El presidente Gustavo Petro ha sostenido una apretada agenda de trabajo este miércoles, 29 de noviembre, previo a su viaje a Dubái donde participará de la cumbre de líderes de Estado en el marco de la Conferencia de Cambio Climático COP28.Antes de salir a su nuevo viaje internacional, el mandatario se reunió con expertos en criptomonedas y aseguró que explora la posibilidad para que las mismas puedan ser usadas en diferentes programas del Gobierno como la reforma agraria y la economía popular.“Estuvimos con Samson Wing, Diego Gutiérrez, Raúl Velásquez, Edwin Rivas, Cristian Quintero y Mauricio Tovar, expertos en toda América del Blockchain. Abrimos varios campos de trabajo”, aseguró Petro.El primer punto que se analizó en la reunión es el camino para que todo el sistema de facturación de salud puede manejarse en tiempo real bajo programaciones blockchain, lo mismo que las propiedades en manos de la Sociedad de Activos Especiales y la titulación para la restitución de tierras en el país.Pero fue más allá y aseguró que sería viable el uso de las criptomonedas en la economía popular a través de las cooperativas de trabajo.“Como puede haber un uso de bitcoin en manos de cooperativas de trabajo libre asociado en la economía popular”, aseguró sobre otro de los temas de la reunión que se cumplió hacia medio día en Palacio de Nariño.Le puede interesar:
El Gobierno nacional prepara una decreto para meterle 'esteroides' y dientes a las zonas de reserva campesina con el propósito de acelerar la reforma agraria y el desarrollo rural en ellas. La figura existe desde hace años, pues hay 11 zonas de reserva constituidas sobre 1.2 millones de hectáreas en zonas, pero el Gobierno cree que el instrumento hoy es endeble y simplemente no se usa, no tiene impacto.Según la ley, el Gobierno puede limitar la tenencia de tierras en esa zona a cierto número de hectáreas y adquirir los excedentes a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), pero eso simplemente no ocurre. El otro problema es que los planes de desarrollo para esas regiones se están quedando en simples papeles porque no hay doliente que los saque adelante y es parte de lo que quiere resolver el Gobierno.El proyecto de decreto dice que la ANT no solo pondrá un límite a la tierra que alguien puede en las zonas de reserva, sino que adquirirá la tierra que se pase de ese límite bien sea a través de la compra por negociación directa o por los procedimientos agrarios. Aunque el Gobierno ha dicho que eso no implica que se vaya a usar la expropiación o la extinción de dominio de forma masiva, esas sí son herramientas que entrarían dentro de lo que se puede hacer. Hasta las notarías estarán enteradas de que no se pueden escriturar más allá de cierto número de hectáreas a una misma persona o empresa.“La ANT priorizará programas de adquisición directa y dotación de tierras a favor de población campesina, para la producción de alimentos en ZRC, conforme lo dispuesto en el literal c) del artículo 31 de la Ley 160 de 1994 y el decreto 1623 de 2023 con el objeto de adquirir predios rurales para dotar de tierra a campesinos(as) sin tierra o que tengan cantidades insuficientes. Igualmente, la ANT deberá adelantar, de manera obligatoria, preferente y pronta los procedimientos agrarios a que haya lugar dentro de las ZRC”, dice el proyecto.Cambios más allá de la tierraLa tierra no es suficiente para que el campo produzca y esa es una de las ideas centrales detrás de las ZRC. La idea es que las comunidades, asociaciones y Gobierno se pongan de acuerdo en las inversiones que se van a hacer y se llegue con programas del Estado mucho más rápido; por ejemplo, el Banco Agrario ya está dando créditos con tasas más bajas a quien está en una zona de reserva campesina y la ADR (Agencia de Desarrollo Rural) está reduciendo los trámites para acceder a programas específicos de desarrollo.Otra propuesta es que las ZRC contemplen también inversiones de otros sectores distintos al agrícola y que incluso se contemplen aportes voluntarios desde el sector privado y los gremios. Hay unas 31 solicitudes de constitución de nuevas zonas de reserva en la ANT.Le puede interesar
El Gobierno nacional radicó un proyecto de ley que regula los incrementos que puede tener el impuesto predial en aquellos municipios en los que el catastro estaba desactualizado desde hace más de cinco años. En estos predios, el predial podría subir máximo 300 %.El contexto de esta medida es la reforma agraria del Gobierno Petro. En el marco de esta y del acuerdo de paz con las Farc, el Gobierno se comprometió a actualizar el catastro en todo el país y eso es lo que está haciendo en Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Sin embargo, al aumentar el catastro sube automáticamente el predial (que es un porcentaje del catastro) y hay lugares del país, como Auraquita (Arauca) donde el catastro no se actualizaba desde hace 20 años y ahí se puede disparar el impuesto.La ley, según el Gobierno, busca mitigar ese impacto estableciendo una actualización más lenta para los predios de menor valor y una actualización más rápida a las fincas y terrenos más valiosos. En ningún caso el valor aumentará más del triple.¿Va a subir el predial en Bogotá? Sí, como todos los años, pero no le va a subir 300 % porque en esta ciudad (y en muchas otras) el catastro se actualiza con frecuencia.Además, este proyecto de ley incluye una disposición para que en todo el país se pueda pagar por cuotas como ya ocurre en Bogotá; la propuesta deberá surtir cuatro debates en el Congreso.Le puede interesar:
Hace unos días le llovió palo al Gobierno nacional por una propuesta de decreto para que se promoviera la movilización en torno a la reforma agraria con plata del presupuesto nacional, pero la realidad es que, aún sin el decreto firmado, eso ya está ocurriendo. Solo en la Agencia Nacional de Tierras el gasto en eventos (la mayoría relacionados con reforma agraria) llegará a los 27.000 millones de pesos y otras entidades del Gobierno también reportan pagos relacionados con este tema.La Agencia Nacional de Tierra, ANT, fue una de organizadoras de las asambleas populares campesinas que se hicieron en septiembre como preparación a la "gran movilización campesina" del 27 de ese mes. De acuerdo con una carta de Plaza Mayor Medellín, el 23 de septiembre ya se habían agotado todos los recursos del contrato de logística y no era posible atender solicitudes de nuevos eventos. Eso quiere decir que la ANT se gastó los 3.948 millones de pesos de la adición de ese contrato en la realización de eventos solo entre julio y el 23 de septiembre.Ese mismo día, 23 de septiembre, la ANT firmó un nuevo contrato con RTVC por 15.000 millones de pesos para la producción de nuevos eventos, entre ellos las asambleas campesinas, según la justificación de ese nuevo contrato.La mayoría de los eventos de la ANT están directamente relacionados con la reforma agraria. Uno de ellos fue la entrega de la título a beneficiarios de la reforma en una hacienda en San Marcos, Sucre, que contó con la presencia del presidente Gustavo Petro. Según la factura de Plaza Mayor, ese día se gastaron unos 32 millones de pesos para el transporte en bus de 182 personas desde distintas veredas y otros 134 millones en logística.Los gastos de otras entidades del Estado en relación con eventos para promover la reforma agrariaOtro de los eventos emblemáticos de este año fue el lanzamiento del nuevo sistema de reforma agraria en Sincelejo, Sucre. Donde también estuvo el presidente Gustavo Petro. Según el documentos del Ministerio de Agricultura, ese evento costó 192 millones de pesos.Ese mismo día y para ese mismo evento Finagro pagó, en otro contrato un copatrocinio de 19 millones de pesos para instalar vallas y pendones en el Estadio.Al Ministerio de Agricultura se le había acabado en septiembre la plata del contrato con Plaza Mayor (por 2.000 millones de pesos) para hacer eventos y tramitó una adición. En la justificación de esa adición dice que se necesitaban 74 millones de pesos para la realización de las asambleas populares campesinasLe puede interesar
La Corte Constitucional fallará sobre un emblemático caso conocido popularmente como la revictimización de los legítimos propietarios de las tierras del Magdalena.Lo que está en juego con esta decisión es la supervivencia de la ley de tierras. En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, Rodrigo Pombo, abogado y columnista y Óscar Javier Parra, director del medio Rutas del Conflicto, un medio que trabaja cubriendo temas relacionados con la reconstrucción de los hechos del conflicto armado y las violaciones de derechos humanos, entregaron detalles sobre lo que el fallo significa.“No se puede revictimizar a nadie, pero tampoco se puede revictimizar a los propietarios y poseedores de buena fe que han adquirido las tierras con legitima conducta y dentro de la legalidad, esa es mi tesis que hay que equilibrar a las dos víctimas”, señaló Pombo.Por su parte, Óscar Javier Parra aseguró que desde Verdad Abierta han trabajado este tipo de casos y piden no revictimizar ni llamar invasores.“Me parece tremendamente victimizante llamarlos invasores. Los varios campesinos desde los ochenta han intentado acceder a esos precios en los noventa finalmente pues entran a uno de esos precios inclusive acompañados de la mano del estado pensando un poco en los procesos de reforma agraria que en muchos casos partían digamos de entrar a tierras que eran privadas mientras que el estado negociaba con esos privados”, dijo Parra.A continuación, el debate sobre el caso:
Hasta la capital Antioqueña llegaron delegaciones de todas las subregiones del departamento y del Chocó para acompañar la marcha en la que participaron centrales obreras, docentes, campesinos e indígenas.Según la Personería Distrital, alrededor de 2 mil personas se encontraron en diferentes puntos del centro de Medellín para poder las reformas propuestas por el Gobierno de Gustavo Petro, como lo dijo Carlos Iván Lopera, coordinador Agencia Nacional de Tierras en Antioquia."El objetivo de esta movilización reforzar y reactivar toda la propuesta de reforma agraria, los comités de Reforma Agraria a nivel local y apoyar al pueblo campesino que es tan importante", explicó Lopera.La marcha arrancó en el parque obrero, del barrio Boston, con las centrales obreras, de allí salieron a encontrarse con los docentes de la Asociación de Instituto respecto de Antioquia, Adida, para seguir hasta el teatro Pablo Tobón Uribe donde los esperaban Campesinos e Indígenas y llegar juntos a hacer un plantón en el Parque de las Luces en el que se presentaron grupos artísticos de música, baile y trova pertenecientes a las delegaciones participantes.Finalmente, durante el plantón, la Agencia Nacional de Tierras en Antioquia entregó 21 títulos de tierras a 18 mujeres y 3 hombres, equivalentes a 292 hectáreas, ubicadas en Chigorodó, Cocorná, El Bagre, San Carlos, San Luis y Granada.Le puede interesar:
“Yo voté por Petro y voté porque quería un cambio”, dice convencido Teodoro Durán. Él es uno de los cientos de campesinos de la vereda La Arenosa en Arauquita (Arauca) que está esperando que la reforma agraria le traiga un título sobre sus tierras y apoyo para sacarlas adelante.Durán y cientos de campesinos más llevan semanas viendo mapas de Arauquita, en medio de la actualización del catastro que está haciendo el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, porque no quieren quedarse por fuera del mapa. A la reunión nadie lleva escritura, en su lugar llegan con cartas que dicen de quién eran las fincas y a quién se las vendieron y señas de lo que ha pasado en los últimos 20 años: "Que ahí ya no vive esta señora, sino este otro, que esa finca no acaba ahí, sino más para acá, que aquello se lo repartieron en tres".El IGAC les pidió que midieran sus tierras usando su celular, pero como la mayoría son adultos mayores y se enredan con "esos aparatos" hay un muchacho de la vereda rebuscándose unos pesos a cambio del servicio."Esta mañana me tocó pasar un río con agua a la cintura y así toca. Me ha tocado pasar montañas con monte hasta el cuello y casi todas las fincas están enmontadas”, cuenta Camilo Camargo.Los campesinos quieren salir en ese mapa, aunque son conscientes de que eso va a disparar el costo del impuesto predial. Tanto sacrificio es porque su expectativa es enorme."Si el Gobierno con la reforma agraria dijera: vamos a ayudar a estos campesinos que están sembrando cacao, que están sembrando plátano (...) Vamos a apoyarlos con los incentivos para los herbicidas, para los fungicidas, vamos a ayudarlos… ¿Cómo fuera de bonito, no?", dijo Durán haciendo cuentas de que sus árboles de cacao serán los que le den la pensión.Valerio Monsalve también está ilusionado con la reforma agraria. Orgulloso, cuenta cómo hace 8 años lideró la invasión de unas tierras de la petrolera Sierracol que no se estaban usando y logró un acuerdo con la compañía para que ellos usaran ‘la cápita de arriba’, mientras los pozos sacan el gas y el petróleo a unos de 3 kilómetros bajo la superficie. Gracias a ese pacto de amistad, hoy 200 familias siembran cacao, plátano y muchas cosas más."Estamos muy felices con esto del IGAC y con la Agencia Nacional de Tierras porque desde que desapareció el Incora ninguna otra entidad había venido a hablarnos de titulación”, dice Valerio Monsalve. “Es un beneficio para el país legalizarnos. Nosotros legalizados pagamos impuestos y nos beneficiamos porque vamos a obtener un título. Así sea una cuarta de tierra que tengamos es de nosotros. Es una cosa hermosa”, agregó.Arauquita es uno de los 108 municipios priorizados donde se está actualizando el catastro rural este año. Otro de los nombres famosos en la lista es San Carlos (Córdoba) hogar de El Ubérrimo. El catastro es apenas uno de los pasos de la reforma rural con la que este Gobierno ha prometido entregar 1.5 millones de hectáreas de tierra fértil a los campesinos de aquí a 2026.El Gobierno convocó para este miércoles, 27 de septiembre, a los campesinos de todo el país a marchar pidiendo la reforma y lleva un mes en asambleas preparatorias. En Arauquita los sindicatos convocaron a marchas y pagaron pauta en la emisora local. Sin embargo, ni Valerio ni Teodoro ni sus vecinos tienen planes de salir. En el campo, siempre hay mucho por hacer.
La Colombia rural "ha resuelto la mayoría de sus conflictos a balazos. Esa es una de las causas de la guerra en el país", dijo el exguerrillero y ahora congresista 'Pablo Catatumbo', quien pidió la palabra para celebrar la radicación en el Congreso de dos proyectos de ley del Gobierno que buscan darle forma, recursos y dientes a la jurisdicción agraria en Colombia.Los dos proyectos son una ley estatutaria y otra ordinaria que crean juzgados de tierras en Colombia y cinco tribunales de segunda instancia. El objetivo es que pleitos que antes tardaban décadas (y por eso terminaban resueltos a las malas) puedan atenderse "casi tan rápido como una tutela".Además, el Gobierno nacional quiere terminar de "ajustar" lo que hace falta para tener leyes claras en el marco de la reforma agraria y crear las bases de un ‘estatuto agrario’ que ordene principios de la ley de tierras de 1994, pero también de normas que están sobre la mesa desde hace casi un siglo.“Lo que estamos diciendo hoy es: ordenemos en jueces que tienen conocimiento especializado y que tienen la capacidad de resolver prontamente todas esas discusiones. Tanto en lo sustancial como en el control judicial de la actuación administrativa del régimen agrario. Tenga usted la certeza de que ninguna persona con una decisión hoy de la Agencia Nacional de Tierras está carente de un recurso y lo que va a hacer esta jurisdicción es darle una respuesta más efectiva, especializada y eso que ha puesto de presente el ministro que es acortar decisiones que eran de décadas”, dijo la viceministra de Desarrollo Rural, Martha Carvajalino.Mediante el Plan Nacional de Desarrollo y algunos decretos, el Gobierno nacional quiere que la Agencia Nacional de Tierras resuelva asuntos como la extinción del derecho de dominio para acelerar la reforma agraria. Sin embargo, esas decisiones podrán ser discutidas y apeladas en la nueva jurisdicción.Por su parte, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, explicó que la jurisdicción costará unos 138.000 millones de pesos al año, que ya están asegurados, y que los primeros juzgados deberían abrirse al público aproximadamente en enero del 2024.Osuna explicó que las altas cortes podrán seleccionar los casos de juzgados y tribunales que mas les interesen para ‘sentar jurisprudencia’. Aunque el acto oficial de radicación estuvo abarrotado de congresistas de la coalición de Gobierno y el Pacto Histórico, según el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, tiene las firmas de 60 congresistas de casi todos los partidos políticos.Le puede interesar
El Gobierno nacional pidió a las asociaciones campesinas y a los campesinos interesados en la reforma agraria que se pongan en contacto con las entidades en sus departamentos para poder participar en el proceso de reforma en lugar de acudir a las vías de hecho.El Ministerio de Agricultura ha sido blanco de las críticas de varios gremios tras la publicación de una propuesta de decreto para promover la movilización campesina en torno a la reforma agraria. A las críticas de empresarios se sumó la reaparición de casos de invasión de tierras en algunas fincas y el bloqueo de las vías en Yotoco (Valle del Cauca) por parte de una asociación campesina que quiere que el Gobierno avance con la reforma agraria."No es un texto que convoque las invasiones de tierras y quiero aclarar una vez más que estamos en un gobierno que está atendiendo las necesidades (...) Estamos promoviendo los espacios para permitir esta participación y apostamos fuertemente a que sean los canales institucionales como los comités y asambleas campesinas los que nos permitan la articulación entre la sociedad civil y el Estado en los diferentes sectores de manera que se privilegien las vías del diálogo a las vías de hecho: no estamos convocando a las invasiones", dijo la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica.Mojica dijo además que la Policía y el Ministerio del Interior están atendiendo los casos de invasiones mientras que una comisión de funcionarios de la Agencia de Desarrollo Rural y la Agencia Nacional de Tierras viajaron a Yotoco para mediar con quienes bloquean la vía.El Gobierno espera entregar 1.5 millones de hectáreas a campesinos sin tierra de aquí a 2026 y para ello está poniendo a andar el sistema de reforma agraria.Aunque el decreto sobre movilización campesina no ha sido firmado por el presidente Gustavo Petro el Gobierno ya está promoviendo la movilización desde la ADR y la ANT quienes tienen a su cargo la organización de 24 asambleas populares campesinas este mes, que serán una preparación para la 'Gran Movilización Campesina' el 27 de septiembre.En paralelo la ministra Mojica y su equipo tienen mesas de diálogo con Fedegan y con la Sociedad de Agricultores de Colombia en medio de la reglamentación de la reforma. Esas mesas no solo abordan la propuesta de movilización campesina sino también la que busca fortalecer la extinción del derecho de dominio.Le puede interesar
La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, y el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, se sentaron en una mesa para buscar acercamientos tras la ‘ruptura’ de la semana pasada por la publicación de dos propuestas de decreto del Gobierno: una para promover la movilización campesina y otra para fortalecer el proceso de extinción de dominio de tierras.“Mantenemos el acuerdo que tenemos con Fedegán y con el doctor Lafaurie de compras de tierras, y de la mano de la compra de tierras, un esquema para el sector ganadero para el arreglo silvopastoril y la ganadería sostenible”, dijo Mojica en un receso de la reunión.De hecho, el primer acuerdo es que se va a seguir un camino de diálogo sobre los controvertidos decretos, activando la mesa de diálogo incluida en ese acuerdo. Este será acompañado por la comisión de paz del Senado, donde hay figuras como Paloma Valencia, del Centro Democrático, e Iván Cepeda, del Pacto Histórico.“Creo que el apoyo que va a tener la comisión de paz va a ser clave para poder concertar dos decretos que evidentemente han puesto en riesgo la propiedad privada. Eso lo vamos a discutir de la misma manera en que vamos a discutir las movilizaciones”, dijo, por su parte, el presidente de Fedegán, José Felix Lafaurie.Desde el Gobierno insistieron en que la apuesta es la venta voluntaria de tierras al valor de avalúo comercial y desde Fedegán en que las brigadas solidarias solo son un gesto de solidaridad.En la mesa de diálogo estuvieron sentados los presidentes de la Agencia Nacional e Tierras, Gerardo Vega, y de la Agencia de Desarrollo Rural, Luis Higuera. Ambas entidades están organizando las asambleas populares campesinas y los comités de reforma agraria en todo el país.La ANT, además, ha sido blanco de críticas de Fedegán por la ‘demora’ en la compra de tierras que ya han sido ofrecidas al Gobierno desde que comenzó el acuerdo con los ganaderos.En la foto no aparece ningún otro gremio, pero esta mañana la ministra ‘reactivó’ el diálogo con la Sociedad de Agricultores de Colombia y se sentó con su junta directiva. En la SAC están representados la mayoría de los gremios de la producción agrícola (pollo, pescado, frutas, arroz, cacao, entre otros).Otro gran ausente de la foto es la Anuc, la Asociación de Usuarios Campesinos que hoy representa a quienes serían los receptores de tierra en esta reforma agraria.Puede ver:
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) aseguró que las vacunas utilizadas en Colombia para frenar la expansión del COVID-19, fueron incluidas en la lista de uso en emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS).Estas vacunas tienen resultados de fase 1-3 al momento en que la OMS otorgó la precalificación con el respaldo del comité científico asesor para vacunas e inmunizaciones que se utilizaron durante la pandemia.“El objetivo es lograr que los medicamentos, las vacunas y las pruebas diagnósticas estén disponibles lo más rápidamente posible para hacer frente a la emergencia, respetando al mismo tiempo criterios estrictos de seguridad, eficacia y calidad. La evaluación sopesa la amenaza que supone la emergencia, así como el beneficio que supondría el uso del producto frente a los posibles riesgos”, precisó la OPS.La OPS añadió que la vacunación redujo el impacto en muertes y hospitalizaciones por COVID-19 en el mundo y siguen siendo una herramienta clave para evitar la enfermedad grave, especialmente en grupos prioritarios de alto riesgo.Le puede interesar
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Usaid, trabaja de la mano con Fundación Panamericana para el Desarrollo, Fupad, en el programa 'Somos comunidad'. El objetivo de esta iniciativa es mejor la unidad social y fortalecer los sistemas de seguridad local en materia de consumo de drogas.Una de las metas relevantes del programa 'Somos comunidad' es la prevención del crimen y el consumo de sustancias psicoactiva. De acuerdo con los líderes del programa, esto afecta el consumo sistemático, es decir, el consumo descontrolado de estas sustancias llevando al joven a olvidar su proyecto de vida y haciendo que se acerquen más a la ilegalidad. Por lo que están trabajando en las zonas más afectadas por el conflicto en diferentes departamentos del país, entre ellos, Norte de Santander, seguido de Bolívar y Sucre.Joshua Mirott, director del programa, aseguró que quieren trabajar a la par de instituciones del Estado para que entre todo puedan prevenir el consumo de este tipo de sustancias: "Lo que queremos con estas iniciativas es juntar al Estado y a la comunidad para que construyan soluciones en prevención de estos factores de riesgo que pueden afectar al territorio", dijo.Estas estrategias fueron socializadas en un foro que se realizó en la ciudad de Bogotá. Allí, la directora de Política de Drogas del Ministerio de Justicia, Gloria Miranda, dijo que el consumo de drogas es variado, tanto legales como ilegales; por ejemplo, es lícito el alcohol, el cigarrillo; mientra que por lo ilegal el consumo de marihuana es lo que más se presenta en el país, según un estudio realizado por el Observatorio de Drogas de Colombia en 2023“Otro dato muy importante de este informe es que el consumo de cualquier sustancia ilícita como marihuana, cocaína, bazuco, éxtasis o heroína ha disminuido entre 2016 y 2022 pasando de un 8.8 % al 4.8 %", detalló Gloria Miranda, directora de Política de Drogas del Ministerio de Justicia.La directora mencionó que están trabajando en la nueva política de drogas, que fue lanzada en el mes de octubre, donde uno de los objetivos es la prevención selectiva e indicada en niños, niñas, adolescentes y jóvenes.Según el Observatorio de Drogas, la edad de inicio del consumo de sustancias psicoactivas en población escolar es de 13 años, mientras que en la población general es de 19. Asimismo, se debe seguir reforzando la prevención selectiva e indicada, el consumo de sustancias en escolares, en jóvenes es del 4.8 %, es decir, la mayoría de los escolares no está consumiendo sustancias psicoactivas.Le puede interesar
La Corte Constitucional ratificó este jueves, 30 de noviembre, las facultades del presidente Gustavo Petro para dialogar con grupos armados organizados al margen de la ley.Con esta decisión del alto tribunal se reiteran los términos jurídicos de las conversaciones con estructuras criminales que contempla la ley 2272 de 2022, conocida como ley de la paz total.Sin embargo, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez salvó su voto pues considera que es inconstitucional incorporar en una sola ley el diálogo de paz con estructuras como el ELN, que tienen un carácter político, y organizaciones criminales con el Clan del Golfo dedicadas al narcotráfico.Es indispensable distinguir entre unos y otros grupos, señaló el magistrado Ibáñez al explicar su salvamento de voto, pues “esta distinción no sólo es relevante para establecer su estatus jurídico, sino para determinar cuáles son las normas constitucionales aplicables en uno y en otro caso”.Según el magistrado, la paz total del Gobierno Petro trae un nuevo concepto que incorpora tanto lo referente a las negociaciones con grupos armados con los que se adelanten diálogos de carácter político y acercamientos o procesos de negociación con grupos armados organizados del crimen de alto impacto, con el fin de lograr su sometimiento a la justicia y su desmantelamiento.A juicio del magistrado Ibáñez, "a menos que se tramite una reforma constitucional no es posible asimilar un proceso de paz con un proceso de sometimiento a la justicia, cada uno de los cuales tiene su propio marco jurídico”."La definición y alcance de la paz total, en la que hasta ahora no se había propuesto adelantar procesos de paz con los carteles del narcotráfico se hace desde una ley, sin haberse modificado la Constitución, lo cual no corresponde con el marco jurídico actual", dijo.El magistrado Ibáñez sostiene que aplicar el mismo procedimiento a dos tareas que son sustancialmente diferentes, como son la negociación política y el sometimiento a la justicia es inaceptable en términos constitucionales.Le puede interesar
La junta directiva de Ecopetrol presentó el plan de inversiones presupuestado para 2024: entre 23 y 27 billones de pesos. Esto implica una reducción de la misma proyección que hizo la compañía para el presente 2023, que fue un monto estimado de entre 25.3 y 29.8 billones de pesos.En la ruta plasmada para 2024, Ecopetrol dice que invertirá cerca de 19.3 billones de pesos para lograr niveles de producción rentables entre 725 y 730 mil barriles por día, muy similar a la que se reseñó en el plan de 2023 que fue 720 y 725 mil barriles."El 42 % de las inversiones estarán orientadas a los proyectos de la transición energética y la descarbonización, buscando crecer en esos negocios de soluciones de bajas emisiones. La incorporación, además de un plan riguroso de eficiencias, ahorros y el control del gasto para el periodo de los tres años del 2024 al 2026 por cerca de 7 billones de pesos”, detalló Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.En medio de esa tarea que hace parte de los proyectos más impulsados por el Gobierno nacional, la compañía complementó que las inversiones en gas se estiman entre 3,1 y 3,5 billones de pesos en 2024 principalmente en el Piedemonte Llanero y Costa Afuera en el Caribe Colombiano, para producir alrededor de 135.000 barriles de petróleo equivalente por día.Por su parte, ISA, invertirá alrededor de 5,9 billones de pesos, de los cuales 4,9 billones de pesos estarán destinados al negocio de transmisión eléctrica. El objetivo es que, en 2026, la red aumente en aproximadamente 2.500 kilómetros.Roa agregó que el plan incluye cerca de 11 billones de pesos en proyectos y actividades de sostenibilidad asociados al cambio climático, la tecnología y la innovación.“Ecopetrol sigue y seguirá demostrando su gran capacidad operativa, su gran talento en el equipo de trabajo y su gran compromiso con el país y con sus accionistas”, puntualizó el directivo.Le puede interesar
En la última edición de los Latin Grammy Colombia fue la principal protagonista. Andrés Cepeda, Karol G, Shakira, Carlos Vives e incluso un largometraje de Camilo fueron los premiados de la noche en España, que pasó a comienzos del mes de noviembre de 2023.Se trata de 'Primer Tour de Mi Vida', elaborado por 'Los hermanos Ríos' y que tuvo una duración de hora y 20 minutos, que ofrece una mirada profunda y emocionante al detrás de escena de la primera gira. En el clip se filmaron 48 ciudades y 64 conciertos que tuvo Camilo en esa gira."Nos sentamos con Camilo la primera vez y le hicimos la primera pregunta. Yo sentí un alivio increíble porque este hombre es un tipo muy profundo, con un universo entero dentro. Entrevistar a Camilo fue una experiencia única, y su profundidad como artista se refleja en cada frame del documental”, dijeron los hermanos Ríos.Camilo agradeció por este Latin Grammy en sus redes sociales y se lo dedicó a Colombia, pues, según él, todos hicieron parte del video por ende del premio también, que espera sea el primero de muchos."Nos llevamos el Latin Grammy por el documental “El Primer Tour de mi Vida”!! Y se sintió diferente a haber ganado los anteriores!!! Se sintió como que le hubieran dado el premio a TODA LA TRIBU, porque al final, son ustedes los protagonistas. Estar anunciando la gira del año que viene justo cuando nos dan un Grammy por la gira anterior es como WOW, un círculo completo”, dijo.Le puede interesar
