En cumplimiento de las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la periodista y activista Jineth Bedoya presentó la sede física del Centro de Investigación y Memoria “No es Hora de Callar”. El espacio tiene como objetivo liderar investigaciones sobre violencia de género, violencia sexual y ataques contra la libertad de prensa en Colombia, en el marco de garantías de no repetición.En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Bedoya destacó el alcance de este proyecto como parte de su proceso de reparación integral. “Esto fue lo que yo me soñé cuando redacté esta medida de reparación, y ha costado mucho. Hoy es un día feliz... esto me ha costado la vida, pero creo que ha valido la pena”, afirmó.Protocolo contra el acoso sexual en mediosUno de los principales resultados del centro es la entrega de un protocolo para la prevención de la violencia y el acoso sexual en salas de redacción. El documento fue construido durante un año con asesoría técnica de ONU Mujeres y está dirigido a medios de comunicación nacionales, regionales y comunitarios.La directora del proyecto insistió en la necesidad de implementar medidas concretas dentro de los entornos laborales: “Es la herramienta que queremos entregar hoy... una herramienta que les dé líneas de acción al interior de los espacios laborales comunicativos”.Fondo de apoyo y sistema de monitoreoComo parte del proceso de reparación, el próximo 27 de abril se prevé el lanzamiento del Fondo de Ayuda a Mujeres Periodistas, que contará con un presupuesto de 500.000 dólares. La iniciativa busca reducir riesgos de autocensura y fortalecer el ejercicio periodístico en contextos de violencia.En paralelo, se avanza en el desarrollo del primer sistema de medición sobre violaciones a la libertad de expresión en el país. Se trata de un software que permitirá documentar y sustentar técnicamente los casos de agresiones contra periodistas.Enfoque territorial e investigaciónEl centro también tendrá un enfoque investigativo y territorial, orientado a fortalecer proyectos periodísticos en regiones apartadas. Bedoya propuso al Estado abrir convocatorias anuales para financiar iniciativas lideradas por mujeres periodistas.“He pedido también que haya un énfasis muy especial en esas mujeres... indígenas que tienen emisoras comunitarias o mujeres afro que tienen proyectos de comunicación regionales”, concluyó.
El fondo contará con un presupuesto anual de $2.000 millones provenientes del Presupuesto General de la Nación, y para este año ya se realizó un primer desembolso a través del Ministerio de Hacienda. Bedoya aseguró que esta medida es el resultado de más de dos décadas de lucha tras haber sido víctima de violencia sexual mientras ejercía su labor periodística. “Llegamos a este punto después de 25 años de lucha y 26 años de haber enfrentado la violencia sexual por hacer periodismo. Yo llegué a la cárcel Modelo a hacer un reportaje que nunca pude publicar, pero que espero que este año la vida me dé la oportunidad de hacerlo”, afirmó.Según la periodista, el trabajo inconcluso aborda un entramado criminal que involucraría a miembros de la fuerza pública y grupos armados en delitos contra mujeres. Sin embargo, enfatizó que el objetivo del fondo va más allá de cualquier reparación económica. “Ninguna retribución económica quita el dolor. Lo que soñé es una herramienta que proteja a todas las mujeres que comunican, más aún en un contexto donde los medios están en crisis por la violencia y el acoso sexual en las salas de redacción”, señaló. Bedoya también advirtió que ha conocido casos de periodistas que han abandonado su oficio por falta de garantías. “Este fondo es la respuesta: entregar ayuda, herramientas y respaldo para que haya menos mujeres censuradas y estigmatizadas en Colombia”, agregó.La periodista también cuestionó los obstáculos que, según ella, han surgido desde el propio Gobierno para la implementación de esta iniciativa. “Es un llamado a funcionarios que han puesto el palo en la rueda para que esto salga adelante. El 7 de agosto se les acaba su papel como funcionarios públicos, pero a mí nunca se me apaga la voz de periodista”, expresó. El fondo ‘No es hora de callar’ funcionará como una cuenta adscrita al Ministerio de Igualdad y Equidad. Sin embargo, el futuro de esta cartera es incierto y se está debatiendo en el Congreso su posible desaparición. En ese escenario, la ley establece que el fondo pasaría a ser administrado por otra entidad del Gobierno que asuma las funciones de MinIgualdad.
La Jurisdicción Especial para la Paz remitió a la Unidad de Investigación y Acusación el proceso contra el general (r) de la Policía José Leonardo Gallego, luego de que el compareciente negara cualquier responsabilidad en los hechos investigados.La decisión fue adoptada por la Sala de Reconocimiento de Verdad tras valorar el material probatorio existente y los avances de la justicia ordinaria, en relación con los crímenes cometidos contra la periodista Jineth Bedoya Lima el 25 de mayo del año 2000 y con hechos violentos ocurridos en la cárcel La Modelo de Bogotá entre 1999 y 2003.Según la JEP, el caso será tramitado ahora mediante un proceso adversarial ante la UIA. Si esta unidad decide presentar una acusación, el proceso pasará a la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad. De ser hallado responsable, el exoficial podría enfrentar hasta 20 años de cárcel.De acuerdo con la Jurisdicción, la remisión del proceso se fundamentó principalmente en la contrastación de pruebas y testimonios recopilados por la justicia ordinaria.“El general (r) Gallego Castrillón solicitó la suspensión de la actuación ante la justicia ordinaria argumentando que se encontraba compareciendo ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Por ello, fue llamado a rendir versión voluntaria por la Sala de Reconocimiento de Verdad en los casos 08 y 11. Durante la diligencia, que se llevó a cabo el 3 de febrero y el 5 de marzo de 2026, el compareciente negó cualquier tipo de responsabilidad sobre los hechos”.En esas investigaciones se señala que Gallego Castrillón habría favorecido a internos de grupos paramilitares en la cárcel La Modelo mediante el ingreso de armas y otros elementos prohibidos, lo que habría contribuido a consolidar su control dentro del penal.Aseguran que también existen señalamientos que lo vinculan con los hechos ocurridos contra la periodista Jineth Bedoya Lima, quien investigaba redes criminales y graves violaciones a los derechos humanos dentro de ese centro penitenciario.Bedoya fue secuestrada el 25 de mayo de 2000 cuando esperaba autorización para ingresar a la cárcel La Modelo para realizar un trabajo periodístico. Posteriormente fue trasladada a una bodega y luego a una zona rural en la vía Bogotá Villavicencio, donde fue torturada y víctima de violencia sexual.La justicia ordinaria ya ha condenado a varios paramilitares por estos hechos, entre ellos Mario Jaimes Mejía, conocido como “El Panadero”, así como Alejandro Cárdenas Orozco y Jesús Emiro Pereira Rivera. Sin embargo, la investigación también ha señalado posibles responsabilidades de otros actores.“La JEP recuerda que los casos que involucran violencias basadas en género deben investigarse con especial diligencia, de acuerdo con los estándares del derecho internacional. Por eso, en este caso concreto, y teniendo en cuenta los avances de la justicia ordinaria y la decisión del compareciente de negar responsabilidad ante la JEP frente a los señalamientos que presuntamente lo implican, la sala decidió remitir su proceso a la UIA”.Según la magistratura, el proceso adversarial permitirá definir la situación jurídica del general (r) Gallego Castrillón y garantizar a las víctimas un escenario judicial en el que se determine su eventual responsabilidad penal.
La Corte Suprema de Justicia revocó la sentencia emitida en agosto de 2025 por el Tribunal Superior de Bogotá, que había absuelto a la funcionaria, y en su lugar profirió un fallo condenatorio en segunda instancia.La exfiscal deberá cumplir más de 4 años de cárcel, además de pagar una multa equivalente a 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, se ordenó la pérdida definitiva del cargo que desempeñaba como Fiscal 49 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.El fallo también negó cualquier beneficio penal, lo que en la práctica significa que la exfuncionaria no podrá acceder ni a la suspensión condicional de la pena ni a la prisión domiciliaria, al tratarse de un delito doloso contra la administración pública.El proceso contra la exfiscal se originó por una resolución adoptada el 28 de mayo de 2015, cuando decidió revocar la medida de aseguramiento contra Alejandro Cárdenas Orozco, además de precluir la investigación en su favor por todos los delitos relacionados con el ataque a Jineth Bedoya.Para la Corte Suprema de Justicia, esa determinación fue abiertamente ilegal, pues desconoció de manera flagrante las normas de la Ley 600 de 2000, que regulaban la revocatoria de medidas de aseguramiento y la preclusión de investigaciones.El alto tribunal también determinó que la exfiscal omitió analizar de manera integral el material probatorio, ignoró contradicciones evidentes en las pruebas sobrevinientes y, sobre todo, pasó por alto la incriminación directa hecha por la propia víctima contra el procesado.En su análisis, la Sala Penal señaló que las circunstancias del caso, las advertencias previas recibidas por la funcionaria y la evidente ilegalidad de la decisión adoptada permitían concluir que actuó con pleno conocimiento de estar contrariando el ordenamiento jurídico.El caso hace parte del complejo expediente por los graves hechos ocurridos el 25 de mayo del año 2000 contra la periodista Jineth Bedoya, quien fue secuestrada, torturada y víctima de violencia sexual cuando realizaba una investigación sobre estructuras paramilitares.Durante años, la investigación ha tenido múltiples giros procesales, entre ellos la aceptación inicial de responsabilidad de Alejandro Cárdenas ante la justicia ordinaria, su posterior retractación en Justicia y Paz y el regreso del proceso a la Fiscalía, escenario en el que se produjo la controvertida decisión de la hoy condenada.
La Fiscalía General de la Nación dio a conocer un informe de más de 100 páginas en el que detalla los hallazgos que vinculan a cinco exfuncionarios del Estado y a un exintegrante de las AUC en el caso de la periodista Jineth Bedoya Lima, secuestrada, torturada y víctima de violencia sexual el 25 de mayo del año 2000 en inmediaciones de la cárcel La Modelo de Bogotá.Los vinculados son el exdirector de la Dijín de la Policía Nacional, general en retiro José Leonardo Gallego Castrillón; el exdirector del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), general en retiro Fabio Campos Silva; el exsubdirector del Inpec, Luis Bernardo Maldonado Bernate; el exasesor de la Dirección del Inpec, Jaime Gallo Zuleta; el exdirector de la cárcel La Modelo de Bogotá, Reinaldo Fierro Rico; y el exintegrante del Frente Capital de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Evangelista Basto Bernal.De acuerdo con el documento, los hechos ocurrieron bajo la “mirada complaciente” de antiguos directivos del Inpec y de la Dijín, quienes habrían permitido la consolidación de un entramado delictivo al interior del penal. Allí se habrían facilitado ingresos irregulares de armas de corto y largo alcance, municiones y explosivos; reuniones con cabecillas paramilitares; omisiones en los traslados de internos peligrosos; y coordinación de operativos que, lejos de controlar el crimen, terminaron beneficiando a la estructura ilegal que dominaba el establecimiento carcelario.Uno de los señalados es José Leonardo Gallego Castrillón, director de la Dijín entre 1999 y 2000, a quien el expediente atribuye reuniones dentro del pabellón de alta seguridad de La Modelo con los máximos jefes paramilitares. Según testimonios, desde allí se concertaron e impartieron directrices para la ejecución de delitos. También habría recibido pagos periódicos de los líderes de la organización. Su ingreso irregular al penal, asegura la Fiscalía, habría sido facilitado por Luis Bernardo Maldonado Bernate, entonces subdirector del Inpec.El informe advierte que el crimen contra Bedoya habría sido ordenado como una forma de “intimidación y amedrentamiento” por parte de jefes paramilitares, quienes habrían hecho seguimientos e inteligencia sobre la periodista con la presunta confabulación de los exdirectores. La abogada de Bedoya, Viviana Krsticevic, afirmó en entrevista con Blu Radio que durante más de dos décadas el caso ha permanecido marcado por la impunidad:“Han sido más de 20 años en los que los responsables directos e indirectos han evadido a la justicia, mientras Jineth ha tenido que vivir bajo amenazas constantes que han truncado no solo las investigaciones periodísticas, sino también los avances judiciales de un caso emblemático”.La jurista también destacó que este proceso ha estado atravesado por un contexto de hostigamientos contra la periodista, quien, a pesar de ello, ha persistido en su búsqueda de justicia para la reparación y la no repetición de este tipo de casos.El documento también vincula a Evangelista Basto Bernal, exintegrante del Frente Capital de las AUC, señalado de coordinar acciones criminales fuera del penal, como el atentado contra Wilson Borja. Según varios testigos, Basto habría tenido conocimiento directo del ataque contra Jineth Bedoya y se reunía con paramilitares dentro de la cárcel.La Fiscalía concluye que los exfuncionarios tenían no solo la obligación jurídica de evitar la consolidación de la estructura criminal, sino también la capacidad de impedirla. Sin embargo, optaron por promoverla o permitirla, lo que derivó en la materialización de delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo agravado, tortura y acceso carnal violento agravado.El caso avanza bajo la Ley 600 del año 2000. Lo que sigue es la indagatoria de los vinculados y la resolución de su situación jurídica, que podría incluir la imposición de medidas de aseguramiento. Los postulados en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pasarán a ese tribunal, mientras que quienes no estén acogidos a esa jurisdicción continuarán en la justicia ordinaria.
La Fiscalía General de la Nación anunció la vinculación formal de 5 exfuncionarios y un exintegrante de las AUC, entre ellos, dos generales en retiro, por los hechos violentos ocurridos contra la periodista Jineth Bedoya Lima el 25 de mayo de 2000, cuando fue secuestrada, torturada y víctima de violencia sexual en inmediaciones de la cárcel La Modelo de Bogotá.Las personas vinculadas son el exdirector de la Dijin de la Policía Nacional, general en retiro José Leonardo Gallego Castrillón; el exdirector del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), general en retiro Fabio Campos Silva; el exsubdirector del Inpec, Luis Bernardo Maldonado Bernate; el exasesor de la Dirección del Inpec, Jaime Gallo Zuleta; el exdirector de la cárcel La Modelo de Bogotá, Reinaldo Fierro Rico; y el exintegrante del Frente Capital de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Evangelista Basto Bernal.De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, estos exfuncionarios, en ejercicio de sus cargos, habrían omitido sus deberes constitucionales y permitido que paramilitares privados de la libertad ejercieran control ilegal dentro de La Modelo. En este contexto, se habría facilitado el ingreso de armas y elementos prohibidos, así como la realización de reuniones donde se planearon seguimientos y acciones de hostigamiento contra la comunicadora.La Fiscalía sostiene que la violencia ejercida contra Bedoya no fue un hecho aislado, sino parte de un esquema sistemático de intimidación y violencia de género, en el que agentes del Estado habrían tenido una participación por omisión o complacencia.Estas seis personas fueron vinculadas por los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo agravado, tortura y acceso carnal violento agravado.
Ante el Congreso de la República, se hizo entrega del fondo creado con la ley 'No es hora de callar'. Este fondo, que será administrado por el Ministerio de la Igualdad, tiene como objetivo brindar protección y apoyo a las periodistas colombianas. Así se lo explicó a Mañanas Blu con Camila Zuluaga, la periodista Jineth Bedoya. Se espera que esté reglamentado antes del final de este año, para que así pueda comenzar a funcionar en el 2025. Una de las principales preocupaciones es que el dinero asignado al fondo efectivamente llegue a donde debe llegar y cumpla con su propósito de proteger a las periodistas. Se propone que sea declarado patrimonio autónomo, lo que permitiría una correcta administración y supervisión de los recursos. Además de la protección y apoyo directo a las periodistas, se ha planteado destinar una partida especial para brindar asistencia psicológica o emocional a las familias. Esto con el fin de ayudar a los seres queridos de las periodistas a lidiar con las consecuencias emocionales de su labor. Esta medida de reparación busca también combatir el lenguaje estigmatizante y sexista que suele caer sobre las periodistas y mujeres en general. Se espera que el fondo pueda fortalecer las voces de las periodistas, especialmente las que se encuentran en regiones afectadas por el conflicto armado. El presidente Gustavo Petro ha sido criticado por utilizar un lenguaje estigmatizante hacia las periodistas y ha generado una ola de odio contra ellas. Aunque el Gobierno ha apoyado la creación de este fondo, existe una discrepancia entre las acciones del presidente y la voluntad de proteger y valorar la labor periodística. Este fondo para proteger a las periodistas en Colombia representa un avance significativo en la lucha por la seguridad y el respeto a la labor periodística.Escuche la entrevista completa aquí:
En medio de la audiencia de seguimiento que la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizó sobre su caso, la comunicadora Jineth Bedoya declaró que desistió en que la Fiscalía continúe con la investigación por falta de avance en la misma.“Yo desisto de que la Fiscalía siga haciendo estas investigaciones porque ellos no tienen ni la voluntad de investigar ni tienen una línea de investigación”, declaró la comunicadora.También recalcó que es un revictimizante escuchar los argumentos que tiene el Estado sobre su caso, afirmando que, en vez de llegar con resultados, han dicho “mentiras delante de los jueces de la Corte”.Cabe recordar que el 25 de mayo del 2000, la periodista Jineth Bedoya fue secuestrada en la cárcel La Modelo de Bogotá, en dónde denunció agresiones verbales, físicas y sexuales, presuntamente cometidas por exparamilitares.Por otro lado, el Juez Ricardo C. Pérez, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, anunció: “La Corte va a emitir en corto tiempo una resolución de supervisión de cumplimiento de sentencias donde va a analizar toda la información recibida, en el caso de la periodista Jineth Bedoya.Le puede interesar:
Sin la presencia del presidente Gustavo Petro, se cumplió en la Plaza de Armas del Palacio de Nariño el evento de conmemoración del Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de la violencia sexual.La primera en intervenir fue la periodista Jineth Bedoya, quien además es embajadora de la ONU en la lucha contra la violencia sexual, un reconocimiento que se da por su trabajo constante de alzar la voz de las mujeres que han sido víctimas de la violencia, principalmente, en medio del conflicto armado en el país.Durante su discurso hizo un duro reclamo a algunos de los grupos que dicen querer estar en la paz total, específicamente al Clan del Golfo y a las disidencias, por explotación sexual.“Ahora rebautizados como el Clan del Golfo, los mismos paramilitares criminales reciclados que tienen entre su mayor holding delincuencial el reclutamiento de menores para esclavitud y explotación sexual”, reclamó Bedoya.Y advirtió de forma contundente: “¿Sabían ustedes que ellos venden las vidas y los cuerpos de las niñas a sus supuestos enemigos?, ¿que hoy están negociando niñas con las disidencias de las Farc? Esos son los que prometen entrar a la paz total, mientras siguen comercializando a seres humanos”.Tanto Bedoya como la lideresa social Yolanda Perea le insistieron a la JEP que abra el macrocaso 11 sobre violencia sexual en el marco del conflicto armado.Puede ver:
Por petición de un fiscal de la Dirección de Justicia Transicional, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá excluyó del proceso especial de la Ley de Justicia y Paz a Jesús Emilio Pereira Rivera, alias ‘Huevo e Pisca’, exintegrante de las extintas AUC y responsable de la violación y tortura de la periodista Jineth Bedoya Lima.El proceso especial de 'Huevo e Pisca' se excluyó de la Ley de Justicia y Paz porque la Fiscalía demostró que Pereira Rivera incumplió su compromiso de esclarecer y dar la verdad completa y veraz sobre el caso de Bedoya Lima, ocurrido en mayo de 2000."En la investigación se constató que la comunicadora llegó a la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá para realizar una entrevista a Mario Jaimes Mejía, alias 'Panadero'. En el centro penitenciario fue intimidada por dos hombres, entre los que se encontraba Pereira Rivera, quienes se la llevaron en un carro hacia la ciudad de Villavicencio. En el lugar, Bedoya Lima fue retenida, torturada y abusada sexualmente. Posteriormente, fue abandonada en vía pública”, explicó la Fiscalía General de la Nación.Por este caso, el exparamilitar fue condenado a 40 años y seis meses de prisión. Además, por este crimen cometido por los paramilitares del Bloque Centauros, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encontró a Colombia como responsable del secuestro y la violación de la comunicadora, debido a lo que fue la falta de debida diligencia a la hora de hacer las investigaciones sobre dichos hechos.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca las preguntas que rodean la salud del mandatario nacional:
Un nuevo accidente quedó registrado en video en Bogotá, luego de que un motociclista grabara el momento exacto en que sufrió un aparatoso choque mientras transitaba por el carril exclusivo de TransMilenio en la calle 26.De acuerdo con las imágenes que circulan en redes sociales, un grupo de motociclistas, que al parecer participaba en una rodada, decidió ingresar de manera ilegal al corredor exclusivo del sistema de transporte masivo con el objetivo de grabar el recorrido.En el video se escucha a uno de los conductores preguntarles a sus compañeros: “¿Por dónde nos vamos a botar?”, mientras otros responden que continuarían “por allá abajo”. Instantes después, el mismo motociclista consulta si seguirían “por la Séptima”, recibiendo una respuesta afirmativa.Sin esperar el cambio del semáforo y desatendiendo las normas de tránsito, varios integrantes del grupo invadieron el carril de TransMilenio y comenzaron a movilizarse en contravía desde el sector de la estación Universidades.Sin embargo, en medio del túnel de la calle 26, apareció un bus articulado que circulaba en su sentido correspondiente. En un intento por evitar una colisión frontal, uno de los motociclistas realizó una maniobra brusca, pero terminó siendo alcanzado por el vehículo del sistema.Accidente quedó en videoTras el impacto, el conductor perdió el control de la motocicleta y terminó chocando violentamente contra una pared. El video también captó el momento en que quien iba grabando terminó colisionando contra la moto accidentada y el motociclista herido, mientras otros compañeros intentaban auxiliarlo.El hecho generó rechazo en redes sociales y provocó una reacción por parte de TransMilenio, que condenó este tipo de conductas y advirtió sobre el riesgo que representa invadir los carriles exclusivos del sistema.
Hasta los restaurantes están sufriendo por la ola de calor en la región Caribe, sobre todo en Cesar, ya que es uno de los departamentos que rompió récords históricos en temperatura con promedios de 38 grados celsius; sumado a los recortes de energía que la empresa Afinia se ha obligado a realizar para garantizar la demanda en su jurisdicción.Desde la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica solicitan que sean mejor concertados estos racionamientos energéticos, ya que las tarifas subirán en un 15 % y así no tendrán clientes para pagarlas.Javier Arroyo, director ejecutivo de Acodres Cesar, señala como ejemplo este lunes festivo en el que estarán casi todo el día sin luz y perderán un día con mucho movimiento. Del mismo modo, explica que, al ser establecimientos comerciales, los electrodomésticos deben ser usados con más permanencia y eso explica los incrementos tan altos en las tarifas.“Subiremos en un 10 o un 15% más sobre el servicio normal, pues los electrodomésticos se ven forzados a mantenerse en uso la mayor cantidad de tiempo posible. Cuando hay mantenimientos de la empresa Afinia, siempre dejamos de percibir un rubro importante de dinero, ya que una facturación en restaurantes vive del día a día, de la venta diaria, aunque haya una proyección anual”, declaró en entrevista con Blu Radio.Además, critica que los clientes llegan a sus sedes buscando un ambiente más agradable pero gracias a los cortes de Afinia eso no ha sido posible. En su intervención, Arroyo menciona que varios restaurantes se están viendo obligados a realizar una millonaria inversión para la compra de plantas electricas, para así operar sin ningún contratiempo.La Gobernación del Cesar no tardó mucho tiempo en pronunciarse por las redes sociales: No tiene justificación alguna el que Afinia someta a los cesarenses a situaciones como las de hoy, en que con altísimas temperaturas interrumpa el servicio eléctrico. Esta empresa impacta de manera negativa en la salud de quienes requieren servicios asistidos, retrasan la competitividad del territorio, golpean la economía del pueblo, burlan al usuario y denotan que no es equitativo el precio de la factura frente a la calidad del servicio. Este es un llamado a que le den al Cesar el servicio digno que se necesita”.
Lo que era una noche ambientada con música a todo volumen terminó interrumpida por disparos tras un atentado criminal que este fin de semana dejó a siete personas heridas al interior de un billar en el barrio Villa San Pedro ll, en Barranquilla.Lo que se sabe hasta el momento es que un hombre llegó haciéndose pasar como cliente y caminó hasta donde departía Julio César Orozco Estrada junto a varios amigos para propinarle múltiples disparos. Al verlo caer al suelo, los conocidos habrían intentado evitar la huida del sicario, quien solo se volteó y les disparó a quienes lo perseguían.Por tal motivo, las autoridades también reportaron lesiones en Jose Laguna Herrera, de 53 años; Brandon Daniel Arzuza Zacaro, de 24; Luis Alfonso Ramos Portillo, de 65; Mayra Alejandra Tabares Shobrob, de 38, Francisco Polo Barón, de 44 y Luis Alberto Mestra Vega, de 32. En videos de camara de seguridad se puede ver como todos son llevados hacia centros asistenciales en motocicletas y bajo un ambiente de desesperación.La Policía Metropolitana informó que en la zona hay injerencia de la banda Los Costeños y que Julio César Orozco, contra quien iba el atentado aparentemente, tiene cinco anotaciones judiciales por delitos como lesiones personales, violencia intrafamiliar, actos sexuales violentos, fuga de presos y lavado de activos.Del mismo modo, se ganaba la vida como gota a gota por lo que la principal hipótesis hasta el momento va ligada a su oficio.Otros atentadosEsa no fue la misma suerte para Tomás Enrique Velásquez Zarabia, alias de 'El comando', en el barrio 7 de Abril, en Barranquilla. Hombres armados ingresaron a su vivienda y no se marcharon de allí para cerciorarse de que perdiera la vida.Pese a que la víctima de 46 años fue trasladada hacia un hospital, médicos de turno reportaron que ya no tenía signos vitales.Entre los datos entregados por la Policía Metropolitana está que alias 'El comando' era un presunto integrante de 'Los Pepes' que además se ganaba la vida como taxista.
El presidente Donald Trump anunció el lunes que pospuso un ataque contra Irán previsto para el martes, en respuesta a una petición de dirigentes de países del Golfo, y afirmó que se están llevando a cabo "negociaciones serias" con Teherán.Sin embargo, también dijo que Estados Unidos está preparado para lanzar un "ataque total, a gran escala contra Irán, de manera inmediata, en caso de que no se logre un acuerdo aceptable", según un mensaje publicado en su plataforma Truth Social.El republicano precisó que la petición de suspender la operación militar procede de los dirigentes de Catar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, quienes, según él, consideran que es posible alcanzar un acuerdo.Cualquier pacto, dijo el republicano, debe garantizar que Irán no desarrolle un arma nuclear.Más temprano el lunes, la cancillería iraní aseguró haber respondido a una nueva propuesta estadounidense destinada a poner fin a la guerra.Washington y Teherán se han intercambiado propuestas de acuerdo para terminar con el conflicto desencadenado por los ataques de Estados Unidos e Israel contra la República islámica el 28 de febrero, pero solo han llevado a cabo un ciclo de conversaciones pese al precario alto al fuego."Como anunciamos ayer, nuestras preocupaciones fueron transmitidas a la parte estadounidense", declaró en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai.El vocero añadió que los intercambios "continúan a través del mediador pakistaní", sin ofrecer más detalles.El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, declaró en un mensaje en X que "dialogar no significa capitular"."La República Islámica de Irán entabla el diálogo con dignidad, autoridad y respeto por los derechos de la nación, y en ningún caso renunciará a los derechos legítimos del pueblo y del país", señaló. Irán, "preparado" para un eventual enfrentamiento Sobre la posibilidad de otro enfrentamiento militar, Baqai dijo que Irán está "totalmente preparado para cualquier eventualidad".La agencia de noticias iraní Fars informó el domingo que Washington había presentado una lista de cinco puntos, que incluía una exigencia de que Irán mantenga en funcionamiento únicamente un sitio nuclear y transfiera su reserva de uranio altamente enriquecido a Estados Unidos.El reporte señaló que Estados Unidos también había dejado claro que solo cesaría las hostilidades cuando Teherán participe en negociaciones de paz formales.En una propuesta anterior, enviada la semana pasada, Irán había pedido el fin de la guerra en todos los frentes, incluida la campaña de Israel en Líbano, así como el cese del bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes vigente desde el 13 de abril.También pedía el levantamiento de todas las sanciones estadounidenses contra Irán y la liberación de sus activos congelados en el extranjero. La gestión del estrecho de Ormuz Fars señaló que esa propuesta iraní había hecho hincapié en que Teherán seguiría gestionando el estratégico estrecho de Ormuz, que Irán ha mantenido en gran medida cerrado desde el inicio de la guerra.El lunes, el máximo organismo de seguridad de Irán, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, anunció la formación de un nuevo órgano para gestionar el estrecho.En su cuenta oficial de X, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional compartió una publicación de la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA) en la que se indicaba que ofrecería "información en tiempo real sobre las operaciones" en este paso marítimo.Por su parte, los Guardianes de la Revolución afirmaron que los cables de fibra óptica de Internet que atraviesan el estrecho también podrían quedar sujetos a un sistema de permisos."Tras la imposición del control sobre el estrecho de Ormuz, Irán, alegando su soberanía absoluta sobre el lecho y el subsuelo de sus aguas territoriales (...) podría declarar que todos los cables de fibra óptica que atraviesan la vía navegable están sujetos a permisos", afirmó el ejército ideológico de la república islámica en redes sociales. Más de 3.000 muertos en Líbano En el frente libanés, el Ministerio de Salud indicó que los bombardeos israelíes han matado a más de 3.000 personas desde el 2 de marzo, cuando empezó una guerra entre las fuerzas israelíes y el movimiento proiraní Hezbolá.El ministerio registró 3.020 muertos y precisó que entre los fallecidos hay 211 personas menores de 18 años y 116 que eran trabajadores sanitarios. Además, 9.273 personas fueron heridas.En el país rige un precario cese el fuego desde el 17 de abril pero, desde entonces, ambas partes se han acusado mutuamente de violarlo.El presidente libanés, Joseph Aoun, prometió hacer lo que haga falta para poner fin al conflicto.Aoun también recordó que las negociaciones en curso con Israel, que Hezbolá rechaza, buscan sobre todo que las fuerzas israelíes se retiren y que los desplazados puedan regresar a sus casas.
En la terraza de su vivienda en el barrio Las Palmas, suroriente de Barranquilla, fue encontrado este fin de semana por policías el cuerpo sin vida de Alfredo Antonio Gutierrez Peña de 72 años, luego de ser blanco de múltiples heridas con un machete al parecer propiciadas por su propio hermano menor, Adalberto Gutiérrez Peña, de 66 años.El reporte de las autoridades indica que, pasadas las 10:00 de la noche de este domingo, Adalberto habría llegado en estado de alicoramiento hasta su vivienda sobre la carrera 8G con calle 35B junto con el arma cortopunzante. Luego ingresó al cuarto en el que su hermano descansaba y comenzó a golpearlo.Se cree que la reacción de Alfredo Antonio fue levantarse de la cama y solicitar ayuda, pero terminó sin signos vitales —en ese intento— por la gravedad de las heridas. Su hermano ni siquiera intentó fugarse del lugar, por lo que ya fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.Al parecer, el origen de la disputa entre ambos se da por problemas personales y una deuda de dinero, ya que el presunto agresor quería vender la casa que les dejaron sus padres como herencia.Los hechos seguirán siendo investigados por las autoridades competentes.Más violencia Otro homicidio tuvo lugar en el municipio de Baranoa, Atlántico, cuando en la madrugada de este lunes festivo fue asesinado Darwin De Jesús González García, de 34 años, más exactamente en la carrera 16 con calle 20 del barrio Loma Fresca.Tal parece que en el sitio hubo una violenta riña entre varias personas, que se habría extendido hasta en las afueras de un establecimiento comercial del que los expulsaron. Lo curioso es que horas más tarde, Darwin De Jesús González fue hallado sin vida tras ser víctima de un atentado sicarial por sicarios en motocicleta.Los investigadores del caso intentan determinar si hubo alguna relación entre los sucesos, al tiempo que buscan recrear con cámaras de seguridad la ruta de escape de los agresores.