Una fuerte controversia política se desató tras las declaraciones del ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, quien propuso modificar la forma en que el Estado se refiere a los trabajadores del sector rural.Según declaró Dangond, la intención del Ejecutivo es cambiar la denominación tradicional para "elevarle el estatus".Además del debate semántico, la administración gubernamental anunció una suspensión en el desembolso de recursos destinados a la adquisición de predios que se venía ejecutando.De acuerdo con lo informado por la cartera ministerial, se ordenó una auditoría forense para revisar las operaciones comerciales realizadas por el gobierno saliente. Por esta razón, la nación congeló el pago de cerca de 1,4 billones de pesos pendientes a propietarios hasta no certificar la legalidad de los procesos.El ministro también cuestionó las metas reportadas previamente sobre la reforma agraria y señaló que en el cuatrienio no se alcanzaron las metas trazadas: "De las 3 millones de hectáreas que dijeron que se iban a comprar en los 4 años, se compraron realmente 350.000 hectáreas". Asimismo, la entidad confirmó que para el año 2027 no está contemplada una nueva compra masiva de predios.Los anuncios generaron la reacción inmediata de congresistas y sectores que respaldaron la política agraria del gobierno anterior, entre ellos los parlamentarios David Racero y Aída Abella.Frente a los señalamientos recibidos en el marco de la discusión, el ministro de Agricultura rechazó los cuestionamientos sobre presuntas alianzas o irregularidades en su gestión."Yo no trabajo para particulares, no sea mentiroso, hombre. Mi firma trabaja es para los sistemas financieros. (...) Yo sí voy a investigar las tierras que se compraron con precios inflados, no le quepa la menor duda", respondió el funcionario.La entidad ministerial reiteró que la política del nuevo Gobierno se centrará en verificar predio por predio y proteger los fondos públicos destinados al sector agropecuario.
Un adulto mayor de 87 años murió en medio de un incendio registrado en la vereda San Ignacio, sector La Paradita, zona rural de El Playón, Santander. La víctima fue identificada como Gonzalo Gelvez, cuyo cuerpo fue rescatado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio y entregado posteriormente a las autoridades judiciales para los procedimientos correspondientes.De acuerdo con el comandante del Cuerpo de Bomberos de El Playón, Sergio Pérez, la institución recibió la solicitud de la Policía para trasladar el cuerpo debido a que las unidades de criminalística no pudieron ingresar hasta el lugar por razones de seguridad.Según explicó el oficial, la información preliminar recopilada en el sitio indica que el adulto mayor se encontraba realizando labores agrícolas cuando, al parecer, inició una pequeña quema para preparar el terreno para cultivo."Cuando llegamos todavía había tres focos encendidos. Lo que se puede observar es que posiblemente inició una quema para preparar el terreno y, al parecer, intentó controlar las llamas cuando estas comenzaron a salirse de control", señaló Pérez.El comandante indicó que vecinos del sector manifestaron que Gonzalo Gelvez presentaba dificultades de movilidad debido a problemas en sus rodillas, situación que le impedía desplazarse con rapidez. Esa condición, sumada al incendio, habría influido en el fatal desenlace."La hipótesis inicial es que pudo haber resbalado mientras trataba de sofocar el fuego y que tanto las llamas como los gases generados por la combustión habrían contribuido a su fallecimiento. Sin embargo, serán las autoridades competentes las encargadas de establecer las causas exactas del deceso", precisó el comandante.Los bomberos encontraron un área de aproximadamente 100 metros cuadrados afectada por el incendio, el cual ya estaba prácticamente extinguido al momento de la inspección.El cuerpo fue trasladado y entregado a las autoridades en compañía de sus familiares en el municipio de Rionegro, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este lamentable hecho.
Más de 4.000 habitantes de la zona rural de los municipios de Fresno y Mariquita, en el norte del Tolima, volvieron a contar con un paso vehicular después de permanecer cerca de cuatro años afectados por el colapso del puente que comunicaba a varias veredas de ambos municipios.La nueva estructura, un puente modular semipermanente de 24,38 metros de longitud, restablece la conexión entre las veredas Piedra Grande, El Guineal, Remolino, Arrayán y Yarima, en Fresno, y El Hatillo, Camelias y Las Marías, en Mariquita. El puente fue ensamblado e instalado en menos de 14 días por Ingenieros Militares, en una obra desarrollada con el apoyo de la Alcaldía de Fresno, la Gobernación del Tolima y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).La recuperación de este corredor representa un alivio para una de las zonas agrícolas más importantes del norte del departamento, donde se concentra cerca del 85 % de la producción agropecuaria regional. Desde estas veredas se comercializan cultivos de café, aguacate, plátano, cacao y guanábana, cuya salida hacia los centros de acopio y mercados se había visto seriamente afectada por la falta de una conexión segura.Durante los años en que no existió el puente, los campesinos debieron utilizar rutas alternas, asumir mayores tiempos de desplazamiento y enfrentar riesgos para transportar sus cosechas. “Después del colapso del puente inició el sufrimiento de la comunidad para sacar la carga porque representaba mucho riesgo. Con este puente la vida nos cambió”, aseguró Germán Gómez, habitante de la vereda El Guineal. Además de facilitar nuevamente el transporte de productos agrícolas, la infraestructura mejora el acceso de los habitantes a servicios de salud, instituciones educativas y otros municipios de la región, recuperando un corredor considerado estratégico para la movilidad y la economía del norte del Tolima.
Un rayó mató a 25 reses en Doradal, Antioquia. El dueño de la finca narró lo sucedido y reflexionó sobre lo impredecible que es la naturaleza.Aunque cada vez es más inminente la llegada del fenómeno del Niño, en algunas subregiones de Antioquia se han registrado lluvias en los últimos días e incluso han generado estragos, como en el corregimiento Doradal del municipio de Puerto Triunfo, donde una tormenta causó una descarga eléctrica que dejó pérdidas económicas millonarias para un productor de la zona.De acuerdo con el testimonio del propietario de la finca, que circula en redes sociales, el rayó cayó en la zona donde los animales buscaban refugio de la lluvia, provocando la muerte instantánea de un toro, nueve vacas, nueve crías machos y seis crías hembras, es decir gran parte del hato.“Vivimos uno de esos momentos que ningún ganadero quiere enfrentar. Un rayo cayó en nuestra finca y nos arrebató 25 animales. Detrás de cada animal hay años de trabajo, cuidado, sacrificio y sueño. Son pérdidas que duelen y que nos recuerdan que en el campo convivimos todos los días con la naturaleza y sus impredecibles desafíos”, relató el dueño de las reses.Las imágenes que le dan la vuelta a internet muestran a los animales tendidos en el pasto, algunos patas arriba en diferentes puntos del terreno, incluso en inmediaciones de una cerca de alambre de púas y bajo los árboles del potrero.El hombre expuso que hay días de alegría y abundancia, y otros que ponen a prueba la fortaleza. “Nos duele, sí, pero también nos levantamos, aprendemos y seguimos adelante. Porque quienes trabajamos el campo sabemos que la perseverancia siempre será más fuerte que la adversidad. Seguimos trabajando, seguimos creyendo y seguimos agradeciendo por cada nuevo amanecer”, continuó su relato.Recordemos que el sector ganadero en Antioquia recientemente reportó otra dificultad: que el 60 % de las reses en el departamento no pueden movilizarse actualmente debido a las fallas que estaría presentando el nuevo sistema SINIGAN V6, implementado por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en los últimos meses.
El campo colombiano sigue siendo uno de los sectores más importantes para la economía y la estabilidad del país, por lo que recibió una noticia que podría beneficiar su producción y asegurar el sustento de miles de familias. En el marco de la celebración del Día del Campesino, Bancolombia dio a conocer que pondrá a disposición del sector agropecuario una bolsa de recursos que alcanza los 12 billones de pesos en créditos.La iniciativa tiene la intención de que productores, comercializadores y transformadores de alimentos puedan contar con el impulso necesario para fortalecer sus negocios. Los recursos podrán ser utilizados tanto para el capital de trabajo diario como para realizar inversiones que permitan modernizar fincas y empresas.¿Cómo acceder a los beneficios de AgroFest?Para acercar estas oportunidades a los ciudadanos, la entidad bancaria organizará un evento especial denominado AgroFest, el cual se llevará a cabo a nivel nacional entre el 1 y el 5 de junio. Durante estos días, los interesados podrán recibir asesoría y beneficios pensados para el crecimiento de sus proyectos productivos.Las principales características de este apoyo financiero son:Monto total disponible: el banco habilitó cupos de crédito por un valor de 12 billones de pesos para todo el sector.Líneas de financiación: los campesinos podrán acceder a opciones como Finagro, Agrofácil y líneas especiales para proyectos sostenibles.Capacitación técnica: la entidad cuenta con un equipo de agrónomos y zootecnistas que brinda formación y recomendaciones sobre los riesgos propios de la actividad.Digitalización: se ofrecerán herramientas para que los productores puedan gestionar sus finanzas de forma moderna y sencilla.Sectores que podrán acceder a los préstamosBancolombia acompaña actualmente a más de 30.000 clientes en el campo, pero este nuevo anuncio busca ampliar su impacto en las regiones. Por ello, entre los beneficiarios se encuentran cultivadores de café, arroz, frutas y palma de aceite, así como quienes se dedican a la cría de ganado para producción de carne y leche.También se incluyó a quienes transforman la materia prima, como panaderías, plantas de lácteos y empresas dedicadas a la elaboración de alimentos procesados. Tan solo entre enero y abril de este año ya se han desembolsado más de 3,96 billones de pesos en créditos para este tipo de proyectos.Bancolombia ratifica su compromiso con el desarrollo de las regionesJuan Carlos Mora, presidente de Bancolombia destacó que el desarrollo del país no se entiende sin el bienestar de quienes trabajan la tierra. El directivo enfatizó la importancia de acompañar de cerca a los productores para que sus negocios se mantengan en el tiempo."Creemos que el desarrollo del país se construye desde las regiones y, especialmente, desde el campo, un ecosistema clave para el progreso de Colombia. Por eso trabajamos para acompañar a los productores con soluciones que impulsen su crecimiento, fortalezcan sus capacidades y les permitan adaptarse a los retos, promoviendo la sostenibilidad de sus negocios, el bienestar de las comunidades y la competitividad del país".
El representante a la Cámara por Cambio Radical Mauricio Parodi hizo una denuncia en la Plenaria de este miércoles según la cual la Agencia Nacional de Tierras, ANT, habría hecho ofrecimientos a comunidades campesinas en el Huila para que llegaran a la Plaza de Bolívar a manifestarse en favor de la jurisdicción agraria, que actualmente se debate en el Congreso.“Ha llegado una carta a nuestras manos firmada por los directivos de la Asociación Guardia Ambiental Campesina de Tello Huila. En la cual están invitando, y me permito leer, ‘Invitación a manifestación pacífica: el director de la ANT, Felipe Harman, y la ministra de cultura, Martha Carvajalino, nos hace la invitación de una marcha pacífica para apoyar la reformar agraria’,” dice la carta leída por Parodi.Justamente este miércoles hubo manifestaciones en la Plaza de Bolívar a favor de la jurisdicción agraria, mientras en el Congreso se discutía este proyecto.“La ANT garantiza transporte y comida”, señala la carta leída por el congresista. En el mismo sentido señaló que no debía haber presiones sobre el Congreso.“Si esta carta es cierta es supremamente grave que la ministra de agricultura y el director de la ANT estén pagando campesinos desde el Huila para que vengan a hostigar e intimidar al Congreso de la República”, agregó Parodi.
Los pasos por puentes pueden convertirse en un riesgo extremo cuando las estructuras no cumplen con las condiciones mínimas de seguridad para el tránsito de vehículos y peatones. El deterioro, la falta de mantenimiento y las soluciones provisionales mal ejecutadas elevan la posibilidad de accidentes, lo que pone en peligro la vida de quienes dependen de estas vías para su movilidad diaria.Precisamente, una preocupante situación se vive en el municipio de Yolombó, Antioquia, donde campesinos deben arriesgar su vida cada vez que salen a vender panela o a abastecerse de alimentos, debido al mal estado de un puente provisional.Puente olvidado pone en riesgo a campesinos en AntioquiaSegún información de Denuncias Antioquia en su cuenta de X, los habitantes de esta zona del país deben pasar por este puente que fue construido de manera provisional ante la falta de intervención del Estado.En un video difundido en redes sociales se observa cómo una chiva intenta cruzar la estructura en condiciones precarias. Para reducir el peso y el riesgo, los pasajeros deben descender del vehículo, mientras este avanza lentamente sobre el puente deteriorado.Desde el otro lado, varias personas guían al conductor, indicando cómo maniobrar para evitar un posible colapso o accidente.La escena se repite varias veces al día, por lo que cada cruce se convierte en una maniobra de alto riesgo, donde tanto conductores como pasajeros exponen su integridad.A pesar del peligro, esta es la única alternativa que tienen los habitantes para transportar sus productos y garantizar su sustento.Según la información, los campesinos denuncian que el puente lleva meses sin ser reparado, obligándolos a depender de una solución improvisada que no ofrece garantías de seguridad.Ahora la comunidad vive su día a día enfrentando el peligro ante lo que consideran un abandono institucional.
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) adelantó la recuperación material de dos predios rurales en Cáceres, Antioquia, que suman más de 200 hectáreas y que ahora serán destinados a comunidades campesinas y víctimas del conflicto armado en la región. El operativo, desarrollado los días 6 y 7 de mayo en articulación con varias entidades estatales, incluyó procedimientos administrativos, acompañamiento institucional y el retiro de bienes y animales ubicados en uno de los terrenos.Las propiedades recuperadas corresponden a los predios La Ilusión y Marlengo, ubicados en la vereda El Jardín, corregimiento El Jardín, en jurisdicción del municipio de Cáceres. La Ilusión tiene una extensión de 158 hectáreas, mientras que Marlengo cuenta con cerca de 60 hectáreas. Ambos estaban bajo administración del Fondo para la Reparación de las Víctimas tras haber sido entregados dentro de procesos de reparación integral relacionados con antiguos jefes paramilitares.Según la ANT, estos terrenos pasarán ahora a programas de acceso a tierra dirigidos a campesinos sin predios y a familias afectadas por el conflicto armado. El procedimiento contó con el acompañamiento de la Policía Nacional, la Personería de Cáceres, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), la Secretaría de Gobierno municipal y la Comisaría de Familia.De acuerdo con información oficial, el predio Marlengo estuvo vinculado en el pasado con Hebert Veloza García, conocido con el alias de ‘HH’, antiguo comandante del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En tanto, sobre La Ilusión existen antecedentes relacionados con Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’, otro exjefe paramilitar señalado en investigaciones sobre despojo de tierras y desplazamiento forzado en Antioquia y otras regiones del país.La ANT explicó que el predio La Ilusión era utilizado para actividades de ganadería de levante por parte de un exarrendatario identificado como Jorman Giraldo Duque. De acuerdo con la entidad, el ocupante pagaba un canon mensual de un millón de pesos al Fondo para la Reparación de las Víctimas por el uso de las 158 hectáreas, contrato que posteriormente fue terminado de manera anticipada.Durante la diligencia inicial, funcionarios de la Agencia informaron a los trabajadores presentes que el inmueble quedaba bajo administración de la ANT y que debían retirarse los animales y enseres existentes en el lugar. Entre los bienes inventariados se encontraban 332 novillas, un búfalo, tres caballos, tres perros pastor belga y 183 gallinas ponedoras.El procedimiento incluyó varias conversaciones entre la ANT y Jorman Giraldo Duque, quien llegó desde Medellín para atender la diligencia. La entidad señaló que inicialmente se propuso un plazo de tres días para retirar los semovientes y pertenencias, luego una extensión a cinco días y posteriormente una alternativa de diez días planteada por la Personería Municipal de Cáceres. Sin embargo, no se logró un acuerdo definitivo durante esa jornada.Posteriormente, el 7 de mayo, la Agencia Nacional de Tierras retomó la diligencia junto con funcionarios del ICA, la Personería y la Alcaldía de Cáceres. En ese momento, según el reporte oficial, se informó nuevamente al ocupante que la entidad estaba dispuesta a concederle 15 días para retirar los bienes y animales del predio, plazo que había solicitado previamente. Pese a ello, Giraldo Duque manifestó que no abandonaría el terreno.Ante esa situación, la Agencia Nacional de Tierras aplicó medidas contempladas en el artículo 225 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y en el Decreto 1007 de 2022. Como parte del procedimiento, los enseres fueron trasladados a una bodega en Caucasia y se realizó el inventario de los animales presentes en la finca.La ANT indicó, además, que se concedió un plazo de un mes para reclamar los elementos trasladados y 15 días para retirar los semovientes del predio. La entidad advirtió que, en caso de incumplimiento, los animales podrían ser declarados en abandono conforme a la normativa vigente.Durante la diligencia también se registraron momentos de tensión. Según el reporte oficial de la Agencia, Jorman Giraldo Duque y algunas personas que lo acompañaban protagonizaron episodios de agresión verbal contra funcionarios y uno de los acompañantes habría intentado agredir físicamente al equipo institucional.Cinco días después de ejecutarse la recuperación material del predio La Ilusión, la Agencia Nacional de Tierras informó que el exarrendatario comenzó el retiro de semovientes y pertenencias, en cumplimiento de los acuerdos establecidos tras el procedimiento.Con esta actuación, el Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Tierras, continúa adelantando acciones legales y en cumplimiento de la Ley para garantizar que la tierra vuelva a manos del campesinado y de quieres realmente la trabajan.
A más de 3.000 metros de altura, en el municipio de El Cocuy, la Agencia Nacional de Tierras entregó un título histórico que certifica que predios rurales del páramo pertenecen legalmente a la comunidad campesina. La decisión beneficia de manera directa a 563 familias que podrán formalizar más de 2.300 hectáreas en una zona donde por más de un siglo persistieron disputas jurídicas sobre la propiedad.El reconocimiento se produjo tras un proceso técnico y documental que permitió reconstruir un polígono territorial con más de 300 años de antecedentes. Topógrafos, abogados e historiadores de la entidad trabajaron de forma articulada con habitantes del municipio para verificar linderos, archivos coloniales y antecedentes legales que respaldan el origen de la propiedad privada en estos terrenos de la provincia Gutiérrez, en Boyacá.La labor se dio bajo la dirección de Juan Felipe Harman, y permitió cerrar un capítulo de incertidumbre que atravesó generaciones. Según explicó Julián Ballén, subdirector de Seguridad Jurídica de la entidad, el proceso reconoce más de tres siglos de antecedentes de propiedad y habilita a las familias para iniciar formalmente su titulación individual dentro del marco legal vigente.Julián Ballén, subdirector de Seguridad Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras, destacó que“son más de tres siglos de reconocimiento a su propiedad. Hoy las familias campesinas del páramo pueden acceder a lapropiedad privada y pueden iniciar su proceso de formalización. Son más de 2.300 hectáreas y 563 familias que serán beneficiadas del programa”.El origen documental del título se remonta a 1777, cuando el corregidor y justicia mayor José María Campuzano y Lanz realizó visitas oficiales al territorio en cumplimiento de normas emitidas por la Corona española y disposiciones de la Real Audiencia de Santafé. En ese momento se evaluó la extensión y uso de tierras que integraban el antiguo resguardo indígena del Cocuy.Durante esas visitas se determinó que sectores conocidos como Laguna Grande, El Higuerón y Comunidad eran áreas sobrantes que no estaban siendo explotadas. Bajo el principio jurídico de reversión de tierras vacantes, estos predios regresaron a la administración de la Corona y posteriormente fueron transferidos mediante remate a Manuel Leal, en representación de los vecinos de la parroquia. Ese acto consolidó un título originario de dominio que, con el paso del tiempo, quedó diluido en interpretaciones legales y conflictos por linderos.Esa base histórica permitió a la AgenciaNacional de Tierras sustentar que los predios salieron del dominio estatal colonial para ingresar al régimen de propiedad privada, argumento que hoy respalda la formalización en favor de la comunidad paramera.Para los habitantes, el alcance de esta decisión es inmediato. Manuel Leva relató que durante años su familia dejó de sembrar cultivos tradicionales debido a desacuerdos limítrofes con predios vecinos.“Con la definición jurídica,nuestro proyecto con mi esposa e hijos es volver a sembrar papa, trigo, arvejas y habas en las 15 hectáreas que tenemos para trabajar. Gracias director Harman, porque el tiempo y la espera valió la pena, y estamos viendo que se están haciendo las cosas a favor del campesino”, manifestó Leva.En la misma línea, Ana Velandia Silva recorrió su terreno con la certeza de que ahora cuenta con respaldo legal.“Hoy me siento feliz, porque puedo decirles a mis hijos, a mis nietos, a mi familia y a mi comunidad que por fin somos dueños de estos predios.Desde mis abuelos anhelaban tener los títulos legales para asegurarnos un buen futuro a nosotros”, expresóla campesinaVelandia.El alcalde municipal, Alejandro Muñoz Sandoval, confirmó que este resultado se deriva de acuerdos entre la administración local, el Gobierno nacional y la Federación Nacional de Parameros, que acompañó la reconstrucción documental del título. Indicó además que en el municipio se identificaron tres títulos históricos que determinan la naturaleza privada de estos terrenos y permiten su legalización en favor de las comunidades.Este avance se integra a un proceso más amplio en el departamento. Según cifras oficiales, 7.931 familias campesinas en Boyacá han obtenido títulos sobre 9.522 hectáreas mediante estrategias similares. En algunos municipios, los niveles de informalidad en la tenencia de la tierra oscilan entre el 65 % y el 82 %, lo que limita el acceso a créditos, programas productivos y respaldo jurídico.La formalización en el páramo de El Cocuy se convierte así en un referente técnico sobre cómo los antecedentes históricos, la revisión cartográfica y el trabajo comunitario pueden converger para resolver conflictos prolongados sobre la tierra.Con la entrega de este título histórico, las familias parameras cuentan ahora con el documento que respalda legalmente la posesión que durante décadas ejercieron sobre el territorio, abriendo la puerta a la formalización individual de sus predios dentro del marco legal colombiano.
La Gobernación de Santander anunció la entrega de la Resolución 42 del 4 de mayo de 2026, documento con el que se ajustan los avalúos catastrales de los predios en el municipio de Lebrija y que busca dar solución a las quejas de campesinos y propietarios por los incrementos excesivos en el impuesto predial.La resolución fue entregada al alcalde Gabriel Martínez Calderón y representa el primer avance concreto dentro de los acuerdos alcanzados recientemente entre la administración departamental, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y las comunidades afectadas por el aumento en los avalúos catastrales.Según explicó el mandatario local, con este documento se realizará la actualización en el sistema municipal para proceder con una nueva liquidación del impuesto predial. La medida pretende corregir las inconsistencias denunciadas por habitantes rurales y garantizar un cobro más acorde con la realidad económica de los propietarios.La entrega oficial se realizó durante una mesa técnica liderada por el secretario de Planeación de Santander, Diego Tamayo Salcedo, y el director regional del IGAC, Jean Carlo Colmenares Gómez. En el encuentro participaron alcaldes de varios municipios del departamento y representantes de las comunidades que han expresado preocupación por el impacto de los nuevos avalúos.El secretario de Planeación informó además que ya fueron entregadas 13 resoluciones en igual número de municipios, producto de los consensos alcanzados tras las mesas de trabajo adelantadas con las comunidades y las autoridades catastrales.Por su parte, el director regional del IGAC señaló que continúan las revisiones técnicas para identificar y corregir posibles desproporciones en los valores asignados a los predios.
En el marco de la posesión oficial de Joaquín Gutiérrez como nuevo presidente de Ecopetrol en Santa Marta, acto convocado por la Presidencia de la República, el presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), Martín Ravelo, fijó la postura institucional del principal sindicato de la petrolera estatalRavelo enfatizó que el objetivo central que debe guiar a la administración saliente y entrante es la recuperación de la soberanía y seguridad energética del país.Fortalecimiento del negocio tradicional y defensa del empleo dignoDesde la organización sindical se le otorgó la bienvenida formal al nuevo directivo, transmitiendo las expectativas inmediatas de los trabajadores.De acuerdo con Ravelo, las prioridades no pueden desviarse de la actividad esencial de la compañía: "Nosotros institucionalmente le hemos dado la bienvenida al doctor Joaquín Gutiérrez... y le hemos manifestado cuáles son las expectativas que tiene la organización sindical en representación de los trabajadores, que no son otras, que el fortalecimiento de la industria de Ecopetrol en su negocio original de producción de petróleo y gas".Asimismo, el dirigente sindical subrayó la importancia de proteger el empleo digno, garantizar el respeto a los derechos pactados históricamente y desplegar una estrategia territorial de relacionamiento con las comunidades para prevenir la conflictividad social en las zonas de operación.Exigencia de experiencia técnica en el comité directivoFrente a la estructura de liderazgo, la USO respaldó las designaciones del Gobierno Nacional respecto a Carlos Suárez en la presidencia de la junta directiva y de Joaquín Gutiérrez en la presidencia de la empresa.Sin embargo, hizo un llamado enfático para que los cargos ejecutivos de mando medio e inmediato cuenten con amplia idoneidad en el sector de hidrocarburos.Al respecto, Ravelo sostuvo: "Pero de ahí hacia abajo lo que tiene que ver con las vicepresidencias, especialmente la vicepresidencia ejecutiva de petróleo y gas debe contar con personas, con profesionales de trayectoria que tengan amplio conocimiento en el sector porque ellos son los que van a implementar las políticas que se definan en la junta directiva".En ese sentido, destacó que dentro de la propia empresa existe talento técnico capacitado para asumir dichas funciones.Yacimientos no convencionales y licenciamiento socialEn materia operativa y de reservas, el presidente de la USO abordó los debates desarrollados en el Congreso de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Asipet) sobre los proyectos de yacimientos no convencionales.Ravelo aseguró que técnicamente y jurídicamente el sector se encuentra preparado para dar marcha a estas tecnologías."En el sector estamos listos desde los requerimientos técnicos, tecnológicos y científicos para arrancar con esos proyectos. Está ya definido el marco regulatorio, es decir, no hay una no hay un impedimento jurídico para arrancar con los proyectos", afirmó el líder sindical.No obstante, aclaró que el avance requiere indefectiblemente de aval social: "Lo que hemos nosotros manifestado de cara al país... es que se debe contar con el licenciamiento social, es decir, se debe involucrar a los territorios en esas definiciones".De acuerdo con las cifras gremiales, la prospectividad en el Magdalena Medio representa recursos estratégicos clave, incluyendo cerca de 13 TCF de gas para solucionar el déficit nacional y aproximadamente 7.000 millones de barriles de crudo que servirían para abastecer la refinería de Barrancabermeja.Capacidad refinadora e importación de combustiblesEl sindicato resaltó el desempeño de las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena, señalando que la planta de Barrancabermeja opera actualmente al límite de su capacidad. Pese a este rendimiento, Ravelo advirtió sobre la vulnerabilidad del país en materia de combustibles."En estos momentos el país importa más del 40% de las gasolinas que consumimos los colombianos", puntualizó el presidente de la USO, reiterando que desarrollar nuevas reservas permitiría ampliar la carga de refinación y reducir la dependencia de insumos importados.
El Hospital Internacional de Colombia (HIC) incorporó las Meta Glasses, unos lentes inteligentes que permiten conectar en tiempo real al neurólogo con el equipo médico que atiende a un paciente con un posible ataque cerebrovascular (ACV).La herramienta busca reducir los tiempos de respuesta durante una emergencia en la que cada minuto puede ser determinante. A través de una cámara, micrófono y sistema de audio, el especialista puede observar desde un dispositivo móvil lo que ocurre frente al paciente y orientar al personal de urgencias durante la valoración.“Cuando se activa un código de ataque cerebrovascular y el neurólogo no está físicamente en la institución, las Meta Glasses nos permiten hacer una valoración directa del paciente de manera remota”, explicó el doctor Tony Álvarez, neurólogo líder del Centro de Excelencia en ACV del HIC.El procedimiento comienza cuando una persona llega al hospital con síntomas que podrían corresponder a un ACV. El equipo de urgencias activa el protocolo y, cuando es necesario, establece la comunicación con el neurólogo mediante los lentes.De esta manera, el especialista puede acompañar de forma remota la evaluación mientras el paciente avanza por las diferentes áreas de atención. La tecnología adquiere especial utilidad durante las noches y madrugadas, cuando el neurólogo puede iniciar el acompañamiento a distancia mientras se desplaza hacia la institución para realizar la valoración presencial.El HIC aclaró que las Meta Glasses no sustituyen la valoración neurológica presencial, sino que permiten adelantar el acompañamiento especializado y apoyar la toma de decisiones desde los primeros minutos de la emergencia.Según las cifras entregadas por el HIC, en Colombia se presentan aproximadamente 50.000 eventos cerebrovasculares cada año, asociados a cerca de 15.000 muertes.En el Hospital Internacional de Colombia se atienden entre 600 y 800 pacientes con enfermedades cerebrovasculares anualmente. Cerca del 80% corresponde a ACV isquémicos.El hospital cuenta además con un Centro de Excelencia en Ataque Cerebrovascular, integrado por profesionales de diferentes áreas que trabajan bajo un protocolo coordinado para responder a este tipo de emergencias.Entre los principales síntomas de un ACV están la dificultad repentina para hablar o entender, pérdida de fuerza en un lado del cuerpo, alteraciones de la visión, problemas para caminar o mantener el equilibrio y un dolor de cabeza intenso y súbito.Ante la aparición de estos signos, el llamado de los especialistas es actuar inmediatamente y acudir a un centro especializado, debido a que la rapidez en el diagnóstico y tratamiento puede ser determinante para el pronóstico del paciente.
La planta de importación de gas de Cartagena, Spec, sufrió un daño en uno de los 4 trenes de la unidad flotante FSRU.Como consecuencia, la capacidad de importación en Spec se reduce de unos 465 millones de pies cúbicos por día a unos 400, sin embargo, la infraestructura continuará operando."La Sociedad Portuaria El Cayao S.A. E.S.P. (SPEC LNG) informa que, como resultado de una condición operativa imprevista en la unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU, por sus siglas en inglés), se realizan trabajos correctivos en uno de sus cuatro trenes para restablecer plenamente su capacidad en los próximos siete días", señaló la compañía en un comunicado.El daño coincide con un momento en el que el país tiene poco margen de maniobra para atender sus propias necesidades de gas natural y de generación de energía eléctrica en medio del fenómeno de El Niño, y Spec es por ahora la única planta de importación de gas de importancia en operación.La planta de importación de gas de Cartagena fue construida para importar gas ocasionalmente, durante momentos como el fenómeno de El Niño, y su objetivo inicial era atender únicamente a las plantas de generación de energía térmica. El problema es que la producción de gas nacional de Colombia ha caído con fuerza desde 2024. El país necesita importar gas natural para atender la demanda de hogares, pequeños comercios y vehículos.Según el Gestor del Mercado del Gas, durante septiembre el país importó a través de la planta de Spec el 39% de su consumo total de gas natural. Pero esta cifra podría crecer incluso más si continúa la sequía y debe aumentar la generación de energía con gas.El análisis indica que, si no entran a operar los 3 nuevos proyectos de importación de gas natural, el país podría tener un faltante de hasta 46 GBTUD en marzo próximo.Los proyectos en construcción en la actualidad son Puerto Bahía, la regasificadora del Pacífico y la ampliación de la capacidad de Spec.
La Corte Constitucional le puso límites a la forma en que el Gobierno podrá calcular los recursos de la salud para 2027. Mediante el Auto 1302 del 22 de septiembre de 2026, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, integrada por los magistrados Vladimir Fernández Andrade, Miguel Polo Rosero y presidida por Carlos Camargo Assis, fijó parámetros preventivos y obligatorios para determinar la Unidad de Pago por Capitación (UPC).Por un lado, el Ministerio de Salud deberá corregir las deficiencias de información que han sido utilizadas para calcular la UPC y demostrar técnicamente que el valor de la prima es suficiente para cubrir las necesidades del sistema. La Corte también reiteró que la UPC integral del régimen subsidiado deberá ser, como mínimo, equivalente al 95% de la UPC integral del régimen contributivo, mientras no exista evidencia técnica suficiente que justifique una diferencia mayor.Además, al definir la UPC correspondiente a 2027, el Ministerio de Salud tendrá que aplicar los parámetros establecidos por la Corte y comunicar oportunamente a Hacienda cuáles son las necesidades de financiación que técnicamente determine. La decisión busca que el cálculo de la prima parta de las necesidades reales que deben ser financiadas y que estas sean conocidas con anticipación por la cartera encargada de la programación presupuestal.La Corte también fijó una fecha concreta para que el Ministerio de Salud explique cómo realizó todo el proceso. A más tardar el 15 de enero de 2027, deberá entregar a la Sala de Seguimiento un informe consolidado con las medidas adoptadas y los resultados obtenidos en la definición de la UPC de ese año.Ese informe deberá ser detallado. La cartera de Salud tendrá que explicar la calidad de la información utilizada, anexar la metodología aplicada, justificar técnicamente por qué el valor establecido para la UPC es suficiente y presentar información sobre el proceso de participación adelantado. De esta manera, la Corte no solo exige conocer el resultado final, sino también las razones técnicas que llevaron al Gobierno a establecerlo.La responsabilidad también recae sobre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La Corte reiteró la orden impartida en el Auto 007 de 2025 y posteriormente en el Auto 2049 de 2025 para garantizar los recursos necesarios destinados al cumplimiento de las órdenes vigésima primera y vigésima segunda de la Sentencia T-760 de 2008.Hacienda deberá, además, adoptar dentro de sus competencias las medidas presupuestales y financieras necesarias para garantizar la disponibilidad y el giro oportuno de los recursos requeridos para financiar la UPC de 2027. Para hacerlo, deberá tomar como fundamento las necesidades de financiación que sean determinadas técnicamente por el Ministerio de Salud.La Corte justificó su intervención por el deterioro en el acceso oportuno y continuo a los servicios de salud. La Sala registró un 18% de aumento en las tutelas de salud entre 2024 y 2025, de 265.000 a cerca de 312.500, con una concesión aproximada del 74,3% de los amparos.El proceso de definición de la UPC de 2027 queda así sometido a una ruta precisa de información, sustentación técnica, financiación y rendición de cuentas ante la Sala.
La retractación de David Murcia Guzmán ante la Fiscalía, en la que aseguró que sus señalamientos contra el presidente Abelardo De La Espriella estuvieron precedidos por expectativas relacionadas con una eventual designación como gestor de paz y la posibilidad de recuperar su libertad, abrió un nuevo capítulo sobre el uso de esta figura durante el anterior Gobierno.El tema fue analizado este jueves en Mañanas Blu, donde el periodista Felipe Zuleta aseguró que el caso de Murcia no sería, según su versión, un hecho aislado. Zuleta afirmó que durante el Gobierno de Gustavo Petro también se habría producido una gestión ante integrantes de grupos paramilitares con un propósito político.Felipe Zuleta habla de una supuesta gestión ante paramilitaresAl referirse a la carta enviada por Murcia a la Fiscalía, Zuleta dijo que no le sorprendía la retractación y recordó que el exdirector de DMG había manifestado que le ofrecieron la posibilidad de ser gestor de paz. A partir de ese episodio, el periodista aseguró que tenía conocimiento de otro caso que, según él, guardaría similitudes: “Sí señor, el presidente Petro también en su momento mandó a dos altos funcionarios del Gobierno a reunirse con los paramilitares”, afirmó Zuleta.Según su relato, esas reuniones se habrían producido en el contexto de lo que denominó el “cierre de Ralito” o cierre de las conversaciones con los paramilitares. Zuleta aseguró que la misión encomendada a esos funcionarios habría sido convencer a integrantes de esos grupos, a cambio de “prebendas”, para que hablaran del entonces candidato presidencial Abelardo De La Espriella y del expresidente Álvaro Uribe.El periodista agregó que tiene documentación relacionada con lo que estaba contando, aunque decidió reservar los nombres de las personas que, según su versión, habrían participado en esas gestiones.La relación con la figura de gestor de pazMurcia, quien permanece recluido en la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, envió una carta de cuatro páginas a la Fiscalía 63 Local de la Unidad de Conciliación Preprocesal. En ella se retractó de los señalamientos que había formulado en febrero contra De La Espriella, quien en ese momento era candidato presidencial. En el documento, Murcia explicó que sus declaraciones estuvieron precedidas por expectativas que, según afirmó, le fueron planteadas desde sectores cercanos al Gobierno nacional anterior y que estaban relacionadas con una eventual vinculación como gestor de paz y con la posibilidad de recuperar su libertad.En Mañanas Blu se planteó precisamente la pregunta sobre quién habría ofrecido esa posibilidad a Murcia y bajo qué condiciones. El periodista Felipe Zuleta sostuvo que el episodio debía analizarse dentro de un contexto más amplio y volvió a referirse a las supuestas reuniones con paramilitares.También mencionó a Angie Rodríguez, quien, según se recordó durante el programa, había hablado anteriormente sobre reuniones y gestiones relacionadas con este asunto. Zuleta afirmó que Rodríguez no se habría prestado para realizar la gestión que, según su versión, se buscaba adelantar.Zuleta también mencionó a Salvatore MancusoDurante la conversación, Zuleta y los periodistas de Mañanas Blu también hicieron referencia a Salvatore Mancuso. En particular, se mencionó una retractación relacionada con señalamientos contra Álvaro Uribe y con hechos como las masacres de El Aro y La Granja. El argumento planteado durante el programa fue que estos episodios tendrían elementos en común con la discusión sobre las declaraciones de Murcia y las gestiones que supuestamente se habrían realizado para obtener determinados testimonios.Zuleta afirmó que, según su versión, una de las razones por las que el Gobierno habría cuestionado a Angie Rodríguez estaría relacionada con que los paramilitares no terminaron hablando en contra de quienes se buscaba señalar. En ese punto, además de De La Espriella y Uribe, mencionó al exvicepresidente Germán Vargas Lleras como otro de los nombres que, según su relato, habría estado dentro de ese contexto.La carta de David Murcia está ahora en manos de la FiscalíaLa revelación de Zuleta se produce después de que Murcia presentara formalmente su retractación ante la Fiscalía. En el documento, el condenado por el caso DMG negó varias de las afirmaciones que había realizado en febrero contra De La Espriella. Entre ellas, aseguró que los honorarios pagados al entonces abogado correspondían a los servicios jurídicos prestados y negó que este se hubiera apropiado indebidamente de dinero.También negó haber recibido de De La Espriella propuestas para entregar dinero a congresistas o funcionarios públicos con el propósito de influir en un trámite legislativo. Murcia igualmente se retractó de la afirmación relacionada con unos supuestos 5.000 millones de pesos y negó que el padre de De La Espriella hubiera recibido beneficios o un nombramiento como notario a cambio de que el abogado abandonara su defensa.El caso se originó después de que De La Espriella presentara una querella por las declaraciones de Murcia en una entrevista del 12 de febrero de 2026. Ahora, la Fiscalía deberá establecer qué ocurrió y determinar el alcance de las afirmaciones contenidas en la nueva versión de Murcia.Detalles en el siguiente video:
