El fondo contará con un presupuesto anual de $2.000 millones provenientes del Presupuesto General de la Nación, y para este año ya se realizó un primer desembolso a través del Ministerio de Hacienda.
Bedoya aseguró que esta medida es el resultado de más de dos décadas de lucha tras haber sido víctima de violencia sexual mientras ejercía su labor periodística. “Llegamos a este punto después de 25 años de lucha y 26 años de haber enfrentado la violencia sexual por hacer periodismo. Yo llegué a la cárcel Modelo a hacer un reportaje que nunca pude publicar, pero que espero que este año la vida me dé la oportunidad de hacerlo”, afirmó.
Según la periodista, el trabajo inconcluso aborda un entramado criminal que involucraría a miembros de la fuerza pública y grupos armados en delitos contra mujeres. Sin embargo, enfatizó que el objetivo del fondo va más allá de cualquier reparación económica.
“Ninguna retribución económica quita el dolor. Lo que soñé es una herramienta que proteja a todas las mujeres que comunican, más aún en un contexto donde los medios están en crisis por la violencia y el acoso sexual en las salas de redacción”, señaló.
Bedoya también advirtió que ha conocido casos de periodistas que han abandonado su oficio por falta de garantías. “Este fondo es la respuesta: entregar ayuda, herramientas y respaldo para que haya menos mujeres censuradas y estigmatizadas en Colombia”, agregó.
La periodista también cuestionó los obstáculos que, según ella, han surgido desde el propio Gobierno para la implementación de esta iniciativa. “Es un llamado a funcionarios que han puesto el palo en la rueda para que esto salga adelante. El 7 de agosto se les acaba su papel como funcionarios públicos, pero a mí nunca se me apaga la voz de periodista”, expresó.
El fondo ‘No es hora de callar’ funcionará como una cuenta adscrita al Ministerio de Igualdad y Equidad. Sin embargo, el futuro de esta cartera es incierto y se está debatiendo en el Congreso su posible desaparición. En ese escenario, la ley establece que el fondo pasaría a ser administrado por otra entidad del Gobierno que asuma las funciones de MinIgualdad.
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