El exsenador Richard Aguilar, detenido por corrupción en contratos, fue trasladado al Batallón Escuela de Artillería en el sur de Bogotá para ser recluido en ese complejo, donde también se encuentra su padre, el exgobernador de Santander Hugo Aguilar.Fuentes del Inpec confirmaron a BLU Radio que los dos se encuentran compartiendo sitio de reclusión, luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara el traslado del exsenador a un centro carcelario el pasado viernes 30 de julio.El exsenador fue cobijado con una orden de detención por parte de la Corte Suprema de Justicia que lo investiga por corrupción, derivada de presuntas irregularidades en contratación cuando se desempeñó como gobernador del departamento de Santander.Coincidencialmente, su padre Hugo Aguilar, quien también fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por vínculos con paramilitares, se encontraba recluido desde hace un tiempo en el complejo militar que se ubica al frente de la cárcel Picota de Bogotá.
Este domingo 1 de agosto, la juez quinta penal municipal con función de control de garantías de Bogotá, declaró ilegal la captura y ordenó la libertad de Carolina Galván y Nilson Díaz, señalados por su presunta responsabilidad en la desaparición forzada de la niña Sara Sofía. Un error de la Fiscalía impidió que los indiciados contaran con abogados de confianza.Según la juez, hubo errores en las capturas y les vulneraron los derechos a los detenidos, por eso afirmó que no era posible legalizar estas capturas, “el juzgado quinto penal municipal con función de garantías de Bogotá, resuelve no acceder a la solicitud efectuada por parte de la delegada de la Fiscalía, es decir no legalizar la captura, sino por el contrario declarar ilegal el procedimiento de captura de los ciudadanos Nilson Vladimir Díaz y Carolina Galván Cuesta”, sentenció.Ante esta decisión el abogado de la defensa pidió que, ante la nulidad de este procedimiento, sean liberados inmediatamente.Por su parte, la Fiscalía anunció que interpondrá recurso de reposición ante la decisión, sin embargo, el abogado de las víctimas aceptó esta decisión al igual que la Procuraduría.Según la juez, aunque el caso era mediático y que la opinión pública y los medios de comunicación estaban pendientes de este caso, llamó la atención porque la orden de captura se anunció por estos medios, pero no se hicieron los procesos correctos, además no se informó lo sucedido previamente a la expedición de la nueva orden de captura.
BLU Radio pudo establecer que ya se hizo efectiva la orden de recaptura contra Nilson Díaz, pareja de Carolina Galván, madre de la pequeña Sara Sofía. El proceso se realizó frente a los predios de la cárcel La Picota, cuando el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) lo dejaba en libertad por orden del Juzgado Segundo Penal de Bogotá.Integrantes del CTI y la Policía judicial detuvieron por segunda vez a Díaz, luego de que un juez de control de garantías avalara una nueva solicitud de captura que fue solicitada por la Fiscalía.Durante la noche de este sábado también fue recapturada la madre de Sara Sofía, Carolina Galván, cuando salía de la cárcel El Buen Pastor.Cabe recordar que, a favor de la pareja, el Juzgado Segundo Penal falló la nulidad en el proceso por el delito de desaparición agravada, luego de que el despacho judicial argumentara fallas en los motivos expositivos de la Fiscalía y en la recolección de pruebas. Esta decisión también incluyó la libertad de los dos investigados.Tras esta decisión, la Fiscalía nuevamente radicó solicitudes de captura para detener por segunda vez a Carolina Galván y Nilson Díaz, con el fin de que respondan por la desaparición de la pequeña Sara. Con la recaptura de la pareja el ente acusador busca iniciar de nuevo el proceso de imputación de cargos y llamarlos a juicio.El Inpec, por su parte, informó desde su oficina de prensa que, tanto Carolina y Nilson, permanecerán detenidos en las cárceles el Buen Pastor y la Picota, mientras la Fiscalía realiza los procesos de legalización de las capturas ante un juez de control de garantías por el delito de desaparición agravada.
Seis funcionarios del Inpec, incluidos dos inspectores, de la cárcel de Ternera, en Cartagena, fueron capturados por integrar, junto a reclusos, una estructura delincuencial al interior del penal.De acuerdo con la Fiscalía, los capturados presuntamente recibían dinero que era cobrado por los denominados ‘jefes de patio’ a otros reclusos, para permitirles el ingreso de licor, estupefacientes, teléfonos celulares y armas.Se trata de los inspectores Jhon Jairo Palacios y Edwin Munar Garzón, así como los dragoneantes Vanessa Polanco Basanta, Miller Alberto Prieto Luna, Carlos Álvarez Lozano y Jairo Romero Payares, quienes, según la Fiscalía, habrían aprovechado sus funciones para desarrollar el supuesto accionar delictivo, manteniendo controlados a los internos y a los otros guardas.“Los internos que no pagaban eran sometidos a maltratos y a restricciones de visitas, no solamente este maltrato se ejercía por parte de los funcionarios del Inpec, sino de otros prisioneros de los patios”, señaló Ibeth Cecilia Hernández, directora de la Fiscalía seccional Bolívar.En las audiencias preliminares, la Fiscalía, que les formuló cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado, concusión y extorsión, indicó que los llamados jefes de los patios 2 y 6, que harían parte de la banda, eran quienes obligaban a otros internos a pagar cuotas semanales de 10.000 o 20.000 pesos, las cuales eran entregadas los domingos al personal que ejercía la vigilancia.Al término de las audiencias, el juez 18 ´Penal Municipal de Garantías de la ciudad de Cartagena, les dictó medida de aseguramiento domiciliario. La Fiscalía anunció que apelará la decisión.
Las boletas de salida ya llegaron a las cárceles el Buen Pastor y la Picota de Bogotá. Los documentos ordenan la libertad de Carolina Galván y Nilson Díaz, investigados por la desaparición de la pequeña Sara Sofía en la localidad de Kennedy.El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) realiza los trámites administrativos para dar cumplimiento a la orden del Juzgado Segundo Penal de Bogotá. Además, se revisará por parte del Inpec que no existan otros requerimientos contra la pareja.Carolina Galván, madre de la pequeña Sara, y Nilson Díaz, pareja de Carolina, fueron capturados el 18 de marzo por el delito de desaparición forzada. Luego de cuatro meses el Juzgado Segundo Penal ordenó sus libertades tras decretar la nulidad del proceso penal por aparentes inconsistencias por parte de la Fiscalía en la presentación de pruebas y argumentos, con los que se busca sentencia condenatoria contra la pareja.De Sara Sofía Galván no se tiene información desde el pasado 28 de enero de 2021, luego de que la tía de la menor, Xiomara Galván, entregara a la pequeña a su progenitora.Desde entonces se han hecho búsquedas por parte de las autoridades en el río Tunjuelo, en el barrio Class Roma, en el suroccidente de la capital, en donde, según testimonios de Nilson Díaz, se habría sido arrojado el cuerpo de la pequeña, después de que aparentemente falleciera en la vivienda en la que se encontraba.La Fiscalía anunció que se solicitarán nuevas órdenes de captura contra Carolina Galván y Nilson Díaz con el fin de que respondan penalmente por la desaparición de Sara. El ente acusador aseguró que no se han registrado errores en los procesos de imputación y de recolección de pruebas y que hay claridad sobre la presunta responsabilidad de la pareja en los hechos.
Un preso murió asesinado en la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá. De acuerdo con versiones preliminares, el fallecimiento se dio durante una riña al interior de uno de los patios del penal. Al parecer, la víctima fue agredida con arma blanca. Los hechos se registraron a las 2:30 de la madrugada, según los primeros reportes. El Inpec y la Policía intentan establecer lo sucedido en el centro penitenciario. Además, se busca establecer si más personas resultaron muertas o lesionadas en los hechos. Escuche este informe del Ojo de la Noche en Mañanas BLU:
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, reveló que el traslado del condenado exsenador Eduardo Pulgar obedece a una solicitud que hizo recientemente para estar cerca a sus cuatro hijos menores de edad, quienes viven en Barranquilla.El Inpec hizo un estudio de la solicitud y reveló que, de acuerdo con la capacidad carcelaria en la zona, el Centro de Reclusión Militar del Batallón de Ingenieros Vergara y Velasco, ubicado en Malambo, reportó un cupo y por eso decidieron trasladarlo a ese centro carcelario.El senador Pulgar hizo la solicitud considerando que la pena impuesta no es tan alta y su comportamiento dentro del complejo carcelario ha sido bueno, por lo cual requiere estar cerca de sus pequeños cuatro hijos que se encuentran en un proceso de formación y desarrollo.Pulgar Daza fue condenado el pasado 24 de junio por la Corte Suprema de Justicia, luego de hallarlo culpable en el delito de cohecho por dar u ofrecer a un juez de la República 200 millones de pesos para favorecer con un fallo a uno de sus patrocinadores políticos.
Los hechos se registraron durante horas de la noche, mientras algunos dragoneantes llevaban a cabo la inspección de la cárcel de mediana seguridad del municipio de Tuluá, Valle del Cauca.La granada fue arrojada desde el exterior de la edificación, según las autoridades, sobre la calle 15, y cayó al parqueadero del centro penitenciario, sin dejar heridos o muertos."Es un atentado por parte de grupos criminales que buscaban hacer algún tipo de daño. Se reaccionó de acuerdo con los protocolos de seguridad que se tienen previstos y se invita a la comunidad que aporte con información sobre los responsables intelectuales y materiales de este hecho", confirmó el coronel Pablo Cárdenas, comandante de la Policía del municipio.Las autoridades, a través de cámaras de seguridad de establecimientos comerciales y de vigilancia del barrio Popular, buscan establecer la identidad y paradero de los responsables."Cayó en un sitio poco frecuentado y alejado de los internos. Por ello hacemos un llamado a los familiares de los privados de la libertad para que se abstengan de venir, pues ellos están en excelentes condiciones", dijo el teniente Domiciano Fontecha, comandante de vigilancia del INPEC.A esto, se suma la racha de violencia y actos delincuenciales que se han venido presentando en el municipio, en el que en las últimas horas fue asesinado a disparos en un establecimiento comercial un hombre de 60 años que tenía medida de prisión domiciliaria, por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.
Este martes 6 de julio iniciará en Bogotá la vacunación de la población privada de la libertad y de los funcionarios, al igual que los guardianes penitenciarios de las cárceles el Buen Pastor, La Modelo y La Picota. Según el Inpec, este proceso de inmunización contra el COVID-19 estará apoyado por la Secretaría de Salud de la capital del país.“La próxima semana iniciaremos el proceso de inmunización de manera masiva en los establecimientos de reclusión de orden nacional de la ciudad capital y finalmente la sede administrativa del Inpec. Todo esto pensando en nuestros funcionarios, en la salud de ellos, y lógicamente de las personas que hoy están bajo nuestra responsabilidad”, aseguró el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, el general Mariano Botero.El instituto penitenciario informó que son 15.865 personas privadas de la libertad y 1.986 funcionarios y guardianes carcelarios que ya han sido inmunizados contra el COVID-19. Los centros carcelarios de San Andrés, Barranquilla, Leticia y La Guajira son los primeros del sistema nacional con toda su población vacunada.Frente a este reporte, sindicatos de los trabajadores carcelarios han pedido acelerar los procesos de inmunización en los principales centros carcelarios del país, en donde el hacinamiento carcelario ha generado brotes hasta de más de 9.000 contagios por centro penitenciario.Voceros de los trabajadores denuncian que ya son cerca de 30 los funcionarios y guardianes del Inpec que han fallecido por cuenta del nuevo coronavirus. “Con la reciente muerte de uno de los inspectores del Inpec y tres empleados más fallecidos por causa del COVID-19 en los últimos días, la Unión de Trabajadores Sindicales, llama a la atención a las autoridades y ministerios de Salud y de Justicia para que adopten las medidas pertinentes y lograr bajar el número de contagios y muertes a causa del nuevo coronavirus”, afirmó Horacio Bustamante, presidente de la Unión de Trabajadores Carcelarios del Inpec.Según el Inpec, en la actualidad 2.384 funcionarios ya se han recuperado del contagio y 232 casos permanecen aún con el virus activo.“No hemos sido ajenos a la tragedia que la pandemia ha ocasionado a nivel mundial. El instituto ha perdido a 27 de sus funcionarios. Por eso hemos generado diferentes protocolos de bioseguridad para evitar que más personas salgan afectadas. Dentro del proceso masivo de inmunización se encuentran nuestros funcionarios y guardianes penitenciarios”, dijo el general Botero del Inpec.El instituto penitenciario informó que 14.000 funcionarios ya se encuentran priorizados en la página web de MiVacuna y se espera lograr llegar a la inmunidad de rebaño en los centros carcelarios con la vacunación de los más de 125.000 internos o personas privadas de la libertad a cargo del Inpec.
Solo cuatro horas después de la fuga en Pradera, Valle del Cauca, las autoridades de la estación de Policía del municipio se dieron cuenta de la fuga de 12 reclusos gracias al aviso de un vecino.El hombre llegó a la estación y alertó a los policías de haber visto a varias personas corriendo por la parte trasera de la estación. Los uniformados se dirigieron a la celda en la que encontraron al resto de reclusos."Rompen los muros y abren un hueco por el que, fácilmente, cabe una persona, aprovechando las altas horas de la noche", confirmó el coronel Jorge Urquijo, comandante de la Policía del Valle.Se logró determinar que los hombres abrieron un hueco de aproximadamente 25 centímetros de diámetro con un pasador de la reja de seguridad y cepillos de dientes con filo. A través del mismo, salieron a un lote baldío."Tenemos confirmación de que dos de las personas se quieren entregar nuevamente, ya que sus procesos están bastante adelantados y continuamos en la búsqueda del resto", agregó el coronel Urquijo.Diez de las personas estaban sindicadas, otras dos condenadas por delitos como tráfico de estupefacientes, hurto agravado, concierto para delinquir y violencia intrafamiliar.
El secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, confirmó a través de su cuenta de Twitter la captura de los presuntos responsables de la agresión a un hincha que se convirtió en la chispa que detonó graves desmanes entre seguidores de Independiente Santa Fe y Nacional en la noche de este martes.Por la brutal agresión contra el hincha cardenal, tres asistentes al juego que portaban camisetas de Nacional permanecen detenidos en la mañana de este miércoles en la URI de Puente Aranda, en Bogotá.En total, siete personas fueron detenidas por los hechos de violencia que empañaron la fiesta del fútbol que tras más de 480 días de sequía registraba el ingreso de hinchas al principal estadio de la capital.Tras labores de verificación, cuatro de los sospechosos puestos en libertad.La pelea inició luego que terminara el primer tiempo del compromiso. Algunos aficionados se agarraron en las tribunas y otros en la gramilla del escenario deportivo.Los hechos obligaron a las autoridades a tomar medidas urgentes para evitar nuevas agresiones, pues en videos que circulan en redes sociales se puede observar la sevicia que tuvieron algunos.“Para evitar nuevos enfrentamientos se concluye la evacuación de los hinchas de los dos equipos con un fuerte dispositivo de Policía”, dijo Gómez.Además, precisó que los capturados fueron identificados gracias a dispositivos electrónicos.“Se han capturado a 3 responsables de la violencia identificados en vídeos de seguridad”, precisó el secretario de Gobierno.Luis Ernesto Gómez indicó que se continúa con las labores de identificación de nuevos casos y los demás responsables de estos ataques que generan indignación en el país.Cabe resaltar que la alcaldesa Claudia López anunció que, luego de estos desmanes, se suspende el ingreso del público a los estadios y habrá una reunión con Dimayor y demás entidades del fútbol colombiano para aplicar “medidas más severas”.“Se suspende el ingreso de público a los estadios y se convoca mañana a las 10:00 de la mañana a Dimayor y demás miembros de mesa de seguridad en el fútbol para que se apliquen las más severas sanciones por los hechos inaceptables de hoy en el Campín”, precisó la alcaldesa.“Lo que han hecho unos hinchas desadaptados y violentos es inaceptable con Bogotá”, agregó la mandataria local, quien mostró su descontento y rechazó lo sucedido, pues la esperada vuelta del público se dio tras casi un año desde la pandemia por coronavirus y terminó con una jornada “inaceptable”.
El vicedefensor del Pueblo, Luis Fajardo, habló en Mañanas BLU sobre la situación de los militares en retiro colombianos que están detenidos en Haití por el asesinato del presidente Jovenel Moise.El funcionario reveló que los connacionales acusados de ser mercenarios están recluidos en condiciones inhumanas, que ellos manifiestan ser víctimas de una trampa y que vio una foto que muestra a uno de ellos reunido con personalidades políticas del país antillano.Las autoridades haitianas pusieron como condición, para que la Defensoría del Pueblo se reuniera con los militares en retiro, que no se abordara nada del proceso.“Nos dijeron que si en la carta escribían algo sobre el proceso nos las quitaban”, sostuvo Fajardo.Condiciones inhumanasSegún Fajardo, los 18 colombianos detenidos no tienen contacto con parientes desde su detención y que en Haití no existe la figura de la defensoría pública por lo que no hay nadie que vele por sus derechos.“Están en una celda de seis metros por dos metros. Ahí viven todo el día. Duermen apiñados uno al lado del otro. La celda no tiene luz solar, no han tenido contacto con sus familiares desde el día de su detención”, contó.“Nos dijeron que habían permanecido esposados desde el momento en que fueron capturados”, complementó.Interrogados por el FBILos colombianos detenidos en Haití fueron interrogados por miembros del FBI, según sus declaraciones. Algunos de ellos manifiestan que no ven con malos ojos la posibilidad de que sean pedidos en extradición por Estados Unidos, ya que esta sería una forma de que sus derechos procesales sean respetados.“No se trata de pedir que los absuelvan, sino que les den unas garantías”, dijo el funcionario.¿Víctimas de una trampa?Una de las condiciones de las autoridades haitianas para permitir la entrevista de los detenidos con el vicedefensor Fajardo fue no abordar detalles acerca de la investigación por el magnicidio de Jovenel Moise. Sin embargo, esto no se pudo evitar.“Desde que se sentaban con nosotros les advertíamos que por favor no nos dijeran nada del proceso. Ahora, pese a que se los dijimos y a que estábamos rodeados de ocho policías haitianos varios de ellos igual lo primero que nos decían era: ‘mire, nos tendieron una trampa’”, refirió Fajardo.El vicedefensor reportó que tuvo acceso a una imagen en la que se aprecia a uno de los colombianos acusados de matar a Jovenel Moise con importantes políticos haitianos.“En algún momento me pidieron que le tradujera la declaración a uno de los detenidos. Todo está en francés, para que la firmara. Yo se la leí y era básicamente el reconocimiento de unas personas que estaban en una foto con el detenido y cuando él nos informó, nos dijo que eran políticos importantes de Haití. En la foto uno lo veía con varias personas al lado de unas banderas de Haití. Ahí hay una situación muy compleja”, afirmó.“Hay una foto de un exmilitar colombiano con aproximadamente cinco personas que, según me explicó allí el detenido, eran políticos muy importantes de Haití”, complementó.Escuche al vicedefensor Luis Fajardo en entrevista con Mañanas BLU:
La Alcaldía de Cali instaló varias materas en el puente ubicado en la calle quinta con carrera sexta, a la altura de Comfenalco con el fin de iniciar un proceso para ser deshabilitado en ese importante corredor vial y peatonal del centro de la ciudad.El director de planeación distrital, Roy Alejandro Barreras, aseguró que el desuso de esta construcción llevará a su desmonte a futuro. “Este puente se encuentra en mal estado, con problemas estructurales y sin acceso para las personas en condición de discapacidad. Por esa razón será eventualmente desmontado y se convertirá en un espacio de paisajismo urbano para embellecer la fachada de la calle quinta”, dijo el funcionario Barreras.También dijo el director de Planeación distrital que a partir de la fecha, se continuarán añadiendo más elementos de jardinería mientras se logra su cierre total.“Con este cierre, se va a reducir la presencia de habitantes de calle y ladrones que frecuentaban esta zona en diferentes horas del día. Es momento de que Cali continúe su proceso de darle más espacio al peatón en la vía”.Sin embargo, algunos sectores de opinión no están de acuerdo con la medida de prolongar por más tiempo la destrucción del puente. La concejala de Cali, Alexandra Hernández, dijo que tener los dos cruces peatonales y el puente, al mismo tiempo, no asegura nada en materia de seguridad:“Una estructura que se deje al abandono continuará aumentando la inseguridad en la zona ya que al no haber circulación de usuarios sobre la misma, puede servir de guaridas para los delincuentes que tienen azotada a la comunidad de San Antonio y La Merced. Por eso el puente tiene que ser demolido ya mismo y no invertir recursos en adornos como plantas y materas”, aseveró Hernández.El proceso de demolición de los puentes peatonales en esa zona inició con el desmonte de la estructura ubicada en la carrera 25 con calle 5 y continuó con los pasos a desnivel del CAM y Bellas Artes sobre avenida 2N.
El fiscal de Puerto Príncipe, Bed-Ford Claude, dictó órdenes de búsqueda contra dos dirigentes políticos, dos líderes religiosos y un empresario en el marco de la investigación por el asesinato del presidente haitiano, Jovenel Moise, en su residencia la madrugada del 7 de julio pasado.El fiscal de la capital, que confirmó a Efe las órdenes, "está obligado a tomar las medidas necesarias para investigar, procesar y llevar ante él" a estas personas.Se trata del empresario Samir Handall, así como de Liné Balthazar, del partido de Moise; y del líder del partido Inifos, Paul Denis.Asimismo, de los líderes religiosos Gérald Bataille y Gérard Forge.Son buscados por "asesinato, intento de asesinato, ataque armado contra el presidente de la República Jovenel Moise", según el documento.Recientemente se emitió una orden de búsqueda contra la jueza Wendel Coq Thélot.En su última conferencia de prensa, la Policía haitiana declaró que 44 personas están detenidas por el magnicidio, entre ellas 12 policías, algunos por su grado de responsabilidad y otros por su implicación directa en el asesinato de Moise, quien estaba en el cargo desde febrero de 2017.Cuatro de los policías estaban presentes el día del asesinato, según la portavoz de la Policía haitiana, Marie Michelle Verrier.Entre los arrestados también figuran 18 colombianos, en su mayoría militares retirados, y seis haitianos, tres de ellos nacionalizados estadounidense.El supuesto cerebro del plan es el médico haitiano Christian Emmanuel Sanon, también bajo arresto.Las autoridades se han incautado de 45 armas de fuego, cientos de municiones y tres granadas en el marco de la investigación, según los reportes.El asesinato fue cometido, según las pesquisas, por un comando de 26 mercenarios colombianos que irrumpieron en la residencia presidencial sin hallar resistencia por parte de las fuerzas de seguridad que custodiaban su residencia privada en el sector de Pelerin, en Puerto Príncipe.La esposa de Moise, Martine, que también fue herida en el ataque, fue tratada en un hospital del sur de Florida y regresó a su país días después, aunque la semana pasada volvió a viajar a EE.UU.
La Alcaldía de Bucaramanga lanzó, junto con la Policía, una nueva estrategia para combatir las bandas delincuenciales que tienen atemorizados a los habitantes de varios sectores de la ciudad. La estrategia tiene como propósito reducir los casos de fleteo, robos y hurtos de celulares, así como intensificar las acciones preventivas en los sectores donde más denuncias se han registrado. "Vamos a empezar en los barrios Cabecera, Sotomayor, Centro, Provenza, donde aumentaron los casos de hurto durante el 2021. Le apostamos a través de estrategias operacionales y preventivas disminuir los indicadores e incrementar las denuncias para desarticular las organizaciones criminales”, afirmó la secretaria del Interior, Melissa Franco. Durante este año en Bucaramanga se han desarticulado ocho bandas dedicadas al hurto en diferentes modalidades, informó la Policía.
