La Agencia Nacional de Tierras (ANT) está haciendo un llamado a 6.300 campesinos en el departamento de Santander para que continúen con el proceso de solicitud de tierras. La iniciativa forma parte de los esfuerzos del gobierno para promover el acceso a la tierra y mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales.La ANT ha identificado a los campesinos que iniciaron el proceso de solicitud, pero no lo han completado, y está instándolos a retomar el trámite. La agencia proporcionará asesoramiento y apoyo técnico para facilitar el proceso y garantizar que los agricultores puedan obtener las tierras que necesitan para cultivar y sustentar a sus familias.“Fueron aquellas familias de este departamento que realizaron su solicitud ante el extinto Incora o Incoder, antes del 2016, y que a la fecha no se les ha resuelto y no tienen el debido título”, indicó Emiliana Pino Torres, directora agencia nacional de tierras en Santander.Los campesinos interesados en continuar con el proceso de solicitud de tierras pueden ponerse en contacto con la Agencia Nacional de Tierras en Santander para obtener más información y asesoramiento.“Que se comuniquen con la Agencia Nacional de Tierras o que se presenten a las oficinas en la ciudad de Bucaramanga, ubicadas en la calle 35 # 18 - 21 piso 3, de manera que se les pueda adelantar la titulación de ese baldío”, agregó la funcionaria.Vea también:
Hacía las 6:00 de la tarde de este sábado logró ser levantado el bloqueo que más de 600 familias campesinas de los municipios de Bosconia, Astrea, Chimichagua, Tamalameque y Pailitas adelantaban en la Troncal del Caribe, a la altura del corregimiento El Burro, debido a los presuntos incumplimientos del Gobierno Nacional para materializar la adjudicación de predios y terrenos que, según ellos, les prometió el presidente Gustavo Petro.Los manifestantes, que desarrollaron la protesta de manera pacífica con quema de palos, llantas y otros objetos, exigían la presencia de altos funcionarios del Gobierno Nacional para la realización de una Mesa de Interlocución que, muy a pesar de haberse concretado el pasado 07 de octubre de 2022, aún continúa sin materializarse.Sin embargo, la jornada de protestas llevó a que cerca de 150.000 vehículos estuvieran represados en más de 50 kilómetros desde las 11:00 de la mañana del pasado viernes, lo que generó traumatismos entre cientos de pasajeros a quienes les tocó pasar más de 24 horas encerrados en sus vehículos.Al menos así lo contó Ober Vanegas, un habitante de Aguachica, Cesar, quien solo buscaba llegar hacia su lugar de residencia. "Era desesperante la situación porque no podíamos echar ni para delante ni para atrás, fueron momentos de agonía porque nos tocó dormir ahí, comer en restaurantes cercanos".El alcalde de Pailitas (Cesar), Carlos Javier Toro; confirmó que la mediación se logró gracias al trabajo que desarrollaron tanto autoridades locales como departamentales para evitar un posible desabastecimiento de alimentos, productos de primera necesidad y medicamentos, teniendo en cuenta que cientos de vehículos de carga pesada se encontraban 'varados'."Nos fuimos hasta el punto del bloqueo para hablar con los campesinos, atendiendo pues todo el caos que se ha generado en el departamento. Allí les propusimos que no nos hicieran ese daño, no solo como municipio sino como país, y les planteamos —antes de proceder con la Fuerza Pública— la posibilidad de abrir la vía y desarrollar una agenda de trabajo", explicó Toro. Por su parte, el director de la Agencia Nacional de Tierras, ANT, Gerardo Vega, precisó que actualmente se encuentran desarrollando los estudios pertinentes para la entrega de dichos predios, confirmando que el próximo miércoles sostendrán un encuentro con los campesinos y delegados del ministerio del Interior."El próximo miércoles la viceministra del Interior ha convocado una reunión, allá estaremos. Pero, eso sí, sin bloqueo de vías. Estamos dispuestos a dialogar y confirmamos que estamos adelantando los estudios de aquellos predios que les vamos a entregar", dijo Vega.A través de un documento emitido a la opinión pública en las últimas horas, representantes de la Comisión por la Vida Digna, la Tierra y Los Territorios elevaron cinco exigencias al presidente Gustavo Petro, a la Agencia Nacional de Tierras, ANT, y a los ministerios del Interior, Agricultura y Ambiente para concertar el cumplimiento del pliego de peticiones. Entre ellas, se encuentran los espacios de diálogo para diseñar una ruta de trabajo articulada en el proceso de adjudicación del predio ‘La Oficina’ en Chimichagua, Cesar, así como de un protocolo de relacionamiento con las comunidades campesinas. Otra de las peticiones tiene que ver con exigencias para conocer el detalle de los avances en los procesos que adelanta la ANT en predios que se encuentran ubicados entre Tamalameque, Chimichagua y Astrea, garantías para el ejercicio del liderazgo social y la salvaguarda en la integridad física de las familia campesinas.Le podría interesar:
Son 235 los campesinos que bajo la consigna de llevar productos frescos y de calidad, han hecho que este sea un programa que impulsa el desarrollo económico y potencializa los productos de la región.También es un programa que contribuye a disminuir la inseguridad alimentaria en el Distrito de Medellín. El Alcalde encargado de Medellín, Oscar Hurtado, explicó que es importante "exaltar la labor de nuestros campesinos para que nos ayuden a disminuir esos índices de inseguridad alimentaria, y para eso entonces el Distrito, desde la Secretaría de Desarrollo Económico, siempre ha apoyado este proceso que llamamos mercados campesinos", Explicó el alcalde encargadoDe igual forma señaló que es un proyecto económicamente sostenible pues, de cada peso que la administración invierte, los campesinos los triplican en ingresos para ellos.Uno de los campesinos beneficiados por este programa es Jorge Quintero que con su negocio de guandolo ha podido visibilizar productos de su región, el corregimiento de Palmitas. Además afirmó que de las mejores ayudas del programa es reducir los intermediarios."Hemos comercializado alrededor de 130 millones de pesos, esos 130 millones de pesos quedan en las manos de los campesinos, la cooperativa se beneficia únicamente del 10% de esas ventas", cuenta Quintero.Cabe resaltar que los mercados tienen cinco modos de comercialización: parques, tienda móvil, vitrina de La Alpujarra, eventos y el canal institucional.Le puede interesar:
Con el propósito de revitalizar la producción de piña en Santander, se abrió una convocatoria que brinda la oportunidad a pequeños y medianos productores de recibir herramientas e insumos esenciales para fortalecer la cadena productiva de la piña.En un anuncio realizado por el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Santander, Freddy René Orduz Avendaño, se invitó a los agricultores de la región a participar en esta iniciativa: “Se han dispuesto 500 cupos para la entrega de kits de herramientas que buscan mejorar los procesos agrícolas y pecuarios en el Departamento. Los productores interesados pueden inscribirse en la Secretaría de Agricultura”, dijo el funcionario.Este proyecto se enmarca en el programa nacional de apoyo para el fortalecimiento de las capacidades productivas y comerciales de pequeños productores de mora, piña y plátano, orientado a implementar buenas prácticas agrícolas. En total, 13 departamentos se verán beneficiados y Santander fue uno de los elegidos.Los agricultores recibirán un conjunto de elementos que incluyen kits de fumigación y cosecha, canecas plásticas, botiquines, palas, señalización, control de plagas, carretillas, adecuación de áreas de acopio temporal y capacitaciones técnicas, entre otros.Para ser elegibles en esta convocatoria, los interesados deben tener al menos 1.5 hectáreas cultivadas con piña, presentar el certificado de pequeño productor otorgado por la alcaldía, copia de su documento de identidad, datos de contacto e información sobre la ubicación de sus terrenos.La importancia de esta iniciativa radica en el impulso que brindará a la producción de piña en Lebrija, considerada la capital piñera de Colombia. A pesar de tener más de 5.200 hectáreas de cultivo y una producción anual de aproximadamente 257.800 toneladas, la industria ha enfrentado desafíos como la variabilidad de precios, altos costos en insumos, factores climáticos y escasez de mano de obra. Con esta convocatoria, se espera contrarrestar estos obstáculos y revitalizar la economía agrícola de la región, al tiempo que se garantiza la calidad de los productos piñeros de Santander.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
Los campesinos cultivadores de hoja de coca del suroccidente y Pacífico colombiano dieron un rotundo no a la nueva política de sustitución de economías ilegales y soberanía tras advertir que el presidente Gustavo Petro se equivoca, pues, según ellos, las esperanzas de renovación que tenían se esfumaron por completo.Adolfo López, reconocido líder social del sector de la cordillera en el norte de Nariño, dijo a Blu Radio que el Estado nunca ha llegado a su región y que la indignación es total, porque jamás ha sido socializada la formulación de proyectos que permita la transición económica que propone el Gobierno nacional, a través de una nueva reforma rural que permita la disminución de los cultivos ilícitos.López fue claro en advertir que llevan más de 30 años intentando negociar con el Estado y que de nada sirve que el presidente Petro siga con su discurso del fracaso de la política antidrogas cuando está haciendo lo mismo que otros gobiernos, ignorar al campesino e intentar imponer sus programas que se van a convertir en un nuevo engaño para los cultivadores cocaleros.El líder social aseguró que la Política Nacional de Drogas del Gobierno del cambio que está promulgando el presidente Petro y que está trazada con una proyección a 10 años (2023-2033), nunca contó con la participación de las comunidades afectadas por el narcotráfico y la guerra contra las drogas.Por su parte, Ancizar Barrios, integrante de la Coccam, la cual reúne a más de 10.000 familias cultivadoras de hoja de coca del sur occidente de Colombia, contó a Blu Radio que no le creen al Gobierno nacional porque consideran que un año después no hay una línea definida que permita conocer realmente qué va a pasar con el programa de sustitución de lo que ellos llaman "cultivos de subsistencia".Trejos aseguró que esa nueva reforma rural de la que tanto habla el Gobierno no se ha visto reflejada en los territorios ni en las comunidades y teme que solo se quede en discursos del actual presidente Gustavo Petro.Además, manifestó que los cultivos de hoja de coca, marihuana y amapola llevan más de 47 años en Colombia y hasta ahora todos los gobiernos que han pasado han tenido unas estrategias, pero ninguna ha sido verdaderamente consultada con los campesinos, los indígenas, ni mucho menos, con los afros. Debido a eso, ningún Gobierno ha encontrado una solución que defina esa situación, dijo Barrios.Barrios insistió que en la política antidroga que anuncia el Gobierno no hay unas líneas generalmente claras “que nos diga, hagamos una socialización en tal municipio, en tal comunidad” para que los campesinos se den cuenta que le están hablando con la verdad.“Se ha perdido la confianza, se ha perdido la credibilidad por lo mismo, que se habla muy bonito, pero no se cumple, por eso es muy importante que el Gobierno conozca que aquí no creemos nada, y que se piense en algunos municipios donde se va crear unos programas pilotos, donde se diga sinceramente que se va hacer con las familias cultivadoras y que el estado colombiano cumpla para que de esta forma el campesino, el indígena y el afro vuelva a creer en las promesas del Gobierno", indicó Barrios.Finalmente, aseguró que en la zonas del suroccidente y Pacífico colombiano donde hay cultivos de hoja de coca, lo que se quiere es ver inversión social, la transformación estructural de los territorios, la implementación del punto uno de los acuerdos de La Habana, que tiene que ver con la reforma agraria y solo así poder avanzar en la disminución de los cultivos ilícitos.Le puede interesar "¿Cómo mejoraría la seguridad en la ciudad? Miyerlandi Torres, candidata a la Alcaldía de Cali":
Con la participación de un buen número de personas, se cumplió en Bucaramanga la jornada de movilizaciones promovida por el gobierno del presidente Gustavo Petro para que la comunidad mostrara su respaldo frente a las reformas sociales que se han radicado en el Congreso.En el caso de Santander, la provincia se hizo sentir y llegaron colectivos sindicales, campesinos y sociales de Barrancabermeja, Rionegro, El Playón, San Vicente de Chucurí, Puerto Wilches, Puerto Parra, San Gil, El Socorro, Barbosa, Vélez y hasta hubo una pequeña delegación de Ábrego, Norte de Santander.Ayda Yisney Pérez Moreno, representante de la Cooperativa Campesina Agropecuaria de Ábrego, dijo que viajaron para “acompañar la propuesta del presidente Gustavo Petro como son las reformas integrales, de los campesinos que somos los que sabemos ponerle el oído a la tierra”.Por su parte, José Luis Ortega Triana, de la organización Somos Tierra Santander, expresó que “estamos acá en la manifestación apoyando la Reforma Agraria, diciéndole al gobierno de Gustavo Petro que sí estamos de acuerdo con el ejercicio de movilización campesina, pero hay que crear los comités departamentales y municipales de reforma agraria”.Paula Fajardo Romero, quien llegó desde el municipio de Puerto Parra, dijo que “todos los campesinos en Colombia estamos necesitando tierra, estamos necesitando una reforma en el campo y queremos que las tierras que están inutilizadas nosotros la podamos sembrar; ya no encontramos maíz, ya no encontramos plátano, la comida día por día más costosa y nosotros necesitamos acogernos a este proyecto de reforma”.Los manifestantes salieron de la Puerta del Sol por la carrera 27, bajaron por la calle 36 y llegaron hasta la Alcaldía de Bucaramanga.Con pancartas, banderas y pendones los manifestantes mostraron su aprobación a las iniciativas gubernamentales. Durante todo el recorrido gritaron arengas a favor del actual gobierno y dijeron que seguirán apoyando las reformas. Al final del día todo transcurrió en completo orden.
La Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma) rechazó en un comunicado la grave situación que se está presentando a raíz de las invasiones a predios palmeros. Aseguran que estas acciones atentan contra el derecho a la propiedad privada por lo que solicitaron al Gobierno nacional acciones urgentes para controlar la situación.La federación expuso el caso de una invasión en una finca del municipio de Turbo, en el corregimiento El Dos, que está afectando a mas de 30 trabajadores.“Desde comienzos del mes de septiembre del año en curso, las operaciones vienen siendo interrumpidas en forma abrupta por reiteradas incursiones de un grupo numeroso de invasores, a pesar de los dos desalojos pacíficos adelantados por las autoridades de Policía”, dice el comunicado de Fedepalma.Cabe mencionar que Juan Esteban Correa, gerente de una de las empresas agremiadas a Fedepalma, ya había alertado a las autoridades sobre este caso en su cuenta de X.“SOS Agencia Nacional de Tierras y Policía de Urabá en Turbo, en uno de los predios productivos de palma de aceite hace 2 semanas se vienen presentando invasiones, hoy con 58 hectáreas comprometidas”, señala Correa en un trino.Puede ver:
La iniciativa es una alianza público privada, entre empresas extranjeras y el Gobierno nacional, liderada por el Ministerio de Agricultura, la Gobernación de Nariño y las Alcaldías municipales de este departamento. El proyecto también cuenta con el apoyo de entidades como el ICA, Agrosavia y Sena.“Entendiendo el contexto del departamento de Nariño y teniendo en cuenta que las mujeres y los pequeños agricultores son la columna vertebral de la industria agrícola, buscamos proveer herramientas de formación para facilitarles la entrada a mercados inclusivos, además de promover la seguridad alimentaria, generando un impacto local positivo”, señalo María Paula Cano, directora de la Fundación PepsiCo Colombia empresa que hace parte de la alianza público privada.El inicio de este proyecto contará con una inversión cercana a los 6.000 millones, estos recursos inicialmente serán distribuidos a más de 13,000 mujeres y pequeños productores del Departamento de Nariño.Según cifras compartidas por el Dane en Colombia hay 5,9 millones de mujeres trabajan en el agro y que se tienen que enfrentar a problemas como la dependencia económica, el poco acceso a la tecnología y herramientas para el trabajo agrícola. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) informó que el agro podría aumentar entre un 20 y 30 % si las mujeres contarán con los mismos recursos que los hombres.Le puede interesar:
Grupos criminales estarían exigiéndoles a los comerciantes y cultivadores de plátanos del municipio de Tuluá, un pago entre 500 y 800 pesos por kilo, para permitirles llegar hasta la plaza de mercado y ofrecer estos alimentos a la comunidad.Según la denuncia de los campesinos, serían dos puntos específicos donde miembros de estas bandas les revisan la mercancía que traen para vender: el primero está en el corregimiento de Nariño, en la zona rural del municipio, el segundo está cerca al sector de Bicentenario, dentro del casco urbano."Cuando la gente llega ahí con sus carros con plátano, inmediatamente los están parando ahí y les dicen que pues ellos son de tal grupo y tienen que pagar tanto. A un amigo de Venecia y le quitaron $500 por kilo, esto me entristece mucho, imagínense todos los hogares tulueños pagándoles a estos sinvergüenzas para comerse un plátano", dice uno de los afectados.Ante esta situación, y en el marco de la intervención que las autoridades adelantan en Tuluá, la Policía Valle dispuso de un grupo especial que se encargará de verificar las denuncias y acompañar a los comerciantes asustados.Si bien estas últimas extorsiones las dieron a conocer los cultivadores de plátano, varios campesinos ya han denunciado esta misma problemática desde hace varios meses. En el caso del kilo del tomate, la extorsión sería de $3.000, lo que hace que su precio final alcance los 9.000 pesos.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural anunció la promulgación de un decreto que busca impulsar la movilización y organización de campesinos, así como fortalecer su participación en el proceso de reforma agraria en Colombia.Según explicó la ministra, Jhenifer Mojica, el decreto tiene como objetivo reglamentar la creación de comités municipales para la reforma agraria, los cuales servirán como espacios de diálogo y participación directa entre el Gobierno y las comunidades campesinas. Estos comités están diseñados para escuchar las demandas y necesidades de los campesinos, permitiendo una mayor eficacia en la atención de sus preocupaciones sociales y prioridades en materia de reforma agraria.La ministra Mojica destacó que uno de los puntos clave del decreto es garantizar la autonomía política de las comunidades campesinas y étnicas organizadas, que luchan por la defensa de sus derechos sociales, económicos y políticos en el contexto de la reforma agraria. Además, se busca asegurar que estas comunidades tengan igualdad de oportunidades para ser escuchadas y atendidas por el Gobierno.En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, líderes campesinos, aseguraron que el decreto no busca que el Gobierno promueva la movilización campesina.“Con decreto o sin decreto nos vamos a movilizar”, dijeron los líderes campesinos con respecto al papel del decreto emitido por el Gobierno y que está en revisión.“El temor más grande en este momento de los terratenientes es que no tienen el poder y siguen ostentando la tierra productiva de este país sin producirla”, dijo Antonio Marín, presidente de la Anuc.Por su parte, Alexander Trujillo Valdés, vocero de ANUC-UR, agregó que, “las organizaciones campesinas tenemos una autonomía y tenemos una forma diferente a la institucional, en esa medida es aplaudible el decreto como propuesta”.Entre los objetivos específicos que plantea el decreto se incluye la contribución en el diseño y formulación del Plan de Implementación de la Reforma Agraria, la evaluación y control social de dicho proceso, así como la sistematización de la experiencia de reforma agraria en los territorios correspondientes.Escuche aquí la entrevista:
La Procuraduría rechaza a estos siete magistrados de la JEP porque, según ellos, conocieron en distintos momentos los procesos que se adelantan en contra del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.En este caso, la Procuraduría, después de impugnar el fallo de tutela que negaba la exclusión de Salvatore Mancuso de la JEP, no quiso admitir a los siete magistrados que conocen el trámite del proceso del exjefe paramilitar.El Ministerio Público dice también que los magistrados no serían imparciales para conocer y decidir sobre el recurso interpuesto en contra de Mancuso.Salvatore Mancuso definió su posición frente a tutela que pretende tumbar ingreso a la JEPLos magistrados que fueron rechazados por la Procuraduría son Patricia Linares, Rodolfo Arango, Eduardo Cifuentes, Sandra Gamboa, Danilo Rojas, quienes firmaron la resolución que aceptó la inclusión del exjefe paramilitar en la JEP, así como Jesús Ángel Bobadilla y Adolfo Murillo, quienes negaron la tutela instaurada por la Procuraduría, fallo que es objeto de la impugnación radicada.Para la Procuraduría no puede asegurarse que en tales condiciones exista objetividad o imparcialidad, en los magistrados que fueron recusados para desatar la impugnación promovida para poder adoptar una posición neutral.Por último, la Procuraduría señaló que se ha causado un grave prejuicio a las víctimas por cuenta de la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz de acoger el conocimiento de todos los procesos de Salvatore Mancuso.
Se trata de la fase dos del denominado Plan Candado de la Alcaldía de Bucaramanga que ahora contará con un Bloque de Búsqueda contra el Homicidio y la Delincuencia, una estrategia que busca reducir los hechos delictivos y capturar a los responsables de la comisión de delitos en la capital santandereana.Está conformado por una unidad de operaciones especiales, un grupo élite de policías y uniformados del Ejército y de otras instituciones encargadas del orden y la movilidad en la ciudad.A una semana del inicio del plan piloto de la segunda fase, las autoridades han realizado 66 capturas de motoladrones, 315 personas por hurto y 185 personas por el delito de porte de armas; además de la incautación de 150 kilos de droga.Dentro de las medidas para el desarrollo de la segunda fase del Plan Candado la alcaldía prohibió el parrillero en moto de 12:00 p.m. a 4:00 a.m., inicialmente se aplicará de manera pedagógica durante cinco días y comenzará a regir a partir del fin de semana del 10 de mayo.“Fortalecemos la lucha con el fin de garantizar que Bucaramanga sea un territorio seguro para todos. No vamos a descansar hasta que cada uno de estos delincuentes estén bajo las rejas”, manifestó el alcalde Beltrán.En las últimas horas fue capturado por la Policía Metropolitana de Bucaramanga alias 'El Zarco' un peligroso delincuente responsable de hurtos en el área metropolitana. Fue deportado por Estados Unidos a donde había huido y se mantenía escondido, tras un trabajo conjunto con autoridades colombianas y de ese país. Durante la primera fase del Plan Candado estos fueron los resultados, “trabajamos día y noche con toda nuestra fuerza operacional y de inteligencia. Hemos llevado a cabo 26 allanamientos por estupefacientes, 49 cierres de establecimientos y sellado 11 hoteles que albergaban delincuencia. Nuestro escuadrón contra el hurto ha capturado a casi 4.000 delincuentes, incluyendo 600 extranjeros, de los cuales 100 ya han sido deportados” informó el alcalde Jaime Andrés Beltrán.
Ante la contundencia del material probatorio recaudado por la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Jhon Steven Cuervo Olarte, uno de los presuntos implicados en el homicidio del subintendente de la Policía Nacional Juan Esteban Cortés Pérez.Este hombre, al parecer, hizo parte del grupo armado que ingresó a la vivienda de un ingeniero, y lo despojó de 17 millones de pesos en efectivo y varias joyas.El hecho ocurrió en el barrio Laureles de Medellín y las investigaciones iniciaron desde el pasado 1 de mayo.Nuevo fleteo en Bogotá: lo persiguieron y le robaron $90 millones que había retirado del bancoHay que recordar que alertados por vecinos, dos integrantes de la policía de vigilancia llegaron al sitio para atender la situación y fueron atacados con armas de fuego por los señalados delincuentes en medio de un forcejeo. Vestían prendas de uso exclusivo de la policía judicial.En medio de un intercambio de disparos, uno de los uniformados falleció y dos de los asaltantes quedaron heridos, uno de ellos murió horas después en un centro asistencial por la gravedad de las heridas.Según la Fiscalía, algunos videos de cámaras de seguridad y otros elementos de prueba obtenidos indican que Cuervo Olarte, de 27 años habría participado en el robo y la posterior huida de algunos de los presuntos responsables.En ese sentido, un fiscal de la Unidad de Alertas Tempranas de Homicidio de la Seccional Medellín le imputó los delitos de homicidio y hurto calificado, ambas conductas agravadas; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego de uso personal; y fabricación, tráfico, porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas.
El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, quien llegó a la entidad para reemplazar a Olmedo López, involucrado en el escándalo por los carro tanques de La Guajira, insistió en Mañanas Blu que la corrupción en los gobiernos es un reflejo de la sociedad colombiana.Según Carrillo, en el país, tanto en lo público como en lo privado, ronda la corrupción, por lo que termina también llegando esta problemática al Gobierno.Escándalo en la UNGRD: las preguntas que quedan por responder por parte del GobiernoEl nuevo director también se refirió a los comentarios que dicen que tanto la derecha como la izquierda es corrupta: “La derecha se defiende diciendo todos somos monstruos entonces nadie lo es. Ese es un relato que se va a destruir”.¿Qué pasó con las ollas comunitarias para La Guajira?Carrillo también se refirió a la otra polémica que hay en la unidad: las ollas comunitarias en La Guajira. Manifestó que es un tema que preocupa seriamente, debido que es una cantidad altísima de recursos.“Particularmente este contrato de La Guajira es de 20.000 millones de pesos. El presidente lo ha dicho de manera pública, pidió que esos programas fueran dirigidos a las juntas de acción comunal o a las organizaciones populares de base. Es importante aclarar que misionalidad de la Unidad gira alrededor de las emergencias, entonces, las ollas son temporales”, precisó. Así se robaron la plata de las ollas comunitarias, según director de UNGR
El mal parqueo es una infracción más común de lo que los conductores suelen pensar. En Colombia, además de conducir a alta velocidad, sin Soat, tecnomecánica o con la licencia de conducción vencida, esta es otra de las faltas a la norma más multadas.Según el Código Nacional de Tránsito, los conductores deben ser conscientes de los lugares en los que está prohibido estacionar no solo por cumplir con la norma, sino también por contribuir a un buen desarrollo de la movilidad en las ciudades.Estos lugares incluyen frente a garajes, sobre andenes, en vías principales y colectoras con indicación expresa de prohibición, en puentes, túneles, pasos bajos, curvas y zonas cercanas a hidrantes, entradas de garajes y carriles de bicicletas, entre otros.Distrito tomó decisión contra mal parqueados en Bogotá; ya hay sancionados¿Cuál es la multa por mal parqueo en Colombia 2024?En el país, estacionar un vehículo en zonas prohibidas puede llevar a sanciones severas, incluida una multa de $650.000 para el año 2024.Además de la multa económica, existe la posibilidad de inmovilización del vehículo en caso de que el conductor no esté presente cuando se lleve a cabo la imposición de la infracción. En estos casos, el vehículo podría ser trasladado por una grúa a los patios hasta que el propietario lo retire. Sin embargo, si el conductor está presente antes de que el vehículo sea cargado, se le permitirá retirarlo, aunque recibirá la multa de todas formas.Nunca parquee su carro frente a este objeto; tiene multa y le pueden romper los vidrios¿Dónde no se puede parquear?El desconocimiento de la normativa no exime a los conductores de su responsabilidad. Es fundamental que los conductores estén al tanto de estas reglas y de los lugares no permitidos para parquear y así evitar infracciones costosas y molestias innecesarias.Lugares donde está prohibido estacionar en Colombia, según el artículo 76 de la ley 769:Frente a garajes de viviendas o locales comerciales.Sobre andenes, áreas verdes o espacios públicos: designados para peatones, recreación o conservación.En vías, arterias, autopistas, zonas de seguridad o dentro de intersecciones: lugares son especialmente peligrosos para estacionar.En vías principales y colectoras con indicación expresa de prohibición o restricción.En puentes, viaductos, túneles, pasos bajos, estructuras elevadas o en sus accesos.En carriles dedicados a transporte masivo sin autorización: incluyendo las paradas para vehículos de servicio público o personas con limitaciones físicas.En ciclorrutas o carriles dedicados o con prioridad al tránsito de bicicletas.A una distancia mayor de treinta (30) centímetros de la acera.En doble fila de vehículos estacionados, o frente a hidrantes y entradas de garajes o accesos para personas con discapacidad.En curvas.Donde interfiera con la salida de vehículos estacionados.Donde las autoridades de tránsito lo prohíban.En zona de seguridad y de protección de la vía férrea, en la vía principal, vías secundarias, apartaderos, estaciones y anexidades férreas.La multa por mal parqueo es solo una parte de las posibles sanciones, ya que, de no estar presente, la inmovilización del vehículo puede provocar inconvenientes y gastos adicionales para los conductores. En otras palabras, los conductores deben conocer la norma y conducir atentos a las zonas prohibidas de estacionamiento para evitar multas y demás sanciones por parte de los agentes de tránsito en la ciudad.Le puede interesar: