La nueva estrategia implementada por la Creg, que trata de fomentar el ahorro de energía ante la llegada del fenómeno de El Niño, ha despertado solo rechazos desde la región Caribe, donde los mandatarios están exigiendo un trato diferencial por las altas temperaturas que azotan este territorio en comparación con el resto del país.En el Atlántico, este miércoles se pronunciaron el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el gobernador Eduardo Verano durante su llegada al encuentro nacional de personeros. De acuerdo con el mandatario distrital, la implementación de estos cobros adicionales por subir el consumo es un duro golpe para los ciudadanos, y alega que hasta pone en “peligro a los abuelitos”.“Muy difícil, y sobre todo cobrar más. Yo pienso que tienen que mirarse con ojos diferenciadores porque imaginen nosotros con sensaciones térmicas de 50 grados, ¿cómo no prendes un abanico? Hasta la salud de un abuelito está corriendo riesgo. Tengo certeza de que el Gobierno va a revisar eso”, dijo a Blu Radio.Por su parte, Verano asegura que la resolución está “totalmente fuera de contexto”. En sus palabras, defendió que hay lugares como Bogotá en los que según él hasta se puede vivir sin ventiladores, lo que “es imposible para nosotros”.“Creo que está totalmente fuera de contexto. No aciertan. Si lo que quieren es incentivar el ahorro, tienen que tener en cuenta también las condiciones climáticas y las diferencias que hay en las regiones. No son iguales y no se pueden medir con el mismo rasero”, dijo inicialmente.“Las temperaturas que hay en nuestro terruño son totalmente diferentes a lo que se puede estar viviendo en Bogotá. Una persona para vivir allá no necesita ni siquiera un abanico y aquí es casi imposible. El aire acondicionado es lo que más consume. Obviamente que no podríamos estar de acuerdo”, agregó.Con la misma vehemencia, la iniciativa fue rechazada por la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan, ya que para ella tampoco se está teniendo en cuenta que el Caribe aporta el 92% de la subnormalidad en el país y que desde hace tres décadas no se llevan a cabo los planes de inversión para el sistema eléctrico. Por eso, pedirá una mesa con la Creg junto con el resto de gobernadores para hablar del tema.“Proyectaremos un documento, que le pediré a los gobernadores del Caribe colombiano nos acompañen con la firma, para pedir una mesa al interior de la Comisión Reguladora, liderado por supuesto por la ministra de Energía y con una invitación al señor Procurador porque sin el ánimo de ser pesimista, veo venir un tiempo muy complejo frente a la prestación del servicio en mi territorio y eso con los antecedentes que tenemos en lo que nos estará derivando es en un estallido social y agudiza, por supuesto, el tema del fenómeno de El Niño”, fueron sus palabras.Sanjuan fue clara en que no está pidiendo que “nos abaraten el costo de la tarifa”, sino que se acepte que “a nosotros nos pesa es el del consumo”.
Entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde del pasado martes, dos personas reconocidas en Cesar desaparecieron de una forma que mantienen alarmados a sus familias y conocidos.El primer caso se registró en zona rural de Manaure Balcón del Cesar, donde se le perdió el rastro al ganadero Julio Morón Pérez, cuando llegaba a su finca llamada Veracruz. Allí, los trabajadores fueron quienes se percataron de que la camioneta de Morón había quedado abandonada afuera de la finca, con los vidrios abajo y con el celular tirado dentro del vehículo.Así lo confirmó el secretario de Gobierno de La Paz, Alberto Ramírez, población que se unió a los operativos de búsqueda, ya que el desaparecido es esposo de la exalcaldesa de ese municipio, Andrea Ovalle.Le puede interesar: Fedegán rechazó secuestro de ganadero en Cesar: “El campo no puede ser víctima de violencia”"Salimos de manera inmediata a hacerle el acompañamiento con la Fuerza Pública. Llegamos al lugar, encontramos una Toyota cuatro puertas, cerca del portón. Nosotros ingresamos y el carro estaba ahí abandonado. Dicen los trabajadores de la finca que encontraron hasta el celular", contó Ramírez.El caso fue asumido de manera inmediata por el Gaula de la Policía, sin embargo, los uniformados apenas comenzaban la investigación y los operativos de búsqueda, cuando se reportó otra desaparición, la del agricultor Álvaro Rodríguez, conocido como ‘Boliche’ y a quien desconocidos lo habrían sacado a la fuerza de su casa, en el corregimiento de Pasacorriendo, en el municipio de Tamalameque.Al respecto, el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, sostuvo que el Gaula de la Policía y el Gaula del Ejército están al frente de la situación para ubicar a estas personas."Se le ha hecho el seguimiento a las familias, preguntándoles si ya han tenido alguna llamada solicitando algún recurso, algún dinero con el objeto de poder liberarlos, pero no se han dado esa esas llamadas. La gobernadora Elvia Milena Sanjuan está mirando la posibilidad de poder ofertar alguna recompensa sobre el particular", indicó el secretario Esquivel.El ganadero, padre del asesor de Asuntos Interinstitucionales de la Gobernación del Cesar, Julio Morón Ovalle, no había recibido amenazas hasta la fecha.Del comerciante se ha podido establecer que tampoco había sido intimidado recientemente, pero en 2022 ya había sido víctima de secuestro en ese mismo corregimiento. En esa oportunidad estuvo casi dos meses en cautiverio.
El Gobierno de los Estados Unidos, a través de su Departamento de Estado, emitió una alerta de seguridad debido al "riesgo elevado" de ataques perpetrados por grupos armados ilegales, en particular por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en el departamento del Cesar.De acuerdo con el comunicado oficial de la diplomacia estadounidense, durante el año 2026 se ha registrado una serie de atentados ejecutados mediante drones cargados con material explosivo. Estas incursiones han estado dirigidas contra subestaciones de Policía, instalaciones militares y posiciones de las fuerzas de seguridad en dicha zona del país.El reporte del Departamento de Estado detalló varios de los episodios ocurridos recientemente en la jurisdicción del Cesar:En julio se registró un ataque contra la subestación de Policía de El Burro, en el municipio de Pailitas, que dejó cinco agentes heridos.En agosto ocurrió una incursión en el sector de Curumaní y San Roque, en la cual murió un agente de la Policía.A finales de agosto se notificaron nuevos ataques con drones en el sur del departamento, los cuales causaron lesiones a varios soldados.Frente a esta secuencia de hechos, la entidad estadounidense advirtió que las organizaciones armadas ilegales podrían realizar nuevas acciones con poco o ningún aviso previo contra infraestructuras gubernamentales, comisarías y puestos militares.Restricciones de movilidad y recomendacionesLa alerta contempla que el personal del Gobierno de los Estados Unidos podría tener restricciones para desplazarse a determinadas áreas del Cesar.A su vez, las autoridades norteamericanas emitieron una serie de recomendaciones para sus ciudadanos en la zona:Mantenerse alerta a los alrededores y extremar precauciones cerca de instalaciones militares, policiales o edificios gubernamentales.Evitar aglomeraciones, no enfrentarse a personas armadas y mantener un perfil bajo.Seguir la información de medios locales y mantener cargados los dispositivos móviles de emergencia.El Departamento de Estado recordó que su recomendación de viaje vigente prohíbe el desplazamiento de ciudadanos estadounidenses a departamentos como Arauca, Cauca (salvo Popayán), Valle del Cauca (salvo Cali), Norte de Santander y zonas a menos de 10 kilómetros de la frontera con Venezuela, al tiempo que pide reconsiderar viajes al resto del territorio colombiano.
Un nuevo ataque con explosivos lanzados desde drones afectó este miércoles la subestación de Policía del corregimiento de El Burro, ubicado en el municipio de Pailitas, Cesar. Afortunadamente, la acción criminal no dejó víctimas que lamentar. La subestación estaba abandonadaDebido a un atentado previo ocurrido hace aproximadamente tres semanas, las instalaciones policiales se encontraban temporalmente abandonadas, lo que evitó que el personal uniformado o la población civil resultaran heridos durante la explosión.Le puede interesar: Tres policías heridos tras ataque con drones en Pailitas, CesarLas autoridades confirmaron que el impacto de este nuevo ataque provocó únicamente daños materiales en la estructura de la subestación. De igual forma, a pesar de que la agresión armada se registró sobre la Ruta del Sol Sector 2, no se reportaron civiles lesionados ni afectaciones a los vehículos que transitaban por este importante corredor vial del país
Durante dos jornadas de audiencia restaurativa, realizadas el 27 y 28 de agosto en Valledupar, Cesar, el coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón de Artillería No. 2 “La Popa”, reconoció su responsabilidad por 24 hechos ocurridos entre 2004 y 2005, en los que 38 personas fueron asesinadas y presentadas falsamente como bajas en combate. De ellas, 13 fueron víctimas de desaparición forzada y nueve de tortura.El excomandante reconoció los tres patrones macrocriminales identificados por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), relacionados con la entrega de víctimas por parte de grupos paramilitares, la selección ilícita de personas mediante engaños y la ejecución de heridos y personas rendidas que no tenían estatus de combatientes.“Reconozco que las conductas descritas anteriormente recayeron sobre personas que nunca debieron ser tratadas como enemigos y que su presentación como resultados operacionales agravó aún más el daño causado a ellas y no solamente a ellas, sino a sus familias, a sus pueblos y a sus comunidades”, declaró Figueroa ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).El compareciente pidió perdón a las víctimas y reconoció que, como comandante, avaló ante medios locales versiones oficiales que presentaban a las víctimas como combatientes.“Les pido perdón por las vidas arrebatadas, por las desapariciones, por la tortura, por la estigmatización y por todos los señalamientos que cayeron sobre personas y familiares que nunca debieron cargar con ellos”, afirmó.Además, les pidió perdón a las víctimas por “haberlas obligado a defender lo más importante: el buen nombre de esos seres queridos frente a versiones oficiales que los presentaban como combatientes y que, como comandante del batallón, a través de los medios locales de comunicación, firmaba”.Ante el compareciente, las víctimas exigieron verdad y dignificación.“En ningún informe aquí encuentro que hubiera una persona que por lo menos fuera hijo de un congresista o de una persona de cuello blanco. Todas las personas que se ejecutaron fueron personas humildes, fueron personas nobles, como mi hermano John Hader”, afirmó Rocío Escorcia, una de las víctimas acreditadas por la JEP dentro de este caso.De acuerdo con la Unidad de Investigación y Acusación, el coronel (r) Juan Carlos Figueroa exigía “bajas” a sus subordinados en programas radiales diarios y existía un sistema de incentivos que incluía dinero, permisos, felicitaciones y viajes internacionales para premiar los reportes de combate.La tropa armaba, además, kits de armas y uniformes para simular enfrentamientos, mientras que varias víctimas fueron sepultadas como personas sin identificar en los cementerios de Codazzi y Valledupar.Entre las víctimas se encuentran integrantes de los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo, entre ellos Nohemí Pacheco Zabatá, una niña Wiwa de 13 años que fue asesinada y presentada falsamente como integrante de la guerrilla.El magistrado Raúl Sánchez fijó el 22 de octubre como fecha para la lectura de la sentencia. Debido a que se trata de un reconocimiento tardío, corresponderá una sanción alternativa de entre cinco y ocho años de privación de la libertad, con componentes restaurativos.
La seguridad en el departamento del Cesar atraviesa una situación crítica por el accionar de grupos armados ilegales, especialmente el ELN, que en las últimas horas ha incrementado sus ataques mediante el uso de drones cargados con explosivos. La gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán, advirtió que la capacidad tecnológica de estas estructuras criminales supera actualmente las herramientas con las que cuentan la Fuerza Pública en el departamento.En entrevista con Mañanas Blu, la mandataria departamental explicó que los hechos registrados en el municipio de Pelaya no son aislados y que hacen parte de una problemática que, según afirmó, se viene presentando desde hace tiempo en diferentes zonas del Cesar.“Lo que está pasando en Pelaya no es nuevo. Estos ataques de estos grupos narcoterroristas en el territorio vienen hace mucho tiempo”, señaló Sanjuán, al recordar otros hechos violentos ocurridos recientemente en el departamento, entre ellos el asesinato de siete soldados en Aguachica y el ataque contra la subestación de Policía de San Roque, en Curumaní.ELN habría atacado con drones durante operaciones contra el robo de hidrocarburosLa gobernadora relacionó la escalada de violencia en Pelaya con las economías ilícitas que se mueven en el territorio, particularmente con el robo de hidrocarburos.Según explicó, tropas del Ejército acompañaban a trabajadores de Ecopetrol durante labores para taponar válvulas que, de acuerdo con su relato, eran utilizadas para el hurto de hidrocarburos. Fue durante esas operaciones que se produjo el ataque atribuido al ELN.“Justo cuando nuestros soldados acompañaban a trabajadores de Ecopetrol a hacer el taponamiento de unas válvulas que estos narcoterroristas tenían habilitadas con el Zenit, generaron el ataque”, afirmó.Sanjuán agregó que posteriormente también fue atacada la Policía, que había llegado al lugar para apoyar las operaciones militares. Para la gobernadora, la respuesta de los grupos armados estaría relacionada con los golpes que las autoridades vienen propinando a sus estructuras criminales, incluidos operativos contra el robo de hidrocarburos y laboratorios de droga.Entre 30 y 40 granadas habrían sido lanzadas desde dronesUno de los aspectos que más preocupa a las autoridades es el nivel de sofisticación de los ataques con aeronaves no tripuladas. La gobernadora confirmó que en el ataque registrado en Pelaya fueron utilizados drones con capacidad para lanzar entre 30 y 40 granadas.“Cuando un dron le suelta 30, 40 granadas, ya no estamos hablando de unos drones orgánicos ni esos drones que consiguen en el mercado negro de poca capacidad. Ya esas son capacidades muy superiores”, sostuvo.Ante este escenario, Sanjuán insistió en la necesidad de fortalecer las capacidades tecnológicas de la Fuerza Pública para enfrentar las amenazas aéreas no tripuladas.La Gobernación del Cesar, según informó, puso a disposición recursos por 6.000 millones de pesos para contribuir a la adquisición de tecnología destinada a enfrentar este tipo de ataques. Ecopetrol también manifestó su disposición de aportar a la protección de la infraestructura estratégica que opera en la región.Gobernadora alerta por drones sobre el comando de Policía en ValleduparLa preocupación no se limita a las zonas rurales. Sanjuán reveló que los drones utilizados por los grupos armados también han sido detectados sobrevolando instalaciones policiales en Valledupar.“Es increíble, pero ya nosotros nos sobrevuelan drones en el comando de Policía del departamento del Cesar, en la ciudad de Valledupar”, manifestó.La gobernadora explicó que una situación similar se presentó el pasado 7 de agosto, mientras se registraba un ataque en San Roque, Curumaní. En ese momento, afirmó, drones también sobrevolaron la comandancia departamental y otras estaciones de Policía.El problema, según Sanjuán, radica en que actualmente el departamento no cuenta con equipos especializados contra drones. La respuesta de los uniformados se realiza con las armas disponibles y mediante disparos, dependiendo de las condiciones del lugar y de las capacidades del armamento.“No es precisamente con un equipo antidrón porque no contamos con ellos en el departamento”, aseguró.Piden mayor presencia de la Fiscalía contra el crimen organizadoAdemás de la tecnología y el fortalecimiento de las operaciones militares y policiales, la gobernadora planteó la necesidad de reforzar la capacidad judicial para enfrentar a las estructuras criminales.Sanjuán solicitó que la Fiscalía General de la Nación envíe al Cesar fiscales especializados en crimen organizado. A su juicio, existe una dificultad cuando los organismos de inteligencia identifican a presuntos cabecillas o integrantes de grupos armados, pero no cuentan con suficiente capacidad judicial para materializar allanamientos u órdenes de captura.“Nosotros no podemos tener a nuestros grupos de inteligencia sabiendo dónde están los cabecillas, sabiendo dónde están los subversivos, y que no tengamos un fiscal que genere un allanamiento o una orden de captura”, afirmó.Economías ilícitas impactan a municipios del CesarLa mandataria también llamó la atención sobre el impacto social de las economías ilícitas en el departamento. Durante el consejo de seguridad, señaló que el problema comprende un corredor de 511 kilómetros viales, relacionado con actividades ilegales en tres departamentos y 23 municipios.De esos municipios, según explicó, diez corresponden al Cesar. Para Sanjuán, la presencia de las economías ilícitas no solo representa una amenaza para la seguridad, sino que también genera consecuencias sociales como pobreza y deterioro del tejido comunitario.“Esto, por supuesto, trae pobreza, desintegración del tejido social”, manifestó. La gobernadora destacó finalmente el acompañamiento anunciado por el Gobierno nacional y aseguró que existe el compromiso de reforzar las operaciones militares y policiales contra el ELN, el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y otras estructuras armadas.
Desde Barranquilla, la presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, declaró que durante el gobierno de Abelardo De La Espriella esperan avanzar en la reactivación de dos proyectos de exploración a través del fracking en Cesar y Norte de Santander.Para destrabar ese proyecto, ya se llevó a cabo esta semana una reunión con el ministro de ambiente, Fabio Arjona Hincapié, en la que se le manifestó la necesidad de impulsar la expedición de las licencias ambientales junto con la Anla.“En el Cesar y en el norte del departamento de Santander podríamos reactivar la exploración a través del fracking, teniendo en cuenta que ya tienen un gasoducto construido, líneas de ferrocarril para transportar la arena y eso implicaría que la Agencia Nacional de Hidrocarburos reactivara los contratos de exploración y producción que había adjudicado ya desde el año 2012”, dijo inicialmente.“Llevamos 15 años en una discusión donde enviamos todas las regulaciones ambientales, técnicas y operativas, avaladas por el Consejo de Estado. Si eso es permitido con la expedición de las licencias ambientales, en poco tiempo y más a mediano plazo podríamos agregar moléculas de gas”, agregó.Murgas recordó que, hoy en día, el 31% del gas que consumimos en Colombia es importado. Por eso, considera que un proyecto de la magnitud como el de Sirius, que está en mar Caribe, tendría la capacidad para abastecer el 45% de la demanda con producción nacional. Por esos motivos, indica, quiere que se le apueste al fracking en estos departamentos.Además, con miras a garantizar el abastecimiento de gas en el país, celebran la ampliación de la planta Spec, en Cartagena, y la posible llegada de dos regasificadoras más. Una para el Pacifico en noviembre y la otra para el primer trimestre del próximo año, también en Bolívar.“Hemos identificado proyectos estratégicos de gas que nos permitiría incrementar la oferta de gas en el corto y mediano plazo. En Córdoba y en Magdalena tenemos más operaciones que queremos sacar adelante. No obstante, los principales cuellos de botella los tenemos en consultas previas, y es importante que se agilice este proceso”, fueron sus palabras.Finalmente, habló de la posibilidad de iniciar el estudio de una reconversión del oleoducto de Colombia para así llevar gas al interior y al suroccidente del país.
Un 60 % de las viviendas resultaron afectadas en Casacará, Cesar, producto del fuerte vendaval que azotó el viernes el corregimiento, informaron las autoridades locales. Personal de la Oficina departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres llegó este sábado a la población para establecer un censo definitivo de las viviendas que sufrieron daños.Un informe preliminar revela que más de 500 casas fueron afectadas y dos personas resultaron lesionadas por el vendaval que azotó este corregimiento de Agustín Codazzi, en el departamento del Cesar.Como lo confirmó Hernán Baquero, alcalde del municipio, los daños se produjeron aproximadamente en un 60 % de los inmuebles y la población quedó prácticamente sin fluido eléctrico, por los cables de alta tensión y transformadores que derrumbó la fuerza del vendaval.“Con toda la institucionalidad, además de líderes comunales, hicimos un censo inicial en el que se identificaron daños en un 60 % de las casas de Casacará, que van de leves a severos. Con estos últimos se comenzó a trabajar para mitigar los riesgos, porque algunos techos y paredes pueden colapsar, por lo que se está procediendo a terminar de desmontar esas estructuras. También se trabajó con la empresa Afinia para poder levantar cables y transformadores que quedaron en las vías y así evitar que las personas se electrocuten. Seguiremos trabajando todo el fin de semana para darle solución a los problemas de los pobladores”, explicó el alcalde Baquero.Por su parte, la gobernadora Elvia Milena Sanjuán, informó que se creó junto con el alcalde Baquero una ruta de atención para la comunidad afectada, a través de la Oficina de Gestión del Riesgo, que ya está haciendo presencia en la zona.“Desde el Gobierno del Cesar, a través de la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, activamos la ruta de atención para acompañar a las familias afectadas”, escribió la Gobernadora, que esta tarde de sábado llegó al corregimiento.Igualmente, la Gobernación del Cesar habilitó la cuenta corriente 224416511 con la campaña “Unidos por Casacará” donde las personas podrán hacer sus donaciones para las familias que lo perdieron todo por el vendaval.
La Gobernación del Cesar anunció el envío de 30 toneladas de ayudas humanitarias con destino a la ciudad de Buenaventura. Hoy también se lleva a cabo otra jornada de donaciones liderada por la Diócesis de Valledupar y la Alcaldía en el parqueadero de la Catedral Santo Ecce Homo.En ese sentido, desde el centro de acopio instalado por la Gobernación del Cesar, en la Plazoleta de Banderas, el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel López, confirmó que se lograron recolectar 50 toneladas de ayudas para las víctimas del terremoto y, de ese total, se enviaron 30 toneladas a la ciudad de Buenaventura.“Gracias al departamento del Cesar, a la ciudad de Valledupar y a todos los municipios por sus ayudas. Despachamos las primeras 30 toneladas de ayudas que van directo a Buenaventura, a esos hermanos que las están esperando”, expresó el funcionario.La Gobernación destacó el apoyo del personal de la Defensa Civil, la Policía Nacional y más de 30 soldados de la Décima Brigada del Ejército en la operación logística de recolección de donaciones.Asimismo, este sábado la Diócesis de Valledupar, Pastoral Social, el Banco de Alimentos, la Alcaldía de Valledupar y los organismos de socorro se unen en otra jornada de ‘donatón’ para reunir más ayudas destinadas a las personas y animales afectados por la emergencia.Esta donatón se abrió a las 8 de la mañana y culminará a las 4 de la tarde en el parqueadero de la Catedral Santo Ecce Homo, donde estará habilitado el punto de recepción de las donaciones.Entre los productos que los vallenatos pueden donar hay alimentos como arroz, aceite, azúcar, café, chocolate, fríjol, harina de maíz, leche en polvo, lentejas, atún, pastas, sal y panela.De igual forma, se recibirán elementos de aseo y cuidado personal, como cepillos de dientes y crema dental, jabón de tocador o para lavar ropa, toallas higiénicas, máquinas de afeitar, papel higiénico y pañales, entre otros.
La emergencia por incendios forestales en Cesar y Norte de Santander llevó a congresistas de ambos departamentos a pedir una respuesta por parte del Gobierno nacional y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de DesastresEn el Cesar, Claudia Margarita Zuleta, Didier Lobo Chinchilla, Jorge Rodrigo Tovar Vélez, Carlos Gumer Cindo de la Peña Durán y Mello Castro González enviaron una carta al director de la UNGRD, David Santiago Tamayo, en la que reconocen que el país atraviesa una situación compleja por la emergencia ocasionada por el terremoto y que buena parte de los recursos y esfuerzos institucionales están concentrados en esa atención.Sin embargo, señalaron que los incendios que afectan a Chiriguaná, Curumaní, La Jagua de Ibirico y San Diego también requieren una respuesta inmediata. Aunque la Gobernación activó un Pelotón de Atención de Desastres, pidieron activar una Sala de Crisis y el envío de apoyo aéreo, bomberos, brigadas forestales y más personal.“Desde la bancada del Cesar hacemos un llamado respetuoso, pero urgente, al Gobierno nacional y a la UNGRD para que actúen de manera oportuna y dispongan los recursos y capacidades adicionales que requiere el departamento”, se lee en el documento.A esta solicitud se suma la situación de Norte de Santander, donde permanecen activos tres incendios forestales. La representante Diana Riveros alertó que solo en Ocaña se han registrado 47 incendios en los últimos tres meses y que uno de ellos ya ha afectado más de 700 hectáreas.La preocupación está puesta también en el posible avance de las llamas hacia San Calixto, donde podrían verse comprometidas viviendas, comunidades rurales y fuentes de abastecimiento de agua.Riveros pidió apoyo aéreo para realizar sobrevuelos, reconocimiento del terreno y descargas en las zonas de difícil acceso e insistió en que se requieren más capacidades para contener la emergencia.“Ante la situación, la unidad nos acaba nos acaba de informar, en las próximas horas llegará personal de apoyo aéreo a Norte de Santander. Esperamos que esta ayuda llegue lo más pronto posible y que se logren controlar las emergencias. Norte de Santander no puede enfrentar solo esta emergencia, el fuego no va a espera, y el apoyo aéreo lo necesitamos urgente”, señaló la representante.
Uno de los puntos más complejos se presentó en inmediaciones de la Universidad Nacional, sobre la avenida El Dorado, a la altura de la carrera 33. Allí, las movilizaciones generaron afectaciones tanto en la calzada mixta como en la exclusiva, en sentido oriente-occidente.Según reportes de la comunidad universitaria, manifestantes encapuchados protagonizaron actos vandálicos y hechos violentos contra la Hemeroteca Nacional Universitaria, cuyas instalaciones tienen salida directa hacia la avenida Calle 26.Ante esta situación, el Comité de Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias (CPRAE) de la Universidad Nacional emitió un comunicado dirigido a la comunidad universitaria y ordenó el desalojo del campus a partir de las 6:00 de la tarde.“Ante la situación de riesgo que se presenta en la Calle 26 y en la Hemeroteca Nacional Universitaria, debido a disturbios y alteración del orden público, se da la orden de desalojo del campus a partir de las 6 de la tarde del día de hoy”, señaló el comunicado.Además, la universidad pidió a estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad mantenerse alejados de las zonas de confrontación, especialmente de las porterías que tienen acceso por la Calle 26.Horas después, se levantó el cierre vial en la Calle 26 con carrera 33 y la movilidad comenzó a normalizarse en ambos sentidos de la avenida El Dorado. Sin embargo, las manifestaciones dejaron, hasta el momento, 116.746 usuarios afectados.Por otro lado, también se registraron manifestaciones en inmediaciones de la Universidad Distrital, sede Macarena. Los participantes se movilizaron por sectores de Teusaquillo y, según reportes, algunos manifestantes encapuchados realizaron grafitis en fachadas y en buses de TransMilenio. La movilización tenía como destino la Embajada de Palestina.
Un vuelo en parapente terminó en tragedia en una de las zonas de alta montaña de Perú. Las condiciones meteorológicas pueden representar un riesgo importante para quienes practican deportes extremos en nevados, especialmente cuando hay poca visibilidad y fuertes corrientes de viento.En estos escenarios, los cambios repentinos en el clima pueden dificultar el control de los equipos y modificar las condiciones previstas para el descenso. Además, la altura y la dificultad para acceder a determinados sectores pueden complicar las labores de rescate cuando ocurre un accidente.Hallan el cuerpo del turista francés en el nevado AlpamayoEl cuerpo sin vida de Pierre Jacky Marc, un turista francés de 27 años, fue encontrado en el nevado Alpamayo, ubicado en la Cordillera Blanca, en la región peruana de Áncash, Perú, luego de que desapareciera durante un vuelo en parapente el miércoles 9 de septiembre.El extranjero había iniciado el descenso desde el nevado utilizando su propio parapente, acompañado por su compatriota Thomas Max Michel, de 31 años, quien también realizó el vuelo desde el mismo sector.Según explicó el coronel PNP Henry Vásquez Cárdenas, jefe de la División de Orden Público y Seguridad de Huaraz, la presencia de neblina y fuertes vientos habría ocasionado que Marc perdiera el control del parapente y terminara cayendo en un punto diferente al previsto.Tras conocerse la desaparición, integrantes del Departamento de Salvamento de Alta Montaña Áncash y de la Asociación Socorro Andino Peruano comenzaron las labores para localizarlo. La búsqueda se inició alrededor de las 7:30 p. m. y cerca de las 10:30 p. m. los equipos encontraron el cuerpo.El operativo continuó durante la madrugada para poder extraer los restos de la zona de alta montaña. Aproximadamente a las 7:00 a. m., el cuerpo llegó a la ciudad de Caraz, donde se adelantaron las diligencias correspondientes.Su compañero logró llegar a un lugar seguroThomas Max Michel consiguió completar el descenso y llegar a un sitio seguro. Posteriormente, caminó durante más de seis horas hasta conseguir alertar sobre la desaparición de su compatriota.En el operativo también participó un helicóptero de la Policía Nacional del Perú, utilizado para apoyar las labores de búsqueda y facilitar posteriormente el traslado. Los rescatistas localizaron a Marc en un sector situado a unos 5.000 metros sobre el nivel del mar.De acuerdo con las autoridades, contar con el apoyo de la aeronave permitió reducir considerablemente los tiempos de respuesta, pues un desplazamiento exclusivamente por tierra hasta algunos de estos sectores podría tomar varios días.El coronel Vásquez hizo además un llamado a quienes realizan deportes de alta montaña para que extremen las medidas de seguridad y cuenten con acompañamiento de profesionales capacitados.Según el jefe policial, durante la actual temporada se han registrado ocho víctimas mortales en accidentes ocurridos en los nevados de Áncash, entre ciudadanos peruanos y extranjeros.*Con información de la Alianza Informativa Latinoamericana
El Gobierno de Abelardo De La Espriella anunció su compromiso de recuperar y poner nuevamente en funcionamiento la subestación de Policía del corregimiento de Guamalito, en jurisdicción de El Carmen, Norte de Santander, luego de los recientes ataques perpetrados por el ELN contra esta infraestructura.El anuncio se realizó durante un consejo de seguridad en el que participaron alcaldes de los municipios del Catatumbo, el gobernador de Norte de Santander y los ministros del Interior, Rodrigo Lara, y de Defensa, Jorge Mora.De acuerdo con lo planteado durante la reunión, una vez sea recuperada la infraestructura, la Fuerza Pública regresará a Guamalito, mediante un trabajo articulado entre el Ejército Nacional y la Policía, como parte de la continuidad y el fortalecimiento del Plan de Campaña Militar y Policial Esparta.Durante el consejo de seguridad también se abordaron otras medidas para reforzar la seguridad en la región, entre ellas, el fortalecimiento de diferentes estaciones de Policía del Catatumbo, así como la construcción del Segundo Distrito de Policía en Ocaña.A esto se suma la implementación de más cámaras de seguridad y la adquisición de sistemas antidrones, que serían distribuidos en estaciones de Policía de la región, con el propósito de mejorar la capacidad de respuesta ante ataques con aeronaves no tripuladas.Las autoridades señalaron que estas acciones buscan enfrentar de manera directa y contundente las acciones terroristas de los grupos armados ilegales, principalmente del ELN, y recuperar las condiciones de seguridad para las comunidades del Catatumbo.
Al menos 44 personas resultaron heridas este viernes, entre ellas una mujer de 18 años en estado muy grave, al descarrilar el tren regional en el que viajaban y que circulaba entre las ciudades de Ruán y Caen, en el norte de Francia, informaron las autoridades.La Fiscalía de Ruán anunció que la pasajera de 18 años tuvo que ser evacuada en urgencia absoluta, mientras que los otros 43 heridos fueron atendidos en un estado de urgencia relativa.También según la Fiscalía, los primeros policías que intervinieron realizaron las pruebas de detección de sustancias prohibidas al maquinista del tren. Todas dieron resultado negativo.La policía judicial de Rouen se ha hecho cargo de una investigación para determinar las causas de las lesiones graves.El tren regional TER que transportaba a 186 pasajeros y cubría el trayecto Ruán-Caen descarriló, en torno a las 19:45 horas (18:45 GMT), entre Tourville y Elbeuf-Saint-Aubin, a la altura del municipio de Cléon, en el departamento de Seine-Maritime.En un testimonio al canal público Ici, Louis, de 24 años, contó que, al principio, sintió unas sacudidas que sintió como normales, pero "a los dos o tres segundos se volvió cada vez más fuerte"."Ya no me sostenía en mi asiento, tuve que agarrarme al asiento de adelante. Empezamos a descarrilar, las ventanas explotaron parcialmente, sobre todo en la parte delantera del vagón. Las piedras de la vía salieron volando por todo el vagón. Había cristales rotos por todas partes (...) Todavía estoy temblando", relató.
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia precisó que los pantallazos de la aplicación WhatsApp aportados en copia física impresa dentro de un juicio laboral tienen la naturaleza de prueba documental.Mediante la sentencia SL702-2026, el alto tribunal fundamentó esta calificación en el artículo 243 del Código General del Proceso (CGP), indicando que, aunque carezcan de firma, si no son desconocidos por la parte contra la que se aducen, adquieren valor probatorio en el expediente.El pronunciamiento se dio al estudiar el recurso de casación interpuesto por una excolaboradora dentro de una demanda contra la empresa Crediágil Ya S.A.S. y otras firmas, donde se discutía la culpa patronal en un accidente de trabajo.Documento impreso vs. mensaje de datos digitalEl fallo trazó una distinción entre las capturas impresas en papel y los archivos digitales originales.La Corte explicó que al entregar hojas físicas no se aplica el régimen de mensajes de datos de la Ley 527 de 1999, sino las reglas ordinarias de la prueba documental previstas en el CGP."Respecto de los pantallazos de WhatsApp, no cabe duda de que tienen naturaleza documental en los términos del inciso primero del artículo 243 del CGP, y no se trata en este caso de una emisión de datos digital o electrónica, pues fueron aportados en copia física impresa", puntualizó la Sala.El máximo tribunal del fuero ordinario enfatizó que el reconocimiento del pantallazo como documento no implica que la pretensión del demandante quede acreditada de forma automática. La eficacia demostrativa depende del contenido específico del texto.En el caso analizado, la demandante presentó la captura de un mensaje enviado a su superior el 23 de mayo de 2019 a las 1:59 p. m., argumentando que allí solicitaba transporte para cumplir una diligencia laboral previa al accidente.Sin embargo, la corporación confirmó que la imagen solo probaba el envío de la solicitud, pero no la respuesta o autorización formal por parte del empleador."El pantallazo prueba la solicitud; no prueba la autorización", concluyó la corporación al ratificar que no existió un error en la valoración hecha por el tribunal de instancia.