La Agencia Nacional de Tierras (ANT) habilitó puntos temporales de atención presencial en 19 ciudades de Colombia, mientras adelanta el proceso de alistamiento de sus nuevas instalaciones. Los usuarios podrán continuar realizando sus trámites de manera virtual, pues los servicios digitales de la entidad seguirán funcionando con normalidad.La medida comenzó a implementarse este viernes 6 de noviembre y contempla la atención a los ciudadanos en siete sedes de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y doce del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).De acuerdo con la ANT, en estos puntos temporales los ciudadanos podrán adelantar trámites y acceder a los servicios institucionales de manera presencial. La atención se prestará de lunes a viernes, entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, en los horarios habituales.Las sedes habilitadas en instalaciones de la Agencia de Desarrollo Rural están ubicadas en Tunja, Ibagué, Neiva, Cartagena, Santa Marta, Montería y Popayán.Por su parte, los puntos de atención en las instalaciones del ICA estarán disponibles en Arauca, Soledad (Atlántico), Florencia (Caquetá), Yopal (Casanare), Armenia (Quindío), Bucaramanga (Santander), Sincelejo (Sucre), Puerto Carreño (Vichada), Cúcuta (Norte de Santander), Riohacha (La Guajira), Pasto (Nariño) y Cali (Valle del Cauca).La entidad también recordó que los ciudadanos podrán comunicarse a través de sus canales de atención no presencial. Para ello, están habilitadas la línea nacional 018000933881, la línea de Bogotá (+57) 601 518 5858 y las siguientes direcciones de correo electrónico: info@ant.gov.co y atencionalciudadano@ant.gov.co.La habilitación de estos puntos permanecerá activa mientras avanza el proceso de adecuación y alistamiento de las nuevas sedes de la Agencia Nacional de Tierras que, se espera, estén disponibles después del 20 de noviembre.
Después de 23 meses de espera, Octavio Feria finalmente tiene un lugar donde comenzar de nuevo. El adulto mayor, quien fue amenazado y desplazado por la violencia en Caquetá, permaneció durante casi dos años en una carpa a las afueras de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), a la espera de una respuesta a su solicitud de tierras.Durante ese tiempo, según relató, enfrentó las lluvias, las tormentas y las difíciles condiciones de vivir en la calle. También aseguró que sufrió tres infartos y que tiene un marcapasos.Tras casi dos años de espera fue posible la legalización de un predio llamado El Palmar, ubicado en la vereda La Loma, en Pandi, Cundinamarca. El terreno cuenta con una vivienda y cultivos, por lo que ahora podrá instalarse allí y trabajar la tierra.“El predio me lo van a entregar en Pandi, en la vereda La Loma y el predio se llama Palmar, un predio habitable y con cultivo. Pronto voy a ir a Pandi a visitarlo y vamos a hacer un sancocho bien delicioso. Se me cumple mi sueño”, señaló Octavio.La ANT confirmó que su caso no correspondía a una solicitud ordinaria de adjudicación de tierras, sino a la aplicación de un subsidio reconocido inicialmente en 2013 por el entonces Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder). Posteriormente, la entidad expidió una resolución en diciembre de 2024 relacionada con la aplicación de ese subsidio.Además, el proceso estuvo sujeto a seguimiento judicial. En noviembre de 2025, el Juzgado 58 Administrativo del Circuito de Bogotá ordenó a la ANT reubicar al beneficiario y adelantar las gestiones para entregarle un predio que reuniera condiciones de habitabilidad y productividad.¿Por qué se demoró la entrega del predio?Según la Agencia Nacional de Tierras, la búsqueda de un inmueble implicó evaluar distintas alternativas y verificar que cumplieran las condiciones exigidas por el juzgado.Entre finales de noviembre y comienzos de diciembre de 2025, la entidad identificó dos predios en Ansermanuevo, Valle del Cauca: La Paz y La Grecia. Sin embargo, durante el acompañamiento, Octavio manifestó que no aceptaba esas opciones por razones de seguridad. También expresó su interés en un inmueble en Tolima que tuviera vivienda, posibilidades de explotación productiva y titulación individual.Posteriormente, la ANT adelantó visitas y evaluaciones a otros dos predios, El Mirador y La Esperanza, ubicados en Alvarado, Tolima. Entre marzo y julio de 2026, se realizaron estudios técnicos, jurídicos, ambientales y financieros para determinar si podían ser adquiridos y adjudicados. Sin embargo no fue posible el uso de este por dificultades relacionadas con la falta de un pronunciamiento municipal sobre el uso del suelo que cubriera toda el área identificada, la presencia de zonas con amenaza por remoción en masa y el traslape con el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica (POMCA).Por estas razones, en una reunión realizada el 26 de agosto de 2026, la ANT concluyó que esos dos predios no reunían las condiciones necesarias para continuar con su adquisición. La decisión fue comunicada al juzgado el 4 de septiembre.Tras descartar las opciones anteriores, la Agencia presentó nuevas alternativas de reubicación, entre ellas una parcela del predio La Palma, en Pandi, Cundinamarca, identificada en el marco del Programa Especial de Dotación de Tierras para la Producción de Alimentos.La Agencia precisó que las distintas propiedades identificadas durante el proceso fueron alternativas evaluadas, no predios adjudicados sucesivamente al beneficiario. El objetivo era entregar un único inmueble que cumpliera las condiciones exigidas por la decisión judicial y que permitieran que Octavio tuviera la posibilidad de tener un nuevo hogar tras ser desplazado por la violencia.
La recuperación de Isla Fiesta, en las islas del Rosario, abrió un nuevo interrogante para la Agencia Nacional de Tierras (ANT) sobre qué pasó con el inmueble después de que volvió a manos del Estado. La actual directora de la entidad, Lina María Garrido, denunció que el predio presenta daños y espacios desmantelados, pese a que fue recuperado en enero de 2026, cuando la institución estaba bajo la dirección de Felipe Harman.Durante una visita a las islas, Garrido comparó las condiciones actuales de la propiedad con fotografías anteriores y escuchó a habitantes de la zona, quienes aseguraron que el inmueble se encontraba en buen estado antes de la recuperación. La funcionaria cuestionó que la administración anterior no hubiera garantizado su protección.“Aquí trajeron cámaras, hicieron el show como estaba acostumbrado él, pero sin ningún plan B. La ANT nunca tuvo posesión para salvaguardar o proteger lo que había aquí, y hoy está totalmente desmantelado”, afirmó. La directora también reprochó que el procedimiento no estuviera acompañado de medidas para conservar los bienes que había en el lugar.“Lo que no se puede admitir es que la autoridad de tierras haya llevado a cabo un procedimiento de recuperación sin proteger y salvaguardar lo que aquí estaba dispuesto, al punto de que encontramos un total desastre”. En ese sentido, cuestionó que la actuación de la entidad se hubiera quedado en el anuncio de la recuperación.La Corte Constitucional revisa el casoEl estado del inmueble no es el único asunto pendiente. La Corte Constitucional estudia el procedimiento mediante el cual la ANT recuperó Isla Fiesta para determinar si se respetó el debido proceso. Garrido advirtió que una decisión contraria a los intereses de la entidad podría tener consecuencias económicas para el Estado. “El riesgo jurídico que se va a dar con una decisión, si se da en contra de la Agencia Nacional de Tierras, obviamente va a ser de la plata de los colombianos”.La recuperación se enmarca en un plan de mejoramiento de la ANT, establecido después de que la Contraloría General de la República identificara problemas en la administración de terrenos baldíos de la Nación en los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo. La revisión incluyó propiedades cuyos contratos de arrendamiento habían vencido.En Isla Fiesta, el empresario que ocupaba el predio pagaba inicialmente $255.000 mensuales por el arriendo. Con los incrementos anuales del índice de precios al consumidor (IPC), el valor llegó a $427.000. Según la ANT, el ocupante recibió tres invitaciones para presentar una oferta y regularizar su situación, pero no respondió.
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Yordi Medina Noriega, jefe de Comunicaciones de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), por aparecer en un video cocinando un armadillo, especie que hace parte de la fauna silvestre protegida en Colombia.La decisión busca establecer si la conducta del funcionario pudo incumplir las normas de conservación de la fauna silvestre, entre ellas el Decreto Ley 2811 de 1974 y el Decreto 1076 de 2015, que reglamenta las actividades relacionadas con el medioambiente y el aprovechamiento de animales silvestres.El caso se conoció tras la difusión de un video en redes sociales, en los que Yordi Medina Noriega aparece cocinando el animal. En uno de los registros, el funcionario hace referencia a que está cocinando en Bogotá y que, aunque esté lejos del Llano, come como en esa región.Para esclarecer los hechos, la Procuraduría solicitó apoyo técnico al grupo de Informática Forense de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, que deberá buscar, identificar, recolectar y preservar los videos en los que se pueda reconocer al funcionario.Además, el organismo de control pidió establecer si en las grabaciones se menciona expresamente qué está cocinando y cuáles son los ingredientes utilizados. Estos elementos servirán para determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.La Procuraduría también ofició al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, para que certifiquen si el armadillo es una especie protegida y si su consumo está permitido, particularmente en Bogotá.Por otra parte, la Agencia Nacional de Tierras deberá entregar, en un plazo de cinco días contados a partir del requerimiento, la certificación laboral de Medina Noriega. El documento debe incluir sus fechas de nombramiento y posesión, salario durante 2026, funciones y datos de contacto, además de copias de sus documentos de vinculación y hoja de vida.Ahora, al procurador delgado Favian Esteban Campos Aguirre a que practique las pruebas y adelante las diligencias necesarias para esclarecer lo ocurrido y la responsabilidad disciplinaria del jefe de Comunicaciones de la Agencia Nacional de Tierras.
Desde Neiva, la directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Lina María Garrido, señaló que actualmente se adelanta una auditoría forense para establecer posibles hechos de corrupción al interior de la entidad.Además de la revisión sobre el manejo de los recursos, la funcionaria cuestionó los resultados alcanzados en materia de adjudicación y formalización de tierras. Según indicó, de los 3 millones de hectáreas proyectadas para adjudicación, solo se entregaron 99.000 títulos.“Si nosotros nos ponemos a revisar cuáles fueron las metas y las apuestas que propuso el anterior Gobierno en materia de tierras y adjudicación, se prometieron 3 millones de hectáreas y solamente se entregaron 99.000 títulos; no alcanzaron ni el 4 % de cumplimiento de la meta. En cuanto al tema de formalización, se prometieron 4 millones de hectáreas formalizadas y solamente se cumplió el 40 %”.Entre los aspectos bajo revisión está el manejo de los recursos destinados a la compra de tierras y la contratación de servicios. La auditoría busca determinar si los valores pagados correspondían al precio real de los terrenos y revisar las condiciones en las que se realizaron estas operaciones.Le puede interesar: Restituyen tierras despojadas por paramilitares a 12 familias de Tulapas, Urabá“Hay muchas irregularidades en el tema de compra de tierras. Fueron 6,7 billones de pesos los que se utilizaron tanto para la compra de tierras como para la contratación de servicios. Muchas de estas situaciones, al hacer la auditoría forense, proceso que estamos adelantando actualmente, pueden evidenciar que se pagaron precios exorbitantes por tierras que eran reserva o que realmente no costaban lo que se pagó”.La directora de la ANT también denunció posibles irregularidades durante la anterior administración, relacionadas con exceso de burocracia, derroche de recursos y, presuntamente, direccionamiento de recursos para temas electorales.La funcionaria anunció que este jueves el representante judicial de la ANT presentará denuncias de carácter penal y disciplinario ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría por los hechos que son materia de investigación.“Hoy, por parte del representante judicial de la Agencia Nacional de Tierras, vamos a presentar denuncias ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. Son denuncias de carácter penal y disciplinario, no solo contra quien fuera el director, Felipe Harman, sino también contra quien fuera su directora de Gestión Jurídica, hoy magistrada del Consejo Nacional Electoral”.Con estas denuncias se espera que los organismos competentes determinen si hubo irregularidades y determinen las responsabilidades a que haya lugar.
Nuevamente una comunidad proveniente del departamento del Cauca llegó hasta las instalaciones de la ANT en Bogotá reclamando incumplimientos del gobierno nacional en la entrega y adjudicación de tierras en las regiones. Sin embargo, en videos difundidos en redes sociales denunciaron que varios integrantes de esta comunidad cerraron las entradas y salidas de la Agencia Nacional de Tierras como medio de protesta.“Es una situación grave que se presenta hoy en la sede de la Agencia de Desarrollo Rural y de la Agencia Nacional de Tierras. Un grupo de manifestantes se tomaron con violencia las instalaciones. Actualmente hay más de 50 personas secuestradas ya que no permiten salir a la gente del edificio. Lo preocupante es que pueden haber agresiones y actos de violencia pero no hay presencia de fuerza pública, a pesar de estar al lado del Ministerio de Defensa y del Hospital de la Policía. Te envío unos vídeos de evidencia", declaró la denunciante por medio de redes sociales.Entre tanto, por parte del distrito, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, confirmó que la llegada de este grupo se realizó el martes 14 de julio a las instalaciones de la ANT y confirmó que efectivamente se presentaron problemas de orden público entre colaboradores de la ANT y manifestantes.“Hace minutos se presentó una confrontación entre comunidades afro del Valle y personal de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), pues la entrada y salida de su sede en el CAN se encontraba bloqueada. Los manifestantes alegan incumplimientos por parte de esta entidad del Gobierno Nacional que los lleva a esta vía de hecho.” Concluyó el secretario.Sin embargo, tras la denuncia y los enfrentamientos, fuentes de la ANT le confirman a este medio que la situación fue superada y se habilitaron las entradas y salidas para el normal movimientos del personal. Por ahora, que tan prolonngadas será la estadía de la comunidad en la ANT en la que exigen que el gobierno del presidente, Gustavo Petro, les cumpla.Por su parte, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) aseguró que ha cumplido los compromisos adquiridos con el Frente Nacional de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Comunidades Negras (Frenacol) y rechazó las versiones sobre presuntos incumplimientos que motivaron las manifestaciones de este martes en sus instalaciones.La entidad afirmó que no hay personas retenidas y que mantiene un diálogo permanente con los representantes de las comunidades. Además, explicó que la semana pasada se aprobó la incorporación de varios predios al proceso de recuperación de tierras, pero que aún deben cumplirse las etapas administrativas y técnicas exigidas por la ley antes de su entrega.La ANT señaló que estas diligencias requieren acompañamiento de la Policía Nacional, previsto para después del 21 de julio, cronograma que, según indicó, fue informado previamente a Frenacol. Finalmente, hizo un llamado a mantener el diálogo y reiteró su disposición de cumplir los acuerdos dentro del marco legal.
En medio de la entrega del informe final de gestión en materia de reforma agraria por parte del gobierno saliente, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, aseguró que van a dejar al día todas las cuentas relacionadas con el Fondo de tierra, para garantizar la continuidad del proceso para los campesinos por parte del gobierno entrante del presidente electo, Abelardo de la Espriella.El director señaló que las entregas provisionales dentro de todo el proceso de restitución de tierras se realizarán vía comodato para de esta forma garantizar su continuidad dentro del proyecto.“Nosotros vamos a dejar saneado el tema del fondo de tierra, se les vamos a asegurar las entregas provisionales vía comodato que permitan y asegure su permanencia en los proyectos”, dijo Harman.Asimismo, aseguró que desde la Agencia están avanzando en la conformación de una mesa de garantías en donde los campesinos puedan exigir al próximo gobierno la culminación de dicho proceso."No solamente la entrega del título, sino también y seguir avanzando en la aspiración colectiva de la reforma agraria, es una tarea del movimiento campesino. Es una tarea organizativa del movimiento campesino. Esperamos abiertamente que desde la sociedad civil podamos seguirlos acompañando, podamos avanzar”, señaló el director de la Agencia Nacional de Tierras.Desde la entidad, piden al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella que considere continuar con el tránsito hacia la reforma agraria.“Dejamos una tarea muy avanzada, la tierra está a nombre de la Agencia Nacional de Tierras, nadie puede durar de su condición y está con una destinación específica para la reforma agraria. Entonces, con esa condición, yo sí espero de forma oportuna que podamos transitar de manera tranquila a una reforma agraria con más perspectiva y con mayores desarrollos en el próximo gobierno, incluso aunque el próximo gobierno sea el primero que no esté convencido de ello”, agregó.
El exconstituyente y líder indígena de la etnia Misak, del Cauca, Lorenzo Muelas, lanzó una nueva denuncia contra el gobierno del presidente Gustavo Petro, al asegurar que se habrían invadido tierras legalmente reconocidas con títulos al pueblo guambiano, entregándolas a otras comunidades indígenas del Cauca mediante lo que calificó como "títulos ficticios".“Otras comunidades invaden sobre unas tierras legalmente reconocidas, con títulos reconocidos por el Gobierno Nacional. El Presidente Gustavo Petro, la Agencia Nacional de Tierras, el Consejo Regional Indígena del Cauca se trasplantaron otros títulos ficticios en las tierras guambianas”, dijo durante su discurso.El líder indígena afirmó que estas actuaciones han profundizado las tensiones en el territorio y pidió al presidente Petro que, antes de terminar su Gobierno, resuelva la situación y ordene desocupar las tierras que, según él, fueron invadidas y no pertenecen a quienes hoy las ocupan.Muelas señaló directamente a la senadora y lideresa indígena Aida Quilcué, quien fue la fórmula vicepresidencial del candidato Iván Cepeda, y la acusó de haber ofrecido más de tres millones de votos para las pasadas elecciones.“Fue la ambición de los votos que Aida Quilcué. Ella ofreció tres o cuatro millones de votos para la elección pasada, provocando que la Agencia Nacional de Tierras fuera capaz de reconocer unas resoluciones, títulos ficticios sobre unas tierras legales”, siguió diciendo.El líder indígena reiteró que estas actuaciones han profundizado las tensiones en el territorio y pidió al presidente Petro que, antes de concluir su mandato, resuelva la situación y ordene la devolución de las tierras que, según él, fueron invadidas y no pertenecen a quienes actualmente las ocupan.Muelas insistió en que el Estado debe revisar las decisiones adoptadas sobre estos predios y corregir lo que considera una afectación directa a los derechos históricos y legales del pueblo guambiano.La denuncia fue hecha en el marco de la conmemoración de los 35 años de la Constitución Política de 1991, en Barranquilla.
La Agencia Nacional de Tierras (ANT), el Ministerio del Interior y el Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente (AISO) anunciaron una serie de acuerdos en materia de tierras y territorio, tras dos días de mesa técnica de seguimiento a compromisos previamente pactados con comunidades indígenas Misak y Pijao.Entre los compromisos alcanzados, la ANT garantizó la continuidad del equipo técnico durante el segundo semestre de 2026 y se comprometió a culminar en julio los procedimientos catastrales pendientes del resguardo indígena La Bonanza, con el fin de avanzar en su formalización.Asimismo, la entidad adelantará visitas técnicas a predios postulados por las comunidades para continuar los procesos de constitución y ampliación de resguardos indígenas. En el caso del predio Los Lirios, ubicado en el municipio de Puracé (Cauca), donde existe un conflicto de representatividad dentro de la comunidad Misak, se acordó instalar un espacio técnico con participación de la ANT, el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo para buscar soluciones concertadas.“Acordamos realizar un espacio técnico para revisar la situación de desarmonía presentada al interior de la comunidad y poder hacer entrega provisional del respectivo predio a la comunidad” Aseguro Olinto Rubiel Mazabuel Quilindo, Subdirector de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras.Las partes también definieron que la próxima reunión de seguimiento se realizará el 17 de julio en el resguardo Misak La Bonanza, donde se evaluará el cumplimiento de los compromisos y el avance de los distintos procesos territoriales. Según las entidades, estos acuerdos buscan fortalecer el diálogo institucional y garantizar los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
Apenas un día después de la segunda vuelta presidencial, la hoja de vida de Felipe Harman volvió a aparecer publicada en el portal de aspirantes de la Presidencia para regresar a la dirección de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), cargo al que había renunciado el pasado 3 de junio para vincularse a la campaña del entonces candidato Iván Cepeda.La decisión generó cuestionamientos desde distintos sectores políticos, que consideran que el regreso de Harman podría enviar un mensaje equivocado sobre los límites de la participación política de los funcionarios públicos, al permitir que servidores que abandonan temporalmente sus cargos para intervenir en una campaña electoral puedan luego reincorporarse a sus funciones.Frente a las críticas, Harman defendió su retorno y aseguró que se trata de una decisión responsable para garantizar una adecuada transición con el gobierno entrante del presidente electo, Abelardo de la Espriella. “Me parece lo más responsable para el país y para mi gestión. Tengo que estar en el empalme, quiero dejarle a la nueva administración claro lo que hicimos. Y lo que para algún sector parece polémico a mí me parece un acto de responsabilidad. Lo fácil es irse, lo complejo es asumir que tuvimos una derrota electoral y entregar la entidad”, afirmó el funcionario.Harman también respondió a quienes señalan que su regreso podría entrar en tensión con las restricciones sobre participación en política de los funcionarios públicos. Según explicó, precisamente por esa razón presentó su renuncia antes de involucrarse en la campaña presidencial.“Este dilema no es jurídico porque por eso yo renuncié y me desprendí de la función pública. No me parece un dilema y tampoco que estemos actuando en contra de la ley. Estamos dando la cara y vamos a garantizar que la próxima administración del señor Abelardo de la Espriella tenga los elementos claros en los que nosotros avanzamos de acuerdo con el proceso de paz”, sostuvo.Harman no fue el único alto funcionario que dejó temporalmente su cargo para respaldar la candidatura de Cepeda. También lo hizo Carlos Carrillo, entonces director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), quien posteriormente fue suspendido por la Procuraduría en una investigación relacionada con presunta participación en política.
Continua la consternación en Resistencia, Argentina, por el asesinato de Matías Julián Álvarez, de 29 años, a manos, al parecer, de su novia, Victoria Luz Cantero, quien lo habría apuñalado en un ataque de celos y una discusión en el interior de la camioneta de este hombre.El caso sucedió a inicios de agosto de 2026, la mujer fue detenido y, hasta la fecha, sigue en marcha la investigación para determinar si fue o no culpable de este crimen. De hecho, esta mujer se encuentra recibiendo tratamiento psicológico y farmacológico luego de ser evaluada por especialistas del área de Salud Mental del Hospital Julio C. Perrando.Sin embargo, nuevo material probatorio habría dado más fuerza a su culpabilidad, pues las autoridades hallaron en la camioneta donde murió varias cartas que habría escrito antes de morir en donde aseguraba que “se estaba alejando de todos por miedo”.“Hoy me levanté con ansiedad y depresión por la situación que estoy pasando. No saber qué va a pasar. Me queda poco por hace. No me conviene ella, pero bueno el corazón es así. La realidad es que me estoy aislando de todos”, fueron las palabras halladas en la carta de este joven, que, ahora, daría más fuerza a que ella seria la responsable de este crimen.Ante esto, han solicitado una autopsia psicológica para conocer en qué estado se encontraba su salud mental y así relacionar este material probatorio con la investigación en curso. Además, otro dato que surgió de los elementos encontrados en el vehículo es que Julián y Victoria habían ido al cine la noche anterior al crimen, según contó el medio local TN.El reporte, hasta ahora, indica que el joven no se esperaba este ataque y fue apuñalado por sorpresa, al parecer, tras una discusión en el interior de la camioneta de acuerdo con todo lo encontrado en el escena del crimen.
Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este lunes:Néstor Lorenzo respondió a Lucas González por sus críticas a la convocatoria de jugadores de Atlético Nacional. El entrenador verdolaga cuestionó que Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo deban ausentarse en partidos decisivos de la Copa Colombia, mientras que otros futbolistas, como Álvaro Montero, permanecen con sus clubes. El técnico aseguró que la alternancia de Montero y Camilo Vargas estaba planificada desde la convocatoria anterior y recordó que los clubes deberían sentirse orgullosos de aportar jugadores a la Selección Colombia.El seleccionador nacional también desmintió los rumores de una supuesta pelea con Jorge Carrascal. El técnico explicó que el volante continúa dentro de sus planes y que su ausencia responde a la intención de probar otras alternativas. También aclaró que, después de un partido frente a Ghana, hubo un llamado de atención a varios futbolistas que no querían atender a la prensa, pero negó que se hubiera presentado un enfrentamiento personal con Carrascal.La lucha por los cuadrangulares de la Liga Colombiana quedó abierta con tres cupos todavía en disputa. Atlético Nacional, América de Cali, Deportivo Cali, Bucaramanga e Independiente Santa Fe son los cinco equipos clasificados. Medellín, Millonarios, Once Caldas, Tolima, Águilas Doradas y Cúcuta mantienen opciones de quedarse con las tres plazas restantes.Independiente Santa Fe goleó 5-0 a Deportivo Pasto en un partido marcado por los problemas económicos del conjunto nariñense. Pasto presentó una nómina integrada principalmente por juveniles, situación que generó críticas sobre el manejo financiero de algunos clubes y la manera en que estas dificultades pueden alterar el campeonato. Hugo Rodallega marcó tres goles, mientras que el técnico Pablo Repetto reconoció que buscó recibir una quinta tarjeta amarilla para cumplir la suspensión antes de los cuadrangulares, aunque el árbitro no se la mostró.Andrés Gómez quedó en el centro de la polémica en Brasil después de fallar un penal decisivo frente a Palmeiras. El colombiano erró su cobro durante la definición que permitió al equipo de Jhon Arias avanzar a la final de la Copa de Brasil. Una publicación de la esposa de Gómez, en la que aseguró que otros compañeros evitaron cobrar, generó debate sobre las posibles consecuencias dentro del camerino. También se destacó el gesto de Arias, quien se acercó a consolar a su compatriota después de la eliminación.Reviva el programa completo de Blog Deportivo aquí:
La inflación anual en Colombia se ubicó en 6,3 % para octubre de 2026, según el Dane. Con esto, son tres meses consecutivos al alza. Además, en octubre, la variación mensual del IPC fue de 0,20%, mientras que entre enero y octubre de este 2026 alcanzó 5,94%.La inflación anualizada en Colombia se ubicó en 6,3 % a octubre de 2026, lo que representa un incremento de 0,79 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2025. Por su parte, la variación acumulada en lo corrido del año alcanzó el 1,24 %, mientras que la inflación mensual, correspondiente a la comparación entre octubre y septiembre de 2026, fue de 0,02 %.
El viceministro técnico de Hacienda, Juan Sebastián Betancur, explicó que el Gobierno recibió un presupuesto que ya llevaba ocho meses de ejecución, lo que limitó el margen para hacer los ajustes previstos. Por eso, aunque la meta inicial era recortar cerca de $20 billones, el decreto expedido el pasado 22 de octubre dejó el ajuste en $13,8 billones, de los cuales $6,8 billones serían en contratación, $4 billones en deuda y $3 billones en gastos de funcionamiento.Ahora, el Gobierno contempla un segundo recorte para acercarse lo más posible a la cifra inicial. “Teníamos una meta de hacer un recorte de alrededor de $20 billones, no lo logramos. Estamos contemplando la posibilidad de hacer un segundo recorte para acercarnos tanto como sea posible”, afirmó Betancur. Y agregó que “la política fiscal no se hace con anuncios, se hace con decisiones”.Durante la decimotercera edición del Congreso de Asofiduciarias, el funcionario también alertó sobre el peso que está teniendo la deuda en las finanzas públicas. Según explicó, uno de cada tres pesos que recauda el Estado se destina a pagarla, el doble de lo que ocurría hace diez años, cuando la proporción era de uno de cada seis. “Eso muestra que el espacio de gastos social o de gasto productivo es cada vez más bajo, y eso, además de ser un problema técnico, es un problema político. Aquí hay una bola de nieve y si nos quedamos cruzados de brazos en tres o cuatro años será uno de cada dos (el 50 % del recaudo)”, dijo.Betancur también sostuvo que, sin la Ley de Rescate Fiscal, el Gobierno tendría que conseguir cerca de 26.000 millones de dólares en los mercados internacionales durante 2027. Una cifra que contrasta con los cerca de 5.000 millones de dólares que Colombia ha obtenido, en promedio, mediante financiamiento externo durante los últimos diez años.En materia de inflación, el viceministro aseguró que el impulso fiscal está aportando más de dos puntos porcentuales a este indicador. Sin ese efecto, señaló, la inflación estaría cerca del 4 %, aunque todavía por encima de la meta del 3 % del Banco de la República. También atribuyó la falta de anclaje de las expectativas a la incertidumbre sobre el ajuste de las finanzas públicas y a lo que calificó como “decisiones desafortunadas sobre el salario mínimo”.Sobre el crecimiento económico, consideró que una expansión de entre 2,5 % y 2,9 % no representa una catástrofe frente al desempeño de otros países de la región, pero sí resulta “mediocre” para una economía emergente como la colombiana."Lo que sí es un desastre es ver qué ocurre con la economía. Cuando uno descuenta el aporte que le genera el sector público, eso sí es un desastre. Eso demuestra que la economía privada está creciendo a tasas del 1”, afirmó el viceministro técnico de Hacienda.Para Betancur, la salida es avanzar en un ajuste fiscal que permita recuperar la confianza de los mercados, reducir las primas de riesgo y abrir espacio para la inversión privada. Advirtió que no tomar decisiones tendría consecuencias mucho más graves, pues la deuda podría superar el 80 %, los intereses absorberían una proporción cada vez mayor del recaudo y el déficit primario alcanzaría niveles insostenibles. Además, aseguró que los mercados perderían la paciencia mucho antes de llegar a ese escenario.
El viernes, 11 de diciembre, la Fiscalía General de la Nación continuará con la diligencia de indagatoria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, dentro de la investigación que busca establecer su presunta vinculación con hechos relacionados con las masacres de La Granja y El Aro, el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y la conformación de un grupo paramilitar en Antioquia, entre ellos el denominado Bloque Metro.La diligencia es adelantada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia y hace parte de un expediente en el que Uribe, quien también fue gobernador de Antioquia, es investigado por los presuntos delitos de homicidio en persona protegida agravado y concierto para delinquir agravado, además de hechos relacionados con la presunta conformación de organizaciones armadas paramilitares.La primera sesión de la indagatoria se realizó el pasado 4 de septiembre en el Búnker de la Fiscalía General de la Nación. En esa oportunidad, el expresidente se refirió a los señalamientos que lo relacionan con el denominado “Petro-uribismo” y rechazó que existieran acuerdos o favorecimientos con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.A su llegada a la Fiscalía, Uribe aseguró: “Ahora me acusan de "Petro-uribismo" para sembrar desconfianza en nuestros compañeros de lucha. Para esto no ha importado nuestra oposición sin declives con la nación. Al Gobierno Petro la combatimos mirando a los ojos y sin pretensiones de pactos o favorecimientos. Elegimos un presidente del Senado con condiciones de patriota”.Durante esa primera jornada, el exmandatario también hizo referencia a las actuaciones y señalamientos relacionados con el expresidente Gustavo Petro y sostuvo que, frente a cualquier ciudadano, debía garantizarse el debido proceso.“A pesar que esta acusación también está basada en los señalamientos y movidas del expresidente Petro, frente a él, como frente a cualquier ciudadano, acusado con o sin justicia, prefiero mi adhesión a las mismas garantías constitucionales que para mi reclamo, en lugar de caer en la rabiosa actitud del ‘diente por diente o del ojo por ojo’”, afirmó Uribe.La investigación tiene antecedentes en denuncias iniciadas desde el año 2000 y en una compulsa de copias ordenada en noviembre de 2017 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, durante el proceso relacionado con el asesinato de Jesús María Valle.Dentro del expediente también se analiza la posible omisión de deberes de protección a la población civil durante la administración de Uribe como gobernador de Antioquia. De igual manera, se investigan los señalamientos relacionados con un presunto fomento y apoyo al Bloque Metro en la hacienda Las Guacharacas y una eventual responsabilidad en la promoción o formación de organizaciones armadas paramilitares.