El presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Iván Mauricio Lenis, confirmó que el Gobierno nacional retirará la propuesta de eliminar la exención del impuesto de renta que beneficia a los magistrados sobre sus gastos de representación. Según explicó el alto dignatario, la decisión gubernamental permitirá mantener el beneficio tributario del 50 % en dicho rubro dentro del proyecto de ley de rescate que se discute en el Congreso de la República.
Mantenimiento de la exención tributaria en gastos de representación
En diálogo con Mañanas Bluel presidente del alto tribunal aclaró que la intención inicial del Ejecutivo fue modificada tras los diálogos sostenidos entre las partes. Al respecto, el magistrado Lenis sostuvo: "el gobierno ya anunció que no va a ser así y propuso, y entiendo que así ya es, eliminar ese punto de la ley de rescate que se discute actualmente en el Congreso". De esta manera, el ajuste al proyecto significará "mantener la exención del 50% en el rubro de gastos de representación".
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Frente a los cuestionamientos sobre la equidad de esta medida tributaria, el magistrado enfatizó que los integrantes de las altas cortes pagan montos significativos en sus declaraciones fiscales. "No es que nosotros no paguemos renta, de hecho, las tablas de nosotros son significativas y en el anterior gobierno ya se habían incrementado". Asimismo, precisó que existen razones vinculadas a los riesgos y responsabilidades de los cargos públicos para justificar dichos topes exentos en la estructura salarial del Estado.
Acuerdo presupuestal para evitar la parálisis de la justicia
El magistrado Lenis resaltó la existencia de un "muy buen relacionamiento con el actual gobierno" y el constante apoyo recibido por parte del Ministerio de Justicia. La cúpula judicial había advertido previamente que la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación requerían de al menos 1,5 billones de pesos para el próximo año con el fin de garantizar el funcionamiento mínimo del sistema y evitar su paralización.
Como resultado de las conversaciones, el Gobierno nacional se comprometió a asegurar 1 billón de pesos para el presupuesto judicial del año entrante. Estos recursos se distribuirán asignando 600.000 millones de pesos a la Rama Judicial y 400.000 millones de pesos a la Fiscalía General de la Nación.
Para cubrir los 500.000 millones de pesos restantes del requerimiento financiero, el magistrado explicó que se contempla la implementación del arancel judicial en procesos civiles y comerciales de alta cuantía en el corto y mediano plazo. Sobre esta figura, detalló que se aplicaría como un porcentaje sobre las pretensiones que superen los 500 millones de pesos, enfocado principalmente en el sector financiero para litigios hipotecarios o ejecutivos, descartando su aplicación en asuntos penales o laborales.
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Escuche aquí la entrevista: