Marcha Patriótica reveló que 26 de sus militantes murieron durante 2013

El movimiento colombiano de izquierdas Marcha Patriótica denunció la muerte de 26 de sus militantes en 2013, doce de ellos a manos de la fuerza pública.

Marcha Patriótica, muchas veces vinculado por las autoridades con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), nació en abril de 2012 con una gran manifestación en Bogotá que hacía presagiar cambios en el panorama político del país.

Sobre esta cifra de muertos pesa el fantasma de la Unión Patriótica (UP), un partido nacido en los años ochenta a raíz de un acuerdo de las FARC con el Gobierno y que sufrió el asesinato de cerca de 4.000 militantes, entre ellos dos candidatos presidenciales y nueve congresistas.

Según este movimiento, 14 militantes murieron en diferentes regiones del país mediante "asesinatos selectivos", la gran mayoría en la segunda mitad del año y, por lo general, involucrados en reivindicaciones campesinas, de tierras o contra macroproyectos.

También denunciaron la muerte de doce militantes por la fuerza pública: seis a manos del Ejército, cinco causados por la unidad antidisturbios de la Policía (ESMAD) y otro por un disparo de un soldado en enfrentamientos con un grupo ilegal.

Además, el 21 de agosto desapareció en el departamento del Cauca (suroeste) Carlos Andrés Giraldo, a quien según Marcha Patriótica se le perdió la pista cuando la fuerza pública atacó una concentración de 2.000 campesinos.

En 2014, Marcha Patriótica denunció que un hombre y una mujer fueron torturados y asesinados en el departamento del Chocó (noroeste), así como la desaparición desde el 3 de enero de Mario Arenas Peña en Barranquilla (norte).

Desde la fundación del movimiento en abril de 2012, la organización ha denunciado la muerte de 29 militantes, la desaparición de otros tres y procesos judiciales contra cerca de 200 de sus miembros.

Las FARC y el Gobierno colombiano, que negocian la paz en La Habana desde hace más de un año, llegaron a un acuerdo el pasado noviembre sobre el segundo punto de la agenda del proceso, referente a las garantías para ejercer la oposición política.

Con EFE.