
Sigue la polémica en Jericó, Antioquia, en medio de la judicialización de 11 campesinos imputados por presuntos delitos durante protestas contra proyecto minero. Audiencia que continuará el 16 de junio y en ella se definiría una posible medida de aseguramiento para los procesados.
Luego de que hace varios días un grupo de 11 campesinos fueran imputados por un juzgado de Jericó por delitos como hurto y secuestro contra funcionarios de la AngloGold Ashanti, sigue en veremos la definición de su situación jurídica.
En la continuación de la audiencia, llevada a cabo este 26 de mayo, se presentaron los diferentes alegatos de las defensas de los procesados, así como el concepto del Ministerio Público frente a los elementos que habría para imponer a los campesinos medidas de aseguramiento mientras enfrentan su etapa de juicio.
Tras estas intervenciones nuevamente se suspendió la diligencia para ser retomada el próximo 16 de junio en horas de la mañana, donde el despacho tomaría una decisión frente a los hechos ocurridos entre mayo de 2022 y diciembre 2023 donde los campesinos se opusieron a la presencia de funcionarios de la minera en varias zonas del corregimiento Palocabildo.
La posibilidad de que estos campesinos pudieran ser cobijados con medida de aseguramiento no solo ha despertado la solidaridad de diferentes organizaciones sociales, ambientales e incluso sectores políticos, sino también el pronunciamiento de entidades como la Defensoría del Pueblo.
Desde esta entidad expresaron su preocupación frente a la manera en como se ha llevado a cabo el proceso y pidió que se tomen medidas proporcionales y respetuosas de acuerdos como el de Escazú que protegen los mecanismos para la defensa del medio ambiente en los territorios.
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Además, el Ministerio Público destacó que se trata de un conflicto que no debe ser abordado desde una perspectiva penal, sino que responde a profundas diferencias socioambientales que merecen otro tipo de tratamiento.