Nuevamente una comunidad proveniente del departamento del Cauca llegó hasta las instalaciones de la ANT en Bogotá reclamando incumplimientos del gobierno nacional en la entrega y adjudicación de tierras en las regiones. Sin embargo, en videos difundidos en redes sociales denunciaron que varios integrantes de esta comunidad cerraron las entradas y salidas de la Agencia Nacional de Tierras como medio de protesta.“Es una situación grave que se presenta hoy en la sede de la Agencia de Desarrollo Rural y de la Agencia Nacional de Tierras. Un grupo de manifestantes se tomaron con violencia las instalaciones. Actualmente hay más de 50 personas secuestradas ya que no permiten salir a la gente del edificio. Lo preocupante es que pueden haber agresiones y actos de violencia pero no hay presencia de fuerza pública, a pesar de estar al lado del Ministerio de Defensa y del Hospital de la Policía. Te envío unos vídeos de evidencia", declaró la denunciante por medio de redes sociales.Entre tanto, por parte del distrito, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, confirmó que la llegada de este grupo se realizó el martes 14 de julio a las instalaciones de la ANT y confirmó que efectivamente se presentaron problemas de orden público entre colaboradores de la ANT y manifestantes.“Hace minutos se presentó una confrontación entre comunidades afro del Valle y personal de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), pues la entrada y salida de su sede en el CAN se encontraba bloqueada. Los manifestantes alegan incumplimientos por parte de esta entidad del Gobierno Nacional que los lleva a esta vía de hecho.” Concluyó el secretario.Sin embargo, tras la denuncia y los enfrentamientos, fuentes de la ANT le confirman a este medio que la situación fue superada y se habilitaron las entradas y salidas para el normal movimientos del personal. Por ahora, que tan prolonngadas será la estadía de la comunidad en la ANT en la que exigen que el gobierno del presidente, Gustavo Petro, les cumpla.Por su parte, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) aseguró que ha cumplido los compromisos adquiridos con el Frente Nacional de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Comunidades Negras (Frenacol) y rechazó las versiones sobre presuntos incumplimientos que motivaron las manifestaciones de este martes en sus instalaciones.La entidad afirmó que no hay personas retenidas y que mantiene un diálogo permanente con los representantes de las comunidades. Además, explicó que la semana pasada se aprobó la incorporación de varios predios al proceso de recuperación de tierras, pero que aún deben cumplirse las etapas administrativas y técnicas exigidas por la ley antes de su entrega.La ANT señaló que estas diligencias requieren acompañamiento de la Policía Nacional, previsto para después del 21 de julio, cronograma que, según indicó, fue informado previamente a Frenacol. Finalmente, hizo un llamado a mantener el diálogo y reiteró su disposición de cumplir los acuerdos dentro del marco legal.
En medio de la entrega del informe final de gestión en materia de reforma agraria por parte del gobierno saliente, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, aseguró que van a dejar al día todas las cuentas relacionadas con el Fondo de tierra, para garantizar la continuidad del proceso para los campesinos por parte del gobierno entrante del presidente electo, Abelardo de la Espriella.El director señaló que las entregas provisionales dentro de todo el proceso de restitución de tierras se realizarán vía comodato para de esta forma garantizar su continuidad dentro del proyecto.“Nosotros vamos a dejar saneado el tema del fondo de tierra, se les vamos a asegurar las entregas provisionales vía comodato que permitan y asegure su permanencia en los proyectos”, dijo Harman.Asimismo, aseguró que desde la Agencia están avanzando en la conformación de una mesa de garantías en donde los campesinos puedan exigir al próximo gobierno la culminación de dicho proceso."No solamente la entrega del título, sino también y seguir avanzando en la aspiración colectiva de la reforma agraria, es una tarea del movimiento campesino. Es una tarea organizativa del movimiento campesino. Esperamos abiertamente que desde la sociedad civil podamos seguirlos acompañando, podamos avanzar”, señaló el director de la Agencia Nacional de Tierras.Desde la entidad, piden al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella que considere continuar con el tránsito hacia la reforma agraria.“Dejamos una tarea muy avanzada, la tierra está a nombre de la Agencia Nacional de Tierras, nadie puede durar de su condición y está con una destinación específica para la reforma agraria. Entonces, con esa condición, yo sí espero de forma oportuna que podamos transitar de manera tranquila a una reforma agraria con más perspectiva y con mayores desarrollos en el próximo gobierno, incluso aunque el próximo gobierno sea el primero que no esté convencido de ello”, agregó.
El exconstituyente y líder indígena de la etnia Misak, del Cauca, Lorenzo Muelas, lanzó una nueva denuncia contra el gobierno del presidente Gustavo Petro, al asegurar que se habrían invadido tierras legalmente reconocidas con títulos al pueblo guambiano, entregándolas a otras comunidades indígenas del Cauca mediante lo que calificó como "títulos ficticios".“Otras comunidades invaden sobre unas tierras legalmente reconocidas, con títulos reconocidos por el Gobierno Nacional. El Presidente Gustavo Petro, la Agencia Nacional de Tierras, el Consejo Regional Indígena del Cauca se trasplantaron otros títulos ficticios en las tierras guambianas”, dijo durante su discurso.El líder indígena afirmó que estas actuaciones han profundizado las tensiones en el territorio y pidió al presidente Petro que, antes de terminar su Gobierno, resuelva la situación y ordene desocupar las tierras que, según él, fueron invadidas y no pertenecen a quienes hoy las ocupan.Muelas señaló directamente a la senadora y lideresa indígena Aida Quilcué, quien fue la fórmula vicepresidencial del candidato Iván Cepeda, y la acusó de haber ofrecido más de tres millones de votos para las pasadas elecciones.“Fue la ambición de los votos que Aida Quilcué. Ella ofreció tres o cuatro millones de votos para la elección pasada, provocando que la Agencia Nacional de Tierras fuera capaz de reconocer unas resoluciones, títulos ficticios sobre unas tierras legales”, siguió diciendo.El líder indígena reiteró que estas actuaciones han profundizado las tensiones en el territorio y pidió al presidente Petro que, antes de concluir su mandato, resuelva la situación y ordene la devolución de las tierras que, según él, fueron invadidas y no pertenecen a quienes actualmente las ocupan.Muelas insistió en que el Estado debe revisar las decisiones adoptadas sobre estos predios y corregir lo que considera una afectación directa a los derechos históricos y legales del pueblo guambiano.La denuncia fue hecha en el marco de la conmemoración de los 35 años de la Constitución Política de 1991, en Barranquilla.
La Agencia Nacional de Tierras (ANT), el Ministerio del Interior y el Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente (AISO) anunciaron una serie de acuerdos en materia de tierras y territorio, tras dos días de mesa técnica de seguimiento a compromisos previamente pactados con comunidades indígenas Misak y Pijao.Entre los compromisos alcanzados, la ANT garantizó la continuidad del equipo técnico durante el segundo semestre de 2026 y se comprometió a culminar en julio los procedimientos catastrales pendientes del resguardo indígena La Bonanza, con el fin de avanzar en su formalización.Asimismo, la entidad adelantará visitas técnicas a predios postulados por las comunidades para continuar los procesos de constitución y ampliación de resguardos indígenas. En el caso del predio Los Lirios, ubicado en el municipio de Puracé (Cauca), donde existe un conflicto de representatividad dentro de la comunidad Misak, se acordó instalar un espacio técnico con participación de la ANT, el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo para buscar soluciones concertadas.“Acordamos realizar un espacio técnico para revisar la situación de desarmonía presentada al interior de la comunidad y poder hacer entrega provisional del respectivo predio a la comunidad” Aseguro Olinto Rubiel Mazabuel Quilindo, Subdirector de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras.Las partes también definieron que la próxima reunión de seguimiento se realizará el 17 de julio en el resguardo Misak La Bonanza, donde se evaluará el cumplimiento de los compromisos y el avance de los distintos procesos territoriales. Según las entidades, estos acuerdos buscan fortalecer el diálogo institucional y garantizar los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
Apenas un día después de la segunda vuelta presidencial, la hoja de vida de Felipe Harman volvió a aparecer publicada en el portal de aspirantes de la Presidencia para regresar a la dirección de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), cargo al que había renunciado el pasado 3 de junio para vincularse a la campaña del entonces candidato Iván Cepeda.La decisión generó cuestionamientos desde distintos sectores políticos, que consideran que el regreso de Harman podría enviar un mensaje equivocado sobre los límites de la participación política de los funcionarios públicos, al permitir que servidores que abandonan temporalmente sus cargos para intervenir en una campaña electoral puedan luego reincorporarse a sus funciones.Frente a las críticas, Harman defendió su retorno y aseguró que se trata de una decisión responsable para garantizar una adecuada transición con el gobierno entrante del presidente electo, Abelardo de la Espriella. “Me parece lo más responsable para el país y para mi gestión. Tengo que estar en el empalme, quiero dejarle a la nueva administración claro lo que hicimos. Y lo que para algún sector parece polémico a mí me parece un acto de responsabilidad. Lo fácil es irse, lo complejo es asumir que tuvimos una derrota electoral y entregar la entidad”, afirmó el funcionario.Harman también respondió a quienes señalan que su regreso podría entrar en tensión con las restricciones sobre participación en política de los funcionarios públicos. Según explicó, precisamente por esa razón presentó su renuncia antes de involucrarse en la campaña presidencial.“Este dilema no es jurídico porque por eso yo renuncié y me desprendí de la función pública. No me parece un dilema y tampoco que estemos actuando en contra de la ley. Estamos dando la cara y vamos a garantizar que la próxima administración del señor Abelardo de la Espriella tenga los elementos claros en los que nosotros avanzamos de acuerdo con el proceso de paz”, sostuvo.Harman no fue el único alto funcionario que dejó temporalmente su cargo para respaldar la candidatura de Cepeda. También lo hizo Carlos Carrillo, entonces director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), quien posteriormente fue suspendido por la Procuraduría en una investigación relacionada con presunta participación en política.
El exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, regresará a su cargo después de separarse durante sólo 17 días, período en el que se unió a la campaña del candidato presidencial Iván Cepeda, en busca de la llamada “remontada” que buscaba revertir los resultados de la primera vuelta presidencial que había ganado Abelardo De la Espriella con 2,84 % de diferencia.A las 6:30 de la tarde de este lunes fue publicada la Hoja de Vida en la página web de la Presidencia de la República, como paso previo para su designación oficial nuevamente.Blu Radio consultó a Harman y confirmó que sí fue publicado su HV, pero que estaba analizando el regreso al cargo con sus abogados, debido a que no quiere inhabilitarse, para poder inscribirse como candidato en las elecciones regionales de octubre del año 2027, aunque no confirmó si será a una alcaldía o gobernación.“Voy a hacer el análisis jurídico, para no inhabilitarme en las territoriales”, comentó Harman, quien fue alcalde de Villavicencio entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023.Justificó su regreso a la entidad al considerar que “es lo responsable con los campesinos, el empalme y el país”, es decir, lo hará para rendir cuentas de la ANT y entregarla al nuevo gobierno que arranca el 7 de agosto.La bandera suya, por encomendación del presidente Gustavo Petro, de acuerdo a las tareas propias de la entidad que dirigió, han estado relacionadas con la entrega de tierras y la reforma agraria.Al publicarse la Hoja de Vida, las críticas no se hicieron esperar. “Hoy, como si nada hubiera pasado, aparece para regresar al alto Gobierno (...) Así funciona el petrismo: convierten el Estado en una plataforma electoral, usan los cargos públicos para hacer política y después vuelven a buscar acomodo en la burocracia”, reclamó el concejal de Medellín por el movimiento Creemos, Alejandro De Bedout.El concejal llama a Petro y Harman “descarados”, al considerar que “acabarán con lo poco que queda del Estado”, porque según él, “llegaron para servirse y no para servirle al país”.
Las denuncias sobre una supuesta compra de votos en la región Caribe continúan generando controversia en medio de la recta final de la campaña presidencial. En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, Felipe Harman, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras y actual coordinador de la estrategia electoral de Iván Cepeda para la jornada de votación, respondió a los señalamientos realizados por el abogado y dirigente político Abelardo De La Espriella, quien ha denunciado presuntas irregularidades relacionadas con la campaña del candidato del Pacto Histórico.Harman negó de manera categórica cualquier participación en actividades de compra de votos y aseguró que el respaldo ciudadano a la candidatura de Cepeda hace innecesaria cualquier práctica ilegal.“Nosotros no necesitamos comprar un solo voto. La gente tiene infinito cariño con este proyecto político, casi que devoción”, afirmó Harman durante la entrevista. El dirigente sostuvo que el trabajo de la campaña se concentra en la organización logística y electoral de cara a la jornada democrática, especialmente en la coordinación de activistas y equipos territoriales encargados de movilizar la estructura política en los distintos puestos de votación.La polémica por un video en ValleduparLa controversia se intensificó tras la divulgación de un video atribuido a Pedro Acuña, señalado por algunos sectores como cercano a la campaña de Cepeda en Valledupar. En la grabación, Acuña menciona la necesidad de que “la plata llegue a donde tiene que llegar” y habla de transporte, agua, almuerzos y recursos para la operación electoral.Frente a estas declaraciones, Harman insistió en que cualquier explicación sobre el contenido específico del video debe ser dada por Acuña y no por la campaña nacional.“Lo que dice el señor Pedro Acuña lo tendrá que responder el señor Pedro Acuña”, señaló. No obstante, el exfuncionario interpretó que las referencias económicas estarían relacionadas con aspectos logísticos habituales dentro de una campaña política, como la alimentación de testigos electorales, la hidratación de voluntarios y los mecanismos de transporte para facilitar la participación de simpatizantes, especialmente en zonas rurales.Según Harman, dichas actividades no constituyen una infracción electoral y hacen parte de la organización operativa necesaria para garantizar la presencia de los equipos de campaña durante la jornada de votación.Harman rechaza interpretaciones sobre compra de votosUno de los momentos más tensos de la entrevista se produjo cuando los periodistas insistieron en preguntarle sobre el destino de los recursos mencionados en el video y la posibilidad de que estuvieran dirigidos a votantes.Harman respondió reiteradamente que no existe evidencia alguna que permita concluir que se esté hablando de compra de votos.“Aquí lo que se está diciendo es que una campaña implica unos equipos en calle y los equipos en calle van a tener que tener las garantías mínimas de hidratación para hacer su ejercicio de activismo”, explicó.El coordinador electoral sostuvo que las conclusiones sobre una eventual compra de sufragios responden a interpretaciones políticas interesadas y no a hechos comprobados.“¿Dónde están diciendo que van a comprar un solo voto, Néstor?”, cuestionó durante la entrevista.Asimismo, afirmó que la fortaleza de la campaña radica en la movilización ciudadana y en el respaldo popular que, según él, tiene el proyecto político liderado por Iván Cepeda.Cuestionamientos a la financiación de otras campañasAdemás de defender la actuación de su equipo, Harman aprovechó el espacio para lanzar críticas contra sectores que han promovido las denuncias. El exdirector de la Agencia Nacional de Tierras pidió que las autoridades electorales y judiciales investiguen el origen de los recursos que financian las distintas campañas.En ese sentido, hizo referencia a informaciones periodísticas relacionadas con presuntos vínculos empresariales y patrimoniales de personas cercanas a Abelardo de la Espriella, aunque sin presentar pruebas adicionales durante la entrevista.“Yo sí quiero que ojalá el Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía revisen de forma clara dónde está la financiación desmedida de las campañas”, manifestó.Las declaraciones forman parte de una estrategia discursiva que busca trasladar el foco de atención hacia los mecanismos de financiación política, un tema que históricamente ha estado en el centro del debate electoral colombiano.
Durante un operativo de la Agencia Nacional de Tierras —ANT—, con uniformados de la Policía Nacional, las autoridades lograron en Caucasia la recuperación material de 21 predios rurales que suman 1.677 hectáreas.De acuerdo con los procesos judiciales y las labores de caracterización territorial, varios de los bienes rurales habían sido vinculados con excomandantes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).En el caso de los predios La Alborada y La Heroica, se registran precedentes relacionados con Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’, excomandante de las AUC. ‘Macaco’ fue señalado por su presunta responsabilidad en despojo de tierras, desplazamiento forzado y violaciones a los derechos humanos, particularmente en las subregiones Bajo Cauca y Urabá antioqueño.El predio El Avispero es otro de los puntos neurálgicos de este despliegue debido a su peso histórico. La propiedad aparece vinculada directamente a decisiones judiciales contra el excomandante del Bloque Central Bolívar de las AUC, Iván Roberto Duque Gaviria, alias ‘Ernesto Báez’, señalado por la justicia por delitos como desaparición forzada, secuestro, homicidio y masacres en la subregión Magdalena Medio.Sobre este proceso, el asesor de la Dirección General de la Agencia Nacional de Tierras, Javier Alonso Santiago, sostuvo que los predios hacían parte del Fondo de Reparación a Víctimas.“En un ejercicio de recuperación material de estos predios que hacían parte del Fondo de Reparación para las víctimas, son dispuestos a organizaciones campesinas que quieren trabajar la tierra y que han demostrado que, con su esfuerzo y su trabajo, han producido alimentos”, dijo. De momento, la entidad aclaró que no solo tomó el control material de los predios, sino que de inmediato dispuso estas tierras al servicio de la producción comunitaria, a asociaciones campesinas de Caucasia, un total de 200 personas. María Eugenia Dorado, una de las beneficiarias."Ya que teníamos tanto tiempo de estar esperando este momento glorioso. Nunca pensaba que iba a llegar, pero llegó. Y vamos a tomar estas tierras para usarlas de la mejor manera, para que produzcan produzcan el pan diario de nuestra familia. Contenta, feliz por este día tan maravilloso. Más que todo, ha sido un trabajo demasiado duro, pero vemos hoy la efectividad", indicó.El despliegue de las autoridades se extendió por una semana. Datos de esta entidad del Gobierno nacional señalan que en los últimos cuatro años en Antioquia se han recuperado más de 8.203 hectáreas como parte de la Reforma Agraria.
La recuperación de 690 hectáreas de tierras en Sabana de Torres por parte de la Agencia Nacional de Tierras abrió una esperanza para cientos de familias campesinas que durante años han esperado la posibilidad de acceder a un predio propio para trabajar y producir alimentos.Los terrenos, distribuidos en 11 predios rurales identificados como San Miguel, Villa Magalia, El Horizonte, María Paula, Laura Melisa, El Cauca, Trigueros, Montecristo, El Rubí, La Gloria y Lote, estaban vinculados al ganadero José Guillermo ‘Ñeñe’ Hernández y, según investigaciones judiciales, harían parte de bienes relacionados con la estructura criminal de Marcos de Jesús Figueroa, alias ‘Marquitos’.La intervención de la Agencia Nacional de Tierras permitió recuperar estos predios que funcionaban como una sola estructura productiva dedicada principalmente a la ganadería bovina. Ahora, organizaciones campesinas de la región esperan que estas tierras puedan ser entregadas para proyectos agrícolas y productivos.Doris Suárez Díaz, abogada y defensora de derechos humanos que acompaña a las asociaciones campesinas, explicó que el proceso de reclamación por el acceso a la tierra lleva más de dos años, aunque algunas organizaciones tienen hasta 12 años de constituidas esperando esta oportunidad.“Ha sido un proceso de ilusión y anhelo de tener un pedazo de tierra propia para producir alimentos y demostrar que el campesino y la campesina pueden tener independencia económica y vivir dignamente”, afirmó.Según Suárez, actualmente existen dos escenarios sobre estos predios: uno jurídico, relacionado con las investigaciones y disputas judiciales sobre las tierras, y otro administrativo, liderado por la Agencia Nacional de Tierras dentro de la política de reforma agraria del Gobierno nacional.La defensora señaló que las asociaciones campesinas fueron las que inicialmente alertaron a las entidades del Estado sobre las irregularidades en los contratos de arrendamiento y promovieron la recuperación de los terrenos.“El objetivo es que las familias puedan trabajar de manera asociativa, producir alimentos y, posteriormente, recibir apoyos del Gobierno para fortalecer los proyectos productivos, con acceso a insumos, herramientas y comercialización”, agregó.Entre las organizaciones que adelantan el proceso está la Asociación Campesina Apropaz. Su representante legal, Ezequiel Rodelo Flórez, aseguró que llevan más de ocho años esperando una oportunidad para acceder a tierras.“Para las familias humildes campesinas la tierra es un tesoro difícil de conseguir. Hoy vemos esta posibilidad como una bendición para desarrollar proyectos de producción de alimentos”, expresó.Por su parte, Walter Kené Cali Torres, presidente de la Asociación Campesina Aspirantes a Tierras en Sabana de Torres, indicó que son seis asociaciones las que participan en el proceso y que agrupan a más de 250 familias campesinas.“Nosotros vivimos de la tierra. Nuestro pensamiento es hacerla producir como estamos acostumbrados, con cultivos de comida para aportar alimentos a los colombianos”, señaló.Las organizaciones esperan que, una vez avancen los procesos administrativos y judiciales, puedan recibir de manera provisional estos terrenos para iniciar proyectos agrícolas y consolidar el sueño de cientos de familias campesinas de Sabana de Torres.
La Agencia Nacional de Tierras recuperó 690 hectáreas ubicadas en el municipio de Sabana de Torres, Santander, que estaban vinculadas al ganadero José Guillermo ‘Ñeñe’ Hernández y que, según investigaciones judiciales, hacían parte de bienes relacionados con la estructura criminal de Marcos de Jesús Figueroa, alias ‘Marquitos’.La intervención se realizó sobre 11 predios rurales identificados como San Miguel, Villa Magalia, El Horizonte, María Paula, Laura Melisa, El Cauca, Trigueros, Montecristo, El Rubí, La Gloria y Lote, terrenos que funcionaban como una sola estructura productiva dedicada principalmente a la ganadería bovina.Según informó la ANT, estos bienes habían sido adquiridos por la entidad a la Sociedad de Activos Especiales y presentaban ocupaciones irregulares.Las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación señalan que varios de estos predios terminaron sometidos a procesos de extinción de dominio por los presuntos vínculos del ‘Ñeñe’ Hernández con la estructura criminal liderada por alias ‘Marquitos’, señalado de operar redes ilegales en La Guajira.Detrás de la operación aparecía la empresa La Gloria Ganadería Ltda., constituida por el ‘Ñeñe’ Hernández y miembros de su núcleo familiar, y que posteriormente quedó en manos de su hijo Juan David Hernández López.La recuperación de estos terrenos se da en medio de los procesos de Reforma Agraria impulsados por el Gobierno Nacional en el Magdalena Medio santandereano, una región históricamente marcada por la concentración de tierras, el conflicto armado y las economías ilegales.La ANT señaló que el objetivo es que estas tierras recuperadas puedan ser destinadas a proyectos campesinos, producción agropecuaria y programas de soberanía alimentaria para comunidades rurales de Sabana de Torres.Organizaciones campesinas de la región respaldaron la medida y destacaron que durante años cientos de familias han reclamado acceso formal a tierras para desarrollar proyectos productivos y comunitarios.La recuperación de estos predios representa uno de los operativos de mayor impacto sobre bienes rurales vinculados a procesos de extinción de dominio en Santander durante los últimos años y vuelve a poner en evidencia la relación entre concentración de tierras, estructuras criminales y economías ilegales en el Magdalena Medio.
Tal como previsto, desde este miércoles quedó en firme el proceso de reversión del corredor de carga Cartagena - Barranquilla, con el cual el Invías asumió oficialmente la operación de esta carretera de 249,16 km y el manejo de los seis peajes que se hallan en este tramo entre Atlántico y Bolívar, una transición que se ha visto alterada por protestas de la comunidad.Este corredor estaba a cargo de la Concesión Autopistas del Caribe, pero esta solicitó su liquidación anticipada tras no lograr su cierre financiero, entre otras, por las constantes protestas en la vía que impedían el recaudo en sus peajes.Ahora, la comunidad sigue protestando y hasta levantó las talanqueras en el peaje de Sabanagrande este miércoles, permitiendo el paso libre por la vía Oriental, pues dice que el Invías no les garantiza que continuará el cobro de una tarifa diferencial para los habitantes de la zona, quienes venían pagando a la Concesión 2.800 pesos y no los 12.700 de la tarifa plena.Rubén Llanos, líder del Comité no al Peaje, afirma que en manos del Invías debería regir una tarifa cero para ellos, pues tampoco se están haciendo las obras prometidas."Nosotros en el documento de objeciones a la resolución le pedimos que se suspendan el cobro de las casetas de peaje mientras no se tenga el estudio técnico y las socializaciones con las comunidades", afirmó Llanos.Los manifestantes dicen que mantendrán arriba las talanqueras del peaje de Sabanagrande en señal de protesta, hasta que hagan presencia funcionarios del Invías y del Ministerio de Transporte.Esta manifestación también podría extenderse hacia el peaje de Galapa, sobre La Cordialidad, donde la comunidad reclama la misma exención del cobro de la caseta.
En una iniciativa legislativa que busca transformar la interacción de los menores de edad con el mundo digital, el representante a la Cámara Jesús Lorduy, junto al senador Enrique Cabrales, radicó un proyecto de ley en el Congreso de la República que pretende prohibir el acceso de menores de 16 años a las redes sociales sin una regulación estricta. La propuesta se inspira en modelos internacionales recientes, como el de Francia, y busca mitigar los riesgos asociados al uso temprano de estas plataformas.Un marco de protección y corresponsabilidadEl objetivo principal de la norma es establecer un sistema robusto que salvaguarde la integridad de la infancia en el entorno virtual. Según explicó el representante Lorduy en entrevista, “lo que buscamos es crear un marco integral de protección reforzada para los niños, niñas y adolescentes frente al riesgo derivado del acceso temprano y no regulado de redes sociales”.El parlamentario enfatizó que la seguridad digital no debe recaer únicamente en los menores, sino que es un asunto de "corresponsabilidad" que involucra al Estado, la sociedad, las instituciones educativas, las familias y, de manera crucial, a los proveedores de servicios. En este sentido, las empresas tecnológicas de redes sociales son señaladas como las principales responsables de implementar los mecanismos de control necesarios. Sanciones millonarias para las plataformasUno de los puntos más polémicos y contundentes del proyecto son las sanciones económicas para las empresas que no cumplan con la verificación de edad. Lorduy detalló que las multas están contempladas en el artículo 10 del articulado: “En caso de incumplimiento podrán ser multados hasta por 5000 salarios mínimos legales vigentes. Eso un monto de alrededor de 8.500 millones de pesos”.Estas multas estarían dirigidas a los prestadores del servicio que no establezcan requisitos claros para identificar si el usuario es menor de edad.La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sería el órgano encargado de inspeccionar, vigilar y ejercer el control sobre estos contenidos y el cumplimiento de la ley. Métodos de verificación y control parentalPara asegurar que los usuarios cumplan con el requisito de edad, el proyecto propone diversas herramientas tecnológicas. Entre ellas se encuentran el uso del documento de identidad, el consentimiento y vinculación de padres o tutores, y tecnologías avanzadas de reconocimiento facial mediante inteligencia artificial.“Esa verificación debe tener varios puntos, incluido pues el número de identificación... pero no nos basta solo con esto, sino también con un reconocimiento facial y hoy con la IA y con muchas herramientas que tenemos se puede identificar si esa persona es menor de 16 años o no”, explicó el representante.Además, la ley busca que las plataformas ofrezcan experiencias diferenciadas: “Es crear prácticamente de manera paralela dos tipos de contenidos. Los contenidos que son para menores de 16 años y los contenidos para personas adultas mayores a 17 años”.De esta forma, si un menor logra acceder, solo tendría disponible material apto para su edad, similar a como operan los controles parentales en plataformas de streaming como Netflix. El preocupante panorama de los menores en la redLa urgencia del proyecto se sustenta en cifras alarmantes sobre el consumo digital en el país. Lorduy advirtió que “los niños y niñas en Colombia pasan en promedio al día entre 8 y 9 horas en una pantalla o en un celular”.A esto se suma que el 62% de los menores de 16 años en el país no cuentan con ningún tipo de control parental sobre lo que consumen en redes sociales. Con aproximadamente 8 millones de niños menores de 15 años en Colombia, la mayoría con acceso potencial a estas redes, el debate sobre su protección se vuelve prioritario en la agenda legislativa.
Lo que comenzó como una aparente ayuda por una llanta pinchada terminó en un violento secuestro y atraco en los accesos a Bogotá. Tres ciudadanos venezolanos fueron capturados en las últimas horas, señalados de integrar una peligrosa banda que interceptaba conductores en la vía entre Chipaque y Bogotá para despojarlos de sus pertenencias y de sus vehículos.El caso se conoció luego de que varias personas pidieran ayuda tras sufrir el pinchazo de una llanta cuando transitaban por el municipio de Chipaque, en límites entre Cundinamarca y Bogotá. Según la investigación, tres hombres que se movilizaban en motocicletas aprovecharon la situación para abordarlos y, mediante intimidaciones y agresiones físicas, obligarlos a permanecer dentro de la camioneta en la que se movilizaban.Las víctimas denunciaron que fueron golpeadas, mantenidas en contra de su voluntad y trasladadas por distintos sectores mientras los delincuentes les robaban sus pertenencias, entre ellas los teléfonos celulares. Con esos mismos dispositivos, los criminales contactaron a familiares de las víctimas para exigir dinero a cambio de su supuesta liberación, en un intento por obtener una segunda ganancia del crimen.Mientras se desarrollaban patrullajes en los sectores de Los Soches y El Boquerón, en la localidad de Usme, policías detectaron una camioneta y dos motocicletas cuyos ocupantes reaccionaron de manera sospechosa al notar la presencia policial. Paralelamente, la Central de Radio alertó sobre el secuestro y el hurto denunciados horas antes, lo que permitió relacionar ambos hechos y desplegar un operativo de búsqueda.Las labores de rastreo llevaron al rescate de las víctimas, quienes fueron encontradas abandonadas en el sector de El Boquerón. Allí relataron que habían sido retenidas contra su voluntad, amenazadas, agredidas físicamente y despojadas tanto de sus pertenencias como de la camioneta en la que viajaban.Poco después, las víctimas reconocieron a los tres hombres que ya habían sido interceptados por los policías como los presuntos responsables del secuestro y del robo, por lo que fueron capturados en el lugar.Durante el procedimiento, las autoridades recuperaron la camioneta robada e inmovilizaron las dos motocicletas que, al parecer, eran utilizadas para ejecutar los asaltos. Los tres capturados quedaron a disposición de la Fiscalía para responder por los delitos de secuestro y hurto.Las autoridades investigan si esta estructura estaría relacionada con otros casos ocurridos en los corredores de ingreso a Bogotá, bajo la modalidad de pinchar llantas para obligar a los conductores a detenerse y convertirlos en víctimas de robos o secuestros exprés.
Un viaje a Santa Marta terminó marcado por una tragedia que ha conmocionado a residentes y visitantes de El Rodadero. Una mujer y su hijo, quienes habían llegado desde Bogotá para disfrutar de unos días de vacaciones en la capital del Magdalena, fueron hallados sin vida en el apartamento donde se estaban hospedando.Las víctimas fueron identificadas como Sonia Imelda Pilonieta Tapias, de 54 años, y Benjamín Bautista Buelvas Pilonieta, de 22 años. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, ambos viajaron con fines turísticos y se alojaban en un edificio ubicado en uno de los sectores más visitados de Santa Marta, sin imaginar que su estadía terminaría en una tragedia.El caso salió a la luz cuando trabajadores del edificio empezaron a percibir un fuerte olor que provenía del inmueble. Ante la preocupación por la falta de contacto con los turistas, decidieron ingresar al apartamento y encontraron a la mujer y al joven sin vida.Autoridades investigan qué ocurrió con la madre y su hijo en Santa MartaTras el hallazgo, la Policía Metropolitana de Santa Marta y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía llegaron al lugar para adelantar la inspección judicial correspondiente.Los cuerpos fueron trasladados al Instituto Nacional de Medicina Legal, donde se realizan los análisis para establecer las causas exactas de la muerte y aportar elementos clave a la investigación.Por ahora, las autoridades mantienen abiertas varias hipótesis. Entre las primeras líneas de investigación se analiza un posible caso de intoxicación por inhalación de gases o un presunto suicidio.Investigación continúa tras muerte de dos personas en Santa MartaEl fallecimiento de Sonia Imelda Pilonieta Tapias y Benjamín Bautista Buelvas Pilonieta generó consternación entre quienes viven y trabajan en El Rodadero, especialmente porque se trataba de dos visitantes que habían llegado a la ciudad para pasar el puente festivo.El caso permanece bajo reserva mientras avanzan las diligencias judiciales y la recopilación de pruebas. Los investigadores buscan reconstruir las últimas horas de la madre y su hijo en el apartamento, además de establecer qué ocurrió antes del hallazgo.Bloque de preguntas y respuestas¿Qué se sabe sobre la muerte de una madre y su hijo en un edificio de El Rodadero, Santa Marta?Una mujer y su hijo procedentes de Bogotá fueron hallados sin vida dentro del apartamento donde se hospedaban en el sector de El Rodadero, Santa Marta. Los cuerpos fueron encontrados por trabajadores del edificio tras percibir un fuerte olor que provenía del inmueble. Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer los hechos.¿Quiénes eran los turistas hallados sin vida en Santa Marta?Las víctimas fueron identificadas como Sonia Imelda Pilonieta Tapias, de 54 años, y su hijo Benjamín Bautista Buelvas Pilonieta, de 22 años. Ambos habían viajado desde Bogotá a la capital del Magdalena para disfrutar del puente festivo.¿Cuáles son las causas de la muerte de los dos turistas en El Rodadero?Aunque las causas exactas están siendo determinadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Policía y la Fiscalía manejan como principales hipótesis una intoxicación por inhalación de gases o un presunto suicidio. El caso se mantiene bajo reserva mientras avanzan los análisis forenses.
Ante el pronóstico de una temporada de intensas temperaturas, la Gobernación de Santander puso en marcha un plan de preparación para enfrentar los efectos del posible 'Súper Niño', un fenómeno climático que podría provocar una temporada de sequía más intensa, desabastecimiento de agua e incremento de incendios forestales en varias zonas del departamento.El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, aseguró que desde marzo las diferentes secretarías comenzaron a trabajar de manera articulada para anticiparse a los riesgos que traería este fenómeno climático y reducir su impacto en las comunidades más vulnerables."Nosotros hicimos un plan con todas las secretarías y venimos trabajando desde marzo adelantándonos a lo que pueda suceder con el fenómeno de El Niño", afirmó el mandatario, quien explicó que la estrategia también involucra a la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres.Dentro de las acciones previstas está la adquisición de tanques para almacenamiento de agua que serán destinados a las zonas con mayor riesgo de desabastecimiento, además de la disponibilidad de carrotanques para garantizar el suministro a las comunidades que puedan resultar afectadas por la disminución de las fuentes hídricas.Díaz indicó que el departamento también busca fortalecer la coordinación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad a la que ya fue enviado un estudio sobre los efectos que han dejado anteriores episodios del fenómeno de El Niño en Santander, con el propósito de gestionar apoyo y recursos para la atención de las emergencias.Otra de las principales preocupaciones del Gobierno departamental es el aumento de los incendios de cobertura vegetal, una de las consecuencias más frecuentes durante las temporadas de altas temperaturas. Por ello, se contempla reforzar la capacidad de respuesta aérea para la atención de conflagraciones.El gobernador explicó que el Ejército dispone en Santander de un helicóptero equipado con sistema Bambi Bucket para el combate de incendios, el cual esperan poner en operación, al tiempo que solicitarán el apoyo de una aeronave de mayor capacidad para atender eventuales emergencias de gran magnitud."La situación va a ser difícil, eso ya está anticipado a nivel nacional, pero hemos hecho un plan y tomado las medidas para mitigar los efectos que pueda generar el fenómeno en Santander", concluyó el mandatario.Las autoridades departamentales señalaron que continuarán monitoreando las condiciones climáticas y ajustando las estrategias de prevención para responder de manera oportuna a las necesidades de los municipios que puedan verse afectados por la temporada seca.