Se trata de un campesino, aparentemente adulto mayor, quien es sacado de la estación San Antonio por funcionarios del Metro de Medellín y la Policía. En un video que generó indignación en redes sociales se logra ver como personal del metro lo conduce hacía la salida y el hombre intenta escapar, por lo que la Policía tiene que intervenir y terminó forcejeando con uno de los oficiales.En medio del forcejeo el señor grita desesperado que él no es ningún ladrón y hasta se le cae el poncho y algunas cosas de la maleta cuando intenta escapar de la Policía.A pesar de los comentarios y la indignación de la gente, desde el Metro informaron que el hombre fue sacado por mendicidad, actividad que está prohibida dentro del sistema de transporte, además afirman que el hombre ha sido reiterativo con este tema.Le puede interesar:
Desde primera hora del día de este sábado 23 de diciembre, más de 200 personas invadieron los terrenos de una finca ganadera en la zona rural del municipio de Arjona, en el departamento de Bolívar.Se trata de la finca Los Torrijos, ubicada a 10 kilómetros del casco urbano en la vía que comunica Arjona con el corregimiento de Rocha, y que es propiedad de la SAE.De acuerdo con información de las autoridades locales, esta finca, de unas 400 hectáreas, se encuentra arrendada a Inversiones Bonanza, una empresa exportadora de ganado, por lo que se estima que en los terrenos habría cerca de mil cabezas de reses.El alcalde de Arjona, Bolívar, Isaías Simancas, señaló que las autoridades ya hacen presencia en el lugar para evitar alteraciones del orden público.Según señaló el alcalde, en la finca hacen presencia campesinos de varios municipios de Bolívar, e incluso de otros departamentos como Córdoba y Santander.“Estamos esperando que los funcionarios de la SAE lleguen y podamos solucionar esta situación, y aclarar cuál es la realidad del contrato, porque a veces detrás de estos campesinos se pueden infiltrar otras personas con otro tipo de intereses”, señaló.Le puede interesar:
La Cooperativa Ecomun Multiactiva Agroforestal Santa Clara, Cemas, denunció en las últimas horas una situación de constreñimiento que se habría dado por parte de las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco' en los municipios de Balboa y Argelia, en el departamento del Cauca.“El 19 de diciembre se conoce un audio que circula por redes sociales, en el municipio de Balboa, Cauca, de alguien que se presenta como Jhontan Rodríguez del autodenominado grupo ilegal Carlos Pariño, quien refiriéndose a los habitantes de las veredas Florida, la Cumbre, Guayabal, Puerto, La Zulia, Guaudalito, El Cerro, dicen que deben ir a la vereda el Plan, todas las personas mayores de 14 años”, señala Cemas en el comunicado.Durante esta reunión el grupo le habría manifestado a la comunidad que debían sacar al Ejército de la zona y el 21 de diciembre, por constreñimiento, la población habría pedido la salida de la fuerza pública.La comunidad denuncia que algunos jefes de ese grupo están causando miedo e instrumentalizando a la población de Balboa.“En los municipios de Patía, Balboa y Argelia continúan las extorsiones por parte de este grupo armado ilegal a finqueros, ganaderos y campesinos que tienen sus unidades productivas. En medio de un cese al fuego con el ELN estos hechos siguen ocurriendo recurrentemente en Argelia y Balboa”, denuncian desde Cemas.Le puede interesar:
En los últimos cinco años la Asociación de campesinos productores de Ají de la vereda San José del municipio de Cocorná, Oriente de Antioquia, ha sido víctima en seis ocasiones de los dueños de lo ajeno.Primero les robaron un moto carguero, luego los computadores donde tenían organizada toda la información; después les robaron una moto e incluso se llevaron mercancía de la tienda de paz.Como si no fuera suficiente, más recientemente, ladrones ingresaron a la sede y se llevaron la dosificadora, selladora, codificadora y la procesadora de vegetales; cuatro máquinas avaluadas en 50 millones de pesos, indispensables para la producción de ají."Cuatro máquinas que utilizábamos para procesar el producto. Definitivamente ya nos han dejado sin con que trabajar en nuestra asociación, casi al punto de una quiebra total", advierte Édilson Eduardo Duque, representante legal y administrador de la asociación.La Asociación lleva diez años conformada y en la actualidad son más de 20 las familias de la vereda cuyos ingresos provienen de la producción y la comercialización del ají, por eso piden a las autoridades ayudarlos a recuperar las máquinas y brindarles mayor seguridad para que casos como este no se vuelvan a presentar.Le puede interesar:
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, insistió que el decreto para autorizar la posesión, licencia de cultivo y autorización de uso de semillas de amapola, coca y cannabis debe “asociarse” con entidades públicas, es decir, los mismos productores, dichos estudios de universidades o del Invima, ensayos científicos y demás.En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el ministro Osuna explicó que la medida del Gobierno lo que busca es “fijar reglas” a las personas que quieren “transitar a economías licitas dentro de cultivos de coca y amapola”, pues, recordó, de estos se pueden sacar productos como plásticos, cosméticos, fertilizantes, alimentos y mucho más. Así, precisó, será “difícil” que los narcotraficantes se “metan” e intenten obtener las licencias que con el decreto se entregarán.“Primero, para obtener esa licencia tiene que asociarse con una entidad pública, la entidad pública que está sometida a tantos controles, pues seguramente va a hacer una primera revisión, a ver con quién se asocia y con quién no se asocia. Luego viene la solicitud de licencia al Consejo Nacional de Estupefacientes. Ahí se va a encontrar con el fiscal general, el procurador general, el director general de la Policía y seis ministros; si llega, no va a ser fácil, y si se considera la licencia, no es bueno, ‘si adelante’, sino es cuántas semillas, cuántas matas, por cuánto tiempo, para qué actividad, qué producción, qué personas”, recalcó.Licencia para producirEl ministro dijo que, aunque las actividades ilegales relacionadas con la cocaína siguen siendo “perseguidas por la ley”, las otras, como industriales y medicinales, son una oportunidad para aquellos campesinos que actualmente trabajan en los cultivos de hoja de coca en las regiones; para ellos habrá una licencia, según mencionó.“Aquellas personas que consideren que pueden dedicar esos cultivos a esos usos que les menciono: medicinales, industriales y científicos, pueden solicitar una licencia al Ministerio de Justicia, a las autoridades; es una forma razonable de permitirle otra salida más a los campesinos que cultivan hoja de coca”, indicó.En ese sentido, aclaró que dicha licencia solo se le otorgará a una entidad pública, es decir, esos campesinos o empresarios deberán acudir a una de estas entidades y exponer su caso; será restrictiva y esas personas deberán explicar para que finalidad es y, ahí, se hará el respectivo control.Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales:
La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, destacó que a pesar del panorama no hay por ahora una posible recesión, indicó que lo que está viviendo la economía del país es producto de la situación económica mundial y los desafíos que enfrenta el sector agropecuario, especialmente tras la postpandemia y las secuelas de conflictos internacionales, pero aseguró que existe la necesidad de fortalecer las políticas contracíclicas para garantizar la estabilidad y el crecimiento en el sector agro.Mojica señaló que una muestra de eso es que según el último informe sobre el crecimiento del sector agro, publicado el 15 de noviembre, se evidenció un buen desempeño, principalmente, atribuido a cuestiones relacionadas con la producción y exportación de café.Una de las principales estrategias es la expansión de las políticas crediticias. El Gobierno planea ampliar la cobertura del crédito popular, financiado y subsidiado, con especial énfasis en el apoyo a los pequeños productores y aquellos con recursos limitados. Además, se mencionó el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), que financia una parte significativa de los créditos otorgados a estos grupos, estimulando así la inversión y la productividad.“Yo creo que la recesión todavía no está dentro del panorama de los riesgos que se ven. La situación económica mundial, la crisis y todo el proceso que se ha venido dando postpandemia, posguerras, hace que esto sea un fenómeno universal. De hecho, en el último informe que salió sobre el crecimiento del sector agro, no fue bien, principalmente por temas de café, pero vamos a seguir intensificando nuestras políticas contracíclicas, que tienen que ver fundamentalmente con ampliar la cobertura del crédito popular, del crédito financiado, del crédito subsidiado. Estamos haciendo unas apuestas muy fuertes en temas de ICR, que es un incentivo que financia entre el 30 y 40 % de los créditos que se dan a los pequeños productores y pequeños productores de escasos recursos. Estamos apostando en temas de renovación de cultivos, de reciclaje, de reciclaje de cultivos. Estamos apostando en temas de renovación de cultivos, de reciclaje de cultivos”, señaló la ministra.La renovación y reciclaje de cultivos también son áreas clave de intervención. Además, se continuará brindando acceso al crédito a grupos específicos, como mujeres, población indígena y jóvenes rurales. Por su parte el crédito con tasas del 4 y 5 % efectivo anual, lanzado anteriormente, se agotó en un mes debido a la alta demanda. Ante esta situación, se anunció la próxima realización de una Comisión Nacional de Crédito Agropecuario para evaluar la posibilidad de inyectar más recursos y explorar nuevas formas de estimular la inversión y aumentar la productividad en el sector agropecuario.Le puede interesar "Entidad administrará complejo hospitalario y desarrollo tecnológico: Alcaldía sobre San Juan de Dios":
En una entrevista exclusiva, el general Federico Mejía, comandante del comando específico del Cauca, informó que luego de que se presentó la asonada en el corregimiento de El Plateado, al sur de Argelia en el Cauca, el sector de Peñón de Micay, las disidencias de las Farc siguen intentando imponer control territorial.Esa fue una de las razones por las cuales las disidencias de las Farc organizaron una asonada presionando a los campesinos para que sacaran a las tropas del Ejército que estaban en el casco urbano, logramos establecer que la forma de financiación serían los mismos fondos de ahorro de los campesinos.En estos fondos comunitarios los campesinos contribuyen a través de pequeñas sumas de dinero, por cada arroba de hoja de coca que cosechan ahorran 1.000 pesos. Estos fondos están destinados a la mejora de infraestructuras locales, como vías, puentes y otras necesidades comunitarias.Sin embargo, el general señaló que estas contribuciones han sido desviadas de su propósito original por el frente Carlos Patiño, pues habrían presionado a los campesinos para que con este dinero pagaran el transporte y los carros con los que sacaron a las tropas del Ejército.“Tenemos un Carlos Patiño que le ordenó a los presidentes de la junta de acción comunal que de esos fondos sacaran para pagar las camionetas que fueron empleadas para sacar a nuestros hombres, el combustible, y hasta el pago del trago que se tomaron allá. Continúan instrumentando la población civil, pues de manera descarada y atrevida, pues también se meten hasta con los pocos recursos que tienen estas poblaciones para poder auxiliar a sus bebés y demás, empleando estos fondos, como dije yo, para estos fines”, indicó el general Mejía.En cuanto a las denuncias del presidente sobre presuntos pagos a generales para evitar la intervención en la zona en gobiernos anteriores, el general afirmó que será algo que las autoridades deberán investigar.Le puede interesar:
Terminó la campaña electoral en las regiones del país, pero está a punto de arrancar una nueva por la administración de los fondos parafiscales del sector agropecuario que hoy están mayoritariamente en manos de los gremios del sector. El objetivo del Gobierno es hacer elecciones antes del 30 de junio del próximo año y garantizar una mayor participación tanto del Gobierno como de los campesinos.Cada vez que un campesino o un empresario del campo produce papa, carne, leche, palma, café, frutas y otros productos tiene que pagarle una contribución a un fondo parafiscal que debe invertir esos recursos en desarrollo del sector o la estabilización de los precios a los productores. Sin embargo, el Gobierno cree que hoy los administradores de esa plata no se eligen de forma democrática y por eso está poniendo sobre la mesa dos propuestas de decreto que cambarían esa elección y le quitarían poder a los gremios del agro.Actualmente existen unos 14 fondos de fomento y otros 7 de estabilización de precios. No hay datos unificados y actualizados sobre todos sus presupuestos, pero en una recopilación de información hecha por Blu Radio encontramos que para 2022 los ingresos de esos fondos superaron los 5 billones de pesos.La exigencia de eleccionesSegún uno de los proyectos de decreto, las elecciones serán “planeadas, convocadas, gestionadas y ejecutadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o por el administrador del fondo, en este último caso, con acompañamiento y seguimiento del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural” y deben convocarse como máximo el 30 de junio de 2024.Esas elecciones deben ser públicas y para inscribirse el requisito principal será haber participado en la ‘gestión de empresas agropecuarias’ y pagar la cuota parafiscal, es decir, no será obligatorio tener un título profesional en específico pues, justamente, la idea es fomentar la participación de campesinos y representantes de la economía popular en esas instancias de decisión.Algunos de estos fondos tienen su propia ley y la conformación de su junta directiva está escrita en una ley por lo que varios gremios creen que esta propuesta de decreto se puede caer (al menos parcialmente).Hoy cada fondo tiene su propia manera de elegir a los representantes de su comité directivo así que no hay un estándar. Sin embargo, algunos ya hacen elecciones.“En el caso concreto de Fedegan nosotros hemos venido haciendo elecciones porque con la controversia que tuvimos con el Gobierno de Santos de los fondos parafiscales que le tocó ajustar a tratar de establecer unos mecanismos mediante los cuales se eligen los representantes por elección, pero evidentemente hay otros que la ley define”, dijo el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie.En la lista de fondos que se verían afectados por este decreto estaría el Fondo Nacional del Café cuyo comité directivo es actualmente elegido por la Federación Nacional de Cafeteros como administrador.La reducción de participación para los gremiosUn segundo proyecto de decreto se ocupa directamente de los fondos de estabilización de precios y allí el Gobierno también está buscando cambios.“Con la actual estructura y conformación de los máximos órganos directivos de los Fondos de Estabilización de Precios de productos agropecuarios y pesqueros se observa la necesidad de ampliar la participación del Gobierno nacional en los mismos, con el fin de involucrar a otros actores del sector público que por su competencia funcional deben participar en las decisiones que se adopten, así como de modificar la participación de algunos representantes del sector privado con el fin de involucrar otros actores de la cadena de valor y de la economía popular que tienen incidencia en la estabilización de precios”, indicó el Ministerio de Agricultura en el documento.Hay tres ejemplos de cómo funcionaría esto. Para el caso del Fondo de Estabilización de Precios del Cacao se incluye al presidente de la ADR que no estaba antes, y se exige explícitamente la presencia de tres representantes de los campesinos productores de cacao cuando antes no era obligatorio que fueran campesinos. Un segundo caso es el del Fondo de estabilización de la Palma no tenía un comité directivo y la idea es que ahora tenga uno con 4 funcionarios de Gobierno, 2 campesinos y 2 representantes del sector. El tercero es el fondo de estabilización para el sector ganadero el sector privado pasa de 8 asientos a solo 4 de los cuales 2 son para campesinos, uno para Fedegan y uno para Analac.El contexto de la medidaLa propuesta del Gobierno se da luego de la salida de Vecol de los representantes de gremios como Fedegán, Fenavi y la Sac, que fueron reemplazados por una nueva junta directiva en la que está el director del INS Giovani Rubiano.En las últimas semanas fue conocida también la ‘pelea’ del Gobierno con el nuevo gerente de la Federación Nacional de Cafeteros por la administración del Fondo Nacional del Café.Le puede interesar:
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) está haciendo un llamado a 6.300 campesinos en el departamento de Santander para que continúen con el proceso de solicitud de tierras. La iniciativa forma parte de los esfuerzos del gobierno para promover el acceso a la tierra y mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales.La ANT ha identificado a los campesinos que iniciaron el proceso de solicitud, pero no lo han completado, y está instándolos a retomar el trámite. La agencia proporcionará asesoramiento y apoyo técnico para facilitar el proceso y garantizar que los agricultores puedan obtener las tierras que necesitan para cultivar y sustentar a sus familias.“Fueron aquellas familias de este departamento que realizaron su solicitud ante el extinto Incora o Incoder, antes del 2016, y que a la fecha no se les ha resuelto y no tienen el debido título”, indicó Emiliana Pino Torres, directora agencia nacional de tierras en Santander.Los campesinos interesados en continuar con el proceso de solicitud de tierras pueden ponerse en contacto con la Agencia Nacional de Tierras en Santander para obtener más información y asesoramiento.“Que se comuniquen con la Agencia Nacional de Tierras o que se presenten a las oficinas en la ciudad de Bucaramanga, ubicadas en la calle 35 # 18 - 21 piso 3, de manera que se les pueda adelantar la titulación de ese baldío”, agregó la funcionaria.Vea también:
Hacía las 6:00 de la tarde de este sábado logró ser levantado el bloqueo que más de 600 familias campesinas de los municipios de Bosconia, Astrea, Chimichagua, Tamalameque y Pailitas adelantaban en la Troncal del Caribe, a la altura del corregimiento El Burro, debido a los presuntos incumplimientos del Gobierno Nacional para materializar la adjudicación de predios y terrenos que, según ellos, les prometió el presidente Gustavo Petro.Los manifestantes, que desarrollaron la protesta de manera pacífica con quema de palos, llantas y otros objetos, exigían la presencia de altos funcionarios del Gobierno Nacional para la realización de una Mesa de Interlocución que, muy a pesar de haberse concretado el pasado 07 de octubre de 2022, aún continúa sin materializarse.Sin embargo, la jornada de protestas llevó a que cerca de 150.000 vehículos estuvieran represados en más de 50 kilómetros desde las 11:00 de la mañana del pasado viernes, lo que generó traumatismos entre cientos de pasajeros a quienes les tocó pasar más de 24 horas encerrados en sus vehículos.Al menos así lo contó Ober Vanegas, un habitante de Aguachica, Cesar, quien solo buscaba llegar hacia su lugar de residencia. "Era desesperante la situación porque no podíamos echar ni para delante ni para atrás, fueron momentos de agonía porque nos tocó dormir ahí, comer en restaurantes cercanos".El alcalde de Pailitas (Cesar), Carlos Javier Toro; confirmó que la mediación se logró gracias al trabajo que desarrollaron tanto autoridades locales como departamentales para evitar un posible desabastecimiento de alimentos, productos de primera necesidad y medicamentos, teniendo en cuenta que cientos de vehículos de carga pesada se encontraban 'varados'."Nos fuimos hasta el punto del bloqueo para hablar con los campesinos, atendiendo pues todo el caos que se ha generado en el departamento. Allí les propusimos que no nos hicieran ese daño, no solo como municipio sino como país, y les planteamos —antes de proceder con la Fuerza Pública— la posibilidad de abrir la vía y desarrollar una agenda de trabajo", explicó Toro. Por su parte, el director de la Agencia Nacional de Tierras, ANT, Gerardo Vega, precisó que actualmente se encuentran desarrollando los estudios pertinentes para la entrega de dichos predios, confirmando que el próximo miércoles sostendrán un encuentro con los campesinos y delegados del ministerio del Interior."El próximo miércoles la viceministra del Interior ha convocado una reunión, allá estaremos. Pero, eso sí, sin bloqueo de vías. Estamos dispuestos a dialogar y confirmamos que estamos adelantando los estudios de aquellos predios que les vamos a entregar", dijo Vega.A través de un documento emitido a la opinión pública en las últimas horas, representantes de la Comisión por la Vida Digna, la Tierra y Los Territorios elevaron cinco exigencias al presidente Gustavo Petro, a la Agencia Nacional de Tierras, ANT, y a los ministerios del Interior, Agricultura y Ambiente para concertar el cumplimiento del pliego de peticiones. Entre ellas, se encuentran los espacios de diálogo para diseñar una ruta de trabajo articulada en el proceso de adjudicación del predio ‘La Oficina’ en Chimichagua, Cesar, así como de un protocolo de relacionamiento con las comunidades campesinas. Otra de las peticiones tiene que ver con exigencias para conocer el detalle de los avances en los procesos que adelanta la ANT en predios que se encuentran ubicados entre Tamalameque, Chimichagua y Astrea, garantías para el ejercicio del liderazgo social y la salvaguarda en la integridad física de las familia campesinas.Le podría interesar:
En una audiencia reciente, la jueza 53 determinó que Marelbys Meza, Fabiola Perea, Johnson Pineda, la fiscal Marbel Morales y el fiscal Óscar Gutiérrez sean considerados víctimas en la investigación a las chuzadas a la exniñera de Laura Sarabia. Sin embargo, la defensa de los policías, a cargo de Miguel Ángel del Río, apeló esta decisión argumentando la falta de claridad sobre los daños sufridos por las supuestas víctimas.El Tribunal Superior de Bogotá deberá responder a esta apelación en el desarrollo del caso. Los elementos de prueba recabados sugieren que Alfonso Quinchanehua habría instruido a Dana Canizales para alterar partes de una entrevista realizada a Marelbys Meza en relación con la pérdida de dinero en la residencia de Laura Sarabia en enero de 2023.El informe resultante de esta manipulación incluyó detalles sobre el uso de un servicio de transporte privado por parte de Meza después de su jornada laboral, utilizado aparentemente para justificar una declaración atribuida a un conductor de plataformas virtuales de transporte. Las investigaciones indican que Quinchanehua habría presionado a Canizales, tanto verbalmente como a través de mensajes, para que procediera de manera irregular.Este nuevo delito, por el cual Quinchanehua enfrenta acusaciones adicionales, se suma a los cargos previos de fraude procesal y falso testimonio, los cuales hasta ahora ha negado.El caso de las supuestas chuzadas a Marelbys Meza continúa generando atención y debate en el ámbito legal y público, ya que pone de manifiesto la importancia de garantizar la integridad y el respeto a los derechos fundamentales en las actuaciones policiales.
La acción que fue llevada a cabo por la Fuerza Pública en la vereda La Cara del corregimiento de La Unión en Puerto Nare dio con la ubicación de cuatro minas de oro que fueron destruidas en esta región del Magdalena Medio.Según el reporte entregado por las autoridades, en este lugar fueron intervenidas cinco dragas, ocho motores, 10 motobombas y tres retroexcavadoras que eran usadas para la producción de cerca de seis kilogramos de oro mensualmente.Aunque indica la Policía Nacional que fue un golpe certero a las finanzas ilegales, también aseguró que continuarán con las acciones en contra de la minería ilícita en Antioquia.Corte ordena a MinTrabajo y MinMinas tener control de los lugares donde se lleva a cabo la mineríaFinalmente, reconocieron que con la destrucción de las cuatro minas también se ayuda al medio ambiente, puesto que dichos depósitos ilegales utilizaban mercurio para sacarle el máximo provecho al oro y por ello los agentes naturales de este sector de Puerto Nare se estaban viendo gravemente perjudicados.
Desde el colegio San Juan Bautista de La Salle en Zipaquirá, Cundinamarca, el presidente Gustavo Petro pidió ondear bandera del M-19 en el acto público para homenajear al exjefe guerrillero Carlos Pizarro.“No les gusta que la saquemos, pero no va a estar debajo de los colchones. Hoy se conmemora un año más del asesinato de Carlos Pizarro que estuvo aquí en Zipaquirá, que salió a cambiar el mundo, después fue guerrero andante conmigo, después, asesinado. Esa generación derogó la constitución de 1886, proclamó la de 1991 y hoy es parte del Gobierno de Colombia”, dijo el presidente.En desarrollo.
La empresa estadounidense General Motors (GM) anunció importantes cambios en sus operaciones en Colombia y Ecuador, los cuales implicarán el cese de la fabricación de vehículos a partir de este mismo viernes en el país y a partir de agosto en Ecuador, provocando una serie de despidos masivos.Según el comunicado de la compañía, las operaciones de fabricación cesarán en la planta de Colmotores en Colombia, comenzando hoy con un equipo reducido, mientras que en la planta de OBB en Ecuador la fabricación cesará a finales de agosto de 2024.GM destacó que ambas plantas estaban operando por debajo de su capacidad, con un 9 % en Colombia y un 13 % en Ecuador, lo que ha llevado a la decisión de cerrarlas.La compañía, conocida por fabricar vehículos de la marca Chevrolet en estos dos países, ahora planea hacer una transición hacia un modelo de compañías nacionales de comercialización. Esto, según GM, permitirá respaldar el lanzamiento de vehículos de próxima generación y ofrecer una experiencia excepcional para el cliente, así como servicios posventa de alta calidad.Precios de vehículos Chevrolet en Colombia“Como consecuencia del cese de la operación de ensamble local en Colombia, el JOY deja de producirse. Es importante resaltar que, los clientes no se verán afectados por la decisión de finalizar el ensamble de vehículos en el país. La red de concesionarios está operando normalmente, incluyendo los puntos de venta de nuevos vehículos, talleres y servicios de postventa, garantizando un servicio con calidad y rapidez”, respondió General Motors.Sobre los precios, indicaron que la compañía ha creado una estrategia para que la dinámica de precios se mantenga, considerando la volatilidad del dólar y consideraciones usuales del mercado.En cuanto a la fuente de los vehículos, General Motors Colombia aprovechará “su fabricación global y tomará decisiones sobre el portafolio en función de la demanda de los clientes y el caso de negocio financiero de cada producto”, pero, por ahora, mantendrá las fuentes de Brasil, Argentina México, EEUU y China.El presidente de GM Internacional, Shilpan Amin, ha afirmado que estos cambios son cruciales para garantizar que la empresa esté mejor posicionada para ofrecer a sus clientes vehículos y tecnologías avanzadas, y para impulsar la transformación de la industria automotriz en Colombia y Ecuador hacia un futuro más sostenible, con menor emisión de gases.Sin embargo, esta reestructuración conlleva despidos masivos, que podrían afectar hasta a 800 empleados en la planta de Colmotores en Bogotá, la única instalación donde se fabrican vehículos en Colombia, según sindicatos.La empresa ha expresado su comprensión hacia el impacto que esta decisión tendrá en los trabajadores afectados y ha asegurado que les brindará apoyo durante su transición.Por su parte, el Ministerio de Trabajo de Colombia ha anunciado que garantizará la protección de los derechos laborales de los trabajadores de la ensambladora de vehículos y llevará a cabo una inspección laboral para verificar que se cumplan los estándares exigidos por la ley. La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ha instruido a la dirección de Inspección Vigilancia y Control para que realice una serie de visitas a la planta con ese fin.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reconoció que tiene una preocupación grande con lo que viene pasando en el país y manifestó que están acabando con el sistema de salud.Además, el mandatario insistió que el sistema pensional tiene muchas deficiencias y que ahora buscan intervenirlo. Y aunque Gutiérrez aseguró que el país sí necesita reforma pensional, le preocupa lo que está pasando."Que peligro todos estos dineros en manos del Estado, ¿para qué?, ¿cuál es la intención real? Uno va viendo un modelo calcaíto de lo que ha pasado en tantos países que han fracasado en América Latina", indicó Gutiérrez.Por estas razón, el alcalde de Medellín reafirmó en varias oportunidades que le preocupa lo que pasa con las reformas.Federico Gutiérrez responde a orden de arresto en su contra: "Llegamos a ponernos al día en el caso"Incluso, Gutiérrez se atrevió a cuestionar que, supuestamente, se plantee la extensión del Gobierno y por ello invitó a que se cumplan todas las leyes constitucionales.