Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire reveló un estudio de la Contraloría General de la Nación, en el indica que la SAE no tiene un inventario material y que el existente está desactualizado. A demás, según el informe, la entidad no sabe dónde están los bienes que están a su nombre.Según la Contraloría, estos procesos pueden tardar hasta 20 en años en la Fiscalía para esclarecerse y que cada proceso le cuesta al país a rededor de 60 millones al año.Daniel Rojas, director de la SAE, habló de lo revelado por Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, que indica que esa entidad no cuenta con un inventario real.“Sí es cierto, digamos que hace parte del informe que di en el Congreso de la República la semana en el que fui citado a debate. La realidad del inventario de bienes con el que nos encontramos, pues determina que realmente la entidad no tiene conocimiento certero del inventario material que supuestamente tenemos en los papeles la entidad”, dijo.Según Rojas, desde el momento que llegó a la entidad, no había un inventario transparente y real.“Desde que empecé el empalme en la entidad ha sido una preocupación mía y de mi equipo no contar con un inventario transparente y un sistema informativo, lo he puesto en conocimiento de la Fiscalía en las reuniones que sostuve con la fiscal delegada. Desde el momento en el que yo me posicioné, lo primero que he hecho es pedir la cita con la Contraloría General de la República para expresarle mis preocupaciones porque no conocía el informe, además no ha sido liberados”, explicó.El director de la SAE aseguró que, la entidad asume el estudio revelado por la Contraloría y trabajarán por ser cuota inicial de la política agraria.“Tenemos el peso sobre los hombros y lo asumimos. No estamos escurriendo el bulto, nosotros somos la cuota inicial de la política agraria de este Gobierno y tenemos pensado poner en uso de las economías campesinas indígenas y negras de este país”, afirmó.Por último, Rojas afirmó que, SAE, aunque sí está dentro de la política agraria, no es la entidad llamada a hacer la reforma agraria rural.“Frente a los propósitos de este Gobierno, el presidente Petro nos ha dicho en las reuniones que hemos sostenido es que SAE no es la entidad llamada a hacer la reforma agraria rural. Nosotros tenemos una instrucción del presidente de contribuir en la política agraria, pero la reforma agraria rural, les pertenece a las entidades del sector agrario”, sostuvo.Le puede interesar:
Este miércoles, Mañanas Blu cuando Colombia está al aire reveló un estudio de la Contraloría General de la Nación, oficialmente concluido el 22 de julio de 2022 y que tiene una extensión de 126 páginas, en el que queda claro que no existe un inventario real y que el existente está desactualizado. Adicionalmente, en muchos casos, nadie sabe dónde están los bienes.A la escandalosa incertidumbre, se suma que muchos procesos pueden tardar en resolverse en la Fiscalía o en los tribunales hasta 20 años y que cada proceso le cuesta al país a rededor de 60 millones al año.Datos escandalososEl mismo estudio revela datos escandalosos en el precio de los arrendamientos de los inmuebles en poder de la SAE. Según el reporte, en 2021 se alcanzó un recaudo de $106.468 millones.Sin embargo, no se entiende cómo la SAE calculó este valor porque la entidad no tiene registrado el avalúo comercial para el 77,43% de los bienes inmuebles; es decir, para 21.946 propiedades de un total de 28.343 reportadas.Lo peor es que hay casos en los que los avalúos, en su mayoría de casas y lotes, no superan los $100.000 pesos. Esto se evidenció en 88 registros que demuestran por ejemplo que una finca de 112 hectáreas está avaluada en $64.000 o que un lote con construcción de 780 m² está $4.300 pesos.En la larga lista de inconsistencias, por decir lo menos, un lote urbano sin construcción y en buen estado, de 99,48 m², aparece registrado por $1.318 pesos. Un garaje de 12 m² en buen estado, localizado en el sector de Unicentro Bogotá, aparece avaluado en $35.000.Todos estos casos evidencian que la información que aparece en el inventario no es confiable.Sin embargo, hay más datos escandalosos: con corte a diciembre de 2021, solo se había extinguido $2,14 billones de pesos que corresponden a 6.383 registros. Esto quiere decir que solo el 10,54% de los 60.562 registros que en total tiene la SAE surtieron proceso de extinción de dominio. La compleja realidad hace casi imposible la monetización de los bienes, para que puedan ser utilizados por el Gobierno en programas sociales.DepositariosEn cuanto al tema de los depositarios, la misma SAE incumple de acuerdo con el estudio en cuanto a sus políticas institucionales en materia de asignación de depositarios. Por ejemplo, cinco depositarios superaron en 2021 el tope de 600 bienes inmuebles establecido por la SAE.De acuerdo con el estudio, la propia SAE es depositaria de de 4.940 bienes; es decir el 17,43% del total de bienes inmuebles, pero hay otras empresas como Consultores Santo Domingo que administra 802 bienes, Andrés Mejía Cadavid 713 bienes, Sersigma SAS administra 696 bienes, Báltico Ingenieria SAS administra 686 bienes inmuebles y Inmobiliaria Alianza Group SAS 654 bienesDe ahí hacia abajo, en el listado, ya están dentro de las políticas de la SAE, de 600 bienes inmuebles; entonces, aparecen depositarios con esa cifra hasta 400 bienes en promedio.NegociazosEsa misma situación ocurre con las sociedades porque el 23% de sus depositarios o sea 24 en total, superaron el tope de cinco sociedades establecidas por la propia entidad.Por ejemplo, para 2021, Mario Ernesto Gómez Melo tenía asignadas 10 Sociedades; Numa Alonso Zambrano Suárez, tenía 9; Carlos Alberto Sánchez Escobar, Coempresa S.A.S. y Karim Perea Perea, tenían 8 cada una. En general, 24 depositarios o sea el 23% del total superaron las cinco sociedades asignadas.No obstante, tampoco es confiable pues muchos de los registros, de acuerdo con el estudio, contienen cifras distintas cada año sobre el mismo depositario.La elección de depositarios sí pareciera transparente, porque la SAE generó un sistema que selecciona de manera automática a los depositarios provisionales, previa inscripción en el Registro Único de Depositarios Provisionales de esa SAS. Los requisitos para la participación en las convocatorias públicas, de personas naturales y/o jurídicas interesadas, se hace mediante la plataforma tecnológica dispuesta por la SAE. Este aplicativo garantiza los principios de igualdad y transparencia según el informe, además de realizar el análisis de las solicitudes y la verificación de cumplimiento de requisitos mínimos.Cifras para llorarEl estudio de la Contraloria remata con unas cifras para llorar, las de los ingresos obtenidos frente a los recursos generados por la actividad ilegal y especialmente el narcotráfico. Según el informe, el peso de la economía ilegal, con base en cálculos de expertos, oscila entre el 1% y el 2,3% del PIB; es decir un estimativo de entre los 33 y los 78 billones de pesos en 2021. Por lo tanto, en tan solo ese año se recibieron 1.83 billones de pesos, que en el mejor de los casos representa el 5.4% de lo que en teoria mueve la economía ilegal en Colombia.Para rematar, se reportaron 273.523 millones de pesos de los 550.000 millones o sea el 50% de total sobre los cuales el control y seguimiento es inexistente.Asi las cosas el inventario consignado en el estudio a diciembre de 2021 es de 6.677 lotes, 5.082 casas, 3.743 garajes, 3.597 fincas, 3.282 apartamentos y 2.184 locales comerciales y 3778 correspondiente a otros inmuebles. Los bienes en su mayoría están ubicados en: Valle, 7.550; Antioquia, 4.369; Bogotá, 2.777; Cundinamarca, 1.684; Meta, 1.343; Córdoba, 1.318; Atlántico, 1.227; y 8.075 en otros departamentos del país.Conozca el estudio de la Contraloría acerca de los bienes de la SAE:
La Contraloría General de la República realizó un estudio sobre la gestión de la Sociedad de Activos Especiales SAE S.A.S. Revisó la productividad y rentabilidad de los recursos del Frisco, el Fondo para la rehabilitación, inversión social y lucha contra el crimen organizado; responsable de administrar los bienes especiales que se encuentran en proceso o que se les haya decretado la extinción de dominio.La revisión quedó plasmada en un informe de 126 páginas que conoció Mañanas Blu, en el que se desmenuza la gestión de la SAE de 2019 a 2021.El informe, fechado el 22 de Julio de, 2022 concluye algunos puntos preocupantes y más teniendo en cuenta que el gobierno Petro pretende entregarle todos estos bienes a quienes los necesiten; es decir, los bienes incautados hacen parte de la columna vertebral del punto uno del acuerdo de paz.Sobre el tema, se han pronunciado en días recientes la ministra de Agricultura, Cecilia López, quien habló de 7 millones de hectáreas y que se había iniciado con 600.000.También ha hecho referencia el senador Humberto de la Calle, exnegociador de paz con las Farc, así como el presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, quien considera que dichos se pueden usar porque es mucha tierra.Sin embargo, el problema surge por una de las conclusiones más contundentes de la Contraloría en el estudio, que por alguna extraña razón permanece guardado bajo llave por así decirlo, porque no se hizo público: es que la entrega del inventario de bienes por parte de la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes DNE a la Sociedad de activos especiales SAE, fue de manera formal documental y no real y material, lo cual implica, de acuerdo con la Contraloría, un desconocimiento del total de bienes, su ubicación, su avalúo y sobre todo, el estado físico en el que se encuentran realmente.Sin articulaciónA esto se suma que no existe articulación interinstitucional efectiva porque existen demasiadas entidades que participan en la ejecución de la política de extinción de dominio, esas instituciones del estado no cuentan con un sistema de información centralizado que permita hacer ágil el proceso de verificación de bienes, o por lo menos conocer lo que hacen las demás frente a cada bien.Entonces, cada entidad tiene su propio sistema de información, que no es compatible con las demás. Por ejemplo, la SAE usa SIGMA, la Rama Judicial SIERJU y la Fiscalía General usa el SPOA. Entonces una información es la que usted encuentra en Fiscalía, otra en la rama y otra en la propia SAE.Sin embargo, los líos no paran ahí: La figura de justicia premial, incorporada en el código de extinción de dominio desde 2017, que pretendía que en etapa de juicio el afectado negociara sentencia anticipada a cambio de la entrega efectiva de bienes, estaría siendo subvalorada de acuerdo con el informe, porque poco se aplica, siendo una herramienta útil para disminuir tiempos y costos procesales. Luego de 8 años de su expedición, durante el período 2019-2021 que es el que revisó la Contraloría, o sea en dos años, solo se presentaron 16 sentencias anticipadas.Demoras en procesos y corrupciónEl presidente Petro habló en Villavicencio sobre las demoras de los procesos y la corrupción que hay en muchos casos, pues la Contraloría junto con el Observatorio de Lavado de Activos y Extinción de Dominio de la Universidad del Rosario, promediaron un estimado de un costo procesal promedio para proferir una Sentencia y se encontró con que cada año de proceso le cuesta a los colombianos entre 26 y 60 millones de pesos de acuerdo a la ley por la que lo desarrollen (la 1708 de 2014 o la 793 de 2002) por proceso.Esto, para establecer la magnitud real, debería multiplicarse por los más de 1.000 procesos en curso que se pueden demorar entre 8 y 20 años en ser resueltos.Y como si fuera poco, hay que agregar que el Consejo Superior de la Judicatura de los 37 despachos que debe crear por ley, solo ha creado 15, o sea un 41%, lo que evidentemente limita el acceso a la justicia.Congestión judicialOtro tema importante que se evidencia es la congestión presentada tanto en la Fiscalía que, a corte de diciembre de 2021, estaba en 1.282 procesos activos. En la Rama Judicial para el mismo periodo de tiempo el Índice de Congestión Efectivo alcanzó el 72,07%, un porcentaje superior en 13,81 puntos al presentado por toda la administración de justicia que es del 58,26%. Esos porcentajes evidencian el desequilibrio presentado en relación con la cantidad de funcionarios designados para su trámite, mientras en la FGN se contaba con 78 Fiscales Especializados en Extinción de Dominio a nivel nacional, la Rama Judicial solo contaba con 15 jueces o magistrados, para esa misma especialidad.Sobre la entrega del inventario de bienes por parte de la DNE que desapareció después de que se evidenciara que era el fortín del partido Conservador y pasaron estos bienes a manos de la Sociedad de Activos Especiales SAE SAS el estudio asegura que no correspondió a una entrega real y material, se realizó en forma documental, lo que implicó desconocimiento del total de bienes, su ubicación, avalúo y estado físico. Lo peor que es que aún, ahora, luego de 8 años de haber recibido esos bienes, se siguen presentando casos, en 141 actas revisadas se relacionan 509 bienes sin aclarar.Inventario incompletoActualmente el inventario de los bienes incautados, tienen información incompleta y desactualizada. El 57,5% de los bienes inmuebles (16.283) no reporta estado físico, o sea no se sabe ni dónde ni cómo están.En total, 29.109 registros carecen de avalúo comercial o sea no existe peritazgo del precio en el 48% del total de los inmuebles, pero lo más grave, tampoco tienen depositario según el estudio, lo que conlleva a que no sea confiable la información, se dificulte su control y lo más grave, no se permita una adecuada administración.En resumen, en Colombia no se está cumpliendo el objetivo de que esos bienes sean productivos y rentables o por lo menos evitar su deterioro. Tampoco se puede contribuir con los programas sociales que es el fin último de la política de incautación de bienes, definida por el Gobierno.El presidente Petro afirmó que no hay políticas públicas con estos bienes, y el problema es que si las hay, pero no se aplican y al no existir un inventario real de bienes se concluye que la información de la SAE no es idónea, no aporta elementos reales para la acertada toma de decisiones, así́ como para el ejercicio de un control efectivo de los bienes que administra, lo que obviamente está generando corrupción y el incumplimiento de las principales funciones por las que la SAE fue elegida: “Elaborar y mantener actualizado el inventario de los bienes y velar por su correcta administración”.Así las cosas, se ponen en riesgo el cumplimiento del punto uno del acuerdo de La Habana para lograr la llamada paz total que proyecta el Gobierno nacional como su hoja de ruta.
El presidente Gustavo Petro aseguró, durante la reinstalación de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final, que para lograr la paz en Colombia es necesario adelantar una reforma del marco fiscal del país y priorizar la compra de tierras. Este lunes, en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, hablaremos de la meta del Gobierno de alcanzar una paz total, dando cumplimiento al punto uno del acuerdo de la Habana. ¿Logrará el presidente Gustavo Petro una reforma agraria para la paz total?Escuche a José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan, a la senadora Paloma Valencia y al congresista Humberto de la Calle, quienes presentaron sus miradas sobre el tema. “No me cuadran las cuentas que ha dado a conocer el presidente. Comprar tierras tiene ventajas, aleja el fantasma de la supuesta y fingida ola expropiatoria. Estoy de acuerdo con el presidente Petro, pero creo que es una cifra menor de la que se está haciendo pública”, sostuvo el senador Humberto de la Calle. "Fedegán acompañará al Gobierno. Petro se hizo elegir diciendo eso: ‘Voy a cumplir el acuerdo’. Soy de los que cree que Colombia será un país desarrollado cuando realmente desate la capacidad que tiene el sector rural", sostuvo el José Félix Lafaurie. "La cuestión no es si no ajustamos a los acuerdos de La Habana, porque sigo creyendo que son acuerdos ilegítimos que están viciados por el no que dimos los colombianos. No creo que un país deba concentrarse en un sector agrícola, que es tan mal negocio que países desarrollados lo subsidian, cuando tiene ad portas la tercera revolución de la automatización", declaró la senadora Paloma Valencia.
La ministra de Agricultura, Cecilia López, habló en Mañanas Blu acerca de los avances en materia de reforma agraria. La funcionaria aseguró que las valoraciones para la compra de tierras se definirá de forma específica. "Esto apenas está iniciando, no es así tan rápido. No es para ejecutar en un año. Son 7 millones de hectáreas que decía el punto primero de los acuerdos de La Habana. En dos semanas ya sacamos más de 600.000 hectáreas tituladas que se están entregando y se seguirá haciéndolo esta semana. Todo este tiempo, hasta el 15 de noviembre", afirmó. "Lo otro es lo de la SAE que estará listo en noviembre, donde estamos definiendo el monto exacto. Lo otro viene por compra de tierras. Eso es un proceso, no pueden pedir ahorita que lo hagamos. Para los 3 millones de hectáreas hay un periodo de varios años, sabemos que no se puede ejecutar en un solo año", complementó López. En cuanto al precio de las tierras a comprar, la encargada de la cartera de Agricultura dijo que se convocó a entidades para establecer los precios. La funcionaria, además, se refirió al plazo de la reforma agraria, que es de varios años para entregar cerca de 3 millones de hectáreas. "Hay un tema de máximos y mínimos de precios de tierras que se está discutiendo con el Igac, es la entidad que lo tiene que definir. Eso también tiene que ver con la capacidad de producción y la diferentes áreas del país. Cifras que las tiene la Uspra, que es la unidad de planeación del ministerio. Además, está el mecanismo que está previsto en el mercado de tierras", comunicó López. La ministra aseguró que se necesita un plazo prudencial para cumplir las metas de la reforma agrarial. "No es solo tierras, hay que entregar también el paquete para el desarrollo rural, eso también implica recursos. No solo vamos a entregar tierra. Todo ese paquete se va a definir esta semana. Tenemos una acumulación de reuniones para eso", informó. "Esto son procesos que se están iniciando, claro que he hablado con los ganaderos y ellos deben hacer una ganadería sostenible. Tendrían que pasarse a otro tipo de producción. De tal manera que esto es un proceso que está comenzando. Ponerle un precio a la tierra no tiene asidero, tenemos que ver de dónde. La tierra no vale lo mismo en todas pares. En los Llanos tiene un precio, donde hay minfundio otro, en la costa Atlántica, otro", complementó. Según la ministra de Agricultura, en este momento sería irresponsable hablar de precios de la tierra en cada sitio. "El presidente ha dicho una cifra, vamos a ver en cuánto tiempo se puede ejecutar. No solo es un tema de plata, es de ejecución, de la capacidad que tenemos, pero también de llevarle a la gente que tiene tierra, lo que necesita para producir", indicó. La ministra López se refirió, además, a la suplantación de su identidad por parte de invasores de tierras. La funcionaria dijo que hay rumores acerca de de que detrás de las invasiones de tierra hay razones políticas. "Pasaron una carta en la que falsificaron mi firma. Inmediatamente se anunció que era falso y los abogados pusieron las denuncias que tocan. Era lo que faltaba, qué tal esto. Hace rato se veía que esto era una mezcla de circunstancia. Entre otras, muchas razones pervrsas. Hay gente que ha hecho negocio con eso. Incluso se habla, no me consta, de razones políticas", afirmó la funcionaria.
El presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, José Félix Lafaurie, pidió mayor acción por parte de la Fiscalía General para identificar a las personas que están invadiendo predios en diferentes regiones del país, como en Neiva. Asimismo, aseguró que, de cumplirse lo prometido por el Gobierno, la entidad no será un “obstáculo” para la reforma agraria.“La policía está cumpliendo la ley, aquí lo que se requiere es que la Fiscalía actúe con más inteligencia, porque buena parte de los invasores van pagos y otros son los promotores y, muchos de ellos están reseñados; que se inicien los procesos judiciales”, comentó en diálogo con Mañanas Blu.En ese sentido, habló sobre la reforma y lo que tendría que invertir el Gobierno Petro para comprar esos tres millones de hectáreas que se proyectan para vender a campesinos y volverlas así productivas. Según explicó, el proceso se haría por medio de “unos bonos” a un tiempo determinado.“El Gobierno quiere comprar tres millones de hectáreas. El presidente ha hablado de 60 billones de pesos. Si se hace una división elemental, en promedio, el Gobierno considera comprar tierras a 20 millones de hectáreas a través de bonos, los cuales serán descontados en un término de tiempo”, detalló.El presidente de Fedegán recalcó que es posible “abrir un nuevo escenario concertado”, siempre y cuando el Gobierno cumpla y “garantice lo prometido”.“Fedegán no va a ser, bajo ningún punto de vista, un obstáculo para que el Gobierno pueda cumplir lo que fue una promesa de campaña y una reiteración”, añadió.
El presidente Gustavo Petro planteó modificaciones al marco fiscal de mediano plazo para tomar deuda interna por unos 60 billones de pesos y, así, poder comprar tierras y entregarlas a un menor precio a los campesinos. La idea es que sean terrenos productivos, pero, ¿de dónde saldrá el dinero?, ¿qué pasa si alguien no quiere vender? o ¿quiénes serán los beneficiados?Al respecto, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega, aseguró que no se forzará a nadie a vender y que solo se busca analizar las condiciones de los predios y, que los dueños estén en “disposición” de negociar.“Pues no lo vende, simplemente. Aquí a nadie se le va a forzar a vender, solo que esté dispuesta a la venta de esas tierras y los avalúos y, para eso hay una máxima autoridad”, señaló en diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire.Según dijo, actualmente hay 450.000 hectáreas restituidas en 10 años, lo que “beneficia a alrededor de 12.000 familias” en el país. Sin embargo, recalcó que aún falta mucho respecto a los terrenos que hoy son baldíos.Añadió que, en muchos de los casos, fueron “grupos de extrema derecha y paramilitares” los que les quitaron la tierra a los campesinos que el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) les había dado en su momento.
El organizador de las marchas de este 26 de septiembre, Pierre Onzaga, explicó en Mañanas Blu las razones de las protestas que se están presentando en varias ciudades del país.Según Onzaga, la marcha es apartidista, pese a que confirmó que es cercano a sectores del del Centro Democrático: “Es un hecho político, pero ciudadano, aquí no hay un partido detrás, no hay un congresista detrás, somos los ciudadanos los que hemos llamado a protestar"Añadió que espera que sean millones los que se unan a estas manifestaciones contra las reformas del Gobierno de Gustavo Petro, como la de la salud, tributaria y electoral.“La reforma tributaria, la pensional, que va en contra de la Constitución porque los pensionados tienen un derecho adquirido. Particularmente la reforma al código electoral porque busca crear un mega organismo que tendrá la potestad de definir o cancelar los partidos”, explicó.Onzaga agregó que, a la marcha, que se espera se den en 22 ciudades, se sumaron los empresarios, los camioneros, motociclistas y hasta taxistas.Estos son los puntos de encuentro de la marcha en las diferentes ciudadesBogotá:Plaza Héroes Caídos CAN calle 26 hacia la Plaza de BolívarParque Nacional hacia la Plaza de BolívarBarranquilla:Monumento Joe Arroyo hasta el Paseo BolívarMedellín:Hospital Pablo Tobón Uribe hasta el Parque de Las LucesCali:Desde el Parque Panamericano, hasta la Plazoleta Jairo VarelaCartagena:Camellón de los MártiresCúcuta:Ventura Plaza hasta el Parque SantanderBucaramanga:Puerta del Sol hasta la Plazoleta Luis Carlos GalánPereira:Centro Comercial San Andresito hasta la Plaza de BolívarMontería:Plazoleta María Varilla hasta el Parque Simón BolívarVillavicencio:Desde el Centro Comercial Viva hasta el Parque Los LibertadoresUrabá:Desde el Parque Infantil Casa de la CulturaApartadóHasta el monumento Yo Amo a UrabáAsimismo, se disponen puntos de encuentro a nivel internacional en ciudades como Miami, Nueva York, Orlando y Ciudad de México.
El presidente Gustavo Petro habló desde Estados Unidos de sus planes de reforma agraria y anunció que la meta es comprar 5 millones de hectáreas de tierra, de las 31 millones con capacidad de producción que tiene el país.“Les vamos a comprar la tierra por títulos de deuda pública que pueden hacer exigibles en cualquier momento en el mercado secundario de títulos”, dijo el presidente Gustavo Petro a la prensa durante su viaje.Petro habló de la necesidad de lograr acuerdos incluso con los actuales poseedores de grandes extensiones de tierra improductiva para hacer realidad su propuesta de comprar estos terrenos para la reforma.“Las tierras serán compradas por el Estado a precio comercial, para ser vendidas a menor precio a campesinos, a campesinas, a pequeños y medianos empresarios”, dijo Petro.El Gobierno ha dicho en varias oportunidades que su interés es cumplir los acuerdos de La Habana, que hablan de 10 millones de hectáreas entre formalización y entrega de tierras a quienes no la tienen.Según el Ministerio de Agricultura, una parte de las tierras saldrán de los procesos de extinción de dominio a narcotraficantes y otra de las compras del Estado. La expectativa del Gobierno es que una vez el catastro multipropósito esté actualizado, los dueños de la tierra perciban un incremento automático del predial (porque se ajusta el avalúo) y eso los obligue a producir o a vender.El presidente no dio detalles sobre cuándo empezarían las compras ni cuál es el presupuesto para hacerlas.Le puede interesarEscuche el podcast: el monje que cambió la historia religiosa
Este jueves, 6 de septiembre, se jugará una nueva edición del clásico paisa entre Atlético Nacional e Independiente Medellín. El partido corresponde a la jornada 18 de la Liga BetPlay.El verdolaga viene de empatar sin goles ante el América, mientras el poderoso goleó 3-1 a Alianza Petrolera en la última fecha.En la tabal de posiciones, Medellín es quinto con 25 puntos y Nacional está en la sexta casilla con 24 unidades.Le puede interesar: las noticias curiosas del deporte en Entretiempo
La Sala Plena de la Corte Constitucional ratificó el fallo de la Sección Quinta del Consejo de Estado que ordenó la nulidad de la elección de Carlos Román Ochoa en la Alcaldía de Girón, por lo que deberá dejar el cargo.El proceso que llevó a la nulidad de su cargo está relacionado con la doble militancia, luego de que Román Ochoa hiciera proselitismo político por Ángela Hernández y Mauricio Aguilar en la campaña de 2019, sin que él perteneciera a la coalición de los partidos de los candidatos.Apenas sea notificado, el mandatario deberá abandonar su cargo de inmediato y el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, asignará un nuevo alcalde encargado para Girón.Escuche el podcast Sin Tabú:
El director de Negocios Blu, Victor Grosso, explicó a través de su cuenta de Twitter qué son los capitales golondrina, pues es un término bastante usado por economistas y expertos, pero que no hace parte del lenguaje cotidiano de las personas. El debate se abrió tras un trino del presidente Gustavo Petro donde sugirió un "impuesto transitorio de remesas a capitales golondrinas".“Para empezar a entender el tema, hay varias clases de inversión. Una es la Inversión Extranjera Directa (IED), conocida como inversión de largo plazo, y es cuando los extranjeros traen plata para montar proyectos de larga duración; ejemplo fábricas, almacenes, hidrocarburos, etc.”, escribió Grosso en su cuenta de Twitter.Sin embargo, los capitales de inversión extranjera de portafolio son los conocidos como capitales golondrina, los cuales son inversiones a corto plazo.“En la Inversión de Portafolio los extranjeros traen sus dineros y generalmente compran o invierten en títulos que se negocian en los mercados de capitales como los bonos que emiten los gobiernos, o las acciones que emiten las empresas y que se negocian en las bolsas de valores”, puntualizó.Dicho esto, estos inversionistas, al comprar una acción o invertir en Colombia, pueden vender cuando quieran y llevarse las ganancias obtenidas con su dinero.“Entonces los inversionistas de Portafolio que mueven Capitales Golondrina pueden quedarse el tiempo que quieran, años inclusive, financiando a los gobiernos o a empresas, o pueden retirarse en muy poco tiempo; eso depende de las condiciones económicas de ese país, entre otras. Cuando esos Capitales Golondrina entran o salen de un país masivamente, pueden generar presiones sobre la tasa de cambio hacia arriba o hacia abajo, dependiendo el caso. Esto porque tienen que comprar muchos dólares para irse, o comprar mucha moneda local para entrar a un país y esas compras masivas de divisas, impactan al precio del dólar en dicho país.”, finalizó Grosso.El debate está abierto y el tiempo dirá si el Gobierno nacional decide imponer un impuesto a este tipo de capitales y si la decisión le conviene o no al país.Escuche el podcast: Lo más viral, historias en la red
El Gobierno de Gustavo Petro logró lo que quería: la aprobación en primer debate de una reforma tributaria con la que pretende recaudar unos 22 billones de pesos en impuestos el próximo año y unos 50 billones anuales al final del periodo de Gobierno.Al final de la jornada solamente un artículo sufrió cambios frente a la ponencia radicada: la base gravable del impuesto al patrimonio.¿Cómo quedó la reforma tributaria después del primer debate?Los impuestos para su bolsillo en la reforma tributaria de 2022Alístese para pagar en 2023 un impuesto del 10 % sobre los alimentos que tienen los sellos de alto en azúcar, alto en grasas o alto en sodio. También habrá un impuesto para las bebidas azucaradas. Ambos impuestos se irán haciendo más estrictos cada año.En 2024 subirá el impuesto al carbono del ACPM de 152 a 191 pesos por galón y en la gasolina pasamos de 135 a 169.Así quedaron los impuestos para los colombianos de más recursosSi usted gana más de 10 millones de pesos al mes, prepárese para pagar más impuestos a la renta.Si va a vender una casa o apartamento de más de 760 millones de pesos tendrá que pagar un nuevo impuesto de timbre de 1.5 % y si tiene patrimonio por más de 3.000 millones de pesos tendrá que pagar un nuevo impuesto al patrimonio de al menos 0.5 %. Si su patrimonio supera los 10.000 millones de pesos la tarifa será de 1.5 %.Si tiene una ganancia ocasional pagará un impuesto del 15 % y si se gana la lotería tendrá que entregarle al Estado un 25 %.Ahora, si usted cree que puede aportar impuestos tendrá la posibilidad de hacer un aporte voluntario del 10 % en sus declaraciones.Así quedaron los impuestos a las empresas tras el primer debate de la reforma tributariaLos bancos tendrán que pagar una sobretasa de 5 puntos en su impuesto a la renta y las hidroeléctricas una de 3 puntos. Las empresas del petróleo y la minería pagarán inicialmente 10 puntos adicionales, pero el Gobierno excluirá de la medida a las compañías de gas natural en el segundo debate de la iniciativa.Las empresas extranjeras de servicios digitales tendrán que pagar impuestos por sus actividades en el país y las zonas francas tendrán que exportar o ejercer la actividad para la que recibieron aprobación o perderán sus beneficios.¿Quiénes pierden beneficios tributarios?El congreso desmontó los tres días sin IVA y los beneficios tributarios para el sector de la economía naranjaLe puede interesar:Escuche El Mundo Hoy:
Militares de Ecuador hallaron más de 750 minas antipersonas artesanales en la amazónica provincia de Sucumbíos, fronteriza con Colombia, informó este jueves el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas."Este es un duro golpe a los grupos irregulares armados de Colombia (GIAC) y organizaciones que actúan al margen de la ley", señaló la institución militar en un comunicado.El hallazgo se produjo en la localidad de Lago Agrio, en la provincia de Sucumbíos, ubicada en el noreste y fronteriza con Colombia.Durante operaciones de vigilancia en la zona, los uniformados descubrieron "seis bultos de material plástico escondidos entre la maleza" que contenían "750 minas antipersonales artesanales" y "60 minas antipersonales armadas con sistemas de ignición a presión".En imágenes difundidas en Twitter por las Fuerzas Armadas se observan, por un lado, grandes paquetes en medio de la selva y dispositivos de forma cilíndrica envueltos en cita adhesiva.En mayo pasado, dos soldados ecuatorianos resultaron heridos durante un ataque armado contra una instalación militar ubicada cerca de la zona limítrofe.La frontera entre Ecuador y Colombia es predio de grupos armados ilegales, incluyendo disidentes de la disuelta guerrilla colombiana de las FARC.En 2018, ataques atribuidos a esos rebeldes dejaron al menos siete muertos entre militares y periodistas, decenas de heridos y dos civiles secuestrados.Ecuador, ubicado entre Colombia y Perú -los dos mayores productores mundiales de cocaína- vive un aumento de la criminalidad asociada al narcotráfico.En lo que va del año, las autoridades ecuatorianas han decomisado 152 toneladas de droga. La tasa de homicidios entre enero y octubre por cada 100.000 habitantes es de 18,29.El año pasado, la otrora pacífica nación confiscó el récord de 210 toneladas de droga.Le puede interesar:
