Alertan que proyecto agrario concentraría poder en la ANT y debilitaría la justicia rural

El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga advirtió que de aprobarse tal y como está el Proyecto de Ley de Competencias de la Jurisdicción Agraria estarían en riesgo las garantías procesales, la seguridad jurídica y los derechos de propiedad privada en Colombia.La preocupación del ICP está en el artículo 9, parágrafo 2, de la ponencia positiva presentada en la Cámara de Representantes pues este implica la eliminación del control judicial automático en los procesos agrarios de, recuperación de baldíos, reversión de baldíos adjudicados, revocatoria directa de baldíos adjudicados, condición resolutoria, y caducidad administrativa.Para el instituto, esto sería una incoherencia pues de nada sirve crear una jurisdicción agraria si se les va a quitar herramientas a los jueces que manejan este tipo de proceso y concentrarlos el poder de decidir sobre la tenencia de tierras en una entidad administrativa como la Agencia Nacional de Tierras.“La supresión del control judicial debilita la imparcialidad del proceso y aumenta el riesgo de decisiones arbitrarias”, señala el análisis del Instituto, que considera que la medida “representa un grave retroceso en materia de garantías procesales y separación de poderes”.El organismo recordó que la Corte Constitucional ya ha declarado inconstitucionales intentos similares de eliminar esta supervisión judicial, como el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo (Ley 2294 de 2023), y ha reiterado que los asuntos relacionados con la propiedad rural deben ser resueltos por la jurisdicción y no por autoridades administrativas.“La medida pone en riesgo derechos fundamentales y desdibuja la separación de poderes al permitir que una autoridad administrativa actúe como juez y parte”, señala el pronunciamiento.Para el centro de pensamiento, insistir en este camino desconoce los límites fijados por la Corte y vulnera principios esenciales del Estado de derecho. “El Congreso no debe eliminar estas garantías judiciales, pues ello concentraría un poder excesivo en el Ejecutivo, debilitaría la separación de funciones y pondría en riesgo la seguridad jurídica en el campo”, sostiene el ICP.La organización también cuestionó la capacidad de la ANT para asumir este tipo de funciones, señalando que desde la expedición del Decreto Ley 902 de 2017 la entidad no ha logrado cumplir adecuadamente con su mandato judicial. En opinión del instituto, la solución no es eliminar la fase judicial, sino fortalecer las instituciones encargadas de aplicarla con eficacia y transparencia.De acuerdo con el comunicado, el Congreso debería exigir al Ministerio de Agricultura y a la ANT un balance sobre las demandas presentadas ante los jueces de la República relacionadas con los procesos agrarios. Este ejercicio, dice el ICP, permitiría evidenciar que la supuesta “ineficiencia judicial” no tiene sustento real y que la falta de resultados responde más a la inacción de la administración que a las limitaciones del control judicial.El Instituto advierte que aprobar el artículo 9 del proyecto podría agudizar la inseguridad jurídica en el campo colombiano, aumentar la discrecionalidad estatal en materia de tierras y provocar un repunte de la conflictividad social rural.“Eliminar el control judicial automático no solo debilita los contrapesos institucionales, sino que erosiona la confianza en el Estado y en la justicia”, concluye el documento.