Cinco municipios de Santander están próximos a reducir los avalúos catastrales de sus predios rurales, luego de los acuerdos alcanzados entre la Gobernación de Santander, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y las alcaldías, en medio de las mesas de trabajo que buscan corregir las inconsistencias derivadas de las recientes actualizaciones catastrales.Los municipios beneficiados con este proceso son Los Santos, Contratación, Matanza, Suratá y Ocamonte, cuyos habitantes habían manifestado preocupación por el incremento en los avalúos de sus predios y el impacto que esto tendría en el cobro del impuesto predial.“Como resultado de las reuniones técnicas, el municipio de Los Santos ya cuenta con la solicitud formal para la expedición de la resolución que permitirá disminuir los avalúos. En los otros cuatro municipios se definieron los criterios técnicos necesarios para que el IGAC continúe con la emisión de las resoluciones correspondientes y posteriormente actualice las bases de datos catastrales”, explicó el secretario de Planeación de Santander, Diego Tamayo Salcedo.El funcionario indicó que esta primera fase comprende cinco municipios, pero anunció que en los próximos días se desarrollarán nuevas jornadas con otros 19. Además, recordó que previamente ya se habían atendido 16 municipios dentro del mismo proceso de revisión.Una vez el Igac expida las resoluciones y modifique la información catastral, las bases de datos serán remitidas a las secretarías de Hacienda de cada municipio para que realicen los ajustes correspondientes en la liquidación del impuesto predial.Los alcaldes de Contratación, Matanza y Suratá destacaron el resultado de las mesas técnicas y señalaron que las decisiones adoptadas representan un alivio para los habitantes del campo, quienes habían solicitado la revisión de los nuevos avalúos por considerar que no reflejaban las condiciones reales de sus predios.
Casi un mes después de que el paro campesino bloqueara por seis días consecutivos las vías principales de Santander, la revisión de los avalúos catastrales motivo central de la protesta comienza a mostrar resultados. El gobernador del departamento, Juvenal Díaz, confirmó que ya se registra la verificación de estos valores en 16 municipios de la región.El mandatario departamental aseguró que, tras un trabajo articulado con los alcaldes locales, se han logrado reducciones significativas en los cobros que los manifestantes tildaron de "desorbitantes". Díaz Mateus puso como ejemplo casos críticos donde el valor de la propiedad se disparó de forma irracional."En 16 municipios se han corregido estos atropellos. Se ha logrado reducir en un 3000 %; fincas que estaban en 200 millones estaban en 3.000 millones, una cifra impagable en 10 años. Los alcaldes pusieron el grito en el cielo y ya se ha solucionado", enfatizó el gobernador.Municipios con ajustesSegún el reporte oficial, las localidades que ya registran soluciones en este proceso son Lebrija, Barichara, Páramo, San Gil, Galán, Gámbita, Güepsa, Charalá y Rionegro.A pesar de estos avances, la emergencia fiscal para los habitantes del campo santandereano no ha terminado. El gobernador advirtió que aún hay 92.000 familias afectadas en todo el departamento, por lo que el equipo técnico continuará trabajando en el resto de los municipios para normalizar la situación catastral y cumplir con los acuerdos que permitieron levantar los bloqueos en el mes de abril.
Luego de las protestas y bloqueos que afectaron la movilidad en varias vías del departamento durante abril, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) expedirá resoluciones para disminuir los avalúos catastrales en cuatro municipios de Santander, como resultado de las mesas de concertación con comunidades campesinas.La medida beneficiará a habitantes rurales de Lebrija, Páramo, Cabrera y Barichara, donde se habían registrado incrementos significativos en los avalúos, generando inconformidad entre los productores del campo.El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, explicó que en municipios como Lebrija la reducción promedio será del 60 % en 27 zonas rurales, lo que representa un alivio importante para las economías campesinas.“Estamos llevando justicia tributaria al campo santandereano. En muchos casos se corrigieron cobros desproporcionados y se ajustaron a la realidad económica de cada región”, afirmó el mandatario, quien destacó las gestiones adelantadas ante el IGAC Nacional para revisar los avalúos.Según cifras oficiales, al menos 33.500 familias campesinas ya se benefician con estos ajustes, que buscan corregir distorsiones en la actualización catastral y evitar cargas tributarias que superaban la capacidad económica de los propietarios rurales.El conflicto se originó tras la inconformidad de las comunidades por los altos incrementos en el impuesto predial, lo que derivó en protestas y bloqueos en corredores estratégicos del departamento durante varios días, afectando el transporte de alimentos y la movilidad regional.Como parte del seguimiento a los compromisos adquiridos, el próximo 6 de mayo se realizará una reunión a nivel nacional para evaluar los avances de las mesas de concertación entre campesinos y el IGAC, y definir nuevas medidas que garanticen estabilidad en los procesos catastrales.Las autoridades departamentales señalaron que el objetivo es mantener el diálogo con las comunidades y evitar nuevos escenarios de protesta, al tiempo que se avanza en soluciones estructurales para el sector rural.
Con el objetivo de avanzar en los acuerdos alcanzados tras las protestas campesinas por el incremento en los avalúos catastrales, la Gobernación de Santander anunció la realización de la primera mesa técnica este jueves 23 de abril, iniciando con el municipio de Lebrija, uno de los más afectados por esta problemática.La mesa técnica de Lebrija contará con la participación de la Gobernación, el IGAC, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Personería y líderes comunitarios, con el propósito de realizar un análisis detallado y acelerar respuestas frente a las inquietudes de la población rural.La jornada hace parte de los compromisos adquiridos entre las autoridades departamentales, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y las comunidades rurales, luego de las manifestaciones que se registraron en diferentes puntos del departamento y que impactaron a cerca de 68 municipios, con distintos niveles de afectación.El secretario de Planeación de Santander, Diego Arturo Tamayo, explicó que estos espacios buscan analizar caso por caso la situación de los contribuyentes, especialmente de quienes ya pagaron el impuesto predial con incrementos significativos.“No se trata solo de revisar los avalúos, sino de definir qué hacer en los casos donde ya se materializaron los pagos y cómo deben actuar los municipios frente a estas situaciones”, señaló.En ese sentido, la Gobernación, en articulación con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Hacienda, también convocó a alcaldes, secretarios de Hacienda y concejos municipales a una jornada de asistencia técnica este viernes 24 de abril en Bucaramanga, con el fin de brindar orientación sobre el Impuesto Predial Unificado y los efectos de la actualización catastral.Tamayo indicó que otro de los puntos clave será la revisión de los calendarios tributarios, ya que muchos municipios podrían ampliar o ajustar los plazos de pronto pago, teniendo en cuenta que numerosos contribuyentes se abstuvieron de cancelar el impuesto ante los altos incrementos.“La idea es evitar afectaciones tanto a las comunidades como a las finanzas de los municipios”, precisó.El funcionario agregó que no se adoptará una única medida general, sino que se evaluarán las condiciones específicas de cada territorio para tomar decisiones más acertadas. Además, confirmó que ya hay equipos del IGAC en Santander adelantando la revisión de los avalúos.Finalmente, la Gobernación habilitó el correo electrónico predial@santander.gov.co para atender dudas y brindar acompañamiento a los ciudadanos en medio de este proceso.
Tras las recientes jornadas de protesta y bloqueos en departamentos como Santander y Boyacá, el director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Gustavo Marulanda, anunció el inicio de un proceso de diálogo y revisión técnica de los avalúos catastrales. El objetivo es atender las quejas de ciudadanos que han reportado incrementos desproporcionados en el valor de sus predios, producto de la implementación del catastro multipropósito.Mesas territoriales y corrección de errores El acuerdo alcanzado busca dar claridad sobre la metodología aplicada en 520 municipios del país. Según Marulanda, se establecerán espacios de concertación: “Vamos a hacer unas mesas territoriales para hacer una explicación mucho más detallada de la metodología de los resultados (...) y adicionalmente pues vamos también a hacer eventualmente los ajustes que correspondan si es que el ciudadano nos puede mostrar que efectivamente algunos de los valores no corresponden a la realidad territorial”. El funcionario reconoció que, aunque la metodología es masiva, no es infalible y puede presentar márgenes de error que el Gobierno está dispuesto a corregir. El impacto del rezago histórico Uno de los puntos más críticos de la entrevista fue la confirmación de incrementos que superan el 19,000% en algunas zonas. Marulanda explicó que esto no es un error de cálculo en todos los casos, sino el reflejo de un abandono institucional de años. “Teníamos en Santander municipios con 10, 15 y 20 años sin acceder a actualización catastral”, señaló, añadiendo casos extremos donde predios de 40 hectáreas estaban avaluados en apenas 160,000 pesos y pasaron a 31 millones. Para el director, esto evidencia la necesidad del ejercicio: “estábamos tan tan rezagados que precisamente por eso había que hacer este tipo de ejercicios”. Nueva metodologíaEl Igac defendió el uso de tecnología y estudios de campo para determinar el valor de la tierra no solo por su extensión, sino por su potencial. “La agrología es hacer... a piques y abrir grandes huecos en muchas zonas del país para saber cuál es la capacidad productiva del suelo”, explicó Marulanda. Este análisis permite tasar el suelo según su vocación agropecuaria y rentabilidad, buscando que el 10% de la población que posee el 82% de la tierra productiva contribuya de manera equitativa. Mitigación en el pago del impuesto predial Ante el temor de los campesinos por el golpe a sus bolsillos, el director aclaró que un aumento en el avalúo no siempre significa un aumento equivalente en el impuesto. Existen normas de mitigación que protegen al contribuyente: “el impuesto predial (...) todavía tiene una norma de mitigación que no permite que más del 50% de lo pagado el año inmediatamente anterior sea lo que efectivamente saque del bolsillo del ciudadano”. Escuche aquí la entrevista:
Tras seis días de bloqueos y protestas campesinas en Santander y otras regiones del país por el aumento en los avalúos catastrales, el Gobierno Nacional logró un acuerdo que permitió levantar las manifestaciones y restablecer la movilidad.El punto central del acuerdo establece una hoja de ruta para revisar los avalúos que han generado inconformidad en miles de propietarios rurales. Como primer paso, se instalarán mesas de trabajo regionales en departamentos como Santander, Norte de Santander, Boyacá, Casanare, Cundinamarca y Cesar.Estas mesas deberán entrar en funcionamiento en un plazo máximo de dos semanas y tendrán tres tareas clave: identificar posibles inconsistencias en la aplicación de las metodologías catastrales, priorizar los casos más críticos y proponer ajustes técnicos dentro del marco legal vigente.En el proceso participarán entidades del orden nacional como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), junto con gobernaciones, alcaldías, concejos municipales, organizaciones campesinas, veedurías ciudadanas y organismos del Ministerio Público, con el acompañamiento de entidades como la Defensoría del Pueblo.El acuerdo también busca garantizar que las revisiones se hagan de manera técnica, transparente y con participación directa de las comunidades, uno de los principales reclamos de los manifestantes.Las revisiones se apoyarán en la Resolución 384 de 2026, que modificó disposiciones de la Resolución 2057 de 2025 y otorgó facultades a las direcciones territoriales del IGAC para ajustar los porcentajes de incremento derivados de actualizaciones catastrales.Según lo expuesto por funcionarios de la entidad, esta normativa permitirá hacer ajustes cuando se evidencien inconsistencias o cuando los avalúos no reflejen la realidad económica de los predios.Otro de los compromisos alcanzados consiste en fortalecer los procesos de socialización antes de aplicar modificaciones en los avalúos catastrales.Las autoridades acordaron que cualquier resolución o ajuste que pueda impactar el valor de los predios deberá ser informado previamente a alcaldías, comunidades y organismos de control, con el fin de evitar nuevos conflictos sociales.
Las protestas campesinas por el aumento en los avalúos catastrales ya comienzan a sentirse en los hogares santandereanos. Comerciantes y consumidores advierten escasez de algunos productos y alzas en los precios debido a las dificultades en el transporte de alimentos.En supermercados, tiendas y fruvers, los ciudadanos reportan estanterías con menos oferta. “Absolutamente nada, de verdad. Hace muchísimo faltan productos: ya no hay huevos, no hay verdura, no hay papel. Incluso crema de leche u otras cosas que uno necesita no se consiguen”, relató una usuaria de un supermercado.Los pequeños comerciantes también enfrentan un panorama complejo. Euclides Rojas, propietario de un micromercado y fruver, aseguró que varios productos básicos han subido de precio y son cada vez más difíciles de conseguir.“La papa está más cara, la cebolla larga, la arracacha, el pimentón… todo ha subido. Es una situación difícil tanto para el que compra como para el que vende”, explicó.A esto se suma el incremento en los costos de transporte. Según Rojas, la espera de los camiones eleva costos y, en consecuencia, el precio final de los alimentos.Otro comerciante del sector coincidió en que la falta de abastecimiento es evidente. Indicó que productos como el brócoli, el limón y otras verduras escasean.“No llega mercancía suficiente para cubrir la demanda. Todo está en déficit y, por ejemplo, la libra de limón ya alcanza los 4.000 pesos”, afirmó.Desde la Central de Abastos de Bucaramanga, su coordinador de operaciones, Alfonso Peñaloza Bueno, confirmó que las manifestaciones han generado una reducción en el acopio de productos. Sin embargo, aclaró que por ahora no se registra un desabastecimiento total.“El menor volumen de ingreso ha provocado alzas en productos como la papa amarilla, cebolla cabezona, fresa, apio y arracacha”, indicó, al tiempo que explicó que los incrementos también responden al uso de rutas alternas, lo que eleva los costos logísticos.Pese a la situación, desde Centroabastos señalaron que la central continuará operando las 24 horas para garantizar el ingreso de alimentos y mitigar el impacto en el abastecimiento.Entre tanto, el panorama sigue siendo incierto para comerciantes y consumidores, a la espera de que se normalice la movilidad en las vías del departamento tras los acuerdos alcanzados entre campesinos, autoridades y el Igac, instituto que se comprometió a revisar los avalúos catastrales.
Las protestas campesinas en Santander continúan y ya completan bloqueos en al menos 10 puntos del departamento, como rechazo al incremento en los avalúos catastrales que, aseguran, afecta gravemente su economía.Uno de los casos es el de José David Acero, campesino de Lebrija, quien denunció que su predio pasó de estar avaluado en 60 millones a más de 268 millones de pesos tras la actualización catastral. Su finca, de dos hectáreas, cuenta con una vivienda humilde y cultivos de cítricos que actualmente no producen debido a enfermedades.“Nos sentimos afectados porque ese avalúo que nos puso el Gobierno es muy alto. Pasar de 60 a casi 270 millones es injusto”, expresó.A esta situación se suma la de María Socorro Beltrán, quien también cuestionó el impacto de la medida. Según dijo, la crisis en sus cultivos le impide asumir el aumento en los impuestos. “Los cultivos se dañaron y ahora no hay cómo pagar ese impuesto tan caro”, afirmó.Esta problemática se estaría presentando en 68 de los 87 municipios del departamento, lo que motivó a decenas de campesinos a salir a las vías para exigir soluciones.Ernesto Ramírez, otro de los afectados, señaló que la baja productividad del campo agrava el panorama. “La tierra también se cansa y en estos momentos no quiere dar frutos, ¿de dónde vamos a sacar para pagar con esos avalúos?”, cuestionó.El impacto del paro ya empieza a sentirse en otros sectores. Desde Asoleche advierten dificultades en el acopio de miles de litros de leche y reportan pérdidas diarias que ascenderían a $120.000 millones en Santander.Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Juan Carlos Rincón, hizo un llamado a buscar soluciones que no perjudiquen la economía regional. “No se puede mostrar una economía afectando cada uno de los sectores”, indicó.Entre tanto, las conversaciones entre líderes campesinos y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) en Bogotá no han llegado a acuerdos. Los manifestantes anunciaron que continuarán en paro indefinido hasta que se derogue la resolución 2057, que fija los incrementos en los avalúos catastrales rurales para 2026.
En medio de la creciente tensión por los bloqueos viales que ya completan seis días en el departamento de Santander, el gobernador Juvenal Díaz hizo un llamado directo al presidente Gustavo Petro para que se revoque la resolución 2057 del IGAC, señalada como el origen del incremento en los avalúos catastrales que desató las protestas campesinas.La declaración se produce luego de que el mandatario nacional ordenara la intervención de la Fuerza Pública para desbloquear las vías, afectadas por manifestaciones que mantienen cerrados puntos estratégicos como el peaje de Lebrija y la vía hacia el Aeropuerto Internacional Palonegro.El gobernador explicó que la resolución 2057 ha generado aumentos desproporcionados en los avalúos catastrales, citando casos en los que predios pasaron de valer 200 millones a 2.600 millones de pesos. Según indicó, esto convierte a los campesinos en “ricos de papel”, obligándolos a asumir cargas tributarias como el impuesto al patrimonio sin contar con la capacidad económica real.Además, advirtió que el impacto va más allá del predial, afectando procesos como la venta de tierras, debido al incremento en los costos notariales, y generando efectos en cadena a través de resoluciones regionales del IGAC.“El problema de fondo es la resolución 2057. Su suspensión es una decisión que solo le corresponde al Gobierno Nacional”, afirmó el mandatario departamental, quien también invitó al presidente a participar en una mesa de diálogo en la región para conocer de primera mano la situación de los campesinos.Mientras tanto, las protestas continúan y los manifestantes insisten en mantener los bloqueos hasta que se derogue la normativa, lo que mantiene en vilo la movilidad, la economía y el abastecimiento en Santander.
La prolongación de los bloqueos viales en el departamento de Santander continúa generando un fuerte impacto económico y social, con pérdidas estimadas en cerca de $120.000 millones diarios, según advirtió la Alianza por Santander.La situación, que ya completa varios días, ha afectado gravemente el abastecimiento de alimentos, el transporte de carga y pasajeros, así como la prestación de servicios esenciales. Los gremios aseguran que la crisis ha escalado a un nivel crítico, comprometiendo la competitividad del departamento y el funcionamiento normal de distintos sectores productivos.De acuerdo con el pronunciamiento, los bloqueos han paralizado corredores estratégicos, dificultando la movilidad entre municipios clave y generando desabastecimiento en diferentes zonas de Santander. Además, advierten sobre el impacto en el empleo y el riesgo de suspensión de operaciones en empresas debido a la falta de insumos.Este panorama se da en medio del paro campesino que exige al IGAC la revisión de los avalúos catastrales tras el aumento del impuesto predial, situación que mantiene múltiples vías cerradas en el departamento.Frente a este escenario, desde la Alianza por Santander se hizo un llamado urgente a levantar los bloqueos y aprovechar los espacios de diálogo abiertos con el Gobierno Nacional.El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Juan Carlos Rincón Liévano, reiteró la preocupación del sector empresarial: “No se puede solucionar un problema creando uno mucho mayor”, afirmó.Los gremios insisten en que Santander no puede continuar detenido, mientras crece la presión para alcanzar acuerdos que permitan restablecer la movilidad y mitigar las millonarias pérdidas que deja la crisis.
Familiares y amigos continuaban buscando este martes con la ayuda de los medios de comunicación y las redes sociales a allegados en paradero desconocido tras el potente terremoto del lunes en Colombia, que causó la muerte del al menos 169 personas, así como el derrumbe de decenas de edificios, principalmente en las ciudades de Pereira y Cali, sin que se hayan ofrecido datos oficiales sobre desaparecidos.La tierra tembló en Colombia a las 07:34 de la mañana por un terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, un pueblo del departamento del Chocó, en la región del Pacífico, situado en límites con los departamentos de Risaralda y Valle del Cauca, entre los más afectados por la tragedia.En Cali, donde hay al menos 85 fallecidos, según cifras preliminares de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), y en Pereira, con 66 víctimas mortales confirmadas, la gente pide ayuda para encontrar a los suyos.Se espera que el número de víctimas suba a lo largo del día, a medida que avanzan las labores de búsqueda y rescate, cruciales en las primeras 72 horas tras el sismo para el hallazgo de supervivientes."Juan Romero vive en Pereira, Risaralda. Ayúdanos a encontrarlo". "Henry Palacio y Sonia de la Pava, dos personas de la tercera edad son buscadas, no han tenido comunicación con ellos. Estaban en la Unidad Residencial Verona I de Pereira". "Se busca a la familia Lozano Mora en Cali, ayúdanos a encontrarlos". Estos son algunos de los mensajes que inundan hoy las redes sociales.Entre las personas que no han podido ser localizadas después del terremoto hay 164 españoles, según informó este martes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.Una de ellas es Alicia Cabrera Zagalaz, de 32 años, cuya tía, Julia María Cabrera Ruiz, se comunicó en Bogotá para tratar de obtener información sobre su sobrina y otros familiares."Necesitaría saber noticias de mi sobrina Alicia Cabrera Zagalaz. Es una chica española de la provincia de Jaén que ha salido con su madre, María Dolores Zagalaz, y una tía de vacaciones a Colombia. Ellas viajaron el jueves", dijo la mujer en un mensaje de audio.Entre los casos que más repercusión han tenido están el de Darío Patiño Rivera, padre del periodista Darío Fernando Patiño, quien vivía en el edificio Torres del Limonar, de Cali; o el de la niña Violeta Guerrero, quien estaba en casa de su abuela, Amparo Jaramillo, en el Conjunto Residencial Guadalupe, uno de los que colapsó con el terremoto y de quienes nada se sabe desde entonces.Los equipos de rescate buscan sin descanso entre los escombros a los centenares de personas que siguen desaparecidas y sobre las cuales las autoridades no tienen cifras consolidadas, como tampoco de muertos y heridos por esta tragedia, la peor de Colombia en este primer cuarto del siglo XXI.
La Fiduprevisora deberá terminar anticipadamente un proceso de contratación por $33.127.881.408, destinado a suministrar equipos de cómputo de escritorio y portátiles bajo la modalidad CaaS, conocida como Computer as a Service.La decisión se produjo después de las advertencias realizadas por la Procuraduría General de la Nación sobre posibles irregularidades en las condiciones del proceso. El organismo de control intervino de manera preventiva y encontró varios riesgos que podían comprometer el desarrollo de la contratación. Entre ellos, señaló posibles problemas relacionados con la publicidad, la transparencia y la igualdad que deben garantizarse en este tipo de procedimientos.La Procuraduría, a través de la Delegada Primera para la Vigilancia de la Función Pública, puso además la lupa sobre los requisitos exigidos a las empresas interesadas en presentar sus ofertas. Según las observaciones, algunas de estas condiciones podrían dificultar la participación de más proponentes y reducir la competencia.Ante estas advertencias, la Fiduprevisora decidió poner fin al proceso antes de que avanzara hacia las siguientes etapas de contratación. La decisión fue adoptada teniendo en cuenta los riesgos identificados por el Ministerio Público y la necesidad de garantizar que los recursos y procedimientos de la entidad se manejen bajo las reglas establecidas.La Procuraduría recordó que la contratación de la Fiduprevisora debe garantizar principios como la transparencia, publicidad, igualdad, economía, responsabilidad y selección objetiva, además de permitir la participación de los posibles oferentes en condiciones de competencia.
Para cualquier entusiasta del turismo, no hay mejor "souvenir" de una escapada bajo el sol que una piel radiante y dorada. Sin embargo, el regreso de las vacaciones suele traer una pequeña decepción: ese tono que lucía perfecto frente al mar empieza a desvanecerse apenas desempacamos la maleta. Lo que muchos viajeros ignoran es que la duración de ese brillo no depende solo de las horas bajo el sol, sino de lo que ocurre después de la exposición.El secreto para evitar que el bronceado desaparezca rápidamente reside en la hidratación profunda. Cuando la piel pierde agua, se reseca y se descama, eliminando de forma acelerada las células superficiales que contienen la melanina. Por ello, los productos aftersun han evolucionado de ser simples lociones refrescantes a verdaderos tratamientos reparadores. Expertos en cosmética natural destacan ingredientes innovadores como la eritrulosa, un componente derivado del azúcar que proporciona un efecto de bronceado gradual y natural. Al combinarlo con extractos como el del alga porphyridium cruentum, se estimulan los mecanismos naturales que mantienen el tono de la piel por más tiempo. Otros aliados esenciales para el viajero son el aceite de burití por su poder antioxidante, el aceite de semillas de higo chumbo por su capacidad regeneradora y el infaltable ácido hialurónico para retener la humedad. Hábitos del viajero para una piel radiante Más allá de las cremas, la rutina diaria es vital. Se aconseja evitar las duchas excesivamente calientes, ya que resecan la piel, y secarse con la toalla dando toques suaves en lugar de frotar con fuerza.Asimismo, una alimentación rica en betacarotenos y vitaminas C y E ayuda a sostener el color desde el interior. Un consejo que suele pasar desapercibido es realizar una exfoliación antes del viaje y no después; esto prepara la piel para un bronceado más uniforme y duradero.
El Gobierno de Estados Unidos destinó 15,5 millones de dólares en ayuda inicial para Colombia tras el terremoto registrado este lunes. Los recursos serán utilizados para atender necesidades relacionadas con refugios de emergencia, alimentación, protección y evaluación de los daños ocasionados por el sismo.Natalia Molano, portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos, aseguró que Washington mantiene una comunicación permanente con el Gobierno colombiano para determinar qué otros apoyos pueden ser necesarios durante la atención de la emergencia. La funcionaria destacó que la administración de Donald Trump está preparada para responder a las solicitudes que formule Colombia.¿En qué se usarán los US$15,5 millones enviados por EE. UU.?Molano explicó que la ayuda inicial contempla suministros para las personas que quedaron sin vivienda y elementos necesarios para quienes participan en las labores de atención en las zonas afectadas.“Muchas veces son suministros específicos para los refugios, claro, para tener un lugar en donde dormir día a día”, señaló la funcionaria. También mencionó artículos como máscaras, guantes y equipos de protección personal para quienes trabajan directamente en la emergencia.Los recursos también permitirán apoyar la evaluación de los daños y las necesidades que dejó el terremoto, información que será determinante para establecer las siguientes acciones de asistencia.¿Estados Unidos aumentará la ayuda para Colombia?La portavoz del Departamento de Estado dejó abierta la posibilidad de ampliar el apoyo económico y logístico. La decisión dependerá de la evaluación que realicen las autoridades colombianas y de las necesidades que sean comunicadas a Washington.“Estamos listos para apoyar al presidente De La Espriella y las necesidades que ellos nos comuniquen”, afirmó Molano, quien reiteró que existe una línea de comunicación abierta entre ambos gobiernos.La funcionaria también explicó que Estados Unidos mantiene como prioridad la asistencia consular a sus ciudadanos que se encuentran en Colombia. La embajada en Bogotá permanece en contacto con las autoridades y ofrece canales de atención para quienes requieran información o asistencia.Sobre la posibilidad de enviar rescatistas o personal estadounidense, Molano indicó que Washington está dispuesto a apoyar al Gobierno colombiano mientras se evalúa la situación. “Seguimos muy listos para monitorear siempre toda la situación”, afirmó.La ayuda anunciada constituye, por ahora, el primer paquete de asistencia de Estados Unidos para responder a la emergencia y podrá ajustarse conforme avance la evaluación de los daños.
Autoridades de gestión del riesgo en Manizales avanzan en las labores de inspección de estructuras afectadas por el fuerte sismo de las últimas horas en medio de las evacuaciones preventivas ordenadas para evitar riesgos a los habitantes.El alcalde Jorge Eduardo Rojas manifestó que un centenar de ingenieros ya están desplegados en diferentes sectores de la capital caldense adelantando estas acciones que en profundidad podrían tardar hasta tres horas por inmueble.No obstante, advirtió que ya las solicitudes de revisión superan las mil y por eso en las próximas horas se espera la llegada de expertos para fortalecer esta labor por parte de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y la Universidad Nacional."Ahora tenemos que hacer inspección ocular, eso es una visita de más de dos horas. De un ingeniero estructural allá metido, inclusive con equipos y cosas, mirando qué tenemos que hacer para retornar. Entonces, eso apenas va a empezar a hacerse, y puede que se demore unos días, porque son demasiadas estructuras", señaló el mandatario local.El mandatario advirtió que la red hospitalaria se ha visto afectada con al menos cuatro estructuras con daños y en el caso de colegios públicos 15 de ellos con situaciones catalogadas como estructurales severas y por eso se suspendieron las clases en toda la ciudad inicialmente hasta el próximo viernes 14 de agosto.En la ciudad ya también se expidieron los respectivos actos administrativos para establecer la urgencia manifiesta y la calamidad pública.