La Defensoría del Pueblo hizo un llamado al gobierno del presidente electo, Abelardo De la Espriella, quien asumirá el poder el próximo 7 de agosto de 2026, para que adopte medidas urgentes que fortalezcan la seguridad de los líderes campesinos y permitan avanzar en la implementación de la reforma rural integral.La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que en los últimos días se han registrado amenazas y homicidios contra líderes y lideresas campesinas beneficiarias de la reforma agraria. Frente a esta situación, informó que la entidad ha realizado visitas a territorios con altos niveles de riesgo para verificar las condiciones de seguridad y ha solicitado respuestas institucionales. Marín, a través de redes sociales, explicó que uno de los cuatro pilares de decisiones impostergables que la Defensoría propone al nuevo Gobierno es avanzar en la reforma rural integral para garantizar los derechos del campesinado y de los pueblos étnicos.Según señaló, este propósito requiere asegurar el acceso democrático a la tierra, garantizar la restitución efectiva para las víctimas, fortalecer el catastro multipropósito y proteger las territorialidades campesinas y étnicas.“El llamado permanente de la Defensoría ha sido que los procesos de entrega de tierras se desarrollen con planeación, articulación interinstitucional y coordinación con las autoridades locales, garantizando medidas efectivas de seguridad y protección, así como mecanismos de prevención de conflictos entre comunidades”.La defensora también aseguró que, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, la Defensoría del Pueblo continuará promoviendo una respuesta institucional urgente y articulada, además de brindar acompañamiento integral al campesinado y velar por la protección de sus derechos.
A menos de dos meses de finalizar el actual Gobierno, la Jurisdicción Agraria, uno de los proyectos más importantes para la política rural del presidente Gustavo Petro, quedó virtualmente hundida en el Congreso. Sin embargo, el Gobierno anunció que volverá a presentar la iniciativa el próximo 20 de julio y defendió su importancia para resolver conflictos históricos sobre la tierra en Colombia.La ministra de Agricultura cuestionó duramente la falta de avances legislativos y señaló que el proyecto fue víctima de dilaciones durante más de un año. Recordó que la iniciativa estuvo en trámite desde agosto de 2024, recibió mensaje de urgencia presidencial y logró ser aprobada por unanimidad en las comisiones primeras conjuntas de Cámara y Senado en diciembre de ese mismo año. Pese a ello, aseguró que nunca se concretó su discusión definitiva en las plenarias.La ministra también lamentó la postura de algunos sectores que participaron en el debate, especialmente la dirigencia de los gremios agrícolas que se opusieron al proyecto. Según indicó, algunas posiciones fueron demasiado rígidas y cerraron espacios para construir consensos alrededor de una reforma que, a juicio del Gobierno, busca devolverle dignidad al campo colombiano."Nos preocupa que no haya existido disposición para encontrar una ruta de acuerdo frente a una iniciativa tan importante para el agro. Lo que buscamos es corregir desigualdades históricas y garantizar mejores condiciones para quienes viven y trabajan en el campo", sostuvo la ministra durante su intervención.Frente al nuevo proyecto que será radicado en la próxima legislatura, el Gobierno anunció que mantendrá varios de los principios que considera esenciales. Entre ellos están la protección de la Unidad Agrícola Familiar para evitar la fragmentación de los predios, la defensa de los derechos de las mujeres rurales, el reconocimiento de la posesión agraria y la protección de los pequeños productores. También insistirá en que la administración de los baldíos de la Nación y el control sobre bienes de uso público, como bosques y ciénagas, permanezcan bajo responsabilidad estatal."Vamos a conservar los pilares fundamentales de la jurisdicción agraria, pero también recogeremos los consensos alcanzados durante el debate. Queremos avanzar en el saneamiento de la propiedad privada, facilitar el acceso a la justicia para pequeños campesinos y corregir vacíos institucionales que hoy afectan la resolución de conflictos rurales", explicó la ministra.Según afirmó, la falta de una jurisdicción especializada limita el acceso a la justicia en las zonas rurales, dificulta la administración de bienes públicos y frena la posibilidad de resolver conflictos de tierras que históricamente han alimentado la violencia en distintas regiones del país.La ministra aseguró que la tierra ha sido una de las principales causas del conflicto armado y advirtió que será difícil alcanzar acuerdos nacionales duraderos si no se avanza en mecanismos que garanticen mayor justicia en el campo. Por eso, confirmó que el presidente Gustavo Petro volverá a presentar el proyecto después del 20 de julio, con la expectativa de que el próximo Congreso retome una discusión que, según el Ejecutivo, sigue siendo una deuda pendiente con millones de campesinos colombianos.
La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, expresó su preocupación frente al documento presentado por la Corte Suprema de Justicia en el debate sobre la ley de jurisdicción agraria, al considerar que algunas observaciones podrían afectar principios históricos de la reforma agraria en Colombia y limitar las funciones de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).En entrevista con Mañanas Blu, la funcionaria defendió la necesidad de mantener las competencias administrativas de la ANT sobre los bienes baldíos de la Nación y cuestionó que, a última hora del trámite legislativo, se planteen modificaciones que —según dijo— “rompen con más de 100 años del régimen agrario colombiano”.“El documento que se radicó y que circuló ampliamente ayer por redes sociales le atribuye la adjudicación de los bienes baldíos a los tribunales. Esto constituye realmente una aseveración bastante crítica, rompe con 100 años del régimen agrario y lo que hace finalmente es quitarle a la Nación la administración de sus bienes”, afirmó Carvajalino.La controversia se originó tras las observaciones hechas por la Sala Civil de la Corte Suprema al proyecto de ley de justicia agraria, iniciativa impulsada por el Gobierno Petro como una pieza clave de la reforma agraria y de la implementación del Acuerdo de Paz.Debate por los baldíos y el papel de los jueces agrariosEl centro de la discusión gira alrededor del artículo 9 del proyecto, que establece las competencias sobre los procesos relacionados con baldíos, recuperación de tierras y conflictos agrarios. Mientras sectores de la Corte Suprema y gremios agrícolas consideran que debe existir un mayor control judicial para evitar excesos del Ejecutivo, el Gobierno insiste en que la ANT debe conservar la capacidad administrativa para adjudicar y recuperar tierras públicas.Carvajalino aseguró que la preocupación del Ejecutivo surgió porque el documento conocido inicialmente sugería trasladar a los tribunales agrarios funciones históricamente ejercidas por la Nación.“Si aquí lo que se quiere es que la adjudicación de los bienes baldíos salga de la Nación, pues aquí estamos frente a una derogatoria expresa y clara de la reforma agraria que este país está adelantando desde 1961”, señaló la ministra.Posteriormente, la Corte Suprema emitió un comunicado aclarando que no pretende eliminar la fase administrativa de estos procesos, aunque la ministra insistió en que persisten dudas sobre el alcance del documento entregado al Congreso.“Nos preocupa que se quiera quitar los principios del proyecto de ley porque en esta nueva jurisdicción necesitamos unas normas que orienten la interpretación judicial”, sostuvo.Reforma agraria y cumplimiento del Acuerdo de PazDurante la entrevista, la ministra también respondió a quienes aseguran que el Gobierno pretende eliminar el papel de los jueces en los procesos agrarios. Según explicó, el Acuerdo de Paz contempla la creación de una jurisdicción agraria especializada, pero no obliga a que todas las decisiones sobre tierras sean judicializadas.“El acuerdo de paz nunca dice que hay que judicializar la decisión de los procesos agrarios”, afirmó. La funcionaria recordó que actualmente existen miles de procesos detenidos por falta de claridad jurídica y por las dificultades para implementar plenamente la jurisdicción agraria.De acuerdo con cifras expuestas en la entrevista, existen cerca de 38.000 procesos de clarificación de tierras pendientes y más de 73.000 conflictos agrarios que hoy cursan en despachos ordinarios. “Lo que nos quieren poner a hacer es que quede suspendida de facto cualquier decisión administrativa”, advirtió.Los conflictos rurales van más allá de los baldíosLa ministra insistió en que el debate público se ha concentrado únicamente en los baldíos, dejando de lado otros conflictos rurales que afectan diariamente a campesinos y propietarios.Entre esos problemas mencionó disputas por servidumbres, acceso al agua, invasiones de predios, contaminación de suelos y cierres ilegales de caminos rurales.“Los conflictos agrarios son cuando a los campesinos les corren la cerca, cuando les cortan la manguera de suministro de agua o cuando les cierran el tránsito y no pueden salir de su finca”, explicó.Según Carvajalino, la ausencia histórica de justicia efectiva en el campo colombiano ha permitido que actores armados ilegales terminen ejerciendo control territorial y resolviendo disputas mediante la violencia.Gobierno defiende facultades de la ANTOtro de los puntos defendidos por la ministra fue la necesidad de que la Agencia Nacional de Tierras conserve facultades de policía administrativa para actuar rápidamente en procesos de recuperación de baldíos y protección ambiental.La funcionaria puso como ejemplo la emergencia climática en Córdoba y el Bajo Sinú, donde el Gobierno busca intervenir terrenos ocupados irregularmente que afectan el flujo natural de las aguas. “¿Deberíamos recuperar los bienes baldíos de la Nación? Yo le digo sí”, enfatizó.Además, explicó que la propuesta del Ejecutivo contempla que las decisiones administrativas puedan tener control judicial automático e inmediato, buscando un equilibrio entre las competencias de la ANT y la intervención de los jueces agrarios.Congreso tendrá la última palabraAunque el debate ha escalado políticamente tras los pronunciamientos del presidente Gustavo Petro y las respuestas de distintos sectores políticos, la definición final del proyecto dependerá del Congreso de la República. El Gobierno espera que la discusión continúe en términos técnicos y jurídicos, mientras sectores críticos insisten en la necesidad de establecer límites claros entre las funciones administrativas y judiciales dentro de la nueva jurisdicción agraria.
El proyecto de ley de jurisdicción agraria está a punto de hundirse en medio de una pelea que se está subiendo cada vez más de tono entre el Gobierno de Colombia, la Corte Suprema de Justicia, los productores agrícolas y el Congreso de la República. Para la administración de Gustavo Petro, quienes se están oponiendo a su proyecto representan el poder de "gamonales, terratenientes" y son gente que no debería llamarse a sí misma demócrata.Mientras tanto, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los críticos de la iniciativa advierten que aquí se quiere dejar a los jueces agrarios de adorno y concentrar poder en el Gobierno, abriéndole paso a decisiones arbitrarias.En el centro de la pelea hay millones de hectáreas de tierras baldías que el Gobierno necesita para sacar adelante su promesa de hacer una reforma agraria. La disputa está en pleno desarrollo y aquí están las claves para entender la pelea.¿El Gobierno busca un poder excesivo? La polémica por el artículo 9Hoy en día, los procesos sobre baldíos tienen que pasar por un juez de la República, algo que para el Gobierno es engorroso y, en la práctica, ha hecho más lenta la reforma agraria. Por eso, en el artículo 9 del proyecto quieren que se le dé a la Agencia Nacional de Tierras la tarea de decidir todos los procesos relacionados con los baldíos de la Nación, mientras que los jueces agrarios entrarían al tema únicamente cuando exista una oposición. La lista incluye la "recuperación de baldíos indebidamente ocupados o apropiados, revocatoria directa de adjudicaciones de baldíos, de reversión de baldíos adjudicados, condición resolutoria, caducidad administrativa".Sin embargo, esa propuesta genera una enorme resistencia, incluso de los propios magistrados."Al atribuir a la Agencia Nacional de Tierras el trámite predominante de procedimientos que inciden directamente en derechos subjetivos consolidados, como la recuperación de baldíos, la reversión de adjudicaciones o la extinción de dominio agrario, el proyecto debilita el control judicial especializado que, precisamente, justifica la creación de esta jurisdicción. No se trata de desconocer las facultades administrativas de la ANT, se trata de garantizar que el juez agrario sea el eje central del control sobre decisiones que afecten derechos fundamentales vinculados a la tierra", explicó la magistrada Martha Patricia Guzmán.Las críticas de los magistrados van en línea con las advertencias de los gremios del sector, que temen que darle superpoderes a la Agencia de Tierras puede prestarse para actuaciones arbitrarias."Si una entidad del Gobierno tiene todo el poder de investigar y tomar las decisiones de la tierra en Colombia, los ciudadanos quedarán totalmente vulnerables frente al poder excesivo del Gobierno nacional. Por eso, es necesario que se respete el acuerdo de paz, que se respete lo que ha dicho la Corte Constitucional y que se brinden las garantías judiciales y el debido proceso a todos los colombianos. La justicia rural la deben definir los jueces de la República y no el Gobierno nacional", explicó el presidente de la SAC, Jorge Bedoya.No puede llamarse demócrata quien quiere detener la reforma agraria: la defensa del GobiernoEn un discurso el jueves, el presidente Gustavo Petro dijo que la Corte "ha cerrado el camino de la reforma agraria". Por su parte, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, escribió en sus redes sociales: "No puede llamarse demócrata quien quiere detener la reforma agraria o quien facilita las lógicas de acaparamiento y concentración". Para rematar, el presidente de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, aseguró que "al poder gamonal y terrateniente" le molestan las facultades administrativas de su entidad y no quieren que se usen.Vale recordar que el Gobierno prometió en su Plan de Desarrollo entregar 1,5 millones de nuevas hectáreas de tierra a través del Fondo de Tierras de la reforma agraria, usando mecanismos como la venta voluntaria de tierras por parte de quienes tienen la tierra en Colombia. A finales de marzo, el Fondo de Tierras tenía apenas 763.545 hectáreas, de las cuales entregó poco más de 303.000.En un panorama de dificultades para sacar adelante la reforma, los baldíos no son un tema menor. El propio Harman dijo recientemente que el Gobierno tiene identificadas 2,85 millones de hectáreas con una "presunta" condición de baldíos y, mientras esa condición no se aclare, el Gobierno no puede comprarlas ni hacer nada con ellas. El Gobierno pretende aclararlas por sí mismo y ponerle el acelerador al proceso.Aunque el centro de la polémica es el artículo 9, el Gobierno ha incluido varios artículos que les atribuyen a los jueces el deber de defender la soberanía alimentaria y otros objetivos de política pública en un proyecto de ley que, en realidad, debería concentrarse en el procedimiento legal.¿Para dónde va la pelea? El Gobierno se acerca a una nueva derrotaSi la ley de jurisdicción agraria no está aprobada para cuando acaben las sesiones ordinarias, se hundirá por tiempos, y ese parece ser el escenario.En la Cámara de Representantes, donde el Gobierno tiene una mayoría cómoda, no se ha votado ni siquiera el primer artículo porque no había quórum suficiente. Se necesitan 94 representantes presentes en la sesión para que la votación sea válida, pero ayer solo estaban 61 y por eso se suspendió el conteo. La discusión quedó aplazada para el próximo martes.Sin embargo, lo más retador para el Gobierno será lograr mayorías en el Senado, que ha hundido varias iniciativas clave, incluyendo dos reformas tributarias.La ley de jurisdicción agraria se perfila como una derrota más para el Gobierno en el Congreso. Si se hunde, la reforma agraria llegará al final del mandato con resultados muy por debajo de lo prometido: menos de la mitad de las hectáreas comprometidas entregadas y 2,85 millones de hectáreas de baldíos sin resolver. El siguiente Gobierno heredará no solo el debate, sino también las tensiones entre el Ejecutivo, la justicia y el sector productivo sobre quién debe tener el poder de decidir el futuro de la tierra en Colombia.
El representante a la Cámara Gabriel Becerra lanzó duras críticas por los retrasos en la aprobación de la Jurisdicción Agraria y calificó la situación como “mezquindad política”. En entrevista con Blu Radio, aseguró que el proyecto ha sido bloqueado pese a contar con amplios consensos.Becerra recordó que el Congreso ya dio pasos clave en este proceso legislativo, incluyendo la aprobación de la reforma constitucional en 2023 y la Ley Estatutaria. “La pregunta es por qué no es aprobada la ley ordinaria que en un 98 % ha sido consensuada”, afirmó, señalando que existen sectores que se oponen a su avance.El congresista apuntó directamente a la oposición política, al asegurar que “hay sectores de la derecha que no quieren que la ley sea aprobada”. Según explicó, esta falta de trámite estaría frenando una iniciativa que ya superó etapas complejas dentro del Legislativo colombiano.Frente a este panorama, Becerra hizo un llamado a destrabar el debate mediante la votación en plenaria. “Hagamos algo sencillo: votemos, si se quiere negar, se niega”, sostuvo, insistiendo en que el país tiene derecho a conocer las posturas de los congresistas frente a la iniciativa.En sus declaraciones, también defendió el alcance de la Jurisdicción Agraria como una herramienta clave para el campo. “Esta norma permitiría dar un salto en términos de garantizar justicia en el campo”, explicó, destacando que contará con controles de legalidad y supervisión judicial.Finalmente, el representante denunció que el proyecto, radicado el 27 de agosto de 2024, ha sido agendado sin éxito en al menos ocho ocasiones. A su juicio, estas dilaciones podrían llevar a que la iniciativa se hunda por falta de tiempo, pese al respaldo de Naciones Unidas.
En los últimos días La Corte Constitucional pidió acelerar la implementación de la justicia agraria y rural el alto tribunal solicitó al Congreso expedir con urgencia un marco legal para su regulación Además, le ordenó al Consejo Superior de la Judicatura iniciar de inmediato las acciones necesarias para que los juzgados y tribunales agrarios entren en funcionamiento gradual desde 2027.En ese sentido, el Gobierno nacional a través de la ministra de agricultura, Martha Carvajalino pidió al Congreso debatir sobre la misma antes de que finalice la legislatura. El aval de la Corte a la reforma agraria también viene con una serie de exhortos y la creación de juzgados para temas de tierras.Sobre ello, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, aseguró que están en curso 366 procesos que ya podrían llegar a la Jurisdicción Agraria que sumarían más de 112 mil hectáreas para la Reforma.“La indecisión sobre los problemas de administración de las tierras de la nación y sobre los procedimientos agrarios no lleva a otra cosa que a agudizar los conflictos. Hoy muchos de los conflictos entre particulares, de linderos, de ocupación, de posesión, se diluyen en los juzgados promiscuos municipales en procesos de única instancia con la presión política de los territorios”, señaló la minagricultura.Incluso, la jefe de esa cartera aseguró que “estamos ante un bloqueo institucional que agudiza los conflictos sobre la tierra, no tenemos otro mandato que insistirle al Congreso y solicitar que se implemente lo más pronto posible con las normas generales la jurisdicción a la ley”.La Corte Constitucional revisó varias normas sobre tierras y reforma rural, pero en muchos casos decidió no meterse de fondo aunque sí impartió una serie de órdenes para que el Congreso arranque con el debate. Está reforma tendrá jueces especializados en temas rurales y de tierras.
A 15 años de la entrada en vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, los avances siguen siendo limitados, panorama del que no es ajeno Antioquia y su capital, Medellín. Así lo advirtió el abogado Gerardo Vega, de la Fundación Forjando Futuros, quien calificó como “doloroso” el bajo nivel de resultados frente a las solicitudes presentadas por las víctimas.Según cifras con corte al 30 de marzo de 2026, de 172.445 solicitudes de restitución en el país solo se han resuelto 18.631, lo que representa apenas un 10,7 %. En territorio antioqueño, el panorama es apenas ligeramente mejor, con cerca del 12 % de los casos resueltos, concentrados principalmente en regiones como Urabá y el Oriente antioqueño.Analizando Medellín, la situación es aún más crítica. Vega señaló que no se ha concretado ni una sola restitución de vivienda, pese a que existen más de 3.000 solicitudes activas, rezago que se ha dado por factores como la microfocalización (que limita las zonas donde se puede intervenir por razones de seguridad) y la falta de decisiones administrativas que agilicen los procesos sin necesidad de acudir a jueces en casos sin oposición.Por ejemplo, en casos cuyo victimario es el mismo, los predios son colindantes y los hechos de violencia fueron los mismos, tampoco se logró que se resolvieran de manera masiva."Nosotros teníamos una expectativa de que se pudieran hacer una modificación para hacer la restitución administrativa, o sea, cuando no hay opositor, que es el 61 % de los casos, ¿para qué lo llevan ante un juez? ¿Eso no se pudo modificar? Tampoco hubo una decisión de la Unidad de Restitución de Tierras para adelantar los procesos colectivos. Quiere decir ellos que en una sentencia un juez pueda resolver 50, 100, 70 casos", afirmó.El abogado también cuestionó la falta de alternativas para las víctimas cuando no hay condiciones de seguridad, pese a que la ley contempla compensaciones en dinero o con tierras en otras zonas. Según dijo, “las solicitudes se quedan congeladas mientras las víctimas envejecen o fallecen esperando una respuesta”, como por ejemplo uno de los casos que representa Forjando Futuros en Urabá, sin respuestas tras décadas."La Teca lleva desde el año 2014 en Nueva Colonia Turbo, pegado al puerto, y no ha sido posible que ese tema se resuelva. Han fallecido 422 personas que pertenecían a una asociación asociación de trabajadores de la Teca, y no ha sido posible que la resuelvan. Eso lo llevó la Unidad de construcción de tierra, que nosotros ya estamos presentando esos casos ante la Comisión Interamericana, y estamos también evaluando una nueva audiencia en la Comisión Interamericana", sostuvo el directivo.Y es que a cinco años de que se cumpla el plazo de vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, previsto para 2031, la Procuraduría General de la Nación pidió que de manera urgente se fortalezca la participación institucional y se aceleren los resultados en la reparación integral de las víctimas. "Sin cambios estructurales, uso de tecnología y voluntad política, además de las estadísticas, sería imposible cumplir las metas en el tiempo restante", concluyó.
Más de 20 campesinos del corregimiento Isabel López están bloqueando desde las 5 de la mañana el paso por la Vía Cordialidad, corredor clave de transporte de mercancía y de pasajeros entre Barranquilla y Cartagena, pues estos alegan que no estarían siendo tenidos en cuenta en la entrega de tierras que el Gobierno nacional adelanta en el departamento.De acuerdo con Libis Navarro, líder de la manifestación, el pasado viernes fueron entregadas en el municipio de Sabanalarga un total de 70 hectáreas a 15 familias procedentes de Baranoa.La situación resultó molesta para los campesinos de este municipio, quienes completan ocho años esperando por ser beneficiados con algunas de estas entregas. En consecuencia, este martes reclaman que la Agencia Nacional de Tierras no los estaría teniendo en cuenta, pese a que están censados y registrados, por lo que están dispuestos a bloquear el paso en esta importante vía durante esta semana, de ser necesario, hasta no recibir respuestas concretas del Gobierno."Pedimos que el doctor Javier torres le dé la cara a la gente de Isabel López para poder salir de allí. Exigimos que nos tengan en cuenta en la entrega de tierra. Queremos sr participes de la reforma agraria. Por lo pronto la Policía de Tránsito busca conversar con los manifestantes para lograr un acuerdo, mientras están tratando de desviar el tráfico de vehículos que está incrementado para esta época por cuenta de los viajeros que llegan y salen del departamento del Atlántico.
La discusión sobre la aprobación de la Jurisdicción Agraria en la Plenaria de la Cámara de Representantes se encuentra estancada, con la oposición, liderada por el Centro Democrático, denunciando que el Gobierno nacional rompió los acuerdos previos, actuando de "mala fe".El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Hernán Cadavid, dijo en Mañanas Blu con Camila Zuluaga que el acuerdo logrado en el Senado fue modificado en la ponencia para el debate en la Plenaria, específicamente en el artículo noveno. Según Cadavid, la objeción clave que impide la finalización de la discusión es la persistencia del Gobierno en eliminar el control automático de los jueces. "El gobierno persiste en eliminar ese control automático de los jueces y eso ha sido una garantía histórica", indicó Cadavid. Correcciones de fondo y objeciones persistentesEl representante Cadavid destacó que se han logrado hacer "muchas correcciones" al proyecto original gracias a la oposición y a las "observaciones de fondo de la Corte Suprema de Justicia"."Nosotros de fondo no nos hemos opuesto a la Jurisdicción Agraria, la hemos corregido. Yo soy ponente y estoy listo para el debate", enfatizó. El dilema de la financiación y la inseguridad jurídicaEl debate se ha profundizado al revelarse la preocupación sobre la capacidad de operación de la nueva jurisdicción. Según Cadavid, el Gobierno nacional recientemente recortó 650.000 millones de pesos a la rama judicial para el año 2026."Aprobar la Jurisdicción Agraria no garantiza el funcionamiento porque no tiene cómo funcionar, porque le están quitando la plata a los jueces que hoy existen, a la Corte Suprema, a la Judicatura", aseveró.Escuche la entrevista aquí:
La Contraloría General de la República le puso la lupa a la compra del predio ‘La Grosería’ que realizó la Agencia Nacional de Tierras en el municipio de Chimichagua, Cesar, y encontró que dicha adquisición realizada por 4.161 millones de pesos “generó un impacto negativo” al no cumplir “los requisitos mínimos establecidos”.La ANT realizó la compra como parte de los procesos de adquisición de predios rurales destinados al Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral; sin embargo, este terreno “se encontraba ocupado por familias en condición de invasión, quienes habían levantado viviendas improvisadas dentro del inmueble”, situación que era “de conocimiento previo” de la entidad, informó la Contraloría.Además, el ente de control aseguró que, según un estudio técnico, “la mayor parte del predio corresponde a suelos de clases agrológicas VII y VIII, categorizados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi como improductivos e inadecuados para actividades agrícolas, pecuarias o forestales, por lo cual no cumple con los parámetros de aptitud y vocación productiva definidos en la normatividad agraria vigente, ni con la viabilidad técnica para su adquisición”.En conclusión, dice la Contraloría, “la ANT destinó $4.161 millones para la compra de un predio con ocupantes indeterminados y sin aptitud productiva, en contravía de la Ley y de los lineamientos del Acuerdo Final de Paz”.
El fuerte terremoto de este lunes, 10 de agosto, dejó fuertes afectaciones en Pereira, ciudad cercana al epicentro de San José del Palmar en el departamento del Chocó. La cifra aumenta con el paso de las horas y la preocupación crece en la población.En medio del cubrimiento que ha hecho Noticias Caracol por esta emergencia, el corresponsal Freddy Gómez ha vivido esto mucho más de cerca, no solo por encontrarse en la ciudad, sino por ser pereirano y toda su familia también, quien también deberá hacer lo que hacen cientos de ciudadanos: buscar agua, buscar refugio y muchas cosas más.Pero en medio del extenso reportaje que ha tenido en Pereira, Gómez dejó una imagen que se viralizó rápidamente en el momento en que entrevistó al alcalde Mauricio Salazar, quien rompió en llanto al dar la cifras de afectados en la ciudad por este terremoto.“Es una tragedia para toda la ciudad. Para miles de familias. Por supuesto, necesitamos el apoyo del Gobierno y ahora necesitamos la reconstrucción de la ciudad, por necesitamos al Gobierno. Sigo con la fe puesta en Dios para trabajar por Pereira. Muy duro”, dijo el mandatario en medio de lágrimas.Ahí, el periodista no aguantó y salió de su rol para poder abrazarlo para mostrarle que tampoco está solo en este difícil momento que atraviesa al frente de esta emergencia en la capital de Risaralda. Una imagen que le ha dado la vuelta a todo el país.Más de 50 muertos ha dejado el terremoto en la ciudad y continúan las labores de rescate en diferentes puntos. Además, se contabilizan 34 estructuras colapsadas, 24 con daños parciales y 4 incendios estructurales, demostrando que, junto a Cali y Quibdó, ha sido de las zonas más afectadas en todo el país por este fuerte terremoto de 7.4 que tuvo como epicentro el Chocó.
A medida que pasan las horas del fuerte terremoto que sacudió gran parte del país, se van conociendo más videos de los procesos de evacuación durante ese movimiento telúrico. Uno de los que más se ha viralizado en redes sociales fue en una veterinaria en Medellín.En el video compartido por el propio negocio en su cuenta de Instagram se puede evidenciar cómo las profesionales llegaron al consultorio corriendo para iniciar a sacar a los animales que se encontraban allí. No importaba si tenían algún elemento médico o su tamaño, cada veterinario mostró su profesionalismo en ese momento de tensión y evacuó a sus pacientes.De hecho, uno de los aspectos que más resaltaron las personas en los comentarios del video fue que uno de los animales lo sacaron con una cobija para protegerlo. Por eso, los usuarios manifestaron que este tipo de actuaciones evidencia la calidad del personal que trabaja allí, así como el amor por estos gatos o perros que hacen parte de muchas familias antioqueñas."Gracias a todo el equipo que reaccionó de manera oportuna con los pacientes hospitalizados que son nuestra prioridad. Afortunadamente todos estamos bien y lamentamos profundamente las pérdidas de ciudades vecinas", se lee en la publicación.En cuestión de segundos, se puede salvar la vida no solo de las personas sino también de los peluditos que son, para muchos, un miembro más de la familia."Ninguno se queda atrás", se lee en el video de la cámara de seguridad de la veterinaria.Vale recordar que el movimiento telúrico se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y oeste del país, así como en Ecuador, Panamá y Venezuela.Último informe del terremotoAl menos 132 personas murieron y más de 570 resultaron heridas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes gran parte de Colombia, donde decenas de edificios colapsaron, hospitales quedaron desbordados y varios aeropuertos suspendieron sus operaciones, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.
El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia este lunes, 10 de agosto, pudo haber tenido consecuencias mucho más graves si se hubiera registrado a una menor profundidad. Así lo explicó Daniel Ruiz, PhD en Ingeniería de la Universidad Javeriana, durante una entrevista en Recap Blu, de Blu Radio.El experto señaló que la profundidad del movimiento telúrico fue determinante para entender el impacto que tuvo el terremoto en el territorio nacional. Según explicó, el sismo ocurrió a casi 100 kilómetros de profundidad, permitiendo que la energía se distribuyera antes de llegar a la superficie.“Si hubiera ocurrido ese mismo sismo 7,4, pero unos 50 kilómetros de profundidad, yo creo que la devastación habría sido casi que apocalíptica”, aseguró Ruiz al explicar las diferencias que puede generar la profundidad de un terremoto.De acuerdo con el ingeniero, cuando un sismo ocurre a mayor profundidad, la energía sísmica tiene un mayor recorrido antes de alcanzar la superficie. Esto permite que se irradie en un área más amplia y modifica la intensidad con la que puede afectar determinados puntos.“Por fortuna, entre comillas, el sismo que ocurrió fue a una profundidad de casi 100 kilómetros y eso permitió que la energía sísmica se irradiara en una mayor área antes de que llegara a la superficie”, explicó el profesor.¿Por qué la profundidad es tan importante en un terremoto?La profundidad a la que se produce un terremoto es uno de los factores que puede determinar cómo se manifiesta el movimiento en superficie. Por eso, dos sismos con una magnitud similar pueden generar consecuencias diferentes dependiendo de dónde y a qué profundidad se originen.En este caso, Ruiz destacó que el terremoto tuvo su origen en el movimiento de la placa de Nazca, que se introduce por debajo de la placa Suramericana. Este proceso tectónico puede generar movimientos de gran magnitud capaces de sentirse en amplias regiones.“Lo que sucedió fue una gran placa que es la placa del Pacífico. Esta placa se llama la placa Nazca, que se está metiendo por debajo de la placa Suramérica”, explicó el especialista.El desplazamiento entre estas placas genera acumulación y posterior liberación de energía. Debido al tamaño de la estructura tectónica involucrada, un movimiento puede afectar a buena parte del territorio colombiano.“Tenemos una placa de conducción, una placa muy grande que se está metiendo por debajo de la placa de Suramérica y que cuando se mueve puede afectar muchísimos departamentos”, agregó Ruiz.Durante la entrevista, el experto también descartó que el terremoto registrado en Colombia tenga una relación directa con otro movimiento sísmico ocurrido en Venezuela.“No hay forma de que se puedan relacionar ambos terremotos”, afirmó Ruiz. Según explicó, el evento registrado en Venezuela se produjo en una zona tectónica diferente, asociada a la placa del Caribe.“En el Caribe, digamos, que está muy lejos a la zona del Pacífico donde ocurrió el terremoto que afectó a Colombia”, señaló el profesor de la Universidad Javeriana.Por esta razón, el especialista insistió en que no existe evidencia para establecer una conexión entre ambos fenómenos sísmicos, pese a que hayan ocurrido en un periodo cercano.¿Qué hacer si ocurre otro terremoto?Ruiz explicó que no existe una recomendación única para todas las personas durante un terremoto, debido a que el comportamiento de cada edificación depende de su configuración estructural.“En ingeniería sísmica, la palabra que rige todo lo que respondemos es depende. Cada edificación tiene una configuración estructural muy diferente a otra”, indicó.En edificaciones bajas, el experto considera que puede ser recomendable evacuar rápidamente, siempre evitando ventanas y vidrios que puedan desprenderse. En construcciones altas, por el contrario, evacuar por las escaleras podría representar un riesgo si la estructura sufrió daños.“Si uno está en una edificación bajita, lo mejor es salir, ¿no? Y salir lejos de los vidrios, de las ventanas que puedan caer”, explicó Ruiz.En edificios altos, el especialista recomendó buscar elementos estructurales rígidos, como columnas o muros de concreto, especialmente en zonas donde estos elementos tengan una función estructural importante.Las edificaciones más vulnerablesEl experto también explicó que el nivel de afectación de una construcción depende, entre otros factores, de si fue diseñada bajo criterios de resistencia sísmica. Las edificaciones de autoconstrucción y aquellas que carecen de elementos estructurales adecuados presentan mayores riesgos.“Las edificaciones más vulnerables son aquellas que no han tenido un diseño sismorresistente”, señaló Ruiz. Entre los casos más delicados mencionó las construcciones de mampostería sin refuerzo.Según el ingeniero, una edificación construida únicamente con ladrillo convencional y sin columnas o vigas puede presentar fallas súbitas. En estos casos, el inmueble puede no ofrecer señales suficientes antes de producirse un daño grave.“Las edificaciones de mampostería sin refuerzo, las que no tienen acero de refuerzo por dentro o que no tengan columnas y vigas perimetrales, son muy frágiles”, advirtió.Ruiz también llamó la atención sobre construcciones históricas, particularmente aquellas hechas en tierra, debido a que pueden presentar un comportamiento deficiente frente a movimientos sísmicos de gran magnitud.Réplicas: ¿pueden ser más fuertes que el terremoto?Tras un terremoto de magnitud 7,4 pueden presentarse réplicas, aunque normalmente estos movimientos tienen una magnitud inferior a la del sismo principal.“Usualmente las réplicas tienen la magnitud inferior al sismo principal. Es muy raro condiciones en las cuales uno tenga réplicas que tengan magnitudes similares”, explicó Ruiz.El profesor también recordó que la escala de magnitud es logarítmica. Por eso, pasar de magnitud 5 a magnitud 6 no significa simplemente un incremento pequeño en la energía liberada.“Una magnitud de seis no es que sea un poquitico más grande que una magnitud cinco”, explicó.
La alerta sísmica que reciben los celulares no predice los terremotos, como muchos creen en redes sociales, sino que, en realidad, detecta que el movimiento ya comenzó y aprovecha los segundos de diferencia entre la llegada de las primeras ondas sísmicas y aquellas que pueden ser percibidas por las personas para enviar una advertencia.Camila Domínguez, gerente de Alianzas de Android en Hispanoamérica, explicó en diálogo con La Nube de Blu Radio que Google desarrolló este sistema en conjunto con entidades especializadas y mediante la tecnología incorporada en los dispositivos Android."Los terremotos no se predicen y por eso siempre cuando mandamos la alerta de terremotos decimos, no es que Google esté prediciendo el terremoto, el terremoto ya ocurrió, el problema es que la gente no lo ha sentido. Entonces eso da tiempo a que desde que se mandan las primeras ondas del terremoto, que digamos que son las imperceptibles para el humano, voy a decirlo así, alcance a llegar a los servidores y se puedan mandar las alertas", explicó.¿Cómo detectan los celulares un terremoto?El sistema utiliza los sensores de movimiento de los teléfonos Android para identificar señales asociadas a un sismo. Los dispositivos pueden funcionar como una especie de red de detección que recopila información y permite generar una alerta para otros usuarios.“Los celulares sirven como las redes sismómetros y van alimentando y generando la alerta para los ciudadanos (...) La gente que está mucho más cerca del epicentro pues recibe la alerta con mucho menos tiempo que la que está un poco más lejos”, explicó Domínguez.El sistema también distingue entre alertas de “acción” y de “atención”, dependiendo del nivel de riesgo estimado para cada zona.¿Qué necesita el celular para recibir la alerta?La alerta de terremotos de Google está disponible para dispositivos Android compatibles y viene activada por defecto. Sin embargo, el teléfono debe tener habilitada la ubicación y contar con conexión a internet, ya sea mediante Wi-Fi o la red móvil.En el caso de las alertas por terremotos, el sistema depende del software de Android, mientras que otras emergencias, como inundaciones o incendios forestales, pueden involucrar a organismos gubernamentales, operadores y sistemas nacionales de gestión del riesgo.Según Domínguez, aproximadamente 13 millones de teléfonos recibieron la alerta durante el terremoto este 10 de agosto, una cifra que demuestra el alcance que pueden tener estas herramientas tecnológicas para mejorar la respuesta de la ciudadanía ante una emergencia.
La tragedia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país dejó una nueva víctima en el departamento del Chocó: Mateo, el hijo del alcalde de Bahía Solano, murió como consecuencia de la emergencia que ha dejado al menos 132 personas fallecidas y numerosas estructuras destruidas o afectadas.La muerte del menor se conoce mientras los organismos de socorro mantienen las labores de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas por el movimiento telúrico, cuyo epicentro estuvo en inmediaciones de San José del Palmar, en el Chocó. Las autoridades han advertido que las primeras horas son determinantes para encontrar con vida a personas que puedan continuar atrapadas entre los escombros.A través de una imagen compartida por la alcaldía se confirmó la lamentable muerte del pequeño Mateo. Allí se puede ver al niño sonriendo, levantando uno de sus pulgares y vistiendo una camisa blanca. También se envió un mensaje de solidaridad con el alcalde Jairson Leonel Valencia y su familia por la muerte del menor."La partida de Mateo enluta profundamente a nuestra institucionalidad y a todo nuestro municipio de Bahía Solano. elevamos nuestras oraciones para que Dios les conceda fortaleza, consuelo y serenidad para afrontar estos difíciles momentos, y que su amor y misericordia acompañen a toda la familia", se lee en la imagen.Vale recordar que en la tarde de este lunes el presidente Abelardo De La Espriella visitó Quibdó, capital del Chocó, y posteriormente se trasladó a Cali para conocer de primera mano la situación.Nuevas medidas tras terremotoAnte la magnitud de la emergencia, la Alcaldía de Cali decretó el toque de queda entre las 8:00 de la noche de este lunes y las 6:00 de la mañana del martes, además de ordenar la militarización de la ciudad. El alcalde Alejandro Eder explicó que estas medidas buscan garantizar la seguridad y facilitar la movilidad de los equipos de emergencia. “Tenemos amenazas de saqueo, por eso he ordenado el toque de queda y la militarización de Cali”, afirmó el mandatario.Eder también señaló que la presencia de la Policía y el Ejército será reforzada en diferentes sectores, especialmente en las comunas 17 y 19 y en los puntos donde se reportaron mayores daños. “Estas primeras 48 horas son críticas para que podamos rescatar con vida a todas las personas que puedan estar atrapadas en los edificios colapsados”, manifestó el alcalde, quien pidió a los ciudadanos reportar cualquier intento de saqueo o situación que pueda poner en riesgo la seguridad.Como parte del despliegue para atender la emergencia, Cali recibirá 60 rescatistas procedentes de Bogotá y otros 32 integrantes de las Fuerzas Militares. Además, fue declarada la calamidad pública con el propósito de concentrar los recursos y esfuerzos institucionales en la protección de la vida y la atención de las personas afectadas. La emergencia también obligó a suspender la edición número 30 del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, programada entre el 12 y el 17 de agosto. La Alcaldía indicó que las actividades artísticas, académicas, culturales y sociales quedarán sujetas a la evolución de la situación y a la evaluación de las autoridades y organismos de socorro. Mientras continúan las labores de atención, Eder hizo un llamado a la solidaridad y a facilitar el trabajo de los equipos de rescate. “Caleños, esta prueba la vamos a superar unidos, la vamos a superar juntos y saldremos adelante”, concluyó.