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La Contraloría General de la República le puso la lupa a la compra del predio ‘La Grosería’ que realizó la Agencia Nacional de Tierras en el municipio de Chimichagua, Cesar, y encontró que dicha adquisición realizada por 4.161 millones de pesos “generó un impacto negativo” al no cumplir “los requisitos mínimos establecidos”.
La ANT realizó la compra como parte de los procesos de adquisición de predios rurales destinados al Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral; sin embargo, este terreno “se encontraba ocupado por familias en condición de invasión, quienes habían levantado viviendas improvisadas dentro del inmueble”, situación que era “de conocimiento previo” de la entidad, informó la Contraloría.
Además, el ente de control aseguró que, según un estudio técnico, “la mayor parte del predio corresponde a suelos de clases agrológicas VII y VIII, categorizados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi como improductivos e inadecuados para actividades agrícolas, pecuarias o forestales, por lo cual no cumple con los parámetros de aptitud y vocación productiva definidos en la normatividad agraria vigente, ni con la viabilidad técnica para su adquisición”.
En conclusión, dice la Contraloría, “la ANT destinó $4.161 millones para la compra de un predio con ocupantes indeterminados y sin aptitud productiva, en contravía de la Ley y de los lineamientos del Acuerdo Final de Paz”.
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