Una fuerte controversia política se desató tras las declaraciones del ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, quien propuso modificar la forma en que el Estado se refiere a los trabajadores del sector rural.
Según declaró Dangond, la intención del Ejecutivo es cambiar la denominación tradicional para "elevarle el estatus".
No se van a llamar campesinos, se van a llamar pequeños empresarios del campo, campesinos respectivos. Aquí vamos a elevarle el estatus a los que producen los alimentos del país
Además del debate semántico, la administración gubernamental anunció una suspensión en el desembolso de recursos destinados a la adquisición de predios que se venía ejecutando.
De acuerdo con lo informado por la cartera ministerial, se ordenó una auditoría forense para revisar las operaciones comerciales realizadas por el gobierno saliente. Por esta razón, la nación congeló el pago de cerca de 1,4 billones de pesos pendientes a propietarios hasta no certificar la legalidad de los procesos.
El ministro también cuestionó las metas reportadas previamente sobre la reforma agraria y señaló que en el cuatrienio no se alcanzaron las metas trazadas: "De las 3 millones de hectáreas que dijeron que se iban a comprar en los 4 años, se compraron realmente 350.000 hectáreas". Asimismo, la entidad confirmó que para el año 2027 no está contemplada una nueva compra masiva de predios.
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Los anuncios generaron la reacción inmediata de congresistas y sectores que respaldaron la política agraria del gobierno anterior, entre ellos los parlamentarios David Racero y Aída Abella.
Frente a los señalamientos recibidos en el marco de la discusión, el ministro de Agricultura rechazó los cuestionamientos sobre presuntas alianzas o irregularidades en su gestión.
"Yo no trabajo para particulares, no sea mentiroso, hombre. Mi firma trabaja es para los sistemas financieros. (...) Yo sí voy a investigar las tierras que se compraron con precios inflados, no le quepa la menor duda", respondió el funcionario.
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La entidad ministerial reiteró que la política del nuevo Gobierno se centrará en verificar predio por predio y proteger los fondos públicos destinados al sector agropecuario.