La Procuraduría abrió una indagación previa para establecer si existieron posibles irregularidades en la celebración del contrato entre Ministerio de Igualdad y la empresa Laborando S.A.S. por un valor de $30.275.999.986 para vincular a 1.270 personas que apoyarían la gestión operativa del programa 'Jóvenes en Paz', durante un periodo de ejecución de cuatro meses, entre el 1 de julio y el 31 de octubre de 2026.El Ministerio Público decidió iniciar la indagación tras conocer denuncias públicas y pronunciamientos de servidores públicos que cuestionan la conveniencia y legalidad de la contratación en especial, teniendo en cuenta que ese contrato se suscribió cuando el Ministerio de Igualdad y Equidad se encuentra en proceso de liquidación y no está clara la necesidad y el alcance de este tipo de compromisos administrativos.Otro de los puntos que revisará el organismo de control es el anticipo pactado en el contrato, equivalente al 30 % de su valor total, es decir, $9.082.799.996. También evaluará si la contratación respondió a una necesidad real del servicio o si pudo comprometer recursos públicos para los meses siguientes, como lo señalan algunas de las denuncias conocidasEn medio de esto, la Procuraduría ordenó recaudar pruebas documentales, entre ellas las hojas de vida de los directivos involucrados, los antecedentes administrativos del proceso contractual, los informes sobre los pagos efectuados y otros documentos relacionados con la celebración y ejecución del contrato. Asimismo, solicitó copia de la Sentencia C-161 de 2024 de la Corte Constitucional, mediante la cual se declaró inexequible la norma que dio origen al Ministerio de Igualdad y Equidad.
La Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por la liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad y le solicitó al Gobierno nacional adoptar medidas urgentes para garantizar que la transición institucional no afecte la atención de poblaciones históricamente discriminadas ni interrumpa programas y políticas públicas.El pronunciamiento se conoció luego de que el Gobierno expidiera el Decreto 626 de 2026, con el que se formalizó la liquidación de la cartera. La decisión se produjo en cumplimiento de la Sentencia C-161 de 2024 de la Corte Constitucional, que declaró inexequible la ley que creó el ministerio y dio plazo hasta el cierre de la legislatura 2025-2026 para corregir los vicios identificados.En un comunicado, la Defensoría advirtió que persiste incertidumbre sobre la forma en que se trasladarán las funciones del ministerio y cómo se garantizará la continuidad de las políticas dirigidas a mujeres, personas LGBTIQ+, pueblos étnicos, personas con discapacidad, jóvenes, adultos mayores, población migrante y comunidades campesinas, entre otros grupos de especial protección constitucional.El organismo también expresó preocupación porque varias funciones pasarán al Ministerio del Interior y al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social bajo un criterio de “costo cero”, sin que, hasta el momento, existan garantías claras sobre la disponibilidad de recursos, la capacidad técnica o la coordinación institucional necesaria para mantener los programas.Entre las principales alertas figuran el posible impacto sobre fondos estratégicos como “No es Hora de Callar”, “Todos Somos PAZcífico” y el Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad, además del riesgo de que se interrumpan políticas relacionadas con la equidad de género, los sistemas de cuidado y la prevención de violencias contra las mujeres.La Defensoría recordó además que el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), de la Organización de los Estados Americanos, pidió recientemente al Estado colombiano preservar los avances alcanzados en materia de institucionalidad de género y evitar retrocesos en la protección de los derechos de las mujeres. Por ello, el organismo solicitó al Gobierno publicar una hoja de ruta detallada que defina qué funciones serán trasladadas, a qué entidades, con qué presupuesto y cómo se garantizará la continuidad de los programas, los fondos y los espacios de participación ciudadana.También pidió conservar los equipos técnicos especializados y asegurar que la transición no implique una disminución en la capacidad del Estado para responder a las desigualdades estructurales.La liquidación del Ministerio de Igualdad también ha generado incertidumbre entre sus trabajadores. El pasado 22 de junio, decenas de funcionarios permanecieron en las instalaciones de la entidad a la espera de definiciones sobre la situación laboral de más de 600 personas que podrían perder su empleo como consecuencia del cierre de la cartera.El Ministerio de Igualdad fue creado en 2023 y tuvo como primera ministra a la entonces vicepresidenta Francia Márquez. Posteriormente, la entidad estuvo dirigida por Carlos Alfonso Rosero, Juan Carlos Florián Silva y, más recientemente, Alfredo Acosta Zapata. Según el decreto de liquidación, varias de sus funciones serán asumidas por otras entidades del Estado, entre ellas el Ministerio del Interior y Prosperidad Social.
El presidente Gustavo Petro expidió la Directiva Presidencial 05 de 2026, mediante la cual ordena a varias entidades del Gobierno Nacional adelantar acciones para garantizar la continuidad de los programas y políticas que estaban a cargo de esta cartera, cuya existencia está próxima a terminar tras la decisión de la Corte Constitucional que tumbó la ley que la creó y las dificultades para tramitar una nueva iniciativa en el Congreso.La directiva está dirigida a los ministerios del Interior, Hacienda y Justicia, así como al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y al Departamento Administrativo de la Función Pública. El objetivo es coordinar una transición institucional que permita mantener en funcionamiento las estrategias destinadas a atender a poblaciones discriminadas, vulnerables o sujetas de especial protección constitucional.En el documento, el Gobierno reconoce que la Ley 2281 de 2023, mediante la cual se creó el Ministerio de Igualdad, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional y que, pese a la radicación de un nuevo proyecto de ley para restablecer la entidad, este no logró avanzar lo suficiente en el Congreso antes del vencimiento del plazo fijado por el alto tribunal.Ante ese escenario, Petro ordenó a las entidades involucradas adelantar los trámites necesarios para expedir los decretos que permitan reorganizar las funciones, los programas, el personal y la estructura administrativa que actualmente dependen del Ministerio.La directiva también establece tareas específicas para varias entidades. Función Pública deberá brindar acompañamiento técnico en asuntos relacionados con empleo público, organización administrativa y gestión institucional. Por su parte, el Ministerio de Hacienda tendrá que evaluar la viabilidad financiera y presupuestal de las medidas que se adopten durante la transición.El Departamento Nacional de Planeación deberá garantizar que las decisiones que se tomen estén alineadas con el Plan Nacional de Desarrollo y las metas del Gobierno. Entre tanto, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado deberá acompañar el proceso para prevenir eventuales demandas y proteger los derechos laborales de los funcionarios vinculados a la cartera.La directiva concluye con una instrucción para que los ministros y directores de las entidades involucradas adopten de manera inmediata las medidas necesarias para asegurar una transición ordenada. Además, fija como fecha límite el próximo 17 de junio para remitir a la Secretaría Jurídica de la Presidencia los actos administrativos requeridos para implementar la reorganización.
El Gobierno nacional intensificó su ofensiva política y jurídica para garantizar la continuidad del Ministerio de Igualdad y Equidad, teniendo en cuenta que en menos de 48 días vence el plazo impuesto por la Corte Constitucional para corregir los vicios de procedimiento señalados por el alto tribunal el año pasado y evitar la eventual desaparición de la entidad.Por eso, es que en las últimas horas se reactivó el debate en el Congreso de la República, bajo el mensaje de urgencia, puntualmente en las sesiones conjuntas de las comisiones primeras. Allí se discute no solo la viabilidad jurídica del ministerio, sino su papel en la arquitectura institucional del Estado.Sin embargo, este debate ya enfrenta cerca de 190 proposiciones radicadas por los congresistas con diferentes solicitudes sobre el contenido del proyecto legislativo.Es por eso que, en paralelo, el ministerio activó mecanismos jurídicos para blindar su continuidad, entre ellos solicitudes ante la Corte Constitucional para ampliar el plazo de cumplimiento, consultas al Consejo de Estado y peticiones de aclaración sobre el alcance de la sentencia.Estas acciones buscan ganar tiempo y reducir los riesgos de un vacío institucional que podría afectar la ejecución de políticas públicas dirigidas a poblaciones vulnerables.Y es que, desde el inicio del Gobierno Petro, los problemas han sido tanto procedimentales como políticos: no ha sido posible lograr consensos entre los congresistas, en medio de tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo y de críticas persistentes hacia la gestión del ministerio. Incluso el desgaste institucional ha sido evidente pues la cartera ha tenido al menos tres ministros tras la salida de la vicepresidenta Francia Márquez.
En un avance histórico para la libertad de prensa y los derechos de las mujeres en Colombia, la viceministra de las Mujeres, Tamara Matea Ospina, confirmó la reglamentación del fondo "No es hora de callar". Esta iniciativa, que cuenta con una asignación anual de 2.000 millones de pesos, surge como cumplimiento a las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en favor de la periodista Jineth Bedoya. Fondo No es hora de callar: reparación y protección para periodistasEl fondo tiene como objetivo principal financiar proyectos que protejan y fortalezcan a las mujeres periodistas y, por petición expresa de Bedoya, se ha incluido de manera fundamental a las comunicadoras populares y comunitarias.Según la viceministra, en diálogo con Mañanas Blu, el enfoque no se limita únicamente a profesionales con formación académica, sino que busca llegar a los territorios donde las mujeres ejercen la comunicación desde lo organizativo y comunitario. La gobernanza de este recurso estará a cargo de un comité decisorio integrado por el Ministerio de Igualdad, el Viceministerio de las Mujeres, la propia Jineth Bedoya y un representante de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)Este equipo definirá el 27 de marzo las tres primeras líneas de inversión, enfocadas en la prevención, atención integral y protección de las mujeres en el ejercicio de su labor informativa. La continuidad del Ministerio de Igualdad ante la Corte ConstitucionalFrente a la incertidumbre generada por el fallo de la Corte Constitucional que señaló vicios de procedimiento en la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad, la viceministra Ospina aclaró que la entidad no tiene una "fecha de caducidad" definitiva para junio de 2026.Actualmente, cursa en el Congreso un proyecto de ley radicado en diciembre que busca subsanar dichos errores y garantizar la permanencia de la institución. Incluso en un escenario donde el ministerio desapareciera, la viceministra aseguró que el mecanismo nacional de género y el fondo "No es hora de callar" tienen garantizada su continuidad institucional."El viceministerio de las mujeres no debe retroceder en su jerarquía institucional; el fondo quedaría adscrito al mecanismo de género, independientemente de su ubicación en la arquitectura del Estado", enfatizó Ospina.Ejecución presupuestal y metas del Viceministerio de las MujeresA pesar de las críticas iniciales sobre la baja ejecución presupuestal del ministerio, la viceministra defendió la gestión actual, señalando que el Viceministerio de las Mujeres ya tiene la mayor parte de su presupuesto asignado y en ejecución.Ospina explicó que la complejidad de crear una entidad desde cero para atender a 13 poblaciones de especial protección retrasó el arranque, pero que actualmente el "carro ya arrancó" con una cobertura nacional importante.Los proyectos actuales no solo incluyen la protección a periodistas, sino también estrategias de transversalización del enfoque de género y atención a poblaciones históricamente olvidadas, como las mujeres cabeza de familia y aquellas en actividades sexuales pagas. Escuche aquí la entrevista:
El ministro de Igualdad y Equidad, Alfredo Acosta, confirmó que el viceministro Acxan Duque fue retirado de su cargo por decisión directa de la cartera y no por voluntad propia, como el funcionario había señalado previamente en medios de comunicación.Según explicó el ministro, la medida se adoptó en medio de las investigaciones internas que adelanta el Ministerio. “Se apartó del cargo y aquí hay una decisión del ministerio para adelantar todos los procesos con las garantías para que se dé claridad y se proteja a la víctima”, afirmó Acosta.El caso se originó por la denuncia contra Duque, quien habría enviado una imagen íntima a una funcionaria de la entidad sin su consentimiento. Aunque el exviceministro ha reconocido el envío de la fotografía, aseguró que se trató de un error y que la imagen estaba destinada a otra persona.En conversación con Blu Radio, sostuvo que su salida había sido una decisión personal y argumentó que su permanencia en el cargo podría afectar el trámite de la iniciativa legislativa que busca evitar la desaparición de esta entidad.“Si yo permanezco en el cargo, no se puede avanzar en los trámites legislativos porque se va a utilizar esa situación como un comodín para retrasar que pase el proyecto de ley. Por esa razón yo renuncio al ministerio, y además yo pienso que uno debe defenderse por fuera de la institucionalidad para no afectar su correcto funcionamiento”, afirmó en ese momento.El caso ya fue trasladado a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría. No es la primera vez que el Ministerio de Igualdad y Equidad tiene denuncias de este tipo. El 21 de febrero de 2025 se conoció el caso de una funcionaria que renunció a la cartera por un caso de acoso sexual y laboral en contra del viceministro Nelson Lemus.“El viceministro hacía insinuaciones incómodas y, en una ocasión, me tomó de la mano y acarició mi brazo frente a colegas", contó.Al ser consultada sobre cómo abordó la situación dentro del ministerio, indicó que inicialmente trató de comunicar lo que estaba sucediendo a figuras cercanas al viceministro. Sin embargo, las respuestas que recibió fueron desalentadoras.
El fondo contará con un presupuesto anual de $2.000 millones provenientes del Presupuesto General de la Nación, y para este año ya se realizó un primer desembolso a través del Ministerio de Hacienda. Bedoya aseguró que esta medida es el resultado de más de dos décadas de lucha tras haber sido víctima de violencia sexual mientras ejercía su labor periodística. “Llegamos a este punto después de 25 años de lucha y 26 años de haber enfrentado la violencia sexual por hacer periodismo. Yo llegué a la cárcel Modelo a hacer un reportaje que nunca pude publicar, pero que espero que este año la vida me dé la oportunidad de hacerlo”, afirmó.Según la periodista, el trabajo inconcluso aborda un entramado criminal que involucraría a miembros de la fuerza pública y grupos armados en delitos contra mujeres. Sin embargo, enfatizó que el objetivo del fondo va más allá de cualquier reparación económica. “Ninguna retribución económica quita el dolor. Lo que soñé es una herramienta que proteja a todas las mujeres que comunican, más aún en un contexto donde los medios están en crisis por la violencia y el acoso sexual en las salas de redacción”, señaló. Bedoya también advirtió que ha conocido casos de periodistas que han abandonado su oficio por falta de garantías. “Este fondo es la respuesta: entregar ayuda, herramientas y respaldo para que haya menos mujeres censuradas y estigmatizadas en Colombia”, agregó.La periodista también cuestionó los obstáculos que, según ella, han surgido desde el propio Gobierno para la implementación de esta iniciativa. “Es un llamado a funcionarios que han puesto el palo en la rueda para que esto salga adelante. El 7 de agosto se les acaba su papel como funcionarios públicos, pero a mí nunca se me apaga la voz de periodista”, expresó. El fondo ‘No es hora de callar’ funcionará como una cuenta adscrita al Ministerio de Igualdad y Equidad. Sin embargo, el futuro de esta cartera es incierto y se está debatiendo en el Congreso su posible desaparición. En ese escenario, la ley establece que el fondo pasaría a ser administrado por otra entidad del Gobierno que asuma las funciones de MinIgualdad.
La defensa de Acxan Duque Gámez aseguró que el incidente relacionado con el envío de una fotografía íntima a una funcionaria del Ministerio de la Igualdad y Equidad correspondió a un error involuntario y ya documentado ante las autoridades. El caso, que llevó a la renuncia del entonces jefe de la oficina jurídica y viceministro encargado, ocurrió el pasado 25 de marzo de 2026.De acuerdo con el comunicado emitido por la defensa, el envío de la imagen se produjo de manera equivocada mientras el entonces funcionario sostenía una conversación privada con su pareja. En el documento se señala que “el 25 de marzo de 2026, Acxan Duque Gámez envió por error una imagen de contenido íntimo a una funcionaria del Ministerio de la Igualdad. Esta imagen estaba destinada a su pareja sentimental, no a la funcionaria”. Asimismo, la defensa indicó que el registro completo del intercambio digital permitiría esclarecer lo sucedido, al señalar que “el hilo completo del chat acredita tanto el destino original como el momento exacto en que ocurrió el envío errado y se pondrá a disposición de las autoridades”.Según la versión entregada por la defensa, el exfuncionario reaccionó inmediatamente después de advertir el error, ofreciendo disculpas a la persona afectada por el incidente. En ese sentido, el comunicado precisa que “el señor Duque Gámez reconoció el error de inmediato. Ofreció disculpas directas a la funcionaria afectada en el mismo canal de comunicación, antes de que la situación trascendiera públicamente”. Igualmente, se indicó que ese mismo día el exviceministro adoptó medidas administrativas internas para reportar lo ocurrido ante la entidad.En esa línea, el documento señala que “esa misma mañana, por iniciativa propia, reportó los hechos a la Oficina de Talento Humano del Ministerio de la Igualdad”. Además, se indicó que el entonces funcionario decidió apartarse del cargo de manera voluntaria, con el propósito de facilitar las investigaciones y evitar que el hecho afectara la gestión institucional.La defensa también resaltó que la decisión de renunciar respondió, según su postura, a principios de responsabilidad pública. En el comunicado se afirma que “estas decisiones no respondieron a otra cosa más que a su compromiso con la integridad de la función pública y de cómo él entiende la responsabilidad”.Finalmente, la defensa reiteró que el hecho deberá ser evaluado por las autoridades competentes, que serán las encargadas de establecer las circunstancias exactas en las que se produjo el incidente. En ese sentido, enfatizó que “los hechos, sin embargo, deben ser precisados con exactitud: lo ocurrido fue un error de envío, involuntario y debidamente documentado. Su naturaleza y sus circunstancias serán establecidas por las autoridades competentes, ante las cuales nuestro representado se somete con plena disposición de colaborar”.
En una reciente entrevista, Acxan Duque, quien se desempeñaba como jefe de la oficina jurídica y viceministro en el Ministerio de la Igualdad, explicó los detalles detrás del incidente que lo llevó a presentar su renuncia irrevocable. El caso, que ha escalado a la opinión pública, gira en torno al envío de una fotografía íntima a una funcionaria de la entidad el pasado 25 de marzo de 2026.Cronología de un mensaje equivocadoSegún el relato de Duque, los hechos ocurrieron a las 7:31 de la mañana, minutos después de haber realizado ejercicio en su habitación. El exfuncionario explicó que tenía varios chats de WhatsApp abiertos simultáneamente mientras hablaba por audífonos con un amigo.A las 7:17 a.m. envió un contenido político de TikTok a la funcionaria, a quien tenía guardada bajo el nombre de "Grupo de asuntos legislativos" debido a que no recordaba su nombre en ese momento. Catorce minutos después, envió la imagen desnudo. Duque sostiene que el mensaje estaba destinado a su pareja sentimental, pero que, por un error táctil. La imagen llegó a ambos destinatarios al mismo tiempo.La defensa técnica y el reporte voluntarioPara respaldar su versión de los hechos, Duque presentó un peritaje forense de su dispositivo celular. Según este dictamen, se certifica que la misma imagen fue enviada a dos chats distintos exactamente a la misma hora, lo que, según su criterio, demuestra la falta de dolo o intención de acosar. El exviceministro enfatizó que, tras percatarse del error, borró la imagen e inmediatamente pidió excusas a la afectada. Además, reportó el incidente de manera voluntaria ante la oficina de Control Interno a las 9:38 a.m. del mismo día, solicitando la activación de los protocolos de convivencia de la institución. Acoso laboral vs. error involuntarioA pesar de la versión de Duque, la funcionaria presentó una queja ante el departamento de talento humano, manifestando su inconformidad y agresión por el contenido recibido y solicitando mantener una comunicación estrictamente profesional. Duque, por su parte, insiste en que no existe una conducta de acoso tipificada, ya que no hubo mensajes previos, llamadas, ni encuentros privados con la colaboradora."El acoso en Colombia... no se debe permitir", afirmó Duque, asegurando que su renuncia no es una admisión de culpa por acoso, sino una medida para evitar que el escándalo sea utilizado como un "comodín" político para frenar los proyectos legislativos del Ministerio de Igualdad. Escuche aquí la entrevista:
El Gobierno nacional presentó a su nuevo ministro de Igualdad, quien asumirá el cargo en reemplazo de Juan Carlos Florián, que renunció por petición del presidente de la República, Gustavo Petro.Se trata de Alfredo Acosta, líder indígena que ha trabajado durante 14 años en la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y se desempeñó como coordinador nacional de la Guardia Indígena.Acosta, quien cuenta únicamente con formación en educación básica media, ha sido fuertemente cuestionado por su falta de experiencia en la administración pública para asumir el cargo ministerial.Aun así, desde hace más de una década está al frente de más de 60.000 guardias indígenas, varios de ellos protagonistas de la Minga del Suroccidente de 2020 y de otras movilizaciones en apoyo al presidente Gustavo Petro.Además, el líder indígena cuenta con una amplia trayectoria en el tejido social y representa la apuesta del Gobierno por incorporar líderes cercanos a la Guardia Indígena que representen a estos colectivos en cargos de alto nivel.Polémicas por expulsión de miembros de la Fuerza PúblicaEl líder indígena fue protagonista de la expulsión de varios soldados que se encontraban en el cerro Berlín, en el municipio de Toribío, Cauca. Entre ellos estaba el sargento (r) Rodrigo García Amaya, cuyo caso dio la vuelta al mundo tras conocerse las imágenes que lo mostraban llorando mientras miembros de la Guardia Indígena obligaban a la tropa a abandonar la zona, en medio de la defensa del territorio.Estas imágenes volvieron a circular tras la decisión del Gobierno de nombrar a Acosta como ministro de Igualdad. Sin embargo, en diálogo con Mañanas Blu, el líder indígena manifestó su arrepentimiento y aseguró que llevaba años buscando al sargento García para dialogar con él y ofrecerle disculpas por lo ocurrido.“Yo andaba buscando al sargento para hacerle un ejercicio de armonización, como le llamamos nosotros. Es necesario buscarlo, pedirle perdón y abrazarnos”, señaló. No obstante, Acosta explicó que no había logrado localizarlo, lo que había impedido el encuentro.Alfredo Acosta y el sargento Rodrigo García se disculpan en vivoUn momento inédito se vivió la mañana de este viernes, cuando, en diálogo con Mañanas Blu, tanto el nuevo ministro de Igualdad como el sargento con quien tuvo el enfrentamiento en 2012 pudieron intercambiar sentidas palabras.Acosta se dirigió primero al sargento, reiterándole que llevaba años buscándolo para “pedirle excusas” por lo sucedido hace cerca de 14 años. Incluso lo invitó a “tomarse un tinto” en la Guardia Indígena y darse un abrazo como gesto de reconciliación.Por su parte, el sargento (r), visiblemente sorprendido, respondió que no guarda resentimientos y que en ese momento se encontraba “cumpliendo mis funciones institucionales”. Además, felicitó a Acosta por asumir el Ministerio de la Igualdad y aseguró que “un estructurador de más arriba fue quien originó todo eso”, razón por la cual no conserva rencor alguno.Nuevo ministro de Igualdad le ofrece trabajo al soldado al que ofendió en 2012Durante la conversación, García explicó que Acosta no había podido localizarlo porque actualmente vive en la “clandestinidad”, tras retirarse del Ejército hace cuatro años.Actualmente trabaja en un call center, situación que no pasó desapercibida para el nuevo ministro, quien le hizo una propuesta laboral durante la entrevista.García agradeció el ofrecimiento y ambos acordaron mantenerse en contacto para concretar un encuentro de reconciliación. Además, el sargento pidió “acoger también a los soldados”. Ante esto, Acosta reconoció la importancia de las Fuerzas Militares para la seguridad nacional y agradeció nuevamente a García por su servicio al país.Escuche la entrevista completa aquí:
Puerto Antioquia ubicado en el Urabá antioqueño, recibió al CMA CGM DIGNITY, un buque tipo Neo-Panamax de 366 metros de largo y una capacidad de 14.800 TEU, convirtiéndose en la embarcación más grande que ha operado hasta ahora en esta terminal marítima de la región de Urabá.Durante la estadía de la embarcación, se llevaron a cabo 211 movimientos de contenedores utilizando dos grúas STS, con las que se alcanzó una productividad promedio de 26 movimientos por hora por grúa. La maniobra logística comprendió tanto la descarga de mercancía proveniente de Asia como el embarque de productos destinados a la exportación colombiana."Esta motonave proviene de Asia y es muy importante para nosotros, porque conectamos a Asia directamente con la costa norte de Colombia. Tenemos programado realizar el descargue de 450 contenedores secos, y su principal commodity es tecnología", confirmó Gilberto peña, el vicepresidente de operaciones de Puerto Antioquia.Desde el punto de vista técnico, el CMA CGM DIGNITY pertenece a la categoría Neo-Panamax, diseñada para surcar las esclusas ampliadas del Canal de Panamá. El buque cuenta con 1.000 conexiones para contenedores refrigerados, capacidad para carga seca y tecnología de propulsión mediante Gas Natural Licuado (LNG), un sistema que apunta hacia una operación marítima más eficiente y sostenible.
Las autoridades y organizaciones sociales encendieron las alarmas ante una nueva incursión armada de presuntos integrantes del Clan del Golfo en la vereda Lejanías, zona rural del municipio de Remedios, en el Nordeste antioqueño, donde se reportó la instalación de un retén ilegal.De acuerdo con la Fundación Sumapaz, hombres armados intimidaron a los habitantes de la zona y revisaron las pertenencias de quienes transitaban por los caminos de este sector.La organización defensora de derechos humanos señaló que estos hechos configuran la consumación de escenarios de riesgo previamente advertidos mediante alertas tempranas, las cuales según denuncian no habrían recibido una atención oportuna por parte de las instituciones estatales."Es muy probable que se presenten, con el pasar del tiempo, situaciones mucho más graves, y, por lo tanto, hacemos responsable a las autoridades porque, evidentemente, toda esta situación ya ha sido alertada", detalló Oscar Yesid Zapata de la Fundación Sumapaz.En esta región del departamento sirve como corredor estratégico de movilidad hacia el sur de Bolívar y constituye un territorio en constante disputa por el control de las economías ilícitas y la extracción minera.Ante este panorama, los líderes sociales hicieron un llamado urgente a las autoridades para garantizar la seguridad de los pobladores y advirtieron sobre la necesidad de adoptar medidas efectivas que eviten el escalamiento de la violencia en la subregión.
El alcalde de Unión Panamericana, Chocó, Geyson Copete, entregó un balance de la emergencia provocada por el terremoto registrado este lunes y confirmó que el municipio enfrenta una situación crítica por los daños ocasionados.Según el mandatario, hasta el último reporte se contabilizaban tres personas fallecidas y una herida. Las víctimas mortales fueron reportadas en el corregimiento de La Y, mientras que el lesionado se encontraba en Salero.“Las Lastimosamente tuvimos pérdidas humanas en el corregimiento de La Y. Allí perdimos tres personas, dos mujeres y un hombre”, explicó Copete al referirse al impacto del movimiento telúrico.El alcalde detalló que los tres fallecimientos ocurrieron en dos lugares diferentes. Una de las víctimas estaba en un negocio dedicado al expendio de pollo, mientras que las otras dos se encontraban en una vivienda familiar.En el corregimiento de Salero, una persona resultó herida y tuvo que ser trasladada hasta Quibdó, capital del Chocó, para recibir atención médica en un centro asistencial.Además de las víctimas, Copete reportó numerosas viviendas destruidas y señaló que los organismos de emergencia continúan recorriendo las zonas afectadas para establecer la totalidad de los daños.“La capacidad nuestra en el tema de socorro es muy pequeña, pero hemos logrado ya verificar muchas viviendas”, afirmó el mandatario, quien explicó que también se adelantan labores de remoción de escombros.El alcalde advirtió que todavía no se puede descartar que haya más personas afectadas, debido a que continúan las labores de búsqueda y verificación en estructuras que resultaron destruidas o seriamente comprometidas.Finalmente, Geyson Copete calificó el terremoto como un hecho sin precedentes para Unión Panamericana y manifestó su preocupación por la situación que atraviesa el municipio tras el fuerte movimiento telúrico registrado este lunes.
La Fiscalía General de la Nación imputó al exviceministro del Interior Diego Cancino por el delito de acto sexual violento agravado, dentro de la investigación por la denuncia presentada por la contratista Viviana Vargas, por hechos que, según el ente acusador, ocurrieron el 9 de octubre de 2024.De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía durante la audiencia, cuando Cancino ya no ocupaba el cargo de viceministro, Vargas le presentó su hoja de vida. Según el ente acusador, él la invitó a un almuerzo en su vivienda para hablar sobre oportunidades laborales y fue durante ese encuentro cuando se habrían presentado los hechos denunciados. “Usted, señor Diego Andrés Cancino, realizó en contra de la señora Yuli Viviana Vargas actos de contenido sexual distintos al acceso carnal, consistentes en abrazarla por la espalda, con connotación sexual; tocarle sus senos por debajo de la blusa; intentar besarla en varias oportunidades y sujetarla de los brazos y las manos usando la fuerza”, afirmó el fiscal durante la audiencia.El ente acusador sostuvo que Cancino habría realizado estos actos de carácter sexual pese a que Vargas habría manifestado su incomodidad y su intención de retirarse del lugar. La Fiscalía también argumentó que el exviceministro se habría valido de su posición de autoridad y del vínculo laboral que había tenido con la denunciante en el Ministerio del Interior.Según la Fiscalía, Vargas se desempeñaba como asesora de Derechos Humanos y de la Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio. En ese contexto, de acuerdo con el ente acusador, se habría generado un vínculo de confianza entre la denunciante y Cancino.Por estos hechos, la Fiscalía imputó el delito con la circunstancia de agravación correspondiente. La conducta tiene una pena base de entre 8 y 16 años de prisión y, con el agravante planteado por el ente acusador, la pena podría estar entre 10 y 24 años, en caso de una eventual condena.Durante la audiencia de imputación, Diego Cancino no aceptó los cargos. El proceso penal continuará y será la justicia la encargada de determinar, con base en las pruebas, si existe responsabilidad penal por los hechos investigados.
El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió varias regiones de Colombia este lunes 10 de agosto generó una duda entre algunos usuarios de iPhone: ¿por qué sus celulares no emitieron una alerta sísmica, mientras algunos dispositivos Android sí lo hicieron?La diferencia no necesariamente está en el funcionamiento del teléfono. La recepción de estos avisos depende de los sistemas de alerta disponibles en cada país, de la infraestructura existente y de las funciones habilitadas para cada territorio.¿Por qué algunos iPhone no recibieron la alerta sísmica?Los iPhone cuentan con diferentes mecanismos para recibir avisos relacionados con situaciones de emergencia. Entre ellos están las alertas gubernamentales, de emergencia y de seguridad pública.Sin embargo, Apple no habilita todas estas funciones de la misma manera en todos los países. Por eso, tener activadas las alertas gubernamentales no significa que el celular vaya a mostrar automáticamente una advertencia cuando ocurre un terremoto.Estas notificaciones dependen de que exista un sistema compatible con la infraestructura de emergencias del país y de que las autoridades puedan emitir este tipo de avisos.En el iPhone, algunas opciones pueden revisarse desde:Configuración.Notificaciones.Alertas gubernamentales.Las alternativas disponibles pueden variar según la región y el operador.¿El iPhone puede detectar terremotos?Apple también cuenta con funciones relacionadas con la detección de terremotos. Los dispositivos pueden participar en sistemas que recopilan información de manera anónima a partir de otros equipos cercanos.Esto, sin embargo, no significa que todos los iPhone tengan un sistema de alerta sísmica activo con las mismas características ni que puedan advertir sobre un terremoto en cualquier país.La diferencia es importante: detectar o recopilar información sobre movimientos sísmicos no equivale necesariamente a enviar una alerta preventiva al usuario.Por esta razón, que un iPhone no haya mostrado una notificación durante el terremoto de este lunes no significa necesariamente que el dispositivo tenga una falla.¿Cómo funcionan las alertas sísmicas en los celulares?Las alertas sísmicas utilizan sistemas capaces de identificar rápidamente un movimiento telúrico y estimar qué zonas podrían verse afectadas. Cuando la infraestructura lo permite, estos avisos pueden llegar antes de que las ondas sísmicas más fuertes sean percibidas.No obstante, su funcionamiento depende de la tecnología disponible, las redes de sensores y los mecanismos de emergencia implementados en cada territorio. Por eso, la experiencia puede ser diferente entre usuarios de distintos sistemas operativos.En el caso de Colombia, la ausencia de una alerta en determinados iPhone está relacionada con la disponibilidad de estas funciones y no necesariamente con un problema del teléfono.