El gobierno de Abelardo De La Espriella comenzó a cumplir una de sus promesas de campaña: Acabar con las Áreas Exclusivas para la Producción de Alimentos que estaban limitando 'injustificadamente' el uso productivo del suelo en el país y arrancó en la sabana de Bogotá.El Ministerio de Agricultura tiene lista la derogatoria 5 resoluciones que estaban afectando más de 15 mil hectáreas de Sopó, Nemocón, Cogua, Tenjo y Tabio. Como funciona el instrumento en las áreas declaradas como protegidas solamente se pueden hacer una lista de actividades agropecuarias reconocidas por el gobierno nacional y todo lo demás queda prohibido. Esto impedía por ejemplo el desarrollo de hoteles, viviendas, vías, minería, industria e incluso actividades de transformación agropecuaria.La justificación para esta decisión es que no se tomó una decisión técnicamente justificada y que los análisis tienen fallas. Por ejemplo, una misma actividad era considerada permitida en un municipio, pero se restringía en otro. Tampoco existía una coherencia entre las distintas áreas e incluso se usó información preliminar sobre la frontera agrícola y no definitiva sobre las actividades agropecuarias.Este puede ser apenas el inicio de un proceso de más largo plazo porque hay áreas de este tipo en distintas regiones del país que continuarán vigentes, por ahora.Las APPAS fueron utilizadas de forma intensiva por el gobierno anterior como parte de la puesta en marcha de su plan de reforma agraria y la propia administración de Gustavo Petro resaltaba la declaratoria de 197 mil hectáreas como APPAS en todo el país incluyendo a departamentos como Antioquia y La Guajira.El argumento del petrismo era que el instrumento permitiría proteger suelos de alta calidad cerca de los centros urbanos y así garantizaría la seguridad alimentaria de sus habitantes. La medida causó choques con diversos sectores económicos.
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado al gobierno del presidente electo, Abelardo De la Espriella, quien asumirá el poder el próximo 7 de agosto de 2026, para que adopte medidas urgentes que fortalezcan la seguridad de los líderes campesinos y permitan avanzar en la implementación de la reforma rural integral.La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que en los últimos días se han registrado amenazas y homicidios contra líderes y lideresas campesinas beneficiarias de la reforma agraria. Frente a esta situación, informó que la entidad ha realizado visitas a territorios con altos niveles de riesgo para verificar las condiciones de seguridad y ha solicitado respuestas institucionales. Marín, a través de redes sociales, explicó que uno de los cuatro pilares de decisiones impostergables que la Defensoría propone al nuevo Gobierno es avanzar en la reforma rural integral para garantizar los derechos del campesinado y de los pueblos étnicos.Según señaló, este propósito requiere asegurar el acceso democrático a la tierra, garantizar la restitución efectiva para las víctimas, fortalecer el catastro multipropósito y proteger las territorialidades campesinas y étnicas.“El llamado permanente de la Defensoría ha sido que los procesos de entrega de tierras se desarrollen con planeación, articulación interinstitucional y coordinación con las autoridades locales, garantizando medidas efectivas de seguridad y protección, así como mecanismos de prevención de conflictos entre comunidades”.La defensora también aseguró que, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, la Defensoría del Pueblo continuará promoviendo una respuesta institucional urgente y articulada, además de brindar acompañamiento integral al campesinado y velar por la protección de sus derechos.
A menos de dos meses de finalizar el actual Gobierno, la Jurisdicción Agraria, uno de los proyectos más importantes para la política rural del presidente Gustavo Petro, quedó virtualmente hundida en el Congreso. Sin embargo, el Gobierno anunció que volverá a presentar la iniciativa el próximo 20 de julio y defendió su importancia para resolver conflictos históricos sobre la tierra en Colombia.La ministra de Agricultura cuestionó duramente la falta de avances legislativos y señaló que el proyecto fue víctima de dilaciones durante más de un año. Recordó que la iniciativa estuvo en trámite desde agosto de 2024, recibió mensaje de urgencia presidencial y logró ser aprobada por unanimidad en las comisiones primeras conjuntas de Cámara y Senado en diciembre de ese mismo año. Pese a ello, aseguró que nunca se concretó su discusión definitiva en las plenarias.La ministra también lamentó la postura de algunos sectores que participaron en el debate, especialmente la dirigencia de los gremios agrícolas que se opusieron al proyecto. Según indicó, algunas posiciones fueron demasiado rígidas y cerraron espacios para construir consensos alrededor de una reforma que, a juicio del Gobierno, busca devolverle dignidad al campo colombiano."Nos preocupa que no haya existido disposición para encontrar una ruta de acuerdo frente a una iniciativa tan importante para el agro. Lo que buscamos es corregir desigualdades históricas y garantizar mejores condiciones para quienes viven y trabajan en el campo", sostuvo la ministra durante su intervención.Frente al nuevo proyecto que será radicado en la próxima legislatura, el Gobierno anunció que mantendrá varios de los principios que considera esenciales. Entre ellos están la protección de la Unidad Agrícola Familiar para evitar la fragmentación de los predios, la defensa de los derechos de las mujeres rurales, el reconocimiento de la posesión agraria y la protección de los pequeños productores. También insistirá en que la administración de los baldíos de la Nación y el control sobre bienes de uso público, como bosques y ciénagas, permanezcan bajo responsabilidad estatal."Vamos a conservar los pilares fundamentales de la jurisdicción agraria, pero también recogeremos los consensos alcanzados durante el debate. Queremos avanzar en el saneamiento de la propiedad privada, facilitar el acceso a la justicia para pequeños campesinos y corregir vacíos institucionales que hoy afectan la resolución de conflictos rurales", explicó la ministra.Según afirmó, la falta de una jurisdicción especializada limita el acceso a la justicia en las zonas rurales, dificulta la administración de bienes públicos y frena la posibilidad de resolver conflictos de tierras que históricamente han alimentado la violencia en distintas regiones del país.La ministra aseguró que la tierra ha sido una de las principales causas del conflicto armado y advirtió que será difícil alcanzar acuerdos nacionales duraderos si no se avanza en mecanismos que garanticen mayor justicia en el campo. Por eso, confirmó que el presidente Gustavo Petro volverá a presentar el proyecto después del 20 de julio, con la expectativa de que el próximo Congreso retome una discusión que, según el Ejecutivo, sigue siendo una deuda pendiente con millones de campesinos colombianos.
La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, expresó su preocupación frente al documento presentado por la Corte Suprema de Justicia en el debate sobre la ley de jurisdicción agraria, al considerar que algunas observaciones podrían afectar principios históricos de la reforma agraria en Colombia y limitar las funciones de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).En entrevista con Mañanas Blu, la funcionaria defendió la necesidad de mantener las competencias administrativas de la ANT sobre los bienes baldíos de la Nación y cuestionó que, a última hora del trámite legislativo, se planteen modificaciones que —según dijo— “rompen con más de 100 años del régimen agrario colombiano”.“El documento que se radicó y que circuló ampliamente ayer por redes sociales le atribuye la adjudicación de los bienes baldíos a los tribunales. Esto constituye realmente una aseveración bastante crítica, rompe con 100 años del régimen agrario y lo que hace finalmente es quitarle a la Nación la administración de sus bienes”, afirmó Carvajalino.La controversia se originó tras las observaciones hechas por la Sala Civil de la Corte Suprema al proyecto de ley de justicia agraria, iniciativa impulsada por el Gobierno Petro como una pieza clave de la reforma agraria y de la implementación del Acuerdo de Paz.Debate por los baldíos y el papel de los jueces agrariosEl centro de la discusión gira alrededor del artículo 9 del proyecto, que establece las competencias sobre los procesos relacionados con baldíos, recuperación de tierras y conflictos agrarios. Mientras sectores de la Corte Suprema y gremios agrícolas consideran que debe existir un mayor control judicial para evitar excesos del Ejecutivo, el Gobierno insiste en que la ANT debe conservar la capacidad administrativa para adjudicar y recuperar tierras públicas.Carvajalino aseguró que la preocupación del Ejecutivo surgió porque el documento conocido inicialmente sugería trasladar a los tribunales agrarios funciones históricamente ejercidas por la Nación.“Si aquí lo que se quiere es que la adjudicación de los bienes baldíos salga de la Nación, pues aquí estamos frente a una derogatoria expresa y clara de la reforma agraria que este país está adelantando desde 1961”, señaló la ministra.Posteriormente, la Corte Suprema emitió un comunicado aclarando que no pretende eliminar la fase administrativa de estos procesos, aunque la ministra insistió en que persisten dudas sobre el alcance del documento entregado al Congreso.“Nos preocupa que se quiera quitar los principios del proyecto de ley porque en esta nueva jurisdicción necesitamos unas normas que orienten la interpretación judicial”, sostuvo.Reforma agraria y cumplimiento del Acuerdo de PazDurante la entrevista, la ministra también respondió a quienes aseguran que el Gobierno pretende eliminar el papel de los jueces en los procesos agrarios. Según explicó, el Acuerdo de Paz contempla la creación de una jurisdicción agraria especializada, pero no obliga a que todas las decisiones sobre tierras sean judicializadas.“El acuerdo de paz nunca dice que hay que judicializar la decisión de los procesos agrarios”, afirmó. La funcionaria recordó que actualmente existen miles de procesos detenidos por falta de claridad jurídica y por las dificultades para implementar plenamente la jurisdicción agraria.De acuerdo con cifras expuestas en la entrevista, existen cerca de 38.000 procesos de clarificación de tierras pendientes y más de 73.000 conflictos agrarios que hoy cursan en despachos ordinarios. “Lo que nos quieren poner a hacer es que quede suspendida de facto cualquier decisión administrativa”, advirtió.Los conflictos rurales van más allá de los baldíosLa ministra insistió en que el debate público se ha concentrado únicamente en los baldíos, dejando de lado otros conflictos rurales que afectan diariamente a campesinos y propietarios.Entre esos problemas mencionó disputas por servidumbres, acceso al agua, invasiones de predios, contaminación de suelos y cierres ilegales de caminos rurales.“Los conflictos agrarios son cuando a los campesinos les corren la cerca, cuando les cortan la manguera de suministro de agua o cuando les cierran el tránsito y no pueden salir de su finca”, explicó.Según Carvajalino, la ausencia histórica de justicia efectiva en el campo colombiano ha permitido que actores armados ilegales terminen ejerciendo control territorial y resolviendo disputas mediante la violencia.Gobierno defiende facultades de la ANTOtro de los puntos defendidos por la ministra fue la necesidad de que la Agencia Nacional de Tierras conserve facultades de policía administrativa para actuar rápidamente en procesos de recuperación de baldíos y protección ambiental.La funcionaria puso como ejemplo la emergencia climática en Córdoba y el Bajo Sinú, donde el Gobierno busca intervenir terrenos ocupados irregularmente que afectan el flujo natural de las aguas. “¿Deberíamos recuperar los bienes baldíos de la Nación? Yo le digo sí”, enfatizó.Además, explicó que la propuesta del Ejecutivo contempla que las decisiones administrativas puedan tener control judicial automático e inmediato, buscando un equilibrio entre las competencias de la ANT y la intervención de los jueces agrarios.Congreso tendrá la última palabraAunque el debate ha escalado políticamente tras los pronunciamientos del presidente Gustavo Petro y las respuestas de distintos sectores políticos, la definición final del proyecto dependerá del Congreso de la República. El Gobierno espera que la discusión continúe en términos técnicos y jurídicos, mientras sectores críticos insisten en la necesidad de establecer límites claros entre las funciones administrativas y judiciales dentro de la nueva jurisdicción agraria.
El proyecto de ley de jurisdicción agraria está a punto de hundirse en medio de una pelea que se está subiendo cada vez más de tono entre el Gobierno de Colombia, la Corte Suprema de Justicia, los productores agrícolas y el Congreso de la República. Para la administración de Gustavo Petro, quienes se están oponiendo a su proyecto representan el poder de "gamonales, terratenientes" y son gente que no debería llamarse a sí misma demócrata.Mientras tanto, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los críticos de la iniciativa advierten que aquí se quiere dejar a los jueces agrarios de adorno y concentrar poder en el Gobierno, abriéndole paso a decisiones arbitrarias.En el centro de la pelea hay millones de hectáreas de tierras baldías que el Gobierno necesita para sacar adelante su promesa de hacer una reforma agraria. La disputa está en pleno desarrollo y aquí están las claves para entender la pelea.¿El Gobierno busca un poder excesivo? La polémica por el artículo 9Hoy en día, los procesos sobre baldíos tienen que pasar por un juez de la República, algo que para el Gobierno es engorroso y, en la práctica, ha hecho más lenta la reforma agraria. Por eso, en el artículo 9 del proyecto quieren que se le dé a la Agencia Nacional de Tierras la tarea de decidir todos los procesos relacionados con los baldíos de la Nación, mientras que los jueces agrarios entrarían al tema únicamente cuando exista una oposición. La lista incluye la "recuperación de baldíos indebidamente ocupados o apropiados, revocatoria directa de adjudicaciones de baldíos, de reversión de baldíos adjudicados, condición resolutoria, caducidad administrativa".Sin embargo, esa propuesta genera una enorme resistencia, incluso de los propios magistrados."Al atribuir a la Agencia Nacional de Tierras el trámite predominante de procedimientos que inciden directamente en derechos subjetivos consolidados, como la recuperación de baldíos, la reversión de adjudicaciones o la extinción de dominio agrario, el proyecto debilita el control judicial especializado que, precisamente, justifica la creación de esta jurisdicción. No se trata de desconocer las facultades administrativas de la ANT, se trata de garantizar que el juez agrario sea el eje central del control sobre decisiones que afecten derechos fundamentales vinculados a la tierra", explicó la magistrada Martha Patricia Guzmán.Las críticas de los magistrados van en línea con las advertencias de los gremios del sector, que temen que darle superpoderes a la Agencia de Tierras puede prestarse para actuaciones arbitrarias."Si una entidad del Gobierno tiene todo el poder de investigar y tomar las decisiones de la tierra en Colombia, los ciudadanos quedarán totalmente vulnerables frente al poder excesivo del Gobierno nacional. Por eso, es necesario que se respete el acuerdo de paz, que se respete lo que ha dicho la Corte Constitucional y que se brinden las garantías judiciales y el debido proceso a todos los colombianos. La justicia rural la deben definir los jueces de la República y no el Gobierno nacional", explicó el presidente de la SAC, Jorge Bedoya.No puede llamarse demócrata quien quiere detener la reforma agraria: la defensa del GobiernoEn un discurso el jueves, el presidente Gustavo Petro dijo que la Corte "ha cerrado el camino de la reforma agraria". Por su parte, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, escribió en sus redes sociales: "No puede llamarse demócrata quien quiere detener la reforma agraria o quien facilita las lógicas de acaparamiento y concentración". Para rematar, el presidente de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, aseguró que "al poder gamonal y terrateniente" le molestan las facultades administrativas de su entidad y no quieren que se usen.Vale recordar que el Gobierno prometió en su Plan de Desarrollo entregar 1,5 millones de nuevas hectáreas de tierra a través del Fondo de Tierras de la reforma agraria, usando mecanismos como la venta voluntaria de tierras por parte de quienes tienen la tierra en Colombia. A finales de marzo, el Fondo de Tierras tenía apenas 763.545 hectáreas, de las cuales entregó poco más de 303.000.En un panorama de dificultades para sacar adelante la reforma, los baldíos no son un tema menor. El propio Harman dijo recientemente que el Gobierno tiene identificadas 2,85 millones de hectáreas con una "presunta" condición de baldíos y, mientras esa condición no se aclare, el Gobierno no puede comprarlas ni hacer nada con ellas. El Gobierno pretende aclararlas por sí mismo y ponerle el acelerador al proceso.Aunque el centro de la polémica es el artículo 9, el Gobierno ha incluido varios artículos que les atribuyen a los jueces el deber de defender la soberanía alimentaria y otros objetivos de política pública en un proyecto de ley que, en realidad, debería concentrarse en el procedimiento legal.¿Para dónde va la pelea? El Gobierno se acerca a una nueva derrotaSi la ley de jurisdicción agraria no está aprobada para cuando acaben las sesiones ordinarias, se hundirá por tiempos, y ese parece ser el escenario.En la Cámara de Representantes, donde el Gobierno tiene una mayoría cómoda, no se ha votado ni siquiera el primer artículo porque no había quórum suficiente. Se necesitan 94 representantes presentes en la sesión para que la votación sea válida, pero ayer solo estaban 61 y por eso se suspendió el conteo. La discusión quedó aplazada para el próximo martes.Sin embargo, lo más retador para el Gobierno será lograr mayorías en el Senado, que ha hundido varias iniciativas clave, incluyendo dos reformas tributarias.La ley de jurisdicción agraria se perfila como una derrota más para el Gobierno en el Congreso. Si se hunde, la reforma agraria llegará al final del mandato con resultados muy por debajo de lo prometido: menos de la mitad de las hectáreas comprometidas entregadas y 2,85 millones de hectáreas de baldíos sin resolver. El siguiente Gobierno heredará no solo el debate, sino también las tensiones entre el Ejecutivo, la justicia y el sector productivo sobre quién debe tener el poder de decidir el futuro de la tierra en Colombia.
El representante a la Cámara Gabriel Becerra lanzó duras críticas por los retrasos en la aprobación de la Jurisdicción Agraria y calificó la situación como “mezquindad política”. En entrevista con Blu Radio, aseguró que el proyecto ha sido bloqueado pese a contar con amplios consensos.Becerra recordó que el Congreso ya dio pasos clave en este proceso legislativo, incluyendo la aprobación de la reforma constitucional en 2023 y la Ley Estatutaria. “La pregunta es por qué no es aprobada la ley ordinaria que en un 98 % ha sido consensuada”, afirmó, señalando que existen sectores que se oponen a su avance.El congresista apuntó directamente a la oposición política, al asegurar que “hay sectores de la derecha que no quieren que la ley sea aprobada”. Según explicó, esta falta de trámite estaría frenando una iniciativa que ya superó etapas complejas dentro del Legislativo colombiano.Frente a este panorama, Becerra hizo un llamado a destrabar el debate mediante la votación en plenaria. “Hagamos algo sencillo: votemos, si se quiere negar, se niega”, sostuvo, insistiendo en que el país tiene derecho a conocer las posturas de los congresistas frente a la iniciativa.En sus declaraciones, también defendió el alcance de la Jurisdicción Agraria como una herramienta clave para el campo. “Esta norma permitiría dar un salto en términos de garantizar justicia en el campo”, explicó, destacando que contará con controles de legalidad y supervisión judicial.Finalmente, el representante denunció que el proyecto, radicado el 27 de agosto de 2024, ha sido agendado sin éxito en al menos ocho ocasiones. A su juicio, estas dilaciones podrían llevar a que la iniciativa se hunda por falta de tiempo, pese al respaldo de Naciones Unidas.
En los últimos días La Corte Constitucional pidió acelerar la implementación de la justicia agraria y rural el alto tribunal solicitó al Congreso expedir con urgencia un marco legal para su regulación Además, le ordenó al Consejo Superior de la Judicatura iniciar de inmediato las acciones necesarias para que los juzgados y tribunales agrarios entren en funcionamiento gradual desde 2027.En ese sentido, el Gobierno nacional a través de la ministra de agricultura, Martha Carvajalino pidió al Congreso debatir sobre la misma antes de que finalice la legislatura. El aval de la Corte a la reforma agraria también viene con una serie de exhortos y la creación de juzgados para temas de tierras.Sobre ello, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, aseguró que están en curso 366 procesos que ya podrían llegar a la Jurisdicción Agraria que sumarían más de 112 mil hectáreas para la Reforma.“La indecisión sobre los problemas de administración de las tierras de la nación y sobre los procedimientos agrarios no lleva a otra cosa que a agudizar los conflictos. Hoy muchos de los conflictos entre particulares, de linderos, de ocupación, de posesión, se diluyen en los juzgados promiscuos municipales en procesos de única instancia con la presión política de los territorios”, señaló la minagricultura.Incluso, la jefe de esa cartera aseguró que “estamos ante un bloqueo institucional que agudiza los conflictos sobre la tierra, no tenemos otro mandato que insistirle al Congreso y solicitar que se implemente lo más pronto posible con las normas generales la jurisdicción a la ley”.La Corte Constitucional revisó varias normas sobre tierras y reforma rural, pero en muchos casos decidió no meterse de fondo aunque sí impartió una serie de órdenes para que el Congreso arranque con el debate. Está reforma tendrá jueces especializados en temas rurales y de tierras.
A 15 años de la entrada en vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, los avances siguen siendo limitados, panorama del que no es ajeno Antioquia y su capital, Medellín. Así lo advirtió el abogado Gerardo Vega, de la Fundación Forjando Futuros, quien calificó como “doloroso” el bajo nivel de resultados frente a las solicitudes presentadas por las víctimas.Según cifras con corte al 30 de marzo de 2026, de 172.445 solicitudes de restitución en el país solo se han resuelto 18.631, lo que representa apenas un 10,7 %. En territorio antioqueño, el panorama es apenas ligeramente mejor, con cerca del 12 % de los casos resueltos, concentrados principalmente en regiones como Urabá y el Oriente antioqueño.Analizando Medellín, la situación es aún más crítica. Vega señaló que no se ha concretado ni una sola restitución de vivienda, pese a que existen más de 3.000 solicitudes activas, rezago que se ha dado por factores como la microfocalización (que limita las zonas donde se puede intervenir por razones de seguridad) y la falta de decisiones administrativas que agilicen los procesos sin necesidad de acudir a jueces en casos sin oposición.Por ejemplo, en casos cuyo victimario es el mismo, los predios son colindantes y los hechos de violencia fueron los mismos, tampoco se logró que se resolvieran de manera masiva."Nosotros teníamos una expectativa de que se pudieran hacer una modificación para hacer la restitución administrativa, o sea, cuando no hay opositor, que es el 61 % de los casos, ¿para qué lo llevan ante un juez? ¿Eso no se pudo modificar? Tampoco hubo una decisión de la Unidad de Restitución de Tierras para adelantar los procesos colectivos. Quiere decir ellos que en una sentencia un juez pueda resolver 50, 100, 70 casos", afirmó.El abogado también cuestionó la falta de alternativas para las víctimas cuando no hay condiciones de seguridad, pese a que la ley contempla compensaciones en dinero o con tierras en otras zonas. Según dijo, “las solicitudes se quedan congeladas mientras las víctimas envejecen o fallecen esperando una respuesta”, como por ejemplo uno de los casos que representa Forjando Futuros en Urabá, sin respuestas tras décadas."La Teca lleva desde el año 2014 en Nueva Colonia Turbo, pegado al puerto, y no ha sido posible que ese tema se resuelva. Han fallecido 422 personas que pertenecían a una asociación asociación de trabajadores de la Teca, y no ha sido posible que la resuelvan. Eso lo llevó la Unidad de construcción de tierra, que nosotros ya estamos presentando esos casos ante la Comisión Interamericana, y estamos también evaluando una nueva audiencia en la Comisión Interamericana", sostuvo el directivo.Y es que a cinco años de que se cumpla el plazo de vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, previsto para 2031, la Procuraduría General de la Nación pidió que de manera urgente se fortalezca la participación institucional y se aceleren los resultados en la reparación integral de las víctimas. "Sin cambios estructurales, uso de tecnología y voluntad política, además de las estadísticas, sería imposible cumplir las metas en el tiempo restante", concluyó.
Más de 20 campesinos del corregimiento Isabel López están bloqueando desde las 5 de la mañana el paso por la Vía Cordialidad, corredor clave de transporte de mercancía y de pasajeros entre Barranquilla y Cartagena, pues estos alegan que no estarían siendo tenidos en cuenta en la entrega de tierras que el Gobierno nacional adelanta en el departamento.De acuerdo con Libis Navarro, líder de la manifestación, el pasado viernes fueron entregadas en el municipio de Sabanalarga un total de 70 hectáreas a 15 familias procedentes de Baranoa.La situación resultó molesta para los campesinos de este municipio, quienes completan ocho años esperando por ser beneficiados con algunas de estas entregas. En consecuencia, este martes reclaman que la Agencia Nacional de Tierras no los estaría teniendo en cuenta, pese a que están censados y registrados, por lo que están dispuestos a bloquear el paso en esta importante vía durante esta semana, de ser necesario, hasta no recibir respuestas concretas del Gobierno."Pedimos que el doctor Javier torres le dé la cara a la gente de Isabel López para poder salir de allí. Exigimos que nos tengan en cuenta en la entrega de tierra. Queremos sr participes de la reforma agraria. Por lo pronto la Policía de Tránsito busca conversar con los manifestantes para lograr un acuerdo, mientras están tratando de desviar el tráfico de vehículos que está incrementado para esta época por cuenta de los viajeros que llegan y salen del departamento del Atlántico.
La discusión sobre la aprobación de la Jurisdicción Agraria en la Plenaria de la Cámara de Representantes se encuentra estancada, con la oposición, liderada por el Centro Democrático, denunciando que el Gobierno nacional rompió los acuerdos previos, actuando de "mala fe".El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Hernán Cadavid, dijo en Mañanas Blu con Camila Zuluaga que el acuerdo logrado en el Senado fue modificado en la ponencia para el debate en la Plenaria, específicamente en el artículo noveno. Según Cadavid, la objeción clave que impide la finalización de la discusión es la persistencia del Gobierno en eliminar el control automático de los jueces. "El gobierno persiste en eliminar ese control automático de los jueces y eso ha sido una garantía histórica", indicó Cadavid. Correcciones de fondo y objeciones persistentesEl representante Cadavid destacó que se han logrado hacer "muchas correcciones" al proyecto original gracias a la oposición y a las "observaciones de fondo de la Corte Suprema de Justicia"."Nosotros de fondo no nos hemos opuesto a la Jurisdicción Agraria, la hemos corregido. Yo soy ponente y estoy listo para el debate", enfatizó. El dilema de la financiación y la inseguridad jurídicaEl debate se ha profundizado al revelarse la preocupación sobre la capacidad de operación de la nueva jurisdicción. Según Cadavid, el Gobierno nacional recientemente recortó 650.000 millones de pesos a la rama judicial para el año 2026."Aprobar la Jurisdicción Agraria no garantiza el funcionamiento porque no tiene cómo funcionar, porque le están quitando la plata a los jueces que hoy existen, a la Corte Suprema, a la Judicatura", aseveró.Escuche la entrevista aquí:
El presidente Abelardo De La Espriella anunció que la Policía, en coordinación con la Fiscalía, logró la captura en Medellín e Itagüí de los dos presuntos responsables del ataque ocurrido el pasado 4 de noviembre en la capital de Antioquia. En este hecho fueron asesinadas tres personas, entre ellas el patrullero Andrés Hamilton Santa Aguirre.“Los capturados deberán responder ante la justicia por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. He sido claro: quien levante un arma contra un colombiano o contra un integrante de nuestra Fuerza Pública tendrá todo el peso de la ley sobre sus hombros”, dijo el mandatario.Uno de los capturados tenía anotaciones por hurto calificado y lesiones. Otro de ellos tenía anotaciones por hurto calificado y por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.Los dos capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 46 local, Unidad de Reacción Inmediata de Medellín.
Colombia registra actualmente importaciones de gas natural superiores a los 400 millones de pies cúbicos diarios, un volumen destinado a cubrir el consumo residencial, el transporte vehicular y la generación eléctrica.En diálogo con Mañanas BLU, Nelson Castañeda, presidente de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros y Gasoductos (Campetrol), advirtió sobre la urgencia de fortalecer la producción interna para proteger las tarifas de los usuarios y evitar depender exclusivamente de mercados externos.El gasoducto binacional: Una "llanta de repuesto" frente a la crisisEn relación con la propuesta de reparar y habilitar el gasoducto binacional con Venezuela para abastecer al mercado colombiano, el dirigente gremial sostuvo que, si bien constituye una alternativa valiosa, no resuelve de fondo el problema estructural de abastecimiento.Castañeda definió el rol de esta infraestructura señalando: "Esto es una es una llanta de repuesto muy buena. Es un plan B y un plan C. El país necesita todas las fuentes de energía, lógicamente. Privilegiamos el gas nacional, que es mucho más económico". Asimismo, explicó que, aunque el suministro venezolano llegaría por tubería, evitando los costos logísticos de licuefacción y transporte marítimo, su tarifa final dependerá de las condiciones de libre mercado, los acuerdos comerciales y la geopolítica internacional. El elevado costo del gas importado y su impacto en la factura de los colombianosUno de los aspectos más críticos expuestos por el presidente de Campetrol radica en la brecha tarifaria entre el combustible producido en territorio nacional y el gas natural licuado (GNL) traído del exterior.Castañeda detalló que el gas importado debe pasar por un proceso intensivo que incluye su licuefacción, traslado en buques metaneros, recepción en puertos locales y posterior regasificación para inyectarlo al Sistema Nacional de Transporte. "El gas importado vale tres y cuatro veces el gas nacional dado que toca volverlo líquido, transportarlo en barco, traerlo a puerto colombiano, regasificarlo y meterlo al sistema nacional de transporte", enfatizó el vocero.Sirius y Fracking 4.0: Las alternativas nacionales estratégicasPara superar la coyuntura y garantizar el suministro a mediano y largo plazo, Campetrol propuso avanzar de manera paralela en cuatro frentes: la infraestructura de regasificación, la importación vía Venezuela, el desarrollo offshore y los yacimientos no convencionales. Entre las cartas más fuertes a nivel nacional se destaca el proyecto Sirius, el cual posee recursos contingentes proyectados en 470 millones de pies cúbicos diarios. No obstante, Castañeda remarcó la necesidad de agilizar las consultas previas para tramitar la licencia ambiental y construir un gasoducto de 120 kilómetros que conecte el pozo con tierra firme. "Ahí tenemos una alternativa que es Sirius que podría entrar en 36 meses, pero si todos nos ponemos de acuerdo como país podríamos cumplir ese cronograma y no tener demoras", afirmó.Escuche aquí la entrevista:
La polémica relacionada con la captura de Santiago Peña, tras el colapso de Ueno Bank, sigue generando interrogantes. En medio de las investigaciones, durante un allanamiento a la mansión de verano del expresidente paraguayo, las autoridades encontraron una bóveda oculta detrás de una pared falsa.El inmueble, ubicado en San Bernardino, a unos 50 kilómetros de Asunción, fue allanado el domingo 8 de noviembre de 2026, en el marco de las investigaciones por las presuntas irregularidades relacionadas con Ueno Bank. Los fiscales y agentes de Policía llegaron hasta una puerta blindada, pero no consiguieron acceder al espacio que se encontraba detrás.Durante el operativo, las imágenes difundidas por la Fiscalía y medios paraguayos mostraron un pasillo que conduce desde una de las habitaciones hasta el acceso a la bóveda. Al finalizar el procedimiento, las autoridades todavía no habían podido ingresar al recinto. Por lo tanto, se desconoce qué hay en su interior.¿Cómo es la bóveda encontrada en la mansión de Santiago Peña?De acuerdo con información publicada por ABC Color, la puerta tendría un sistema de seguridad de nivel siete y requeriría varios mecanismos de autenticación, entre ellos reconocimiento facial o del iris, huella dactilar, clave numérica y llaves especiales.Medios paraguayos señalaron que la tecnología podría ser de procedencia israelí. Sin embargo, esa información no ha sido confirmada oficialmente.Además, circuló un video que mostraría el espacio durante la construcción de la vivienda. En las imágenes se puede ver el interior de la estructura antes de que terminaran las obras, pero su autenticidad todavía no ha sido verificada.La Fiscalía confirmó el allanamiento, aunque en su comunicado no hizo referencia específica a la bóveda. Según informó ABC Color, los investigadores regresarían a la propiedad para continuar con la inspección de la vivienda.¿Cómo planean abrir la bóveda de la mansión de Santiago Peña?Los investigadores todavía no han definido cómo ingresarán a la bóveda, ubicada debajo de una piscina y detrás de una pared falsa. La estructura tiene una puerta de acero blindado y un sistema de seguridad que, según las primeras hipótesis, podría requerir reconocimiento facial, datos biométricos o una clave alfanumérica. Entre las posibilidades está contactar al fabricante mediante una orden judicial o recurrir a personas que conozcan el mecanismo, incluida la exesposa del expresidente. Sin embargo, no se ha confirmado que ella vaya a participar ni que Peña sea trasladado al inmueble para facilitar la apertura.Sobre el valor de la propiedad, la periodista Fátima Garay informó para Noticias Caracol que la tasación superaría el millón de dólares. Además, señaló que Peña habría solicitado un préstamo de cerca de 470.000 dólares a Ueno Bank para construirla, con cuotas aproximadas de 31.000 dólares. Hasta ahora, las autoridades no han establecido qué contiene la bóveda ni si había objetos en su interior antes del allanamiento.¿Por qué investigan la mansión de Santiago Peña?La residencia es uno de los puntos centrales de la investigación contra el exmandatario. Según el acta de imputación, en mayo de 2024, cuando Peña todavía era presidente, habría recibido dos préstamos simultáneos de Ueno Bank por 3.548 millones de guaraníes, equivalentes a cerca de 600.000 dólares, para financiar la construcción de la propiedad.Las cuotas mensuales habrían sido de 239 millones de guaraníes, una cifra que, de acuerdo con los fiscales, equivalía a seis veces su salario presidencial.La vivienda tuvo un costo declarado de 7.750 millones de guaraníes, distribuidos entre el terreno, la construcción y el equipamiento. La propiedad cuenta con un lote de 5.012 metros cuadrados y una superficie construida de 1.015 metros cuadrados.Peña fue imputado por presunta lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, como autor. La Fiscalía también investiga posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos depositados en la entidad financiera.El expresidente niega los cargos y permanece en prisión preventiva en Asunción. Hasta el momento, su defensa no se ha pronunciado sobre el hallazgo de la bóveda.
La Unión Sindical Obrera (USO) rechazó las propuestas que plantean vender Ecopetrol como una salida a la crisis fiscal y una alternativa para evitar nuevas reformas tributarias. En un comunicado de su Junta Directiva Nacional, la organización sindical advirtió que entregar la empresa a manos privadas sería “traicionar a la patria” y aseguró que el déficit fiscal no puede solucionarse vendiendo uno de los activos más estratégicos y rentables del país.Para sustentar su rechazo, la USO señaló que la discusión debe tener en cuenta el panorama energético internacional, marcado por las tensiones y los conflictos alrededor del control de las reservas de petróleo y gas y de los mercados de distribución de energía. Recordó que más del 80 % de la canasta energética mundial sigue dependiendo de los combustibles fósiles y puso como ejemplo a empresas estatales que tienen un papel protagónico en el sector, como Saudi Aramco, de Arabia Saudita; Sinopec y CNPC, de China; Rosneft y Gazprom, de Rusia; Petrobras, de Brasil, y Equinor, de Noruega. "Ecopetrol como grupo empresarial aportó a la nación en los últimos 4 años más de 180 billones vía impuestos, dividendos y regalías; adicionalmente y como ha sido histórico Ecopetrol reemplaza en los territorios con inversión social a los Gobiernos nacional, departamentales y locales", afirmó la USO en su comunicado. También resaltó su papel en la generación de encadenamientos productivos que abarcan desde la exploración y producción de hidrocarburos hasta su transporte, refinación y comercialización.Otro de los argumentos de la USO tiene que ver con la dependencia de Colombia de las importaciones para abastecer su consumo energético. Según las cifras presentadas por el sindicato, el país importa el 41 % del gas natural y el 43 % de las gasolinas que consume, así como el 20 % del diésel. Además, debe traer del exterior el 12 % del crudo liviano que necesita la refinería de Barrancabermeja.Para la organización, estas cifras evidencian una crisis energética que atribuye, entre otros factores, a las políticas de desestímulo a la inversión en petróleo y gas, los bajos resultados de la exploración y la falta de implementación de tecnologías para aumentar la recuperación de hidrocarburos en campos maduros. También señaló los retrasos en la entrada de proyectos de gas offshore, la postergación de los pilotos de yacimientos no convencionales en el Magdalena Medio y la amenaza de un nuevo fenómeno de El Niño.El sindicato advirtió que esta situación se presenta incluso cuando las dos refinerías del país han alcanzado eficiencias importantes y operan al máximo de su capacidad de carga. "Ecopetrol se debe fortalecer en su negocio original para revertir la tendencia creciente de importaciones y así recuperar la seguridad en el suministro y garantizar la Soberanía energética del pueblo Colombiano; lo que jamás sería posible en manos de capitales privados", afirmó el sindicato.Teniendo en cuenta los motivos anteriores, la USO anunció que convocará a sus trabajadores, a las comunidades de los territorios petroleros y al país en general para defender la empresa y la soberanía energética. “La USO sin vacilación alguna convocará a su base trabajadora, a los territorios petroleros y al país en general a defender su soberanía energética y patrimonio público”, dicen en el comunicado. Finalmente, la organización sindical recordó que su historia está ligada a la creación de Ecopetrol. Según explicó, la huelga de 1948, impulsada por trabajadores y comunidades, permitió que la Nación asumiera el control de la industria petrolera que estaba en manos de la Tropical Oil Company, tras impedir la prórroga de su contrato.También recordó que en 2004, durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, protagonizó una huelga que calificó como patriótica para frenar un nuevo intento de privatización de la empresa. Ahora, 22 años después, cuestionó que el expresidente y su bancada política vuelvan a plantear la entrega de Ecopetrol a los privados.
Cuatro presuntos integrantes de las disidencias de las Farc, pertenecientes a la estructura 33, fueron capturados y un menor de edad recuperado durante una operación conjunta del Ejército y la Policía Nacional en la vereda La Perla, en el municipio de Tibú, Norte de Santander.El operativo fue desarrollado por tropas de la Segunda División del Ejército Nacional. Las cinco personas quedaron a disposición de las autoridades competentes para los respectivos procedimientos judiciales y, en el caso del menor, el restablecimiento de sus derechos.Entre los capturados se encuentra alias Eddy, señalado por las autoridades como segundo cabecilla de escuadra de la comisión Roque González de las disidencias. También fueron detenidos alias Franyer, quien sería sicario de esta estructura, y alias Franklin, señalado de desempeñarse como dronista y sicario.Durante el procedimiento, las autoridades incautaron tres pistolas, un arma larga, un cañón de fusil AK-47, una culata, dos cerrojos, un supresor de sonido, una mira telescópica, un bípode de precisión, siete proveedores y abundante munición de diferentes calibres."En materia de comunicaciones fueron encontrados tres radios, dos cargadores de dos metros, diez teléfonos celulares y tres brazaletes alusivos a esta organización armada ilegal", afirmó el general Néstor Nieto, comandante de la Trigésima Brigada del Ejército. Uno de los resultados más importantes de la operación fue la incautación de material explosivo. Según el reporte militar, fueron encontrados aproximadamente 938 metros de cordón detonante, cinco kilogramos de pentolita, cuatro detonadores, dos tarros de pólvora negra y dos cilindros de 20 libras."Además, personal especializado destruyó de manera controlada una granada y cinco dispositivos explosivos improvisados. Uno de ellos, por sus características, se asemejaba a una mina antipersonal, mientras que los otros cuatro podían ser utilizados como trampas explosivas", manifestó el coronel Gonzalo Esteban Blanco, comandante de la Policía Norte de Santander. En el operativo también fueron recuperados una camioneta y una motocicleta que, de acuerdo con los registros judiciales, figuraba como hurtada. Según las autoridades, estos automotores presuntamente eran utilizados para movilizar integrantes de la organización, armamento e insumos.Con este resultado, la Fuerza Pública reportó una nueva afectación a las capacidades armadas, logísticas y explosivas de las disidencias de las Farc, que mantiene presencia en esta zona del Catatumbo.