Las autoridades adelantan un amplio operativo en Bucaramanga y su área metropolitana tras la fuga de un recluso identificado con el alias de “Tupar”, quien escapó mientras asistía a una cita médica en el Hospital Universitario de Santander. De acuerdo con información preliminar, Sergio Andrés Vargas, de 38 años, se encontraba bajo custodia policial y había sido trasladado desde una estación de Policía de la ciudad para recibir atención médica al HUS. Sin embargo, en medio del procedimiento logró evadir la vigilancia del uniformado encargado de su custodia y huyó del centro asistencial.Se investiga una posible omisión del patrullero de la Policía que tenía bajo vigilancia al peligroso delincuente, quien pidió ir al baño y se fugó saltando la pared de un parqueadero del centro médico.Tras conocerse la situación, la Policía activó un plan de búsqueda en diferentes sectores del área metropolitana de Bucaramanga con el propósito de ubicar y recapturar al fugitivo en el menor tiempo posible.Las autoridades señalaron que alias “Tupar” se encontraba pagando una condena por hurto, por lo que su recaptura se convirtió en una prioridad para los organismos de seguridad y judiciales.Este nuevo episodio revive la preocupación por los casos de evasión de personas privadas de la libertad en Bucaramanga y el área metropolitana. En los últimos años se han registrado varias fugas durante traslados, diligencias judiciales y atenciones médicas, situaciones que han generado cuestionamientos sobre los protocolos de custodia y seguridad aplicados en estos procedimientos.Las autoridades iniciaron las respectivas investigaciones para establecer cómo se produjo la fuga y determinar si existieron fallas en los esquemas de vigilancia asignados al recluso.Mientras continúan los operativos de búsqueda, la Policía hizo un llamado a la ciudadanía para que suministre cualquier información que permita ubicar a alias “Tupar” a través de la línea de emergencia 123, garantizando absoluta reserva sobre la identidad de los denunciantes.
Como Luis Alberto Rodríguez, alias 'Tito', fue identificado un cabecilla del frente Comuneros del Sur que fue rescatado por desconocidos cuando el interno se encontraba recibiendo atención médica en una clínica de la ciudad de Pasto.Según se conoció, alias 'Tito', quien se encontraba recluido en la cárcel judicial de Pasto, fue trasladado pasadas las cinco de la tarde del viernes 5 de junio hasta la clínica Fátima, localizada en pleno centro de Pasto, hasta donde llegaron dos hombres y, luego de desarmar al personal de vigilancia, emprendieron la huida con el cabecilla guerrillero.Posibles circunstancias de la fugaSegún versiones preliminares que están en poder de los organismos de seguridad del Estado, alias 'Tito' fingió un fuerte dolor y fue trasladado a la clínica Fátima, después de las 5:00 p. m., fuera del horario habitual de atención de Sanidad.El traslado del interno fue autorizado y se hizo con la custodia de solo tres guardias del INPEC. Al llegar al lugar, un hombre que simulaba estar esperando a un familiar, luego de avistar al personal del INPEC, encañonó a los custodios, les despojó de sus armas y facilitó la huida de alias 'Tito', sin que en el hecho se haya registrado intercambio de disparos y sin mayor resistencia.Investigadores del CTI y la DIJIN de la Policía Nacional investigan si en la operación de fuga podría haber contado con complicidades internas.Las autoridades dicen que esta fuga representa un alto riesgo para la seguridad regional, dada la peligrosidad del sujeto y su historial delictivo.Antecedentes del fugado y delitos asociadosAlias Tito es señalado como responsable de múltiples delitos de alta gravedad, incluyendo homicidios, secuestros, torturas y masacres en la región de Nariño. Según información judicial, se trata de un integrante de alto rango en la estructura armada ilegal, quien incluso había sido designado en algún momento como gestor de paz por parte del Gobierno, aunque enfrentaba investigaciones por graves violaciones a los derechos humanos.Voceros de inteligencia de la Policía que pidieron el anonimato dijeron que Luis Alberto Villota Rodríguez, alias 'Tito', es un integrante de alto rango de la estructura armada ilegal, con un historial que incluye homicidios, secuestros, torturas y masacres en el departamento de Nariño.En sus anotaciones judicial, a alias 'Tito' se investiga su participación, al parecer, en la masacre ocurrida el 28 de diciembre de 2023 en el corregimiento de Tabiles, municipio de Linares (Nariño). En ese hecho, hombres armados sacaron de una vivienda a varias personas; cuatro de ellas fueron secuestradas y posteriormente ejecutadas. Las víctimas identificadas fueron:Estas personas fueron identificadas como Martha Yolanda Benavidez Segura, Orgey Bayardo Melo Andrade, Jhojan Rodríguez (adolescente de 17 años). Una cuarta persona, cuya identidad no fue plenamente confirmada en los reportes iniciales.Además, se le atribuye responsabilidad en el asesinato de Jenith Andrea Rodríguez Melo, líder juvenil del corregimiento de Madrigal, en el municipio de Policarpa (Nariño), ocurrido en octubre de 2023. La joven fue víctima de secuestro, abuso, tortura y homicidio.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario confirmó que 74.751 personas privadas de la libertad han sido trasladadas desde estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía General de la Nación hacia establecimientos penitenciarios del país, en cumplimiento del Auto 1096 de 2024 emitido por la Corte Constitucional de Colombia el 29 de julio de 2024.Según el reporte entregado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, estos traslados hacen parte de la estrategia implementada para descongestionar las URI y estaciones de Policía donde permanecían personas privadas de la libertad a la espera de cupos en centros penitenciarios.La entidad indicó que, en promedio, cada mes han sido recibidos cerca de 3.470 reclusos, mientras que semanalmente ingresan aproximadamente 868 personas privadas de la libertad y, diariamente, un promedio de 174 internos.Dentro del balance entregado por las autoridades penitenciarias, la Regional Central concentra una de las mayores cifras de recepción de detenidos. Allí fueron trasladadas 11.237 personas provenientes de la Policía Metropolitana y de la Cárcel Distrital de Bogotá.De ese total, 5.618 corresponden a personas condenadas y 5.619 a sindicados, quienes fueron distribuidos en distintos establecimientos penitenciarios de la capital del país.Entre los centros de reclusión receptores aparecen la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Bogotá La Modelo, el Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta, Media y Mínima Seguridad de Bogotá La Picota y la Cárcel El Buen Pastor.El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario también explicó que, conforme a lo ordenado por la Corte Constitucional de Colombia, continúan desarrollándose mesas de trabajo interinstitucionales para definir cronogramas que permitan identificar plenamente a las personas privadas de la libertad que permanecen en URI y estaciones de Policía y así facilitar su traslado a cárceles y penitenciarías administradas por la entidad.
Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adelantan una operación judicial en las instalaciones del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en Bogotá, en medio de una investigación por un presunto caso de corrupción relacionado con la oficina de traslados de la entidad penitenciaria.La diligencia se desarrolla por orden de la Dirección contra la Corrupción de la Fiscalía General de la Nación y tiene como propósito verificar posibles irregularidades en los procedimientos de traslado de personas privadas de la libertad ordenados por el Inpec.De acuerdo con la Fiscalía, se trata de una actuación judicial enmarcada dentro de una investigación penal que se sigue por hechos asociados a presuntos actos de corrupción al interior de esa dependencia. Los investigadores buscan recopilar documentación, registros y otros elementos materiales probatorios que permitan establecer si existieron anomalías en el manejo de los traslados carcelarios.Hasta el momento, las autoridades no han revelado resultados preliminares de las pesquisas ni han confirmado si existen funcionarios específicos del Inpec bajo investigación formal dentro de este proceso penal.Según se conoció, funcionarios del Inpec colaboraron con los agentes judiciales durante el desarrollo de la inspección y facilitaron la recolección de la información requerida por el ente acusador para avanzar en las verificaciones.La diligencia hace parte de las actuaciones que adelanta la Fiscalía en casos relacionados con posibles redes de corrupción dentro del sistema penitenciario y busca establecer si hubo manipulación irregular en la asignación o autorización de traslados carcelarios.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra cuatro dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, por presuntamente aprovechar su cargo para cometer reiterados abusos sexuales contra una mujer privada de la libertad en condición de incapacidad de resistir, en la cárcel El Pedregal de Medellín.La decisión cobija a los funcionarios del Inpec Germán David Uribe, Yhojan Estiben López, Adrián Leonardo Parra y Jhorman Andrés Palomino.De acuerdo la Procuraduría, la actuación disciplinaria se originó tras una nota periodística y un comunicado emitido por la Fiscalía General de la Nación, en los que se describen hechos que podrían tener relevancia disciplinaria al interior del centro penitenciario.La investigación es adelantada por la Procuraduría Regional de Instrucción Antioquia, que busca establecer la ocurrencia de las conductas denunciadas, determinar si constituyen falta disciplinaria y definir si los implicados actuaron bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad.
En un operativo conjunto entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fueron capturados cuatro funcionarios del INPEC que tenían su lugar de trabajo en la cárcel El Pedregal y que son señalados de estar involucrados en delitos sexuales y tráfico de estupefacientes.Según informaron las autoridades, la investigación se extendió durante cuatro meses y permitió evidenciar un esquema delictivo al interior del centro carcelario. Los implicados, tres dragoneantes y un auxiliar, habrían utilizado su posición de poder para ingresar drogas, teléfonos celulares y licor, elementos que posteriormente eran usados como mecanismo de presión contra personas privadas de la libertad.El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, mencionó que estos funcionarios, incluso, usaban a reclusas para poder perfilar a otras mujeres a las que podrían acceder carnalmente."Incluso llegaban casi que a instrumentalizar a una de las reclusas, donde estos sujetos le daban la droga, pero ella, a cambio, tenía que encontrarles algunas mujeres para que accedieran a tener cierto tipo de relaciones sexuales con estos tipos", destacó el funcionario.Durante el proceso investigativo se llevaron a cabo 14 entrevistas, diligencias de reconocimiento y análisis articulados con otros casos judiciales, lo que permitió documentar al menos seis hechos relacionados con delitos sexuales y nueve con tráfico de estupefacientes dentro del penal.Las capturas se realizaron tanto en inmediaciones de la cárcel de El Pedregal como en los barrios Caribe y Castilla de la capital de Antioquia. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y un juez de la República les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.
Ya son 13 los funcionarios del Inpec que se les abrió investigación por parte de la Procuraduría, tras fiesta vallenata en pabellón de los cabecillas, voceros de la paz total en la cárcel de Itagüí. Esta vez se vincula al director del centro penitenciario, Édgar Iván Pérez Ortega.Siguen los ecos por el parrandón de vallenato y música popular que se vivió en el pabellón 1 de la cárcel La Paz, donde habrían participado los cabecillas de la paz urbana que negocian con el Gobierno Nacional, entre ellos alias Douglas, Lindolfo, Tom, Carlos Pesebre, el Indio, Vallejo, entre otros.Aunque hasta el momento no se ha confirmado traslado a la ciudad de Bogotá, como lo anunció el propio presidente Gustavo Petro el pasado 13 de abril, cumpliendose 22 días sin hacerse efectivo, quien sí avanza en las investigaciones es la Procuraduría.El ente de control, anunció este lunes que ya son 13 los funcionarios del Inpec que están siendo investigados por las irregularidades que se vivieron en la fiesta del 8 de abril, que contó con artistas como Nelson Velasquez, el ingreso de mujeres, alcohol, comida y estupefacientes. Pero además, lujos que se han identificado en las celdas de los cabecillas de las estructuras criminales, como electrodomésticos, celulares y modificaciones.Ahora, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el director de la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Media Seguridad La Paz de Itagüí, Antioquia, Édgar Iván Pérez Ortega, por presuntas irregularidades relacionadas con la asignación de turnos de descanso durante la Semana Santa, cuando se hizo la rumba.Se busca establecer si se modificaron de manera informal los turnos de descanso del personal directivo, incumpliendo lo establecido legalmente por el Inpec, lo que sería una falta disciplinaria y determinar si el investigado actuó o no bajo una causal de exclusión de responsabilidad.Con el director del penal el ente de control precisó que esta decisión disciplinaria, ahora involucra a 13 servidores públicos, se originó en una compulsa de copias ordenada dentro de la investigación por parte de la Procuraduría Regional de Instrucción Antioquia.
Según denuncias conocidas en las últimas horas, hay otra víctima de abusos sexuales por parte de funcionarios del Inpec al interior de la cárcel El Pedregal de Medellín, que se suma al caso de la mujer privada de la libertad quien en 2024, incluso quedó embarazada a causa de la violación.El caso lo reveló la concejala Claudia Carrasquilla este nuevo caso involucra a dos dragoneantes y un auxiliar, quienes son señalados de abusar de una interna de 18 a 19 años de edad en un área de aislamiento, además de presuntamente intentar sobornar a la policía judicial para ocultar el hecho, por lo que la Fiscalía emitió órdenes de captura y los implicados ya enfrentan medidas de aseguramiento en centro carcelario."¿Cómo es posible que se haya realizado la captura de 13 servidores del Inpec que abusaron en el 2024 de una mujer y aquí no se haya dicho absolutamente nada? Fueron dos dragoneantes, uno de apellido Cartagena y el otro de apellido Parra, y un auxiliar que también, al parecer, estaba prestando su servicio allí para esa época", indicó. Carrasquilla indicó que la víctima ha sido trasladada varias veces y sigue sin protección adecuada, a pesar de ser reconocida como sujeto de derechos, además de que fue crítica por la falta de control y el incumplimiento de estándares internacionales que prohíben la vigilancia de mujeres privadas de la libertad por parte de hombres."Ya hemos visto el comportamiento que tiene el director de la cárcel de Pedregal, director nacional del INPEC, y es que siempre niegan que a ellos no les conviene que se sepa que ellos no están cumpliendo con esos controles, no están cumpliendo con lo que regla la ONU. Para las mujeres privadas de la libertad no las pueden vigilar. Su reclusión, hombres y no mujeres", señaló. En agosto de 2025, casi un año después de haberse conocido públicamente el primer aberrante caso, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento contra el guarda del Inpec Diego Stiven Castaño Sánchez, señalado de abusar sexualmente y dejar en embarazo a Andrea Valdés, una reclusa de 30 años. Esta había sido condenada por homicidio agravado y permanecía en la celda 15 de la Unidad de Tratamiento Especial, donde habrían ocurrido los hechos.
La polémica parranda vallenata del pasado 8 de abril en uno de los patios de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí solo sería ‘la punta del iceberg’ de presuntas irregularidades que estarían cometiendo funcionarios del Inpec en diferentes establecimientos penitenciarios del Valle de Aburrá.Es otra vez desde el Concejo de Medellín donde llegan nuevas denuncias, pero en esta oportunidad sobre la cárcel de mediana seguridad Bellavista en el municipio de Bello donde también cumplen sus condenas reconocidos cabecillas de grupos criminales de la región.El concejal y exsecretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón, aseguró que funcionarios estarían recibiendo entre 15 y 30 millones de pesos para agilizar traslados de algunos procesados de estaciones de policía al centro de reclusión para obtener otros beneficios.En su denuncia el corporado menciona a funcionarios implicados en el presunto entramado de corrupción como el mayor Alexander Díaz Ardila, director del penal; el capitán Diego Devia, comandante de Vigilancia: y el teniente Alberto Serna, comandante Operativo.De igual manera en acciones que implicarían, por ejemplo, la alteración de documentos, según Tobón, también están involucrados los dragoneantes Luis Lopera y Juan Camilo Castaño.Sin embargo, no se trataría de la única posible irregularidad. La salida del penal con uso condicional de brazalete electrónico de un reconocido cabecilla de una estructura criminal del occidente de Medellín, también es motivo de controversia.Se trata de John Fredy Arroyave Londoño, alias ‘Chicha’ o ‘El Diamante’, señalado cabecilla principal de la banda criminal La Imperial que opera en la comuna Robledo. La denuncia del concejal de Medellín indica que este hombre salió de Bellavista el pasado 28 de febrero, sin embargo, pasaron varios días para la instalación de su dispositivo de seguimiento."¿Creen que esto se pueda justificar?, poner en riesgo a la comunidad y pasar por encima de la orden de un juez. Esto no es menor, y, por si fuera poco, nos han llegado denuncias sobre presiones en contra de funcionarios que se han opuesto a que este tipo de prácticas ilegales e irregulares se sigan presentando", manifestó.Otro de los hechos que llaman la atención para el corporado tienen que ver con posibles conductas que estaría ejecutando el dragoneante Wilfredo Sepúlveda, adscrito al área de Deportes en el centro penal, y quien estaría facilitando el ingreso de elementos prohibidos bajo la apariencia de donaciones.Ante las posibles irregularidades, el concejal solicitó una intervención oportuna por parte de la Dirección Nacional del Inpec y la Fiscalía General con el fin de determinar no solo posibles irregularidades disciplinarias, sino también penales, al interior de esta cárcel en el norte del Valle de Aburrá.
Capturaron a dos hombres señalados de portar armas de fuego y drogas en Bogotá. El procedimiento dejó al descubierto un caso que ya no sorprende a las autoridades, uno de los detenidos tenía un brazalete electrónico del Inpec y ocultaba bajo su ropa un chaleco balístico junto con una escopeta artesanal.Los hechos ocurrieron en el barrio New York, donde una patrulla de vigilancia realizaba labores de patrullaje preventivo. Según el reporte oficial, los policías observaron a dos personas en actitud sospechosa, por lo que decidieron abordarlas para practicarles un registro.Durante la inspección, los agentes hallaron que uno de los hombres llevaba puesto un chaleco balístico y escondía debajo un arma de fuego tipo changón. Además, las autoridades evidenciaron que intentaba ocultar un brazalete electrónico del Inpec, el cual tendría por antecedentes relacionados con porte ilegal de armas y hurto agravado.Mientras se desarrollaba el procedimiento, el segundo individuo intentó huir del lugar, pero fue interceptado metros más adelante. En su poder fueron encontradas más de 114 dosis de bazuco ocultas dentro de un bolso, así como dinero en efectivo que, según las primeras hipótesis, sería producto de la comercialización de sustancias ilícitas.Los dos capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente y deberán responder por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.
El presidente Gustavo Petro reaccionó a la muerte de Johan Sebastián Durán, un caso que se dio en Biddeford, en Maine, Estados Unidos.Johan Sebastián estaba en su vehículo y frente a su hija recibió un disparo de ICE durante un operativo. Petro calificó el caso como asesinato y le pidió al presidente Donald Trump un pronunciamiento.“Espero del servicio exterior colombiano en EEUU la acción jurídica y humana más rápida para que los asesinos paguen por su homicidio. Espero del presidente Donald Trump un mensaje para Colombia sobre lo sucedido”, dijo Petro.Es importante recordar que por este caso se han presentado manifestaciones en Estados Unidos durante las últimas horas.“Johan Sebastián Durán que descanse en paz víctima de estado por la persecusión y la exclusión contra un grupo poblacional civil por razones étnicas y culturales prohibida desde los tiempos del tribunal de Nuremberg en todo el planeta”, agregó Petro.
El chance Caribeña Día es uno de los juegos de azar más tradicionales de Colombia y cada día reúne a miles de apostadores que esperan acertar el número ganador. Este sorteo se destaca por su amplia cobertura y por ofrecer diferentes modalidades de apuesta para quienes buscan llevarse un premio.Número ganador de Caribeña Día hoy, martes 14 de julio de 2026El número ganador del chance Caribeña Día de este martes 14 de julio de 2026 es el xxxx. ¡Felicitaciones a los ganadores! Se recomienda revisar cuidadosamente el tiquete y confirmar el resultado en un punto de venta autorizado.Número ganador: xxxxDos últimas cifras: xxTres últimas cifras: xxxLa quinta: xDesde 2025, los apostadores tienen la posibilidad de incluir una quinta balota o número adicional, una modalidad que permite incrementar las posibilidades de obtener mayores premios cuando coincide con otras cifras acertadas.Los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, siempre con la condición de acertar las cifras en el mismo orden en que son extraídas durante el sorteo. A continuación puede seguir la transmisión en vivo.¿A qué hora juega Caribeña Día?El sorteo de Caribeña Día se realiza de lunes a sábado y su resultado puede consultarse después de las 2:30 p. m., una vez finaliza el proceso de extracción de las balotas.¿Cómo se juega el chance Caribeña Día?Los apostadores pueden elegir entre distintas modalidades, dependiendo del número de cifras que deseen acertar:Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.¿Cuánto cuesta apostar?Caribeña Día ofrece diferentes opciones de apuesta para ajustarse al presupuesto de cada jugador:Valor mínimo por tiquete: $500.Valor máximo por apuesta: $10.000.¿Qué necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado, aunque siempre será necesario presentar algunos documentos básicos.Documentos obligatorios para cualquier premio:Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.Documentación adicional según el valor del premio:Premios inferiores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta.Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar, además de los requisitos anteriores, una certificación bancaria expedida con una vigencia no mayor a 30 días y a nombre del titular del tiquete. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.
A partir del 15 de julio de 2026, la jornada máxima legal ordinaria en Colombia quedará establecida en 42 horas semanales, culminando el proceso de reducción gradual contemplado en la Ley 2101 de 2021. La medida aplica para los trabajadores del sector privado y no implica disminuciones en el salario ni en las prestaciones sociales.En diálogo con Mañanas Blu 10:30 AM de Blu Radio, el viceministro de Trabajo, Iván Jaramillo Jassir, explicó que la implementación de la nueva jornada no obliga a las empresas a modificar los contratos laborales. Según indicó, el empleador podrá ajustar la distribución del tiempo de trabajo para adaptarse a la regulación vigente.¿Necesito nuevo contrato por la reducción de la jornada laboral?“La Ley 2101 ha venido reduciendo la jornada laboral gradualmente, como límite de 8 horas diarias máximas. No hay que modificar contratos, ni hacer otrosí. El empleador puede modificar los estándares de disponibilidad en cuanto al tiempo para adscribirse al modelo de regulación actual”, afirmó el funcionario.Jaramillo también aclaró que el tiempo destinado al almuerzo no hace parte de la jornada laboral y, por tanto, no se contabiliza dentro de las 42 horas semanales. Agregó que las jornadas flexibles continúan vigentes, siempre que respeten el límite legal de ocho horas diarias y 42 semanales.“La hora de almuerzo se descuenta, no cuenta para el conteo de horas a la que hacemos referencia. Hay jornadas flexibles que se mantienen. La distribución puede hacerse siempre que se respete el máximo de 8 diarias y 42 semanales”, explicó.¿Qué pasará con las horas extra?El viceministro precisó que, bajo el nuevo esquema, un trabajador podría laborar hasta dos horas adicionales por día, siempre que estas sean reconocidas como horas extra y cuenten con los recargos establecidos por la ley. Además, señaló que existen regímenes especiales para algunos sectores.“A diario serían dos horas extra, 12 a la semana. Hay situaciones especiales, con el caso de vigilantes y trabajadores de la salud. Esas dos horas extras tienen recargos asignados, tienen que tener objeto de reconocimiento”, señaló.Ministerio de Trabajo atenderá consultas sobre la reducciónFrente a las inquietudes que puedan surgir con la entrada en vigor de la nueva jornada laboral, Jaramillo aseguró que el Ministerio de Trabajo cuenta con oficinas de atención en todo el país para orientar tanto a trabajadores como a empleadores.“En el Ministerio de Trabajo tenemos una oficina de atención de consultas en cada región del país para gestionar dudas que tengan sobre esta reducción, que no genera un trauma porque ha sido gradual”, manifestó. El funcionario agregó que, en caso de incumplimientos, existen mecanismos administrativos y judiciales para proteger los derechos de los trabajadores. A su juicio, la reducción de la jornada responde a una tendencia internacional impulsada por los avances tecnológicos y la modernización del mercado laboral.“Para disfuncionalidades hay correctivos administrativos como multas o, si se desconocen derechos, los jueces puedan reconocer a quienes se vean vulnerados. Reducir los tiempos de disponibilidad es una tendencia global, en función de la modernidad con la tecnología”, sostuvo. Finalmente, Jaramillo recordó que la reducción de la jornada máxima legal aplica exclusivamente a los trabajadores del sector privado. En el caso de los servidores públicos, explicó, las reglas de la jornada laboral continúan rigiéndose por un régimen diferente.“Es para trabajadores del sector privado, para funcionarios públicos la disciplina es distinta”, concluyó.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a Óscar Giovanny Marulanda, señalado del feminicidio agravado de Rosa Mayerly Olaya, ocurrido en un establecimiento comercial de Soacha ,Cundinamarca. Durante la audiencia de legalización de captura, el procesado aseguró “Estoy capturado, no sé por qué, porque soy psiquiátrico y pierdo el control de las cosas, me golpeó la comunidad”.De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Marulanda conoció a la víctima en febrero de este año en un almacén de venta de utensilios y artículos para el hogar, donde Mayerly Olaya trabajaba desde hacía cinco años. Tras manifestarle su interés sentimental, la mujer le dejó claro que no quería iniciar una relación con él. A partir de ese momento, según el ente acusador, comenzaron los episodios de asedio y hostigamiento.La investigación estableció que en dos oportunidades fue necesaria la intervención de la Policía Nacional para acompañar a la mujer desde su lugar de trabajo hasta su residencia, debido al acoso del que era víctima. Además, el 10 de mayo y el 5 de junio, el hoy procesado habría llegado hasta la vivienda de la madre y del excompañero sentimental de Rosa Olaya para buscarla e intimidarla.Según la Fiscalía, el ataque ocurrió el 12 de julio, cuando Marulanda ingresó al establecimiento comercial donde trabajaba la víctima y la atacó con un arma cortopunzante.Durante la audiencia, el fiscal del caso reconstruyó lo ocurrido y explicó que el procesado llegó hasta el área de persianas del almacén, donde la mujer atendía clientes. “En el área de persianas, lugar en el cual fue abordada por el señor Óscar Giovanny Marulanda, quien, sin importar que ella se encontrara en cumplimiento de su labor, le hace varios llamados, ante lo cual ella le refiere que espere, ya que se encontraba con unos clientes. Mientras tanto, Giovanny caminaba alrededor del pasillo sin perderla a ella de vista”, señaló.El delegado del ente acusador indicó que, dos minutos después, cuando la víctima se acercó para atenderlo, “de manera injustificada y sin mediar palabra, es cuando esta persona le arrinconó haciendo uso de un arma cortopunzante, colocándola en estado de indefensión”.Agregó que Olaya “elevó gritos de auxilio, forcejeaba con el agresor, quien para ese momento ya le había lesionado en su integridad física, proporcionándole varias puñaladas”, entre ellas una herida de aproximadamente diez centímetros en la mama izquierda, lesiones en ambas manos y otra de dos centímetros en la región abdominal. Uno de los testigos que intervino para auxiliar a la víctima relató a las autoridades cómo ocurrió el ataque. “En cierto momento, ella se aleja para atender a este sujeto. Como a los 2 minutos empezó a pedir auxilio desesperada. Yo empecé a llamar a seguridad de ahí, salí corriendo hacia ella y lo primero que tomé fue una persiana que estaba en los estantes y lo empecé a golpear para auxiliarla a ella y poderlo separar de ella”, declaró.El testigo agregó que otras dos personas llegaron para someter al agresor, quitarle el arma y auxiliar a la mujer. Posteriormente advirtió que él mismo había resultado lesionado durante la intervención. “Me doy cuenta que tenía sangre y me reviso y tengo una cortada en la palma de la mano derecha”, indicó.La Fiscalía le imputó el delito de feminicidio agravado, cargo que no fue aceptado por el procesado. Durante la diligencia, el fiscal sostuvo que el crimen ocurrió en un contexto de violencia basada en género. “Estos hechos se presentaron en un contexto de subyugación, cosificación y dominio por parte del señor Óscar hacia la víctima, toda vez que la agresión que usted ejecutó en contra de ella fue por el hecho de ella no querer tener una relación sentimental con usted, lo que generó entonces en usted una obsesión”, afirmó.Dentro del expediente también obra la declaración del excompañero sentimental de Mayerly Olaya, quien aseguró que ella le había contado cómo conoció a Marulanda siendo cliente del establecimiento y cómo comenzaron los problemas cuando rechazó una relación sentimental.Según su testimonio, “Rosa me indicó que tenía una relación de amistad con el señor Óscar, de la cual había salido alrededor de cuatro ocasiones, y que la última ocasión él expresó que tenía problemas psicológicos y que quería tener una relación sentimental con ella. A lo cual ella le expresó que no quería tener nada con él por el problema psicológico, motivo por el cual desde ese momento empezó a acosarla”.Durante la audiencia, la defensa presentó un informe relacionado con la historia clínica del procesado, en el que se indica que había sido diagnosticado con problemas psiquiátricos y recibía medicación. Con base en ello, solicitó que no se impusiera una medida de aseguramiento en centro carcelario, argumentando que su permanencia en prisión representaría un riesgo tanto para él como para otros privados de la libertad.No obstante, el juez concluyó que, teniendo en cuenta los antecedentes expuestos por la Fiscalía, la gravedad de los hechos investigados y los riesgos procesales advertidos, procedía imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso penal en su contra.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, defendió este martes la figura de la reelección presidencial indefinida, luego de responder a cuestionamientos sobre la reforma constitucional que abrió la puerta para que aspire a un tercer mandato consecutivo. La declaración se produjo un día después de que su partido, Nuevas Ideas (NI), anunciara que el mandatario obtuvo la candidatura presidencial para las elecciones previstas en 2027.La controversia surgió en la red social X, donde Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), criticó que El Salvador se sumara a los países latinoamericanos con reelección indefinida."Países con reelección indefinida en América Latina: Venezuela, Nicaragua, El Salvador. Que quede muy claro en qué club entra ahora Nayib Bukele", escribió la defensora de derechos humanos.Bukele compara el modelo con democracias parlamentariasEn respuesta, Bukele rechazó la comparación y sostuvo que la posibilidad de permanecer en el poder sin un límite estricto de mandatos también existe en varias democracias consolidadas."También la tienen Canadá, Reino Unido, Alemania, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Italia, los Países Bajos, Bélgica, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Luxemburgo, Austria, Suiza y Japón, entre muchos otros países. Pero la idea es que suene mal", escribió el mandatario, acompañando el mensaje con un emoji de risa.La respuesta del presidente se produce en medio del debate generado por la reforma constitucional aprobada en julio de 2025, que modificó las reglas de elección presidencial en El Salvador.Bukele avanza hacia las elecciones de 2027El lunes, el partido oficialista Nuevas Ideas informó que Bukele ganó las elecciones primarias internas realizadas el domingo, convirtiéndose en el candidato presidencial de la colectividad para los comicios generales de febrero de 2027. Hasta el momento, el mandatario, de 42 años, no se ha pronunciado públicamente sobre ese proceso interno, en el que, según la información disponible, no tuvo contendientes. El siguiente paso será la inscripción oficial de su candidatura ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), trámite que deberá realizarse entre el 1 de octubre y el 19 de noviembre de 2026, conforme al calendario electoral.La reforma constitucional que abrió el camino al tercer mandatoLa posibilidad de una nueva candidatura presidencial quedó habilitada tras la reforma constitucional aprobada por la Asamblea Legislativa el 31 de julio de 2025.El Congreso, controlado ampliamente por el partido Nuevas Ideas, aprobó y ratificó las modificaciones a varios artículos de la Constitución en una misma jornada, sin un proceso previo de discusión legislativa ni debate parlamentario. Los cambios incluyeron la autorización para la reelección presidencial indefinida, la ampliación del período presidencial de cinco a seis años, la eliminación de la segunda vuelta electoral y el adelanto de las elecciones presidenciales para 2027, cuando también se renovarán la Asamblea Legislativa y las alcaldías.Popularidad alta, pero con desafíos económicosDiversas encuestas recientes muestran que Bukele mantiene elevados niveles de aprobación, impulsados principalmente por su estrategia de seguridad y la reducción de los homicidios mediante el combate a las pandillas. No obstante, distintos sondeos también reflejan un aumento de las preocupaciones ciudadanas relacionadas con la economía, el costo de vida y el empleo, temas que se perfilan como algunos de los principales retos para el Gobierno en los próximos años.Bukele inició su segundo mandato consecutivo el 1 de junio de 2024, pese a que la Constitución vigente antes de la reforma prohibía la reelección inmediata. Con los cambios constitucionales aprobados en 2025, el calendario electoral fue modificado y el país celebrará nuevas elecciones presidenciales en 2027, permitiendo al mandatario buscar un tercer período consecutivo al frente del Ejecutivo.
