La Gobernación de Antioquia negó la solicitud de ingreso de Miguel Quintero Calle a la cárcel de Yarumito en el municipio de Itagüí, luego de determinar que las condiciones de seguridad del establecimiento penitenciario no son compatibles con el perfil de riesgo del hermano de Daniel Quintero Calle.La decisión quedó consignada en una respuesta emitida por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia, tras estudiar la petición presentada por el abogado Felipe Alzate, defensor de Quintero Calle, quien solicitó un cupo en este centro de reclusión.De acuerdo con el documento, Miguel Quintero enfrenta una investigación penal en la que se le atribuyen los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, conductas contempladas como delitos contra la Administración Pública.Sin embargo, se aclaró que la naturaleza de estos delitos no significa, por sí sola, que el investigado tenga la condición de servidor público, como efectivamente no lo era. Se debe mencionar que este ítem es importante para ser recluido en la cárcel de Yarumito, que es un establecimiento especial para servidores y exservidores públicos.Otro de los argumentos analizados fue el vínculo familiar con Daniel Quintero. Frente a este punto, la Gobernación de Antioquia señaló que la condición de servidor público es personal y no se extiende a los familiares por razones de consanguinidad, por lo que este parentesco no constituye un fundamento para obtener un cupo en el establecimiento.La defensa también expuso circunstancias particulares de vulnerabilidad relacionadas con el entorno familiar y la exposición pública del proceso. No obstante, la Administración Departamental explicó que Yarumito es una cárcel de seguridad mínima y no cuenta con capacidades operativas compatibles con las condiciones de seguridad planteadas.Por estas razones, la Secretaría de Seguridad emitió concepto desfavorable y negó formalmente la asignación del cupo solicitado, por lo que, por ahora, Miguel Quintero deberá permanecer en la cárcel de Cómbita en donde está recluido hace más de una semana.
Las autoridades reforzaron las medidas de seguridad en los centros penitenciarios de Santander y la protección de los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, ante las nuevas amenazas contra el personal de custodia y vigilancia.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández Durán, informó que se vienen desarrollando acciones coordinadas con la Fuerza Pública para prevenir hechos delictivos y garantizar tanto la seguridad de la infraestructura carcelaria como la integridad de los funcionarios.“No solamente trabajamos por la seguridad de la infraestructura penitenciaria, sino también por la protección de los funcionarios del Inpec”, señaló el funcionario.Entre las medidas implementadas se encuentra el acompañamiento de unidades especializadas como el GAULA y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), además de patrullajes motorizados y controles en los alrededores de los establecimientos carcelarios de Bucaramanga, Girón, Barrancabermeja, San Gil, El Socorro y Málaga. También se adelantan capacitaciones dirigidas a los funcionarios sobre medidas de autoprotección y se fortalecen los procesos de investigación judicial para identificar posibles amenazas, prevenir ataques y contrarrestar las acciones de estructuras delincuenciales."Estas acciones buscan reducir los riesgos para el personal penitenciario y mantener el control y la seguridad en los establecimientos carcelarios del departamento", señaló el secretario del Interior. El Gobierno departamental reiteró que continuará trabajando de manera articulada con la Policía y las demás autoridades para proteger a los funcionarios del INPEC y evitar que las amenazas se conviertan en hechos de violencia.
A través de un comunicado el Ministerio de Justicia rechazó el asesinato del dragoneante Luis Francisco Ramírez, ocurrido en Cali, destacando la trayectoria del funcionario durante 18 años de servicio. El documento, firmado por el ministro Iván Cancino, resaltó que durante el tiempo que el dragoneante estuvo involucrado en la institución, obtuvo varios reconocimientos por su desempeño.La víctima fue atacada a disparos cuando se movilizaba en el oriente de Cali tras haber finalizado su turno en la cárcel de Villahermosa, dos sujetos armados lo abordaron y le dispararon cuatro veces provocando su muerte inmediata. Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones, poco a poco se van conociendo detalles del dragoneante, quien al parecer hacía parte del grupo de funcionarios encargado del traslado de personas privadas de la libertad a otros centros penitenciarios."Estos hechos son inadmisibles. Ningún funcionario del INPEC debe ser objeto de amenazas, intimidaciones o ataques por el cumplimiento de su deber. Atentar contra nuestros guardianes es atentar contra la institucionalidad y la seguridad de los colombianos. No permitiremos que la violencia y la intimidación pretendan doblegar a quienes sirven a Colombia", señala el comunicado del Ministerio.
La Cárcel y Penitenciaría de Alta y Media Seguridad de Palogordo, ubicada en Girón, Santander, tiene nuevo director. Se trata del teniente en retiro Ronald Leonardo Ugarte Mora, oriundo del municipio de Bochalema, Norte de Santander, quien fue designado por la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para asumir las riendas de este establecimiento.El nombramiento se produce luego del traslado del capitán Eleasid Durán, quien se encontraba al frente de la prisión. Su salida se conoce en un momento de preocupación por las amenazas contra funcionarios del Inpec y los recientes movimientos de internos de alta peligrosidad hacia este centro penitenciario.Ugarte Mora llega a Santander después de desempeñarse durante un año y once meses como director del Complejo Carcelario y Penitenciario de Cúcuta (COCUC), en Norte de Santander. Durante ese periodo estuvo al frente de asuntos relacionados con la seguridad, la disciplina institucional, la garantía de los derechos humanos y la coordinación con diferentes autoridades.El nuevo director es abogado y cuenta con una maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Además, tiene experiencia como oficial de la reserva activa del Ejército Nacional.Ahora tendrá la responsabilidad de dirigir la cárcel de Palogordo, uno de los establecimientos penitenciarios de mayor seguridad de Santander, en medio de los desafíos que representa el manejo de la población privada de la libertad y las condiciones de seguridad para el personal de custodia y vigilancia.El cambio en la dirección se suma a los movimientos que se han registrado en este centro penitenciario, que ha estado bajo atención por las alertas relacionadas con la seguridad de sus funcionarios y la presencia de reclusos considerados de alta peligrosidad.
El dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), Luis Francisco Ramírez, fue asesinado en la noche del viernes, minutos después de salir de la cárcel de Villahermosa, en el oriente de Cali, tras finalizar su turno.La víctima se movilizaba en su motocicleta cuando, a la altura de la calle 27 con carrera 29, fue interceptada por dos hombres armados que le dispararon en cuatro ocasiones. El funcionario murió en el lugar y los atacantes huyeron.Las autoridades llegaron al sitio para realizar las labores de levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones. Uno de los aspectos por establecer es si el ataque está relacionado con las amenazas que han recibido trabajadores penitenciarios en los últimos días en el país, en medio de los traslados de cabecillas de bandas criminales a cárceles de mayor seguridad.Al respecto, Natalia Zuluaga, subsecretaria de Seguridad de Cali, se refirió a la atención del caso y a las acciones de las autoridades."Lamentamos profundamente el fallecimiento del dragoneante del INPEC. A la ciudadanía le informamos que el caso fue atendido en el lugar de los hechos por investigadores del CTI. Hasta el momento no se tienen capturados, pero este caso será una prioridad, en pro del respeto institucional que representa el INPEC y, sobre todo, para garantizar la tranquilidad de los familiares", indicó la funcionaria.A través de su cuenta oficial en X, el INPEC rechazó el asesinato del dragoneante Ramírez y señaló que la labor penitenciaria no puede seguir siendo blanco de amenazas y violencia.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) confirmó el traslado de nueve personas solicitadas en extradición desde la cárcel La Picota, en Bogotá, hasta el hangar de la DEA, donde quedaron a disposición de las autoridades competentes para continuar el procedimiento en medio de varias solicitudes del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. La mayoría de los requeridos están relacionados con investigaciones por narcotráfico y concierto para delinquir.Entre las personas trasladadas están Juan Carlos Ojeda Realpe, Jeovanny Aguilar Jiménez y Jeison Stiven Acosta Ansasoy, solicitados por delitos relacionados con concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.También fueron trasladados Eduardo Martínez Álvarez y Jean Carlos Ansasoy Narváez. Este último es señalado de integrar una red de narcotráfico que estaría vinculada con las disidencias de las Farc.En el grupo figura, además, Werling Palacios Palacios, requerido por presuntas alianzas criminales para el envío de cocaína y marihuana. Otro de los trasladados es Óscar Hernando Giraldo Gómez, quien supuestamente pertenecería a una organización dedicada al transporte de cargamentos de droga por el mar Caribe.La lista se completa con Édgar Germán Montoya Montoya y Po Ya Lin, cuyos nombres también aparecen en el reporte del traslado de las nueve personas desde el centro penitenciario hasta el hangar de la DEA.Las autoridades señalan presuntas conexiones con redes dedicadas al envío de estupefacientes y con estructuras armadas ilegales de México y Centroamérica.
Un nuevo hecho de violencia contra el sistema penitenciario se registró en Bucaramanga, donde fue lanzada una granada contra la Cárcel de Mujeres. El artefacto explosivo detonó en inmediaciones de la garita número 7 del establecimiento, situación que es materia de investigación por parte de las autoridades.Por ahora, las autoridades buscan establecer quiénes estarían detrás del ataque y las circunstancias en las que fue lanzado el explosivo. Se conoció que el Grupo Antiexplosivos de la Policía Metropolitana de Bucaramanga realiza una investigación del caso. En diálogo con Blu Radio, un funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, advirtió que este hecho no sería aislado y lo relacionó con una serie de amenazas que, según indicó, vienen denunciándose desde hace varios meses contra el personal de la Cárcel Modelo de Bucaramanga, la cárcel de Palogordo y la Reclusión de Mujeres.“Este no es un hecho aislado. Es la materialización del plan pistola, amenazas y panfletos que venimos denunciando hace meses contra el personal de la Cárcel Modelo, Palogordo y Reclusión de Mujeres”, señaló el funcionario.El trabajador también advirtió sobre la gravedad de la situación y la evolución de las intimidaciones contra los funcionarios penitenciarios.“Pasamos de las amenazas a los atentados con armas de fuego y ahora a terrorismo con explosivos”, manifestó.Recordó que hace tres semanas fue asesinado por sicarios un dragoneante de la cárcel de Palogordo en un restaurante de Girón. "Hasta el momento no sabemos como va la investigación de este caso. Hya miedo entre los funcionarios del Inpec", señaló. El ataque vuelve a poner sobre la mesa las preocupaciones por la seguridad de los funcionarios del sistema penitenciario en Santander, en medio de las denuncias sobre amenazas y acciones violentas.Las autoridades deberán determinar si el lanzamiento de la granada contra la reclusión de Mujeres está relacionado con las intimidaciones denunciadas por el personal del Inpec y establecer las responsabilidades correspondientes.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó que en las últimas horas se concretó la extradición de varios privados de la libertad a los Estados Unidos, entre ellos Willinton Henao Gutiérrez, conocido como alias 'Mocho Olmedo', identificado como uno de los principales cabecillas del frente 33 de las disidencias de las Farc con accionar armado en la región del Catatumbo, departamento de Norte de Santander. Henao Gutiérrez, quien permanecía privado de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá, integró un grupo de cerca de diez personas requeridas por la justicia estadounidense que salieron del país tras completarse el trámite legal que incluyó la solicitud formal de ese país, el concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia y el aval del Gobierno presidido por Abelardo De La Espriella.Recordemos que recientemente, la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir, homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado y reclutamiento ilícito por los hallazgos de un Grupo de Tareas Especiales del ente acusador —integrado por las direcciones especializadas contra Organizaciones Criminales y Violaciones a los Derechos Humanos— que ubica a alias 'Mocho Olmedo' como uno de los articuladores clave de las confrontaciones armadas contra el ELN iniciadas el 16 de enero de 2025 en el Catatumbo.Dentro del expediente, el organismo judicial lo relaciona de manera directa con el homicidio de un líder comunitario y delegado de la Junta de Acción Comunal en el municipio de Tibú. Según la investigación, el 17 de enero de 2025 integrantes armados del frente 33 ingresaron a la vivienda del líder, lo trasladaron contra su voluntad hacia una zona despoblada contigua a una mina de carbón y le causaron la muerte.Asimismo, la Fiscalía le atribuye responsabilidad en 31 casos de desplazamiento forzado ocurridos entre el 16 y el 20 de enero de 2025 en los municipios de Tibú y El Tarra, lapsos en los que las intimidaciones por la estructura armada obligaron a 84 ciudadanos a abandonar sus predios. Finalmente, los cargos presentados ante los jueces de la República engloban su presunta implicación en el reclutamiento ilícito de 31 menores de edad para abastecer las distintas facciones armadas que ejercen presencia en esa zona.
Sin señal de celular, tomacorrientes y operada por empresa de seguridad privada funcionará la cárcel de sindicados que se construye en Medellín. Sindicato del Inpec advierte que nuevo modelo no es necesariamente una garantía anticorrupción.Al estar cerca de la mitad de su construcción, se siguen conociendo nuevos detalles sobre lo que será la Cárcel Metropolitana de Sindicados, cuyas obras siguen avanzando en el corregimiento de San Cristóbal, occidente de Medellín.El alcalde Federico Gutiérrez explicó que además de otros asuntos como un sistema de inhibición de señal y la ausencia de tomacorrientes en celdas, un punto central para aumentar la seguridad del penal tendrá que ver con su operación.Aunque reconoció que son detalles que se vienen definiendo, Gutiérrez manifestó que una de las opciones que cobra mayor fuerza para operar el establecimiento tiene que ver con una empresa de seguridad privada. Esto también a propósito de los escándalos que han salpicado en los últimos años al Inpec con respecto a actos de corrupción por parte de algunos de sus funcionarios en todo el país.“El modelo de vigilancia, que lo venimos también terminando de definir. Esto no va a ser con temas del Inpec. Aquí va a ser con vigilancia privada, especializada para un centro carcelario, como se manejan temas de máxima seguridad también. O sea, que este tiene que ser un modelo, no solo para Medellín, sino para Colombia”, afirmó.Sin embargo, la eventual participación de empresas de seguridad privada abre interrogantes sobre los mecanismos de supervisión, transparencia y control que tendría el modelo.Felipe Quimbayo, vicepresidente del sindicato del Inpec, consideró favorables apuestas como la de la Alcaldía de Medellín por las alianzas público-privadas para ampliar la infraestructura carcelaria y aliviar la presión sobre los establecimientos públicos.No obstante, advirtió que entregar la seguridad a particulares no garantiza por sí solo una operación libre de irregularidades, especialmente si no existen condiciones laborales adecuadas y controles efectivos.“Que la vigilancia privada ingrese al sistema penitenciario en este caso con alianzas público privadas que eso pues iría yo de que sería una abre boca grande para que el tema de corrupción aumente. Tienen que haber condiciones dignas también para el personal de guardia que presta sus servicios”, dijo.El dirigente sindical también defendió que en un nuevo modelo como estos, el cual podría ser factible de implementarse en otras ciudades del país, no debería ser excluyente con el Inpec por su trayectoria.Quimbayo recordó que la posibilidad de contar con espacios como la Escuela Penitenciaria Nacional, no solo le brinda al Instituto la posibilidad de formar personal encargado de funciones de custodia y vigilancia, sino también que los hace aptos para procesos de resocialización contemplados como fines últimos de las condenas en la legislación nacional.
Sindicato del Inpec denuncia cuatro dragoneantes asesinados y más de 500 amenazas a nivel nacional tras traslados de cabecillas a principales centros penitenciarios del país. Solo en Antioquia en los últimos dos años se han registrado ocho actos violentosEl sindicato de empleados penitenciarios denunció que las condiciones de seguridad de los dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) continúan siendo preocupantes, en medio de las amenazas y los atentados contra funcionarios en diferentes regiones del país. Felipe Quimbayo, vicepresidente nacional de la organización sindical, aseguró que desde el inicio del actual Gobierno han sido asesinados cuatro trabajadores y se han registrado más de 500 amenazas en establecimientos carcelarios.Aunque el sindicato respalda las medidas orientadas a recuperar el orden en las cárceles, advirtió que estas deben estar acompañadas de acciones concretas para proteger la vida de los funcionarios que custodian a la población privada de la libertad.En el Valle de Aburrá, Quimbayo recordó el asesinato de un dragoneante ocurrido el pasado 13 de agosto en inmediaciones de la cárcel La Paz de Itagüí y señaló que durante 2024 y 2025 también se registraron atentados contra vehículos y funcionarios del INPEC en las cárceles de El Pedregal y Bellavista.“Claro que está visto con buenos ojos por parte de los funcionarios del Inpec, sino que de toda la ciudadanía, pero hay que mirar también cómo se mitiga el tema de la seguridad de los funcionarios. No es posible que desde que asumió la presidencia hemos tenido que lamentar ya cuatro compañeros que los han asesinado vilmente”, aseveró Quimbayo.Según el dirigente sindical, entre estos hechos se contabilizan alrededor de ocho atentados e intentos de ataque, además de tres funcionarios asesinados en el contexto regional al que hizo referencia.Quimbayo indicó que, aunque han sostenido conversaciones con el ministro de Justicia, Iván Cansino, y el director general del INPEC, varias de las propuestas para reducir los riesgos todavía no se han materializado.“Si miramos la mayoría de los atentados ya conocen los relevos y lo hacen o los perpetran en horas de la noche, hora nocturna. Es decir que si hacemos ese cambio de la jornada laboral que sí la ha propuesto el ministro de justicia, el director general del INPEC, eso ayuda a mitigar el tema de los asesinatos. Una segunda parte es el tema de la adquisición de armamento. Los funcionarios salen prácticamente eh pues sin alguna seguridad”, indicó.Entre las solicitudes están modificar las jornadas laborales para disminuir la exposición de los funcionarios durante los relevos nocturnos, adquirir armamento de dotación y garantizar acompañamiento de la Policía Nacional en los desplazamientos de entrada y salida de los establecimientos.El vicepresidente sindical advirtió que la cárcel de El Pedregal no contaría con acompañamiento permanente de una patrulla durante los relevos. Por eso, insistió en que se requieren medidas urgentes para prevenir nuevos ataques contra los trabajadores penitenciarios.
El expresidente Juan Manuel Santos, durante su intervención en el foro “A diez años del Acuerdo de Paz: balance, implementación y perspectivas”, lanzó una fuerte crítica al presidente Abelardo De La Espriella por la manera en que, según dijo, está mostrando los resultados de las operaciones militares en el país.El exmandatario manifestó su preocupación por lo que considera un posible regreso a prácticas del pasado. “Me preocupa y tengo que decirlo aquí delante de ustedes, que diez años después estamos viendo a un presidente pasearse entre cadáveres, mostrándolos con orgullo o firmando bombas como si fueran un regalo. Espero que eso no dé un mensaje para volver al pasado”, afirmó Santos. Las declaraciones se dieron en medio del balance de la implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y las antiguas Farc, que el próximo 24 de noviembre cumplirá diez años. En su intervención, el exmandatario defendió los resultados de su Gobierno en materia de seguridad y aseguró que durante su administración se promovió un cambio en la manera de desarrollar las operaciones militares, con respeto por los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.Santos recordó que cuando llegó al Ministerio de Defensa no se habían producido capturas de integrantes del secretariado de las Farc y sostuvo que durante su gestión se adelantaron operaciones contra sus principales comandantes, pero también se trabajó para conseguir la dejación de armas mediante la negociación de paz.El expresidente insistió en que el cambio de enfoque de las Fuerzas Militares también implicó reconocer la condición humana de los integrantes de la guerrilla, incluso en medio del conflicto armado.En el mismo foro, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Danilo Rojas, explicó cuáles son los plazos que tiene la justicia transicional para avanzar en el esclarecimiento de los crímenes cometidos durante el conflicto armado.El magistrado anunció que en diciembre de 2026 se realizará la última imputación de la Sala de Reconocimiento de Verdad, con la que se completaría la atribución de responsabilidades a los máximos responsables dentro de los 11 macrocasos que investiga la jurisdicción.Según explicó, durante 2027 se espera avanzar en los reconocimientos de responsabilidad de los comparecientes para dar paso a los juicios dialógicos y, posteriormente, a la imposición de sanciones propias, de carácter restaurativo, para quienes reconozcan su responsabilidad.En los casos de quienes no acepten los hechos y las responsabilidades atribuidas, los procesos continuarán por la vía de los juicios adversariales.Rojas agregó que en marzo de 2028 la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP realizará su última imputación para estos procesos y que, a partir del 14 de marzo de ese año, comenzará a correr el plazo constitucional y establecido en el Acuerdo de Paz para culminar los juicios, previsto en cinco años.
Paola Jara y Jessi Uribe conquistaron al público latino en Estados Unidos con un concierto de lleno total en el Ritz Theatre, donde el pasado sábado 7 de noviembre presentaron su espectáculo Despecho a 2 Voces. La presentación, que logró un sold out, reunió a colombianos y latinos en una noche dedicada a la música regional colombiana.El éxito del espectáculo ratifica la conexión de los artistas con el público colombiano en el exterior y el crecimiento de este género musical entre las audiencias latinas de Estados Unidos. A través de sus canciones, Paola y Jessi llevaron al escenario una propuesta que combina el despecho, el romanticismo y los sonidos populares que han marcado sus carreras.El concierto hizo parte de una semana de intensa actividad internacional para la pareja artística, que apenas dos días antes había participado en los Premios HEAT 2026, celebrados en Puerto Vallarta, México. Ambos hicieron parte de la programación musical de esta importante celebración de la música latina, sumando así otra aparición destacada en escenarios internacionales.De esta manera, Paola Jara y Jessi Uribe pasaron de los Premios HEAT a encontrarse con miles de seguidores en el área metropolitana de Nueva York, demostrando el alcance de su música más allá de las fronteras colombianas.El lleno total en el Ritz Theatre representa un nuevo impulso para Despecho a 2 Voces, un espectáculo que consolida su presencia internacional y evidencia cómo la música regional colombiana continúa ganando espacios, conectando generaciones y fortaleciendo su lugar dentro de la industria musical latina.
En Puerto Gaitán, municipio petrolero del Meta, concejales y líderes sociales denunciaron presuntas irregularidades en la compra de un predio de nueve hectáreas, ubicado en zona rural del municipio, que pretende hacer la Alcaldía Municipal, para la construcción de una ciudadela universitaria.De acuerdo a las denuncias, dicho predio en 2025 estaba avaluado en 180 millones de pesos, sin embargo, sin una justificación técnica ni jurídica, ahora la Alcaldía busca comprarlo por más de 12.000 millones de pesos.Por esa razón, presentó al Concejo Municipal un proyecto de acuerdo que busca tener la aprobación de esta corporación para poder adquirir el predio. Pese a las denuncias y las alertas que se han presentado, el proyecto ya fue aprobado en primer debate y será presentado en los próximos días en la plenaria para su discusión.Diana Carolina Pérez, concejal por el Partido Liberal, manifestó su preocupación por esta situación, y denunció que, además del exagerado aumento del valor comercial del predio, Puerto Gaitán no cuenta con un plan básico de ordenamiento territorial, por lo que no existe tampoco un estudio técnico que indique que el uso del suelo de este predio sea para la construcción de una infraestructura educativa.Le puede interesar: Santander, segundo en competitividad de educación superior; con retos para retener talentoLa concejal advirtió, además, que no hay certeza de la demanda que el municipio tiene en materia de educación superior y señaló que actualmente no se cuenta con ofertas de universidades públicas ni privadas y cuestionó que esta obra pueda convertirse en un elefante blanco.“En este momento no tenemos ningún convenio con ninguna universidad que garantice asumir directamente el sostenimiento de una ciudadela. Por ejemplo, aquí tenemos también el SENA, que es una gran infraestructura que nadie sostiene en este momento. No se usa el 100%. Entonces, qué nos garantiza que construir una ciudadela, que es algo tan grande, se le vaya a garantizar el sostenimiento”.A través de un comunicado, Jhon Payares, líder social del municipio, mostró su preocupación y pidió a la Alcaldía explicar cómo se realizó el avalúo, y si existen documentos técnicos que respalden este nuevo valor comercial.“Nos dieron una evidencia de un avalúo que se hizo hace un año y medio en un predio colindante con ese, y fue de 300 millones de pesos, no entendemos de dónde sale para que el predio termine costando 1.400 millones de pesos cada hectárea para la Alcaldía. El descontento es total en el municipio. Se ve raro y huele mal”, dijo a Blu Radio.Por ahora, la ciudadanía espera el segundo debate en el Concejo Municipal, donde se discutirá si se otorga o no el permiso a la Alcaldía Municipal la compra del cuestionado predio.
La sultana del Valle se prepara para vivir la mayor fiesta: la 69ª Feria de Cali, que se celebrará del 25 al 30 de diciembre de 2026 y reúne a los más grandes exponentes de la salsa y la música colombiana para recordarle al mundo por qué la sucursal es epicentro de talento.Los caleños poco a poco se van preparando para este evento y se va conociendo la programación de cara a esta fiesta. Ahora, se confirmó uno de los conciertos que se llevará a cabo que tendrá a referentes como Eddie Santiago, Víctor Manuelle, Luis Enrique, Rey Ruiz y Grupo Niche que se reunirán en el Diamante de Béisbol para protagonizar Cali se viste de salsa el sábado, 26 de diciembre.Más de 15.000 personas disfrutarán de los más grandes exponentes de la salsa en el Diamante de Béisbol de uno de los conciertos más importantes en la ciudad durante la feria. Cinco nombres esenciales de la salsa compartirán una misma noche, en un cartel que reúne el romanticismo, el son y la tradición salsera que han acompañado a distintas generaciones.Sin duda la Feria de Cali es uno de los eventos culturales y turísticos más importantes de Colombia, pues representa la identidad, la tradición y la alegría de la capital del Valle del Cauca. Cada año reúne a miles de visitantes alrededor de la salsa, la música, el baile y las expresiones artísticas de la región.Precios para Cali se viste de salsa 2026Palcos Patrocinador: $9.900.000 (para 10 personas). Precio por persona: $990.000. En etapa 2 sube a $12.100.000.Palcos Alfombra Roja: $8.420.000 (para 10 personas). Precio por persona: $842.000. En etapa 2 sube a $9.900.000.Palcos Diamante: $6.550.000 (para 10 personas). Precio por persona: $655.000. En etapa 2 sube a $7.700.000.Palcos Oro: $4.680.000 (para 10 personas). Precio por persona: $468.000. En etapa 2 sube a $5.500.000.Palcos Plata: $3.740.000 (para 10 personas). Precio por persona: $374.000. En etapa 2 sube a $4.400.000.VIP de pie: $146.000 por persona. En etapa 2 sube a $171.000.Gradería: $146.000 por persona. En etapa 2 sube a $171.000.
La Asociación Colombiana de Gas Natural, Naturgas, celebró la elección de luz Stella Murgas en la ANDI, quien estuvo al frente de ese gremio durante los últimos cinco años. La organización destacó su papel en el fortalecimiento de la industria del gas natural, así como su capacidad de interlocución con las autoridades y distintos actores de la cadena."Luz Stella ha sido una lider determinante para la industria del gas natural. Con rigor técnico, capacidad de diálogo y una profunda convicción sobre el papel de este energético en el desarrollo del país, logró que la voz del sector fuera escuchada en los momentos más decisivos para el abastecimiento. Su gestión deja un gremio más fuerte, más cohesionado y mejor preparado para los retos que vienen", dijo Juan Manuel Rojas, presidente del Consejo Directivo de Naturgas.Finalmente, Naturgas señaló que la elección de Murgas representa “acontecimiento significativo para las mujeres que ejercen posiciones de liderazgo en la industria energética”.Asimismo, le deseó éxitos en esta nueva etapa y reiteró su compromiso de continuar trabajando por la seguridad energética, la competitividad y el desarrollo sostenible de Colombia.Las reacciones tras la elección de Murgas en la ANDIBruce Mac Master, expresidente de la ANDI, felicitó a Luz Stella Murgas por su elección como nueva presidenta del gremio, cargo que él ocupó hasta el pasado primero de octubre.“Mis más sinceras felicitaciones para Luz Stella Murgas, muy buena amiga y gran profesional”, expresó Mac Master, quien además le deseó éxitos en su gestión y aseguró: “Su éxito será el éxito de todos”.Por su parte, Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería y quien también participó como finalista en la elección, agradeció a los integrantes de la junta directiva que respaldaron su candidatura y le deseó éxitos a Murgas.“Participar en el proceso de selección del nuevo presidente de la ANDI, ha sido un verdadero honor. Gracias a los miembros de junta que respaldaron mi nombre”, manifestó Nariño.Además, se refirió a Murgas como una gran amiga y profesional, le deseó éxitos y expresó su disposición de trabajar conjuntamente por el fortalecimiento del sector empresarial y la construcción de acuerdos que contribuyan al desarrollo del país.Entre tanto, Carlos Suárez Rojas también reaccionó a la designación de la nueva presidenta de la ANDI y la felicitó. “Inteligente, Caribe, mujer con una nueva visión de la relación gremio/gobierno”, escribió Suárez, quien agregó que “La independencia no es incompatible con romper lo de SIEMPRE para construir lo que NUNCA se había intentado: un nuevo orden de la mano del ciudadano”.A estas reacciones se sumó Mauricio Gómez Amín, Ministro de Comercio, destacó el hecho de que, por primera vez, una mujer asuma la dirección del gremio empresarial.“Desde el @MincomercioCo reiteramos nuestra disposición de trabajar articuladamente con el sector empresarial para impulsar la inversión, la competitividad, la generación de empleo y el crecimiento de Colombia”, señaló Gómez Amín.
