Cinco años después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificara su sentencia en el caso de la periodista Jineth Bedoya Lima contra Colombia, todavía hay compromisos pendientes para garantizar justicia y prevenir la violencia sexual contra las mujeres periodistas.El fallo, notificado el 18 de octubre de 2021, declaró la responsabilidad internacional del Estado colombiano por el secuestro, la tortura y la violencia sexual que sufrió Bedoya, así como por las fallas en la investigación de los hechos. La sentencia había sido proferida el 26 de agosto de ese año.Desde entonces, se han implementado algunas de las medidas de reparación ordenadas. En abril de 2026, abrió sus puertas en Bogotá el Centro Investigativo y de Memoria No Es Hora de Callar, un espacio destinado a preservar la memoria, impulsar investigaciones y acompañar a mujeres víctimas de violencia sexual y a periodistas.Además, el programa No Es Hora de Callar, orientado a preparar a funcionarios públicos para atender a víctimas de violencia, certificó a sus primeros 180 participantes en agosto de 2026. Los funcionarios pertenecen a entidades estatales de distintas regiones del país.Sin embargo, estos avances no significan que la sentencia se haya cumplido en su totalidad. Entre las obligaciones pendientes está investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables de los hechos, incluidos los autores intelectuales, según el balance presentado por Bedoya con motivo del quinto aniversario del fallo.La decisión también reconoció el daño causado a su madre, Luz Nelly Lima, quien la acompañó durante años en la búsqueda de justicia, y ordenó adoptar medidas para prevenir la violencia contra las mujeres periodistas y mejorar la respuesta de las instituciones.En 2025, durante el especial transmedia No Es Hora de Callar, Bedoya calificó la sentencia como un avance jurisprudencial para las mujeres periodistas de las Américas y para las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual.Cinco años después, el caso plantea una pregunta sobre la respuesta del Estado ante quienes denuncian este tipo de agresiones: ¿encuentran protección, atención y justicia? Aunque la apertura de espacios de memoria y la capacitación de funcionarios representan avances, el cumplimiento de la sentencia sigue dependiendo de que las medidas se traduzcan en resultados concretos y en sanciones para los responsables.
Miles de trabajadores públicos y contratistas del Estado ahora tendrán que enfrentar una nueva etapa de formación, la cual será obligatoria en Colombia. El Congreso de la República finalmente aprobó la Ley Jineth Bedoya Lima, una iniciativa que establece capacitaciones permanentes sobre violencia contra las mujeres, enfoque de género y atención sin revictimización para quienes desempeñan funciones públicas.Con esta norma se busca responder a una orden emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que determinó la responsabilidad del Estado colombiano en el caso de la periodista Jineth Bedoya, víctima de secuestro, tortura y violencia sexual en el año 2000 mientras realizaba una investigación periodística en la cárcel La Modelo de Bogotá.La aprobación de la ley ha sido respaldada por organismos nacionales e internacionales, entre ellos la Defensoría del Pueblo y ONU Mujeres, que consideran la medida como un avance en la prevención de las violencias basadas en género.Congreso aprueba nueva capacitación para trabajadores en ColombiaLa nueva legislación crea un sistema de capacitación obligatoria, permanente y evaluable dirigido a funcionarios públicos, contratistas y particulares que cumplan funciones públicas.El propósito es fortalecer los conocimientos de quienes atienden casos relacionados con violencia de género y garantizar una respuesta adecuada a las víctimas.Según el Congreso, la iniciativa busca evitar situaciones de revictimización derivadas del desconocimiento, los prejuicios o la falta de formación de algunos funcionarios encargados de recibir denuncias, investigar casos o brindar acompañamiento institucional.¿Qué trabajadores deberán cumplir con la capacitación de la Ley Jineth Bedoya Lima?La norma tendrá impacto en múltiples entidades del Estado. Entre los sectores que deberán recibir la formación se encuentran:Fiscalía General de la Nación.Policía Nacional y Policía Judicial.Fuerzas Militares.Instituto Colombiano de Medicina Legal.Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).Comisarías de Familia.Rama Judicial.Ministerio del Trabajo.Ministerio de Salud.Ministerio de Educación.Registraduría Nacional.Notarías.Procuradurías, Defensorías y Personerías.Secretarías de Gobierno y de la Mujer.También estarán cobijados los contratistas vinculados a estas entidades cuando participen en procesos relacionados con la prevención y atención de violencias contra las mujeres.¿Qué busca la nueva normativa?Durante el trámite de la iniciativa, Jineth Bedoya destacó la importancia de que jueces, policías, soldados y demás funcionarios cuenten con herramientas para atender correctamente a las víctimas.La periodista afirmó que una mejor preparación desde las instituciones puede contribuir a reducir las cifras de violencia contra las mujeres y fortalecer el acceso a la justicia.Por su parte, la Defensoría del Pueblo afirmó que la ley ayudará a transformar la vida de millones de niñas y mujeres en Colombia. ONU Mujeres también celebró la aprobación al considerar que representa un paso significativo hacia la prevención y erradicación de estas violencias.Ahora solo resta la sanción presidencial para que la Ley Jineth Bedoya Lima entre en vigencia y las entidades públicas comiencen a implementar las capacitaciones obligatorias en todo el país.
En cumplimiento de las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la periodista y activista Jineth Bedoya presentó la sede física del Centro de Investigación y Memoria “No es Hora de Callar”. El espacio tiene como objetivo liderar investigaciones sobre violencia de género, violencia sexual y ataques contra la libertad de prensa en Colombia, en el marco de garantías de no repetición.En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Bedoya destacó el alcance de este proyecto como parte de su proceso de reparación integral. “Esto fue lo que yo me soñé cuando redacté esta medida de reparación, y ha costado mucho. Hoy es un día feliz... esto me ha costado la vida, pero creo que ha valido la pena”, afirmó.Protocolo contra el acoso sexual en mediosUno de los principales resultados del centro es la entrega de un protocolo para la prevención de la violencia y el acoso sexual en salas de redacción. El documento fue construido durante un año con asesoría técnica de ONU Mujeres y está dirigido a medios de comunicación nacionales, regionales y comunitarios.La directora del proyecto insistió en la necesidad de implementar medidas concretas dentro de los entornos laborales: “Es la herramienta que queremos entregar hoy... una herramienta que les dé líneas de acción al interior de los espacios laborales comunicativos”.Fondo de apoyo y sistema de monitoreoComo parte del proceso de reparación, el próximo 27 de abril se prevé el lanzamiento del Fondo de Ayuda a Mujeres Periodistas, que contará con un presupuesto de 500.000 dólares. La iniciativa busca reducir riesgos de autocensura y fortalecer el ejercicio periodístico en contextos de violencia.En paralelo, se avanza en el desarrollo del primer sistema de medición sobre violaciones a la libertad de expresión en el país. Se trata de un software que permitirá documentar y sustentar técnicamente los casos de agresiones contra periodistas.Enfoque territorial e investigaciónEl centro también tendrá un enfoque investigativo y territorial, orientado a fortalecer proyectos periodísticos en regiones apartadas. Bedoya propuso al Estado abrir convocatorias anuales para financiar iniciativas lideradas por mujeres periodistas.“He pedido también que haya un énfasis muy especial en esas mujeres... indígenas que tienen emisoras comunitarias o mujeres afro que tienen proyectos de comunicación regionales”, concluyó.
El fondo contará con un presupuesto anual de $2.000 millones provenientes del Presupuesto General de la Nación, y para este año ya se realizó un primer desembolso a través del Ministerio de Hacienda. Bedoya aseguró que esta medida es el resultado de más de dos décadas de lucha tras haber sido víctima de violencia sexual mientras ejercía su labor periodística. “Llegamos a este punto después de 25 años de lucha y 26 años de haber enfrentado la violencia sexual por hacer periodismo. Yo llegué a la cárcel Modelo a hacer un reportaje que nunca pude publicar, pero que espero que este año la vida me dé la oportunidad de hacerlo”, afirmó.Según la periodista, el trabajo inconcluso aborda un entramado criminal que involucraría a miembros de la fuerza pública y grupos armados en delitos contra mujeres. Sin embargo, enfatizó que el objetivo del fondo va más allá de cualquier reparación económica. “Ninguna retribución económica quita el dolor. Lo que soñé es una herramienta que proteja a todas las mujeres que comunican, más aún en un contexto donde los medios están en crisis por la violencia y el acoso sexual en las salas de redacción”, señaló. Bedoya también advirtió que ha conocido casos de periodistas que han abandonado su oficio por falta de garantías. “Este fondo es la respuesta: entregar ayuda, herramientas y respaldo para que haya menos mujeres censuradas y estigmatizadas en Colombia”, agregó.La periodista también cuestionó los obstáculos que, según ella, han surgido desde el propio Gobierno para la implementación de esta iniciativa. “Es un llamado a funcionarios que han puesto el palo en la rueda para que esto salga adelante. El 7 de agosto se les acaba su papel como funcionarios públicos, pero a mí nunca se me apaga la voz de periodista”, expresó. El fondo ‘No es hora de callar’ funcionará como una cuenta adscrita al Ministerio de Igualdad y Equidad. Sin embargo, el futuro de esta cartera es incierto y se está debatiendo en el Congreso su posible desaparición. En ese escenario, la ley establece que el fondo pasaría a ser administrado por otra entidad del Gobierno que asuma las funciones de MinIgualdad.
La Jurisdicción Especial para la Paz remitió a la Unidad de Investigación y Acusación el proceso contra el general (r) de la Policía José Leonardo Gallego, luego de que el compareciente negara cualquier responsabilidad en los hechos investigados.La decisión fue adoptada por la Sala de Reconocimiento de Verdad tras valorar el material probatorio existente y los avances de la justicia ordinaria, en relación con los crímenes cometidos contra la periodista Jineth Bedoya Lima el 25 de mayo del año 2000 y con hechos violentos ocurridos en la cárcel La Modelo de Bogotá entre 1999 y 2003.Según la JEP, el caso será tramitado ahora mediante un proceso adversarial ante la UIA. Si esta unidad decide presentar una acusación, el proceso pasará a la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad. De ser hallado responsable, el exoficial podría enfrentar hasta 20 años de cárcel.De acuerdo con la Jurisdicción, la remisión del proceso se fundamentó principalmente en la contrastación de pruebas y testimonios recopilados por la justicia ordinaria.“El general (r) Gallego Castrillón solicitó la suspensión de la actuación ante la justicia ordinaria argumentando que se encontraba compareciendo ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Por ello, fue llamado a rendir versión voluntaria por la Sala de Reconocimiento de Verdad en los casos 08 y 11. Durante la diligencia, que se llevó a cabo el 3 de febrero y el 5 de marzo de 2026, el compareciente negó cualquier tipo de responsabilidad sobre los hechos”.En esas investigaciones se señala que Gallego Castrillón habría favorecido a internos de grupos paramilitares en la cárcel La Modelo mediante el ingreso de armas y otros elementos prohibidos, lo que habría contribuido a consolidar su control dentro del penal.Aseguran que también existen señalamientos que lo vinculan con los hechos ocurridos contra la periodista Jineth Bedoya Lima, quien investigaba redes criminales y graves violaciones a los derechos humanos dentro de ese centro penitenciario.Bedoya fue secuestrada el 25 de mayo de 2000 cuando esperaba autorización para ingresar a la cárcel La Modelo para realizar un trabajo periodístico. Posteriormente fue trasladada a una bodega y luego a una zona rural en la vía Bogotá Villavicencio, donde fue torturada y víctima de violencia sexual.La justicia ordinaria ya ha condenado a varios paramilitares por estos hechos, entre ellos Mario Jaimes Mejía, conocido como “El Panadero”, así como Alejandro Cárdenas Orozco y Jesús Emiro Pereira Rivera. Sin embargo, la investigación también ha señalado posibles responsabilidades de otros actores.“La JEP recuerda que los casos que involucran violencias basadas en género deben investigarse con especial diligencia, de acuerdo con los estándares del derecho internacional. Por eso, en este caso concreto, y teniendo en cuenta los avances de la justicia ordinaria y la decisión del compareciente de negar responsabilidad ante la JEP frente a los señalamientos que presuntamente lo implican, la sala decidió remitir su proceso a la UIA”.Según la magistratura, el proceso adversarial permitirá definir la situación jurídica del general (r) Gallego Castrillón y garantizar a las víctimas un escenario judicial en el que se determine su eventual responsabilidad penal.
La Corte Suprema de Justicia revocó la sentencia emitida en agosto de 2025 por el Tribunal Superior de Bogotá, que había absuelto a la funcionaria, y en su lugar profirió un fallo condenatorio en segunda instancia.La exfiscal deberá cumplir más de 4 años de cárcel, además de pagar una multa equivalente a 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, se ordenó la pérdida definitiva del cargo que desempeñaba como Fiscal 49 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.El fallo también negó cualquier beneficio penal, lo que en la práctica significa que la exfuncionaria no podrá acceder ni a la suspensión condicional de la pena ni a la prisión domiciliaria, al tratarse de un delito doloso contra la administración pública.El proceso contra la exfiscal se originó por una resolución adoptada el 28 de mayo de 2015, cuando decidió revocar la medida de aseguramiento contra Alejandro Cárdenas Orozco, además de precluir la investigación en su favor por todos los delitos relacionados con el ataque a Jineth Bedoya.Para la Corte Suprema de Justicia, esa determinación fue abiertamente ilegal, pues desconoció de manera flagrante las normas de la Ley 600 de 2000, que regulaban la revocatoria de medidas de aseguramiento y la preclusión de investigaciones.El alto tribunal también determinó que la exfiscal omitió analizar de manera integral el material probatorio, ignoró contradicciones evidentes en las pruebas sobrevinientes y, sobre todo, pasó por alto la incriminación directa hecha por la propia víctima contra el procesado.En su análisis, la Sala Penal señaló que las circunstancias del caso, las advertencias previas recibidas por la funcionaria y la evidente ilegalidad de la decisión adoptada permitían concluir que actuó con pleno conocimiento de estar contrariando el ordenamiento jurídico.El caso hace parte del complejo expediente por los graves hechos ocurridos el 25 de mayo del año 2000 contra la periodista Jineth Bedoya, quien fue secuestrada, torturada y víctima de violencia sexual cuando realizaba una investigación sobre estructuras paramilitares.Durante años, la investigación ha tenido múltiples giros procesales, entre ellos la aceptación inicial de responsabilidad de Alejandro Cárdenas ante la justicia ordinaria, su posterior retractación en Justicia y Paz y el regreso del proceso a la Fiscalía, escenario en el que se produjo la controvertida decisión de la hoy condenada.
La Fiscalía General de la Nación dio a conocer un informe de más de 100 páginas en el que detalla los hallazgos que vinculan a cinco exfuncionarios del Estado y a un exintegrante de las AUC en el caso de la periodista Jineth Bedoya Lima, secuestrada, torturada y víctima de violencia sexual el 25 de mayo del año 2000 en inmediaciones de la cárcel La Modelo de Bogotá.Los vinculados son el exdirector de la Dijín de la Policía Nacional, general en retiro José Leonardo Gallego Castrillón; el exdirector del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), general en retiro Fabio Campos Silva; el exsubdirector del Inpec, Luis Bernardo Maldonado Bernate; el exasesor de la Dirección del Inpec, Jaime Gallo Zuleta; el exdirector de la cárcel La Modelo de Bogotá, Reinaldo Fierro Rico; y el exintegrante del Frente Capital de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Evangelista Basto Bernal.De acuerdo con el documento, los hechos ocurrieron bajo la “mirada complaciente” de antiguos directivos del Inpec y de la Dijín, quienes habrían permitido la consolidación de un entramado delictivo al interior del penal. Allí se habrían facilitado ingresos irregulares de armas de corto y largo alcance, municiones y explosivos; reuniones con cabecillas paramilitares; omisiones en los traslados de internos peligrosos; y coordinación de operativos que, lejos de controlar el crimen, terminaron beneficiando a la estructura ilegal que dominaba el establecimiento carcelario.Uno de los señalados es José Leonardo Gallego Castrillón, director de la Dijín entre 1999 y 2000, a quien el expediente atribuye reuniones dentro del pabellón de alta seguridad de La Modelo con los máximos jefes paramilitares. Según testimonios, desde allí se concertaron e impartieron directrices para la ejecución de delitos. También habría recibido pagos periódicos de los líderes de la organización. Su ingreso irregular al penal, asegura la Fiscalía, habría sido facilitado por Luis Bernardo Maldonado Bernate, entonces subdirector del Inpec.El informe advierte que el crimen contra Bedoya habría sido ordenado como una forma de “intimidación y amedrentamiento” por parte de jefes paramilitares, quienes habrían hecho seguimientos e inteligencia sobre la periodista con la presunta confabulación de los exdirectores. La abogada de Bedoya, Viviana Krsticevic, afirmó en entrevista con Blu Radio que durante más de dos décadas el caso ha permanecido marcado por la impunidad:“Han sido más de 20 años en los que los responsables directos e indirectos han evadido a la justicia, mientras Jineth ha tenido que vivir bajo amenazas constantes que han truncado no solo las investigaciones periodísticas, sino también los avances judiciales de un caso emblemático”.La jurista también destacó que este proceso ha estado atravesado por un contexto de hostigamientos contra la periodista, quien, a pesar de ello, ha persistido en su búsqueda de justicia para la reparación y la no repetición de este tipo de casos.El documento también vincula a Evangelista Basto Bernal, exintegrante del Frente Capital de las AUC, señalado de coordinar acciones criminales fuera del penal, como el atentado contra Wilson Borja. Según varios testigos, Basto habría tenido conocimiento directo del ataque contra Jineth Bedoya y se reunía con paramilitares dentro de la cárcel.La Fiscalía concluye que los exfuncionarios tenían no solo la obligación jurídica de evitar la consolidación de la estructura criminal, sino también la capacidad de impedirla. Sin embargo, optaron por promoverla o permitirla, lo que derivó en la materialización de delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo agravado, tortura y acceso carnal violento agravado.El caso avanza bajo la Ley 600 del año 2000. Lo que sigue es la indagatoria de los vinculados y la resolución de su situación jurídica, que podría incluir la imposición de medidas de aseguramiento. Los postulados en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pasarán a ese tribunal, mientras que quienes no estén acogidos a esa jurisdicción continuarán en la justicia ordinaria.
La Fiscalía General de la Nación anunció la vinculación formal de 5 exfuncionarios y un exintegrante de las AUC, entre ellos, dos generales en retiro, por los hechos violentos ocurridos contra la periodista Jineth Bedoya Lima el 25 de mayo de 2000, cuando fue secuestrada, torturada y víctima de violencia sexual en inmediaciones de la cárcel La Modelo de Bogotá.Las personas vinculadas son el exdirector de la Dijin de la Policía Nacional, general en retiro José Leonardo Gallego Castrillón; el exdirector del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), general en retiro Fabio Campos Silva; el exsubdirector del Inpec, Luis Bernardo Maldonado Bernate; el exasesor de la Dirección del Inpec, Jaime Gallo Zuleta; el exdirector de la cárcel La Modelo de Bogotá, Reinaldo Fierro Rico; y el exintegrante del Frente Capital de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Evangelista Basto Bernal.De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, estos exfuncionarios, en ejercicio de sus cargos, habrían omitido sus deberes constitucionales y permitido que paramilitares privados de la libertad ejercieran control ilegal dentro de La Modelo. En este contexto, se habría facilitado el ingreso de armas y elementos prohibidos, así como la realización de reuniones donde se planearon seguimientos y acciones de hostigamiento contra la comunicadora.La Fiscalía sostiene que la violencia ejercida contra Bedoya no fue un hecho aislado, sino parte de un esquema sistemático de intimidación y violencia de género, en el que agentes del Estado habrían tenido una participación por omisión o complacencia.Estas seis personas fueron vinculadas por los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo agravado, tortura y acceso carnal violento agravado.
Ante el Congreso de la República, se hizo entrega del fondo creado con la ley 'No es hora de callar'. Este fondo, que será administrado por el Ministerio de la Igualdad, tiene como objetivo brindar protección y apoyo a las periodistas colombianas. Así se lo explicó a Mañanas Blu con Camila Zuluaga, la periodista Jineth Bedoya. Se espera que esté reglamentado antes del final de este año, para que así pueda comenzar a funcionar en el 2025. Una de las principales preocupaciones es que el dinero asignado al fondo efectivamente llegue a donde debe llegar y cumpla con su propósito de proteger a las periodistas. Se propone que sea declarado patrimonio autónomo, lo que permitiría una correcta administración y supervisión de los recursos. Además de la protección y apoyo directo a las periodistas, se ha planteado destinar una partida especial para brindar asistencia psicológica o emocional a las familias. Esto con el fin de ayudar a los seres queridos de las periodistas a lidiar con las consecuencias emocionales de su labor. Esta medida de reparación busca también combatir el lenguaje estigmatizante y sexista que suele caer sobre las periodistas y mujeres en general. Se espera que el fondo pueda fortalecer las voces de las periodistas, especialmente las que se encuentran en regiones afectadas por el conflicto armado. El presidente Gustavo Petro ha sido criticado por utilizar un lenguaje estigmatizante hacia las periodistas y ha generado una ola de odio contra ellas. Aunque el Gobierno ha apoyado la creación de este fondo, existe una discrepancia entre las acciones del presidente y la voluntad de proteger y valorar la labor periodística. Este fondo para proteger a las periodistas en Colombia representa un avance significativo en la lucha por la seguridad y el respeto a la labor periodística.Escuche la entrevista completa aquí:
En medio de la audiencia de seguimiento que la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizó sobre su caso, la comunicadora Jineth Bedoya declaró que desistió en que la Fiscalía continúe con la investigación por falta de avance en la misma.“Yo desisto de que la Fiscalía siga haciendo estas investigaciones porque ellos no tienen ni la voluntad de investigar ni tienen una línea de investigación”, declaró la comunicadora.También recalcó que es un revictimizante escuchar los argumentos que tiene el Estado sobre su caso, afirmando que, en vez de llegar con resultados, han dicho “mentiras delante de los jueces de la Corte”.Cabe recordar que el 25 de mayo del 2000, la periodista Jineth Bedoya fue secuestrada en la cárcel La Modelo de Bogotá, en dónde denunció agresiones verbales, físicas y sexuales, presuntamente cometidas por exparamilitares.Por otro lado, el Juez Ricardo C. Pérez, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, anunció: “La Corte va a emitir en corto tiempo una resolución de supervisión de cumplimiento de sentencias donde va a analizar toda la información recibida, en el caso de la periodista Jineth Bedoya.Le puede interesar:
La educación está cambiando y, con ella, los espacios donde se desarrolla el aprendizaje. Las aulas tradicionales comienzan a dar paso a ambientes flexibles que integran tecnología, creatividad y trabajo colaborativo, con el propósito de responder a las necesidades de las nuevas generaciones.Un ejemplo de esta transformación es el Colegio Santa María, que inauguró el pasado 16 de junio The Ignite Building, una construcción que articula arquitectura, innovación tecnológica y nuevas metodologías pedagógicas.La propuesta busca superar los modelos de enseñanza centrados en clases convencionales y asignaturas independientes. Para ello, adopta un enfoque socioconstructivista basado en el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), que promueve la investigación, la experimentación y la solución de problemas reales.El edificio dispone de aulas flexibles, zonas de encuentro y laboratorios que permiten desarrollar actividades individuales y grupales. La metodología busca fortalecer seis competencias: pensamiento crítico, creatividad, comunicación, colaboración, ciudadanía global y sostenibilidad, y autonomía.“Invertir en espacios para aprender es invertir en el futuro. Las nuevas generaciones necesitan ambientes que les permitan experimentar, crear, colaborar y desarrollar las competencias que les exigirá un mundo en constante transformación”, afirmó Hernando Rojas Leguízamo, rector del Colegio Santa María.Entre sus instalaciones se encuentran laboratorios de Química, Física y Biología, dotados con cámaras de flujo laminar, incubadoras, autoclaves y microscopios de nueva generación.También cuenta con cinco Makerspaces especializados en diseño, innovación, realidad virtual, inteligencia artificial, programación y robótica. Estos espacios incorporan herramientas como impresoras 3D, cortadoras láser, Arduino, Python y kits de Lego, que pueden utilizarse en proyectos de diferentes asignaturas.Otro punto destacado es el Ágora, un espacio con graderías que funciona como anfiteatro abierto y puede adaptarse para asambleas, debates, actividades grupales o zonas de descanso.La construcción también incorpora criterios bioclimáticos para favorecer la iluminación natural, la ventilación y el confort térmico y acústico. Sus jardines, zonas verdes y puntos de hidratación complementan la apuesta por el bienestar de las estudiantes.The Ignite Building es una de las intervenciones del Plan Maestro de Infraestructura, que también incluye la remodelación de los bloques 6 y 7, la renovación del Centro Francisco Spinelli y la intervención de los parques escolares.La estrategia contempla, además, iniciativas de sostenibilidad como el aprovechamiento de aguas lluvias y la incorporación de energía solar.Esta evolución refleja un cambio en la manera de entender la educación, en la que los espacios físicos, la tecnología y las metodologías de enseñanza deben avanzar de forma conjunta.
El ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora, respondió, por medio de un mensaje en la red social X, al expresidente Gustavo Petro, quien cuestionó, por ese mismo medio, que no se hayan comprado sistemas antidrones para proteger a las Fuerzas Militares, pese a que, según afirmó, se habían dejado los recursos para esa adquisición.El pronunciamiento del expresidente se produjo después del ataque terrorista con drones cargados de explosivos contra las instalaciones del Cantón Militar de Santa Rosa, en el sur de Bolívar, que dejó tres soldados asesinados y ocho heridos de gravedad. Frente a estos señalamientos, el ministro Mora aseguró que los registros oficiales desmienten que hubiera recursos apropiados para comprar los sistemas antidrones en 2026 o que se hubiera cancelado un contrato. “Los $800.000 millones de la primera fase nunca fueron apropiados ni recibidos para 2026. Confundir anuncios con disponibilidad presupuestal no convierte una expectativa en realidad financiera”, aseguró Mora.El ministro también indicó que, al asumir la administración, no existía un proceso contractual o precontractual por 6,2 billones de pesos.Mora también se refirió a las visitas realizadas por el exministro y la exviceministra de Estrategia y Planeación a países como India, República Checa, Turquía, Catar, Reino Unido y Estados Unidos. Sobre estas, señaló que “fueron exploraciones comerciales que no culminaron en un contrato”. Además, sostuvo que las ofertas de empresas extranjeras no cumplían con los requisitos de integración técnica e interoperabilidad exigidos por las Fuerzas Militares. El jefe de la cartera de Defensa afirmó que las dificultades vienen de años atrás: “Las deficiencias de planeación anteriores impidieron consolidar la capacidad desde 2023, cuando grupos ilegales intensificaron el uso de drones”. Sin embargo, aseguró que actualmente la Fuerza Pública adelanta procesos de compra con presupuesto ordinario, impulsa la producción propia de estos sistemas y prepara un documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) para garantizar su financiación.
Las prioridades de los trabajadores al momento de elegir y permanecer en un empleo han cambiado. Aunque el salario y la estabilidad continúan siendo factores importantes, cada vez cobran más relevancia las condiciones que permiten mantener un equilibrio entre la vida personal y profesional.Según datos de Wellhub, el 86 % de los colaboradores considera que el bienestar laboral es tan importante como la remuneración económica. Esta cifra refleja una transformación en las expectativas de los empleados, quienes también buscan sentirse escuchados, reconocidos y respaldados por las organizaciones.Esta nueva dinámica se relaciona con el denominado contrato emocional, un vínculo que se construye a partir de las expectativas de los trabajadores y las experiencias que tienen dentro de una empresa.Lina Reyes, administradora de Desarrollo Empresarial Integral de Compensar, señala que esta relación depende de la coherencia entre lo que promete una compañía y lo que realmente ofrece, especialmente en aspectos como el liderazgo, la comunicación y la conciliación entre la vida laboral y personal.El agotamiento laboral preocupa a las empresasUno de los principales desafíos para las organizaciones es prevenir el burnout o agotamiento laboral. Una encuesta de miCVideal, realizada a más de 1.200 personas, encontró que el 88 % de los trabajadores se siente desgastado y que uno de cada cinco piensa diariamente en dejar su empleo.Entre las señales de alerta están la dificultad para recuperarse después del descanso, los problemas de concentración, el aislamiento, el aumento de errores y las alteraciones del sueño. Estas manifestaciones deben evaluarse integralmente y no constituyen por sí solas un diagnóstico médico.De acuerdo con Reyes, las empresas deben prestar atención no solo a las ausencias, sino también a la desconexión emocional y al presentismo, situaciones que pueden afectar el desempeño y el ambiente laboral.¿Qué pueden hacer las organizaciones?Las encuestas, entrevistas y grupos focales permiten identificar las necesidades de los equipos y evaluar si las estrategias de bienestar están funcionando. Estos procesos deben garantizar la privacidad y el manejo responsable de la información.En Colombia, Compensar ofrece el programa de Desarrollo Empresarial Integral, que incluye charlas, talleres y estrategias para acompañar a las empresas en la prevención y gestión del burnout.El bienestar dejó de ser un beneficio complementario y se convirtió en un aspecto relevante para fortalecer el compromiso, prevenir el agotamiento y favorecer la permanencia del talento humano.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, identificó el desarrollo territorial integral como una de las principales deudas del Estado con las víctimas del conflicto armado, al referirse a los resultados y desafíos del Acuerdo Final de Paz firmado con las antiguas FARC. Durante una entrevista en Sala de Prensa Blu, la funcionaria reconoció avances en la implementación, pero advirtió que los esfuerzos institucionales han sido insuficientes para transformar las condiciones de los territorios más afectados por la violencia.Marín explicó que el punto 1 del Acuerdo de Paz contemplaba los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), diseñados para reducir las brechas entre las zonas urbanas y rurales. Se trata de 16 regiones que agrupan 170 municipios priorizados por sus altos índices de pobreza, violencia y presencia de cultivos de uso ilícito.Aunque destacó la disminución de la pobreza multidimensional en estas zonas y algunos avances en el Catastro Multipropósito, advirtió que persisten importantes retrasos. “Para mí, igualdad territorial es superar esa brecha entre ciudad y ruralidad”, afirmó.La ausencia de una presencia integral del EstadoLa defensora coincidió en que la llegada del Estado a los territorios ha sido insuficiente y señaló que esta situación ha favorecido la persistencia de la violencia y el ingreso de nuevos grupos armados.Al referirse al Cauca, departamento que visitó recientemente, recordó que entre 2017 y 2019 hubo años de relativa paz. Por eso, aclaró que la situación actual no puede atribuirse directamente al Acuerdo de Paz, aunque sí relacionó el incumplimiento de sus compromisos territoriales con factores que han contribuido al agravamiento de la violencia.Las FARC y su deuda con las víctimasSobre la responsabilidad de los antiguos integrantes de las FARC, Marín reconoció que la mayoría del antiguo secretariado dejó las armas y compareció ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sin embargo, insistió en que deben demostrar mayor respeto por las víctimas y la justicia.“Ellos tienen que mostrarse más respetuosos de las víctimas, del dolor de las víctimas y de la justicia”, manifestó.Las sanciones de la JEP, otro desafío del acuerdoFinalmente, cuestionó que las sanciones restaurativas pierdan su carácter restrictivo. Según explicó, estas deben incluir limitaciones efectivas de derechos y supervisión.“Lo mínimo es que usen brazalete, lo mínimo es que tengan unos horarios, lo mínimo es que no puedan salir del país”, concluyó, al insistir en que el cumplimiento de las sanciones será determinante para responder a las víctimas del conflicto armado.Escuche la entrevista completa acá:
La Navidad es una de las temporadas del año que más viajeros moviliza en diferentes partes del mundo. Durante diciembre, ciudades y destinos turísticos adaptan sus espacios para recibir a visitantes con mercados tradicionales, espectáculos de luces, actividades culturales y celebraciones que reflejan sus costumbres.En ese contexto, la revista internacional Time Out publicó una selección de los 22 mejores lugares del mundo para pasar Navidad en 2026, una clasificación que reúne destinos de Europa, América, Asia, África y Oceanía. Entre los lugares recomendados hay ciudades reconocidas por sus celebraciones tradicionales y otras que ofrecen alternativas para quienes prefieren pasar las fiestas en climas cálidos.La publicación destaca que la experiencia navideña cambia dependiendo del destino. Mientras algunas ciudades ofrecen paisajes cubiertos de nieve y mercados tradicionales, otras permiten disfrutar de las celebraciones al aire libre, en playas o en lugares con temperaturas más elevadas.El primer puesto de la clasificación es para Nueva York, Estados Unidos, que durante diciembre se convierte en uno de los principales referentes de la Navidad. La ciudad se caracteriza por las decoraciones de la Quinta Avenida, el árbol del Rockefeller Center y los mercados que reciben a miles de visitantes.En el segundo lugar aparece Londres, Reino Unido, donde las iluminaciones, los mercados navideños y las actividades especiales hacen parte de la programación de diciembre. Le sigue Laponia, Finlandia, uno de los destinos más asociados con estas festividades por albergar la aldea de Papá Noel, en Rovaniemi.El cuarto puesto es para Copenhague, Dinamarca, que se distingue por sus celebraciones tradicionales, las bebidas calientes y los espacios decorados con iluminación navideña. En la quinta posición está Edimburgo, Escocia, cuyos mercados y actividades culturales atraen a turistas durante la temporada.Zagreb, Croacia, ocupa el sexto lugar, con una programación que incluye mercados, música en vivo y decoraciones en sus principales espacios públicos. En el séptimo puesto está Reikiavik, Islandia, donde una de las tradiciones más particulares es la de los 13 Yule Lads, personajes del folclore local que dejan regalos en los zapatos de los niños.La octava posición corresponde a Brujas, Bélgica, reconocida por sus construcciones medievales, canales y mercados navideños. Sídney, Australia, aparece en el noveno lugar como una alternativa para quienes prefieren celebrar las fiestas durante el verano, con actividades al aire libre y encuentros en las playas.El décimo destino recomendado es Nuuk, Groenlandia, donde los paisajes árticos, la nieve y las posibilidades de observar auroras boreales hacen parte de la experiencia. La clasificación continúa con Viena, Austria; Praga, República Checa; y Núremberg, Alemania, tres ciudades europeas reconocidas por sus tradiciones y mercados navideños.En los siguientes puestos aparecen Funchal, Portugal; Colmar, Francia; Nueva Orleans, Estados Unidos; Tokio, Japón; Singapur; Ciudad del Cabo, Sudáfrica; Marrakech, Marruecos, y Phuket, Tailandia. Estos destinos ofrecen distintas experiencias, desde celebraciones culturales y recorridos urbanos hasta alternativas de descanso en lugares de clima cálido.El puesto 22 corresponde a Ciudad de Guatemala, Guatemala, que se convierte en el único destino de Latinoamérica incluido en la selección de Time Out. Su presencia destaca entre una clasificación en la que predominan las ciudades europeas y los destinos reconocidos por sus celebraciones durante el invierno."Cada año, el 7 de diciembre, el país celebra la Quema del Diablo, iniciando la temporada navideña exactamente a las 6 p.m. quemando figuras de diablos y piñatas de papel maché rojas. La idea es limpiar las casas de los malos espíritus del año antes de que llegue la Navidad", deataca Time Out de la ciudad guatemalteca.Destinos para pasar Navidad sin temperaturas bajasLa selección también incluye lugares para quienes buscan una experiencia diferente a la tradicional Navidad de invierno. Sídney, por ejemplo, coincide con la temporada de verano en diciembre, por lo que los visitantes pueden disfrutar de las playas y de actividades al aire libre durante las celebraciones.Una alternativa es Ciudad del Cabo, Sudáfrica, que ocupa el puesto 19 de la clasificación. Sus playas, viñedos y condiciones climáticas durante diciembre permiten disfrutar de una temporada navideña con temperaturas más cálidas.Con esta selección, Time Out reúne alternativas para distintos tipos de viajeros y presupuestos. Desde los mercados navideños de Europa hasta los destinos tropicales de Asia, Oceanía y África, la lista ofrece opciones para quienes planean viajar durante las celebraciones de diciembre de 2026.
