Gobierno anuncia misión humanitaria para el Chocó

Una delegación del Gobierno, encabezada por la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, llegó hasta el departamento del Chocó, exactamente a Quibdó, para analizar, junto a las autoridades territoriales y agrupaciones sociales, la situación de orden público y la seguridad de los líderes sociales en esa región.

Líderes comunales e integrantes de diversas organizaciones denunciaron problemáticas como el reclutamiento de menores, la presencia de grupos irregulares y el confinamiento que estarían propiciando estos en varios municipios.

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Germán Casamá, líder indígena, aseguró que hasta mitad del año pasado se habían registrado al menos 25 casos de reclutamiento de menores, pero, además, denunció que grupos armados han minado sus territorios.

"Han ido minando territorios indígenas y eso ha generado confinamiento. Entonces el confinamiento es una de las situaciones más preocupantes para nosotros porque es generalizado en todos los territorios indígenas y eso ha traído desnutrición", añadió el líder.

El alcalde de Quibdó, Martín Emilio Sánchez, a tan solo 14 días de haberse posesionado en el cargo también habló sus preocupaciones. Denunció que hubo siete asesinatos de jóvenes y pidió acciones del Gobierno para ayudar a este grupo de personas.

"En un solo día hubo cuatro muertos", señaló el mandatario local, al tiempo que pidió al Gobierno Nacional oportunidades para la juventud.

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, calificó la jornada como un espacio de conversación sincera.

"A partir de la próxima semana y durante un mes estará una misión humanitaria que se deriva de un plan de seguimiento a las alertas tempranas de la Defensoría (...) Tendremos un mes de presencia permanente en el Chocó", fue una de las conclusiones que entregó la ministra.

Por su parte, el alto consejero para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, reconoció que uno de los grandes generadores de violencia en el departamento del Chocó es el narcotráfico y la lucha de grupos ilegales por el territorio.

Dijo que la política del Gobierno es desarticular las estructuras que están detrás de la amenazas, hostigamientos y asesinatos de líderes sociales.

"La línea del Gobierno es concentrar esfuerzos en aquellas estructuras de organizaciones criminales que atentan contra los líderes sociales y en particular en concentrar esfuerzos de persecución judicial con todas las capacidades militares y de Policía y de la Fiscalía, contra las cabezas de esas estructuras", dijo Guarín.

El Gobierno reveló que, al 31 de diciembre del año 2019, el número de protegidos en Colombia ascendió a 8.189, de los cuales 4.890 son líderes sociales.