Dos días después de ordenar a su gabinete preparar un decreto de situación de desastre durante la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo del 21 de julio, el presidente Gustavo Petro firmó el Decreto 0802 de 2026, con el que declaró la situación de desastre en todo el país por el riesgo asociado al fenómeno de El Niño.
La medida tendrá una vigencia de un año, a partir del 24 de julio, y activa el régimen especial previsto en la Ley 1523 de 2012 para atender emergencias de gran impacto.
El decreto sustenta la decisión en la posibilidad de que el fenómeno climático provoque una crisis en el sistema eléctrico nacional.
Según el documento, existe un "riesgo cierto, técnicamente acreditado y temporalmente acotado" que supera las condiciones normales de operación del sistema energético.
Además, advierte que, de no adoptarse medidas extraordinarias, "la evolución esperada del fenómeno de El Niño puede derivar en interrupciones graves y prolongadas de la prestación del servicio público esencial de energía eléctrica", con efectos sobre la vida, la salud, la seguridad, la infraestructura crítica y la economía del país.
Con base en ese diagnóstico, el Gobierno argumenta que la intervención debe hacerse antes de que ocurra la emergencia.
El decreto señala que el criterio principal para la declaratoria es la "inminencia de desastre", lo que obliga al Estado a actuar de manera anticipada bajo el principio de precaución y habilita mecanismos extraordinarios para movilizar recursos y ejecutar medidas urgentes.
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La declaratoria faculta al Ministerio de Hacienda para realizar los traslados presupuestales necesarios con destino al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y crea una subcuenta temporal denominada "Fenómeno del Niño 2026-2027", en la que se manejarán de forma separada los recursos destinados a la emergencia.
Además, ordena a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), junto con ministerios, departamentos administrativos y entidades territoriales, formular y ejecutar un plan de acción específico para la recuperación.
Ese plan deberá incluir acciones para garantizar el abastecimiento y ahorro de agua, ampliar la capacidad de almacenamiento, instalar plantas desalinizadoras en zonas costeras e insulares, fortalecer la seguridad alimentaria mediante apoyo a pequeños y medianos productores, subsidiar fertilizantes, reforzar la vigilancia en salud pública frente a posibles racionamientos de agua y energía y aumentar la capacidad de respuesta ante incendios forestales.
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También contempla la instalación de sistemas fotovoltaicos, priorizando hogares de estratos 1, 2 y 3 y población rural, como parte de la estrategia para reducir el riesgo de racionamientos eléctricos.
Aunque el Decreto no fija un monto específico para financiar estas medidas, durante la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo del 21 de julio, el presidente Gustavo Petro anunció la conformación de un fondo por 8 billones de pesos para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño.
El mandatario explicó que 4 billones corresponden a un convenio que ya adelanta Gecelca para proyectos de energía solar y ordenó trasladar otros 4 billones, provenientes de vigencias futuras del programa Colombia Solar, a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
"He pedido que los 4 billones de pesos que el Ministerio de Hacienda en vigencias futuras no colocó para el programa Colombia Solar, que es para mí esencial para mitigar los efectos del Niño en términos de energía eléctrica, se lleven a la UNGRD y entonces tengamos 8 billones en Gecelca. Ojo con la corrupción, 8 billones para atender desde el punto de vista energético la posible caída del agua como generadora de energía eléctrica en Colombia para los meses de diciembre, febrero y marzo del año", afirmó Petro durante esa reunión.
Según lo planteado por el presidente en esa sesión, los 4 billones trasladados a la UNGRD serían ejecutados mediante contratación directa, al amparo del régimen excepcional que habilita la declaratoria de desastre, mientras los otros 4 billones seguirían su ejecución a través del convenio que adelanta Gecelca.
El propósito, de acuerdo con lo expuesto por el mandatario, es que ambos componentes financien la compra e instalación de paneles solares para reducir el riesgo de desabastecimiento de energía durante el fenómeno de El Niño, con prioridad para hogares de estratos 1, 2 y 3 y población rural. Petro también pidió mantener controles para evitar hechos de corrupción en el manejo de esos recursos.
Sin embargo, la estrategia fue cuestionada por los principales representantes del sector energético.
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El presidente de Andesco, Camilo Sánchez, aseguró que el Gobierno ignoró durante más de un año las advertencias sobre la necesidad de prepararse para una temporada de sequía y criticó que los recursos se concentren en paneles solares mientras siguen pendientes los pagos de subsidios de energía y gas y las obligaciones con empresas del sector.
"Lo que tiene que hacer el Gobierno en este momento es priorizar el presupuesto para entregar esos recursos y pagar los subsidios de energía y gas", afirmó Sánchez, quien recordó que durante un fenómeno de El Niño las plantas termoeléctricas aportan más del 55 % de la energía firme del país.
En el mismo sentido, el presidente del Grupo Energía Bogotá, Juan Ricardo Ortega, señaló que la energía solar es un complemento para la transición energética, pero advirtió que "no garantiza el suministro durante la noche" ni reemplaza el respaldo que ofrecen las hidroeléctricas y las termoeléctricas.
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Agregó que desde noviembre el país dependerá en mayor medida de las plantas térmicas y alertó sobre la pérdida de autosuficiencia en gas natural, lo que obligará a incrementar las importaciones.
También pidió fortalecer la infraestructura para transportar ese combustible y resolver la situación de Air-e, empresa intervenida por el Gobierno que presta el servicio a cerca de 1,3 millones de usuarios.
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