Tres días completan las protestas de campesinos, comunidades afrodescendientes e indígenas del pueblo Embera Chamí del municipio de Puerto Parra, víctimas de la violencia, bloqueando el paso en la Troncal del Magdalena Medio en reclamo al Gobierno Nacional de la asignación de tierras.
La inconformidad de las comunidades se basa en la pretensión del Gobierno Nacional de entregar 1.572 hectáreas a excombatientes de las extintas Farc como parte del proceso de paz. Los manifestantes aseguran que la decisión afecta directamente sus derechos y reclaman participación en el proceso de distribución de tierras.
El alcalde de Puerto Parra, Diectsen Téllez, respaldó públicamente las exigencias de los manifestantes y pidió al Gobierno Nacional abrir espacios de diálogo.
“Queremos hacer un llamado a las comunidades que están hoy en esta manifestación para que sientan el respaldo de la administración municipal, pero también hago un llamado a la tranquilidad y a evitar el desorden. Solicitamos a la Agencia Nacional de Tierras que de manera urgente establezca una mesa de trabajo entre la administración municipal y la Mesa Territorial de Reforma Agraria de Puerto Parra para que se escuchen y se tengan en cuenta las peticiones de las comunidades”, manifestó el mandatario.
Téllez advirtió además que la Reforma Agraria no puede adelantarse sin concertación previa en el municipio.
“No queremos que en Puerto Parra pase lo mismo que en San Vicente de Chucurí, Puerto Boyacá o Cimitarra, donde se entregaron títulos sin que las administraciones locales tuvieran conocimiento. Si hay tierras disponibles, deben priorizarse para las familias de Puerto Parra”, puntualizó.
Por su parte, la Gobernación de Santander se pronunció mediante un comunicado en el que aclaró que no ha sido invitada ni ha participado en las decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional frente a este caso, pese al alto impacto que estas medidas tienen en el territorio.
El ente departamental recalcó que estas determinaciones deben ser concertadas con los líderes sociales, autoridades locales y el propio Gobierno de Santander. Aunque la administración departamental expresó su respeto por la protesta pacífica, rechazó que se afecte la movilidad y pidió a los manifestantes evitar vías de hecho que perjudiquen a miles de viajeros.
Finalmente, la Gobernación reiteró su disposición a participar en un proceso de concertación y diálogo directo con las comunidades y el Gobierno Nacional para encontrar soluciones que eviten mayores afectaciones en este corredor vial estratégico.
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