El pasado 25 de octubre el Inpec abrió una licitación para telefonía que sería implementada en las 136 cárceles del país para sustituir el sistema de las tarjetas preparadas, pues las autoridades han denunciado que estas tarjetas se han convertido en el papel moneda al interior de los centros.
Sin embargo, esta licitación no incluía el bloqueo de señal pese a que la Corte Constitucional lo ordena, y pese también a que este servicio ha sido calificado como fundamental por todas las autoridades del país para frenar las extorsiones y estafas que en el 50 por ciento de los casos se hacen desde los centros penitenciarios.
Por esta razón, la licitación había sido demandada ante el Tribunal Superior de Bogotá y hoy el Inpec decide revocarla.
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Ahora el instituto formulará un nuevo proceso licitatorio con nuevos estudios técnicos y atendiendo una sentencia de la Corte Constitucional que le ordena a esa entidad mejorar el sistema de telefonía en las cárceles para garantizar que los internos se comuniquen con sus familias.
No obstante, el tiempo corre, pues hace unos días el Gobierno anunció que le quitará al Inpec el manejo del bloqueo de señales de celular en las cárceles tras encontrar que esa institución no estaba adelantando ninguna medida para implementar el bloqueo de señal y que algunas empresas contratadas para brindar el servicio de telefonía estaban cobrando tarifas altísimas.
Así las cosas, en marzo de 2018 el Gobierno, en cabeza del consejero de Seguridad y Convivencia, Juan Carlos Restrepo, asumirá el bloqueo de señal con monitoreo permanente de llamadas en 125 cárceles que aún no lo tienen y en 11 más que tienen el servicio a través de empresas privadas.
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