Desde el Gobierno nacional se refirieron al proceso liquidatorio del Ministerio de la Igualdad. En una primera medida, explicaron que en 10 días se han recuperado más de 20.000 millones de pesos.“En apenas 10 días de liquidación recuperamos más de 20.000 millones anualizados, eso equivale a cerca de 6.600 auxilios de arrendamiento para familias damnificadas. Suprimimos los cinco viceministerios, ahorrando, de esa manera, 1.500 millones de pesos al año. Esta semana eliminaremos más de cuarenta cargos directivos con un ahorro de 12.000 millones de pesos al año”, dijo Miller Soto, Vocero del Gobierno.Le puede interesar: Liquidador de Minigualdad suprime viceministerios: ordena cesar contratación y procesos de selecciónSoto también aseguró que se revocaron más de 60 contratos que se habrían firmado a última hora en el gobierno Petro.“Una sola empresa concentraba más de 171.000 millones de pesos, mientras el año pasado apenas se ejecutó el 5% de la inversión. El último ministro aún no entrega las llaves de bodegas de cerca de 16.800 millones de pesos en mercancías de la DIAN. Por estas irregularidades, ya radicamos 13 denuncias: 6 penales, 5 disciplinarias y 2 fiscales”, agregó Soto.
El liquidador del Ministerio de la Igualdad, John Milton Rodríguez, suprimió todos los viceministerios de la entidad, teniendo en cuenta que esta cartera no podrá seguir operando."Que la supresión de los empleos señalados en la presente resolución se efectúa en desarrollo del proceso liquidatorio, por no resultar dichos empleos indispensables para acompañar el proceso de liquidación en su etapa actual. En consecuencia, la presente actuación constituye la materialización progresiva de la supresión de empleos en el marco del proceso liquidatorio", se lee en la resolución firmada por Rodríguez.De esta manera, dejan de existir los viceministerios de la Mujer, Juventud, Pueblos Étnicos y Campesinos, Poblaciones y Territorios Excluidos y Diversidades. Además, las personas que ocupaban esos cargos, según la resolución, tienen 15 días para entregar formalmente expedientes, documentos, claves de acceso y, en general, la información que se venía manejando.Por otro lado, Rodríguez firmó otra resolución por la cual se "adopta el Reglamento de Contratación para la Liquidación del Ministerio de Igualdad". En una primera medida, el documento señala que la entidad no podrá iniciar nuevas actividades en desarrollo de su objeto social; es decir, todas las acciones que se van a tomar deben estar encaminadas a la liquidación."Se consideran necesarios para la liquidación, entre otros, los contratos cuyo objeto corresponda a: representación judicial y extrajudicial y defensa de los intereses de la entidad; avalúos, inventarios y saneamiento de activos; organización, digitalización, custodia y transferencia de archivos; revisoría fiscal y auditoría; aseo, vigilancia, servicios públicos domiciliarios, arrendamiento y soporte tecnológico indispensables para el funcionamiento del equipo liquidador; y apoyo profesional y técnico al proceso liquidatorio", señala la resolución.De esta manera, quedó prohibido adelantar procesos de selección o suscribir contratos cuyo objeto corresponda al desarrollo de las funciones misionales de la entidad."La competencia para adelantar procesos de selección, suscribir contratos, ordenar el gasto y ejercer las facultades excepcionales se radica en el Liquidador, en su condición de representante legal, en sustitución de la atribución prevista en el numeral 1.6 del Manual de Contratación", se lee en el documento.
El liquidador del Ministerio de la Igualdad, Jhon Milton Rodríguez, declaró insubsistentes a dos viceministros que no habían presentado renuncia y venían del gobierno Petro. En el mismo sentido se terminó el encargo de otros dos viceministros.“Las obligaciones y nóminas pendientes causadas entre el 21 de junio y el 19 de agosto serán auditadas una por una para desembolsar únicamente lo que cuente con estricto sustento jurídico y laboral, mientras el Gobierno asume el control directo de FonIgualdad con la meta de revisar nóminas paralelas y recuperar cerca de 200.000 millones de pesos necesarios para atender la emergencia económica y a las víctimas del terremoto”, señaló Rodríguez. La viceministra de las mujeres, Tamara Ospina, fue declarada insubsistente, al igual que el viceministro de juventudes, Pablo Zabala.Las resoluciones de terminación de encargo sin para la viceministra de los pueblos étnicos y campesino, Aura Tegria, y pata el viceministro de poblaciones y territorios excluidos, Santiago Salinas.“Se ordenó la supresión inmediata de toda la estructura viceministerial, la terminación de encargos no esenciales y la radicación de denuncias ante los organismos de control competentes por posibles detrimentos patrimoniales”, explicó Rodríguez.Corrección de la información: de acuerdo con los soportes enviados por Tamara Ospina Posse, esta funcionaria informó a Blu Radio que había presentado su renuncia al cargo antes de las declaraciones realizadas por el liquidador del Ministerio de la Igualdad, asunto de esta nota.Así mismo, se indica que para la fecha de esta nota, el liquidador declaró que se había tomado la decisión de declarar insubsistente a dos de los viceministerios, sin conocer en dicho momento a qué funcionarios correspondían.
La Procuraduría abrió una indagación previa para establecer si existieron posibles irregularidades en la celebración del contrato entre Ministerio de Igualdad y la empresa Laborando S.A.S. por un valor de $30.275.999.986 para vincular a 1.270 personas que apoyarían la gestión operativa del programa 'Jóvenes en Paz', durante un periodo de ejecución de cuatro meses, entre el 1 de julio y el 31 de octubre de 2026.El Ministerio Público decidió iniciar la indagación tras conocer denuncias públicas y pronunciamientos de servidores públicos que cuestionan la conveniencia y legalidad de la contratación en especial, teniendo en cuenta que ese contrato se suscribió cuando el Ministerio de Igualdad y Equidad se encuentra en proceso de liquidación y no está clara la necesidad y el alcance de este tipo de compromisos administrativos.Otro de los puntos que revisará el organismo de control es el anticipo pactado en el contrato, equivalente al 30 % de su valor total, es decir, $9.082.799.996. También evaluará si la contratación respondió a una necesidad real del servicio o si pudo comprometer recursos públicos para los meses siguientes, como lo señalan algunas de las denuncias conocidasEn medio de esto, la Procuraduría ordenó recaudar pruebas documentales, entre ellas las hojas de vida de los directivos involucrados, los antecedentes administrativos del proceso contractual, los informes sobre los pagos efectuados y otros documentos relacionados con la celebración y ejecución del contrato. Asimismo, solicitó copia de la Sentencia C-161 de 2024 de la Corte Constitucional, mediante la cual se declaró inexequible la norma que dio origen al Ministerio de Igualdad y Equidad.
La Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por la liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad y le solicitó al Gobierno nacional adoptar medidas urgentes para garantizar que la transición institucional no afecte la atención de poblaciones históricamente discriminadas ni interrumpa programas y políticas públicas.El pronunciamiento se conoció luego de que el Gobierno expidiera el Decreto 626 de 2026, con el que se formalizó la liquidación de la cartera. La decisión se produjo en cumplimiento de la Sentencia C-161 de 2024 de la Corte Constitucional, que declaró inexequible la ley que creó el ministerio y dio plazo hasta el cierre de la legislatura 2025-2026 para corregir los vicios identificados.En un comunicado, la Defensoría advirtió que persiste incertidumbre sobre la forma en que se trasladarán las funciones del ministerio y cómo se garantizará la continuidad de las políticas dirigidas a mujeres, personas LGBTIQ+, pueblos étnicos, personas con discapacidad, jóvenes, adultos mayores, población migrante y comunidades campesinas, entre otros grupos de especial protección constitucional.El organismo también expresó preocupación porque varias funciones pasarán al Ministerio del Interior y al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social bajo un criterio de “costo cero”, sin que, hasta el momento, existan garantías claras sobre la disponibilidad de recursos, la capacidad técnica o la coordinación institucional necesaria para mantener los programas.Entre las principales alertas figuran el posible impacto sobre fondos estratégicos como “No es Hora de Callar”, “Todos Somos PAZcífico” y el Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad, además del riesgo de que se interrumpan políticas relacionadas con la equidad de género, los sistemas de cuidado y la prevención de violencias contra las mujeres.La Defensoría recordó además que el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), de la Organización de los Estados Americanos, pidió recientemente al Estado colombiano preservar los avances alcanzados en materia de institucionalidad de género y evitar retrocesos en la protección de los derechos de las mujeres. Por ello, el organismo solicitó al Gobierno publicar una hoja de ruta detallada que defina qué funciones serán trasladadas, a qué entidades, con qué presupuesto y cómo se garantizará la continuidad de los programas, los fondos y los espacios de participación ciudadana.También pidió conservar los equipos técnicos especializados y asegurar que la transición no implique una disminución en la capacidad del Estado para responder a las desigualdades estructurales.La liquidación del Ministerio de Igualdad también ha generado incertidumbre entre sus trabajadores. El pasado 22 de junio, decenas de funcionarios permanecieron en las instalaciones de la entidad a la espera de definiciones sobre la situación laboral de más de 600 personas que podrían perder su empleo como consecuencia del cierre de la cartera.El Ministerio de Igualdad fue creado en 2023 y tuvo como primera ministra a la entonces vicepresidenta Francia Márquez. Posteriormente, la entidad estuvo dirigida por Carlos Alfonso Rosero, Juan Carlos Florián Silva y, más recientemente, Alfredo Acosta Zapata. Según el decreto de liquidación, varias de sus funciones serán asumidas por otras entidades del Estado, entre ellas el Ministerio del Interior y Prosperidad Social.
El presidente Gustavo Petro expidió la Directiva Presidencial 05 de 2026, mediante la cual ordena a varias entidades del Gobierno Nacional adelantar acciones para garantizar la continuidad de los programas y políticas que estaban a cargo de esta cartera, cuya existencia está próxima a terminar tras la decisión de la Corte Constitucional que tumbó la ley que la creó y las dificultades para tramitar una nueva iniciativa en el Congreso.La directiva está dirigida a los ministerios del Interior, Hacienda y Justicia, así como al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y al Departamento Administrativo de la Función Pública. El objetivo es coordinar una transición institucional que permita mantener en funcionamiento las estrategias destinadas a atender a poblaciones discriminadas, vulnerables o sujetas de especial protección constitucional.En el documento, el Gobierno reconoce que la Ley 2281 de 2023, mediante la cual se creó el Ministerio de Igualdad, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional y que, pese a la radicación de un nuevo proyecto de ley para restablecer la entidad, este no logró avanzar lo suficiente en el Congreso antes del vencimiento del plazo fijado por el alto tribunal.Ante ese escenario, Petro ordenó a las entidades involucradas adelantar los trámites necesarios para expedir los decretos que permitan reorganizar las funciones, los programas, el personal y la estructura administrativa que actualmente dependen del Ministerio.La directiva también establece tareas específicas para varias entidades. Función Pública deberá brindar acompañamiento técnico en asuntos relacionados con empleo público, organización administrativa y gestión institucional. Por su parte, el Ministerio de Hacienda tendrá que evaluar la viabilidad financiera y presupuestal de las medidas que se adopten durante la transición.El Departamento Nacional de Planeación deberá garantizar que las decisiones que se tomen estén alineadas con el Plan Nacional de Desarrollo y las metas del Gobierno. Entre tanto, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado deberá acompañar el proceso para prevenir eventuales demandas y proteger los derechos laborales de los funcionarios vinculados a la cartera.La directiva concluye con una instrucción para que los ministros y directores de las entidades involucradas adopten de manera inmediata las medidas necesarias para asegurar una transición ordenada. Además, fija como fecha límite el próximo 17 de junio para remitir a la Secretaría Jurídica de la Presidencia los actos administrativos requeridos para implementar la reorganización.
El Gobierno nacional intensificó su ofensiva política y jurídica para garantizar la continuidad del Ministerio de Igualdad y Equidad, teniendo en cuenta que en menos de 48 días vence el plazo impuesto por la Corte Constitucional para corregir los vicios de procedimiento señalados por el alto tribunal el año pasado y evitar la eventual desaparición de la entidad.Por eso, es que en las últimas horas se reactivó el debate en el Congreso de la República, bajo el mensaje de urgencia, puntualmente en las sesiones conjuntas de las comisiones primeras. Allí se discute no solo la viabilidad jurídica del ministerio, sino su papel en la arquitectura institucional del Estado.Sin embargo, este debate ya enfrenta cerca de 190 proposiciones radicadas por los congresistas con diferentes solicitudes sobre el contenido del proyecto legislativo.Es por eso que, en paralelo, el ministerio activó mecanismos jurídicos para blindar su continuidad, entre ellos solicitudes ante la Corte Constitucional para ampliar el plazo de cumplimiento, consultas al Consejo de Estado y peticiones de aclaración sobre el alcance de la sentencia.Estas acciones buscan ganar tiempo y reducir los riesgos de un vacío institucional que podría afectar la ejecución de políticas públicas dirigidas a poblaciones vulnerables.Y es que, desde el inicio del Gobierno Petro, los problemas han sido tanto procedimentales como políticos: no ha sido posible lograr consensos entre los congresistas, en medio de tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo y de críticas persistentes hacia la gestión del ministerio. Incluso el desgaste institucional ha sido evidente pues la cartera ha tenido al menos tres ministros tras la salida de la vicepresidenta Francia Márquez.
En un avance histórico para la libertad de prensa y los derechos de las mujeres en Colombia, la viceministra de las Mujeres, Tamara Matea Ospina, confirmó la reglamentación del fondo "No es hora de callar". Esta iniciativa, que cuenta con una asignación anual de 2.000 millones de pesos, surge como cumplimiento a las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en favor de la periodista Jineth Bedoya. Fondo No es hora de callar: reparación y protección para periodistasEl fondo tiene como objetivo principal financiar proyectos que protejan y fortalezcan a las mujeres periodistas y, por petición expresa de Bedoya, se ha incluido de manera fundamental a las comunicadoras populares y comunitarias.Según la viceministra, en diálogo con Mañanas Blu, el enfoque no se limita únicamente a profesionales con formación académica, sino que busca llegar a los territorios donde las mujeres ejercen la comunicación desde lo organizativo y comunitario. La gobernanza de este recurso estará a cargo de un comité decisorio integrado por el Ministerio de Igualdad, el Viceministerio de las Mujeres, la propia Jineth Bedoya y un representante de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)Este equipo definirá el 27 de marzo las tres primeras líneas de inversión, enfocadas en la prevención, atención integral y protección de las mujeres en el ejercicio de su labor informativa. La continuidad del Ministerio de Igualdad ante la Corte ConstitucionalFrente a la incertidumbre generada por el fallo de la Corte Constitucional que señaló vicios de procedimiento en la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad, la viceministra Ospina aclaró que la entidad no tiene una "fecha de caducidad" definitiva para junio de 2026.Actualmente, cursa en el Congreso un proyecto de ley radicado en diciembre que busca subsanar dichos errores y garantizar la permanencia de la institución. Incluso en un escenario donde el ministerio desapareciera, la viceministra aseguró que el mecanismo nacional de género y el fondo "No es hora de callar" tienen garantizada su continuidad institucional."El viceministerio de las mujeres no debe retroceder en su jerarquía institucional; el fondo quedaría adscrito al mecanismo de género, independientemente de su ubicación en la arquitectura del Estado", enfatizó Ospina.Ejecución presupuestal y metas del Viceministerio de las MujeresA pesar de las críticas iniciales sobre la baja ejecución presupuestal del ministerio, la viceministra defendió la gestión actual, señalando que el Viceministerio de las Mujeres ya tiene la mayor parte de su presupuesto asignado y en ejecución.Ospina explicó que la complejidad de crear una entidad desde cero para atender a 13 poblaciones de especial protección retrasó el arranque, pero que actualmente el "carro ya arrancó" con una cobertura nacional importante.Los proyectos actuales no solo incluyen la protección a periodistas, sino también estrategias de transversalización del enfoque de género y atención a poblaciones históricamente olvidadas, como las mujeres cabeza de familia y aquellas en actividades sexuales pagas. Escuche aquí la entrevista:
El ministro de Igualdad y Equidad, Alfredo Acosta, confirmó que el viceministro Acxan Duque fue retirado de su cargo por decisión directa de la cartera y no por voluntad propia, como el funcionario había señalado previamente en medios de comunicación.Según explicó el ministro, la medida se adoptó en medio de las investigaciones internas que adelanta el Ministerio. “Se apartó del cargo y aquí hay una decisión del ministerio para adelantar todos los procesos con las garantías para que se dé claridad y se proteja a la víctima”, afirmó Acosta.El caso se originó por la denuncia contra Duque, quien habría enviado una imagen íntima a una funcionaria de la entidad sin su consentimiento. Aunque el exviceministro ha reconocido el envío de la fotografía, aseguró que se trató de un error y que la imagen estaba destinada a otra persona.En conversación con Blu Radio, sostuvo que su salida había sido una decisión personal y argumentó que su permanencia en el cargo podría afectar el trámite de la iniciativa legislativa que busca evitar la desaparición de esta entidad.“Si yo permanezco en el cargo, no se puede avanzar en los trámites legislativos porque se va a utilizar esa situación como un comodín para retrasar que pase el proyecto de ley. Por esa razón yo renuncio al ministerio, y además yo pienso que uno debe defenderse por fuera de la institucionalidad para no afectar su correcto funcionamiento”, afirmó en ese momento.El caso ya fue trasladado a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría. No es la primera vez que el Ministerio de Igualdad y Equidad tiene denuncias de este tipo. El 21 de febrero de 2025 se conoció el caso de una funcionaria que renunció a la cartera por un caso de acoso sexual y laboral en contra del viceministro Nelson Lemus.“El viceministro hacía insinuaciones incómodas y, en una ocasión, me tomó de la mano y acarició mi brazo frente a colegas", contó.Al ser consultada sobre cómo abordó la situación dentro del ministerio, indicó que inicialmente trató de comunicar lo que estaba sucediendo a figuras cercanas al viceministro. Sin embargo, las respuestas que recibió fueron desalentadoras.
El fondo contará con un presupuesto anual de $2.000 millones provenientes del Presupuesto General de la Nación, y para este año ya se realizó un primer desembolso a través del Ministerio de Hacienda. Bedoya aseguró que esta medida es el resultado de más de dos décadas de lucha tras haber sido víctima de violencia sexual mientras ejercía su labor periodística. “Llegamos a este punto después de 25 años de lucha y 26 años de haber enfrentado la violencia sexual por hacer periodismo. Yo llegué a la cárcel Modelo a hacer un reportaje que nunca pude publicar, pero que espero que este año la vida me dé la oportunidad de hacerlo”, afirmó.Según la periodista, el trabajo inconcluso aborda un entramado criminal que involucraría a miembros de la fuerza pública y grupos armados en delitos contra mujeres. Sin embargo, enfatizó que el objetivo del fondo va más allá de cualquier reparación económica. “Ninguna retribución económica quita el dolor. Lo que soñé es una herramienta que proteja a todas las mujeres que comunican, más aún en un contexto donde los medios están en crisis por la violencia y el acoso sexual en las salas de redacción”, señaló. Bedoya también advirtió que ha conocido casos de periodistas que han abandonado su oficio por falta de garantías. “Este fondo es la respuesta: entregar ayuda, herramientas y respaldo para que haya menos mujeres censuradas y estigmatizadas en Colombia”, agregó.La periodista también cuestionó los obstáculos que, según ella, han surgido desde el propio Gobierno para la implementación de esta iniciativa. “Es un llamado a funcionarios que han puesto el palo en la rueda para que esto salga adelante. El 7 de agosto se les acaba su papel como funcionarios públicos, pero a mí nunca se me apaga la voz de periodista”, expresó. El fondo ‘No es hora de callar’ funcionará como una cuenta adscrita al Ministerio de Igualdad y Equidad. Sin embargo, el futuro de esta cartera es incierto y se está debatiendo en el Congreso su posible desaparición. En ese escenario, la ley establece que el fondo pasaría a ser administrado por otra entidad del Gobierno que asuma las funciones de MinIgualdad.
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 24 de septiembre de 2026:Joaquín Gutiérrez será el nuevo presidente de Ecopetrol y su nombramiento se oficializará este viernes. La posesión está prevista en la Quinta de San Pedro Alejandrino, en Santa Marta. Gutiérrez fue jefe de campaña del presidente Abelardo de la Espriella y su trayectoria se concentra principalmente en los sectores de salud e inmobiliario, más que en la industria petrolera o energética.Santa Marta recupera paulatinamente su actividad tras el paro armado, con cerca del 50 % del comercio abierto y una reactivación progresiva del transporte. La Alcaldía anuncia un subsidio para facilitar el regreso de los taxis a las calles, mientras policías y militares mantienen presencia en distintos sectores de la ciudad. Los colegios también preparan el regreso a clases.El vicepresidente José Manuel Restrepo llevó ante la Asamblea General de la ONU el mensaje del presidente Abelardo de la Espriella sobre seguridad, inversión y cooperación internacional. En el discurso se habló acerca de recuperar el control territorial, fortalecer la lucha internacional contra el terrorismo y atraer inversión extranjera. También cuestionó la eficacia y la burocracia de Naciones Unidas y pide avanzar hacia una definición internacional común de terrorismo.Siete municipios de Cundinamarca están en alerta roja por desabastecimiento de agua en medio del fenómeno de El Niño. El Peñón, La Palma, La Vega, Puerto Salgar, Pulí, Silvania y Viotá enfrentan riesgo extremo, mientras Facatativá mantiene una alerta naranja y calcula entre ocho y once días de disponibilidad de aguas superficiales si no llueve. En Boyacá, el incendio de Iguaque alcanza un 90 % de control.El Presupuesto General de la Nación para 2027 avanza a las plenarias del Senado y la Cámara tras ser aprobado en primer debate con 56 votos a favor y 11 en contra. El proyecto asciende a $634,9 billones, de los cuales $155 billones corresponden al pago de deuda pública, $86,9 billones a inversión y $393 billones a funcionamiento. Entre los cambios se incluyen recursos adicionales para el SENA, $2 billones para salud y cerca de $100.000 millones para deporte, mientras se mantiene el recorte de $170.000 millones al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que incluye a la JEP. El proyecto todavía puede tener modificaciones y deberá quedar aprobado a más tardar el 20 de octubre.Escuche el programa completo aquí:
Un recorrido cotidiano en transporte público terminó convertido en una inesperada persecución luego de que un conductor recibiera información sobre su esposa mientras se encontraba trabajando. La noticia provocó una reacción inmediata que sorprendió a los pasajeros que viajaban con él.El hecho ocurrió en México y fue contado en redes sociales por la usuaria de TikTok @Hanna K. Rodríguez, quien aseguró haber estado dentro del colectivo cuando el conductor se enteró de que su pareja supuestamente se encontraba con otro hombre.Según el relato publicado por la joven, ella llevaba audífonos durante el trayecto y no prestaba demasiada atención a lo que ocurría en la parte delantera del vehículo. Sin embargo, comenzó a notar que el conductor aceleraba y que el recorrido transcurría a una velocidad que le generó preocupación.Al quitarse los audífonos, descubrió que detrás de la particular conducción había una razón personal. Al conductor le habían informado, a través de un teléfono, que su esposa había sido vista en compañía de otro hombre.La situación hizo que el hombre tomara una decisión que alteró el recorrido de todos los pasajeros. De acuerdo con Hanna, les explicó que podían bajarse si lo consideraban necesario, aunque quienes decidieran continuar llegarían más tarde a su destino.“Cuando me quito los audífonos me percato que desde un teléfono le comentan al chofer que vieron a su esposa con otro hombre”, relató la usuaria en su publicación.En lugar de continuar con el recorrido habitual, el conductor se dirigió hacia el lugar donde, según la información que había recibido, se encontraba su esposa. El destino habría sido una cenaduría, establecimiento en el que finalmente la encontró acompañada por otro hombre.Al llegar, el conductor descendió del vehículo para pedirle explicaciones a su pareja. La escena también llamó la atención de los pasajeros, algunos de los cuales decidieron acompañarlo y presenciar el enfrentamiento.De acuerdo con la versión difundida en TikTok, el hombre le reclamó a su esposa por la supuesta infidelidad y le recordó que llevaban 15 años juntos. La joven aseguró que el conductor le reprochó que durante todo ese tiempo había esperado que existiera lealtad dentro de la relación.La situación terminó con una confesión, siempre según el relato de la pasajera. Hanna afirmó que la mujer reconoció lo sucedido y explicó que habría tomado esa decisión durante lo que describió como un momento de vulnerabilidad.“Él le reclamaba y le decía que no tenía por qué hacerlo ya que durante 15 años le había jurado lealtad. Sin embargo, ella se exhibió porque aceptó el engaño y le dijo que todo esto había sido una tontería y que fue en un momento de vulnerabilidad”, contó la tiktoker.El episodio comenzó a circular ampliamente en TikTok a partir de un video en el que se observaba a los pasajeros dentro del colectivo mientras el vehículo avanzaba a gran velocidad.
La junta directiva de Ecopetrol eligió a Joaquín Gutiérrez como presidente de la petrolera. Este viernes, 25 de septiembre, se dará su nombramiento en Santa Marta y contará con la presencia del presidente Abelardo De La Espriella.La decisión ya generó las primeras reacciones desde el sector energético, la Asociación Colombiana de Ingenieros (ACIEM), Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo (ACIPET), Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo (ACGGP) y la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros respaldaron la decisión de Ecopetrol y señalaron que el liderazgo de Gutiérrez será fundamental para consolidar una industria energética más competitiva, sostenible e innovadora.Desde los gremios reconocieron el papel estratégico de Ecopetrol en la generación de empleo, la dinamización de las cadenas productivas, el desarrollo y el fortalecimiento de los territorios y las comunidades.Asimismo, señalaron que la nueva directiva debería avanzar inicialmente en cuatro puntos estratégicos para recuperar la autosuficiencia en el sistema energético del país.La primera es aumentar la producción de los campos existentes, le sigue el desarrollo del potencial gasífero de Colombia, tanto en proyectos costa afuera como en tierra. Además, propusieron promover el fracking en el país y fortalecer la exploración y la incorporación de nuevas reservas de petróleo y gas.Según los gremios,estas acciones contribuirán a garantizar el abastecimiento energético, atraer inversión y generar más empleo.Finalmente, expresaron su plena disposición para trabajar de manera articulada con Ecopetrol, el Gobierno Nacional y los demás actores de la industria, con el objetivo de impulsar iniciativas que fortalezcan el desarrollo tecnológico, la competitividad y el crecimiento sostenible del sector energético en el país.
Durante una operación conjunta entre la Fuerza Aérea Colombiana, la Fuerza Naval del Caribe de la Armada de Colombia, la Primera División del Ejército Nacional y coordinada con la Policía Metropolitana de Barranquilla, fue hallada una embarcación tipo Go Fast, que presuntamente estaría relacionada con actividades de logística y transporte de sustancias ilícitas al servicio de organizaciones dedicadas al narcotráfico.El hallazgo se produjo durante misiones de vigilancia y reconocimiento aéreo con aeronaves tipo SR-560 del Comando Aéreo de Combate No.3, contribuyendo a la ubicación y detección de la embarcación.Le puede interesar: Dos escopetas y cientos de dosis de droga: así cayeron dos hombres en Bucaramanga y PiedecuestaDurante la operación Unidades del Grupo de Guardacostas Caribe, encontraron una lancha de color azul y blanco, cuya matrícula correspondería a España.Además, en el desarrollo de esta misma operación, en una interdicción marítima en el mar Caribe por parte de la Armada de Colombia. fue hallada otra embarcación que se encontraba equipada con dos motores fuera de borda de 200 caballos de fuerza, tres ciudadanos colombianos a bordo y 35 bultos con 856 kilogramos de clorhidrato de cocaína, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para adelantar las verificaciones e investigaciones correspondientes.“La Fuerza Aérea Colombiana continuará aportando sus capacidades de vigilancia, reconocimiento e inteligencia aérea en apoyo a las operaciones conjuntas y coordinadas, con el propósito de contribuir a la detección y afectación de las estructuras y actividades asociadas al narcotráfico en el Caribe colombiano”, se puede leer en un comunicado.
Tropas del Gaula del Bajo Cauca, en una operación coordinada con la Policía Nacional, capturaron en flagrancia a dos presuntos integrantes del Clan del Golfo en el corregimiento El Jardín, zona rural del municipio de Cáceres, en el departamento de Antioquia.De acuerdo con las autoridades, los detenidos harían parte de la subestructura Yeison Leudo Chaverra de este grupo armado organizado y estarían dedicados a la comercialización, porte y fabricación de sustancias ilícitas en la región, actividad con la que presuntamente obtenían recursos.Le puede interesar: Dos escopetas y cientos de dosis de droga: así cayeron dos hombres en Bucaramanga y PiedecuestaDurante el procedimiento de registro, se incautaron 341 dosis de marihuana, 451 dosis de cocaína y un cuaderno con registros contables utilizados por la estructura criminal.Las personas capturadas y los elementos materiales probatorios fueron dejados a disposición de la autoridad competente para su respectiva judicialización.