A pesar del rechazo de la Gobernación de Antioquia, ya no es una, sino tres las APPA que el Ministerio de Agricultura ha declarado en el Suroeste del departamento. Esta decisión sigue generando polémica.
En las últimas horas se conoció una nueva resolución del Ministerio de Agricultura, mediante la cual esta cartera declaró dos nuevas Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en los municipios de Venecia y Fredonia, en el Suroeste antioqueño.
La medida abarca 14.879 hectáreas y, según el Ministerio, busca fortalecer la seguridad alimentaria y proteger los suelos agropecuarios del país; sin embargo, se da en medio de una creciente controversia en Antioquia.
Alcaldes, gremios agrícolas y autoridades departamentales han advertido que estas declaratorias restan autonomía territorial y se han realizado sin una concertación plena con los municipios. Las APPA, según sus críticos, imponen limitaciones sobre el uso del suelo que podrían afectar los planes de desarrollo y ordenamiento local.
En Fredonia se declararon 11.381 hectáreas y en Venecia 3.498, destinadas a preservar la producción de café, plátano, maíz y fríjol. El alcalde Aldubar Vanegas fue uno de los primeros en cuestionar la medida.
"El producto de toda la vida ha sido el café, y llegar de la noche a la mañana mediante una resolución a cambiar la vocación cafetera, caficultora, es muy es muy duro, porque nosotros todavía somos campesinos, somos unos un pueblo todavía que estamos dedicado a las labores agrícolas", manifestó el alcalde.
El debate se intensificó tras la reciente declaratoria de más de 13.000 hectáreas como APPA en Concordia, otro municipio del Suroeste, lo que desató tensiones políticas entre la ministra Martha Carvajalino y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Ambos intercambiaron mensajes en redes sociales sobre la pertinencia de estas decisiones y el respeto a las competencias territoriales.
"Aquí no ha habido, digamos, lugar a la a la concertación, esto ha querido imponerse por parte del gobierno nacional desde el día uno. En el curso de los canales que se han abierto para nosotros manifestar nuestras apreciaciones ha sido gracias a los a la interposición de de mecanismos judiciales", opinó Rendón.
Pese a la polémica, el Ministerio defendió la medida señalando que responde a una política nacional de protección del suelo rural y que el proceso incluyó 35 mesas de participación —18 en Fredonia y 17 en Venecia— con comunidades y entidades locales.
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