El Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) lanzaron un Geovisor y ocho micrositios web para que cualquier ciudadano pueda rastrear qué ha pasado con los bienes baldíos de la Nación, quién los ocupa y qué decisiones ha tomado el Estado sobre su recuperación.
La medida cumple con la Sentencia SU-288 de 2022 de la Corte Constitucional, que ordenó transparentar la información de estos predios tras años de irregularidades y pérdida de control institucional.
Durante la presentación, realizada en la Universidad Nacional de Colombia, la ministra Martha Carvajalino reconoció que durante décadas los baldíos fueron apropiados por empresas y particulares “amparados en vacíos legales”. Su declaración expone lo que por años fue un secreto a voces: el Estado permitió, por acción u omisión, que extensas tierras públicas terminaran concentradas en manos privadas.
Según datos de la ANT, se han identificado 13.496 predios susceptibles de intervención. De ellos, 12.089 casos podrían derivar en reconocimientos legales a campesinos que regularizaron la tenencia, mientras 1.407 corresponderían a posibles recuperaciones de baldíos indebidamente ocupados. Sin embargo, apenas 158 procesos judiciales han sido iniciados, una cifra que refleja la lentitud con que avanza el cumplimiento de la sentencia.
La directora jurídica de la ANT, Ana Jimena Bautista, calificó el lanzamiento como “un ejercicio de rendición de cuentas sin precedentes”, pero advirtió que sin la Jurisdicción Agraria —aún pendiente en el Congreso— será difícil concretar las decisiones en los tribunales. “La transparencia no basta si las tierras no regresan efectivamente a la Nación”, dijo.
Aunque el Geovisor y los micrositios permiten consultar mapas, cifras y decisiones, el reto de fondo sigue siendo político y estructural: garantizar que la información pública se traduzca en restitución, redistribución y justicia agraria real.
El Gobierno presenta esta iniciativa como un avance en la Reforma Agraria, pero detrás del anuncio persisten preguntas sin resolver: ¿qué sanciones habrá para quienes ocuparon ilegalmente baldíos? ¿Cuántas de esas tierras se han recuperado efectivamente? ¿Y por qué el Estado esperó una sentencia judicial para hacer pública la información que debía ser transparente desde siempre?
Con décadas de atraso, Colombia apenas empieza a abrir la puerta a la verdad sobre sus baldíos. Falta ver si esta vez la transparencia no se queda solo en una plataforma digital.
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