Campesinos del Páramo del Almorzadero denunciaron presuntos incumplimientos del Gobierno Nacional frente a los acuerdos firmados tras las movilizaciones realizadas en octubre de 2024 y advirtieron que podrían convocar un nuevo paro si no reciben respuestas concretas.A través de un video difundido en las últimas horas, líderes de la comunidad aseguraron que, pese a múltiples reuniones con representantes del Gobierno, aún no se ha materializado ninguno de los compromisos pactados durante las protestas que se desarrollaron el 21 de octubre de ese año.Cristian Vargas, líder campesino de la región, explicó que las movilizaciones surgieron por el desacuerdo de las comunidades frente al proceso de delimitación del páramo, el cual calificó como “arbitrario”.“Nosotros, como campesinos del Almorzadero, hicimos un paro en octubre del 2024, del cual quedaron firmados unos acuerdos con el Gobierno Nacional a fin de que tuviéramos una protección para el páramo”, manifestó.Según indicó, entre los compromisos adquiridos por el Ejecutivo estaban la creación de una reserva temporal, la titulación de tierras para los campesinos de la zona y la devolución de la frontera agrícola, además de otros puntos relacionados con la protección ambiental y la permanencia de las familias en el territorio.Sin embargo, Vargas aseguró que, casi dos años después de las protestas, no se ha avanzado en ninguno de los acuerdos.“Al día de hoy no nos han cumplido ni con una coma de los acuerdos del paro. Absolutamente el Gobierno nacional nos escuchó, nos ha atendido, hemos tenido muchas reuniones, pero no nos han cumplido”, afirmó.El líder campesino también expresó preocupación por los alcances de la delimitación del páramo, señalando que las comunidades temen que se incluyan dentro del área protegida extensas zonas productivas donde actualmente habitan y trabajan miles de familias.“El Almorzadero es un territorio bastante amplio, con una zona productiva de más de 100.000 hectáreas y un páramo que no cubre más de 30.000 hectáreas. Quieren meter dentro de la zona de páramo toda la zona productiva”, explicó.De acuerdo con Vargas, la aplicación de la Ley 1930 restringiría actividades agropecuarias y ganaderas en estas áreas, lo que, según advierten los campesinos, pondría en riesgo el sustento de más de 10.000 familias.“Nos dejan en la calle porque nos quitan el derecho a producir en nuestras tierras”, sostuvo el vocero.Las comunidades del Almorzadero solicitaron al presidente Gustavo Petro y al Ministerio de Ambiente un pronunciamiento claro y por escrito sobre el estado de los acuerdos firmados tras el paro.Asimismo, señalaron que esperan respuestas durante la visita prevista del mandatario este viernes al municipio de Málaga, y advirtieron que, de no haber avances, podrían retomar las movilizaciones y las vías de hecho.
La Electrificadora de Santander analiza la posibilidad de demandar la huelga convocada por el sindicato Sintraelecol, en medio del conflicto laboral que recientemente enfrentó a la empresa y a los trabajadores del sector energético en la región.La eventual acción judicial tendría como objetivo establecer un precedente legal frente a futuras huelgas en un servicio considerado estratégico y esencial como el suministro de energía eléctrica, según se conoció tras las discusiones derivadas del cese de actividades promovido por el sindicato.El debate surge luego del reciente acuerdo laboral alcanzado entre ESSA y Sintraelecol, el cual permitió poner fin a las tensiones entre ambas partes e incluyó compromisos relacionados con aumentos salariales y condiciones laborales para los trabajadores.Sin embargo, pese a la firma del acuerdo, la empresa estaría evaluando acudir a instancias judiciales para determinar la legalidad de la huelga y fijar criterios frente a posibles afectaciones en la prestación del servicio energético.“Se llegó a un acuerdo importante entre las partes. Las personas a quienes se les suspendió el contrato regresaron a la compañia. La convención laboral es por cuatro años. Eso nos habilita tener toda nuestra capacidad para seguir ofreciendo el servicio tal como lo hemos venido haciendo de una manera mucho más eficiente. La compañia analiza demandar la huelga y sentar un precedente al ser un servicio escencial", dijo Guillermo Valencia, gerente de la ESSA. El conflicto generó preocupación en Santander debido a la importancia de ESSA en el suministro de energía para Bucaramanga y varios municipios del departamento. Durante las jornadas de tensión laboral existió expectativa por eventuales impactos en la operación y mantenimiento de la red eléctrica.Expertos en derecho laboral señalan que este tipo de procesos suelen abrir discusiones sobre el alcance del derecho a la huelga en sectores considerados esenciales. En Colombia, la legislación establece restricciones especiales para actividades relacionadas con servicios públicos que puedan afectar a la comunidad.Por su parte, organizaciones sindicales han defendido el derecho de los trabajadores a protestar y negociar mejores condiciones laborales, argumentando que la huelga constituye una herramienta legítima dentro de los procesos de negociación colectiva.El caso podría convertirse en un referente nacional para el sector energético y laboral, especialmente en momentos en que distintas empresas públicas y privadas enfrentan discusiones sindicales relacionadas con salarios, estabilidad laboral y garantías para los trabajadores.Mientras se define si ESSA presenta formalmente la demanda, el ambiente laboral entre la empresa y Sintraelecol continúa bajo observación por parte de autoridades laborales y sectores sindicales de Santander.
La Procuraduría General de la Nación sancionó disciplinariamente a dos integrantes del antiguo Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional por la muerte de un manifestante ocurrida durante las protestas del 1 de mayo de 2021 en el portal de TransMilenio Banderas, en Bogotá.En un fallo de primera instancia, el ente de control destituyó e inhabilitó por 18 años al patrullero del ESMAD Abberson de Jesús Salas, al concluir que accionó un fusil lanzagás contra la multitud y causó lesiones mortales a un joven que participaba en las manifestaciones.Según la Procuraduría, el uniformado actuó bajo órdenes del entonces subteniente y comandante de la sección 1 de ese antiguo escuadrón, Jorge Enrique Bombita.Por estos mismos hechos, la Procuraduría sancionó a Bombita con suspensión e inhabilidad por ocho meses, al considerar que ordenó la intervención de la multitud mediante el uso de la fuerza.En los últimos días, la Procuraduría ha proferido una serie de fallos relacionados con la protesta social de 2021. Los hechos son similares, ya que los patrulleros sancionados, en el marco del uso de la fuerza ante los disturbios, accionaron sus armas e hirieron mortalmente a varios manifestantes.Las protestas de 2021 se dieron luego de que el gobierno del entonces presidente Iván Duque, a través de su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, presentara una reforma tributaria que derivó en varios días de intensos enfrentamientos.
El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo aseguró que las recientes manifestaciones registradas en la capital del país han dejado de ser completamente pacíficas debido a la presencia de personas que, según afirmó, buscan generar alteraciones del orden público y causar daños a la ciudad. Las declaraciones fueron entregadas durante una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, en medio del debate nacional sobre las protestas sociales y los actos vandálicos ocurridos en distintos puntos de Bogotá.Restrepo sostuvo que las autoridades han identificado comportamientos organizados orientados a afectar la infraestructura pública, atacar a la Fuerza Pública y alterar la movilidad de miles de ciudadanos. El funcionario enfatizó que el derecho a la protesta está garantizado constitucionalmente, pero aclaró que este no puede convertirse en una excusa para la violencia.“Hay intención de causar daño; estas protestas no son pacíficas”, afirmó el secretario de Seguridad de Bogotá durante la entrevista. Las declaraciones se producen tras varias jornadas de movilizaciones en las que se reportaron bloqueos, enfrentamientos con el escuadrón antidisturbios y afectaciones al sistema de transporte masivo TransMilenio. Según cifras preliminares entregadas por las autoridades distritales, algunos corredores viales estratégicos resultaron afectados por actos vandálicos y ataques contra estaciones del sistema.Autoridades monitorean posibles focos de violenciaDurante la conversación radial, César Restrepo explicó que la administración distrital mantiene un monitoreo constante sobre las convocatorias de protesta y los posibles focos de alteración del orden público. El secretario aseguró que existen grupos que se infiltran en las movilizaciones con el objetivo de generar confrontaciones y afectar la convivencia ciudadana.“No se trata únicamente de personas inconformes manifestándose; hay individuos que buscan deliberadamente atacar bienes públicos y privados”, señaló.El funcionario indicó que la Policía Metropolitana de Bogotá y los organismos de inteligencia trabajan en la identificación de responsables de actos violentos para judicializarlos. Además, destacó que las autoridades buscan diferenciar a los manifestantes pacíficos de quienes participan en hechos vandálicos.Las declaraciones de Restrepo se dan en un contexto de creciente tensión entre organizaciones sociales y el Distrito, especialmente por temas relacionados con seguridad, movilidad y respuesta institucional frente a las manifestaciones.Debate sobre el derecho a la protesta en BogotáUno de los puntos centrales de la entrevista giró en torno al equilibrio entre garantizar el derecho constitucional a la protesta y preservar la seguridad ciudadana. César Restrepo insistió en que la Alcaldía de Bogotá reconoce la importancia de la movilización social como mecanismo democrático, pero subrayó que no se permitirá que actos violentos afecten a la ciudadanía.“La ciudad no puede quedar sometida al miedo ni al caos por acciones violentas de unos pocos”, expresó el secretario. En los últimos años, Bogotá ha enfrentado múltiples jornadas de protestas que han derivado en disturbios, afectaciones económicas y daños a la infraestructura pública. Sectores empresariales y comerciantes han manifestado preocupación por las pérdidas ocasionadas durante bloqueos y enfrentamientos.Por su parte, organizaciones defensoras de derechos humanos han pedido que las autoridades actúen bajo criterios de proporcionalidad y respeto por los derechos fundamentales de los manifestantes.Seguridad y convivencia, prioridades del DistritoDurante la entrevista en Mañanas Blu, Restrepo también se refirió a las estrategias implementadas por la administración distrital para fortalecer la seguridad en Bogotá. Entre ellas mencionó el aumento de operativos preventivos, el trabajo articulado con la Policía y la vigilancia sobre posibles convocatorias que puedan derivar en hechos violentos.El secretario destacó que la ciudad enfrenta desafíos complejos en materia de seguridad urbana, especialmente por fenómenos asociados al crimen organizado, hurtos y disturbios en escenarios de protesta.“Nuestra obligación es proteger a los ciudadanos, garantizar la movilidad y evitar que se normalice la violencia”, puntualizó. Las autoridades distritales reiteraron el llamado a los manifestantes para que las movilizaciones se desarrollen de manera pacífica y sin afectaciones a terceros. Asimismo, hicieron un llamado al diálogo como mecanismo para resolver las diferencias sociales y políticas.
Bogotá vuelve a sufrir por la movilidad. A las afectaciones generadas por las obras del metro, que siguen provocando trancones y molestias entre los ciudadanos que se mueven por la ciudad, ahora se suman nuevas manifestaciones que complican el tránsito en varios puntos de la capital. Reportes oficiales confirmaron desvíos y afectaciones en la operación de TransMilenio durante la tarde de este martes.Las protestas impactaron dos sectores de la ciudad. Por un lado, en inmediaciones de la Universidad Pedagógica, la situación obligó a que varias rutas troncales iniciaran desvíos por las manifestaciones que avanzaron sobre la calle 72.Por otra parte, en el Colegio Superior de Cundinamarca, la presencia de manifestantes en la carrera 2 con calle 28 también llevó a que algunas rutas troncales modificaran su recorrido mientras se atendía la novedad.Manifestaciones colapsaron BogotáEn la Universidad Pedagógica, los manifestantes ocuparon la avenida Caracas con calle 76, por lo que todos los servicios de TransMilenio que operan sobre ese corredor tuvieron que desviarse por la carrera 30.Los servicios que circulan por la Caracas en sentido norte-sur realizaron retornos a la altura de la calle 42. Al mismo tiempo, los servicios duales 81 y 84 retoman operación en la calle 100. Entre tanto, las rutas F19 y F60 hicieron desvíos por la carrera 10.La situación en la Pedagógica escaló rápidamente y, sobre las 6:20 de la tarde, unidades de la UNDMO hicieron presencia para intentar dispersar a los manifestantes y recuperar el orden en la zona.En cuanto al Colegio Superior de Cundinamarca, sobre las 6:11 de la tarde los manifestantes empezaron a despejar la vía, lo que permite cancelar los desvíos y que la flota troncal retome su operación habitual.TransMilenio reporta desvíos por protestas en BogotáMientras avanzaban las manifestaciones, varios ciudadanos tuvieron que bajarse de los buses y continuar sus trayectos a pie ante la congestión y los retrasos en el sistema.Las autoridades recomendaron a los usuarios tener paciencia mientras termina la dispersión de los manifestantes y se normaliza por completo la movilidad en Bogotá. La Secretaría de Movilidad indicó que mantiene monitoreo permanente en los puntos afectados para evitar nuevas complicaciones en las vías.
Luego de las protestas y bloqueos que afectaron la movilidad en varias vías del departamento durante abril, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) expedirá resoluciones para disminuir los avalúos catastrales en cuatro municipios de Santander, como resultado de las mesas de concertación con comunidades campesinas.La medida beneficiará a habitantes rurales de Lebrija, Páramo, Cabrera y Barichara, donde se habían registrado incrementos significativos en los avalúos, generando inconformidad entre los productores del campo.El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, explicó que en municipios como Lebrija la reducción promedio será del 60 % en 27 zonas rurales, lo que representa un alivio importante para las economías campesinas.“Estamos llevando justicia tributaria al campo santandereano. En muchos casos se corrigieron cobros desproporcionados y se ajustaron a la realidad económica de cada región”, afirmó el mandatario, quien destacó las gestiones adelantadas ante el IGAC Nacional para revisar los avalúos.Según cifras oficiales, al menos 33.500 familias campesinas ya se benefician con estos ajustes, que buscan corregir distorsiones en la actualización catastral y evitar cargas tributarias que superaban la capacidad económica de los propietarios rurales.El conflicto se originó tras la inconformidad de las comunidades por los altos incrementos en el impuesto predial, lo que derivó en protestas y bloqueos en corredores estratégicos del departamento durante varios días, afectando el transporte de alimentos y la movilidad regional.Como parte del seguimiento a los compromisos adquiridos, el próximo 6 de mayo se realizará una reunión a nivel nacional para evaluar los avances de las mesas de concertación entre campesinos y el IGAC, y definir nuevas medidas que garanticen estabilidad en los procesos catastrales.Las autoridades departamentales señalaron que el objetivo es mantener el diálogo con las comunidades y evitar nuevos escenarios de protesta, al tiempo que se avanza en soluciones estructurales para el sector rural.
Una jornada de protesta adelantan este miércoles estudiantes de la Universidad Industrial de Santander (UIS), sede Barbosa, en rechazo a la suspensión del proyecto de pavimentación del corredor vial que conecta el barrio Los Almendros con el campus universitario.De acuerdo con los manifestantes, la decisión de salir a las vías obedece al incumplimiento de compromisos por parte de las autoridades frente a la ejecución de esta obra, considerada clave para garantizar condiciones adecuadas de movilidad. Los estudiantes aseguran que actualmente deben transitar por un trayecto en mal estado, lo que representa riesgos para su integridad y la de los habitantes del sector.El plantón se instaló desde las 7:00 de la mañana en el sector conocido como “la T”, sobre la vía principal, y se prevé que se extienda hasta las 7:00 de la noche, con posibilidad de prolongarse hasta las 10:00 p.m. Durante la jornada, se han realizado bloqueos intermitentes que afectan el tránsito vehicular.Las autoridades de tránsito confirmaron la situación. El mayor Carlos Ernesto Vergara Vélez, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de Santander, indicó que se trata de una manifestación pacífica y explicó la dinámica de la movilidad en el punto:“En estos momentos registramos una manifestación pacífica por parte, posiblemente, de estudiantes de la UIS, quienes están reclamando, al parecer, por el mal estado de la malla vial en el ingreso. Tenemos un bloqueo de forma intermitente: realizan la actividad durante aproximadamente una hora y habilitan el paso de vehículos por lapsos de 10 a 15 minutos. Estamos a la espera de que el gobierno municipal adelante un diálogo con los estudiantes para concertar esta situación y lograr una movilidad segura en este tramo”.Los estudiantes reiteraron su llamado a la Gobernación de Santander y a la Alcaldía de Barbosa para que atiendan la problemática y reactiven el proyecto vial, que consideran fundamental para el acceso a la institución educativa y el bienestar de la comunidad.
Un nuevo bloqueo vial se registra en el departamento de Santander, donde habitantes de la vereda Campo Gala, en el corregimiento El Llanito de Barrancabermeja, decidieron cerrar la vía departamental que comunica con Puerto Wilches como medida de protesta.La manifestación surge ante lo que la comunidad califica como abandono institucional frente a las necesidades de la escuela rural de Campo Gala. Padres de familia y líderes del sector aseguran que las condiciones actuales de la institución afectan directamente la calidad educativa de niños y jóvenes, quienes enfrentan dificultades por la falta de infraestructura adecuada y atención por parte de las autoridades.El bloqueo ha generado afectaciones en la movilidad entre Barrancabermeja y Puerto Wilches, una vía clave para la conexión regional y el transporte de productos, lo que incrementa la preocupación de transportadores y habitantes de la zona. De acuerdo con los manifestantes, la protesta busca llamar la atención de la administración municipal para que se atiendan de manera urgente las problemáticas de la institución educativa, mediante inversiones en infraestructura, dotación y mejores condiciones para la prestación del servicio educativo. Este tipo de manifestaciones se suma a otras registradas recientemente en Santander, donde comunidades rurales han recurrido a las vías de hecho para exigir soluciones en temas como educación, vías y servicios básicos, evidenciando el rezago histórico en varias zonas del departamento.Hasta el momento, se espera un pronunciamiento oficial por parte de la Alcaldía de Barrancabermeja y el envío de una comisión que permita abrir canales de diálogo con la comunidad y lograr el levantamiento del bloqueo.
En medio de las jornadas de concertación adelantadas con comunidades que participaban en el paro en Santander, la Secretaría de Planeación Departamental lideró un diálogo técnico para atender las inquietudes generadas por el incremento en los avalúos catastrales en varias zonas del departamento.Como resultado de estos encuentros, se logró uno de los principales acuerdos: el compromiso del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) de revisar de manera detallada los avalúos catastrales, con el objetivo de garantizar que reflejen la realidad económica de los predios y evitar afectaciones a los ciudadanos.El secretario de Planeación destacó que este proceso estará acompañado por mesas técnicas de trabajo en las que participarán el IGAC, las administraciones municipales y representantes de las comunidades. Allí se analizarán los casos específicos para avanzar en posibles ajustes bajo criterios técnicos y de equidad.Además, la Gobernación de Santander anunció que brindará asistencia técnica a los municipios para facilitar la revisión de los avalúos y apoyar la implementación de medidas que permitan mitigar el impacto en el impuesto predial.Entre los compromisos establecidos también se incluye la priorización de municipios que ya presentan avances en el proceso de actualización catastral, así como un seguimiento permanente a los acuerdos alcanzados, con el fin de garantizar su cumplimiento.
En Medellín capturaron a alias ‘Dawil’, un estadounidense requerido por un fraude bancario de más de 212 millones de pesos en Puerto Rico. El extraditable utilizaba una aplicación para depositar cheques y antes de que el sistema interbancario detectara la transacción digital, iba a sucursales de la entidad financiera para negociar el mismo título por segunda vez.La fuerza pública en compañía con organismos internacionales siguen dando golpes en la capital antioqueña frente a ciudadanos requeridos en diferentes partes del mundo por distintos delitos.El más reciente de ellos fue el de Dawil Noe de Jesús González, un estadounidense requerido por las requerido por el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico al ser señalado de diseñar un sofisticado esquema de fraude bancario en el que se habría alcanzado apropiar de hasta 56 mil dólares, cerca de 212 millones de pesos, tras una conducta que ejecutó en al menos 17 oportunidades.Según la Dijín, alias ‘Dawil’ aprovechaba las brechas temporales en los procesos de compensación tecnológica obteniendo cheques de gerente legítimos.El capturado utilizaba una aplicación financiera para depositar los cheques y antes de que el sistema interbancario detectara la transacción digital, el capturado se desplazaba físicamente a otras sucursales de la entidad para negociar o depositar el mismo título valor por segunda vez y así obtener el dinero por duplicado.El extranjero quedó en poder de la Fiscalía General quien a través de su Dirección de Asuntos Internacionales gestiona los trámites respectivos para lograr su entrega a las autoridades puertorriqueñas.
La Universidad de Antioquia produjo el primer lote industrial de cloroquina, fármaco clave para el tratamiento de la malaria. El presidente Gustavo Petro destacó el logro frente a este producto, el primero del país producido por una planta de medicamentos públicaLuego de que a mediados de 2025 la Universidad de Antioquia recibiera el aval del Invima para la fabricación de cloroquina en su propia planta de medicamentos, su primer lote industrial ya salió al mercado.Así lo anunció en las últimas horas la institución de educación superior, quien destacó que en los próximos meses será constante la producción de este fármaco clave para el tratamiento de la malaria hasta cumplir con la demanda nacional.Wber Ríos, decano de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias de la Alma Máter, destacó la capacidad que actualmente tiene la dependencia que lidera para generar el medicamento que históricamente ha tenido que importarse en el país."La Universidad de Antioquia está en capacidad de entregar en dos meses 240.000 tabletas, y mes a mes seguir entregando un volumen tabletas importantes hasta cumplir la demanda que se requiere, que es de 1.700.000 tabletas"afirmó.Las tabletas producidas en este primer lote serán distribuidas a través de la Organización Panamericana de la Salud con el fin de fortalecer el acceso a medicamentos en las zonas más apartadas y vulnerables del país.El presidente Gustavo Petro se refirió a este hito como “orgullo industrial y del saber en Antioquia” y aseguró que “comienza la real producción farmacéutica en Colombia”.Esto a propósito de la producción en la misma planta de medicamentos públicos de la Niclosamida, el benznidazol y el praziquantel, otros tres fármacos incluidos en el convenio firmado con el Ministerio de Salud.En otro, ya está incluido otro recientemente respaldado por el Tribunal de la Comunidad Andina en medio de la disputa legal con farmacéuticas internacionales: el dolutegravir triconjugado, esencial para el tratamiento del VIH.
La Sociedad Hidroituango advierte una posible crisis energética tras el fenómeno de El Niño y evitar alza de tarifas. Se suma a la solicitud del gobernador Andrés Julián Rendón a la ANLA para que permita que el megaproyecto pueda usar una mayor capacidad útil de su embalse ante los riesgos por un apagónLa sociedad Hidroituango S.A. advirtió que Colombia podría enfrentar aumentos en las tarifas de energía e incluso riesgos de racionamiento durante el segundo semestre de 2026, ante la alta probabilidad de un fenómeno de El Niño severo en los próximos meses, específicamente entre julio y diciembre. La empresa señaló que, de no tomarse medidas preventivas, el país podría tener dificultades en el suministro eléctrico.Según la Sociedad hidroeléctrica, la reducción de lluvias y los bajos niveles de los embalses obligarían a depender más de las plantas térmicas, cuya operación es más costosa. Por eso, insistió en la necesidad de anticiparse a la temporada seca, almacenando más agua en el embalse de Hidroituango y utilizando desde ahora las termoeléctricas para preservar las reservas hídricas.“La central hidroeléctrica más grande de Colombia está hoy al 53 % y estamos botando agua por un tema de restricciones ambientales. Si se pudieran suprimir estas restricciones ambientales menores, por lo menos de carácter temporal, nos permitiría incrementar el embalse de Ituango al 100 % de su capacidad y con eso nos cogería el fenómeno del niño con el embalse lleno para poder estar generando energía al 100% de la capacidad”, dijo Alejandro Arbeláez, gerente general de Hidroituango S.A.El pronunciamiento se suma al del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien desde el Congreso de la ANDI le pidió a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) autorizar un mayor uso de la capacidad de Hidroituango.Antioquia aporta cerca del 40 % de la energía del país en temporada de lluvias y alrededor del 30 % en época seca. Durante 2025 más del 80 % de la demanda nacional fue cubierta mediante generación hídrica, de la cual el departamento produjo aproximadamente la mitad.
La Selección Colombia se despide de su hinchada el próximo 1 de junio en el estadio El Campín de Bogotá, enfrentando a Costa Rica en el evento denominado 'La Recta Final'. La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) confirmó que la venta de boletería para el público general iniciará el 19 de mayo, tras finalizar las etapas de preventa exclusiva.Este encuentro amistoso representa la última oportunidad para que los aficionados acompañen al equipo dirigido por Néstor Lorenzo antes de su participación en la cita mundialista. El pitazo inicial está programado para las 6:00 p.m., en una jornada donde se espera un lleno total para respaldar al combinado nacional.Precios de las boletas para Colombia vs. Costa RicaEl costo de las entradas varía según la ubicación en el escenario deportivo. Para las zonas preferenciales, la tribuna Occidental tiene un valor de $490.000 más $70.000 de servicio. Por su parte, la localidad de Oriental Central se fijó en $390.000 (+$56.000 de servicio) y Oriental Lateral en $270.000 (+$39.000 de servicio).Las opciones más económicas se encuentran en las cabeceras. Tanto para la tribuna Norte como para Sur, el precio de la entrada es de $85.000, con un recargo adicional de $13.000 por concepto de servicio de la tiquetera oficial, TuBoleta.Fecha de venta al público general y preventa BancolombiaEl proceso de adquisición de entradas se dividió en dos fases principales. La primera etapa, dirigida exclusivamente a clientes de Bancolombia, se desarrolla entre el 14 y el 15 de mayo. Una vez agotado este cupo o finalizado el plazo, el resto de la afición podrá comprar sus ingresos a partir del martes 19 de mayo.Desde la FCF se extendió una invitación para que los asistentes vistan los colores de la bandera y hagan sentir el rigor de la localía en la capital. "La invitación es para que todos los aficionados llenen las tribunas y hagan sentir su respaldo incondicional a nuestros jugadores en una noche especial", señaló la federación.
Mujer le pidió 500.000 pesos a su exnovio policía por no publicar material íntimo y la capturaron en Venecia, Antioquia. Las autoridades en el departamento la sorprendieron cuando recibía el efectivo; otros dos presuntos miembros del Clan del Golfo señalados de ese delito fueron capturados en Barbosa y ConcordiaDurante un operativo de la Policía en el Suroeste de Antioquia fue capturada una mujer, expareja sentimental de un miembro de esa institución, cuando se disponía a recibir 500.000 pesos que le había exigido a cambio de no divulgar videos de carácter íntimo, lo que es considerado un delito.Según detallaron las autoridades, la víctima corresponde es un patrullero activo, quien venía siendo objeto de presiones y exigencias económicas por parte de la hoy capturada.“Los hechos se registraron cuando la presunta responsable expareja sentimental de la víctima se disponía a recibir la suma de la acción operativa permitió la intervención oportuna y la materialización de la cultura en flagrancia de esta persona. Invitamos de esta manera a la comunidad a denunciar cualquier hecho relacionado con extorsión o constreñimiento a través de la línea gratuita nacional 165 del Gaula", señaló el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia.En otro operativo, en zona urbana de los municipios de Barbosa y Concordia fueron capturados alias 'Sebas' y alias 'Papa', presuntos integrantes del Clan del Golfo requeridos por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir con fines de extorsión.De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Policía Nacional en Antioquia, alias 'Sebas' tendría una trayectoria criminal aproximada de dos años dentro de esta estructura criminal, desempeñándose presuntamente como uno de los principales dinamizadores de cobros extorsivos y acciones de presión contra las víctimas en diferentes sectores.Por su parte, alias 'Papa' registraría una trayectoria criminal cercana a un año y sería el encargado de apoyar la materialización de las exigencias económicas ilegales mediante actos de intimidación dirigidos a las víctimas. Se estableció que las rentas criminales derivadas de estas actividades ilícitas oscilarían entre los 500 mil y 5 millones de pesos mensuales.