El Ministerio de Agricultura declaró como Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) a los municipios de Salgar y Tarso, en el Suroeste de Antioquia. La resolución fue publicada en la plataforma SUCOP y convierte a estos territorios en zonas con uso prioritario para la producción agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola.
Con esta decisión, ya son cinco los municipios antioqueños que cuentan con esta figura de protección. Concordia, Fredonia y Venecia habían sido incluidos anteriormente, en el marco del artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, correspondiente al Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026.
Según el Ministerio, el propósito de las APPA es proteger los suelos con alta vocación agrícola, garantizar la soberanía alimentaria y salvaguardar el derecho humano a la alimentación. La cartera sostiene que estas áreas no definen qué producir ni restringen el desarrollo rural, sino que buscan brindar herramientas técnicas a los campesinos para fortalecer la producción de alimentos y evitar la “artificialización” de los suelos.
No obstante, la medida ha reavivado la controversia sobre la autonomía territorial. Diversas organizaciones y actores políticos sostienen que las APPA otorgan al Gobierno Nacional un poder excesivo sobre el uso del suelo, que debería corresponder a los concejos municipales y distritales.
“Que, en ese orden, corresponde al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural establecer la zonificación y las restricciones de uso de las APPA, de conformidad con el parágrafo 1° del artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, para que los municipios, distritos, departamentos y actores públicos y privados las tengan en cuenta en la implementación de proyectos, obras o actividades en territorio. Estas áreas deberán mantener sus características y condiciones naturales para las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras y acuícolas a lo largo del tiempo, evitando su artificialización”, se lee en la resolución de la cartera de Agricultura.
El Ministerio ha sostenido que el marco normativo vigente, incluido el Decreto-Ley 4145 de 2011 y el Decreto 3600 de 2007, compilado por el Decreto 1077 de 2015, respalda su competencia para definir las zonas rurales de protección agrícola, las cuales deben ser incluidas por los municipios en sus planes de ordenamiento territorial.
En el caso de Antioquia, la declaratoria abarca 2.467 hectáreas en Tarso y 5.900 hectáreas en Salgar, de acuerdo con el documento técnico elaborado por la Unidad de Planificación de Tierras Rurales (UPRA). Estas áreas deberán conservar sus características naturales y vocación agropecuaria para garantizar su sostenibilidad en el tiempo.
El debate sobre las APPA se mantiene abierto entre quienes las ven como un instrumento para asegurar la producción alimentaria del país y quienes las consideran un mecanismo centralista que reduce la capacidad de decisión de los Gobiernos locales sobre su territorio.
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