La ausencia del aval de un juez, el pago de un precio menor al tasado y la falta de riesgo de ruina al tratarse de un bien cautelado fueron los argumentos utilizados por la Sala Penal de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla para declarar como ilegal la venta de la finca La América, en Chimichagua, Cesar, dentro de un negocio que involucra a la Unidad para las Víctimas y la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Es una disputa legal alrededor de este terreno cuyo dueño era el desaparecido narcotraficante José Guillermo Hernández, conocido como el 'Ñeñe Hernández', y que pasó del dominio de la Unidad para las Víctimas a la administración de la ANT, tras una compra realizada en enero de 2025 con el objetivo de vincularla a la reforma agraria del Gobierno.
Son al menos 127 familias campesinas beneficiadas las que hoy están en la incertidumbre, donde Fabian Hernández, uno de sus voceros, declaró que no se ven abandonando el caserío de más de 100 casas, la escuela de 30 niños y las más de 200 hectáreas que ya tienen cultivadas.
“Desde que salió el fallo, hasta el momento, el Fondo de Reparación para las Víctimas no se ha comunicado con nosotros. Esperamos que lo haga para buscar alternativas. Por nuestra parte, no creemos que ni en este ni en otros gobiernos un fondo que se creó para atender a las víctimas desaloje precisamente a las víctimas”, afirmó a Blu Radio.
Al tiempo, la asesora de la Agencia Nacional de Tierras en Cesar, Alexandra Pineda, explicó que no esperan llegar hasta un desalojo debido a que el terreno sigue en manos del Gobierno nacional, puntualmente de su Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).
“Es importante mencionar que la Agencia Nacional de Tierras ha apelado la decisión del Tribunal usando ese recurso al que tiene derecho, apegándose a la ausencia de competencias del magistrado con funciones de control de garantías para emitir un pronunciamiento de esa naturaleza por desconocer el ámbito de acción de la jurisdicción contenciosa administrativa y también el error del juez al considerar que la enajenación anticipada afecta el derecho de reparación de las víctimas”, sostuvo.
Afirma Pineda, además, que la obtención de tierras siempre es verificada por una dirección en la entidad conformada por equipos técnicos, jurídicos y financieros. El predio cuenta con más de 1.000 hectáreas.
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