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Jueces de ejecución de penas piden ampliar planta para tramitar amnistías

Es grande la preocupación entre los jueces de ejecución de penas, quienes aseguran que es necesario ampliar la planta de personal para poder radicar las casi 15 mil peticiones de la ley 1820 de 2016, más conocida como Ley de Amnistía.

189901_Blu Radio / Un juez de Cali envió a la cárcel a mujer que atacó con ácido a menor de 15 años / Foto de referencia: AFP
Blu Radio / Un juez de Cali envió a la cárcel a mujer que atacó con ácido a menor de 15 años / Foto de referencia: AFP
ROMEO GACAD/AFP

Por otra parte, la Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial Colombiano y Afines (Asonal) y los jueces de ejecución afirmaron que continúan a la espera de las posibles soluciones que les pueda brindar el Gobierno ante esta problemática. 
 
“El número exacto de posibles solicitantes es de 15 mil guerrilleros y exguerrilleros. Sin embargo, varios delincuentes comunes podrían tratar de acceder a los beneficios, por lo que es la responsabilidad de los jueces de ejecución de penas, estudiar los casos y dar una respuesta” señaló Fredy Machado, presidente de Asonal. 
 
Por su parte, la coordinadora de los jueces de ejecución de penas, Shirley Del Valle, explicó que pese a las dificultades para dar cumplimiento a esta Ley de Amnistía ya se han resuelto cerca de 300 solicitudes de este tipo de las cuales no todas han resultado favorables para los integrantes de las FARC.
 
"Hacemos un llamado a que la solución sea inmediata en atención a que existen 15.000 condenados, privados de la libertad, en la ciudad de Bogotá y son potenciales peticionarios. Por tanto, es la enorme preocupación que asalta a los jueces, el tema de poderle cumplir al proceso de paz con la resolución de las amnistías, que ya sean peticiones favorables o desfavorables, tengan o no el derecho, todos los condenados son potenciales peticionarios de Ley de Amnistías e Indultos" añadió la coordinadora. 
 
Finalmente, Asonal informó que hasta el momento hay represados 11.000 procesos, de los cuales 4.500 son de personas privadas de la libertad.

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