El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) entregó nuevas resoluciones con valores actualizados de avalúos catastrales para predios ubicados en 34 municipios de Santander, luego de las inconformidades que se presentaron a comienzos de este año por incrementos que habitantes y autoridades calificaron como exagerados.La revisión fue adelantada durante los últimos meses mediante mesas técnicas entre el IGAC, la Gobernación de Santander y las administraciones municipales, en las que se analizaron las inquietudes relacionadas con los valores asignados a diferentes predios.De acuerdo con el IGAC, durante este proceso se revisó la información disponible, se analizaron los casos identificados y se realizaron los ajustes técnicos considerados necesarios para que los avalúos respondan a las características de los predios y a las condiciones reales de cada territorio.Como resultado de este trabajo, el Instituto entregó 34 resoluciones con nuevos valores de avalúos, correspondientes a igual número de municipios del departamento.El IGAC aseguró que el propósito de estas modificaciones es avanzar hacia valores justos, técnicamente soportados y acordes con las características de los predios, al tiempo que se fortalece la revisión de la información catastral en los municipios.La entidad también destacó que el proceso permitió mantener un diálogo con las autoridades territoriales frente a las inquietudes surgidas por la actualización catastral.Las nuevas resoluciones se conocen después de meses de reclamos en Santander por el impacto que tuvieron los incrementos de los avalúos sobre los propietarios y el temor de que estos terminaran reflejándose en mayores obligaciones tributarias.El IGAC señaló que continuará trabajando con las administraciones municipales y las comunidades para revisar la información catastral y garantizar que los datos utilizados correspondan a la realidad de los territorios.
Cinco municipios de Santander están próximos a reducir los avalúos catastrales de sus predios rurales, luego de los acuerdos alcanzados entre la Gobernación de Santander, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y las alcaldías, en medio de las mesas de trabajo que buscan corregir las inconsistencias derivadas de las recientes actualizaciones catastrales.Los municipios beneficiados con este proceso son Los Santos, Contratación, Matanza, Suratá y Ocamonte, cuyos habitantes habían manifestado preocupación por el incremento en los avalúos de sus predios y el impacto que esto tendría en el cobro del impuesto predial.“Como resultado de las reuniones técnicas, el municipio de Los Santos ya cuenta con la solicitud formal para la expedición de la resolución que permitirá disminuir los avalúos. En los otros cuatro municipios se definieron los criterios técnicos necesarios para que el IGAC continúe con la emisión de las resoluciones correspondientes y posteriormente actualice las bases de datos catastrales”, explicó el secretario de Planeación de Santander, Diego Tamayo Salcedo.El funcionario indicó que esta primera fase comprende cinco municipios, pero anunció que en los próximos días se desarrollarán nuevas jornadas con otros 19. Además, recordó que previamente ya se habían atendido 16 municipios dentro del mismo proceso de revisión.Una vez el Igac expida las resoluciones y modifique la información catastral, las bases de datos serán remitidas a las secretarías de Hacienda de cada municipio para que realicen los ajustes correspondientes en la liquidación del impuesto predial.Los alcaldes de Contratación, Matanza y Suratá destacaron el resultado de las mesas técnicas y señalaron que las decisiones adoptadas representan un alivio para los habitantes del campo, quienes habían solicitado la revisión de los nuevos avalúos por considerar que no reflejaban las condiciones reales de sus predios.
Casi un mes después de que el paro campesino bloqueara por seis días consecutivos las vías principales de Santander, la revisión de los avalúos catastrales motivo central de la protesta comienza a mostrar resultados. El gobernador del departamento, Juvenal Díaz, confirmó que ya se registra la verificación de estos valores en 16 municipios de la región.El mandatario departamental aseguró que, tras un trabajo articulado con los alcaldes locales, se han logrado reducciones significativas en los cobros que los manifestantes tildaron de "desorbitantes". Díaz Mateus puso como ejemplo casos críticos donde el valor de la propiedad se disparó de forma irracional."En 16 municipios se han corregido estos atropellos. Se ha logrado reducir en un 3000 %; fincas que estaban en 200 millones estaban en 3.000 millones, una cifra impagable en 10 años. Los alcaldes pusieron el grito en el cielo y ya se ha solucionado", enfatizó el gobernador.Municipios con ajustesSegún el reporte oficial, las localidades que ya registran soluciones en este proceso son Lebrija, Barichara, Páramo, San Gil, Galán, Gámbita, Güepsa, Charalá y Rionegro.A pesar de estos avances, la emergencia fiscal para los habitantes del campo santandereano no ha terminado. El gobernador advirtió que aún hay 92.000 familias afectadas en todo el departamento, por lo que el equipo técnico continuará trabajando en el resto de los municipios para normalizar la situación catastral y cumplir con los acuerdos que permitieron levantar los bloqueos en el mes de abril.
Luego de las protestas y bloqueos que afectaron la movilidad en varias vías del departamento durante abril, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) expedirá resoluciones para disminuir los avalúos catastrales en cuatro municipios de Santander, como resultado de las mesas de concertación con comunidades campesinas.La medida beneficiará a habitantes rurales de Lebrija, Páramo, Cabrera y Barichara, donde se habían registrado incrementos significativos en los avalúos, generando inconformidad entre los productores del campo.El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, explicó que en municipios como Lebrija la reducción promedio será del 60 % en 27 zonas rurales, lo que representa un alivio importante para las economías campesinas.“Estamos llevando justicia tributaria al campo santandereano. En muchos casos se corrigieron cobros desproporcionados y se ajustaron a la realidad económica de cada región”, afirmó el mandatario, quien destacó las gestiones adelantadas ante el IGAC Nacional para revisar los avalúos.Según cifras oficiales, al menos 33.500 familias campesinas ya se benefician con estos ajustes, que buscan corregir distorsiones en la actualización catastral y evitar cargas tributarias que superaban la capacidad económica de los propietarios rurales.El conflicto se originó tras la inconformidad de las comunidades por los altos incrementos en el impuesto predial, lo que derivó en protestas y bloqueos en corredores estratégicos del departamento durante varios días, afectando el transporte de alimentos y la movilidad regional.Como parte del seguimiento a los compromisos adquiridos, el próximo 6 de mayo se realizará una reunión a nivel nacional para evaluar los avances de las mesas de concertación entre campesinos y el IGAC, y definir nuevas medidas que garanticen estabilidad en los procesos catastrales.Las autoridades departamentales señalaron que el objetivo es mantener el diálogo con las comunidades y evitar nuevos escenarios de protesta, al tiempo que se avanza en soluciones estructurales para el sector rural.
Con el objetivo de avanzar en los acuerdos alcanzados tras las protestas campesinas por el incremento en los avalúos catastrales, la Gobernación de Santander anunció la realización de la primera mesa técnica este jueves 23 de abril, iniciando con el municipio de Lebrija, uno de los más afectados por esta problemática.La mesa técnica de Lebrija contará con la participación de la Gobernación, el IGAC, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Personería y líderes comunitarios, con el propósito de realizar un análisis detallado y acelerar respuestas frente a las inquietudes de la población rural.La jornada hace parte de los compromisos adquiridos entre las autoridades departamentales, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y las comunidades rurales, luego de las manifestaciones que se registraron en diferentes puntos del departamento y que impactaron a cerca de 68 municipios, con distintos niveles de afectación.El secretario de Planeación de Santander, Diego Arturo Tamayo, explicó que estos espacios buscan analizar caso por caso la situación de los contribuyentes, especialmente de quienes ya pagaron el impuesto predial con incrementos significativos.“No se trata solo de revisar los avalúos, sino de definir qué hacer en los casos donde ya se materializaron los pagos y cómo deben actuar los municipios frente a estas situaciones”, señaló.En ese sentido, la Gobernación, en articulación con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Hacienda, también convocó a alcaldes, secretarios de Hacienda y concejos municipales a una jornada de asistencia técnica este viernes 24 de abril en Bucaramanga, con el fin de brindar orientación sobre el Impuesto Predial Unificado y los efectos de la actualización catastral.Tamayo indicó que otro de los puntos clave será la revisión de los calendarios tributarios, ya que muchos municipios podrían ampliar o ajustar los plazos de pronto pago, teniendo en cuenta que numerosos contribuyentes se abstuvieron de cancelar el impuesto ante los altos incrementos.“La idea es evitar afectaciones tanto a las comunidades como a las finanzas de los municipios”, precisó.El funcionario agregó que no se adoptará una única medida general, sino que se evaluarán las condiciones específicas de cada territorio para tomar decisiones más acertadas. Además, confirmó que ya hay equipos del IGAC en Santander adelantando la revisión de los avalúos.Finalmente, la Gobernación habilitó el correo electrónico predial@santander.gov.co para atender dudas y brindar acompañamiento a los ciudadanos en medio de este proceso.
Tras las recientes jornadas de protesta y bloqueos en departamentos como Santander y Boyacá, el director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Gustavo Marulanda, anunció el inicio de un proceso de diálogo y revisión técnica de los avalúos catastrales. El objetivo es atender las quejas de ciudadanos que han reportado incrementos desproporcionados en el valor de sus predios, producto de la implementación del catastro multipropósito.Mesas territoriales y corrección de errores El acuerdo alcanzado busca dar claridad sobre la metodología aplicada en 520 municipios del país. Según Marulanda, se establecerán espacios de concertación: “Vamos a hacer unas mesas territoriales para hacer una explicación mucho más detallada de la metodología de los resultados (...) y adicionalmente pues vamos también a hacer eventualmente los ajustes que correspondan si es que el ciudadano nos puede mostrar que efectivamente algunos de los valores no corresponden a la realidad territorial”. El funcionario reconoció que, aunque la metodología es masiva, no es infalible y puede presentar márgenes de error que el Gobierno está dispuesto a corregir. El impacto del rezago histórico Uno de los puntos más críticos de la entrevista fue la confirmación de incrementos que superan el 19,000% en algunas zonas. Marulanda explicó que esto no es un error de cálculo en todos los casos, sino el reflejo de un abandono institucional de años. “Teníamos en Santander municipios con 10, 15 y 20 años sin acceder a actualización catastral”, señaló, añadiendo casos extremos donde predios de 40 hectáreas estaban avaluados en apenas 160,000 pesos y pasaron a 31 millones. Para el director, esto evidencia la necesidad del ejercicio: “estábamos tan tan rezagados que precisamente por eso había que hacer este tipo de ejercicios”. Nueva metodologíaEl Igac defendió el uso de tecnología y estudios de campo para determinar el valor de la tierra no solo por su extensión, sino por su potencial. “La agrología es hacer... a piques y abrir grandes huecos en muchas zonas del país para saber cuál es la capacidad productiva del suelo”, explicó Marulanda. Este análisis permite tasar el suelo según su vocación agropecuaria y rentabilidad, buscando que el 10% de la población que posee el 82% de la tierra productiva contribuya de manera equitativa. Mitigación en el pago del impuesto predial Ante el temor de los campesinos por el golpe a sus bolsillos, el director aclaró que un aumento en el avalúo no siempre significa un aumento equivalente en el impuesto. Existen normas de mitigación que protegen al contribuyente: “el impuesto predial (...) todavía tiene una norma de mitigación que no permite que más del 50% de lo pagado el año inmediatamente anterior sea lo que efectivamente saque del bolsillo del ciudadano”. Escuche aquí la entrevista:
Tras seis días de bloqueos y protestas campesinas en Santander y otras regiones del país por el aumento en los avalúos catastrales, el Gobierno Nacional logró un acuerdo que permitió levantar las manifestaciones y restablecer la movilidad.El punto central del acuerdo establece una hoja de ruta para revisar los avalúos que han generado inconformidad en miles de propietarios rurales. Como primer paso, se instalarán mesas de trabajo regionales en departamentos como Santander, Norte de Santander, Boyacá, Casanare, Cundinamarca y Cesar.Estas mesas deberán entrar en funcionamiento en un plazo máximo de dos semanas y tendrán tres tareas clave: identificar posibles inconsistencias en la aplicación de las metodologías catastrales, priorizar los casos más críticos y proponer ajustes técnicos dentro del marco legal vigente.En el proceso participarán entidades del orden nacional como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), junto con gobernaciones, alcaldías, concejos municipales, organizaciones campesinas, veedurías ciudadanas y organismos del Ministerio Público, con el acompañamiento de entidades como la Defensoría del Pueblo.El acuerdo también busca garantizar que las revisiones se hagan de manera técnica, transparente y con participación directa de las comunidades, uno de los principales reclamos de los manifestantes.Las revisiones se apoyarán en la Resolución 384 de 2026, que modificó disposiciones de la Resolución 2057 de 2025 y otorgó facultades a las direcciones territoriales del IGAC para ajustar los porcentajes de incremento derivados de actualizaciones catastrales.Según lo expuesto por funcionarios de la entidad, esta normativa permitirá hacer ajustes cuando se evidencien inconsistencias o cuando los avalúos no reflejen la realidad económica de los predios.Otro de los compromisos alcanzados consiste en fortalecer los procesos de socialización antes de aplicar modificaciones en los avalúos catastrales.Las autoridades acordaron que cualquier resolución o ajuste que pueda impactar el valor de los predios deberá ser informado previamente a alcaldías, comunidades y organismos de control, con el fin de evitar nuevos conflictos sociales.
Las protestas campesinas por el aumento en los avalúos catastrales ya comienzan a sentirse en los hogares santandereanos. Comerciantes y consumidores advierten escasez de algunos productos y alzas en los precios debido a las dificultades en el transporte de alimentos.En supermercados, tiendas y fruvers, los ciudadanos reportan estanterías con menos oferta. “Absolutamente nada, de verdad. Hace muchísimo faltan productos: ya no hay huevos, no hay verdura, no hay papel. Incluso crema de leche u otras cosas que uno necesita no se consiguen”, relató una usuaria de un supermercado.Los pequeños comerciantes también enfrentan un panorama complejo. Euclides Rojas, propietario de un micromercado y fruver, aseguró que varios productos básicos han subido de precio y son cada vez más difíciles de conseguir.“La papa está más cara, la cebolla larga, la arracacha, el pimentón… todo ha subido. Es una situación difícil tanto para el que compra como para el que vende”, explicó.A esto se suma el incremento en los costos de transporte. Según Rojas, la espera de los camiones eleva costos y, en consecuencia, el precio final de los alimentos.Otro comerciante del sector coincidió en que la falta de abastecimiento es evidente. Indicó que productos como el brócoli, el limón y otras verduras escasean.“No llega mercancía suficiente para cubrir la demanda. Todo está en déficit y, por ejemplo, la libra de limón ya alcanza los 4.000 pesos”, afirmó.Desde la Central de Abastos de Bucaramanga, su coordinador de operaciones, Alfonso Peñaloza Bueno, confirmó que las manifestaciones han generado una reducción en el acopio de productos. Sin embargo, aclaró que por ahora no se registra un desabastecimiento total.“El menor volumen de ingreso ha provocado alzas en productos como la papa amarilla, cebolla cabezona, fresa, apio y arracacha”, indicó, al tiempo que explicó que los incrementos también responden al uso de rutas alternas, lo que eleva los costos logísticos.Pese a la situación, desde Centroabastos señalaron que la central continuará operando las 24 horas para garantizar el ingreso de alimentos y mitigar el impacto en el abastecimiento.Entre tanto, el panorama sigue siendo incierto para comerciantes y consumidores, a la espera de que se normalice la movilidad en las vías del departamento tras los acuerdos alcanzados entre campesinos, autoridades y el Igac, instituto que se comprometió a revisar los avalúos catastrales.
Las protestas campesinas en Santander continúan y ya completan bloqueos en al menos 10 puntos del departamento, como rechazo al incremento en los avalúos catastrales que, aseguran, afecta gravemente su economía.Uno de los casos es el de José David Acero, campesino de Lebrija, quien denunció que su predio pasó de estar avaluado en 60 millones a más de 268 millones de pesos tras la actualización catastral. Su finca, de dos hectáreas, cuenta con una vivienda humilde y cultivos de cítricos que actualmente no producen debido a enfermedades.“Nos sentimos afectados porque ese avalúo que nos puso el Gobierno es muy alto. Pasar de 60 a casi 270 millones es injusto”, expresó.A esta situación se suma la de María Socorro Beltrán, quien también cuestionó el impacto de la medida. Según dijo, la crisis en sus cultivos le impide asumir el aumento en los impuestos. “Los cultivos se dañaron y ahora no hay cómo pagar ese impuesto tan caro”, afirmó.Esta problemática se estaría presentando en 68 de los 87 municipios del departamento, lo que motivó a decenas de campesinos a salir a las vías para exigir soluciones.Ernesto Ramírez, otro de los afectados, señaló que la baja productividad del campo agrava el panorama. “La tierra también se cansa y en estos momentos no quiere dar frutos, ¿de dónde vamos a sacar para pagar con esos avalúos?”, cuestionó.El impacto del paro ya empieza a sentirse en otros sectores. Desde Asoleche advierten dificultades en el acopio de miles de litros de leche y reportan pérdidas diarias que ascenderían a $120.000 millones en Santander.Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Juan Carlos Rincón, hizo un llamado a buscar soluciones que no perjudiquen la economía regional. “No se puede mostrar una economía afectando cada uno de los sectores”, indicó.Entre tanto, las conversaciones entre líderes campesinos y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) en Bogotá no han llegado a acuerdos. Los manifestantes anunciaron que continuarán en paro indefinido hasta que se derogue la resolución 2057, que fija los incrementos en los avalúos catastrales rurales para 2026.
En medio de la creciente tensión por los bloqueos viales que ya completan seis días en el departamento de Santander, el gobernador Juvenal Díaz hizo un llamado directo al presidente Gustavo Petro para que se revoque la resolución 2057 del IGAC, señalada como el origen del incremento en los avalúos catastrales que desató las protestas campesinas.La declaración se produce luego de que el mandatario nacional ordenara la intervención de la Fuerza Pública para desbloquear las vías, afectadas por manifestaciones que mantienen cerrados puntos estratégicos como el peaje de Lebrija y la vía hacia el Aeropuerto Internacional Palonegro.El gobernador explicó que la resolución 2057 ha generado aumentos desproporcionados en los avalúos catastrales, citando casos en los que predios pasaron de valer 200 millones a 2.600 millones de pesos. Según indicó, esto convierte a los campesinos en “ricos de papel”, obligándolos a asumir cargas tributarias como el impuesto al patrimonio sin contar con la capacidad económica real.Además, advirtió que el impacto va más allá del predial, afectando procesos como la venta de tierras, debido al incremento en los costos notariales, y generando efectos en cadena a través de resoluciones regionales del IGAC.“El problema de fondo es la resolución 2057. Su suspensión es una decisión que solo le corresponde al Gobierno Nacional”, afirmó el mandatario departamental, quien también invitó al presidente a participar en una mesa de diálogo en la región para conocer de primera mano la situación de los campesinos.Mientras tanto, las protestas continúan y los manifestantes insisten en mantener los bloqueos hasta que se derogue la normativa, lo que mantiene en vilo la movilidad, la economía y el abastecimiento en Santander.
Las fuertes lluvias y una falla en una tubería provocan inundaciones en el corredor de la carrera 7 con calle 127, en Bogotá. Como vías alternas, las autoridades recomiendan tomar la carrera 9 y la calle 116.En desarrollo...
Al menos diez personas fallecieron y dieciséis más resultaron heridas este jueves durante una riña en el penal de El Castillo en Mazatlán, en el estado de Sinaloa (noroeste de México), lo que generó un fuerte despliegue de fuerzas federales en la zona, según confirmaron las autoridades locales.Entre los fallecidos hay nueve reclusos y un menor de edad que estaba de visita, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa -en un mensaje en X-. La institución agregó que los dieciséis lesionados también son personas privadas de la libertad. "El resto de la población penitenciaria se encuentra bien", aseguró el comunicado.La riña fue controlada tras la intervención de un grupo interinstitucional y será la Fiscalía de Sinaloa la encargada de esclarecer los hechos, añadió la Secretaría.Finalmente, el mensaje señaló que las instalaciones permanecerán resguardadas por las autoridades sin acceso temporal de visitas.Los hechos ocurrieron en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito (Cecjude) en la localidad de El Castillo, al sur de Mazatlán, uno de los principales centros turísticos del Pacífico mexicano.De acuerdo con los primeros reportes, se escucharon disparos dentro de la prisión, y posteriormente se restringió el acceso al recinto mientras las fuerzas de seguridad intervenían para controlar la situación.Al menos ocho ambulancias ingresaron al centro penitenciario, según informes de la prensa local. En el exterior del penal, las familias de personas privadas de la libertad exigían información sobre sus seres queridos, mientras las visitas permanecían suspendidas, según los reportes.El motín ocurre en un estado sacudido por una prolongada crisis de violencia. Sinaloa vive desde septiembre de 2024 una escalada de hechos violentos ligada a la disputa entre Los Chapitos y Los Mayos, facciones del Cartel de Sinaloa enfrentadas tras la captura en Estados Unidos de Ismael 'el Mayo' Zambada.Aunque la disputa comenzó en Culiacán, con el paso de los meses se extendió a municipios del sur del estado, como Mazatlán, donde las autoridades han reportado homicidios, desapariciones, ataques armados y decomisos de armas y explosivos.Esa ola de violencia ha persistido pese a los sucesivos operativos policiales y al refuerzo de tropas federales en la región, con recientes nuevos despliegues hacia Culiacán y Mazatlán.
La Superintendencia Nacional de Salud ordenó 30 medidas de cumplimiento inmediato para corregir situaciones que afectan la calidad, oportunidad y seguridad de la atención en el Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. De estas, 23 fueron dirigidas a la institución hospitalaria y 7 a la Gobernación del Archipiélago.La decisión se tomó, luego de las visitas de inspección y seguimiento realizadas por la Supersalud, en las que se identificaron reiterados incumplimientos relacionados con la prestación de servicios, seguridad del paciente, pagos de servicios médicos especializados, disponibilidad de medicamentos e insumos, infraestructura, capacidad resolutiva y gestión administrativa y financiera.La Superintendencia ordenó al hospital fortalecer la prestación de los servicios de salud mediante la vinculación de un director científico de tiempo completo, la normalización de los pagos por servicios médicos especializados y el fortalecimiento de áreas críticas como urgencias, hospitalización, UCI, salud mental, unidad renal, cirugía, laboratorio clínico y banco de sangre.Además, deberá reducir los represamientos en estudios diagnósticos, gestionar las listas de espera quirúrgicas, garantizar la disponibilidad de medicamentos e insumos, mejorar la infraestructura y la dotación de sus sedes y corregir los retrasos en los pagos al talento humano.La Secretaría Departamental de Salud deberá fortalecer el seguimiento al hospital para verificar que los servicios reportados correspondan a los que realmente están disponibles para los usuarios. También tendrá que hacer control al mantenimiento de la infraestructura y la dotación hospitalaria, garantizar que existan las condiciones necesarias para la prestación de los servicios y contar con el personal idóneo para adelantar los procesos administrativos sancionatorios que correspondan.Además, deberá consolidar y revisar los recursos asignados al hospital en el año 2023, evaluar los proyectos financiados, actualizar los planes de acción a financiar con recursos 2024, 2025 y 2026 y establecer los mecanismos permanentes de monitoreo que permitan asegurar la correcta inversión de estos recursos, la transparencia en su manejo y la adopción de medidas oportunas ante cualquier irregularidad identificada.La Superintendencia ha activado un plan de seguimiento permanente y continuo para verificar el cumplimiento de estas órdenes y seguir con el análisis de la situación de la prestación de los servicios en el hospital de San Andrés, con el fin de establecer si hay lugar a medidas adicionales.
Una persona resultó herida este jueves en el barrio de Marble Hill, en Nueva York, en un incidente en el que estarían involucrados agentes del ICE, informó la Policía de Nueva York (NYPD).La New York Immigration Coalition (NYIC), una organización de defensa de los inmigrantes, afirmó en un comunicado que el disparo fue efectuado por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).El suceso ocurrió alrededor de las 16:00 hora local (20:00), señaló la NYPD a través de X. La persona herida fue trasladada a un hospital cercano, donde se encontraba consciente y recibía atención médica, agregó la institución.La Policía de Nueva York señaló que no estuvo involucrada en el incidente ni se encontraba en la escena en el momento del tiroteo.La NYIC reclamó una investigación inmediata y la publicación de las imágenes de las cámaras corporales de los agentes.El presidente y director ejecutivo de la NYIC, Murad Awawdeh, pidió que se depuren responsabilidades si se determina que los agentes utilizaron una fuerza excesiva y reclamó mayor transparencia sobre el incidente.Marble Hill es un barrio pequeño situado en el extremo norte de Manhattan, aunque el NYPD lo identificó en su comunicado como parte del Bronx.Nueva York es una ciudad "santuario" para los inmigrantes, por lo que las autoridades locales limitan su cooperación con las agencias federales de inmigración, aunque estas pueden realizar sus propias operaciones en la ciudad.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) confirmó oficialmente la presencia del fenómeno de El Niño en Colombia, un evento climático que podría prolongarse hasta el final del primer semestre de 2027 y que representa riesgos para el abastecimiento de agua, la generación de energía y la ocurrencia de incendios forestales.Andrés Herkrath, director general del Ideam, explicó que se cumplieron las condiciones técnicas para declarar oficialmente el fenómeno, cuya intensidad se encuentra entre fuerte y muy fuerte. Según las proyecciones presentadas, existe una probabilidad del 83 % de que se mantenga al menos hasta marzo de 2027.Ante este escenario, el Gobierno nacional ordenó la articulación de las entidades responsables de la gestión del riesgo, con el objetivo de que los planes de contingencia estén formulados y activados a más tardar el 30 de noviembre.La instrucción se enmarca en la Directiva Presidencial 03 y la Ley 1523 de 2012. Entre las medidas previstas se encuentran la actualización de los planes municipales y departamentales de respuesta, la identificación de fuentes alternas de agua y el fortalecimiento de las capacidades de los organismos de emergencia.“Los alcaldes deben reunir su consejo municipal de gestión del riesgo, actualizar la estrategia de respuesta y los planes de contingencia, asegurar fuentes alternas de agua y tener vigentes los convenios con los bomberos (...). Los gobernadores deben convocar su consejo departamental, acompañar a los municipios con menos capacidad y saber con qué equipos y personal cuenta el departamento”, explicó Herkrath al detallar las responsabilidades de las autoridades locales.La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) deberá coordinar las capacidades de respuesta en los territorios y consolidar información para hacer seguimiento a las acciones de las distintas entidades. También se contempla el uso de herramientas satelitales para fortalecer el monitoreo de los incendios forestales.Por su parte, el Ministerio de Ambiente deberá acompañar a los territorios en la protección de las fuentes hídricas y los ecosistemas estratégicos. Los ministerios de Minas y Energía, Agricultura, Vivienda y Salud, con el apoyo de las carteras de Defensa, Transporte e Interior, tendrán responsabilidades relacionadas con el abastecimiento de agua y energía, la producción de alimentos, la salud y la movilidad.“Las empresas de acueducto y energía, bajo la vigilancia de las Superservicios, deben activar y reportar sus planes de emergencia conforme al Decreto 2157 de 2017”, aseguró el director general del Ideam.Uno de los principales desafíos será mantener la seguridad energética del país, debido a la dependencia de la generación hidroeléctrica de los niveles de agua en los embalses.En su declaración, Herkrath indicó que el Gobierno puso en marcha un plan de choque para adoptar medidas preventivas frente al riesgo de afectaciones en el sistema eléctrico. La estrategia contempla cuatro líneas de acción: promover el ahorro de energía, garantizar la disponibilidad de gas y otros combustibles, fortalecer el despacho de las plantas térmicas y aprovechar al máximo la capacidad de generación existente.“La meta no es explicar el apagón, es evitarlo. El Ideam sigue monitoreando y entregando la información al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo”, afirmó el director del instituto.El Gobierno también hizo un llamado a la ciudadanía para utilizar de manera eficiente el agua y la energía, evitar las quemas y fogatas, y reportar oportunamente los incendios forestales.Mientras el Ideam mantiene el monitoreo de las condiciones oceánicas y atmosféricas, las autoridades deberán avanzar en la preparación de sus territorios para reducir los riesgos asociados a El Niño durante los próximos meses.¿Habrá lluvias durante el fenómeno de El Niño?Aunque Colombia atraviesa la segunda temporada de lluvias del año, el fenómeno de El Niño no significa que las precipitaciones desaparezcan por completo. El pronóstico del Ideam apunta a lluvias por debajo de los niveles esperados, principalmente en las regiones Andina, Caribe y Pacífica.“Octubre y diciembre son la segunda temporada de lluvias y lloverá por debajo de lo esperado, sobre todo en las regiones Andina, Pacífica y Caribe, siendo diciembre el mes de mayor déficit”, advirtió el director del Ideam.Herkrath también señaló que la preparación debe contemplar otros riesgos asociados a las condiciones climáticas de la temporada, como las crecientes súbitas, los deslizamientos y las inundaciones.“Prepararse solo para la sequía e ignorar crecientes, deslizamientos e inundaciones de esta temporada sería un error”, sostuvo.El panorama también genera preocupación por el aumento de las temperaturas, la reducción de la disponibilidad de agua y la propagación de incendios forestales.