La Procuraduría negó las pretensiones de Miguel Nule, condenado por el 'carrusel de la contratación’ de Bogotá, de demandar a la Nación y reclamar $1,5 billones de pesos como reparación por los supuestos perjuicios derivados de una "persecución mediática" y los "incumplimiento de los preacuerdos pactados con la Fiscalía".
La Procuraduría determinó inviable la solicitud, pues el Código Civil establece que quienes actúan con dolo no pueden en ningún caso solicitar reparaciones o perjuicios, tal como lo prevé el artículo 1525 del Código Civil.
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Además, al momento de presentar la solicitud los términos ya habían caducado.
La conciliación fue presentada como parte del procedimiento establecido en la ley, requisito previo para entablar una demanda contra el Estado. Esta figura le ha permitido a la Nación ahorrar tiempo y recursos en el estudio de reclamaciones jurídicamente inviables.