Polémica por proyecto del Gobierno que amplía la frontera agrícola
El Ministerio de Agricultura busca modificar la Resolución 261 de 2018 para reconocer nuevas áreas dentro de la frontera agrícola, incluyendo páramos, zonas de amenaza por deslizamientos y territorios pesqueros.
El Ministerio de Agricultura presentó un proyecto de resolución que pretende cambiar la forma en que está definida la frontera agrícola nacional. En términos sencillos, la frontera agrícola es la línea que marca hasta dónde puede llegar la agricultura y qué territorios deben mantenerse fuera de esta actividad por su importancia ambiental. La propuesta del Gobierno busca ampliar esa frontera, incluyendo áreas que antes se consideraban fuera de los límites productivos.
Entre las modificaciones más relevantes está el reconocimiento de la agricultura campesina en zonas de páramo y alta montaña, donde tradicionalmente ha habido fuertes restricciones. Según el proyecto, se busca garantizar el derecho de los campesinos a permanecer en los territorios que han habitado históricamente y asegurar su seguridad alimentaria. También se plantea incluir zonas con riesgo de deslizamientos, áreas de pesca comercial e incluso actividades como la reforestación con fines comerciales, siempre que sean permitidas por las autoridades ambientales .
Tierras
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Sin embargo, la propuesta ha desatado una ola de críticas. Académicos, organizaciones ambientales y congresistas, enviaron una carta al Ministerio en la que advierten que la medida desconoce normas constitucionales y legales que prohíben la expansión de la frontera agrícola en ecosistemas frágiles como páramos, reservas forestales y parques naturales. Señalan que autorizar actividades en estos lugares podría generar daños irreversibles en la biodiversidad, afectar la regulación del agua y agravar la crisis climática.
Los opositores recuerdan que la Ley 1930 de 2018 prohíbe expresamente ampliar la frontera agrícola en páramos y que la Corte Constitucional ya ha limitado estas prácticas. Además, critican que el proyecto no presente mapas claros sobre las áreas a modificar, lo que impide conocer con precisión qué zonas estarían en juego. También cuestionan el corto tiempo de consulta pública y la falta de participación de comunidades indígenas, campesinas y organizaciones ambientales en la discusión.