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La Fiscalía General de la Nación dio a conocer un informe de más de 100 páginas en el que detalla los hallazgos que vinculan a cinco exfuncionarios del Estado y a un exintegrante de las AUC en el caso de la periodista Jineth Bedoya Lima, secuestrada, torturada y víctima de violencia sexual el 25 de mayo del año 2000 en inmediaciones de la cárcel La Modelo de Bogotá.
Los vinculados son el exdirector de la Dijín de la Policía Nacional, general en retiro José Leonardo Gallego Castrillón; el exdirector del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), general en retiro Fabio Campos Silva; el exsubdirector del Inpec, Luis Bernardo Maldonado Bernate; el exasesor de la Dirección del Inpec, Jaime Gallo Zuleta; el exdirector de la cárcel La Modelo de Bogotá, Reinaldo Fierro Rico; y el exintegrante del Frente Capital de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Evangelista Basto Bernal.
De acuerdo con el documento, los hechos ocurrieron bajo la “mirada complaciente” de antiguos directivos del Inpec y de la Dijín, quienes habrían permitido la consolidación de un entramado delictivo al interior del penal. Allí se habrían facilitado ingresos irregulares de armas de corto y largo alcance, municiones y explosivos; reuniones con cabecillas paramilitares; omisiones en los traslados de internos peligrosos; y coordinación de operativos que, lejos de controlar el crimen, terminaron beneficiando a la estructura ilegal que dominaba el establecimiento carcelario.
Uno de los señalados es José Leonardo Gallego Castrillón, director de la Dijín entre 1999 y 2000, a quien el expediente atribuye reuniones dentro del pabellón de alta seguridad de La Modelo con los máximos jefes paramilitares. Según testimonios, desde allí se concertaron e impartieron directrices para la ejecución de delitos. También habría recibido pagos periódicos de los líderes de la organización. Su ingreso irregular al penal, asegura la Fiscalía, habría sido facilitado por Luis Bernardo Maldonado Bernate, entonces subdirector del Inpec.
El informe advierte que el crimen contra Bedoya habría sido ordenado como una forma de “intimidación y amedrentamiento” por parte de jefes paramilitares, quienes habrían hecho seguimientos e inteligencia sobre la periodista con la presunta confabulación de los exdirectores. La abogada de Bedoya, Viviana Krsticevic, afirmó en entrevista con Blu Radio que durante más de dos décadas el caso ha permanecido marcado por la impunidad:
“Han sido más de 20 años en los que los responsables directos e indirectos han evadido a la justicia, mientras Jineth ha tenido que vivir bajo amenazas constantes que han truncado no solo las investigaciones periodísticas, sino también los avances judiciales de un caso emblemático”.
La jurista también destacó que este proceso ha estado atravesado por un contexto de hostigamientos contra la periodista, quien, a pesar de ello, ha persistido en su búsqueda de justicia para la reparación y la no repetición de este tipo de casos.
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El documento también vincula a Evangelista Basto Bernal, exintegrante del Frente Capital de las AUC, señalado de coordinar acciones criminales fuera del penal, como el atentado contra Wilson Borja. Según varios testigos, Basto habría tenido conocimiento directo del ataque contra Jineth Bedoya y se reunía con paramilitares dentro de la cárcel.
La Fiscalía concluye que los exfuncionarios tenían no solo la obligación jurídica de evitar la consolidación de la estructura criminal, sino también la capacidad de impedirla. Sin embargo, optaron por promoverla o permitirla, lo que derivó en la materialización de delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo agravado, tortura y acceso carnal violento agravado.
El caso avanza bajo la Ley 600 del año 2000. Lo que sigue es la indagatoria de los vinculados y la resolución de su situación jurídica, que podría incluir la imposición de medidas de aseguramiento. Los postulados en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pasarán a ese tribunal, mientras que quienes no estén acogidos a esa jurisdicción continuarán en la justicia ordinaria.
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