Crece la controversia entre el presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, César Pachón, y el nuevo ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, por la firma de varios contratos que habrían quedado en trámite durante los últimos días del Gobierno Petro. Ahora, Pachón le está pidiendo a Dangond que se retracte de las acusaciones en su contra.La discusión comenzó luego de que el ministro Dangond denunciara que la Agencia de Desarrollo Rural habría expedido, el pasado 6 de agosto, una resolución para habilitar de manera excepcional el sábado 8 de agosto como día hábil administrativo. Según el jefe de la cartera de Agricultura, durante esa jornada se habrían firmado varios contratos que superarían los $260.000 millones y que, incluso, pudieron haberse suscrito mediante teletrabajo.Ante estos señalamientos, César Pachón le pidió al ministro Dangond que se retractara. Pero el presidente de la Agencia de Desarrollo Rural también ha respondido a otras personas que han cuestionado su actuación y les ha exigido retirar sus acusaciones. Entre quienes han recibido estos llamados está el representante Daniel Briceño, quien dijo que Pachón “debía ser declarado insubsistente de forma inmediata” e incluso lo llamó “sinvergüenza”.Por su parte, el exsenador Gustavo Bolívar, uno de los dirigentes del Pacto Histórico, aunque habló sobre la presunción de inocencia del implicado, afirmó que “progresistas con actos así borran los logros del Gobierno”. Además de pedirle que se retractara, Pachón le respondió que “no se le dispara a un compañero por la espalda”, en referencia a que ambos pertenecen al mismo sector político.Los cuestionamientos están relacionados con tres contratos que, según las denuncias del ministro de Agricultura, superarían los $260.000 millones. Uno, por $70.000 millones, estaría destinado a una planta de sacrificio porcino; otro, por $190.000 millones, se habría realizado en convenio con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, y un tercero, por $30.000 millones, tendría como destino el departamento de Casanare.
El Fenómeno de El Niño ya muestra avances y empieza a generar afectaciones en diferentes zonas del país, según el seguimiento climático. Ante este escenario, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural pondrá en marcha un piloto de seguro agropecuario por $9.625 millones para proteger a pequeños productores de bajos ingresos frente a eventos climáticos extremos como sequías y excesos de lluvias.La iniciativa se desarrolla en articulación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Finagro, La Previsora S. A. y el consorcio internacional InsuResilience Solutions Fund (ISF), Insurance Development Forum (IDF), con apoyo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ). Del total de recursos, el Ministerio de Agricultura aportará $8.700 millones, equivalentes al 90 %, a través del Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios, mientras que el consorcio internacional contribuirá con $925 millones.“Con este piloto, Finagro apoya la implementación de soluciones innovadoras que permiten anticiparnos a los efectos de la variabilidad climática y fortalecer la protección financiera de los pequeños productores. El seguro paramétrico facilita una respuesta ágil y objetiva ante eventos severos, al tiempo que genera aprendizajes y capacidades territoriales para ampliar en el futuro este tipo de mecanismos de gestión del riesgo agropecuario”, señaló Jimena Ruiz, presidenta encargada de Finagro.El piloto beneficiará a 14.402 productores pertenecientes a la Agricultura Campesina, Familiar, Étnica y Comunitaria (ACFEC), ubicados en cinco departamentos del país. La distribución contempla 5.600 cupos en Córdoba, 5.525 en Sucre, 2.500 en Chocó, 521 en Cundinamarca y 256 en Meta, territorios identificados con alta vulnerabilidad ante variaciones climáticas. Las gobernaciones y alcaldías apoyarán la inscripción mediante jornadas de socialización y talleres con las comunidades.El seguro funcionará mediante indicadores climáticos que activarán compensaciones cuando los niveles de déficit o exceso hídrico superen los umbrales establecidos en la póliza. Cada productor contará con una suma asegurada de $4,6 millones, valor que servirá como referencia para las indemnizaciones en caso de siniestros cubiertos. El mecanismo permitirá realizar pagos de forma más rápida, objetiva y transparente, sin requerir una evaluación individual de daños en cada predio.Los recursos podrán ser entregados directamente a los beneficiarios a través de cuentas bancarias o billeteras digitales, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta de los productores ante pérdidas asociadas al clima. El Ministerio señaló que esta estrategia busca pasar de una atención reactiva de emergencias a un modelo preventivo de gestión integral del riesgo agropecuario.La implementación del seguro toma mayor relevancia debido al panorama climático actual. De acuerdo con el Ideam, las condiciones relacionadas con El Niño continúan fortaleciéndose y existe una alta probabilidad de que se mantengan hasta el primer trimestre de 2027. Por esta razón, el Gobierno busca anticiparse a los impactos sobre la productividad agrícola y la seguridad alimentaria de miles de familias rurales.
El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural designado, Indalecio Dangond Baquero, sostuvo este lunes en Barranquilla, una reunión de trabajo con la junta directiva de la Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira (ASBAMA), que estuvo encabezada por su presidente ejecutivo, José Francisco Zúñiga Cotes y por representantes de las principales empresas productoras y comercializadoras del sector.En la sesión, las partes acordaron el plan de trabajo en torno a tres ejes: productividad, rentabilidad y competitividad, además de establecer compromisos concretos que incluirían el diseño de nuevos mecanismos de financiamiento de largo plazo para la modernización del riego, la adopción de energías alternativas en las fincas bananeras; también un nuevo modelo de crédito agropecuario que valore el flujo de caja del proyecto productivo, el fortalecimiento del seguro agropecuario con esquemas más accesibles y un plan de intervención de vías terciarias que reduzca los costos de transporte de la fruta.La agenda contemplará, además, a los pequeños productores, con acciones de caracterización, asistencia técnica y acompañamiento orientadas a mejorar sus ingresos, así como la simplificación de trámites y cargas normativas que hoy limitan la competitividad del campo."Salimos de esta reunión con optimismo y con tareas concretas. El sector bananero ha demostrado su capacidad de sobreponerse a las dificultades, y hoy encontramos en el nuevo Gobierno una disposición real de trabajar en equipo para convertir los retos en oportunidades de crecimiento para nuestros productores, trabajadores y comunidades", afirmó Zúñiga Cotes.
Los congresistas Daniel Briceño, Sara Castellanos y Carol Borda enviaron una carta al presidente electo, Abelardo De La Espriella, y al próximo ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, en la que solicitaron derogar varias resoluciones expedidas por el actual Gobierno que crean Áreas de Protección para la Producción de Alimentos y Zonas de Protección para la Producción de Alimentos en diferentes regiones del país. Según los legisladores, estas medidas restringen el uso de predios rurales sin la participación de las autoridades territoriales y generan incertidumbre jurídica para propietarios, productores e inversionistas.“Junto a Sara Castellanos y Daniel Briceño, congresistas electos, estamos solicitando al nuevo ministro de agricultura que revoque las resoluciones mediante las cuales el gobierno de Petro creó las áreas de protección para la de alimentos y las zonas de protección para la producción de alimentos. Consideramos que estas medidas terminaron afectando la seguridad jurídica de 1000 de propietarios rurales y limitando la autonomía de los municipios y departamentos sobre el ordenamiento de su propio territorio”, señaló la representante electa, Carol Stefanny Borda. Asimismo, pidieron revisar el Decreto 1147 de 2024, que faculta a la Agencia Nacional de Tierras para establecer límites a la propiedad privada dentro de las Zonas de Reserva Campesina.“El campo y la producción de los alimentos se defiende, defendiendo el uso del suelo de cualquier restricción y el uso de la propiedad privada. Su intento por limitar el uso del suelo de alguna forma debe tener un sustento legal y técnico, y, sobre todo, respetar las competencias de las autoridades locales”, agregó.En su carta, los congresistas sostienen que estas disposiciones ya han sido objeto de advertencias por parte de organismos de control. Señalan que la Contraloría General de la República alertó sobre posibles riesgos legales, fiscales y de gobernanza en la implementación de estas figuras, mientras que la Procuraduría solicitó a la Corte Constitucional declarar inexequible el artículo 32 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, que sirve de fundamento para su creación.“Organismos como la Contraloría General de la Nación, de hecho, han advertido riesgos en la implementación de estas figuras, y la Procuraduría incluso solicitó a la corte constitucional revisar la constitucionalidad del artículo que les dio origen en el plan de desarrollo”, dijo la representante Borda.Los firmantes argumentan que el país necesita reglas claras, respeto por la propiedad privada y mayor seguridad jurídica para incentivar la inversión y la generación de empleo en el sector rural. Por ello, solicitaron al gobierno entrante revisar y dejar sin efecto estas medidas, al considerar que podrían afectar el desarrollo del campo colombiano y la autonomía de las entidades territoriales.
El presidente electo, Abelardo De La Espriella, dio a conocer que Indalecio Dangond Baquero será el nuevo ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, cartera desde la que se buscará impulsar medidas orientadas al fortalecimiento del campo colombiano.Esta decisión está enfocada en el plan de gobierno impulsado por De La Espriella, que tiene como objetivo promover la bancarización de 2,5 millones de campesinos, la formalización de los títulos de propiedad rural y la construcción de nuevos distritos de riego.Con la llegada de Dangond Baquero, la tarea será la creación de un censo nacional agropecuario, así como 700 escuelas de emprendimiento rural para promover el relevo generacional en el campo y un programa inicial para sustituir 50.000 hectáreas de cultivos ilícitos.Sin embargo, lo que más ha generado impacto es la relación del nuevo ministro de Agricultura con el cantante de música vallenata Silvestre Dangond.¿Quién es Indalecio Dangond Baquero?Dangond es un reconocido columnista de diarios como El Espectador, El Heraldo y El Informador. El barranquillero, además, es administrador de empresas y se ha enfocado en el ámbito agrario.Indalecio, de 62 años de edad, suma una trayectoria de 40 años en el financiamiento agropecuario y el desarrollo rural y, hasta ahora, hacía parte del equipo encargado del proceso de empalme en ese sector, siendo considerado como uno de los principales asesores de Abelardo De La Espriella.Además, Dangond ha ocupado varios cargos públicos y privados relacionados con el sector agropecuario, siendo asesor del Ministerio de Agricultura en la implementación del esquema de seguros agropecuarios. Sumado a ello, asesoró a la Presidencia del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro).Sin embargo, la polémica rodea el entorno de Indalecio Dangond, pues es tío del cantante de música vallenata Silvestre Dangond. Así mismo, es medio hermano del empresario palmicultor Silvestre Dangond Lacouture, uno de los polémicos beneficiarios del programa Agro Ingreso Seguro (AIS) durante el gobierno de Álvaro Uribe.Ministro de Agricultura impulsará el fortalecimiento del campoPese a ello, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, aseguró en su cuenta de X que junto a Dangond buscará fortalecer el campo, así como la seguridad alimentaria."Trabajaremos para que nuestros productores tengan títulos de propiedad, acceso al crédito, asistencia técnica, tecnología, riego y nuevos mercados. Vamos a fortalecer el emprendimiento rural, impulsar la producción nacional y convertir el campo en una fuente de prosperidad, empleo y seguridad alimentaria", escribió.
El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció el nombramiento de Indalecio Dangond Baquero como ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, cartera en la que, según dijo, buscará impulsar medidas orientadas al fortalecimiento del campo colombiano.Dangond, de 62 años y nacido en Barranquilla, es administrador de empresas, con una trayectoria cercana a los 40 años en financiamiento agropecuario y desarrollo rural. Hasta ahora hacía parte del equipo encargado del proceso de empalme en el sector y es considerado uno de los principales asesores del presidente electo en asuntos agrarios.Entre las prioridades anunciadas por De La Espriella para su gestión se encuentra la bancarización de 2,5 millones de campesinos, la formalización de los títulos de propiedad rural y la construcción de nuevos distritos de riego.Además, el plan contempla la realización de un nuevo censo nacional agropecuario, la creación de 700 escuelas de emprendimiento rural para promover el relevo generacional en el campo y un programa inicial para sustituir 50.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito mediante proyectos de palma en Tumaco y cacao en Tibú. También se plantea flexibilizar el acceso al crédito y ampliar la asistencia técnica para pequeños productores.Dangond ha ocupado distintos cargos públicos y privados relacionados con el sector agropecuario. Fue asesor del Ministerio de Agricultura en la implementación del esquema de seguros agropecuarios, asesoró la Presidencia del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), trabajó en proyectos de desarrollo rural y, desde 2020, lidera la empresa Credifomento, dedicada al acompañamiento de pequeños agricultores y ganaderos.Al anunciar la designación, el presidente electo aseguró que el objetivo de su Gobierno será devolverle al campo un papel central en el desarrollo económico del país. A través de su cuenta de X afirmó que buscará garantizar a los productores rurales títulos de propiedad, acceso al crédito, asistencia técnica, tecnología, sistemas de riego y nuevos mercados, con el propósito de fortalecer el emprendimiento rural, aumentar la producción nacional y mejorar la seguridad alimentaria.
Martha Carvajalino, ministra de Agricultura, defendió la transparencia en la entrega de tierras en Colombia frente a los cuestionamientos de la exministra Cecilia López, quien acusó al Gobierno de inflar las cifras mediante predios no escriturados. Carvajalino aclaró que el Estado adjudica mediante resoluciones administrativas válidas y que los procesos avanzan de forma legal.La funcionaria explicó en Mañanas Blu 10:30 que el contador oficial del Ministerio de Agricultura registra un total de 351.000 hectáreas entregadas a campesinos. De esta cifra, 94.000 hectáreas ya cuentan con título definitivo y registro formal, 48.000 están en proceso de inscripción y 206.000 hectáreas se encuentran bajo la figura de entrega provisional."El Estado no se desprende de las tierras de la nación por vía de escrituras", precisó la ministra, detallando que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) emite actos administrativos con plena validez jurídica que amparan el ingreso y explotación de los predios por parte de las familias beneficiarias.Para alimentar el Fondo Nacional de Tierras, el Gobierno ha gestionado la compra directa de 462.000 hectáreas a particulares, incluyendo 233.000 hectáreas adquiridas a la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). Asimismo, se han sumado 30.000 hectáreas provenientes del Frisco y del Fondo de Reparación de Víctimas, con otras 138.000 en proceso de adquisición.Carvajalino enfatizó que los predios provisionales entran en una fase de parcelación técnica para determinar unidades agrícolas familiares, acceso a agua y vías, un trámite que no vulnera la seguridad jurídica de los ocupantes ni puede ser revertido por futuras administraciones.La ministra advirtió sobre presiones de grupos violentos que buscan desplazar a los beneficiarios en regiones como Córdoba y el Valle del Cauca, catalogando estas acciones como el inicio de una "contrarreforma agraria". Finalmente, ofreció disculpas públicas a Cecilia López en caso de que sus declaraciones en redes sociales se interpretaran como un ataque personal.Escuche la entrevista completa aquí:
A menos de dos meses de finalizar el actual Gobierno, la Jurisdicción Agraria, uno de los proyectos más importantes para la política rural del presidente Gustavo Petro, quedó virtualmente hundida en el Congreso. Sin embargo, el Gobierno anunció que volverá a presentar la iniciativa el próximo 20 de julio y defendió su importancia para resolver conflictos históricos sobre la tierra en Colombia.La ministra de Agricultura cuestionó duramente la falta de avances legislativos y señaló que el proyecto fue víctima de dilaciones durante más de un año. Recordó que la iniciativa estuvo en trámite desde agosto de 2024, recibió mensaje de urgencia presidencial y logró ser aprobada por unanimidad en las comisiones primeras conjuntas de Cámara y Senado en diciembre de ese mismo año. Pese a ello, aseguró que nunca se concretó su discusión definitiva en las plenarias.La ministra también lamentó la postura de algunos sectores que participaron en el debate, especialmente la dirigencia de los gremios agrícolas que se opusieron al proyecto. Según indicó, algunas posiciones fueron demasiado rígidas y cerraron espacios para construir consensos alrededor de una reforma que, a juicio del Gobierno, busca devolverle dignidad al campo colombiano."Nos preocupa que no haya existido disposición para encontrar una ruta de acuerdo frente a una iniciativa tan importante para el agro. Lo que buscamos es corregir desigualdades históricas y garantizar mejores condiciones para quienes viven y trabajan en el campo", sostuvo la ministra durante su intervención.Frente al nuevo proyecto que será radicado en la próxima legislatura, el Gobierno anunció que mantendrá varios de los principios que considera esenciales. Entre ellos están la protección de la Unidad Agrícola Familiar para evitar la fragmentación de los predios, la defensa de los derechos de las mujeres rurales, el reconocimiento de la posesión agraria y la protección de los pequeños productores. También insistirá en que la administración de los baldíos de la Nación y el control sobre bienes de uso público, como bosques y ciénagas, permanezcan bajo responsabilidad estatal."Vamos a conservar los pilares fundamentales de la jurisdicción agraria, pero también recogeremos los consensos alcanzados durante el debate. Queremos avanzar en el saneamiento de la propiedad privada, facilitar el acceso a la justicia para pequeños campesinos y corregir vacíos institucionales que hoy afectan la resolución de conflictos rurales", explicó la ministra.Según afirmó, la falta de una jurisdicción especializada limita el acceso a la justicia en las zonas rurales, dificulta la administración de bienes públicos y frena la posibilidad de resolver conflictos de tierras que históricamente han alimentado la violencia en distintas regiones del país.La ministra aseguró que la tierra ha sido una de las principales causas del conflicto armado y advirtió que será difícil alcanzar acuerdos nacionales duraderos si no se avanza en mecanismos que garanticen mayor justicia en el campo. Por eso, confirmó que el presidente Gustavo Petro volverá a presentar el proyecto después del 20 de julio, con la expectativa de que el próximo Congreso retome una discusión que, según el Ejecutivo, sigue siendo una deuda pendiente con millones de campesinos colombianos.
La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, expresó su preocupación frente al documento presentado por la Corte Suprema de Justicia en el debate sobre la ley de jurisdicción agraria, al considerar que algunas observaciones podrían afectar principios históricos de la reforma agraria en Colombia y limitar las funciones de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).En entrevista con Mañanas Blu, la funcionaria defendió la necesidad de mantener las competencias administrativas de la ANT sobre los bienes baldíos de la Nación y cuestionó que, a última hora del trámite legislativo, se planteen modificaciones que —según dijo— “rompen con más de 100 años del régimen agrario colombiano”.“El documento que se radicó y que circuló ampliamente ayer por redes sociales le atribuye la adjudicación de los bienes baldíos a los tribunales. Esto constituye realmente una aseveración bastante crítica, rompe con 100 años del régimen agrario y lo que hace finalmente es quitarle a la Nación la administración de sus bienes”, afirmó Carvajalino.La controversia se originó tras las observaciones hechas por la Sala Civil de la Corte Suprema al proyecto de ley de justicia agraria, iniciativa impulsada por el Gobierno Petro como una pieza clave de la reforma agraria y de la implementación del Acuerdo de Paz.Debate por los baldíos y el papel de los jueces agrariosEl centro de la discusión gira alrededor del artículo 9 del proyecto, que establece las competencias sobre los procesos relacionados con baldíos, recuperación de tierras y conflictos agrarios. Mientras sectores de la Corte Suprema y gremios agrícolas consideran que debe existir un mayor control judicial para evitar excesos del Ejecutivo, el Gobierno insiste en que la ANT debe conservar la capacidad administrativa para adjudicar y recuperar tierras públicas.Carvajalino aseguró que la preocupación del Ejecutivo surgió porque el documento conocido inicialmente sugería trasladar a los tribunales agrarios funciones históricamente ejercidas por la Nación.“Si aquí lo que se quiere es que la adjudicación de los bienes baldíos salga de la Nación, pues aquí estamos frente a una derogatoria expresa y clara de la reforma agraria que este país está adelantando desde 1961”, señaló la ministra.Posteriormente, la Corte Suprema emitió un comunicado aclarando que no pretende eliminar la fase administrativa de estos procesos, aunque la ministra insistió en que persisten dudas sobre el alcance del documento entregado al Congreso.“Nos preocupa que se quiera quitar los principios del proyecto de ley porque en esta nueva jurisdicción necesitamos unas normas que orienten la interpretación judicial”, sostuvo.Reforma agraria y cumplimiento del Acuerdo de PazDurante la entrevista, la ministra también respondió a quienes aseguran que el Gobierno pretende eliminar el papel de los jueces en los procesos agrarios. Según explicó, el Acuerdo de Paz contempla la creación de una jurisdicción agraria especializada, pero no obliga a que todas las decisiones sobre tierras sean judicializadas.“El acuerdo de paz nunca dice que hay que judicializar la decisión de los procesos agrarios”, afirmó. La funcionaria recordó que actualmente existen miles de procesos detenidos por falta de claridad jurídica y por las dificultades para implementar plenamente la jurisdicción agraria.De acuerdo con cifras expuestas en la entrevista, existen cerca de 38.000 procesos de clarificación de tierras pendientes y más de 73.000 conflictos agrarios que hoy cursan en despachos ordinarios. “Lo que nos quieren poner a hacer es que quede suspendida de facto cualquier decisión administrativa”, advirtió.Los conflictos rurales van más allá de los baldíosLa ministra insistió en que el debate público se ha concentrado únicamente en los baldíos, dejando de lado otros conflictos rurales que afectan diariamente a campesinos y propietarios.Entre esos problemas mencionó disputas por servidumbres, acceso al agua, invasiones de predios, contaminación de suelos y cierres ilegales de caminos rurales.“Los conflictos agrarios son cuando a los campesinos les corren la cerca, cuando les cortan la manguera de suministro de agua o cuando les cierran el tránsito y no pueden salir de su finca”, explicó.Según Carvajalino, la ausencia histórica de justicia efectiva en el campo colombiano ha permitido que actores armados ilegales terminen ejerciendo control territorial y resolviendo disputas mediante la violencia.Gobierno defiende facultades de la ANTOtro de los puntos defendidos por la ministra fue la necesidad de que la Agencia Nacional de Tierras conserve facultades de policía administrativa para actuar rápidamente en procesos de recuperación de baldíos y protección ambiental.La funcionaria puso como ejemplo la emergencia climática en Córdoba y el Bajo Sinú, donde el Gobierno busca intervenir terrenos ocupados irregularmente que afectan el flujo natural de las aguas. “¿Deberíamos recuperar los bienes baldíos de la Nación? Yo le digo sí”, enfatizó.Además, explicó que la propuesta del Ejecutivo contempla que las decisiones administrativas puedan tener control judicial automático e inmediato, buscando un equilibrio entre las competencias de la ANT y la intervención de los jueces agrarios.Congreso tendrá la última palabraAunque el debate ha escalado políticamente tras los pronunciamientos del presidente Gustavo Petro y las respuestas de distintos sectores políticos, la definición final del proyecto dependerá del Congreso de la República. El Gobierno espera que la discusión continúe en términos técnicos y jurídicos, mientras sectores críticos insisten en la necesidad de establecer límites claros entre las funciones administrativas y judiciales dentro de la nueva jurisdicción agraria.
En los últimos días La Corte Constitucional pidió acelerar la implementación de la justicia agraria y rural el alto tribunal solicitó al Congreso expedir con urgencia un marco legal para su regulación Además, le ordenó al Consejo Superior de la Judicatura iniciar de inmediato las acciones necesarias para que los juzgados y tribunales agrarios entren en funcionamiento gradual desde 2027.En ese sentido, el Gobierno nacional a través de la ministra de agricultura, Martha Carvajalino pidió al Congreso debatir sobre la misma antes de que finalice la legislatura. El aval de la Corte a la reforma agraria también viene con una serie de exhortos y la creación de juzgados para temas de tierras.Sobre ello, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, aseguró que están en curso 366 procesos que ya podrían llegar a la Jurisdicción Agraria que sumarían más de 112 mil hectáreas para la Reforma.“La indecisión sobre los problemas de administración de las tierras de la nación y sobre los procedimientos agrarios no lleva a otra cosa que a agudizar los conflictos. Hoy muchos de los conflictos entre particulares, de linderos, de ocupación, de posesión, se diluyen en los juzgados promiscuos municipales en procesos de única instancia con la presión política de los territorios”, señaló la minagricultura.Incluso, la jefe de esa cartera aseguró que “estamos ante un bloqueo institucional que agudiza los conflictos sobre la tierra, no tenemos otro mandato que insistirle al Congreso y solicitar que se implemente lo más pronto posible con las normas generales la jurisdicción a la ley”.La Corte Constitucional revisó varias normas sobre tierras y reforma rural, pero en muchos casos decidió no meterse de fondo aunque sí impartió una serie de órdenes para que el Congreso arranque con el debate. Está reforma tendrá jueces especializados en temas rurales y de tierras.
Una de las imágenes que ha generado esperanza en medio del terremoto de 7.4 que afectó a una parte del país, se vivió en Cali. Allí, las labores de rescate terminaron con una imagen conmovedora: la recuperación de una mujer con su bebé en medio de los escombros.En video quedó grabado el momento en el que los rescatistas logran ubicarlos. Luego, con mucho cuidado, comenzaron a sacar al bebé de pocos meses de nacido. De inmediato, los que estaban presentes celebraron ese hecho que generó esperanza en medio del temblor más fuerte que ha vivido Colombia en la última década.El pequeño, cubierto de polvo, permaneció con vida en medio de estas primeras horas que son claves para rescatar la mayor cantidad de personas con vida bajo los escombros.Después llegó el turno de la madre, quien con su cuerpo cuidó y protegió del impacto a su hijo para que no le pasara nada. Sin duda una imagen que genera esperanza y fe en medio de los momentos de angustia por el terremoto que sacudió a Colombia.Aumentan los muertos y heridosAl menos 132 personas murieron y más de 570 resultaron heridas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes el país, según un balance parcial de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).Pereira, capital del departamento de Risaralda, que limita con San José del Palmar, epicentro del terremoto, que se produjo a las 7:34 hora local concentra la mayor cantidad de víctimas mortales, con 60 fallecidos, según la información.
Artistas colombianos como Shakira, Maluma, J Balvin y Juanes expresaron este lunes su solidaridad con las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió buena parte del país y llamaron a sus connacionales a mantenerse unidos y ayudar a los afectados."Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia", escribió Shakira en su cuenta de X, donde envió "fuerza y amor" a su país y pidió a sus seguidores estar pendientes de las indicaciones de las autoridades "para poder ayudar tan pronto como sea posible".Maluma, por su parte, expresó su "dolor" por lo ocurrido y envió "un abrazo al alma" de las familias de las víctimas, al tiempo que aseguró que está dispuesto a ayudar: "Ahora sí que necesitamos esa fuerza y esa unión".También de la música urbana, J Balvin envió "mucha fuerza" a los afectados por el terremoto y expresó su solidaridad con las familias y comunidades que atraviesan momentos de angustia. También Blessd, Ryan Castro, Kris R y más artistas se sumaron en voz del género urbano.Karol G y Feid pusieron sus redes a disposición para donaciones y ayudar a buscar personas desaparecidas."Ante el dolor todos tenemos la misma cara. Ahora más que nunca, permanezcamos unidos Colombia", escribió Juanes, quien además informó de que ya hizo una donación y animó a quienes puedan hacerlo a sumarse a la ayuda."Cada aporte cuenta", señaló también el artista caribeño Carlos Vives.Los mensajes de los artistas se sumaron a las muestras de solidaridad de líderes internacionales mientras los equipos de emergencia continúan las labores de rescate y atención en las zonas más afectadas por el terremoto, que deja más de un centenar de fallecidos y graves daños materiales en varios departamentos del país.El fútbol también se solidarizó con el pueblo colombiano. El Real Madrid, su presidente y su Junta Directiva expresaron este lunes sus condolencias a los familiares de los fallecidos y a todo el pueblo de Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el territorio y ha causado la muerte, hasta el momento, de más de 110 personas."Desde el Real Madrid queremos hacerles llegar nuestra solidaridad y deseamos la más pronta recuperación de los heridos, a quienes transmitimos todo nuestro cariño", señaló el club blanco en un comunicado oficial.El club español se sumó de esta forma a las muestras de apoyo recibidas por Colombia tras el seísmo, con un mensaje de condolencias dirigido especialmente a los familiares de las personas fallecidas y a quienes resultaron heridos.El Atlético de Madrid ha expresado este lunes sus condolencias a los familiares de los fallecidos y envía su "fuerza y apoyo al pueblo colombiano" tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el territorio y ha causado la muerte, hasta el momento, de más de 110 personas."Toda la familia rojiblanca nos unimos al dolor por las víctimas del terremoto que se ha producido en Colombia. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de los fallecidos y enviamos nuestra fuerza y nuestro apoyo al pueblo colombiano", escribe el club en su cuenta de X.El Betis "muestra su pesar y envía sus condolencias a las víctimas, familiares y afectados por el terremoto en Colombia", un país del que son dos de los jugadores de su actual plantilla, el delantero Cucho Hernández y el centrocampista Nelson Deossa.El club sevillano, a través de redes sociales oficiales, ha expresado estas condolencias por un suceso que ha recibido con pesar, en particular estos dos futbolistas colombianos, ya que el terremoto ha tenido una magnitud 7,4 y ha causado la muerte, hasta el momento, de más de un centenar de personas.Al igual que clubes nacionales como Atlético Nacional, Millonarios, América de Cali, entre otros, además de federaciones como la selección de Argentina que se sumó a la ola de apoyos por el territorio colombiano en esta difícil situación.
Ascienden las afectaciones por terremoto en Antioquia: Cerca de 700 viviendas, 122 instituciones educativas y 19 hospitales resultaron afectadas por el terremoto registrado en el país en la mañana de este lunes, 10 de agosto. Hasta el momento se ha reportado un hombre muerto y 12 personas heridasLas autoridades en Antioquia entregaron un nuevo reporte tras el terremoto de 7.4 con epicentro en Chocó y que dejó algunas afectaciones de consideración en el departamento donde los organismos de socorro se mantienen alertas.El último consolidado departamental deja cifras como 697 viviendas, 122 instituciones educativas y 19 centros hospitalarios afectados, principalmente por fisuras y agrietamientos.Por su parte, sobre vidas humanas el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia indicó que tienen datos de 12 lesionados leves y una persona fallecida en el municipio de Támesis.La directora del DAGRAN, Vanessa Paredes, se refirió a las afectaciones en la infraestructura que a esta hora son evaluadas para poder tomar las medidas correspondientes y evitar riesgos para menores de edad y adultos: "697 viviendas afectadas por el sismo, 122 instituciones educativas, y alrededor de 19 centros hospitalarios que presentan afectaciones. También hay afectaciones en iglesias y en otras sedes administrativas", señaló.Hay que mencionar que los más de 20 expertos enviados por la Alcaldía de Medellín se están dirigiendo a esta hora al departamento de Risaralda en donde las labores se centrarán en la ciudad de Pereira.Finalmente, hay que mencionar que en la capital de Antioquia hay dos puntos de recolección de alimentos y elementos de aseo que serán enviados a las ciudades más afectadas por el fuerte terremoto que sacudió al país.
Desde Santander fue desplegado hacia Cali el USAR COL-28, un grupo especializado en búsqueda y rescate urbano, para apoyar las labores de atención de la emergencia provocada por el fuerte terremoto que sacudió este lunes 10 de agosto a varias zonas del occidente del país.La Defensa Civil Santander participa en el despliegue del equipo USAR COL-28, especializado en búsqueda y rescate urbano, que fue enviado hacia Cali para apoyar las labores de atención de la emergencia. El grupo cuenta con capacidades para intervenir en escenarios donde puedan existir personas atrapadas o afectaciones en estructuras tras el movimiento telúrico.Eduard Sánchez, director de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander, explicó que el departamento activó sus capacidades de respuesta y mantiene comunicación permanente con las autoridades nacionales.“En coordinación con la Defensa Civil Santander, hoy sale un grupo USAR 28 especializado para la ciudad de Cali, con capacidades de respuesta para búsqueda y rescate”, señaló Sánchez.El funcionario agregó que desde Santander permanecerán atentos a la evolución de la emergencia y en comunicación permanente con la Sala de Crisis Nacional en Bogotá, con el propósito de coordinar las acciones que sean necesarias.El equipo enviado desde Santander se suma a los organismos de socorro que trabajan en las zonas afectadas por el movimiento telúrico, mientras avanzan las labores de evaluación de daños y atención a las personas que puedan resultar afectadas.
Tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes diferentes zonas del centro y oeste de Colombia y que, según el último balance del Gobierno, deja al menos 132 personas fallecidas, la preparación para responder ante una emergencia vuelve a cobrar relevancia. En este contexto, contar con una maleta o mochila de emergencia puede facilitar la atención de las necesidades básicas durante los momentos posteriores a un sismo.Uno de los elementos fundamentales es una radio con pilas, que puede permitir mantenerse informado sobre las indicaciones de las autoridades cuando no sea posible utilizar otros medios de comunicación. También se recomienda tener en la mochila una linterna y un silbato, este último especialmente útil para pedir ayuda o facilitar la ubicación de una persona que pueda quedar atrapada entre los escombros.La mochila también debe incluir elementos de protección personal, como mascarillas y guantes, además de suministros básicos de alimentación. Entre ellos se encuentran alimentos no perecederos y agua embotellada, que pueden ser necesarios mientras se restablecen las condiciones normales después de una emergencia.El abrigo y al menos dos mudas de ropa adicionales son otros objetos recomendados para protegerse de las condiciones climáticas. A esto se suma un botiquín básico, así como jabón y alcohol para mantener condiciones de higiene y realizar labores de desinfección cuando sea necesario.Hay otros elementos que pueden resultar determinantes y que suelen quedar por fuera de este tipo de preparativos. La mochila debería tener un cargador portátil para dispositivos móviles, un duplicado de las llaves de la vivienda o del vehículo y dinero en efectivo, preferiblemente en billetes de baja denominación, para afrontar situaciones en las que no sea posible utilizar medios electrónicos de pago.Pero preparar la maleta no es suficiente. Esta debe permanecer en un lugar de fácil acceso, preferiblemente cerca de la puerta de salida, para poder tomarla rápidamente durante una eventual evacuación. Además, se recomienda revisarla cada seis meses, especialmente para comprobar el estado y las fechas de vencimiento de alimentos y medicamentos, así como reemplazar los elementos que ya no se encuentren en condiciones adecuadas.La importancia de contar con estos elementos también queda reflejada en la respuesta desplegada tras el terremoto. El Ejército colombiano informó del despliegue de más de 180 rescatistas para apoyar la búsqueda de personas que pudieran haber quedado atrapadas bajo los escombros de las edificaciones afectadas. Ante eventos de esta magnitud, tener preparada una mochila de emergencia permite disponer rápidamente de artículos esenciales mientras avanzan las labores de rescate y atención.