La Corte Suprema de Justicia revocó la sentencia emitida en agosto de 2025 por el Tribunal Superior de Bogotá, que había absuelto a la funcionaria, y en su lugar profirió un fallo condenatorio en segunda instancia.
La exfiscal deberá cumplir más de 4 años de cárcel, además de pagar una multa equivalente a 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, se ordenó la pérdida definitiva del cargo que desempeñaba como Fiscal 49 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
El fallo también negó cualquier beneficio penal, lo que en la práctica significa que la exfuncionaria no podrá acceder ni a la suspensión condicional de la pena ni a la prisión domiciliaria, al tratarse de un delito doloso contra la administración pública.
El proceso contra la exfiscal se originó por una resolución adoptada el 28 de mayo de 2015, cuando decidió revocar la medida de aseguramiento contra Alejandro Cárdenas Orozco, además de precluir la investigación en su favor por todos los delitos relacionados con el ataque a Jineth Bedoya.
Para la Corte Suprema de Justicia, esa determinación fue abiertamente ilegal, pues desconoció de manera flagrante las normas de la Ley 600 de 2000, que regulaban la revocatoria de medidas de aseguramiento y la preclusión de investigaciones.
El alto tribunal también determinó que la exfiscal omitió analizar de manera integral el material probatorio, ignoró contradicciones evidentes en las pruebas sobrevinientes y, sobre todo, pasó por alto la incriminación directa hecha por la propia víctima contra el procesado.
En su análisis, la Sala Penal señaló que las circunstancias del caso, las advertencias previas recibidas por la funcionaria y la evidente ilegalidad de la decisión adoptada permitían concluir que actuó con pleno conocimiento de estar contrariando el ordenamiento jurídico.
El caso hace parte del complejo expediente por los graves hechos ocurridos el 25 de mayo del año 2000 contra la periodista Jineth Bedoya, quien fue secuestrada, torturada y víctima de violencia sexual cuando realizaba una investigación sobre estructuras paramilitares.
Durante años, la investigación ha tenido múltiples giros procesales, entre ellos la aceptación inicial de responsabilidad de Alejandro Cárdenas ante la justicia ordinaria, su posterior retractación en Justicia y Paz y el regreso del proceso a la Fiscalía, escenario en el que se produjo la controvertida decisión de la hoy condenada.