Más de 500 campesinos del departamento del Atlántico protagonizan este martes 9 de abril una jornada de movilizaciones que se está desarrollando desde las 6:00 de la mañana, con la que buscan llamar la atención del Gobierno frente a la inclusión de este territorio en la llamada reforma agraria. Para esto ha sido afectado con bloqueos intermitentes el paso vehicular en la avenida Cordialidad, a la altura del corregimiento de Pital de Megua y de Sabanalarga, y también por la avenida Oriental a la altura del peaje de Sabanagrande y de la zona de acceso a Suán. Según explica Óscar Bello, uno de los líderes de la manifestación, esperan que desde la Agencia Nacional de Tierras sea priorizado este departamento con el beneficio de la entrega de terrenos, tal y como se ha desarrollado en otras regiones del país. "Nosotros insistiremos en ser incluidos. No es posible que nos hayan dejado por fuera si también fuimos víctimas de despojo. Estaremos haciendo las solicitudes para que nos realicen la respectiva inclusión", manifestó. La manifestación se produce en medio del Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado, con lo que buscan hacer un llamado frente a las necesidades del sector que más golpeado resultó con la violencia armada. Sin embargo, esta no es la primera manifestación que al respecto se adelanta, pues previamente el pasado 18 de marzo había sido realizada una operación similar, de bloqueos intermitentes en las principales viales del departamento del Atlántico, para reclamar la inclusión en estos planes. Por el tema fue consultada la Agencia Nacional de Tierras, de la que se espera una respuesta sobre el trámite que hará a estas solicitudes provenientes del sector campesino del norte del país. Finalmente, se conoció que durante esta mañana el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, se reunió con los manifestantes.
Con el paso de las horas, el presidente Gustavo Petro ha venido precisando cuáles serían los asuntos que buscaría reformar en el funcionamiento del Estado en una eventual Asamblea Nacional Constituyente.Uno de los más importantes y controversiales es la posibilidad de sacar adelante una ley de punto final para todos los actores ilegales, bajo el argumento de que en la actualidad hay un sistema judicial basado en la “venganza punitivista” y politizado.El presidente plantea un sistema penal basado en la verdad para buscar la reparación de las víctimas y “lograr como fin máximo la reconciliación social como punto final de la era de la violencia”. Sobre una eventual ley de punto final quedan grandes dudas sobre si contemplaría amnistías e indultos de crímenes de guerra o de lesa humanidad, lo cual activaría de inmediato la actuación de la Corte Penal Internacional.A esto le suma lo que él llama “el cumplimiento del acuerdo de paz”, en el que de nuevo incluye “la verdad como eje de la justicia”, en lo que pareciera ser el camino para buscar la creación de un tribunal de cierre que esté por encima de la JEP y que beneficie a los máximos responsables de crímenes graves, incluyendo a los antiguos integrantes del secretariado de las Farc.Adicionalmente, dice el presidente que su propuesta de constituyente busca el cumplimiento del acuerdo de paz, por medio de la implementación de la reforma agraria y la inclusión del territorio.Otros puntos de la lista de reformas que quisiera sacar adelante el presidente Gustavo Petro vía constituyente son: la necesidad de garantizar agua potable, salud y renta para la población más vieja, educación pública y reforma agraria, además de priorización del empleo y la producción, reordenamiento territorial y una reforma política para prohibir la financiación privada para las campañas políticas.Siguen las dudas porque evidentemente, la constituyente de Petro sí pretende sacar adelante las reformas que su gobierno presentó y que están a punto de hundirse en el Congreso y de otra parte, aunque el presidente lo niegue, su propuesta sí pretende hacer una cirugía de fondo a la Constitución de 1991.
Luego de más de dos días y dentro del más profundo hermetismo, culminó en la Escuela de Ingenieros Militares el ‘cónclave’ convocado por el Presidente Gustavo Petro y que contó con la presencia de los 18 ministros, los altos consejeros y los directores de los departamentos administrativos.El mandatario y su gabinete trabajaron durante más de 20 horas realizando un balance de la ejecución, los avances del 2023 y discutieron las prioridades para el 2024. El compromiso es con el pueblo que eligió el cambio, les recordó a todo su equipo de Gobierno. “La misión debe ser alcanzar la justicia social y justicia ambiental para lograr que Colombia sea Potencia de la Vida y así se construye la paz", aseguró el jefe de Estado.En el encuentro de alto nivel se adelantó una revisión puntual del avance de cada uno de los sectores tanto en la ejecución presupuestal y el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. Se establecieron como metas para el 2024:Acelerar la construcción de sedes universitarias para aumentar la cobertura y abrir nuevos cupos en educación superior pública y gratuita.Aumentar la prevención en salud en el territorio mediante equipos multidisciplinarios que lleguen a la casa de los ciudadanos.Aumentar y mejorar la capacidad de atención de los CAPS, hospitales y centros médicos y la reapertura del Hospital San Juan de Dios.Avanzar en la Reforma Agraria en 500 mil hectáreas anuales para lograr la meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo de 1'500.000. Generar crédito popular con bajas tasas de interés.Priorizar la construcción de vías terciarias contratadas con las juntas de acción comunal, como una medida anticíclica de la economía.Priorizar la financiación de proyectos de modos férreos y aeropuertos en zonas turísticas.Avanzar en la transición energética, haciendo énfasis en las 'comunidades energéticas'. Esto implica llevar la energía limpia con paneles solares a las comunidades asociadas, generando energía gratuita para los colombianos y eliminando barreras de acceso y especulación por este servicio.Avanzar en generar comunidades de conectividad, es decir, llevar a asociaciones barriales conexión a internet para generar autonomía a la ciudadanía. Tener acceso a internet para acercar el conocimiento, la productividad y eliminar barreras culturales a todos los colombianos.Le puede interesar:
El presidente Gustavo Petro ha sostenido una apretada agenda de trabajo este miércoles, 29 de noviembre, previo a su viaje a Dubái donde participará de la cumbre de líderes de Estado en el marco de la Conferencia de Cambio Climático COP28.Antes de salir a su nuevo viaje internacional, el mandatario se reunió con expertos en criptomonedas y aseguró que explora la posibilidad para que las mismas puedan ser usadas en diferentes programas del Gobierno como la reforma agraria y la economía popular.“Estuvimos con Samson Wing, Diego Gutiérrez, Raúl Velásquez, Edwin Rivas, Cristian Quintero y Mauricio Tovar, expertos en toda América del Blockchain. Abrimos varios campos de trabajo”, aseguró Petro.El primer punto que se analizó en la reunión es el camino para que todo el sistema de facturación de salud puede manejarse en tiempo real bajo programaciones blockchain, lo mismo que las propiedades en manos de la Sociedad de Activos Especiales y la titulación para la restitución de tierras en el país.Pero fue más allá y aseguró que sería viable el uso de las criptomonedas en la economía popular a través de las cooperativas de trabajo.“Como puede haber un uso de bitcoin en manos de cooperativas de trabajo libre asociado en la economía popular”, aseguró sobre otro de los temas de la reunión que se cumplió hacia medio día en Palacio de Nariño.Le puede interesar:
El Gobierno nacional prepara una decreto para meterle 'esteroides' y dientes a las zonas de reserva campesina con el propósito de acelerar la reforma agraria y el desarrollo rural en ellas. La figura existe desde hace años, pues hay 11 zonas de reserva constituidas sobre 1.2 millones de hectáreas en zonas, pero el Gobierno cree que el instrumento hoy es endeble y simplemente no se usa, no tiene impacto.Según la ley, el Gobierno puede limitar la tenencia de tierras en esa zona a cierto número de hectáreas y adquirir los excedentes a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), pero eso simplemente no ocurre. El otro problema es que los planes de desarrollo para esas regiones se están quedando en simples papeles porque no hay doliente que los saque adelante y es parte de lo que quiere resolver el Gobierno.El proyecto de decreto dice que la ANT no solo pondrá un límite a la tierra que alguien puede en las zonas de reserva, sino que adquirirá la tierra que se pase de ese límite bien sea a través de la compra por negociación directa o por los procedimientos agrarios. Aunque el Gobierno ha dicho que eso no implica que se vaya a usar la expropiación o la extinción de dominio de forma masiva, esas sí son herramientas que entrarían dentro de lo que se puede hacer. Hasta las notarías estarán enteradas de que no se pueden escriturar más allá de cierto número de hectáreas a una misma persona o empresa.“La ANT priorizará programas de adquisición directa y dotación de tierras a favor de población campesina, para la producción de alimentos en ZRC, conforme lo dispuesto en el literal c) del artículo 31 de la Ley 160 de 1994 y el decreto 1623 de 2023 con el objeto de adquirir predios rurales para dotar de tierra a campesinos(as) sin tierra o que tengan cantidades insuficientes. Igualmente, la ANT deberá adelantar, de manera obligatoria, preferente y pronta los procedimientos agrarios a que haya lugar dentro de las ZRC”, dice el proyecto.Cambios más allá de la tierraLa tierra no es suficiente para que el campo produzca y esa es una de las ideas centrales detrás de las ZRC. La idea es que las comunidades, asociaciones y Gobierno se pongan de acuerdo en las inversiones que se van a hacer y se llegue con programas del Estado mucho más rápido; por ejemplo, el Banco Agrario ya está dando créditos con tasas más bajas a quien está en una zona de reserva campesina y la ADR (Agencia de Desarrollo Rural) está reduciendo los trámites para acceder a programas específicos de desarrollo.Otra propuesta es que las ZRC contemplen también inversiones de otros sectores distintos al agrícola y que incluso se contemplen aportes voluntarios desde el sector privado y los gremios. Hay unas 31 solicitudes de constitución de nuevas zonas de reserva en la ANT.Le puede interesar
El Gobierno nacional radicó un proyecto de ley que regula los incrementos que puede tener el impuesto predial en aquellos municipios en los que el catastro estaba desactualizado desde hace más de cinco años. En estos predios, el predial podría subir máximo 300 %.El contexto de esta medida es la reforma agraria del Gobierno Petro. En el marco de esta y del acuerdo de paz con las Farc, el Gobierno se comprometió a actualizar el catastro en todo el país y eso es lo que está haciendo en Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Sin embargo, al aumentar el catastro sube automáticamente el predial (que es un porcentaje del catastro) y hay lugares del país, como Auraquita (Arauca) donde el catastro no se actualizaba desde hace 20 años y ahí se puede disparar el impuesto.La ley, según el Gobierno, busca mitigar ese impacto estableciendo una actualización más lenta para los predios de menor valor y una actualización más rápida a las fincas y terrenos más valiosos. En ningún caso el valor aumentará más del triple.¿Va a subir el predial en Bogotá? Sí, como todos los años, pero no le va a subir 300 % porque en esta ciudad (y en muchas otras) el catastro se actualiza con frecuencia.Además, este proyecto de ley incluye una disposición para que en todo el país se pueda pagar por cuotas como ya ocurre en Bogotá; la propuesta deberá surtir cuatro debates en el Congreso.Le puede interesar:
Hace unos días le llovió palo al Gobierno nacional por una propuesta de decreto para que se promoviera la movilización en torno a la reforma agraria con plata del presupuesto nacional, pero la realidad es que, aún sin el decreto firmado, eso ya está ocurriendo. Solo en la Agencia Nacional de Tierras el gasto en eventos (la mayoría relacionados con reforma agraria) llegará a los 27.000 millones de pesos y otras entidades del Gobierno también reportan pagos relacionados con este tema.La Agencia Nacional de Tierra, ANT, fue una de organizadoras de las asambleas populares campesinas que se hicieron en septiembre como preparación a la "gran movilización campesina" del 27 de ese mes. De acuerdo con una carta de Plaza Mayor Medellín, el 23 de septiembre ya se habían agotado todos los recursos del contrato de logística y no era posible atender solicitudes de nuevos eventos. Eso quiere decir que la ANT se gastó los 3.948 millones de pesos de la adición de ese contrato en la realización de eventos solo entre julio y el 23 de septiembre.Ese mismo día, 23 de septiembre, la ANT firmó un nuevo contrato con RTVC por 15.000 millones de pesos para la producción de nuevos eventos, entre ellos las asambleas campesinas, según la justificación de ese nuevo contrato.La mayoría de los eventos de la ANT están directamente relacionados con la reforma agraria. Uno de ellos fue la entrega de la título a beneficiarios de la reforma en una hacienda en San Marcos, Sucre, que contó con la presencia del presidente Gustavo Petro. Según la factura de Plaza Mayor, ese día se gastaron unos 32 millones de pesos para el transporte en bus de 182 personas desde distintas veredas y otros 134 millones en logística.Los gastos de otras entidades del Estado en relación con eventos para promover la reforma agrariaOtro de los eventos emblemáticos de este año fue el lanzamiento del nuevo sistema de reforma agraria en Sincelejo, Sucre. Donde también estuvo el presidente Gustavo Petro. Según el documentos del Ministerio de Agricultura, ese evento costó 192 millones de pesos.Ese mismo día y para ese mismo evento Finagro pagó, en otro contrato un copatrocinio de 19 millones de pesos para instalar vallas y pendones en el Estadio.Al Ministerio de Agricultura se le había acabado en septiembre la plata del contrato con Plaza Mayor (por 2.000 millones de pesos) para hacer eventos y tramitó una adición. En la justificación de esa adición dice que se necesitaban 74 millones de pesos para la realización de las asambleas populares campesinasLe puede interesar
La Corte Constitucional fallará sobre un emblemático caso conocido popularmente como la revictimización de los legítimos propietarios de las tierras del Magdalena.Lo que está en juego con esta decisión es la supervivencia de la ley de tierras. En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, Rodrigo Pombo, abogado y columnista y Óscar Javier Parra, director del medio Rutas del Conflicto, un medio que trabaja cubriendo temas relacionados con la reconstrucción de los hechos del conflicto armado y las violaciones de derechos humanos, entregaron detalles sobre lo que el fallo significa.“No se puede revictimizar a nadie, pero tampoco se puede revictimizar a los propietarios y poseedores de buena fe que han adquirido las tierras con legitima conducta y dentro de la legalidad, esa es mi tesis que hay que equilibrar a las dos víctimas”, señaló Pombo.Por su parte, Óscar Javier Parra aseguró que desde Verdad Abierta han trabajado este tipo de casos y piden no revictimizar ni llamar invasores.“Me parece tremendamente victimizante llamarlos invasores. Los varios campesinos desde los ochenta han intentado acceder a esos precios en los noventa finalmente pues entran a uno de esos precios inclusive acompañados de la mano del estado pensando un poco en los procesos de reforma agraria que en muchos casos partían digamos de entrar a tierras que eran privadas mientras que el estado negociaba con esos privados”, dijo Parra.A continuación, el debate sobre el caso:
Hasta la capital Antioqueña llegaron delegaciones de todas las subregiones del departamento y del Chocó para acompañar la marcha en la que participaron centrales obreras, docentes, campesinos e indígenas.Según la Personería Distrital, alrededor de 2 mil personas se encontraron en diferentes puntos del centro de Medellín para poder las reformas propuestas por el Gobierno de Gustavo Petro, como lo dijo Carlos Iván Lopera, coordinador Agencia Nacional de Tierras en Antioquia."El objetivo de esta movilización reforzar y reactivar toda la propuesta de reforma agraria, los comités de Reforma Agraria a nivel local y apoyar al pueblo campesino que es tan importante", explicó Lopera.La marcha arrancó en el parque obrero, del barrio Boston, con las centrales obreras, de allí salieron a encontrarse con los docentes de la Asociación de Instituto respecto de Antioquia, Adida, para seguir hasta el teatro Pablo Tobón Uribe donde los esperaban Campesinos e Indígenas y llegar juntos a hacer un plantón en el Parque de las Luces en el que se presentaron grupos artísticos de música, baile y trova pertenecientes a las delegaciones participantes.Finalmente, durante el plantón, la Agencia Nacional de Tierras en Antioquia entregó 21 títulos de tierras a 18 mujeres y 3 hombres, equivalentes a 292 hectáreas, ubicadas en Chigorodó, Cocorná, El Bagre, San Carlos, San Luis y Granada.Le puede interesar:
“Yo voté por Petro y voté porque quería un cambio”, dice convencido Teodoro Durán. Él es uno de los cientos de campesinos de la vereda La Arenosa en Arauquita (Arauca) que está esperando que la reforma agraria le traiga un título sobre sus tierras y apoyo para sacarlas adelante.Durán y cientos de campesinos más llevan semanas viendo mapas de Arauquita, en medio de la actualización del catastro que está haciendo el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, porque no quieren quedarse por fuera del mapa. A la reunión nadie lleva escritura, en su lugar llegan con cartas que dicen de quién eran las fincas y a quién se las vendieron y señas de lo que ha pasado en los últimos 20 años: "Que ahí ya no vive esta señora, sino este otro, que esa finca no acaba ahí, sino más para acá, que aquello se lo repartieron en tres".El IGAC les pidió que midieran sus tierras usando su celular, pero como la mayoría son adultos mayores y se enredan con "esos aparatos" hay un muchacho de la vereda rebuscándose unos pesos a cambio del servicio."Esta mañana me tocó pasar un río con agua a la cintura y así toca. Me ha tocado pasar montañas con monte hasta el cuello y casi todas las fincas están enmontadas”, cuenta Camilo Camargo.Los campesinos quieren salir en ese mapa, aunque son conscientes de que eso va a disparar el costo del impuesto predial. Tanto sacrificio es porque su expectativa es enorme."Si el Gobierno con la reforma agraria dijera: vamos a ayudar a estos campesinos que están sembrando cacao, que están sembrando plátano (...) Vamos a apoyarlos con los incentivos para los herbicidas, para los fungicidas, vamos a ayudarlos… ¿Cómo fuera de bonito, no?", dijo Durán haciendo cuentas de que sus árboles de cacao serán los que le den la pensión.Valerio Monsalve también está ilusionado con la reforma agraria. Orgulloso, cuenta cómo hace 8 años lideró la invasión de unas tierras de la petrolera Sierracol que no se estaban usando y logró un acuerdo con la compañía para que ellos usaran ‘la cápita de arriba’, mientras los pozos sacan el gas y el petróleo a unos de 3 kilómetros bajo la superficie. Gracias a ese pacto de amistad, hoy 200 familias siembran cacao, plátano y muchas cosas más."Estamos muy felices con esto del IGAC y con la Agencia Nacional de Tierras porque desde que desapareció el Incora ninguna otra entidad había venido a hablarnos de titulación”, dice Valerio Monsalve. “Es un beneficio para el país legalizarnos. Nosotros legalizados pagamos impuestos y nos beneficiamos porque vamos a obtener un título. Así sea una cuarta de tierra que tengamos es de nosotros. Es una cosa hermosa”, agregó.Arauquita es uno de los 108 municipios priorizados donde se está actualizando el catastro rural este año. Otro de los nombres famosos en la lista es San Carlos (Córdoba) hogar de El Ubérrimo. El catastro es apenas uno de los pasos de la reforma rural con la que este Gobierno ha prometido entregar 1.5 millones de hectáreas de tierra fértil a los campesinos de aquí a 2026.El Gobierno convocó para este miércoles, 27 de septiembre, a los campesinos de todo el país a marchar pidiendo la reforma y lleva un mes en asambleas preparatorias. En Arauquita los sindicatos convocaron a marchas y pagaron pauta en la emisora local. Sin embargo, ni Valerio ni Teodoro ni sus vecinos tienen planes de salir. En el campo, siempre hay mucho por hacer.
Improvisada, insuficiente, sin sustento: esos son algunos de los calificativos que se han escuchado desde distintos sectores al llamamiento a un día cívico este viernes 19 de abril para ahorrar agua y electricidad.“El 19 de abril no es un día para celebrar, en consecuencia, el comercio funcionará normalmente y atenderá al público como cualquier día. Sea esta la oportunidad para que los colombianos nos comprometamos con el ahorro de agua y energía todos los días y desde nuestros hogares, trabajos y entidades educativas”, dijo el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal.Para Cabal la medida de día cívico es improvisada y carece de un sustento técnico.Más moderada, pero en la misma línea, se pronunció la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham), María Claudia Lacouture.La decisión se da en un momento crítico del sistema energético colombiano, que tiene los embalses de agua por debajo del 29 % y el pronóstico es que lloverá menos de lo normal en las próximas dos semanas."La responsabilidad de cada uno de nosotros nos debe llevar a un compromiso de largo plazo en el consumo racional de agua y energía, independientemente de la movilidad. Las medidas deben de ser cuidadosas para proteger la economía e ingresos de los ciudadanos", agregó Lacouture.Por su parte, desde el punto de vista técnico, un día cívico es insuficiente para revertir la completa situación del sector energético, aseguró el director del Centro de Estudios Regionales en Energía (Cree), Tomás González.Hoy el sector se enfrenta a unos embalses en mínimos, un mal pronóstico de lluvias y a un sistema 'apretado'.Y, para el exministro Mauricio Cárdenas, decretar un día cívico podría ser incluso contraproducente desde el punto de vista económico."Aquí lo que se necesita son medidas mucho más estrictas, empezando por el tema eléctrico, donde es necesario empezar a ahorrar muchísimo y que el Gobierno ya tome medidas específicas de reducción del consumo, ejemplo: prohibición de usar las escaleras eléctricas, prohibición de usar ascensores, ese tipo de medidas, reducción del consumo en los hogares, eso es lo que necesitamos para ahorrar agua. Me parece que es una medida que no va a ser efectiva y más bien le saca el cuerpo a lo que realmente se necesita", aseguró Cárdenas.
Luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara día cívico para este 19 de abril con el motivo de que la gente no utilice la energía eléctrica al máximo posible y ahorrar agua, Intergremial Antioquia aseguró que un país no se puede parar en un día.Además de este pronunciamiento, Blu Radio conoció que ni la alcaldía de Medellín ni la Personería de Medellín se acogerán a la medida decretada por Petro y tendrán sus actividades laborales con normalidad.Por su parte, la Gobernación de Antioquia informó que las actividades laborales y administrativas en la entidad seguirán con normalidad. Afirman que el decreto expedido por el Gobierno Nacional, no es vinculante para entidades territoriales.La medida, por ejemplo, establece que universidades y colegios tanto públicos como privados no tendrán clase. Por ello, Nicolás Posada, presidente ejecutivo de Intergremial Antioquia, manifestó que no estaban de acuerdo, "invitamos al presidente a que con una planificación decrete en un futuro unas medidas que pretendan contener el consumo de agua y energía eléctrica".Desde la asociación indican que estás medidas se pueden tomar de forma técnica, organizada e informada. Además, confirman que apoyan el cuidado del consumo de agua, pero no de la forma intempestiva en la que lo hizo el Gobierno nacional.
La Cancillería informó que las oficinas de pasaportes ubicadas en el centro y norte de Bogotá no tendrán atención al público este viernes, 19 de abril, en respuesta al día cívico anunciado por el presidente Gustavo Petro.Ante la medida anunciada por el Gobierno nacional, algunas entidades públicas se han acogido a la solicitud del presidente Petro con el objetivo de ahorrar energía y agua.¿Dónde quedan las oficinas?Estas dos oficinas en Bogotá están ubicadas en el centro y norte de la capital. Estas son las direcciones exactas:Sede centro: calle 12c #8-27Sede norte: avenida 19 #98-03, edificio Torre 100 piso 1 y 2Día cívico en ColombiaEl mandatario Gustavo Petro anunció este viernes como día cívico en el país para disminuir el consumo de agua y energía eléctrica, en momentos en que algunos embalses están en los niveles más bajos de su historia.Petro manifestó que la iniciativa no es "para que no se tome agua, sino para que la tomemos en un lugar diferente a donde hay estrés hídrico". De hecho, invitó a las personas que viven en Bogotá a salir este fin de semana de la ciudad para disminuir el consumo de agua y así se recuperen un poco los embalses que alimentan a la capital de casi 10 millones de habitantes.Según datos de XM, operador del mercado, el volumen útil de los embalses del país se ubicó el miércoles 17 de abril en 28,74 %."Así que este 19 de abril es un día cívico en Colombia, con estas características y hacia estos objetivos: cuidar el agua, simplemente cuidar el agua, y poderlo hacer por millones. Y lograr que en este momento, donde ya es posible que empiecen las lluvias en Colombia, no tengamos que profundizar ningún tipo de racionamiento para ningún tipo de los servicios que se le entregan al pueblo colombiano", añadió Petro.
El gobierno de Gustavo Petro emitió el decreto con el que se declara un día cívico en el país, con el objetivo de promover el ahorro de energía y del agua. Según lo establecido en el decreto, se busca fomentar la conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, en medio de la crisis que afronta el país por el fenómeno de El Niño."El Ideam ha advertido sobre el agravamiento de la emergencia climática en Colombia, con la presencia de un fenómeno de El Niño atípico y la oscilación climática Madden-Julian, lo que ha prolongado la temporada seca en el país. Esta situación demanda la adopción de acciones inmediatas para evitar impactos mayores", se lee en el documento que ya firmó el jefe de Estado. Las precipitaciones han estado por debajo de lo esperado en las últimas semanas y esto ha generado preocupación debido al impacto en la recuperación de las escorrentías y los niveles de los embalses, lo que representa un riesgo para la seguridad energética del país. Según el decreto, en este día cívico, se insta a todos los ciudadanos a reflexionar sobre su responsabilidad individual y colectiva en la preservación del medio ambiente y a tomar acciones concretas para reducir el consumo de agua y energía, así como para promover prácticas sostenibles en el hogar y en la comunidad. ¿Cuáles son las medidas del decreto? Este documento decreta: Artículo 1: Declarar como día Cívico de la Paz con la Naturaleza el tercer viernes del mes de abril de cada año, con motivo de la protección de los recursos naturales. Para tales efectos, el primer día Cívico de la Paz con la Naturaleza seré el 19 de abril del 2024.Artículo 2: Las entidades públicas del orden nacional, tanto del nivel central como descentralizado, impartirán y adoptarán las instrucciones pertinentes que permitan a sus servidores públicos, funcionarios y contratistas, suspender las diferentes actividades laborales y de atención al público, de manera que el tercer viernes del mes de abril de cada año sea considerado como un día No Hábil, laboralmente. Aquí puede ver el decreto:
En la cárcel judicial de Ipiales, frontera sur entre Colombia y Ecuador, fueron recluidos, de manera provisional, once hombres y dos mujeres entregados por la justicia de Ecuador, siendo este el primer grupo de colombianos repatriados, de acuerdo con lo ordenado por el presidente Daniel Noboa.Jairo Otero, director de migración Colombia seccional Nariño, dijo a Blu Radio que este grupo de personas estaban se encontraban en el Centro de Privación de Libertad de la provincia del Carchi en el norte del Ecuador, en donde fueron condenados por el delito de narcotráfico.Otero aseguró que las 13 personas fueron recibidas en el puente internacional de Rumichaca bajo un estricto operativo de Policía que fue coordinado por los dos países.“De acuerdo con las informaciones de la justicia del ecuador solo se han aceptado cerca de 103 carpetas de colombianos que ya cumplieron la mitad de sus condenas y podrían ser repatriados en grupos pequeños”, aseguró Otero, director de Migración Colombia seccional Ipiales."Este es un proceso que se ha manejado con mucha discreción por parte de las dos cancillerías para evitar que haya inconvenientes ya que el Ecuador decidió descongestionar las cárceles de su país", aseguró el funcionario.Manifestó que una vez se logre establecer si las personas repatriadas tienen o no cuentas pendientes con la justicia colombiana, se determinara el sitio donde terminaran de cumplir sus condenas.La identidad y sitios de origen de los repatriados por el momento se mantiene en absoluta reserva.