Desde el Gobierno nacional se refirieron al proceso liquidatorio del Ministerio de la Igualdad. En una primera medida, explicaron que en 10 días se han recuperado más de 20.000 millones de pesos.“En apenas 10 días de liquidación recuperamos más de 20.000 millones anualizados, eso equivale a cerca de 6.600 auxilios de arrendamiento para familias damnificadas. Suprimimos los cinco viceministerios, ahorrando, de esa manera, 1.500 millones de pesos al año. Esta semana eliminaremos más de cuarenta cargos directivos con un ahorro de 12.000 millones de pesos al año”, dijo Miller Soto, Vocero del Gobierno.Le puede interesar: Liquidador de Minigualdad suprime viceministerios: ordena cesar contratación y procesos de selecciónSoto también aseguró que se revocaron más de 60 contratos que se habrían firmado a última hora en el gobierno Petro.“Una sola empresa concentraba más de 171.000 millones de pesos, mientras el año pasado apenas se ejecutó el 5% de la inversión. El último ministro aún no entrega las llaves de bodegas de cerca de 16.800 millones de pesos en mercancías de la DIAN. Por estas irregularidades, ya radicamos 13 denuncias: 6 penales, 5 disciplinarias y 2 fiscales”, agregó Soto.
El liquidador del Ministerio de la Igualdad, John Milton Rodríguez, suprimió todos los viceministerios de la entidad, teniendo en cuenta que esta cartera no podrá seguir operando."Que la supresión de los empleos señalados en la presente resolución se efectúa en desarrollo del proceso liquidatorio, por no resultar dichos empleos indispensables para acompañar el proceso de liquidación en su etapa actual. En consecuencia, la presente actuación constituye la materialización progresiva de la supresión de empleos en el marco del proceso liquidatorio", se lee en la resolución firmada por Rodríguez.De esta manera, dejan de existir los viceministerios de la Mujer, Juventud, Pueblos Étnicos y Campesinos, Poblaciones y Territorios Excluidos y Diversidades. Además, las personas que ocupaban esos cargos, según la resolución, tienen 15 días para entregar formalmente expedientes, documentos, claves de acceso y, en general, la información que se venía manejando.Por otro lado, Rodríguez firmó otra resolución por la cual se "adopta el Reglamento de Contratación para la Liquidación del Ministerio de Igualdad". En una primera medida, el documento señala que la entidad no podrá iniciar nuevas actividades en desarrollo de su objeto social; es decir, todas las acciones que se van a tomar deben estar encaminadas a la liquidación."Se consideran necesarios para la liquidación, entre otros, los contratos cuyo objeto corresponda a: representación judicial y extrajudicial y defensa de los intereses de la entidad; avalúos, inventarios y saneamiento de activos; organización, digitalización, custodia y transferencia de archivos; revisoría fiscal y auditoría; aseo, vigilancia, servicios públicos domiciliarios, arrendamiento y soporte tecnológico indispensables para el funcionamiento del equipo liquidador; y apoyo profesional y técnico al proceso liquidatorio", señala la resolución.De esta manera, quedó prohibido adelantar procesos de selección o suscribir contratos cuyo objeto corresponda al desarrollo de las funciones misionales de la entidad."La competencia para adelantar procesos de selección, suscribir contratos, ordenar el gasto y ejercer las facultades excepcionales se radica en el Liquidador, en su condición de representante legal, en sustitución de la atribución prevista en el numeral 1.6 del Manual de Contratación", se lee en el documento.
El liquidador del Ministerio de la Igualdad, Jhon Milton Rodríguez, declaró insubsistentes a dos viceministros que no habían presentado renuncia y venían del gobierno Petro. En el mismo sentido se terminó el encargo de otros dos viceministros.“Las obligaciones y nóminas pendientes causadas entre el 21 de junio y el 19 de agosto serán auditadas una por una para desembolsar únicamente lo que cuente con estricto sustento jurídico y laboral, mientras el Gobierno asume el control directo de FonIgualdad con la meta de revisar nóminas paralelas y recuperar cerca de 200.000 millones de pesos necesarios para atender la emergencia económica y a las víctimas del terremoto”, señaló Rodríguez. La viceministra de las mujeres, Tamara Ospina, fue declarada insubsistente, al igual que el viceministro de juventudes, Pablo Zabala.Las resoluciones de terminación de encargo sin para la viceministra de los pueblos étnicos y campesino, Aura Tegria, y pata el viceministro de poblaciones y territorios excluidos, Santiago Salinas.“Se ordenó la supresión inmediata de toda la estructura viceministerial, la terminación de encargos no esenciales y la radicación de denuncias ante los organismos de control competentes por posibles detrimentos patrimoniales”, explicó Rodríguez.Corrección de la información: de acuerdo con los soportes enviados por Tamara Ospina Posse, esta funcionaria informó a Blu Radio que había presentado su renuncia al cargo antes de las declaraciones realizadas por el liquidador del Ministerio de la Igualdad, asunto de esta nota.Así mismo, se indica que para la fecha de esta nota, el liquidador declaró que se había tomado la decisión de declarar insubsistente a dos de los viceministerios, sin conocer en dicho momento a qué funcionarios correspondían.
La Procuraduría abrió una indagación previa para establecer si existieron posibles irregularidades en la celebración del contrato entre Ministerio de Igualdad y la empresa Laborando S.A.S. por un valor de $30.275.999.986 para vincular a 1.270 personas que apoyarían la gestión operativa del programa 'Jóvenes en Paz', durante un periodo de ejecución de cuatro meses, entre el 1 de julio y el 31 de octubre de 2026.El Ministerio Público decidió iniciar la indagación tras conocer denuncias públicas y pronunciamientos de servidores públicos que cuestionan la conveniencia y legalidad de la contratación en especial, teniendo en cuenta que ese contrato se suscribió cuando el Ministerio de Igualdad y Equidad se encuentra en proceso de liquidación y no está clara la necesidad y el alcance de este tipo de compromisos administrativos.Otro de los puntos que revisará el organismo de control es el anticipo pactado en el contrato, equivalente al 30 % de su valor total, es decir, $9.082.799.996. También evaluará si la contratación respondió a una necesidad real del servicio o si pudo comprometer recursos públicos para los meses siguientes, como lo señalan algunas de las denuncias conocidasEn medio de esto, la Procuraduría ordenó recaudar pruebas documentales, entre ellas las hojas de vida de los directivos involucrados, los antecedentes administrativos del proceso contractual, los informes sobre los pagos efectuados y otros documentos relacionados con la celebración y ejecución del contrato. Asimismo, solicitó copia de la Sentencia C-161 de 2024 de la Corte Constitucional, mediante la cual se declaró inexequible la norma que dio origen al Ministerio de Igualdad y Equidad.
La Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por la liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad y le solicitó al Gobierno nacional adoptar medidas urgentes para garantizar que la transición institucional no afecte la atención de poblaciones históricamente discriminadas ni interrumpa programas y políticas públicas.El pronunciamiento se conoció luego de que el Gobierno expidiera el Decreto 626 de 2026, con el que se formalizó la liquidación de la cartera. La decisión se produjo en cumplimiento de la Sentencia C-161 de 2024 de la Corte Constitucional, que declaró inexequible la ley que creó el ministerio y dio plazo hasta el cierre de la legislatura 2025-2026 para corregir los vicios identificados.En un comunicado, la Defensoría advirtió que persiste incertidumbre sobre la forma en que se trasladarán las funciones del ministerio y cómo se garantizará la continuidad de las políticas dirigidas a mujeres, personas LGBTIQ+, pueblos étnicos, personas con discapacidad, jóvenes, adultos mayores, población migrante y comunidades campesinas, entre otros grupos de especial protección constitucional.El organismo también expresó preocupación porque varias funciones pasarán al Ministerio del Interior y al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social bajo un criterio de “costo cero”, sin que, hasta el momento, existan garantías claras sobre la disponibilidad de recursos, la capacidad técnica o la coordinación institucional necesaria para mantener los programas.Entre las principales alertas figuran el posible impacto sobre fondos estratégicos como “No es Hora de Callar”, “Todos Somos PAZcífico” y el Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad, además del riesgo de que se interrumpan políticas relacionadas con la equidad de género, los sistemas de cuidado y la prevención de violencias contra las mujeres.La Defensoría recordó además que el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), de la Organización de los Estados Americanos, pidió recientemente al Estado colombiano preservar los avances alcanzados en materia de institucionalidad de género y evitar retrocesos en la protección de los derechos de las mujeres. Por ello, el organismo solicitó al Gobierno publicar una hoja de ruta detallada que defina qué funciones serán trasladadas, a qué entidades, con qué presupuesto y cómo se garantizará la continuidad de los programas, los fondos y los espacios de participación ciudadana.También pidió conservar los equipos técnicos especializados y asegurar que la transición no implique una disminución en la capacidad del Estado para responder a las desigualdades estructurales.La liquidación del Ministerio de Igualdad también ha generado incertidumbre entre sus trabajadores. El pasado 22 de junio, decenas de funcionarios permanecieron en las instalaciones de la entidad a la espera de definiciones sobre la situación laboral de más de 600 personas que podrían perder su empleo como consecuencia del cierre de la cartera.El Ministerio de Igualdad fue creado en 2023 y tuvo como primera ministra a la entonces vicepresidenta Francia Márquez. Posteriormente, la entidad estuvo dirigida por Carlos Alfonso Rosero, Juan Carlos Florián Silva y, más recientemente, Alfredo Acosta Zapata. Según el decreto de liquidación, varias de sus funciones serán asumidas por otras entidades del Estado, entre ellas el Ministerio del Interior y Prosperidad Social.
El presidente Gustavo Petro expidió la Directiva Presidencial 05 de 2026, mediante la cual ordena a varias entidades del Gobierno Nacional adelantar acciones para garantizar la continuidad de los programas y políticas que estaban a cargo de esta cartera, cuya existencia está próxima a terminar tras la decisión de la Corte Constitucional que tumbó la ley que la creó y las dificultades para tramitar una nueva iniciativa en el Congreso.La directiva está dirigida a los ministerios del Interior, Hacienda y Justicia, así como al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y al Departamento Administrativo de la Función Pública. El objetivo es coordinar una transición institucional que permita mantener en funcionamiento las estrategias destinadas a atender a poblaciones discriminadas, vulnerables o sujetas de especial protección constitucional.En el documento, el Gobierno reconoce que la Ley 2281 de 2023, mediante la cual se creó el Ministerio de Igualdad, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional y que, pese a la radicación de un nuevo proyecto de ley para restablecer la entidad, este no logró avanzar lo suficiente en el Congreso antes del vencimiento del plazo fijado por el alto tribunal.Ante ese escenario, Petro ordenó a las entidades involucradas adelantar los trámites necesarios para expedir los decretos que permitan reorganizar las funciones, los programas, el personal y la estructura administrativa que actualmente dependen del Ministerio.La directiva también establece tareas específicas para varias entidades. Función Pública deberá brindar acompañamiento técnico en asuntos relacionados con empleo público, organización administrativa y gestión institucional. Por su parte, el Ministerio de Hacienda tendrá que evaluar la viabilidad financiera y presupuestal de las medidas que se adopten durante la transición.El Departamento Nacional de Planeación deberá garantizar que las decisiones que se tomen estén alineadas con el Plan Nacional de Desarrollo y las metas del Gobierno. Entre tanto, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado deberá acompañar el proceso para prevenir eventuales demandas y proteger los derechos laborales de los funcionarios vinculados a la cartera.La directiva concluye con una instrucción para que los ministros y directores de las entidades involucradas adopten de manera inmediata las medidas necesarias para asegurar una transición ordenada. Además, fija como fecha límite el próximo 17 de junio para remitir a la Secretaría Jurídica de la Presidencia los actos administrativos requeridos para implementar la reorganización.
El Gobierno nacional intensificó su ofensiva política y jurídica para garantizar la continuidad del Ministerio de Igualdad y Equidad, teniendo en cuenta que en menos de 48 días vence el plazo impuesto por la Corte Constitucional para corregir los vicios de procedimiento señalados por el alto tribunal el año pasado y evitar la eventual desaparición de la entidad.Por eso, es que en las últimas horas se reactivó el debate en el Congreso de la República, bajo el mensaje de urgencia, puntualmente en las sesiones conjuntas de las comisiones primeras. Allí se discute no solo la viabilidad jurídica del ministerio, sino su papel en la arquitectura institucional del Estado.Sin embargo, este debate ya enfrenta cerca de 190 proposiciones radicadas por los congresistas con diferentes solicitudes sobre el contenido del proyecto legislativo.Es por eso que, en paralelo, el ministerio activó mecanismos jurídicos para blindar su continuidad, entre ellos solicitudes ante la Corte Constitucional para ampliar el plazo de cumplimiento, consultas al Consejo de Estado y peticiones de aclaración sobre el alcance de la sentencia.Estas acciones buscan ganar tiempo y reducir los riesgos de un vacío institucional que podría afectar la ejecución de políticas públicas dirigidas a poblaciones vulnerables.Y es que, desde el inicio del Gobierno Petro, los problemas han sido tanto procedimentales como políticos: no ha sido posible lograr consensos entre los congresistas, en medio de tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo y de críticas persistentes hacia la gestión del ministerio. Incluso el desgaste institucional ha sido evidente pues la cartera ha tenido al menos tres ministros tras la salida de la vicepresidenta Francia Márquez.
En un avance histórico para la libertad de prensa y los derechos de las mujeres en Colombia, la viceministra de las Mujeres, Tamara Matea Ospina, confirmó la reglamentación del fondo "No es hora de callar". Esta iniciativa, que cuenta con una asignación anual de 2.000 millones de pesos, surge como cumplimiento a las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en favor de la periodista Jineth Bedoya. Fondo No es hora de callar: reparación y protección para periodistasEl fondo tiene como objetivo principal financiar proyectos que protejan y fortalezcan a las mujeres periodistas y, por petición expresa de Bedoya, se ha incluido de manera fundamental a las comunicadoras populares y comunitarias.Según la viceministra, en diálogo con Mañanas Blu, el enfoque no se limita únicamente a profesionales con formación académica, sino que busca llegar a los territorios donde las mujeres ejercen la comunicación desde lo organizativo y comunitario. La gobernanza de este recurso estará a cargo de un comité decisorio integrado por el Ministerio de Igualdad, el Viceministerio de las Mujeres, la propia Jineth Bedoya y un representante de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)Este equipo definirá el 27 de marzo las tres primeras líneas de inversión, enfocadas en la prevención, atención integral y protección de las mujeres en el ejercicio de su labor informativa. La continuidad del Ministerio de Igualdad ante la Corte ConstitucionalFrente a la incertidumbre generada por el fallo de la Corte Constitucional que señaló vicios de procedimiento en la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad, la viceministra Ospina aclaró que la entidad no tiene una "fecha de caducidad" definitiva para junio de 2026.Actualmente, cursa en el Congreso un proyecto de ley radicado en diciembre que busca subsanar dichos errores y garantizar la permanencia de la institución. Incluso en un escenario donde el ministerio desapareciera, la viceministra aseguró que el mecanismo nacional de género y el fondo "No es hora de callar" tienen garantizada su continuidad institucional."El viceministerio de las mujeres no debe retroceder en su jerarquía institucional; el fondo quedaría adscrito al mecanismo de género, independientemente de su ubicación en la arquitectura del Estado", enfatizó Ospina.Ejecución presupuestal y metas del Viceministerio de las MujeresA pesar de las críticas iniciales sobre la baja ejecución presupuestal del ministerio, la viceministra defendió la gestión actual, señalando que el Viceministerio de las Mujeres ya tiene la mayor parte de su presupuesto asignado y en ejecución.Ospina explicó que la complejidad de crear una entidad desde cero para atender a 13 poblaciones de especial protección retrasó el arranque, pero que actualmente el "carro ya arrancó" con una cobertura nacional importante.Los proyectos actuales no solo incluyen la protección a periodistas, sino también estrategias de transversalización del enfoque de género y atención a poblaciones históricamente olvidadas, como las mujeres cabeza de familia y aquellas en actividades sexuales pagas. Escuche aquí la entrevista:
El ministro de Igualdad y Equidad, Alfredo Acosta, confirmó que el viceministro Acxan Duque fue retirado de su cargo por decisión directa de la cartera y no por voluntad propia, como el funcionario había señalado previamente en medios de comunicación.Según explicó el ministro, la medida se adoptó en medio de las investigaciones internas que adelanta el Ministerio. “Se apartó del cargo y aquí hay una decisión del ministerio para adelantar todos los procesos con las garantías para que se dé claridad y se proteja a la víctima”, afirmó Acosta.El caso se originó por la denuncia contra Duque, quien habría enviado una imagen íntima a una funcionaria de la entidad sin su consentimiento. Aunque el exviceministro ha reconocido el envío de la fotografía, aseguró que se trató de un error y que la imagen estaba destinada a otra persona.En conversación con Blu Radio, sostuvo que su salida había sido una decisión personal y argumentó que su permanencia en el cargo podría afectar el trámite de la iniciativa legislativa que busca evitar la desaparición de esta entidad.“Si yo permanezco en el cargo, no se puede avanzar en los trámites legislativos porque se va a utilizar esa situación como un comodín para retrasar que pase el proyecto de ley. Por esa razón yo renuncio al ministerio, y además yo pienso que uno debe defenderse por fuera de la institucionalidad para no afectar su correcto funcionamiento”, afirmó en ese momento.El caso ya fue trasladado a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría. No es la primera vez que el Ministerio de Igualdad y Equidad tiene denuncias de este tipo. El 21 de febrero de 2025 se conoció el caso de una funcionaria que renunció a la cartera por un caso de acoso sexual y laboral en contra del viceministro Nelson Lemus.“El viceministro hacía insinuaciones incómodas y, en una ocasión, me tomó de la mano y acarició mi brazo frente a colegas", contó.Al ser consultada sobre cómo abordó la situación dentro del ministerio, indicó que inicialmente trató de comunicar lo que estaba sucediendo a figuras cercanas al viceministro. Sin embargo, las respuestas que recibió fueron desalentadoras.
El fondo contará con un presupuesto anual de $2.000 millones provenientes del Presupuesto General de la Nación, y para este año ya se realizó un primer desembolso a través del Ministerio de Hacienda. Bedoya aseguró que esta medida es el resultado de más de dos décadas de lucha tras haber sido víctima de violencia sexual mientras ejercía su labor periodística. “Llegamos a este punto después de 25 años de lucha y 26 años de haber enfrentado la violencia sexual por hacer periodismo. Yo llegué a la cárcel Modelo a hacer un reportaje que nunca pude publicar, pero que espero que este año la vida me dé la oportunidad de hacerlo”, afirmó.Según la periodista, el trabajo inconcluso aborda un entramado criminal que involucraría a miembros de la fuerza pública y grupos armados en delitos contra mujeres. Sin embargo, enfatizó que el objetivo del fondo va más allá de cualquier reparación económica. “Ninguna retribución económica quita el dolor. Lo que soñé es una herramienta que proteja a todas las mujeres que comunican, más aún en un contexto donde los medios están en crisis por la violencia y el acoso sexual en las salas de redacción”, señaló. Bedoya también advirtió que ha conocido casos de periodistas que han abandonado su oficio por falta de garantías. “Este fondo es la respuesta: entregar ayuda, herramientas y respaldo para que haya menos mujeres censuradas y estigmatizadas en Colombia”, agregó.La periodista también cuestionó los obstáculos que, según ella, han surgido desde el propio Gobierno para la implementación de esta iniciativa. “Es un llamado a funcionarios que han puesto el palo en la rueda para que esto salga adelante. El 7 de agosto se les acaba su papel como funcionarios públicos, pero a mí nunca se me apaga la voz de periodista”, expresó. El fondo ‘No es hora de callar’ funcionará como una cuenta adscrita al Ministerio de Igualdad y Equidad. Sin embargo, el futuro de esta cartera es incierto y se está debatiendo en el Congreso su posible desaparición. En ese escenario, la ley establece que el fondo pasaría a ser administrado por otra entidad del Gobierno que asuma las funciones de MinIgualdad.
Un creador de contenido, labor que alternaba con el oficio de preparar y despachar tacos, fue asesinado a tiros presuntamente por dos sujetos mientras atendía en un negocio comida en la ciudad de Ciudad Obregón, estado mexicano de Sonora, noroeste del país, informaron autoridades estatales.Según medios locales, el creador de contenido era conocido en redes sociales como 'El Piturris' y respondía al nombre de José Luis Esparza, quien fue asesinado a balazos mientras trabajaba en una taquería en la colonia (barrio) Reforma, en Ciudad Obregón.En un comunicado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que investigaba un homicidio con proyectil de arma de fuego en agravio de un taquero en la citada ciudad,Señaló que de acuerdo con los primeros datos, la víctima, de 37 años, "fue agredida mientras atendía la taquería por un sujeto que posteriormente huyó a bordo de una motocicleta junto con otra persona".En el lugar, explicó la institución, fueron recolectados dos casquillos calibre 40, como parte de los indicios que serán analizados.Según versiones, mientras el hombre trabajaba en el negocio de su familia un sujeto se acercó, ubicó a José Luis y disparó en su contra, tras la agresión, el atacante escapó del lugar a bordo de una motocicleta conducida por otro sujeto.Luego de la agresión, la víctima fue atendida por paramédicos y trasladada a un hospital cercano, donde más tarde perdió la vida.Esparza era un creador de contenido que narraba con humor su oficio de taquero, su conocimiento popular de la cultura de Sonora y contaba con unos 90.000 seguidores en las redes sociales Instagram y Facebook, además transmitía un pódcast.La FGJES precisó que mantenía abierta la investigación en relación con los hechos registrados en una taquería ubicada la colonia Reforma, donde un taquero perdió la vida tras ser agredido con proyectiles de arma de fuego.También dijo que está a la espera del trabajo de campo de los agentes de servicios periciales, los resultados de la necropsia y el análisis de los elementos balísticos hallados en el lugar de los hechos, esto con el propósito de "establecer las circunstancias del hecho y determinar con qué otros asuntos pudiera estar relacionado el homicidio".El pasado 5 de agosto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que las autoridades buscarán detener tanto a los autores materiales, como a los intelectuales, del asesinato del creador de contenido César Gastélum en plena transmisión, ocurrida un día antes en Culiacá, Sinaloa.
Las personas que requieren revisar su estado financiero en las centrales de riesgo cuentan con un nuevo canal digital para entender sus datos de historial crediticio.La plataforma Midatacrédito presentó la versión EVA 2.0, un asistente virtual impulsado por inteligencia artificial diseñado para resolver inquietudes sobre reportes negativos, deudas pendientes y calificación de score mediante una interacción en formato de conversación.Cómo funciona el asistente para resolver dudas de créditoDe acuerdo con lo informado por la entidad, la herramienta permite que el ciudadano consulte su información financiera mediante preguntas directas en lenguaje sencillo.Entre las gestiones y dudas que el sistema ayuda a interpretar se encuentran:La identificación de los motivos por los cuales una persona aparece reportada ante las centrales.El estado del reporte tras realizar el pago de una obligación pendiente.La entidad o institución específica que generó un reporte en la plataforma.Orientación inicial y pasos a seguir ante sospechas de fraude o suplantación de identidad.Alternativas y pautas para buscar un incremento en el puntaje o score crediticio.Uso de tecnología financiera en el paísLa implementación de este tipo de canales se da en medio de un aumento en el uso de herramientas tecnológicas por parte de los usuarios del sistema financiero en Colombia.Según el estudio Cómo la innovación y la IA están transformando la inclusión crediticia en Colombia, elaborado por la firma DataCrédito Experian, el 59 % de los ciudadanos encuestados afirmó haber utilizado servicios financieros impulsados por inteligencia artificial en el último año.Asimismo, el informe de la entidad arrojó las siguientes cifras sobre la percepción de los usuarios:El 73 % de los consultados considera que la tecnología ha contribuido a mejorar la atención en los servicios financieros.El 44 % de las personas prioriza el acceso a procesos de crédito sin complicaciones ni barreras de trámite.El 40 % de los usuarios demanda productos y servicios con mayor grado de personalización.En el país, el 38 % de los encuestados considera confiable el uso de inteligencia artificial para la evaluación y aprobación de solicitudes de crédito, mientras que un 31 % mantiene una postura neutral frente al tema.Con la actualización de este asistente, la plataforma busca facilitar el acceso a la información crediticia y orientar a las personas en la toma de decisiones sobre su bolsillo.
Los ataques con drones explosivos ya dejan 124 víctimas en Norte de Santander entre enero de 2025 y el 8 de septiembre de 2026, según un consolidado de Corporeddeh. La cifra incluye 25 personas muertas y 99 heridas, entre civiles y miembros de la Fuerza Pública.El reporte muestra un aumento durante 2026. Mientras en todo 2025 fueron registradas 55 víctimas, en lo corrido de este año la cifra llegó a 69. Tibú y El Tarra concentran buena parte de los hechos, aunque también aparecen registros en Teorama, Convención, Sardinata, El Carmen, Ábrego, El Zulia y Ocaña.Entre los sectores con mayor recurrencia está Filo Gringo, en El Tarra. En Tibú, la vereda 20 de Julio acumula 16 personas afectadas. Los ataques también han dejado daños en viviendas, vehículos, cultivos, animales e infraestructura militar, policial, educativa y religiosa, además de provocar desplazamientos y confinamientos.Para Enrique Pertuz, de Corporeddeh, el escenario resulta especialmente preocupante por la manera en que esta tecnología está siendo incorporada a la confrontación. El defensor de derechos humanos advierte que “todos los indicadores nos señalan que la situación en regiones como el Catatumbo y el área metropolitana de Cúcuta se va a complicar mucho más”.Pertuz también llama la atención sobre el impacto que estos ataques están teniendo en la Fuerza Pública. Según explicó, “en el Catatumbo, el uso de los drones, que han sido armas mortales de una u otra forma, han golpeado duramente a las fuerzas militares”.Corporeddeh atribuye el empleo de estos dispositivos a estructuras armadas ilegales como el ELN y el Frente 33, que estarían utilizando drones comerciales modificados para lanzar explosivos y atacar posiciones de la Fuerza Pública. Para Pertuz, la incorporación de esta tecnología hace parte de una transformación de las dinámicas del conflicto que exige una respuesta diferente por parte de las autoridades.El defensor también advierte sobre las consecuencias que una mayor intensidad de los enfrentamientos podría tener para las comunidades. “Estos elementos combinados van a generar no solamente temor, miedo en la población civil, sino que va a generar un desplazamiento en aras de salvaguardar la vida”, señaló.La preocupación se extiende a Cúcuta y su área metropolitana, que podrían convertirse en receptores de nuevas familias desplazadas si se intensifica la confrontación en el Catatumbo. Pertuz insiste además en que la salida al conflicto no puede depender exclusivamente de la respuesta militar y señala que “el conflicto no se va a resolver por la vía de las armas”.La organización aclara que su consolidado solo incluye casos que pudieron ser documentados y verificados, por lo que no incorpora posibles bajas de integrantes de grupos armados.
Una distracción con el celular terminó en un aparatoso accidente para un hombre que se encontraba supervisando los avances de una construcción. Mientras recorría el lugar, permaneció atento a la pantalla de su teléfono y no habría visto una abertura en el piso.El momento quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en el sitio y muestra cómo, en cuestión de segundos, el hombre perdió el equilibrio y cayó desde el segundo nivel.Así ocurrió la caída del hombre en la construcciónDe acuerdo con la información preliminar, el hombre había llegado a la obra para supervisar los trabajos. Al subir por las escaleras hacia el segundo nivel y comenzar a recorrer una de las áreas de la construcción, permanecía mirando su celular, por lo que no logró ver una abertura en el piso ubicada a pocos metros de las escaleras.En las imágenes se observa al hombre avanzar por el segundo piso mientras sostiene el teléfono. De repente, pisa sobre la zona donde se encuentra el vacío y cae hacia el nivel inferior.La secuencia también muestra el momento posterior a la caída, varias personas que ven lo ocurrido corren a mirar hacía el interior del hueco en el piso para ver si el sujeto que cayó se encuentra bien, otras corren a auxiliarlo, se les ve bajando las escaleras.Frente a lo ocurrido, algunos internautas comentaron que ir mirando el celular puede llegar a ser peligroso. Caminar mientras se mira el celular puede ser peligroso porque la atención se concentra en la pantalla y se reduce la capacidad de identificar obstáculos o reaccionar a tiempo. Entre los principales riesgos están:Tropezar o caer: puede no advertir huecos, desniveles, escaleras, obstáculos u objetos en el camino.Chocar con personas u objetos: al no mirar hacia adelante, aumenta la posibilidad de golpearse con paredes, puertas, postes o personas.Caer desde una altura: en lugares como obras, escaleras, puentes o plataformas, no detectar una abertura o el borde puede provocar una caída grave.Entrar a zonas de riesgo: la distracción puede hacer que una persona cruce una calle, se acerque a maquinaria o ingrese a un área peligrosa sin darse cuenta.Reaccionar más tarde: incluso si el obstáculo aparece de repente, la atención dividida puede retrasar la respuesta.
Se complica la situación de orden público en el corregimiento de Guamalito, El Carmen, Norte de Santander. La comunidad está denunciando que, luego del retiro de todos los miembros de la Policía, miembros del ELN se tomó lo que quedaba de la subestación.Cabe recordar que el pasado miércoles, 21 uniformados fueron evacuados vía aérea, tras al menos tres ataques consecutivos que dejaron inservible la infraestructura.El más reciente fue el pasado viernes con un ataque con un enjambre de drones, el lunes anterior terminaron de atacar la subestación de policía, y el pasado miércoles ya se terminaron de tomar precisamente esta subestación.Este jueves se reportan nuevos ataques y la presencia de los guerrilleros del ELN, según lo confirmó a Blu Radio el alcalde José Contreras, quien, además, tuvo comunicación con el ministro de Defensa y el Gobierno Nacional para poder recuperar esa subestación de policía.“El corregimiento de Guamalito, el municipio de El Carmen, fue la subestación de policía afectada el día viernes con drones y con una destrucción por más 80%. De manera reiterada, el día lunes terminaron de atacarla y causaron una destrucción total. Lastimosamente, para el día de hoy, no contamos con policía y aún no ha llegado Ejército al corregimiento de Guamalito. Según información de la misma comunidad, la subestación fue tomada por presuntos integrantes de la organización criminal del ELN a la cual se le atribuyen esos atentados, según la inteligencia y la fuerza pública”, detalló el mandatario.Recordemos además que el ataque con enjambre de drones registrado el viernes pasado fue al mismo tiempo donde se presentó también el otro ataque en Ocaña, en Norte de Santander, por lo que las autoridades piden al Gobierno Nacional priorizar la ayuda para la región.