Tensión en Jericó: once campesinos enfrentan imputaciones penales tras protestas contra la minera AngloGold Ashanti. Aunque la audiencia se suspendió, manifestantes argumentan que no son culpables de los delitos de secuestro, lesiones personales y hurto, como lo denunció la empresa
Lo que comenzó como una protesta terminó en una citación de la Fiscalía 147 especializada de Antioquia este 23 de abril a once campesinos del municipio de Jericó, para llevar a cabo una audiencia de imputación de cargos por los delitos de secuestro simple, hurto calificado, daño en bien ajeno y lesiones personales.
Los involucrados, líderes y lideresas sociales de las veredas Vallecitos, La Soledad, La Hermosa y Quebradona, han participado activamente en el plantón que completa más de 20 días en rechazo a las actividades de exploración minera de cobre de la empresa AngloGold Ashanti, que presuntamente se estarían adelantando en una hacienda, sin permisos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y la Agencia Nacional de Minería (ANM), según advierten los campesinos. Sin embargo, Anglogold Ashanti argumentó que cuenta con un título minero vigente otorgado por la ANM y también con permisos del propietario de la finca donde se adelantan estudios que se requieren para la ANLA.
Aunque la audiencia no pudo llevarse a cabo este miércoles y fue reprogramada para el 30 de abril, la defensa de los campesinos, por parte del Instituto Popular de Capacitación (IPC) y la Corporación Jurídica Libertad, argumenta que estas acciones legales instauradas por la empresa minera de cobre Quebradona “buscan intimidar”.
“Consideramos que es un proceso penal que escala una serie de acciones de intimidación que viene adelantando la empresa primero con unas querellas, ahora con un proceso penal que el objetivo que tiene pues es desmovilizar el ejercicio del derecho a la protesta”; aseveró Xiomara Mendoza, abogada del IPC.
Según indicaron desde el IPC, son más de 40 campesinos los que han sido objeto de querellas por ejercer su derecho a la protesta pacífica, motivo por el denuncian que hay un patrón de judicialización contra quienes se oponen al proyecto minero, cuya etapa de exploración culmina en diciembre de este año.
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