Defensoría y ONU piden garantías para campesinos judicializados por protesta contra minera en Jericó

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por el proceso judicial que avanza en contra de 11 campesinos de Jericó, Antioquia, acusados por la Fiscalía de secuestro simple y hurto calificado en hechos que se habrían dado como parte de su labor medioambiental.Según el ente acusador, estas personas estarían relacionadas con al menos nueve casos de agresión contra vecinos y turistas por ingresar a una reserva natural.Los momentos clave de esta investigación ocurrieron el 2 de mayo de 2022, cuando un grupo de 16 trabajadores de la minera Quebradona S.A., de Anglod Ashanti, fue retenido por ocho personas que portaban machetes y palos. El otro caso fue el haber impedido que a 15 ciclistas y una guía local realizaran un recorrido turístico en la finca La Arboleda.Para la Defensoría, la judicialización no puede entenderse de manera aislada ni exclusivamente bajo una óptica penal.“Los hechos en cuestión deben ir de la mano con las motivaciones que son la defensa colectiva y legítima de un territorio frente a una actividad impuesta y percibida como amenazante. Se enmarca, de forma clara y contundente, en un conflicto socioambiental estructural que ha marcado la vida del municipio durante las últimas décadas”, insistió.En la misma línea, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia manifestó su alarma por la criminalización de estos defensores y pidió a las autoridades respetar su legítimo derecho a proteger su territorio. En un pronunciamiento reciente, destacó que la defensa del ambiente no puede considerarse delito y urgió al Estado colombiano a “implementar medidas que reconozcan y protejan esta labor vital para la justicia ambiental y social”.Ambas entidades coincidieron en que la labor de defensa ambiental no sólo es legítima, sino necesaria para la construcción de una democracia ambiental sólida y el cumplimiento de los compromisos internacionales de Colombia en materia de derechos humanos, medioambiente y justicia intergeneracional.Por lo pronto, la audiencia en la que la Fiscalía judicializa a este grupo de campesinos se retomará este lunes, e incluso, podría ocurrir que un juez de control de garantías les dicte medida de aseguramiento en centro carcelario o en sus domicilios, mientras avanza el proceso judicial.Los involucrados, líderes y lideresas sociales de las veredas Vallecitos, La Soledad, La Hermosa y Quebradona, han participado activamente en diversas protestas contra las actividades de exploración minera de cobre de la empresa AngloGold Ashanti, que presuntamente se estarían adelantando en una hacienda, sin permisos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la Agencia Nacional de Minería, aunque la multinacional asegura tener todas las autorizaciones.La Defensoría recordó que ya ha emitido varias alertas sobre los riesgos de minería sin control que podrían afectar los derechos a la vida, la salud, el agua, la alimentación y la seguridad de las comunidades.En esa medida, hacen una serie de peticiones: a las autoridades administrativas adelantar un control efectivo y regular las situaciones para proteger a las personas y la naturaleza, así como prestarle más atención a los conflictos sociales en zonas de actividad minera.Y a las autoridades judiciales, a evitar caer en rectificaciones contra estos líderes sociales y ambientales que no tienen antecedentes violentos y tener en cuenta elementos como la trayectoria de estas personas y los principios de razonabilidad, proporcionalidad y respeto a la protesta pacífica.“El derecho penal no debería ser usado como herramienta de represión frente al ejercicio de la defensa de derechos fundamentales y colectivos. Esto, además, entra en conflicto con los principios del Acuerdo de Escazú, que en su artículo 9 exige a los Estados garantizar un entorno seguro para quienes defienden los derechos humanos en asuntos ambientales”, reiteró la Defensoría.