Miles de trabajadores públicos y contratistas del Estado ahora tendrán que enfrentar una nueva etapa de formación, la cual será obligatoria en Colombia. El Congreso de la República finalmente aprobó la Ley Jineth Bedoya Lima, una iniciativa que establece capacitaciones permanentes sobre violencia contra las mujeres, enfoque de género y atención sin revictimización para quienes desempeñan funciones públicas.Con esta norma se busca responder a una orden emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que determinó la responsabilidad del Estado colombiano en el caso de la periodista Jineth Bedoya, víctima de secuestro, tortura y violencia sexual en el año 2000 mientras realizaba una investigación periodística en la cárcel La Modelo de Bogotá.La aprobación de la ley ha sido respaldada por organismos nacionales e internacionales, entre ellos la Defensoría del Pueblo y ONU Mujeres, que consideran la medida como un avance en la prevención de las violencias basadas en género.Congreso aprueba nueva capacitación para trabajadores en ColombiaLa nueva legislación crea un sistema de capacitación obligatoria, permanente y evaluable dirigido a funcionarios públicos, contratistas y particulares que cumplan funciones públicas.El propósito es fortalecer los conocimientos de quienes atienden casos relacionados con violencia de género y garantizar una respuesta adecuada a las víctimas.Según el Congreso, la iniciativa busca evitar situaciones de revictimización derivadas del desconocimiento, los prejuicios o la falta de formación de algunos funcionarios encargados de recibir denuncias, investigar casos o brindar acompañamiento institucional.¿Qué trabajadores deberán cumplir con la capacitación de la Ley Jineth Bedoya Lima?La norma tendrá impacto en múltiples entidades del Estado. Entre los sectores que deberán recibir la formación se encuentran:Fiscalía General de la Nación.Policía Nacional y Policía Judicial.Fuerzas Militares.Instituto Colombiano de Medicina Legal.Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).Comisarías de Familia.Rama Judicial.Ministerio del Trabajo.Ministerio de Salud.Ministerio de Educación.Registraduría Nacional.Notarías.Procuradurías, Defensorías y Personerías.Secretarías de Gobierno y de la Mujer.También estarán cobijados los contratistas vinculados a estas entidades cuando participen en procesos relacionados con la prevención y atención de violencias contra las mujeres.¿Qué busca la nueva normativa?Durante el trámite de la iniciativa, Jineth Bedoya destacó la importancia de que jueces, policías, soldados y demás funcionarios cuenten con herramientas para atender correctamente a las víctimas.La periodista afirmó que una mejor preparación desde las instituciones puede contribuir a reducir las cifras de violencia contra las mujeres y fortalecer el acceso a la justicia.Por su parte, la Defensoría del Pueblo afirmó que la ley ayudará a transformar la vida de millones de niñas y mujeres en Colombia. ONU Mujeres también celebró la aprobación al considerar que representa un paso significativo hacia la prevención y erradicación de estas violencias.Ahora solo resta la sanción presidencial para que la Ley Jineth Bedoya Lima entre en vigencia y las entidades públicas comiencen a implementar las capacitaciones obligatorias en todo el país.
En cumplimiento de las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la periodista y activista Jineth Bedoya presentó la sede física del Centro de Investigación y Memoria “No es Hora de Callar”. El espacio tiene como objetivo liderar investigaciones sobre violencia de género, violencia sexual y ataques contra la libertad de prensa en Colombia, en el marco de garantías de no repetición.En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Bedoya destacó el alcance de este proyecto como parte de su proceso de reparación integral. “Esto fue lo que yo me soñé cuando redacté esta medida de reparación, y ha costado mucho. Hoy es un día feliz... esto me ha costado la vida, pero creo que ha valido la pena”, afirmó.Protocolo contra el acoso sexual en mediosUno de los principales resultados del centro es la entrega de un protocolo para la prevención de la violencia y el acoso sexual en salas de redacción. El documento fue construido durante un año con asesoría técnica de ONU Mujeres y está dirigido a medios de comunicación nacionales, regionales y comunitarios.La directora del proyecto insistió en la necesidad de implementar medidas concretas dentro de los entornos laborales: “Es la herramienta que queremos entregar hoy... una herramienta que les dé líneas de acción al interior de los espacios laborales comunicativos”.Fondo de apoyo y sistema de monitoreoComo parte del proceso de reparación, el próximo 27 de abril se prevé el lanzamiento del Fondo de Ayuda a Mujeres Periodistas, que contará con un presupuesto de 500.000 dólares. La iniciativa busca reducir riesgos de autocensura y fortalecer el ejercicio periodístico en contextos de violencia.En paralelo, se avanza en el desarrollo del primer sistema de medición sobre violaciones a la libertad de expresión en el país. Se trata de un software que permitirá documentar y sustentar técnicamente los casos de agresiones contra periodistas.Enfoque territorial e investigaciónEl centro también tendrá un enfoque investigativo y territorial, orientado a fortalecer proyectos periodísticos en regiones apartadas. Bedoya propuso al Estado abrir convocatorias anuales para financiar iniciativas lideradas por mujeres periodistas.“He pedido también que haya un énfasis muy especial en esas mujeres... indígenas que tienen emisoras comunitarias o mujeres afro que tienen proyectos de comunicación regionales”, concluyó.
El fondo contará con un presupuesto anual de $2.000 millones provenientes del Presupuesto General de la Nación, y para este año ya se realizó un primer desembolso a través del Ministerio de Hacienda. Bedoya aseguró que esta medida es el resultado de más de dos décadas de lucha tras haber sido víctima de violencia sexual mientras ejercía su labor periodística. “Llegamos a este punto después de 25 años de lucha y 26 años de haber enfrentado la violencia sexual por hacer periodismo. Yo llegué a la cárcel Modelo a hacer un reportaje que nunca pude publicar, pero que espero que este año la vida me dé la oportunidad de hacerlo”, afirmó.Según la periodista, el trabajo inconcluso aborda un entramado criminal que involucraría a miembros de la fuerza pública y grupos armados en delitos contra mujeres. Sin embargo, enfatizó que el objetivo del fondo va más allá de cualquier reparación económica. “Ninguna retribución económica quita el dolor. Lo que soñé es una herramienta que proteja a todas las mujeres que comunican, más aún en un contexto donde los medios están en crisis por la violencia y el acoso sexual en las salas de redacción”, señaló. Bedoya también advirtió que ha conocido casos de periodistas que han abandonado su oficio por falta de garantías. “Este fondo es la respuesta: entregar ayuda, herramientas y respaldo para que haya menos mujeres censuradas y estigmatizadas en Colombia”, agregó.La periodista también cuestionó los obstáculos que, según ella, han surgido desde el propio Gobierno para la implementación de esta iniciativa. “Es un llamado a funcionarios que han puesto el palo en la rueda para que esto salga adelante. El 7 de agosto se les acaba su papel como funcionarios públicos, pero a mí nunca se me apaga la voz de periodista”, expresó. El fondo ‘No es hora de callar’ funcionará como una cuenta adscrita al Ministerio de Igualdad y Equidad. Sin embargo, el futuro de esta cartera es incierto y se está debatiendo en el Congreso su posible desaparición. En ese escenario, la ley establece que el fondo pasaría a ser administrado por otra entidad del Gobierno que asuma las funciones de MinIgualdad.
La Jurisdicción Especial para la Paz remitió a la Unidad de Investigación y Acusación el proceso contra el general (r) de la Policía José Leonardo Gallego, luego de que el compareciente negara cualquier responsabilidad en los hechos investigados.La decisión fue adoptada por la Sala de Reconocimiento de Verdad tras valorar el material probatorio existente y los avances de la justicia ordinaria, en relación con los crímenes cometidos contra la periodista Jineth Bedoya Lima el 25 de mayo del año 2000 y con hechos violentos ocurridos en la cárcel La Modelo de Bogotá entre 1999 y 2003.Según la JEP, el caso será tramitado ahora mediante un proceso adversarial ante la UIA. Si esta unidad decide presentar una acusación, el proceso pasará a la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad. De ser hallado responsable, el exoficial podría enfrentar hasta 20 años de cárcel.De acuerdo con la Jurisdicción, la remisión del proceso se fundamentó principalmente en la contrastación de pruebas y testimonios recopilados por la justicia ordinaria.“El general (r) Gallego Castrillón solicitó la suspensión de la actuación ante la justicia ordinaria argumentando que se encontraba compareciendo ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Por ello, fue llamado a rendir versión voluntaria por la Sala de Reconocimiento de Verdad en los casos 08 y 11. Durante la diligencia, que se llevó a cabo el 3 de febrero y el 5 de marzo de 2026, el compareciente negó cualquier tipo de responsabilidad sobre los hechos”.En esas investigaciones se señala que Gallego Castrillón habría favorecido a internos de grupos paramilitares en la cárcel La Modelo mediante el ingreso de armas y otros elementos prohibidos, lo que habría contribuido a consolidar su control dentro del penal.Aseguran que también existen señalamientos que lo vinculan con los hechos ocurridos contra la periodista Jineth Bedoya Lima, quien investigaba redes criminales y graves violaciones a los derechos humanos dentro de ese centro penitenciario.Bedoya fue secuestrada el 25 de mayo de 2000 cuando esperaba autorización para ingresar a la cárcel La Modelo para realizar un trabajo periodístico. Posteriormente fue trasladada a una bodega y luego a una zona rural en la vía Bogotá Villavicencio, donde fue torturada y víctima de violencia sexual.La justicia ordinaria ya ha condenado a varios paramilitares por estos hechos, entre ellos Mario Jaimes Mejía, conocido como “El Panadero”, así como Alejandro Cárdenas Orozco y Jesús Emiro Pereira Rivera. Sin embargo, la investigación también ha señalado posibles responsabilidades de otros actores.“La JEP recuerda que los casos que involucran violencias basadas en género deben investigarse con especial diligencia, de acuerdo con los estándares del derecho internacional. Por eso, en este caso concreto, y teniendo en cuenta los avances de la justicia ordinaria y la decisión del compareciente de negar responsabilidad ante la JEP frente a los señalamientos que presuntamente lo implican, la sala decidió remitir su proceso a la UIA”.Según la magistratura, el proceso adversarial permitirá definir la situación jurídica del general (r) Gallego Castrillón y garantizar a las víctimas un escenario judicial en el que se determine su eventual responsabilidad penal.
La Corte Suprema de Justicia revocó la sentencia emitida en agosto de 2025 por el Tribunal Superior de Bogotá, que había absuelto a la funcionaria, y en su lugar profirió un fallo condenatorio en segunda instancia.La exfiscal deberá cumplir más de 4 años de cárcel, además de pagar una multa equivalente a 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, se ordenó la pérdida definitiva del cargo que desempeñaba como Fiscal 49 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.El fallo también negó cualquier beneficio penal, lo que en la práctica significa que la exfuncionaria no podrá acceder ni a la suspensión condicional de la pena ni a la prisión domiciliaria, al tratarse de un delito doloso contra la administración pública.El proceso contra la exfiscal se originó por una resolución adoptada el 28 de mayo de 2015, cuando decidió revocar la medida de aseguramiento contra Alejandro Cárdenas Orozco, además de precluir la investigación en su favor por todos los delitos relacionados con el ataque a Jineth Bedoya.Para la Corte Suprema de Justicia, esa determinación fue abiertamente ilegal, pues desconoció de manera flagrante las normas de la Ley 600 de 2000, que regulaban la revocatoria de medidas de aseguramiento y la preclusión de investigaciones.El alto tribunal también determinó que la exfiscal omitió analizar de manera integral el material probatorio, ignoró contradicciones evidentes en las pruebas sobrevinientes y, sobre todo, pasó por alto la incriminación directa hecha por la propia víctima contra el procesado.En su análisis, la Sala Penal señaló que las circunstancias del caso, las advertencias previas recibidas por la funcionaria y la evidente ilegalidad de la decisión adoptada permitían concluir que actuó con pleno conocimiento de estar contrariando el ordenamiento jurídico.El caso hace parte del complejo expediente por los graves hechos ocurridos el 25 de mayo del año 2000 contra la periodista Jineth Bedoya, quien fue secuestrada, torturada y víctima de violencia sexual cuando realizaba una investigación sobre estructuras paramilitares.Durante años, la investigación ha tenido múltiples giros procesales, entre ellos la aceptación inicial de responsabilidad de Alejandro Cárdenas ante la justicia ordinaria, su posterior retractación en Justicia y Paz y el regreso del proceso a la Fiscalía, escenario en el que se produjo la controvertida decisión de la hoy condenada.
La Fiscalía General de la Nación dio a conocer un informe de más de 100 páginas en el que detalla los hallazgos que vinculan a cinco exfuncionarios del Estado y a un exintegrante de las AUC en el caso de la periodista Jineth Bedoya Lima, secuestrada, torturada y víctima de violencia sexual el 25 de mayo del año 2000 en inmediaciones de la cárcel La Modelo de Bogotá.Los vinculados son el exdirector de la Dijín de la Policía Nacional, general en retiro José Leonardo Gallego Castrillón; el exdirector del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), general en retiro Fabio Campos Silva; el exsubdirector del Inpec, Luis Bernardo Maldonado Bernate; el exasesor de la Dirección del Inpec, Jaime Gallo Zuleta; el exdirector de la cárcel La Modelo de Bogotá, Reinaldo Fierro Rico; y el exintegrante del Frente Capital de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Evangelista Basto Bernal.De acuerdo con el documento, los hechos ocurrieron bajo la “mirada complaciente” de antiguos directivos del Inpec y de la Dijín, quienes habrían permitido la consolidación de un entramado delictivo al interior del penal. Allí se habrían facilitado ingresos irregulares de armas de corto y largo alcance, municiones y explosivos; reuniones con cabecillas paramilitares; omisiones en los traslados de internos peligrosos; y coordinación de operativos que, lejos de controlar el crimen, terminaron beneficiando a la estructura ilegal que dominaba el establecimiento carcelario.Uno de los señalados es José Leonardo Gallego Castrillón, director de la Dijín entre 1999 y 2000, a quien el expediente atribuye reuniones dentro del pabellón de alta seguridad de La Modelo con los máximos jefes paramilitares. Según testimonios, desde allí se concertaron e impartieron directrices para la ejecución de delitos. También habría recibido pagos periódicos de los líderes de la organización. Su ingreso irregular al penal, asegura la Fiscalía, habría sido facilitado por Luis Bernardo Maldonado Bernate, entonces subdirector del Inpec.El informe advierte que el crimen contra Bedoya habría sido ordenado como una forma de “intimidación y amedrentamiento” por parte de jefes paramilitares, quienes habrían hecho seguimientos e inteligencia sobre la periodista con la presunta confabulación de los exdirectores. La abogada de Bedoya, Viviana Krsticevic, afirmó en entrevista con Blu Radio que durante más de dos décadas el caso ha permanecido marcado por la impunidad:“Han sido más de 20 años en los que los responsables directos e indirectos han evadido a la justicia, mientras Jineth ha tenido que vivir bajo amenazas constantes que han truncado no solo las investigaciones periodísticas, sino también los avances judiciales de un caso emblemático”.La jurista también destacó que este proceso ha estado atravesado por un contexto de hostigamientos contra la periodista, quien, a pesar de ello, ha persistido en su búsqueda de justicia para la reparación y la no repetición de este tipo de casos.El documento también vincula a Evangelista Basto Bernal, exintegrante del Frente Capital de las AUC, señalado de coordinar acciones criminales fuera del penal, como el atentado contra Wilson Borja. Según varios testigos, Basto habría tenido conocimiento directo del ataque contra Jineth Bedoya y se reunía con paramilitares dentro de la cárcel.La Fiscalía concluye que los exfuncionarios tenían no solo la obligación jurídica de evitar la consolidación de la estructura criminal, sino también la capacidad de impedirla. Sin embargo, optaron por promoverla o permitirla, lo que derivó en la materialización de delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo agravado, tortura y acceso carnal violento agravado.El caso avanza bajo la Ley 600 del año 2000. Lo que sigue es la indagatoria de los vinculados y la resolución de su situación jurídica, que podría incluir la imposición de medidas de aseguramiento. Los postulados en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pasarán a ese tribunal, mientras que quienes no estén acogidos a esa jurisdicción continuarán en la justicia ordinaria.
La Fiscalía General de la Nación anunció la vinculación formal de 5 exfuncionarios y un exintegrante de las AUC, entre ellos, dos generales en retiro, por los hechos violentos ocurridos contra la periodista Jineth Bedoya Lima el 25 de mayo de 2000, cuando fue secuestrada, torturada y víctima de violencia sexual en inmediaciones de la cárcel La Modelo de Bogotá.Las personas vinculadas son el exdirector de la Dijin de la Policía Nacional, general en retiro José Leonardo Gallego Castrillón; el exdirector del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), general en retiro Fabio Campos Silva; el exsubdirector del Inpec, Luis Bernardo Maldonado Bernate; el exasesor de la Dirección del Inpec, Jaime Gallo Zuleta; el exdirector de la cárcel La Modelo de Bogotá, Reinaldo Fierro Rico; y el exintegrante del Frente Capital de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Evangelista Basto Bernal.De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, estos exfuncionarios, en ejercicio de sus cargos, habrían omitido sus deberes constitucionales y permitido que paramilitares privados de la libertad ejercieran control ilegal dentro de La Modelo. En este contexto, se habría facilitado el ingreso de armas y elementos prohibidos, así como la realización de reuniones donde se planearon seguimientos y acciones de hostigamiento contra la comunicadora.La Fiscalía sostiene que la violencia ejercida contra Bedoya no fue un hecho aislado, sino parte de un esquema sistemático de intimidación y violencia de género, en el que agentes del Estado habrían tenido una participación por omisión o complacencia.Estas seis personas fueron vinculadas por los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo agravado, tortura y acceso carnal violento agravado.
Ante el Congreso de la República, se hizo entrega del fondo creado con la ley 'No es hora de callar'. Este fondo, que será administrado por el Ministerio de la Igualdad, tiene como objetivo brindar protección y apoyo a las periodistas colombianas. Así se lo explicó a Mañanas Blu con Camila Zuluaga, la periodista Jineth Bedoya. Se espera que esté reglamentado antes del final de este año, para que así pueda comenzar a funcionar en el 2025. Una de las principales preocupaciones es que el dinero asignado al fondo efectivamente llegue a donde debe llegar y cumpla con su propósito de proteger a las periodistas. Se propone que sea declarado patrimonio autónomo, lo que permitiría una correcta administración y supervisión de los recursos. Además de la protección y apoyo directo a las periodistas, se ha planteado destinar una partida especial para brindar asistencia psicológica o emocional a las familias. Esto con el fin de ayudar a los seres queridos de las periodistas a lidiar con las consecuencias emocionales de su labor. Esta medida de reparación busca también combatir el lenguaje estigmatizante y sexista que suele caer sobre las periodistas y mujeres en general. Se espera que el fondo pueda fortalecer las voces de las periodistas, especialmente las que se encuentran en regiones afectadas por el conflicto armado. El presidente Gustavo Petro ha sido criticado por utilizar un lenguaje estigmatizante hacia las periodistas y ha generado una ola de odio contra ellas. Aunque el Gobierno ha apoyado la creación de este fondo, existe una discrepancia entre las acciones del presidente y la voluntad de proteger y valorar la labor periodística. Este fondo para proteger a las periodistas en Colombia representa un avance significativo en la lucha por la seguridad y el respeto a la labor periodística.Escuche la entrevista completa aquí:
En medio de la audiencia de seguimiento que la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizó sobre su caso, la comunicadora Jineth Bedoya declaró que desistió en que la Fiscalía continúe con la investigación por falta de avance en la misma.“Yo desisto de que la Fiscalía siga haciendo estas investigaciones porque ellos no tienen ni la voluntad de investigar ni tienen una línea de investigación”, declaró la comunicadora.También recalcó que es un revictimizante escuchar los argumentos que tiene el Estado sobre su caso, afirmando que, en vez de llegar con resultados, han dicho “mentiras delante de los jueces de la Corte”.Cabe recordar que el 25 de mayo del 2000, la periodista Jineth Bedoya fue secuestrada en la cárcel La Modelo de Bogotá, en dónde denunció agresiones verbales, físicas y sexuales, presuntamente cometidas por exparamilitares.Por otro lado, el Juez Ricardo C. Pérez, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, anunció: “La Corte va a emitir en corto tiempo una resolución de supervisión de cumplimiento de sentencias donde va a analizar toda la información recibida, en el caso de la periodista Jineth Bedoya.Le puede interesar:
Sin la presencia del presidente Gustavo Petro, se cumplió en la Plaza de Armas del Palacio de Nariño el evento de conmemoración del Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de la violencia sexual.La primera en intervenir fue la periodista Jineth Bedoya, quien además es embajadora de la ONU en la lucha contra la violencia sexual, un reconocimiento que se da por su trabajo constante de alzar la voz de las mujeres que han sido víctimas de la violencia, principalmente, en medio del conflicto armado en el país.Durante su discurso hizo un duro reclamo a algunos de los grupos que dicen querer estar en la paz total, específicamente al Clan del Golfo y a las disidencias, por explotación sexual.“Ahora rebautizados como el Clan del Golfo, los mismos paramilitares criminales reciclados que tienen entre su mayor holding delincuencial el reclutamiento de menores para esclavitud y explotación sexual”, reclamó Bedoya.Y advirtió de forma contundente: “¿Sabían ustedes que ellos venden las vidas y los cuerpos de las niñas a sus supuestos enemigos?, ¿que hoy están negociando niñas con las disidencias de las Farc? Esos son los que prometen entrar a la paz total, mientras siguen comercializando a seres humanos”.Tanto Bedoya como la lideresa social Yolanda Perea le insistieron a la JEP que abra el macrocaso 11 sobre violencia sexual en el marco del conflicto armado.Puede ver:
El chance Dorado Mañana sigue siendo uno de los sorteos más consultados por los apostadores en Colombia.Número ganador del Dorado Mañana hoy, viernes 24 de septiembre de 2026El número ganador del chance Dorado Mañana de este viernes 24 de septiembre de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.Número ganador: Dos últimas cifras: Tres últimas cifras: La quinta: ¿A qué hora juega el Dorado Mañana?El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m.. Los resultados oficiales suelen publicarse pocos minutos después, lo que permite a los jugadores consultar rápidamente si acertaron.Los domingos y festivos no se realiza este sorteo.Plan de premios del Dorado MañanaUno de los principales atractivos de este chance es que permite ganar incluso con aciertos parciales. Por cada peso apostado, el plan de premios funciona de la siguiente manera:4 cifras directas: paga 4.500 veces lo apostado.4 cifras combinadas: paga 208 veces lo apostado.3 últimas cifras directas: paga 400 veces lo apostado.3 últimas cifras combinadas: paga 83 veces lo apostado.2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.Además, el juego incluye una quinta balota, que amplía las combinaciones posibles y agrega una nueva opción para aumentar las ganancias.Cómo reclamar un premio del Dorado MañanaDe acuerdo con las condiciones establecidas por Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos pueden reclamarse en puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con los requisitos exigidos.Para cobrar el premio es necesario:Ser mayor de edad.Presentar el tiquete original en buen estado y debidamente diligenciado.Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.Es importante conservar el tiquete sin tachones ni enmendaduras, ya que cualquier alteración puede afectar la validación y el pago del premio.
Corponor elevó de amarilla a naranja la alerta por el comportamiento de las fuentes hídricas en Norte de Santander. La decisión se produce casi 15 días después de la primera advertencia y responde al mayor riesgo de disminución de los caudales de los ríos Pamplonita y Zulia.Humberto Camacho, director de Corponor, explicó que el cambio representa el paso de la prevención a la acción. “Con la alerta naranja estamos llamados ya a la acción”, señaló, al advertir que las autoridades municipales, la Policía y los organismos de gestión del riesgo deberán reforzar el cumplimiento de las restricciones.Uno de los indicadores que genera mayor preocupación está en el río Zulia. Su caudal medio normalmente se encuentra entre 24.000 y 28.000 litros por segundo, pero actualmente registra entre 13.000 y 14.000 litros por segundo.La autoridad ambiental también advierte sobre el aumento de las captaciones ilegales. “Las nacientes siguen siendo las mismas, la población sigue aumentando y el desvío del recurso hídrico de manera ilegal también sigue creciendo”, explicó Camacho.Ante este panorama, Corponor anunció restricciones temporales sobre el uso del agua y medidas contra las captaciones no autorizadas. También se suspendió el aprovechamiento de material de arrastre en las cuencas de los ríos Zulia y Pamplonita.Para los ciudadanos también hay restricciones: está prohibido llenar piscinas, regar jardines y zonas verdes, lavar vehículos con manguera y utilizar agua para lavar fachadas, andenes y parqueaderos, entre otras actividades no autorizadas.Aunque todavía no se declara una alerta roja, el director de Corponor advierte que el escenario podría acercarse a ese nivel si no se adoptan las medidas necesarias. “Estamos muy cerca si no tomamos las acciones necesarias”, afirmó.En Cúcuta, la disminución del caudal del río Pamplonita ya es visible en diferentes puntos de la ciudad. Mientras permanece activa la alerta naranja, Corponor y las autoridades locales mantienen reuniones para evaluar la evolución de las fuentes hídricas y determinar nuevas acciones durante los próximos días.
El Audi A6 Sportback E-Tron, un carro eléctrico que oficialmente puede recorrer hasta 777 kilómetros con una carga, consiguió llegar a 1.338 kilómetros antes de quedarse sin batería, una distancia cerca de 72 % superior a la homologada, y de paso estableció un nuevo Récord Guinness para un vehículo eléctrico de producción.La hazaña estuvo a cargo del piloto polaco de rally Miko Marczyk, quien inició el recorrido a la 1:55 a. m. del 11 de septiembre. El trayecto lo llevó por ciudades como Cracovia, Sandomierz, Varsovia, Toruń y Grudziądz hasta llegar a Hel, en la costa del mar Báltico. Desde allí emprendió el regreso por buena parte de la misma ruta.El Audi terminó agotando su batería después de más de 45 horas de recorrido, cuando circulaba entre Toruń y Ciechocinek.¿Cómo un carro de 777 km de autonomía llegó a 1.338 km?La diferencia entre la autonomía oficial y la conseguida en carretera se explica principalmente por el nivel de eficiencia alcanzado durante la prueba. Marczyk consiguió un consumo promedio de apenas 7,09 kWh por cada 100 kilómetros, menos de la mitad del consumo combinado oficial del A6 Sportback E-Tron.No se trató de una prueba realizada en una pista cerrada ni de un vehículo transportado durante parte del recorrido. El Audi circuló por vías públicas y enfrentó tráfico normal, incluso durante horas de mayor congestión.Las condiciones tampoco fueron completamente constantes. La temperatura promedio estuvo alrededor de los 15 grados Celsius y llegó a bajar hasta los 7 grados durante el recorrido.Para reducir el consumo, el piloto aprovechó la frenada regenerativa, anticipó las condiciones del tráfico, evitó aceleraciones y frenadas innecesarias y mantuvo los neumáticos con la presión adecuada.La aerodinámica fue clave para gastar menos energíaEl resultado también está relacionado con las características del propio Audi. El A6 Sportback E-Tron tiene un coeficiente aerodinámico de 0,21, uno de los elementos que contribuyen a reducir la resistencia al avance y, por tanto, el consumo energético.El vehículo utiliza además una batería con 94,9 kWh de capacidad neta y cuenta con un sistema de recuperación de energía mediante frenado regenerativo que puede alcanzar hasta 220 kW.Audi asegura que alrededor del 95 % de las frenadas durante el uso cotidiano pueden realizarse mediante recuperación de energía. En una prueba centrada en recorrer la mayor distancia posible, aprovechar este sistema resulta especialmente relevante.El registro conseguido por Marczyk corresponde a la categoría de vehículos eléctricos de producción. El récord general pertenece al prototipo “muc022” del TUfast Eco Team, que recorrió 2.573,79 kilómetros con una sola carga en Alemania en septiembre de 2023.La diferencia está en el tipo de vehículo. Mientras aquel registro fue conseguido por un prototipo desarrollado específicamente para eficiencia, el Audi utilizado por Marczyk es un modelo de producción que realizó el recorrido en carreteras públicas.El piloto polaco ya había conseguido otro récord Guinness en 2025, cuando recorrió 2.831 kilómetros con un Skoda Superb diésel utilizando un solo tanque de combustible
A tres meses de los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela, Amnistía Internacional denunció una grave desatención estatal hacia la población afectada. Valentina Ballesta, directora adjunta de investigación para las Américas del organismo, señaló que, si bien los sismos eran eventos naturales impredecibles, la respuesta gubernamental ha estado marcada por la negligencia institucional. "Lo que sí era controlable y lo que sí estaba bajo la posibilidad de las autoridades en Venezuela de hacerlo diferente era cómo atendía a la población afectada. Estamos hablando de un abandono absoluto por parte de las instituciones", afirmó Ballesta.Incertidumbre, desinformación y la búsqueda de desaparecidosLa representante de Amnistía Internacional enfatizó que el desastre telúrico se sobrepuso a una emergencia humanitaria compleja preexistente, en la que gran parte de los ciudadanos ya carecía de acceso a derechos fundamentales como vivienda, alimentación, agua potable y electricidad. Tras los sismos, lejos de centralizar y coordinar la ayuda, la actuación oficial ha generado desorientación en las víctimas. "Vemos que las autoridades efectivamente hacen lo que saben hacer, que es pues generar confusión; no hay una claridad, no hay una centralidad de dónde deben acudir las personas", detalló la investigadora.Ballesta advirtió que persiste una profunda incógnita sobre cuántas miles de personas continúan desaparecidas en el país y criticó la ausencia de protocolos claros para la identificación y entrega de cadáveres. Las familias se ven obligadas a recorrer morgues improvisadas sufriendo "tres meses de búsqueda, de incertidumbre, de desasosiego", sin recibir respuestas oficiales ni definitivas sobre el paradero de sus seres queridos.Un dilema habitacional: refugios, auxilio familiar o acampar sobre las ruinasFrente a la inacción del Estado, la organización documentó tres formas principales en que las familias intentan sobrellevar la tragedia. Un primer grupo de damnificados acudió a refugios temporales instalados en planteles educativos, donde reina la incertidumbre debido al inicio del nuevo año escolar. Un segundo sector optó por trasladarse a viviendas de familiares, "gestionando sus propias necesidades de manera privada" ante la falta de un plan gubernamental de reparación o subsidio de vivienda.El tercer escenario, considerado por la vocera como profundamente doloroso, involucra a personas que acampan a la intemperie frente a sus casas destruidas o marcadas con riesgo alto en los peritajes sísmicos. Muchos se niegan a abandonar el lugar por temor a perder sus terrenos y pertenencias. Ballesta citó el testimonio de una mujer afectada que reflejaba el drama colectivo: "Bueno, pero es que a mí me van a mandar a dónde, a vivir dónde y mi terreno y mi casita".Riesgo de violaciones a derechos humanos y la respuesta de la diásporaAmnistía Internacional hizo un llamado urgente al gobierno venezolano para que actúe con transparencia y aplique políticas imparciales orientadas a proteger a poblaciones vulnerables, entre ellas niños, adultos mayores y mujeres embarazadas. La vocera alertó que, mientras no se implementen medidas serias, "la población solo va a caer en una espiral de violaciones de derechos humanos en su contra".Finalmente, la investigadora destacó el papel de la población en el exterior, indicando que "las réplicas emocionales y psicológicas del terremoto llegaron a toda la diáspora". Ante el vacío dejado por el Estado, la comunidad venezolana en el extranjero se ha movilizado de manera masiva para enviar asistencia y mitigar el impacto de la catástrofe.
Una profesora fue atacada con un cuchillo dentro de un salón de clases por una de sus estudiantes, en un episodio que quedó registrado por las cámaras de seguridad del colegio. La docente terminó en el piso durante el forcejeo, pero consiguió salir del aula y pedir ayuda pese a las heridas.El caso ocurrió el viernes 11 de septiembre en la escuela pública Dr. Gerson dos Santos Peres, en Cametá, ciudad del estado de Pará, en el noreste de Brasil. La profesora fue identificada como Betânia Almeida Prestes y la agresora es una adolescente que estudiaba en la institución.La escena se desencadenó después de una evaluación académica. Según la información conocida por medios locales, la estudiante había presentado un examen y posteriormente recibió la corrección de la docente. Poco después, cuando ambas permanecían solas en el salón, la menor sacó un cuchillo de caza que llevaba escondido.Las imágenes de seguridad muestran el momento en que la joven se acerca a la profesora y comienza la agresión. Betânia intentó evitar que la atacara y logró bloquear el primer movimiento de la estudiante.La docente también trató de contenerla físicamente y la llevó hasta una de las paredes del aula. Sin embargo, durante el enfrentamiento perdió el equilibrio y terminó en el suelo, donde recibió una herida por la espalda.Aun en esas condiciones, la profesora consiguió continuar con la resistencia hasta encontrar una oportunidad para escapar. Una vez fuera del salón, pidió auxilio y alertó a otros integrantes de la comunidad educativa sobre lo ocurrido.La explicación que entregó la estudianteLa Policía fue llamada al colegio y encontró a la adolescente en las instalaciones. Los agentes procedieron con su detención y posteriormente iniciaron el interrogatorio para establecer qué había provocado la agresión.De acuerdo con los reportes de medios locales, la estudiante aseguró que no existía un motivo concreto detrás del ataque. Su explicación fue que la profesora simplemente “no le caía bien”.Durante las diligencias, además, la adolescente señaló que había arrojado el cuchillo utilizado en la agresión dentro de una caneca de basura de la institución. Los uniformados encontraron el arma en ese lugar y procedieron a incautarla.La menor quedó posteriormente a disposición de los Servicios de Protección Infantil, mientras las autoridades notificaron a su madre y trasladaron a la adolescente a la Comisaría de la Policía Civil de Cametá para continuar con el procedimiento correspondiente.¿Qué pasó con la profesora?Tras conseguir salir del salón, Betânia fue atendida por los servicios médicos y trasladada al Hospital Regional de Cametá. Allí recibió puntos de sutura por las lesiones que sufrió durante el ataque.Según los reportes conocidos sobre el caso, las heridas no fueron consideradas de gravedad. La docente permaneció algunas horas en observación médica antes de continuar con su recuperación.El episodio generó una respuesta de la institución educativa, que expresó públicamente su rechazo a la violencia contra la profesora y manifestó su solidaridad con ella.“Es inaceptable que el ámbito escolar se haya convertido en escenario de semejante violencia”, señaló la escuela en un comunicado.En el mismo pronunciamiento, la institución resaltó el trabajo de Betânia Almeida Prestes como docente y sostuvo que lo ocurrido también representa una preocupación para el resto de los profesores.“La violencia contra la profesora Betânia no es solo contra ella, sino contra todos los docentes que sufrimos violencia en las escuelas de este país”, manifestó el colegio, que cerró su mensaje cuestionando hasta cuándo los profesores tendrán que enfrentar situaciones de violencia e irrespeto dentro de las instituciones educativas.
