Fiscal sobre caso escuela General Santander: “Sistema judicial está hecho para que casos precluyan”

En diálogo con Blu Radio, el fiscal general, Francisco Barbosa, se refirió a la decisión de un juez que dejó en libertad a Andrés Felipe Oviedo Espinel, alias ‘Jesús’; Angie Lorena Solano Cortés, alias ‘Maco’; Carlos Arturo Marín, alias ‘Marín’; Jessica Catherine Barrientos, alias ‘Jessica’ y Miguel Antonio Castillo, alias ‘Toño’, capturados por el atentado a la escuela de cadetes en Bogotá.

El juez dijo que los dejó libres por vencimientos de términos. Al respecto, el fiscal señaló que se trata de un problema del sistema jurídico actual, que está diseñado para que estos casos precluyan.

“Tenemos un sistema judicial hoy que permite que los casos terminen en preclusión o prescripción. Usted inicia un proceso, formula una imputación, se solicitan una medida de aseguramiento y corren seis meses para que se pueda acusar a esa persona. De repente aparecen apoderados o defensores que piden 100 pruebas y a cada prueba piden una audiencia. Es un problema del sistema jurídico y penal”, explicó.

Sin embargo, el fiscal agregó que, contrario lo que sucedía antes, durante su administración ha logrado rápidamente sentencias condenatorias, como en el caso del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.

“En 20 días capturamos a las personas y a los 25 días aceptaron cargos. Al mes ya tenían sentencia condenatoria. Lo que he dicho es que tratemos de lograr rápidamente la prueba para que la gente acepte cargos y logremos sentencias anticipadas”, explicó.

Observaciones sobre ley de sometimiento

El fiscal general Barbosa, luego de una reunión con el presidente Gustavo Petro, expresó nueve inquietudes sobre el proyecto de ley de sometimiento, que busca desarmar a narcotraficantes y grupos armados ilegales.

El fiscal, respecto a la pena máxima de 8 años que propone el proyecto, que se tendrá que verificar las actas individuales y colectivas cuáles son los delitos que están reconociendo.

“Dentro de las críticas que planteamos al proyecto está una que implica que a la Fiscalía no se le puede limitar la imputación a esas actas individuales y colectivas. Ellos pueden decir: ‘Yo comité este y este delito’, pero se tiene que verificar si ese delito les corresponde una pena de 8 años o 6 años. Si la Fiscalía conoce de conductas que no estén en esas actas, por parte de ellos, o hay otras denuncias de nuevos hechos imputadas, la Fiscalía general debería seguir conociendo de esos hechos”, dijo.

Así las cosas, explicó el fiscal general, se darían dos escenarios: que la formulación de imputación sería por unos temas y la Fiscalía continuaría por otros: “Es necesario coordinar eso porque, de lo contrario, sería inadecuado”.

Sobre el principio de oportunidad, el fiscal enfatizó en que el proyecto tiene un problema de comprensión de lo que esto significa. En ese sentido, agregó que el principio de oportunidad se debe firmar buscando que los delincuentes cumplan los requisitos.

Añadió que el proyecto no puede quitarle competencia a la fiscalía general al entregarle la acción penal a la unidad de investigación, creada por el acuerdo de paz con las Farc.

“Usted no puede poner un funcionario de menor nivel de la Fiscalía para que reemplace al fiscal general de la Nación y le suprima su capacidad de organización. Lo que dije fue: ‘entréguenle al Fiscalía General de la Nación el proceso de sometimiento y no a una pequeña unidad”, explicó.

Respecto a las nueve observaciones que hizo la entidad, el fiscal Barbosa dijo que se trata de corregir lo que, desde el punto de vista de la Fiscalía, no está bien para que someter el proyecto a discusión en el Congreso de la República.

“Fue un ejercicio muy juicioso de análisis de la iniciativa del proyecto y surgieron nueve puntos generales. El país se ha acostumbrado a que las discusiones de los proyectos se dan cuando ya están aprobados y ahí aparecen los problemas. La Fiscalía hace su aporte para tener un mejor texto en el Congreso de la República”, explicó el funcionario.