Contraloría descubre compra irregular de predio por parte de la ANT

La Contraloría General de la República evidenció irregularidades por parte de la Agencia Nacional de Tierras en el proceso de compra de la ‘Hacienda Simba’ en el departamento de Sucre y determinó hallazgos fiscales por más de 16.000 millones de pesos.El ente de control, evidenció que la agencia del Gobierno suscribió en abril de 2024 una promesa de compraventa con la Sociedad de Activos Especiales por un valor total de 27.304 millones de pesos, desembolsando un anticipo del 60 % hace más de 18 meses, sin que el bien haya sido escriturado ni transferido a nombre de la ANT.En su investigación la Contraloría estableció que el procedimiento de compra “no se ajustó al marco normativo aplicable” y omitió procesos como “la validación técnica, jurídica y social. Además indicó que la agencia no podía registrar contablemente el predio dentro de sus activos, ni reconocerlo como parte del patrimonio público.La Contraloría advirtió además las irregularidades configuran “un riesgo inminente de pérdida de recursos públicos, dado que la Agencia Nacional de Tierras no puede registrar contablemente el predio dentro de sus activos, ni reconocerlo como parte del patrimonio público”El organismo de control también confirmó que hubo un cambio “sustancial” en la destinación del predio, ya que la compra fue concebida originalmente para beneficiar a comunidades campesinas, pero con posterioridad la Agencia Nacional de Tierras realizó la una entrega provisional de cerca del 60 % del predio a comunidades indígenas, sin contar con un acto administrativo que justificara dicho cambio ni ajuste presupuestal que respaldara la modificación.“Este cambio de destinatarios finales implicó el uso de un rubro presupuestal específico destinado a comunidades campesinas para financiar un proyecto con un propósito distinto, lo que podría configurar una desviación de la finalidad del gasto público”, advirtió la entidad.La Contraloría pidió a la Agencia Nacional de Tierras corregir las irregularidades detectadas, fortalecer los mecanismos de control interno y asegurar que toda adquisición de tierras se realice bajo “los principios de planeación, legalidad y transparencia para evitar la pérdida de recursos públicos”.