La apertura de la Embajada de Colombia en Jerusalén Este desató el rechazo de la Liga Árabe y de la comunidad colombo-palestina, que cuestionaron las implicaciones jurídicas y diplomáticas de la decisión del Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella y pidieron reconsiderar la medida.
La Liga Árabe, integrada por 22 países, condenó la inauguración de la sede diplomática y sostuvo que desconoce el estatus jurídico e histórico de Jerusalén Este, territorio que considera parte de Palestina y ocupado por Israel desde 1967.
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Desde El Cairo, el organismo advirtió que las decisiones unilaterales sobre la ciudad contravienen las resoluciones internacionales, vulneran los derechos del pueblo palestino y debilitan los esfuerzos para alcanzar una solución pacífica basada en la fórmula de dos Estados. Por ello, instó a Colombia a revertir la decisión y respetar los principios de la Carta de las Naciones Unidas.
A las críticas de la Liga Árabe se sumó la comunidad colombo-palestina, que expresó su “más contundente rechazo” a la apertura de la embajada. En un pronunciamiento titulado ‘Jerusalén no puede ser escenario de decisiones unilaterales: Colombia debe defender el derecho internacional y la paz’, señaló que la medida podría apartar al país de su tradición diplomática de respaldo a la solución de dos Estados.
La comunidad argumentó que el traslado de la sede diplomática puede debilitar las negociaciones de paz, comprometer la credibilidad internacional de Colombia y enviar un mensaje político inoportuno en medio de las críticas internacionales por las actuaciones de Israel en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental.
También advirtió sobre el impacto que la decisión podría tener en los derechos de la población palestina y cuestionó que no se hayan explicado suficientemente sus fundamentos estratégicos y jurídicos. Uno de los principales requerimientos de la comunidad es que el Gobierno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, garantice la atención consular de cerca de 1.500 colombianos residentes en Cisjordania.
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Según el comunicado, estos connacionales enfrentan restricciones impuestas por Israel que les impiden desplazarse hasta Jerusalén, situación que, advierten, debe ser considerada en la implementación de la nueva representación diplomática. La comunidad también solicitó al Gobierno explicar públicamente las razones jurídicas, diplomáticas y estratégicas que sustentan la decisión.