (VV), fundado por Machado, detalló que la decisión de volver fue "personal" y que desconoce cuándo volverá la premio nobel de paz, pero pidió al Gobierno permitir su llegada, luego de las denuncias de que fueron impedidos siete intentos de entrar al país.Decenas de activistas de VV se congregaron a las afueras del aeropuerto para recibir a Macero, quien fue abrazada por sus compañeros de partido. "Esto es un tema progresivo, lo que estamos procurando es la llegada de María Corina Machado, que debe acercarse pronto", dijo el coordinador nacional de organización VV, Henry Alviárez, a la prensa.Macero, que lleva las comunicaciones del partido Vente Venezuela (VV), fundado por Machado, detalló que la decisión de volver fue "personal" y que desconoce cuándo volverá la premio nobel de paz, pero pidió al Gobierno permitir su llegada, luego de las denuncias de que le fue impedida la entrada al país en siete oportunidades.El Gobierno venezolano, sin embargo, se mofó de esta declaración de Washington y dijo que se había tratado de una negociación. El primero en regresar fue Omar González, el pasado 28 de agosto.En la embajada argentina estuvieron además Pedro Urruchurtu, Magalli Meda, Humberto Villalobos -todos miembros de Vente Venezuela-, y Fernando Martínez Mottola, quien decidió dejar el edificio semanas antes de la salida de sus compañeros y falleció en su domicilio por enfermedad, el 26 de febrero del año pasado.Los opositores estaban acusados por el Ministerio Público (MP, Fiscalía) de conspiración y traición a la patria.
El presidente Abelardo De La Espriella lanzó una contundente advertencia a Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, señalado cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), en medio de su alocución presidencial de este domingo 27 de septiembre.La declaración se produjo luego de que el Gobierno anunciara dos operaciones contra esta estructura. En una de ellas fue capturada Yolima Johana Murgas Guzmán, pareja sentimental de alias ‘Pinocho’, durante un operativo desarrollado de manera simultánea en Santa Marta y Ciénaga.Según la información entregada, en el procedimiento participaron la Policía Nacional y el Ejército, que realizaron seis allanamientos y capturaron a 13 personas.“Lo estamos buscando”Durante su intervención, De La Espriella aseguró que las autoridades desplegaron acciones para dar con el paradero de alias ‘Pinocho’ y anunció una recompensa de 3.000 millones de pesos por información que permita ubicarlo.“Difundimos en esta operación más de 5000 volantes de recompensas para ubicar a alias Pinocho. Estamos dando 3000 millones por ese bandido, alias '200' y alias 'Patilizo'”, afirmó el mandatario.Enseguida, lanzó una advertencia directa al señalado cabecilla, haciendo referencia a una eventual salida por La Guajira o Venezuela: “Si 'Pinocho' cree que se va a escapar por La Guajira o por Venezuela, que se vaya bajando de ese bus. Lo estamos buscando. Estamos ahí respirándole en la nuca y lo vamos a encontrar”.El presidente agregó que la acción del Estado contra el señalado cabecilla será contundente: “Lo mejor del caso es que no va a saber qué fue lo que le pasó, de lo contundente que va a ser la acción del Estado”.¿Quién es alias ‘Pinocho’?De acuerdo con los reportes oficiales de las autoridades, Fredy Castillo Carrillo tiene un historial delictivo que comenzó en las AUC, donde integró el Frente Resistencia Tayrona bajo el mando de Hernán Giraldo Serna. Posteriormente, fue relacionado con la estructura de ‘Los Mellizos’.En 2008 fue extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Tras cumplir su condena, regresó a Colombia en septiembre de 2011 para someterse a la Ley de Justicia y Paz. Sin embargo, las autoridades señalan que posteriormente continuó delinquiendo y se integró a ‘los Pachenca’, organización que posteriormente adoptó el nombre de Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
Durante su alocución de este domingo 27 de septiembre, el presidente Abelardo De La Espriella pidió a la justicia evaluar la posibilidad de establecer negociaciones con personas actualmente investigadas por hechos de corrupción, a cambio de información y pruebas que permitan avanzar en los procesos.La propuesta fue presentada por el mandatario después de referirse a la decisión del Consejo de Estado sobre el expresidente del Senado Iván Name, caso que utilizó para cuestionar los hechos de corrupción que, según afirmó, ocurrieron durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. “El Honorable Consejo de Estado decretó la muerte política del expresidente del Senado Iván Náme. La muerte política, una decisión dura y compleja que no puede pasar desapercibida, que no se puede seguir normalizando porque encierra corrupción exacerbada”, aseguró. A partir de ese caso, De La Espriella cuestionó lo que calificó como corrupción durante el cuatrienio anterior y sostuvo que el país no puede normalizar estos hechos. “El Consejo de Estado dictaminó, no fui yo ni el gobierno, dictaminó nada más y nada menos que con la plata pública que le robaron al pueblo, el gobierno pasado corrompió al presidente del Congreso”, afirmó.¿Qué beneficios planteó para quienes colaboren?El presidente pidió que la justicia estudie la posibilidad de ofrecer beneficios a los investigados que entreguen pruebas y colaboren para identificar a otras personas involucradas. “Le pido a la justicia que evalúe la posibilidad de ofrecer negociaciones basadas en las normas del código penal para que los actuales investigados que fueron parte de la cadena de corrupción del anterior gobierno colaboren con la justicia a cambio de beneficios”, dijo.El mandatario agregó que quienes entreguen información podrían recibir un castigo atenuado por su colaboración. “A los corruptos que están en las cárceles, a los investigados, y a los que pronto serán investigados y procesados les digo: arrepiéntanse, entreguen a sus cómplices, piensen en sus familias y resarzan el daño que le hicieron a la patria con verdad”, manifestó.Finalmente, De La Espriella insistió en que los hechos señalados deben esclarecerse y que no deben quedar en la impunidad. “Tendrán, si lo hacen, un castigo atenuado por la colaboración y por el acto de contrición que es absolutamente necesario”, concluyó.