Óscar Camargo Ríos, conocido en el mundo del crimen como alias 'Pichi' y considerado uno de los narcotraficantes más buscados de Colombia, se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en el departamento de Boyacá, donde cumple su detención bajo un riguroso esquema de control.Le puede interesar: Camargo Ríos fue recapturado el pasado 9 de diciembre en Copacabana, Antioquia, luego de haberse fugado de su residencia, donde cumplía una medida de prisión domiciliaria.Desde su reingreso al sistema penitenciario, se han implementado medidas excepcionales para evitar nuevas fugas o la posible coordinación de actividades delictivas desde el penal, según informó el Inpec.El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), coronel Daniel Gutiérrez, informó que el recluso está sometido a un estricto régimen de vigilancia.Entre las medidas adoptadas se incluyen monitoreo permanente por cámaras de seguridad y controles constantes por parte del personal penitenciario.El oficial enfatizó que 'Pichi' no cuenta con ningún tipo de privilegio dentro del penal y que su reclusión se da en condiciones similares a las de otros internos de alto perfil."Él está bajo estrictas condiciones de seguridad, con monitoreo constante y sin acceso a beneficios especiales", aseguró el funcionario.El coronel también subrayó que la reclusión de alias 'Pichi' en Cómbita busca impedir que continúe operando desde el interior del penal, cerrando cualquier posibilidad de comunicación con sus redes criminales.
El director nacional del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), coronel Daniel Gutiérrez, reveló durante su visita a Bucaramanga que las estaciones de policía del país albergan actualmente a cerca de 20.000 personas sindicadas, lo que ha generado una grave crisis de hacinamiento.El oficial enfatizó que las cárceles están destinadas exclusivamente a personas condenadas, lo que impide el traslado de los sindicados a estos centros penitenciarios. Actualmente, el sistema carcelario cuenta con aproximadamente 75.000 personas condenadas y enfrenta un déficit de 40.000 cupos, una situación que agrava la crisis de sobrepoblación en los centros de detención transitoria."Ha sido un trabajo difícil, pero hemos venido articulando soluciones con la Corte Constitucional y los alcaldes. La responsabilidad del Inpec es custodiar a los condenados, pero los sindicados son quienes están generando hacinamiento en las estaciones de policía. No podemos simplemente trasladarlos a las cárceles porque ello aumentaría el problema", explicó el coronel Gutiérrez.Para abordar esta crisis, el Inpec trabaja en coordinación con alcaldías y la Policía Nacional en la creación de centros de detención transitoria que permitan aliviar la sobrepoblación en las estaciones policiales. Además, se evalúa la posibilidad de ampliar los cupos en las cárceles del país como parte de una estrategia integral.El hacinamiento carcelario ha sido un tema recurrente en las discusiones sobre el sistema penitenciario en Colombia, y la necesidad de soluciones estructurales se ha convertido en una prioridad para las autoridades. El coronel Gutiérrez reiteró que el trabajo conjunto con diferentes entidades es clave para enfrentar este desafío y garantizar condiciones dignas de reclusión para los privados de la libertad.
El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, expresó su profunda preocupación por los beneficios que la justicia está otorgando a personas señaladas de delinquir en la ciudad. Dijo que más del 50 % de los delincuentes que se encuentran con brazalete del Inpec, bajo el beneficio de casa por cárcel, han sido recapturados mientras cometían delitos."De las 250 personas que están recluidas en domiciliarias o con brazalete, más de 150 han sido recapturadas, es decir, el 50 % sigue delinquiendo", indicó Beltrán.Agregó que los hechos delincuenciales en la ciudad cada vez están en aumento un ejemplo claro de la situación es la captura de un individuo en flagrancia tras robar a un taxista, y lo preocupante señaló el mandatario, es que muchos de estos delitos ya no se limitan a robos simples, sino que incluyen robo a mano armada, incautación de armas y drogas.El alcalde cuestionó duramente el sistema de justicia, expresando que es incomprensible cómo se puede combatir la inseguridad y la criminalidad cuando, a pesar de las capturas, los delincuentes continúan en sus hogares bajo domiciliaria."La pregunta que nos hacemos es: ¿Cómo esperan que podamos combatir la criminalidad si, después de las capturas, la justicia les otorga domiciliaria y siguen delinquiendo?", expresó.Además, Beltrán hizo un llamado sobre la reducción del presupuesto al Inpec, destacando que se han recortado casi 12.000 millones de pesos, lo que afecta la capacidad del sistema penitenciario para hacer frente al problema de las domiciliarias."Están mandando a domiciliaria a personas que siguen causando daño. Nuestro llamado es claro: no manden a las casas a aquellos que representan un peligro para la sociedad. Estamos exponiendo nuevamente a la comunidad, a la señora, a la niña que va al colegio (...) Las capturas son diarias y los operativos constantes, pero no podemos seguir hablando de seguridad si no contamos con un sistema de justicia más robusto y un sistema penitenciario con las herramientas necesarias para actuar", concluyó Beltrán.
El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, manifestó su preocupación ante el recorte presupuestal que enfrentará el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en 2025, advirtiendo que esta medida afectará significativamente las estrategias de seguridad en la ciudad y en el país.“Naturalmente afecta el municipio, pero mi mayor preocupación es el recorte al Inpec. Eso tiene una afectación puntual a las estrategias de seguridad y justicia que estamos tratando de mantener. Hemos venido pidiendo un fortalecimiento de las cárceles y del trabajo con los delincuentes, pero esa noticia lo que hace es debilitar la acción. Por eso, hoy Bucaramanga pone en riesgo una estrategia de seguridad cuando disminuyen el presupuesto al Inpec”, dijo el alcalde Beltrán.Agregó: “Esto terminará en que muchos presos queden en libertad o sigan delinquiendo con brazalete, porque hoy el Inpec no tiene las capacidades para contener la situación que estamos viviendo”, enfatizó el mandatario local.A través de su cuenta en X, Beltrán reiteró su preocupación sobre el impacto de esta decisión en la seguridad pública: “Preocupa el recorte presupuestal que tendrá la Fuerza Pública en 2025, pero el más grave es el del Inpec, al que le van a quitar $12.000 millones, cuando a hoy no tiene personal ni herramientas para la crisis carcelaria y el monitoreo de los delincuentes con brazalete”.El alcalde enfatizó en la necesidad de fortalecer el sistema penitenciario para evitar que la reducción de recursos genere un colapso en el manejo de los reclusos y de las medidas de vigilancia para quienes cumplen condenas bajo esquemas de detención domiciliaria con dispositivos electrónicos.Beltrán hizo un llamado al Gobierno nacional para buscar alternativas que permitan garantizar la seguridad de los ciudadanos y la operatividad del sistema carcelario en el país.
“No tenemos privilegios”, fueron las palabras que afirmó el director nacional del Inpec, Daniel Gutiérrez, sobre la llegada de la creadora de contenidos Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, a las instalaciones de la cárcel de mujeres El Buen Pastor, en Bogotá.El máximo funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario aclaró que, aunque en estos momentos es objeto de diferentes estudios médicos y de seguridad, lo que sí es seguro es que no será llevada hasta un pabellón alejada de las demás reclusas.“Se están revisando las condiciones de seguridad. Eso se hace a través de una clasificación, dependiendo de la condena, de la pena, del delito que tiene. Luego de ello, va a ser asignada a un patio. La idea es salvaguardar su vida y también que tenga un espacio digno en la mayoría de las posibilidades”, fue lo dicho por Gutiérrez.Recordemos que Daneidy Barrera fue condenada a pagar cinco años y dos meses de prisión por los fuertes daños ocasionados a la estación de Transmilenio conocida como Molinos, en hechos ocurridos en el 2019.El fallo fue ratificado por la Corte Suprema, mientras que su cuerpo de abogados intentará hacer todo lo legalmente posible para conseguirle una detención domiciliaria.El director del Inpec, Daniel Gutiérrez, se refirió al caso en medio de las labores sociales adelantadas por varios privados de la libertad en el sur de Barranquilla. Además de él, a la cita asistieron los directores de dichos penales y varios funcionarios de la Alcaldía Distrital, así como de la Policía Metropolitana de Barranquilla entre los que destacaba la presencia del coronel Alex Suarez, comandante operativo de la Policía Metropolitana.
En el Parque de las Chimeneas, del municipio de Itagüí inició esta estrategia en convenio con la cárcel y penitenciaria con alta y media seguridad La Paz, cuyo objetivo es que los reclusos puedan aportar al embellecimiento de los espacios públicos de esta localidad, como una forma de retribuir a la sociedad.El proyecto contempla 1 o 2 intervenciones mensuales en diferentes espacios públicos de este municipio del sur del Valle de Aburrá, donde los reclusos estarán acompañados de las secretarías de Medio Ambiente, Seguridad y la empresa Interaseo, además de los dragoniantes que supervisan el programa, que irá hasta el mes de diciembre. Denzer Francisco, uno de los internos de la cárcel La Paz que participan del programa, explicó los beneficios de esta estrategia para los internos."Esto es una libertad que vivimos tanto tiempo encerrado, sin ver la gente, sin ver la calle. Esto es una oportunidad y la verdad que esto nunca se ve. Que todos los que se ven por ahí, muchachos, pórtense bien. La libertad es lo más lindo que hay. Hoy me siento con la gente de Itagüí, con la gente de aquí, con la comunidad", explicó el interno.Esta iniciativa hace parte del proyecto “Delinquir no paga”, en la que también llevan a estudiantes de los grados 9 y 10 al centro penitenciario, para que conozcan sobre la realidad de los privados de la libertad y eviten caer en situaciones similares, esta se complementa con campañas en los colegios públicos y privados, visitas con perros antinarcóticos y charlas con la Policía de Infancia y Adolescencia.
Aumentaron la recompensa para la recaptura de prófugos en Cocorná, oriente antioqueño.Recordemos que anteriormente Jhon Jiménez, alias 'El Zarco', Milton Atehortúa, alias 'Milton' o 'El Visco'; Úlcer González, alias 'Mauro' y Carlos Alberto Ramírez, alias 'Caliche', se habían fugado de una estación de Policía del municipio de Cocorná, cortando con una sierra los barrotes de una ventana.Dos de estos hombres que se habían fugado estarían implicados en una masacre ocurrida en esta localidad. En su momento, el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, se refirió a los hechos, cuestionando que delincuentes de alta peligrosidad estén en estaciones de Policía que no tienen la capacidad para albergarlos."Personas de alta peligrosidad. El primer cuestionamiento que hizo nuestro gobernador es, venga, ¿cómo así que personas de alta peligrosidad están recluidas en estaciones de Policía donde no están dadas las condiciones?", expresó el secretario.Debido a que ya han pasado varios días desde la fuga de estos hombres, y donde fungen como los más buscados alias 'El Zarco' y alias 'Mauro', acusados, además de la masacre, de delitos como concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, tráfico y porte ilegal de armas de fuego o municiones.Las autoridades ofrecieron hasta 10 millones de pesos por alias ‘El Zarco’ y 10 millones de pesos por alias ‘Mauro’. Según mencionó el alcalde de Cocorná, David Alejandro Gómez, a Blu Radio, a pesar de que en un inicio la administración había ofrecido 5 millones de pesos, se tomó la decisión de aumentar la cifra para atrapar lo más rápido posible a estos cuatro hombres."Hoy, con la Secretaría de Seguridad y el Gobernador de Antioquia, se ha dispuesto el aumento de la recompensa de hasta 10 millones de pesos más de lo que había ofrecido el municipio para que se dé con el paradero de estas personas que se fugaron de la estación de Policía del municipio de Cocorná", explicó el alcalde."No obstante, también necesitamos el apoyo de la ciudadanía y en torno a esto hemos puesto y dispuesto entre la Gobernación y el municipio unos recursos para poder obtener información que den con el paradero de las personas que se han volado, porque, de alguna u otra manera, son personas que están sindicadas por delitos que atentan contra la tranquilidad de la ciudadanía", añadió el mandatario.De igual manera, el alcalde manifestó que se ha ido adelantando en las investigaciones con indicios y material sobre la fuga de estos presos, y que se ha generado acercamientos con el Inpec para evitar que sucedan futuras fugas, como lo fue el reciente traslado de cuatro personas a un centro penitenciario.Desde la Alcaldía de Cocorná realizaron una petición a la ciudadanía para que quien tenga información sobre el paradero de estos hombres, se acerque a los canales institucionales y a los números que ha dispuesto la Administración Municipal. En cuanto a alias ‘Milton’, buscado por concierto para delinquir, las autoridades ofrecieron hasta 6 millones de pesos, y para alias ‘Caliche’ acusado de violencia contra servidor público, 3 millones de pesos.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) llevó a cabo un mega operativo al interior de más de 120 cárceles del país para hallar elementos ilegales. Actividad que tuvo éxito y lograron incautar 14 kilos de drogas, armas y lo que más sorprendió fue el hallazgo de elementos de brujería, como muñecos vudú.“Desafortunadamente es algo que viene hace mucho tiempo, ese ingreso de elementos no permitidos. Pero ese es el reto, el propósito del Gobierno nacional, el presidente y la ministra (Justicia) y del nuestro, ir acabando esas malas prácticas. Quitar eso (…) La idea es articular con la Fiscalía y Policía para investigar cómo es que ingresa todo eso, cuáles son las redes criminales y quiénes se prestan con la corrupción para poderlos desenmascarar”, explicó el director del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez, en diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales.¿Qué encontraron al interior de las cárceles de Colombia?Por un lado, en la cárcel La Modelo de Bogotá hallaron una tienda de alimentos, como chicles, papas, pan y dulces, entre otros elementos; algo que, según el director, sorprendió al Inpec al no entender de la forma en que ingresaron estos elementos: “Son prohibidos y cuando se encontró eso, se desarmó y nace esa pregunta de cómo llega eso”.No obstante, lo que más sorprendió fue que encontraron elementos de santería, como altares o elementos satánicos, como de brujería, algo que fue común en todas las cárceles. Según Gutiérrez, lo usaban para espantar a los guardias y evitar que revisaran sus celdas.“Ese propósito era para que no hicieran operativos y generarles ese miedo a los guardias. Cuando querían entrar los perros sentían ese ambiente pesado porque había como duendes, muñecos que habían construido. Había oraciones y había nombres de hombres, además de olores fétidos y unos líquidos raros en una botella. Detrás una pared había también celulares”, detalló.Hay 3.800 funcionarios del Inpec investigados por corrupciónDe acuerdo del director del Inpec, entre el 2023 y 204, hay 3.800 funcionarios del Inpec investigados. Además, hay 73 procesos con la Fiscalía para que esos temas se conviertan en algo penal, no solo lo disciplinario.“La solución es ir articulando esas capacidades de otras entidades como la Fiscalía y Policía para tener capturas a fondo. Tener una incorporación más rigurosa al interior del Inpec para evitar eso”, añadió.
El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, mostró su preocupación por que delincuentes que, a pesar de tener detención domiciliaria con brazalete electrónico del Inpec, siguen delinquiendo. Beltrán denunció que la Policía Metropolitana de Bucaramanga ha tenido que recapturar a varias personas, quienes continúan cometiendo delitos en las calles.“En 2024 fueron 104 casos y en los primeros días de 2025 ya llevamos 5. La Policía tiene que hacer doble trabajo recapturando a personas que deberían estar en prisión o cumpliendo su condena en su casa, pero no, están campantes delinquiendo como si nada. Hacemos un llamado al orden nacional para que se ponga atención a esta situación de una vez por todas”, expresó Beltrán.El alcalde señaló que esta situación está generando una sensación de impunidad en la ciudad, afectando la tranquilidad de los ciudadanos y la labor de las autoridades que deben recurrir constantemente a la recaptura que, según Beltrán, deberían estar bajo estrictas medidas de control.La denuncia del alcalde se ve respaldada por el reciente caso de captura de un hombre conocido como “Peluca”, de 34 años, quien fue detenido el pasado 14 de enero por la Policía Metropolitana de Bucaramanga en el barrio Juan XXIII. Durante una operación en el microterritorio, se le descubrió portando un brazalete electrónico del Inpec, mientras cometía un nuevo delito, en este caso, fuga de presos.Según la Policía, “Peluca” tenía detención domiciliaria por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y, a lo largo de su historial delictivo, cuenta con 6 anotaciones judiciales por delitos como hurto, fuga de presos, y tráfico de estupefacientes, entre otros. Además, la comunidad lo señala como un dinamizador de estupefacientes en el sector.“Gracias a las cápsulas operativas permanentes que se realizan en los microterritorios de Bucaramanga, pudimos capturar a este individuo que, a pesar de estar bajo un brazalete electrónico, estaba cometiendo delitos. Esto es un claro ejemplo de cómo el sistema de detención domiciliaria está siendo vulnerado”, indicó la Policía Metropolitana.El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía, que lo presentará ante un juez para definir su situación jurídica.El alcalde Beltrán reafirmó su llamado al Gobierno nacional para revisar y reforzar las medidas de control y monitoreo de las personas que cumplen condenas bajo detención domiciliaria.
En hechos que todavía son materia de investigación por parte de las autoridades, cuatro hombres lograron fugarse de la estación de Policía del municipio de Cocorná en la noche del 5 de enero.Según indicó la Secretaría de Seguridad de Antioquia, estas personas con una sierra cortaron los barrotes de alguna ventana que tiene el calabozo de aireación y por ahí salieron, aprovechando la atención que tenían las autoridades en las celebraciones del municipio para salir de la estación de Policía.Según revelaron las autoridades los fugados son: Jhon Jiménez, alias 'El Zarco'; Milton Atehortúa, alias 'Milton' o 'El Visco'; Úlcer González, alias 'Mauro'; y Carlos Alberto Ramírez, alias 'Caliche', tres de ellos implicados en la masacre de tres personas en esa localidad del Oriente antioqueño el pasado 21 de julio, lo que genera preocupación en el departamento, según lo señaló el secretario de Seguridad Luis Martínez, de que “delincuentes de alta peligrosidad estén en estaciones de policía que no tiene la capacidad”."El primer cuestionamiento que hizo nuestro gobernador es que cómo hay personas de alta peligrosidad que están recluidas en estaciones de policía. La policía nos manifestó que el comandante de estación ya había hecho algunas gestiones ante el Inpec y esta entidad había dicho que los recibía después del 6 de enero", destacó el Martínez.Al parecer justo el 6 de enero los detenidos serían trasladados a la cárcel El Pesebre, en Puerto Triunfo. Ante ello, Martínez reiteró que Antioquia no tiene el suficiente pie de fuerza, que hace 15 años era de al menos 8.000 hombres pero que a la fecha se reduce a 5.000, muchos de ellos designados a cuidar estaciones de policía que están hacinadas con la cantidad de detenidos.Por ello, una de las propuestas del gobierno de Antioquia es construir una cárcel departamental."¿Cuántos hay que utilizar para cuidar más de 3.500 privados de la libertad que hay en estaciones y batallones? Por eso nuestro gobernador está proponiendo la construcción de una Cárcel Departamental, poder liberar mucha fuerza pública que está dedicada a cuidar privados de la libertad cuando la fuerza pública está es para garantizar la seguridad", resaltó el funcionario.Con esta cárcel departamental para mil privados de la libertad, según el secretario, se podrían deshacinar estos sitios de reclusión transitoria, cumplir con las condiciones que exigen los derechos humanos para el tratamiento de los reclusos y liberar la fuerza pública que está dedicada a cuidar privados de la libertad.