La Procuraduría General de la Nación prendió las alarmas por presuntas irregularidades sobre la Escuela de Administración Pública (Esap), entidad encargada de la operatividad de las evaluaciones en los procesos de selección para cargos públicos, específicamente por una convocatoria del año 2020.
Los concursantes cubrirían 3.500 vacantes del país, en 400 municipios de quinta y sexta categoría, en cargos asistenciales como conductores y secretarias; y profesionales como abogados, administradores y economistas, entre otros. Dada la indignación se los aspirantes, ya se cursan cuatro tutelas de participantes reclamando sus derechos.
La Procuraduría ordenó a la ESAP una explicación, donde ellos admitieron posibles fallas técnicas y administrativas, motivo por el cual el Ministerio Público compulsó copias ante el operador disciplinario.
Según el delegado para la Función Pública, Fernando Grillo: “La PGN, tras exigir a la ESAP establecer un cronograma en el que se fije la publicación de la lista de elegibles en un plazo máximo a octubre de 2023, le advirtió que continuará cumpliendo con la vigilancia preventiva para que el mérito sea la regla para llegar a cargos del Estado del orden nacional y territorial”, afirmó el funcionario.
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