Las autoridades adelantan un amplio operativo en Bucaramanga y su área metropolitana tras la fuga de un recluso identificado con el alias de “Tupar”, quien escapó mientras asistía a una cita médica en el Hospital Universitario de Santander. De acuerdo con información preliminar, Sergio Andrés Vargas, de 38 años, se encontraba bajo custodia policial y había sido trasladado desde una estación de Policía de la ciudad para recibir atención médica al HUS. Sin embargo, en medio del procedimiento logró evadir la vigilancia del uniformado encargado de su custodia y huyó del centro asistencial.Se investiga una posible omisión del patrullero de la Policía que tenía bajo vigilancia al peligroso delincuente, quien pidió ir al baño y se fugó saltando la pared de un parqueadero del centro médico.Tras conocerse la situación, la Policía activó un plan de búsqueda en diferentes sectores del área metropolitana de Bucaramanga con el propósito de ubicar y recapturar al fugitivo en el menor tiempo posible.Las autoridades señalaron que alias “Tupar” se encontraba pagando una condena por hurto, por lo que su recaptura se convirtió en una prioridad para los organismos de seguridad y judiciales.Este nuevo episodio revive la preocupación por los casos de evasión de personas privadas de la libertad en Bucaramanga y el área metropolitana. En los últimos años se han registrado varias fugas durante traslados, diligencias judiciales y atenciones médicas, situaciones que han generado cuestionamientos sobre los protocolos de custodia y seguridad aplicados en estos procedimientos.Las autoridades iniciaron las respectivas investigaciones para establecer cómo se produjo la fuga y determinar si existieron fallas en los esquemas de vigilancia asignados al recluso.Mientras continúan los operativos de búsqueda, la Policía hizo un llamado a la ciudadanía para que suministre cualquier información que permita ubicar a alias “Tupar” a través de la línea de emergencia 123, garantizando absoluta reserva sobre la identidad de los denunciantes.
Como Luis Alberto Rodríguez, alias 'Tito', fue identificado un cabecilla del frente Comuneros del Sur que fue rescatado por desconocidos cuando el interno se encontraba recibiendo atención médica en una clínica de la ciudad de Pasto.Según se conoció, alias 'Tito', quien se encontraba recluido en la cárcel judicial de Pasto, fue trasladado pasadas las cinco de la tarde del viernes 5 de junio hasta la clínica Fátima, localizada en pleno centro de Pasto, hasta donde llegaron dos hombres y, luego de desarmar al personal de vigilancia, emprendieron la huida con el cabecilla guerrillero.Posibles circunstancias de la fugaSegún versiones preliminares que están en poder de los organismos de seguridad del Estado, alias 'Tito' fingió un fuerte dolor y fue trasladado a la clínica Fátima, después de las 5:00 p. m., fuera del horario habitual de atención de Sanidad.El traslado del interno fue autorizado y se hizo con la custodia de solo tres guardias del INPEC. Al llegar al lugar, un hombre que simulaba estar esperando a un familiar, luego de avistar al personal del INPEC, encañonó a los custodios, les despojó de sus armas y facilitó la huida de alias 'Tito', sin que en el hecho se haya registrado intercambio de disparos y sin mayor resistencia.Investigadores del CTI y la DIJIN de la Policía Nacional investigan si en la operación de fuga podría haber contado con complicidades internas.Las autoridades dicen que esta fuga representa un alto riesgo para la seguridad regional, dada la peligrosidad del sujeto y su historial delictivo.Antecedentes del fugado y delitos asociadosAlias Tito es señalado como responsable de múltiples delitos de alta gravedad, incluyendo homicidios, secuestros, torturas y masacres en la región de Nariño. Según información judicial, se trata de un integrante de alto rango en la estructura armada ilegal, quien incluso había sido designado en algún momento como gestor de paz por parte del Gobierno, aunque enfrentaba investigaciones por graves violaciones a los derechos humanos.Voceros de inteligencia de la Policía que pidieron el anonimato dijeron que Luis Alberto Villota Rodríguez, alias 'Tito', es un integrante de alto rango de la estructura armada ilegal, con un historial que incluye homicidios, secuestros, torturas y masacres en el departamento de Nariño.En sus anotaciones judicial, a alias 'Tito' se investiga su participación, al parecer, en la masacre ocurrida el 28 de diciembre de 2023 en el corregimiento de Tabiles, municipio de Linares (Nariño). En ese hecho, hombres armados sacaron de una vivienda a varias personas; cuatro de ellas fueron secuestradas y posteriormente ejecutadas. Las víctimas identificadas fueron:Estas personas fueron identificadas como Martha Yolanda Benavidez Segura, Orgey Bayardo Melo Andrade, Jhojan Rodríguez (adolescente de 17 años). Una cuarta persona, cuya identidad no fue plenamente confirmada en los reportes iniciales.Además, se le atribuye responsabilidad en el asesinato de Jenith Andrea Rodríguez Melo, líder juvenil del corregimiento de Madrigal, en el municipio de Policarpa (Nariño), ocurrido en octubre de 2023. La joven fue víctima de secuestro, abuso, tortura y homicidio.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario confirmó que 74.751 personas privadas de la libertad han sido trasladadas desde estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía General de la Nación hacia establecimientos penitenciarios del país, en cumplimiento del Auto 1096 de 2024 emitido por la Corte Constitucional de Colombia el 29 de julio de 2024.Según el reporte entregado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, estos traslados hacen parte de la estrategia implementada para descongestionar las URI y estaciones de Policía donde permanecían personas privadas de la libertad a la espera de cupos en centros penitenciarios.La entidad indicó que, en promedio, cada mes han sido recibidos cerca de 3.470 reclusos, mientras que semanalmente ingresan aproximadamente 868 personas privadas de la libertad y, diariamente, un promedio de 174 internos.Dentro del balance entregado por las autoridades penitenciarias, la Regional Central concentra una de las mayores cifras de recepción de detenidos. Allí fueron trasladadas 11.237 personas provenientes de la Policía Metropolitana y de la Cárcel Distrital de Bogotá.De ese total, 5.618 corresponden a personas condenadas y 5.619 a sindicados, quienes fueron distribuidos en distintos establecimientos penitenciarios de la capital del país.Entre los centros de reclusión receptores aparecen la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Bogotá La Modelo, el Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta, Media y Mínima Seguridad de Bogotá La Picota y la Cárcel El Buen Pastor.El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario también explicó que, conforme a lo ordenado por la Corte Constitucional de Colombia, continúan desarrollándose mesas de trabajo interinstitucionales para definir cronogramas que permitan identificar plenamente a las personas privadas de la libertad que permanecen en URI y estaciones de Policía y así facilitar su traslado a cárceles y penitenciarías administradas por la entidad.
Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adelantan una operación judicial en las instalaciones del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en Bogotá, en medio de una investigación por un presunto caso de corrupción relacionado con la oficina de traslados de la entidad penitenciaria.La diligencia se desarrolla por orden de la Dirección contra la Corrupción de la Fiscalía General de la Nación y tiene como propósito verificar posibles irregularidades en los procedimientos de traslado de personas privadas de la libertad ordenados por el Inpec.De acuerdo con la Fiscalía, se trata de una actuación judicial enmarcada dentro de una investigación penal que se sigue por hechos asociados a presuntos actos de corrupción al interior de esa dependencia. Los investigadores buscan recopilar documentación, registros y otros elementos materiales probatorios que permitan establecer si existieron anomalías en el manejo de los traslados carcelarios.Hasta el momento, las autoridades no han revelado resultados preliminares de las pesquisas ni han confirmado si existen funcionarios específicos del Inpec bajo investigación formal dentro de este proceso penal.Según se conoció, funcionarios del Inpec colaboraron con los agentes judiciales durante el desarrollo de la inspección y facilitaron la recolección de la información requerida por el ente acusador para avanzar en las verificaciones.La diligencia hace parte de las actuaciones que adelanta la Fiscalía en casos relacionados con posibles redes de corrupción dentro del sistema penitenciario y busca establecer si hubo manipulación irregular en la asignación o autorización de traslados carcelarios.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra cuatro dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, por presuntamente aprovechar su cargo para cometer reiterados abusos sexuales contra una mujer privada de la libertad en condición de incapacidad de resistir, en la cárcel El Pedregal de Medellín.La decisión cobija a los funcionarios del Inpec Germán David Uribe, Yhojan Estiben López, Adrián Leonardo Parra y Jhorman Andrés Palomino.De acuerdo la Procuraduría, la actuación disciplinaria se originó tras una nota periodística y un comunicado emitido por la Fiscalía General de la Nación, en los que se describen hechos que podrían tener relevancia disciplinaria al interior del centro penitenciario.La investigación es adelantada por la Procuraduría Regional de Instrucción Antioquia, que busca establecer la ocurrencia de las conductas denunciadas, determinar si constituyen falta disciplinaria y definir si los implicados actuaron bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad.
En un operativo conjunto entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fueron capturados cuatro funcionarios del INPEC que tenían su lugar de trabajo en la cárcel El Pedregal y que son señalados de estar involucrados en delitos sexuales y tráfico de estupefacientes.Según informaron las autoridades, la investigación se extendió durante cuatro meses y permitió evidenciar un esquema delictivo al interior del centro carcelario. Los implicados, tres dragoneantes y un auxiliar, habrían utilizado su posición de poder para ingresar drogas, teléfonos celulares y licor, elementos que posteriormente eran usados como mecanismo de presión contra personas privadas de la libertad.El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, mencionó que estos funcionarios, incluso, usaban a reclusas para poder perfilar a otras mujeres a las que podrían acceder carnalmente."Incluso llegaban casi que a instrumentalizar a una de las reclusas, donde estos sujetos le daban la droga, pero ella, a cambio, tenía que encontrarles algunas mujeres para que accedieran a tener cierto tipo de relaciones sexuales con estos tipos", destacó el funcionario.Durante el proceso investigativo se llevaron a cabo 14 entrevistas, diligencias de reconocimiento y análisis articulados con otros casos judiciales, lo que permitió documentar al menos seis hechos relacionados con delitos sexuales y nueve con tráfico de estupefacientes dentro del penal.Las capturas se realizaron tanto en inmediaciones de la cárcel de El Pedregal como en los barrios Caribe y Castilla de la capital de Antioquia. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y un juez de la República les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.
Ya son 13 los funcionarios del Inpec que se les abrió investigación por parte de la Procuraduría, tras fiesta vallenata en pabellón de los cabecillas, voceros de la paz total en la cárcel de Itagüí. Esta vez se vincula al director del centro penitenciario, Édgar Iván Pérez Ortega.Siguen los ecos por el parrandón de vallenato y música popular que se vivió en el pabellón 1 de la cárcel La Paz, donde habrían participado los cabecillas de la paz urbana que negocian con el Gobierno Nacional, entre ellos alias Douglas, Lindolfo, Tom, Carlos Pesebre, el Indio, Vallejo, entre otros.Aunque hasta el momento no se ha confirmado traslado a la ciudad de Bogotá, como lo anunció el propio presidente Gustavo Petro el pasado 13 de abril, cumpliendose 22 días sin hacerse efectivo, quien sí avanza en las investigaciones es la Procuraduría.El ente de control, anunció este lunes que ya son 13 los funcionarios del Inpec que están siendo investigados por las irregularidades que se vivieron en la fiesta del 8 de abril, que contó con artistas como Nelson Velasquez, el ingreso de mujeres, alcohol, comida y estupefacientes. Pero además, lujos que se han identificado en las celdas de los cabecillas de las estructuras criminales, como electrodomésticos, celulares y modificaciones.Ahora, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el director de la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Media Seguridad La Paz de Itagüí, Antioquia, Édgar Iván Pérez Ortega, por presuntas irregularidades relacionadas con la asignación de turnos de descanso durante la Semana Santa, cuando se hizo la rumba.Se busca establecer si se modificaron de manera informal los turnos de descanso del personal directivo, incumpliendo lo establecido legalmente por el Inpec, lo que sería una falta disciplinaria y determinar si el investigado actuó o no bajo una causal de exclusión de responsabilidad.Con el director del penal el ente de control precisó que esta decisión disciplinaria, ahora involucra a 13 servidores públicos, se originó en una compulsa de copias ordenada dentro de la investigación por parte de la Procuraduría Regional de Instrucción Antioquia.
Según denuncias conocidas en las últimas horas, hay otra víctima de abusos sexuales por parte de funcionarios del Inpec al interior de la cárcel El Pedregal de Medellín, que se suma al caso de la mujer privada de la libertad quien en 2024, incluso quedó embarazada a causa de la violación.El caso lo reveló la concejala Claudia Carrasquilla este nuevo caso involucra a dos dragoneantes y un auxiliar, quienes son señalados de abusar de una interna de 18 a 19 años de edad en un área de aislamiento, además de presuntamente intentar sobornar a la policía judicial para ocultar el hecho, por lo que la Fiscalía emitió órdenes de captura y los implicados ya enfrentan medidas de aseguramiento en centro carcelario."¿Cómo es posible que se haya realizado la captura de 13 servidores del Inpec que abusaron en el 2024 de una mujer y aquí no se haya dicho absolutamente nada? Fueron dos dragoneantes, uno de apellido Cartagena y el otro de apellido Parra, y un auxiliar que también, al parecer, estaba prestando su servicio allí para esa época", indicó. Carrasquilla indicó que la víctima ha sido trasladada varias veces y sigue sin protección adecuada, a pesar de ser reconocida como sujeto de derechos, además de que fue crítica por la falta de control y el incumplimiento de estándares internacionales que prohíben la vigilancia de mujeres privadas de la libertad por parte de hombres."Ya hemos visto el comportamiento que tiene el director de la cárcel de Pedregal, director nacional del INPEC, y es que siempre niegan que a ellos no les conviene que se sepa que ellos no están cumpliendo con esos controles, no están cumpliendo con lo que regla la ONU. Para las mujeres privadas de la libertad no las pueden vigilar. Su reclusión, hombres y no mujeres", señaló. En agosto de 2025, casi un año después de haberse conocido públicamente el primer aberrante caso, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento contra el guarda del Inpec Diego Stiven Castaño Sánchez, señalado de abusar sexualmente y dejar en embarazo a Andrea Valdés, una reclusa de 30 años. Esta había sido condenada por homicidio agravado y permanecía en la celda 15 de la Unidad de Tratamiento Especial, donde habrían ocurrido los hechos.
La polémica parranda vallenata del pasado 8 de abril en uno de los patios de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí solo sería ‘la punta del iceberg’ de presuntas irregularidades que estarían cometiendo funcionarios del Inpec en diferentes establecimientos penitenciarios del Valle de Aburrá.Es otra vez desde el Concejo de Medellín donde llegan nuevas denuncias, pero en esta oportunidad sobre la cárcel de mediana seguridad Bellavista en el municipio de Bello donde también cumplen sus condenas reconocidos cabecillas de grupos criminales de la región.El concejal y exsecretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón, aseguró que funcionarios estarían recibiendo entre 15 y 30 millones de pesos para agilizar traslados de algunos procesados de estaciones de policía al centro de reclusión para obtener otros beneficios.En su denuncia el corporado menciona a funcionarios implicados en el presunto entramado de corrupción como el mayor Alexander Díaz Ardila, director del penal; el capitán Diego Devia, comandante de Vigilancia: y el teniente Alberto Serna, comandante Operativo.De igual manera en acciones que implicarían, por ejemplo, la alteración de documentos, según Tobón, también están involucrados los dragoneantes Luis Lopera y Juan Camilo Castaño.Sin embargo, no se trataría de la única posible irregularidad. La salida del penal con uso condicional de brazalete electrónico de un reconocido cabecilla de una estructura criminal del occidente de Medellín, también es motivo de controversia.Se trata de John Fredy Arroyave Londoño, alias ‘Chicha’ o ‘El Diamante’, señalado cabecilla principal de la banda criminal La Imperial que opera en la comuna Robledo. La denuncia del concejal de Medellín indica que este hombre salió de Bellavista el pasado 28 de febrero, sin embargo, pasaron varios días para la instalación de su dispositivo de seguimiento."¿Creen que esto se pueda justificar?, poner en riesgo a la comunidad y pasar por encima de la orden de un juez. Esto no es menor, y, por si fuera poco, nos han llegado denuncias sobre presiones en contra de funcionarios que se han opuesto a que este tipo de prácticas ilegales e irregulares se sigan presentando", manifestó.Otro de los hechos que llaman la atención para el corporado tienen que ver con posibles conductas que estaría ejecutando el dragoneante Wilfredo Sepúlveda, adscrito al área de Deportes en el centro penal, y quien estaría facilitando el ingreso de elementos prohibidos bajo la apariencia de donaciones.Ante las posibles irregularidades, el concejal solicitó una intervención oportuna por parte de la Dirección Nacional del Inpec y la Fiscalía General con el fin de determinar no solo posibles irregularidades disciplinarias, sino también penales, al interior de esta cárcel en el norte del Valle de Aburrá.
Capturaron a dos hombres señalados de portar armas de fuego y drogas en Bogotá. El procedimiento dejó al descubierto un caso que ya no sorprende a las autoridades, uno de los detenidos tenía un brazalete electrónico del Inpec y ocultaba bajo su ropa un chaleco balístico junto con una escopeta artesanal.Los hechos ocurrieron en el barrio New York, donde una patrulla de vigilancia realizaba labores de patrullaje preventivo. Según el reporte oficial, los policías observaron a dos personas en actitud sospechosa, por lo que decidieron abordarlas para practicarles un registro.Durante la inspección, los agentes hallaron que uno de los hombres llevaba puesto un chaleco balístico y escondía debajo un arma de fuego tipo changón. Además, las autoridades evidenciaron que intentaba ocultar un brazalete electrónico del Inpec, el cual tendría por antecedentes relacionados con porte ilegal de armas y hurto agravado.Mientras se desarrollaba el procedimiento, el segundo individuo intentó huir del lugar, pero fue interceptado metros más adelante. En su poder fueron encontradas más de 114 dosis de bazuco ocultas dentro de un bolso, así como dinero en efectivo que, según las primeras hipótesis, sería producto de la comercialización de sustancias ilícitas.Los dos capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente y deberán responder por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.
Los fuertes vendavales y vientos huracanados que se registraron en las últimas horas mantienen en emergencia a más de 10 municipios de las provincias de Soto Norte y García Rovira, en Santander. Las ráfagas ocasionaron destechamientos de viviendas, caída de árboles, postes y redes eléctricas, además de graves afectaciones en cultivos. Hasta el momento, las autoridades no reportan personas heridas ni víctimas fatales.Pedro Conde, integrante de la Sala de Crisis de Gestión del Riesgo de Santander, indicó que aunque la emergencia no deja pérdidas humanas, los daños materiales son considerables."Aunque no hay personas afectadas o pérdidas de vidas humanas, varios municipios permanecen sin servicio de energía por el desprendimiento de cables eléctricos. A esto se suman afectaciones en cultivos y numerosas viviendas que quedaron sin techo; muchas familias están tratando de protegerse con costales y otros elementos provisionales", explicó el funcionario.Entre los municipios con mayores afectaciones se encuentran Miranda y Málaga, donde las autoridades realizan el censo de daños para coordinar la entrega de ayudas y restablecer los servicios afectados.Los habitantes aseguran que la intensidad de los vientos no tiene precedentes. Cristian Rolando Vargas, residente de Málaga, relató que en casi cinco décadas nunca había vivido un fenómeno similar."En 48 años de vida en estos páramos nunca habíamos visto unos vendavales de esta magnitud. Arrancaron techos de casas, láminas de eternit, invernaderos, cocheras, árboles e incluso derribaron antenas de telecomunicaciones", manifestó.En el municipio de San Andrés, específicamente en la vereda Cairasco, los fuertes vientos derribaron una torre de telecomunicaciones de la empresa EASY TEC, dejando sin servicio a numerosos usuarios de las zonas rurales de San Andrés y Guaca.Las autoridades mantienen el monitoreo permanente de las condiciones climáticas, luego de que el Ideam advirtiera sobre un aumento en la intensidad de los vientos y el riesgo de vendavales en diferentes regiones del país debido a la consolidación del fenómeno de El Niño. Según la entidad, las fuertes ráfagas, sumadas a las altas temperaturas y los periodos de sequía, incrementan el riesgo de destechamientos, caída de árboles y daños en estructuras inestables, por lo que se recomienda a la comunidad extremar las medidas de prevención.Los organismos de gestión del riesgo continúan evaluando las afectaciones y coordinando la atención de las comunidades, mientras avanzan las labores para restablecer el servicio de energía y telecomunicaciones en los sectores impactados.
El Paisita Día es uno de los juegos de chance más conocidos en Colombia, especialmente en Antioquia, una región donde este sorteo tiene gran reconocimiento. Su nombre está relacionado con la cultura paisa y sus resultados son transmitidos por Teleantioquia.El número ganador del chance Paisita Día de este sábado 27 de junio de 2026 es el xxxx. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Los jugadores deben verificar con su vendedor si el tiquete corresponde al resultado ganador.Número ganador: xxxxDos últimas cifras: xxTres últimas cifras: xxxLa quinta: xDesde 2025, los apostadores tienen la opción de agregar una quinta balota o número adicional, una alternativa que puede aumentar el valor del premio cuando se acierta junto con las demás cifras del sorteo.Este juego de azar permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para ganar, el número elegido debe coincidir en el mismo orden de izquierda a derecha con las cifras obtenidas en el sorteo oficial.A qué hora juega Paisita DíaEl sorteo de Paisita Día se realiza todos los días. De lunes a sábado juega a la 1:00 p. m., mientras que los domingos y días festivos el sorteo se realiza a las 2:00 p. m.Los resultados pueden consultarse después de la hora establecida para cada jornada.Cómo se juega el chancePaisita Día cuenta con diferentes modalidades de apuesta, en las que el premio depende de la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado:Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.Una cifra o uña: acertar la última cifra.Qué necesita para reclamar un premio de Paisita Día?El proceso para reclamar un premio depende del valor obtenido, pero existen documentos básicos que el ganador debe presentar para realizar el trámite.Documentos fundamentales para cualquier premio:Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.Documentos adicionales según el valor del premio:Si el premio es menor a 48 UVT: solo debe presentar los documentos fundamentales.Si el premio está entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, deberá entregar el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.Si el premio es mayor a 182 UVT: deberá presentar también una certificación bancaria con una vigencia máxima de 30 días y a nombre de la persona que diligenció el tiquete. En este caso, el pago se realizará mediante transferencia bancaria en un tiempo aproximado de ocho días hábiles.
El último puente festivo de junio vendrá cargado de buenas noticias para el comercio en Antioquia que espera recibir grandes réditos económicos producto de la prima de mitad de año y del partido entre Colombia y Portugal, que será el evento central del fin de semana.Los comerciantes en las zonas de alta afluencia de Medellín esperan que cientos y cientos de personas salgan a bares y restaurantes para disfrutar el último partido de la fase de grupos de la 'tricolor', por lo prevén una alta derrama económica.El presidente de Asobares Antioquia, Juan Pablo Valenzuela, habló de las cifras que esperan tener durante este puente festivo y los planes que podrán hacer las personas en Medellín y municipios cercanos."Esperamos que el ingreso en caja pueda estar cercano, por lo menos en el departamento de Antioquia, una cifra de 15 mil millones de pesos nada más este fin de semana. Promociones especiales y en general hay un una un abanico de opciones muy amplio con todas las personas que vienen a disfrutar del fútbol".El comercio en la capital de Antioquia también espera tener mayor movimiento debido al pago de la prima de mitad de año, con lo que todo tipo de establecimientos estarían copados no solo viendo a la 'tricolor' sino todos los partidos de la Copa del Mundo.Finalmente, Valenzuela y en el caso de Medellín, los bares estarán abiertos hasta las 4:00 a. m., un horario que le permite al comercio paisa tener más posibilidades de hacer su 'agosto' anticipado.
El Gobierno saliente de Gustavo Petro designó al ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, como coordinador del equipo de empalme por parte del Gobierno Nacional con el nuevo mandato de Abelardo De La Espriella, proceso que estará a cargo del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.Así lo notificó la Casa de Nariño mediante un comunicado en el que la Presidencia señaló que se espera que en los próximos días se realice la primera reunión entre el coordinador del Gobierno Nacional y el coordinador del equipo designado por el presidente electo, con el objetivo de acordar las metodologías y dar inicio al proceso de empalme.Asimismo, aseguraron que esta es una invitación a realizar un ejercicio de transición democrática, respetando los principios de transparencia en el marco del fortalecimiento institucional de Colombia.Empalme del nuevo gobierno estará liderado por José Manuel RestrepoEl equipo del presidente Abelardo de la Espriella confirmó que José Manuel Restrepo será quien lidere el grupo encargado de revisar la información de las diferentes entidades del Estado durante el proceso de empalme entre el gobierno saliente y el entrante.Según informaron mediante un comunicado, este “Empalme Anticorrupción” estará integrado por el equipo técnico que durante los últimos seis meses ha trabajado en la construcción de la hoja de ruta del nuevo gobierno.La misión principal será realizar una revisión integral de la administración pública, identificar posibles riesgos relacionados con el manejo de los recursos del Estado y establecer las bases para una gestión que, según el presidente electo, estará enfocada en la transparencia y la lucha contra la corrupción."El Empalme Anticorrupción estará conformado por el equipo técnico que durante los últimos seis meses ha preparado la hoja de ruta del Gobierno entrante y tendrá como misión garantizar una transición transparente, identificar riesgos para los recursos públicos y sentar las bases de una administración íntegra y eficiente", se lee en el comunicado.
Una acción popular fue interpuesta ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con el propósito de lograr la garantía del derecho a la salud de más de un millón de personas en el departamento, en medio de la crisis humanitaria que se está viviendo.Justo esta semana, se hizo un llamado para que las EPS, especialmente las intervenidas, se pusieran al día en sus pagos por el riesgo que tienen las operaciones de los hospitales, entre ellos el San Juan de Dios de Cali, que está al borde del cierre por el aumento de la cartera.La gobernadora Dilian Francisca Toro indicó que, con esta acción popular, espera que la justicia pueda lograr lo que en los últimos meses se ha intentado: un acuerdo para mejorar la atención a los pacientes."Esta no es una pelea política, es una defensa de la vida, de la dignidad de los pacientes y de los recursos públicos que deben llegar a donde más se necesita: a la atención de la gente. Con esta acción le pedimos a la justicia medidas urgentes para poder garantizar la entrega oportuna de medicamentos, el pago de las deudas que, por supuesto, tienen en crisis a nuestros hospitales y un seguimiento permanente para que los compromisos se cumplan", indicó la mandataria.Cabe recordar que la última advertencia de las autoridades sanitarias del departamento es que la red pública del Valle del Cauca podría verse obligada a suspender la atención de usuarios afiliados a EPS como Emssanar, Coosalud, Asmet Salud y Nueva EPS, a las cuales están afiliados cerca del 80 % de los vallecaucanos.
