Nuevamente una comunidad proveniente del departamento del Cauca llegó hasta las instalaciones de la ANT en Bogotá reclamando incumplimientos del gobierno nacional en la entrega y adjudicación de tierras en las regiones. Sin embargo, en videos difundidos en redes sociales denunciaron que varios integrantes de esta comunidad cerraron las entradas y salidas de la Agencia Nacional de Tierras como medio de protesta.“Es una situación grave que se presenta hoy en la sede de la Agencia de Desarrollo Rural y de la Agencia Nacional de Tierras. Un grupo de manifestantes se tomaron con violencia las instalaciones. Actualmente hay más de 50 personas secuestradas ya que no permiten salir a la gente del edificio. Lo preocupante es que pueden haber agresiones y actos de violencia pero no hay presencia de fuerza pública, a pesar de estar al lado del Ministerio de Defensa y del Hospital de la Policía. Te envío unos vídeos de evidencia", declaró la denunciante por medio de redes sociales.Entre tanto, por parte del distrito, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, confirmó que la llegada de este grupo se realizó el martes 14 de julio a las instalaciones de la ANT y confirmó que efectivamente se presentaron problemas de orden público entre colaboradores de la ANT y manifestantes.“Hace minutos se presentó una confrontación entre comunidades afro del Valle y personal de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), pues la entrada y salida de su sede en el CAN se encontraba bloqueada. Los manifestantes alegan incumplimientos por parte de esta entidad del Gobierno Nacional que los lleva a esta vía de hecho.” Concluyó el secretario.Sin embargo, tras la denuncia y los enfrentamientos, fuentes de la ANT le confirman a este medio que la situación fue superada y se habilitaron las entradas y salidas para el normal movimientos del personal. Por ahora, que tan prolonngadas será la estadía de la comunidad en la ANT en la que exigen que el gobierno del presidente, Gustavo Petro, les cumpla.Por su parte, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) aseguró que ha cumplido los compromisos adquiridos con el Frente Nacional de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Comunidades Negras (Frenacol) y rechazó las versiones sobre presuntos incumplimientos que motivaron las manifestaciones de este martes en sus instalaciones.La entidad afirmó que no hay personas retenidas y que mantiene un diálogo permanente con los representantes de las comunidades. Además, explicó que la semana pasada se aprobó la incorporación de varios predios al proceso de recuperación de tierras, pero que aún deben cumplirse las etapas administrativas y técnicas exigidas por la ley antes de su entrega.La ANT señaló que estas diligencias requieren acompañamiento de la Policía Nacional, previsto para después del 21 de julio, cronograma que, según indicó, fue informado previamente a Frenacol. Finalmente, hizo un llamado a mantener el diálogo y reiteró su disposición de cumplir los acuerdos dentro del marco legal.
En medio de la entrega del informe final de gestión en materia de reforma agraria por parte del gobierno saliente, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, aseguró que van a dejar al día todas las cuentas relacionadas con el Fondo de tierra, para garantizar la continuidad del proceso para los campesinos por parte del gobierno entrante del presidente electo, Abelardo de la Espriella.El director señaló que las entregas provisionales dentro de todo el proceso de restitución de tierras se realizarán vía comodato para de esta forma garantizar su continuidad dentro del proyecto.“Nosotros vamos a dejar saneado el tema del fondo de tierra, se les vamos a asegurar las entregas provisionales vía comodato que permitan y asegure su permanencia en los proyectos”, dijo Harman.Asimismo, aseguró que desde la Agencia están avanzando en la conformación de una mesa de garantías en donde los campesinos puedan exigir al próximo gobierno la culminación de dicho proceso."No solamente la entrega del título, sino también y seguir avanzando en la aspiración colectiva de la reforma agraria, es una tarea del movimiento campesino. Es una tarea organizativa del movimiento campesino. Esperamos abiertamente que desde la sociedad civil podamos seguirlos acompañando, podamos avanzar”, señaló el director de la Agencia Nacional de Tierras.Desde la entidad, piden al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella que considere continuar con el tránsito hacia la reforma agraria.“Dejamos una tarea muy avanzada, la tierra está a nombre de la Agencia Nacional de Tierras, nadie puede durar de su condición y está con una destinación específica para la reforma agraria. Entonces, con esa condición, yo sí espero de forma oportuna que podamos transitar de manera tranquila a una reforma agraria con más perspectiva y con mayores desarrollos en el próximo gobierno, incluso aunque el próximo gobierno sea el primero que no esté convencido de ello”, agregó.
El exconstituyente y líder indígena de la etnia Misak, del Cauca, Lorenzo Muelas, lanzó una nueva denuncia contra el gobierno del presidente Gustavo Petro, al asegurar que se habrían invadido tierras legalmente reconocidas con títulos al pueblo guambiano, entregándolas a otras comunidades indígenas del Cauca mediante lo que calificó como "títulos ficticios".“Otras comunidades invaden sobre unas tierras legalmente reconocidas, con títulos reconocidos por el Gobierno Nacional. El Presidente Gustavo Petro, la Agencia Nacional de Tierras, el Consejo Regional Indígena del Cauca se trasplantaron otros títulos ficticios en las tierras guambianas”, dijo durante su discurso.El líder indígena afirmó que estas actuaciones han profundizado las tensiones en el territorio y pidió al presidente Petro que, antes de terminar su Gobierno, resuelva la situación y ordene desocupar las tierras que, según él, fueron invadidas y no pertenecen a quienes hoy las ocupan.Muelas señaló directamente a la senadora y lideresa indígena Aida Quilcué, quien fue la fórmula vicepresidencial del candidato Iván Cepeda, y la acusó de haber ofrecido más de tres millones de votos para las pasadas elecciones.“Fue la ambición de los votos que Aida Quilcué. Ella ofreció tres o cuatro millones de votos para la elección pasada, provocando que la Agencia Nacional de Tierras fuera capaz de reconocer unas resoluciones, títulos ficticios sobre unas tierras legales”, siguió diciendo.El líder indígena reiteró que estas actuaciones han profundizado las tensiones en el territorio y pidió al presidente Petro que, antes de concluir su mandato, resuelva la situación y ordene la devolución de las tierras que, según él, fueron invadidas y no pertenecen a quienes actualmente las ocupan.Muelas insistió en que el Estado debe revisar las decisiones adoptadas sobre estos predios y corregir lo que considera una afectación directa a los derechos históricos y legales del pueblo guambiano.La denuncia fue hecha en el marco de la conmemoración de los 35 años de la Constitución Política de 1991, en Barranquilla.
La Agencia Nacional de Tierras (ANT), el Ministerio del Interior y el Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente (AISO) anunciaron una serie de acuerdos en materia de tierras y territorio, tras dos días de mesa técnica de seguimiento a compromisos previamente pactados con comunidades indígenas Misak y Pijao.Entre los compromisos alcanzados, la ANT garantizó la continuidad del equipo técnico durante el segundo semestre de 2026 y se comprometió a culminar en julio los procedimientos catastrales pendientes del resguardo indígena La Bonanza, con el fin de avanzar en su formalización.Asimismo, la entidad adelantará visitas técnicas a predios postulados por las comunidades para continuar los procesos de constitución y ampliación de resguardos indígenas. En el caso del predio Los Lirios, ubicado en el municipio de Puracé (Cauca), donde existe un conflicto de representatividad dentro de la comunidad Misak, se acordó instalar un espacio técnico con participación de la ANT, el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo para buscar soluciones concertadas.“Acordamos realizar un espacio técnico para revisar la situación de desarmonía presentada al interior de la comunidad y poder hacer entrega provisional del respectivo predio a la comunidad” Aseguro Olinto Rubiel Mazabuel Quilindo, Subdirector de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras.Las partes también definieron que la próxima reunión de seguimiento se realizará el 17 de julio en el resguardo Misak La Bonanza, donde se evaluará el cumplimiento de los compromisos y el avance de los distintos procesos territoriales. Según las entidades, estos acuerdos buscan fortalecer el diálogo institucional y garantizar los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
Apenas un día después de la segunda vuelta presidencial, la hoja de vida de Felipe Harman volvió a aparecer publicada en el portal de aspirantes de la Presidencia para regresar a la dirección de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), cargo al que había renunciado el pasado 3 de junio para vincularse a la campaña del entonces candidato Iván Cepeda.La decisión generó cuestionamientos desde distintos sectores políticos, que consideran que el regreso de Harman podría enviar un mensaje equivocado sobre los límites de la participación política de los funcionarios públicos, al permitir que servidores que abandonan temporalmente sus cargos para intervenir en una campaña electoral puedan luego reincorporarse a sus funciones.Frente a las críticas, Harman defendió su retorno y aseguró que se trata de una decisión responsable para garantizar una adecuada transición con el gobierno entrante del presidente electo, Abelardo de la Espriella. “Me parece lo más responsable para el país y para mi gestión. Tengo que estar en el empalme, quiero dejarle a la nueva administración claro lo que hicimos. Y lo que para algún sector parece polémico a mí me parece un acto de responsabilidad. Lo fácil es irse, lo complejo es asumir que tuvimos una derrota electoral y entregar la entidad”, afirmó el funcionario.Harman también respondió a quienes señalan que su regreso podría entrar en tensión con las restricciones sobre participación en política de los funcionarios públicos. Según explicó, precisamente por esa razón presentó su renuncia antes de involucrarse en la campaña presidencial.“Este dilema no es jurídico porque por eso yo renuncié y me desprendí de la función pública. No me parece un dilema y tampoco que estemos actuando en contra de la ley. Estamos dando la cara y vamos a garantizar que la próxima administración del señor Abelardo de la Espriella tenga los elementos claros en los que nosotros avanzamos de acuerdo con el proceso de paz”, sostuvo.Harman no fue el único alto funcionario que dejó temporalmente su cargo para respaldar la candidatura de Cepeda. También lo hizo Carlos Carrillo, entonces director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), quien posteriormente fue suspendido por la Procuraduría en una investigación relacionada con presunta participación en política.
El exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, regresará a su cargo después de separarse durante sólo 17 días, período en el que se unió a la campaña del candidato presidencial Iván Cepeda, en busca de la llamada “remontada” que buscaba revertir los resultados de la primera vuelta presidencial que había ganado Abelardo De la Espriella con 2,84 % de diferencia.A las 6:30 de la tarde de este lunes fue publicada la Hoja de Vida en la página web de la Presidencia de la República, como paso previo para su designación oficial nuevamente.Blu Radio consultó a Harman y confirmó que sí fue publicado su HV, pero que estaba analizando el regreso al cargo con sus abogados, debido a que no quiere inhabilitarse, para poder inscribirse como candidato en las elecciones regionales de octubre del año 2027, aunque no confirmó si será a una alcaldía o gobernación.“Voy a hacer el análisis jurídico, para no inhabilitarme en las territoriales”, comentó Harman, quien fue alcalde de Villavicencio entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023.Justificó su regreso a la entidad al considerar que “es lo responsable con los campesinos, el empalme y el país”, es decir, lo hará para rendir cuentas de la ANT y entregarla al nuevo gobierno que arranca el 7 de agosto.La bandera suya, por encomendación del presidente Gustavo Petro, de acuerdo a las tareas propias de la entidad que dirigió, han estado relacionadas con la entrega de tierras y la reforma agraria.Al publicarse la Hoja de Vida, las críticas no se hicieron esperar. “Hoy, como si nada hubiera pasado, aparece para regresar al alto Gobierno (...) Así funciona el petrismo: convierten el Estado en una plataforma electoral, usan los cargos públicos para hacer política y después vuelven a buscar acomodo en la burocracia”, reclamó el concejal de Medellín por el movimiento Creemos, Alejandro De Bedout.El concejal llama a Petro y Harman “descarados”, al considerar que “acabarán con lo poco que queda del Estado”, porque según él, “llegaron para servirse y no para servirle al país”.
Las denuncias sobre una supuesta compra de votos en la región Caribe continúan generando controversia en medio de la recta final de la campaña presidencial. En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, Felipe Harman, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras y actual coordinador de la estrategia electoral de Iván Cepeda para la jornada de votación, respondió a los señalamientos realizados por el abogado y dirigente político Abelardo De La Espriella, quien ha denunciado presuntas irregularidades relacionadas con la campaña del candidato del Pacto Histórico.Harman negó de manera categórica cualquier participación en actividades de compra de votos y aseguró que el respaldo ciudadano a la candidatura de Cepeda hace innecesaria cualquier práctica ilegal.“Nosotros no necesitamos comprar un solo voto. La gente tiene infinito cariño con este proyecto político, casi que devoción”, afirmó Harman durante la entrevista. El dirigente sostuvo que el trabajo de la campaña se concentra en la organización logística y electoral de cara a la jornada democrática, especialmente en la coordinación de activistas y equipos territoriales encargados de movilizar la estructura política en los distintos puestos de votación.La polémica por un video en ValleduparLa controversia se intensificó tras la divulgación de un video atribuido a Pedro Acuña, señalado por algunos sectores como cercano a la campaña de Cepeda en Valledupar. En la grabación, Acuña menciona la necesidad de que “la plata llegue a donde tiene que llegar” y habla de transporte, agua, almuerzos y recursos para la operación electoral.Frente a estas declaraciones, Harman insistió en que cualquier explicación sobre el contenido específico del video debe ser dada por Acuña y no por la campaña nacional.“Lo que dice el señor Pedro Acuña lo tendrá que responder el señor Pedro Acuña”, señaló. No obstante, el exfuncionario interpretó que las referencias económicas estarían relacionadas con aspectos logísticos habituales dentro de una campaña política, como la alimentación de testigos electorales, la hidratación de voluntarios y los mecanismos de transporte para facilitar la participación de simpatizantes, especialmente en zonas rurales.Según Harman, dichas actividades no constituyen una infracción electoral y hacen parte de la organización operativa necesaria para garantizar la presencia de los equipos de campaña durante la jornada de votación.Harman rechaza interpretaciones sobre compra de votosUno de los momentos más tensos de la entrevista se produjo cuando los periodistas insistieron en preguntarle sobre el destino de los recursos mencionados en el video y la posibilidad de que estuvieran dirigidos a votantes.Harman respondió reiteradamente que no existe evidencia alguna que permita concluir que se esté hablando de compra de votos.“Aquí lo que se está diciendo es que una campaña implica unos equipos en calle y los equipos en calle van a tener que tener las garantías mínimas de hidratación para hacer su ejercicio de activismo”, explicó.El coordinador electoral sostuvo que las conclusiones sobre una eventual compra de sufragios responden a interpretaciones políticas interesadas y no a hechos comprobados.“¿Dónde están diciendo que van a comprar un solo voto, Néstor?”, cuestionó durante la entrevista.Asimismo, afirmó que la fortaleza de la campaña radica en la movilización ciudadana y en el respaldo popular que, según él, tiene el proyecto político liderado por Iván Cepeda.Cuestionamientos a la financiación de otras campañasAdemás de defender la actuación de su equipo, Harman aprovechó el espacio para lanzar críticas contra sectores que han promovido las denuncias. El exdirector de la Agencia Nacional de Tierras pidió que las autoridades electorales y judiciales investiguen el origen de los recursos que financian las distintas campañas.En ese sentido, hizo referencia a informaciones periodísticas relacionadas con presuntos vínculos empresariales y patrimoniales de personas cercanas a Abelardo de la Espriella, aunque sin presentar pruebas adicionales durante la entrevista.“Yo sí quiero que ojalá el Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía revisen de forma clara dónde está la financiación desmedida de las campañas”, manifestó.Las declaraciones forman parte de una estrategia discursiva que busca trasladar el foco de atención hacia los mecanismos de financiación política, un tema que históricamente ha estado en el centro del debate electoral colombiano.
Durante un operativo de la Agencia Nacional de Tierras —ANT—, con uniformados de la Policía Nacional, las autoridades lograron en Caucasia la recuperación material de 21 predios rurales que suman 1.677 hectáreas.De acuerdo con los procesos judiciales y las labores de caracterización territorial, varios de los bienes rurales habían sido vinculados con excomandantes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).En el caso de los predios La Alborada y La Heroica, se registran precedentes relacionados con Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’, excomandante de las AUC. ‘Macaco’ fue señalado por su presunta responsabilidad en despojo de tierras, desplazamiento forzado y violaciones a los derechos humanos, particularmente en las subregiones Bajo Cauca y Urabá antioqueño.El predio El Avispero es otro de los puntos neurálgicos de este despliegue debido a su peso histórico. La propiedad aparece vinculada directamente a decisiones judiciales contra el excomandante del Bloque Central Bolívar de las AUC, Iván Roberto Duque Gaviria, alias ‘Ernesto Báez’, señalado por la justicia por delitos como desaparición forzada, secuestro, homicidio y masacres en la subregión Magdalena Medio.Sobre este proceso, el asesor de la Dirección General de la Agencia Nacional de Tierras, Javier Alonso Santiago, sostuvo que los predios hacían parte del Fondo de Reparación a Víctimas.“En un ejercicio de recuperación material de estos predios que hacían parte del Fondo de Reparación para las víctimas, son dispuestos a organizaciones campesinas que quieren trabajar la tierra y que han demostrado que, con su esfuerzo y su trabajo, han producido alimentos”, dijo. De momento, la entidad aclaró que no solo tomó el control material de los predios, sino que de inmediato dispuso estas tierras al servicio de la producción comunitaria, a asociaciones campesinas de Caucasia, un total de 200 personas. María Eugenia Dorado, una de las beneficiarias."Ya que teníamos tanto tiempo de estar esperando este momento glorioso. Nunca pensaba que iba a llegar, pero llegó. Y vamos a tomar estas tierras para usarlas de la mejor manera, para que produzcan produzcan el pan diario de nuestra familia. Contenta, feliz por este día tan maravilloso. Más que todo, ha sido un trabajo demasiado duro, pero vemos hoy la efectividad", indicó.El despliegue de las autoridades se extendió por una semana. Datos de esta entidad del Gobierno nacional señalan que en los últimos cuatro años en Antioquia se han recuperado más de 8.203 hectáreas como parte de la Reforma Agraria.
La recuperación de 690 hectáreas de tierras en Sabana de Torres por parte de la Agencia Nacional de Tierras abrió una esperanza para cientos de familias campesinas que durante años han esperado la posibilidad de acceder a un predio propio para trabajar y producir alimentos.Los terrenos, distribuidos en 11 predios rurales identificados como San Miguel, Villa Magalia, El Horizonte, María Paula, Laura Melisa, El Cauca, Trigueros, Montecristo, El Rubí, La Gloria y Lote, estaban vinculados al ganadero José Guillermo ‘Ñeñe’ Hernández y, según investigaciones judiciales, harían parte de bienes relacionados con la estructura criminal de Marcos de Jesús Figueroa, alias ‘Marquitos’.La intervención de la Agencia Nacional de Tierras permitió recuperar estos predios que funcionaban como una sola estructura productiva dedicada principalmente a la ganadería bovina. Ahora, organizaciones campesinas de la región esperan que estas tierras puedan ser entregadas para proyectos agrícolas y productivos.Doris Suárez Díaz, abogada y defensora de derechos humanos que acompaña a las asociaciones campesinas, explicó que el proceso de reclamación por el acceso a la tierra lleva más de dos años, aunque algunas organizaciones tienen hasta 12 años de constituidas esperando esta oportunidad.“Ha sido un proceso de ilusión y anhelo de tener un pedazo de tierra propia para producir alimentos y demostrar que el campesino y la campesina pueden tener independencia económica y vivir dignamente”, afirmó.Según Suárez, actualmente existen dos escenarios sobre estos predios: uno jurídico, relacionado con las investigaciones y disputas judiciales sobre las tierras, y otro administrativo, liderado por la Agencia Nacional de Tierras dentro de la política de reforma agraria del Gobierno nacional.La defensora señaló que las asociaciones campesinas fueron las que inicialmente alertaron a las entidades del Estado sobre las irregularidades en los contratos de arrendamiento y promovieron la recuperación de los terrenos.“El objetivo es que las familias puedan trabajar de manera asociativa, producir alimentos y, posteriormente, recibir apoyos del Gobierno para fortalecer los proyectos productivos, con acceso a insumos, herramientas y comercialización”, agregó.Entre las organizaciones que adelantan el proceso está la Asociación Campesina Apropaz. Su representante legal, Ezequiel Rodelo Flórez, aseguró que llevan más de ocho años esperando una oportunidad para acceder a tierras.“Para las familias humildes campesinas la tierra es un tesoro difícil de conseguir. Hoy vemos esta posibilidad como una bendición para desarrollar proyectos de producción de alimentos”, expresó.Por su parte, Walter Kené Cali Torres, presidente de la Asociación Campesina Aspirantes a Tierras en Sabana de Torres, indicó que son seis asociaciones las que participan en el proceso y que agrupan a más de 250 familias campesinas.“Nosotros vivimos de la tierra. Nuestro pensamiento es hacerla producir como estamos acostumbrados, con cultivos de comida para aportar alimentos a los colombianos”, señaló.Las organizaciones esperan que, una vez avancen los procesos administrativos y judiciales, puedan recibir de manera provisional estos terrenos para iniciar proyectos agrícolas y consolidar el sueño de cientos de familias campesinas de Sabana de Torres.
La Agencia Nacional de Tierras recuperó 690 hectáreas ubicadas en el municipio de Sabana de Torres, Santander, que estaban vinculadas al ganadero José Guillermo ‘Ñeñe’ Hernández y que, según investigaciones judiciales, hacían parte de bienes relacionados con la estructura criminal de Marcos de Jesús Figueroa, alias ‘Marquitos’.La intervención se realizó sobre 11 predios rurales identificados como San Miguel, Villa Magalia, El Horizonte, María Paula, Laura Melisa, El Cauca, Trigueros, Montecristo, El Rubí, La Gloria y Lote, terrenos que funcionaban como una sola estructura productiva dedicada principalmente a la ganadería bovina.Según informó la ANT, estos bienes habían sido adquiridos por la entidad a la Sociedad de Activos Especiales y presentaban ocupaciones irregulares.Las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación señalan que varios de estos predios terminaron sometidos a procesos de extinción de dominio por los presuntos vínculos del ‘Ñeñe’ Hernández con la estructura criminal liderada por alias ‘Marquitos’, señalado de operar redes ilegales en La Guajira.Detrás de la operación aparecía la empresa La Gloria Ganadería Ltda., constituida por el ‘Ñeñe’ Hernández y miembros de su núcleo familiar, y que posteriormente quedó en manos de su hijo Juan David Hernández López.La recuperación de estos terrenos se da en medio de los procesos de Reforma Agraria impulsados por el Gobierno Nacional en el Magdalena Medio santandereano, una región históricamente marcada por la concentración de tierras, el conflicto armado y las economías ilegales.La ANT señaló que el objetivo es que estas tierras recuperadas puedan ser destinadas a proyectos campesinos, producción agropecuaria y programas de soberanía alimentaria para comunidades rurales de Sabana de Torres.Organizaciones campesinas de la región respaldaron la medida y destacaron que durante años cientos de familias han reclamado acceso formal a tierras para desarrollar proyectos productivos y comunitarios.La recuperación de estos predios representa uno de los operativos de mayor impacto sobre bienes rurales vinculados a procesos de extinción de dominio en Santander durante los últimos años y vuelve a poner en evidencia la relación entre concentración de tierras, estructuras criminales y economías ilegales en el Magdalena Medio.
El comercio electrónico continúa ganando terreno en Colombia, pero su crecimiento también está acompañado por nuevos desafíos para las empresas que reciben pagos por internet.Un estudio elaborado por la empresa brasileña de prevención de fraude Koin, en alianza con Gmattos, estima que las pérdidas por chargeback (contracargo) en compras online realizadas con tarjetas de crédito podrían alcanzar los US$48 millones en Colombia durante 2026. La cifra representa un aumento frente a los US$43 millones estimados para 2025 y aparece en medio de una expansión acelerada de las ventas digitales en el país.Según el documento, las proyecciones más recientes apuntan a que el comercio electrónico crecerá 22% en Colombia, por encima del 18% previsto para México y del 10% para Brasil. En América Latina, las ventas online aumentaron 12,2% durante 2025.¿Qué es un chargeback y por qué genera pérdidas?Un chargeback o contracargo ocurre cuando una transacción realizada con tarjeta es revertida a solicitud del banco del cliente. Esto puede suceder, por ejemplo, cuando una persona denuncia que no realizó una compra o cuando se detecta que la tarjeta fue utilizada de manera fraudulenta. Esta función que ofrecen los bancos se puede usar maliciosa y deliberadamente por un comprador para obtener un bien o servicio y, después, reportar la compra para recibir el dinero de vuelta.El problema para los comercios es que recuperar ese dinero no siempre resulta sencillo. De acuerdo con el estudio, en América Latina la recuperación de este tipo de operaciones apenas supera el 12%, mientras que en América del Norte se acerca al 20%.En los casos en los que el reclamo corresponde efectivamente a un fraude, el establecimiento puede terminar asumiendo el valor de la compra perdida.El documento advierte además que América Latina y Europa presentan uno de los mayores niveles relativos de fraude electrónico entre las regiones analizadas. Un estudio citado en el informe señala que 4,1% de los pedidos online terminaron en fraude, frente al 3,1% de América del Norte y al 3% de Asia-Pacífico.Las compras legítimas también pueden ser rechazadasEl estudio identifica un segundo problema para los comercios electrónicos: los llamados falsos positivos.Se trata de compras realizadas por clientes legítimos que son bloqueadas porque los sistemas de seguridad las consideran, equivocadamente, potencialmente fraudulentas.Aunque en estos casos no existe un robo de dinero, el comercio pierde una venta y el usuario puede abandonar la compra o incluso optar por otra plataforma donde no suceda este error.Koin señala que las tasas de aprobación de transacciones online en América Latina son inferiores a las registradas en América del Norte, lo que, según su análisis, evidencia una mayor cantidad de operaciones legítimas rechazadas durante el proceso de pago. El desafío que estos dos fenómenos presentan para las plataformas es bloquear operaciones sospechosas sin afectar a los compradores reales.Inteligencia artificial entra en la lucha contra el fraudeEl informe señala que el crecimiento y sofisticación del fraude está obligando a las plataformas de comercio electrónico y medios de pago a incorporar herramientas capaces de evaluar un mayor número de variables en tiempo real. Entre ellas aparece la IA, utilizada para identificar comportamientos anómalos y determinar con mayor precisión cuándo una transacción representa un riesgo y cuándo corresponde a una compra legítima.El estudio fue elaborado a partir del monitoreo de algunas de las principales tiendas online de Colombia y México y analizó además la evolución del comercio electrónico en mercados como Brasil. Entre los principales actores de la región menciona plataformas como Mercado Libre, Amazon, Falabella, Temu, Rappi, Sodimac, Éxito y Alkosto.Con unas ventas digitales que continuarían creciendo a gran ritmo en Colombia, el reto para los comercios será encontrar un equilibrio entre detectar cada vez mejor los intentos de fraude sin convertir las medidas de seguridad en una barrera para quienes simplemente quieren realizar una compra por internet.
Un sismo de magnitud 3,8 se registró este martes 11 de agosto, a las 10:43 de la mañana, en inmediaciones de San José del Palmar, Chocó, de acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).El movimiento hace parte de la actividad sísmica posterior al terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes 10 de agosto, cuyo epicentro también estuvo localizado en esta zona del departamento del Chocó. Tras el terremoto, se han registrado numerosas réplicas en el área.De acuerdo con la información del SGC, el nuevo sismo tuvo una profundidad de 99 kilómetros y su epicentro fue localizado a 14 kilómetros de San José del Palmar. Las coordenadas reportadas fueron 4,88 de latitud y -76,36 de longitud.¿Por qué se presentan réplicas?Las réplicas son movimientos sísmicos que ocurren después de un terremoto principal y que se producen mientras la zona afectada continúa ajustándose a los cambios generados por la ruptura.En este caso, la actividad se concentra alrededor de la zona donde ocurrió el terremoto de 7,4 del lunes, que tuvo una profundidad cercana a los 100 kilómetros y fue sentido en buena parte del territorio colombiano.El SGC mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica y advierte que los datos de sus boletines pueden ser modificados a medida que avanza el procesamiento de la información. Por ahora, el reporte corresponde a un sismo de magnitud 3,8 y no se han informado nuevas afectaciones asociadas específicamente a este movimiento.
Tras el terremoto de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que ha recibido 160 cuerpos provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.De acuerdo con el reporte entregado por el Instituto, hasta el momento han sido abordados 28 cuerpos y los equipos forenses han logrado identificar plenamente a 22 víctimas. Entre las personas identificadas figuran tres procedentes de Manizales: Fernando Alonso González, Catalina Arango Sandoval y Oscar De Jesús Henao Marín.En Pereira se concentran la mayoría de las identificaciones reportadas hasta el momento. Las víctimas plenamente identificadas en esta ciudad son Lina María Rodas Cuadros, Julián Andrés Mejía Moreno, Sandra Patricia Chica Montoya, Gilberto De Jesús Giraldo López, Pilar Jiménez Toquica, Sergiña Moncada Aguirre, María Araenzola González Gutiérrez, Paola Andrea Franco, Dargui González Guerrero, Angela María Acosta González, Juan Manuel Toro Sánchez, Wilson Largo Trejos, Luis Fernando Ossa Hernández, Pedro Nel Díaz Díaz, Aracely Daza Valencia y Roger David Ramírez Quiroz.También fueron identificadas tres personas procedentes de Buenaventura: Mabel Cristina Carvajal Posada, Martha Patricia Correa Grueso y Carlos Alberto Rosero Pretel.Medicina Legal explicó que, debido a las afectaciones registradas en la infraestructura de su sede en Cali, el Instituto trasladó temporalmente la prestación del servicio a los municipios de Palmira y Tuluá, donde cuenta con personal disponible para atender a la ciudadanía.El proceso de entrega de los cuerpos se realizará en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y en las sedes correspondientes de cada municipio.El Instituto señaló, además, que, a través de la Dirección General y la Subdirección Forense, participa en el Puesto de Mando Unificado Nacional (PMU) instalado por el presidente de la República. Desde ese espacio, Medicina Legal coordina con las entidades que integran el PMU la información oficial relacionada con la emergencia.
Un incendio forestal que comenzó el pasado viernes 10 de agosto en la vereda San Francisco, zona rural de Matanza, Santander, completa cinco días activo y ha consumido entre 15 hectáreas de cobertura vegetal. La emergencia se registra en una zona montañosa de difícil acceso, donde la falta de fuentes de agua cercanas ha complicado las labores de control.Oscar Durán, comandante de Bomberos de Matanza, explicó que las llamas avanzan en un sector con abundante vegetación, árboles y una zona de bosque de pinos, además de una gran cantidad de material vegetal seco conocido como capote, que facilita la propagación del fuego.Según el reporte entregado por el organismo de socorro, la emergencia habría comenzado después del mediodía del viernes. De acuerdo con información suministrada por habitantes de la zona, existe la sospecha de que el incendio habría sido provocado de manera intencional, situación que ya es objeto de investigación por parte de las autoridades.El trabajo de los organismos de emergencia se ha extendido durante varios días y ha coincidido con la atención de otros incendios forestales en municipios cercanos. "El domingo, las llamas se reactivaron y el lunes fue necesario reforzar las labores con tres motobombas estacionarias", señaló Durán.A la emergencia también acudió durante algunas horas el Cuerpo de Bomberos Oficiales de Bucaramanga, mientras que más de 30 habitantes de la zona se han sumado a las labores para intentar contener el avance del fuego.La principal dificultad está relacionada con el acceso al agua. El incendio se encuentra en una zona alejada de los puntos de abastecimiento, por lo que los bomberos y la comunidad han tenido que instalar un sistema para llevar el líquido hasta la parte alta de la montaña."Tuvimos que instalar cerca de 300 metros de conducción hasta una primera motobomba y posteriormente otros 300 metros para lograr acercar el agua hasta el punto donde se encuentran las llamas. Desde allí, la comunidad utiliza sus propias motobombas estacionarias para intentar atacar directamente el incendio", explicó el comandante de Bomberos de Matanza.El uso de herramientas manuales y pequeñas cantidades de agua ha sido insuficiente debido a la cantidad de material vegetal presente en el terreno. Por eso, los organismos de socorro buscan ahora llevar un mayor volumen de agua hasta la parte alta para avanzar en el control del incendio.Mientras continúan las labores, la Policía Nacional acompañó las operaciones en la zona para adelantar las verificaciones correspondientes frente a los señalamientos de habitantes de la comunidad sobre las personas que presuntamente habrían iniciado el incendio.
La empresa Metrogas S.A. explicó que las medidas adoptadas por las autoridades frente a la situación del Colegio Santa Lucía de Floridablanca obedecen a criterios de seguridad y están relacionadas con obras de ampliación ejecutadas por la institución educativa sin contar, según la empresa, con las licencias urbanísticas requeridas.De acuerdo con Metrogas, algunas de las construcciones nuevas del colegio fueron realizadas sobre el corredor de la red de gas natural, situación que derivó en actuaciones de las autoridades competentes y en la determinación de una infracción urbanística asociada a dichas obras.La empresa señaló que esta situación representaba un riesgo para la seguridad, debido a que la infraestructura de gas requiere mantener libre el corredor de la red para facilitar las labores de inspección, mantenimiento preventivo y correctivo, atención de posibles emergencias y demás actividades necesarias para garantizar una operación segura.Metrogas afirmó además que el Colegio Santa Lucía tenía conocimiento de la existencia de la red de gas natural desde años atrás. Como evidencia, mencionó oficios enviados en 2020 y 2024, así como la señalización visible instalada en el corredor para advertir sobre la ubicación de la infraestructura.Ante esta situación, la empresa recordó que antes de ejecutar obras o intervenciones es necesario verificar la existencia de redes de servicios públicos y coordinar cualquier actuación con las empresas responsables de su operación.En medio de la controversia, la Alcaldía de Floridablanca ha exigido al Colegio Santa Lucía cumplir con las medidas ordenadas por la Inspección de Policía, así como con las directrices establecidas por Metrogas frente a la infraestructura de gas natural.Según la información entregada en el marco del caso, el municipio sostiene que las actuaciones deben atender las disposiciones adoptadas por las autoridades competentes, mientras se garantiza la seguridad de estudiantes, docentes, trabajadores y demás integrantes de la comunidad educativa.Por su parte, el Colegio Santa Lucía ha manifestado reparos frente a las actuaciones adelantadas por las autoridades. La institución sostiene que la administración municipal no habría tenido en cuenta un peritaje contratado por el propio colegio.Según la institución educativa, dicho estudio concluye que el plantel puede continuar operando en condiciones normales, posición que contrasta con las consideraciones de seguridad expuestas por Metrogas y las medidas ordenadas por las autoridades.De esta manera, mientras Metrogas insiste en que existe un riesgo asociado a la ocupación del corredor de seguridad de la red de gas, el colegio defiende la posibilidad de continuar con sus actividades con base en el peritaje contratado por la institución.La compañía sostuvo que su actuación en este caso se ha limitado a informar a las autoridades sobre las condiciones de riesgo identificadas, entregar los conceptos técnicos solicitados y acatar las decisiones administrativas y judiciales que han sido adoptadas.Metrogas reiteró que su prioridad es garantizar la protección de la vida y la seguridad de la comunidad educativa, así como mantener la continuidad y operación segura del servicio público esencial de gas natural.La situación del Colegio Santa Lucía está relacionada con la ejecución de obras de ampliación en un área donde se encuentra infraestructura de la red de gas natural. La controversia ha requerido la intervención de las autoridades competentes, que determinaron la existencia de una infracción urbanística, mientras Metrogas ha insistido en la necesidad de preservar el corredor de seguridad de la red para garantizar el acceso a la infraestructura y atender eventuales emergencias.La Alcaldía de Floridablanca, por su parte, exige el cumplimiento de las medidas ordenadas por la Inspección de Policía y las directrices relacionadas con la seguridad de la red. Entretanto, el Colegio Santa Lucía sostiene que un peritaje contratado por la institución establece que sus instalaciones pueden continuar operando normalmente.El caso enfrenta así dos posiciones: la de Metrogas y las autoridades, que advierten sobre condiciones de seguridad asociadas a la infraestructura de gas, y la del colegio, que cuestiona las medidas y respalda la continuidad de sus actividades con base en el estudio técnico contratado.